Administración pública de Uruguay
| Administración Pública República Oriental del Uruguay | ||
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| Localización | ||
| País | Uruguay | |
| Información general | ||
| Tipo | Público | |
| Organización | ||
| Empleados | 250.000 | |
| Historia | ||
| Fundación | 1830 | |
| Portal del Estado uruguayo | ||
La Administración Pública del Estado uruguayo comprende a los organismos estatales que realizan las correspondientes funciones administrativas en el país. Abarca a los distintos organismos y dependencias que integran el Poder Ejecutivo, así como las administraciones municipales.
Generalidades
El concepto de "administración pública" es impreciso y suele ser usado con diversos alcances. En este artículo está utilizado como especie del concepto más amplio de Estado. La Administración Pública no incluye el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Tampoco abarca las empresas estatales ni entes privados que prestan servicios públicos. Incluye en cambio a las entidades públicas descentralizadas y las especializadas, como los centros de enseñanza, hospitales y museos. En principio, las Fuerzas Armadas integran la Administración Pública, aunque poseen un régimen especial.
En todos los países modernos emplea a gran cantidad de personas, constituyendo el grueso del empleo público. En Uruguay, unos 264.000[1] trabajadores (dentro de una población económicamente activa de aproximadamente 1.700.000 habitantes[2]) están empleados en el sector público (en los tres poderes), tanto a nivel nacional municipal.[3] El porcentaje (15,5%) se ubica en el promedio internacional, aunque por encima del que poseen -por ejemplo- Estados Unidos (14%), Australia (14%), Portugal (13%), Polonia (13%), Holanda (13%), Australia (13%) y España (13%).
La Administración Pública actúa mediante actos administrativos y puede ser controlada internamente por los habitantes mediante recursos administrativos regulados por el Derecho Administrativo (procedimiento administrativo), en una primera instancia, o por demanda judicial contra el Estado (procedimiento contencioso-administrativo), en caso de rechazo del recurso.
Los gastos de la Administración Pública se rigen por pautas estrictas establecidas en el presupuesto, aprobado por ley, y por las reglas establecidas en la Ley de Presupuesto de cada jurisdicción. La realización de gastos incumpliendo estas reglas constituye un delito contra la Administración Pública, establecidos en el Código Penal.
El personal de la Administración Pública está regido por reglas especiales, diferentes de las que regulan a los trabajadores de la actividad privada. En general tienen leyes especiales que contemplan sistemas de ingreso por concurso, prohibición del despedido sin causa justa ni sumario previo. En algunos casos se han establecido sistemas de negociación colectiva. Uruguay cuenta con un Estatuto del Funcionario Público.[3][4]
También se consideran parte de la administración pública los funcionarios a nivel departamental y municipal; en Uruguay suman casi 40.000.[2]
Actualidad
Luego de años de intensos debates, y tras múltiples controversias a nivel de opinión pública,[4] en octubre de 2012 el presidente José Mujica envía al Parlamento un proyecto de ley que establece una jornada laboral para los empleados públicos de 8 horas por día y el trabajo en feriados laborables, entre otros deberes.[3]
Se trata de cambiar normas que están vigentes desde hace 7 décadas, por lo que no se descartan choques con los sindicatos.[5] Si bien comprende a un número de funcionarios públicos relativamente reducido, pretende transformar la Administración Central, considerada un área muy sensible; con el paso del tiempo, puede ser una referencia para futuras reformas administrativas.[1]
Véase también
- Administración Pública
- Intendencias de Uruguay
- Municipios de Uruguay
- Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Uruguay
Referencias
- ↑ a b Marcos Rey (2 de noviembre de 2012). «Un puzzle de mil piezas». Brecha. Archivado desde el original el 22 de enero de 2013.
- ↑ a b «Trabajadores municipales en Uruguay». Últimas Noticias. 27 de febrero de 2012.
- ↑ a b c «Nuevo proyecto de Estatuto del Funcionario Público». LR21. 24 de octubre de 2012.
- ↑ a b «El Estado que se resiste a cambiar». EL PAIS. 7 de marzo de 2012.
- ↑ «Choque de los sindicatos con el Frente». EL PAIS. 24 de noviembre de 2012.
| Control de autoridades |
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Datos: Q56066
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