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Terruqueo

Artículo bueno
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El terruqueo es una táctica de campaña negativa y a menudo racista de difusión del miedo utilizada en Perú.[1][2]​ Esta consiste en describir a los antifujimoristas, a los opositores políticos de izquierdas y a aquellos que están en contra del establishment y el statu quo neoliberal como terroristas o simpatizantes de terroristas.[3][4][5][6]​ Esta táctica es utilizada principalmente por los partidos de derechas y los fujimoristas para crear una cultura del miedo.[7][8]

Es considerada una estrategia política a través de la cual se utiliza el miedo al terrorismo para obtener beneficios políticos,[9][10][11][12][13]​ con el fin de anular cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un Estado democrático.[14][15]​ Asimismo, también es empleada por algunos medios de comunicación de Lima para criminalizar la protesta social en el país.[16][17]​ Su magnitud es tal que varios especialistas de las Naciones Unidas condenaron su uso y declararon públicamente que era una táctica de intimidación empleada por el gobierno peruano.[18][19]

El término se ha expandido a otros lugares, como en España, donde la práctica es habitual pero no tenía una denominación clara.[20]

Etimología[editar]

El término terruqueo es la verbalización de la palabra terruco, que se deriva de la palabra terrorista, un neologismo que surgió de individuos en Ayacucho para describir a los guerrilleros de Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno en Perú.[21][22]​ El historiador Carlos Aguirre explicó que los hablantes de quechua reemplazaron la terminación de la palabra terrorista con -uco, ya que suelen terminar las palabras con -uco.[22]

Desde la década de 1980, la palabra terruco ha sido utilizada de manera irresponsable por políticos de derecha en Perú para atacar a grupos de izquierda, progresistas e indígenas, siendo este ataque infundado y a menudo racista llamado terruqueo.[1][2][3][4][5][6]

Historia[editar]

Siglo XX[editar]

Desde la década de 1930, la élite política de Perú ha utilizado tácticas de miedo para influir en el público, dirigiéndose a movimientos comunistas extranjeros, según el historiador Antonio Zapata de la Pontificia Universidad Católica del Perú, comenzando con José Stalin y más tarde con Fidel Castro.[23]​ Los terruqueos comenzaron a aparecer durante los años 80 y se produjeron a lo largo del conflicto armado interno de Perú.[24][25][26]​La base del terruqueo se estableció durante la presidencia de Fernando Belaúnde, cuando el Decreto Legislativo 46 definió ampliamente el terrorismo como «cualquier forma de glorificación o defensa del discurso político de organizaciones subversivas».[1]

Gobierno de Alberto Fujimori[editar]

En la década de 1990, el presidente autoritario Alberto Fujimori utilizó el terruqueo con la ayuda del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para desacreditar a aquellos que se oponían a él, incluidos disidentes de su propio gobierno. El politólogo Daniel Encinas señaló que esto evolucionaría en políticos conservadores usando el ataque para apuntar a aquellos que se oponían a las políticas económicas neoliberales de Fujimori, y que la derecha utilizó el terruqueo como una «estrategia de manipulación del legado de la violencia política».[24][27][25]​ Tras el autogolpe peruano de 1992, Fujimori amplió la definición de terrorismo en un esfuerzo por criminalizar el mayor número posible de acciones para perseguir a los opositores políticos de izquierda.[3]​ El gobierno de Fujimori amenazaba con cadena perpetua a activistas y críticos de las Fuerzas Armadas peruanas, describiendo a dichos grupos como el «brazo legal» de los grupos terroristas.[28]​ En última instancia, Fujimori creó una cultura del miedo, con individuos temiendo ser catalogados como terroristas.[1]

Hablando de las acciones de Fujimori, Fernando Velásquez Villalba (2022) afirma:

[L]a figura del terrorista se presentó como la personificación del mal. [...] La dureza de la legislación antiterrorista de Fujimori coloca al terrorista como el enemigo más peligroso para la sociedad y el Estado. [...] En otras palabras, un terrorista, por mucho que cumpla su condena, nunca dejará de ser un terrorista. El enemigo siempre será el enemigo y, por lo tanto, si el terrorista sigue vivo, la era del terrorismo, al menos en algunas memorias, es un miedo latente y por tanto puede repetirse. [...] Además de ser calumnioso, el «terruqueo» ha servido para despertar profundos recuerdos y temores del conflicto armado interno. Además, el «terruqueo» socava los intentos de las organizaciones sociales de crear cualquier forma de oposición contra las élites hegemónicas. Así, el «terruqueo» es, principalmente, un intento de controlar y monopolizar la legitimidad política, recurriendo a recuerdos del pasado reciente. El miedo a una repetición del doloroso pasado es lo suficientemente poderoso como para manipular la opinión pública y criticar las diversas protestas sociales.

Así, usando el terruqueo, según Velásquez Villalba, Fujimori se convirtió en un «héroe permanente» y convirtió las ideologías de izquierdas en un enemigo eterno dentro de Perú.[3]

Siglo XXI[editar]

El terruqueo llegó a ser tan importante que los debates políticos en Perú a menudo giraban en torno a los ataques, especialmente durante las elecciones.[25]​ Cuando Ollanta Humala, que inicialmente defendía una ideología de izquierdas, participó en la política peruana, sus oponentes utilizaron el terruqueo contra él, a pesar de que era un soldado del ejército que luchaba directamente contra la insurgencia. El ataque evolucionó hasta vincular a los grupos de izquierda con Hugo Chávez y el chavismo cuando la crisis en Venezuela comenzó a desarrollarse en la década de 2010.[25]

Usos[editar]

Cartel durante unas protestas contra el gobierno de Pedro Castillo el 28 de julio de 2022. El cartel dice: "Compatriotas, libertad democracia. Fuera: Terroristas del Gobierno".
Cartel durante unas protestas contra el gobierno de Pedro Castillo el 28 de julio de 2022, al que grupos conservadores le acusan de albergar terroristas dentro de las instituciones gubernamentales.

El término «terruco» se ha asociado de forma generalizada y discriminatoria a la población andina, particularmente a los nacidos en el departamento de Ayacucho, región donde Sendero Luminoso inició su insurgencia contra el Estado peruano.[9][29]​ Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se ordenó la detención de 5000 personas que, sin justificación, fueron señaladas como presuntas «terroristas».[30]​ Familiares de 200 personas que fueron encarceladas arbitrariamente realizaron manifestaciones con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.[31]

Dentro del contexto social peruano, la expresión es utilizada como ataque deslegitimador de movimientos o, en menor parte, políticos progresistas (véase «caviar»), así como críticos con el modelo económico neoliberal implantado durante el gobierno de Alberto Fujimori,[12][14][32]​ que en ese periodo se recurría al temor y se vinculó al terrorismo a sus opositores.[33][34]​ Primero fue usado con este sentido por simpatizantes del fujimorismo desde el fin del gobierno de Fujimori en el 2000,[9]​ como dicotomía entre ese grupos y los simpatizantes autoidentificados de «patriotas».[35]​ Uno de sus primeros usos fue cuando el expresidente culpó al entonces mandatario Alejandro Toledo y su gabinete por ser «cómplices del [resurgimiento del] terrorismo»,[36]​ pero después fue adoptado por el diario chicha El Tío[37]​ y el resto de la derecha política en general.[9]​ Esta estrategia cobró importancia en la Marcha de los Cuatro Suyos.[38]

Este tipo de ataque continuó utilizándose con el paso de los años, como ocurrió al presidente Alan García.[39]

Entre los grupos que han sufrido del terruqueo están algunos estudiantes de universidades públicas peruanas, particularmente el alumnado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como «La Cantuta»),[40]​ de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos[41][42]​ (por algunos contados casos de activismo estudiantil) y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (por ser donde se originó Sendero Luminoso).[43][44]​ Esta práctica ha sido también utilizada contra los participantes de las luchas sociales de comunidades campesinas por el medioambiente (minería, agua) y en distintos paros y huelgas de obreros.[45]

Caso Melissa Patiño[editar]
Video externo
Entrevista a Melissa Patiño por Marco Sifuentes (2008). En el minuto 10 del vídeo se usa el calificativo «terruca» por parte del periodista.
Atención: este archivo está alojado en un sitio externo, fuera del control de la Fundación Wikimedia.

Durante el segundo gobierno de Alan García, un caso similar involucró a Melissa Patiño, poetisa detenida en Tumbes tras asistir a una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana.[46]​ La reunión se desarrolló de manera pública con cobertura de los medios de comunicación.[46]​ La Policía Nacional alegó que Patiño era «integrante del MRTA» con la supuesta intención de atentar la vigésima edición de la APEC,[47]​ lo que motivó su arresto y privación de libertad.[48]​ Sin embargo, a lo largo del proceso judicial, no se pudieron presentar pruebas que sustentaran las acusaciones formuladas.[48]

El acontecimiento suscitó protestas de artistas culturales en la Dirección contra el Terrorismo,[49]​ mientras que la oposición acusó al ministro del Interior, Luis Alva Castro, de promocionar la detención de supuestos «terroristas».[50]​ Tres meses después, Patiño fue liberada bajo fianza,[51]​ quedando sujeta a una multa y a la prohibición de abandonar el país.[50]

Caso José Domingo Pérez[editar]

En 2018, el fiscal José Domingo Pérez generó controversia al referirse a la lucha del Estado contra los grupos terroristas como una «guerra civil». Sus declaraciones, formuladas en el marco de un evento público desde México, motivaron que congresistas como Jorge del Castillo y Carlos Tubino presentaran una denuncia ante la Comisión de Defensa del Congreso por supuesta apología al terrorismo.[52][53]​ El incidente generó un fuerte rechazo entre parlamentarios fujimoristas, quienes, a través de Marco Miyashiro, lo acusaron de «[hablar] como un defensor de los terroristas».[54]

Ante esta situación, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para que Pérez explicara el contexto y los argumentos que respaldaban sus afirmaciones.[55]​ El caso fue reabierto un año después,[56]​ con el fiscal reiterando su posición y aclarando que sus palabras no buscaban menospreciar la memoria del conflicto interno ni a las víctimas del terrorismo.[57]

Aquella la controversia generó un debate público sobre la pertinencia del uso de terminología bélica al referirse a la lucha contra el terrorismo, así como sobre la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Gino Costa, legislador no agrupado, sostuvo que el fiscal empleó indebidamente las expresiones para «referirse al terrorismo». Sin embargo, también observó que Fuerza Popular junto al APRA buscaron exagerar la situación «para distraerlo de sus tareas [de fiscal] y traer [a la fuerza] al Congreso».[58]​ El columnista Oscar Rosales Krumdieck, de Perú 21, mencionó el incidente como un ejemplo de terruqueo por parte de Marco Miyashiro.[59]
En campañas políticas[editar]

El uso como arma política también ha sido utilizado para desacreditar la disidencia política dentro de las propias filas conservadoras. En las elecciones municipales de 2011, Lourdes Flores acusó a su rival Susana Villarán y su partido político por supuestamente tener nexos con Sendero Luminoso en una reunión convocada por la Peru Support Group en Reino Unido,[60]​ caso que la organización y el partido negaron tal conexión.[61][62]​ En 2018, Kenji Fujimori, hijo del presidente Alberto Fujimori, acusó al partido fujimorista Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, su hermana y heredera política de su padre, de terruquear a quien piense diferente dentro del movimiento.[63][64]

También se utilizó contra los asistentes a las masivas protestas de noviembre de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino, o se popularizó durante la campaña presidencial de las elecciones de 2021 contra la candidata Verónika Mendoza, a quien sus contrincantes vinculados a la derecha y sus seguidores le denominaron «Terrónika»[65]​ o contra la candidatura del centrista Partido Morado, catalogado como «Moradef», en alusión al Movadef, rama civil de Sendero Luminoso.[9]​ También el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga llamó «filo terruco» al presidente Francisco Sagasti.[66]

El terruqueo fue ampliamente utilizado durante la segunda vuelta de esas elecciones contra el candidato Pedro Castillo, a quien continuamente se le acusó de estar vinculado al Movadef.[14][67][68][69]​ Además, se difundió ampliamente el hashtag #CastilloTerrorista en las redes sociales.[70]​ En este periodo, también fueron señalados diversos periodistas como Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Marco Sifuentes, Claudia Cisneros, César Hildebrandt, Juliana Oxenford y Raúl Tola.[71]​ La propia Keiko Fujimori señaló a sus opositores que «aquí los únicos que se terruquean son ustedes mismos cuando salen informes periodísticos claramente donde hay más de 240 miembros del Movadef y que son integrantes de Perú Libre participando activamente en su partido».[72]

Mendoza, entonces candidata presidencial para los comicios de 2021, asignó el término como una «estrategia de miedo de los que no quieren que las cosas cambien»,[73]​ cuya vínculo más importante para ella es al generar temor hacia el cantidado Castillo, quien posteriormente ganó la segunda vuelta.[74]

En 2022, tras el fallido autogolpe del presidente Castillo, sucedieron masivas manifestaciones en diversos departamentos del país. Los sectores conservadores y la policía nacional vincularon a los manifestantes más violentos con Sendero Luminoso, Movadef y el MRTA.[75]​ Por su parte, políticos de izquierda, como Anahí Durand y Sigrid Bazán, denunciaron estas declaraciones de terruqueo.[76][77][78][79][80]

En la criminalización de la protesta social[editar]
Mujer portando un cartel con el mensaje «No somos terroristas»
Mujer portando un cartel con el mensaje «No somos terr[or]istas» durante las protestas de diciembre de 2022
Pancarta durante la marcha por el 8M de 2024 en Lima.

El terruqueo se ha definido como una práctica utilizada para estigmatizar y criminalizar la protesta social en el país con el fin de debilitarla, reprimirla o desorganizarla.[17]​ Uno de los casos de criminalización ocurrió en 2008 con la convocada por el SUTEP, en televisión abierta se emitió un vídeo con las declaraciones de Vladimiro Montesinos, lo cual señaló que un grupo de manifestantes supuestamente no realizaba protestas durante el gobierno de Alberto Fujimori.[81][82]​ El congresista Aurelio Pastor justificó la salida del anuncio para «defender la democracia».[83]

A finales de 2020, las protestas de los trabajadores agrícolas en Ica se extendieron rápidamente a otros valles costeros derivaron en un paro agrario buscando mejores condiciones salariales y denunciando el maltrato ejercido por las empresas agroexportadoras.[84]​ También se exigió la derogación de la Ley de promoción agraria (ley n.° 27360 o Ley Chlimper), que estableció beneficios tributarios a las empresas y la remuneración diaria de los trabajadores agrarios en US$ 11; dicha ley fue promulgada en 2020 durante el fujimorismo y extendida en diciembre de 2019 hasta el 2031 a partir del Decreto de Urgencia 043-2019.[85]​ Las élites agroexportadoras reaccionaron acusando a los trabajadores de actividades terroristas, «en su intento por deslegitimar y estigmatizar las protestas actuales, es descalificarlas al tratarlas como una extensión política, histórica y social del conflicto armado interno (1980-2000)».[86][87]​ El empresario agroexportador Benjamín Cillóniz calificó las protestas como «lo más parecido que vivimos al terrorismo»,[87]​ el medio neoliberal Infobae publicó que «los protestantes que entran encapuchados a las empresas, los amenazan y les quieren cobrar cupos para dejarlos trabajar»[88]​ y Carlos Tubino, vocero de la agrupación fujimorista Fuerza Popular, tildó de terroristas y subversivos a las personas que participaban del paro agrario.[89]​ Tres jóvenes fallecieron a partir de disparos de la policía durante las protestas.[90][91]

En 2023, con las protestas que marcaron la convulsión social, Infobae registró nuevas criminalizaciones a la protesta, que incluye represión policial.[92]​ Según Sudaca, la Dirección contra el Terrorismo se encargó de intervenir a colectivos relacionados con supuestas ideas terroristas.[93]​ Una de las congresistas, Martha Moyano, planteó un proyecto de ley en ese año (05653/2023-CR) para confundir las investigaciones por represión policial y así a los fallecidos no recibir «un trato igualitario con las víctimas de la violencia terrorista ocurrida entre los años 1980 y 2000».[94]​ La presidenta de ese entonces, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de estar involucrados con supuestos grupos terroristas a pesar de que manifestó no existir un resurgimiento de tales grupos en el país.[95]​ Además, el asumido primer ministro Alberto Otárola llamó de «terroristas» a los familiares de las víctimas que emprendieron medidas judiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[96]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]