Diferencia entre revisiones de «Ley de Justicia y Paz»

← Ir a diferencia anterior Ir a siguiente diferencia →

Contenido eliminado Contenido añadido

En renglón

Revisión del 13:50 2 may 2009

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es una ley colombiana, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.

Controversia

Durante su redacción y trámite, el proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.

El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación. También se argumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas. El entonces ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría haber constituido una violación a la Constitución vigente, mediante la autoincriminación. El Fiscal General Mario Iguarán declaró que su despacho pretende continuar con todos los procesos que impliquen posibles actividades criminales no confesadas y que se actuará en consecuencia tanto en ese caso como contra los crímenes posteriores de los desmovilizados, en caso de ser necesario.

La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz. En un fallo de abril de 2006, por 7 votos contra 2, no encontró vicios de forma en el hecho de que el trámite de la ley en el Congreso haya sido el de una ley no estatutaria.^[1]

El 18 de mayo de 2006, en un nuevo fallo referido ya al contenido mismo de la ley, la Corte condicionó varios apartes de la ley y declaró inexequibles otros, en el fallo la corte declaró que "quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir", a diferencia del proyecto de ley que pasó el gobierno y aprobó el congreso donde la confesión plena no era un requisito y los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos por los desmovilizados.^[2]

Human Rights Watch considera que el fallo de la Corte fue un gran correctivo, solucionando varios de los graves problemas y vacíos iniciales que existían en el proyecto de ley.^[3]

Referencias

Véase también

Enlaces externos

Artículos en Wikinoticias:

[1] (Caracol Radio)

[2] (WN)

[3] Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita Abusos Futuros

[1]

[2]

[3]

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
+{{referencias}}
-.............................................................................................................................{{referencias}}
 La '''Ley de Justicia y Paz''' (Ley 975 de 2005) es una ley [[colombia]]na, impulsada por el gobierno de [[Álvaro Uribe Vélez]] y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el [[proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia]], aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de [[guerrilla|grupos guerrilleros]].
@@ Línea 30: / Línea 30: @@
 {{IprNoticias|Policía colombiana captura a la cúpula de las AUC|Uribe lanza advertencia a las AUC|Magistrado afirma que Corte Constitucional de Colombia modificó fallo sobre Ley de Justicia y Paz|Corte Constitucional de Colombia condiciona aplicación de la Ley de Justicia y Paz|La ONU pide modificar la Ley de Justicia y Paz y denuncia abusos de guerrilleros, paramilitares y fuerzas estatales en Colombia|Ahora el diario francés "Le Figaro" ataca la ley de "justicia y paz"|Uribe sanciona la ley de "justicia y paz"|Gobierno de Colombia envía misión a Washington|Uribe visita el Reino Unido|Visita de estado de Uribe a España|"The New York Times" ataca la ley de "justicia y paz" en un editorial|"The New York Times" y varias ONG critican la ley de "justicia y paz"|El Congreso colombiano aprueba la polémica ley de "justicia y paz"}}
-[[<benito>camelas</justicia>]]
 [[Categoría:Leyes de Colombia|J]]