Usuario:Libertad 17/Taller

Prueba 1

Los alumnos cursan cuatro (o cinco, si existe lengua cooficial) materias comunes (en marrón en el cuadro) y tres de modalidad: una obligatoria (en verde en el cuadro) y dos a elegir entre las materias con fondo blanco en el cuadro (los alumnos del Bachillerato General eligen dos materias de las otras modalidades de Bachillerato que existan en el centro, además de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial).

1º DE BACHILLERATOo
Artes Plásticas, Imagen y Diseño	Música y Artes Escénicas	Ciencia y Tecnología	Humanidades y Ciencias Sociales	General
Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura I	Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura I	Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura I	Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura I	Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura I
Filosofía	Filosofía	Filosofía	Filosofía	Filosofía
Primera Lengua Extranjera I	Primera Lengua Extranjera I	Primera Lengua Extranjera I	Primera Lengua Extranjera I	Primera Lengua Extranjera I
Educación Física	Educación Física	Educación Física	Educación Física	Educación Física
Dibujo Artístico I	Análisis Musical I o Artes Escénicas I	Matemáticas I	Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I o Latín I	Matemáticas Generales
Cultura Audiovisual	Análisis Musical I	Biología, Geología y Ciencias Ambientales	Economía	Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial
Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I	Artes Escénicas I	Dibujo Técnico I	Griego I
Proyectos Artísticos	Coro y Técnica Vocal I	Física y Química	Historia del Mundo Contemporáneo
Volumen	Cultura Audiovisual	Tecnología e Ingeniería I	Latín I
	Lenguaje y Práctica Musical		Literatura Universal
			Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Los alumnos cursan cuatro (o cinco, si existe lengua cooficial) materias comunes (en marrón en el cuadro) y tres de modalidad: una obligatoria (en verde en el cuadro) y dos a elegir entre las materias con fondo blanco en el cuadro (los alumnos del Bachillerato General eligen dos materias de las otras modalidades de Bachillerato que existan en el centro, además de Movimientos Culturales y Artísticos).

2º DE BACHILLERATO
Artes Plásticas, Imagen y Diseño	Música y Artes Escénicas	Ciencia y Tecnología	Humanidades y Ciencias Sociales	General
Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II	Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II	Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II	Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II	Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II
Historia de España	Historia de España	Historia de España	Historia de España	Historia de España
Historia de la Filosofía	Historia de la Filosofía	Historia de la Filosofía	Historia de la Filosofía	Historia de la Filosofía
Primera Lengua Extranjera II	Primera Lengua Extranjera II	Primera Lengua Extranjera II	Primera Lengua Extranjera II	Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Artístico II	Análisis Musicial II o Artes Escénicas II	Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II	Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II	Ciencias Generales
Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II	Análisis Musical II	Biología	Empresa y Diseño de Modelos de Negocio	Movimientos Culturales y Artísticos
Diseño	Artes Escénicas II	Dibujo Técnico II	Geografía
Fundamentos Artísticos	Coro y Técnica Vocal II	Física	Griego II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica	Historia de la Música y de la Danza	Geología y Ciencias Ambientales	Historia del Arte
	Literatura Dramática	Química	Latín II
		Tecnología e Ingeniería II	Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Discurso de la infamia

Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate and the House of Representatives: Yesterday, December 7th, 1941 — a date which will live in infamy — the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.

The United States was at peace with that nation, and, at the solicitation of Japan, was still in conversation with its Government and its Emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, one hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, the Japanese Ambassador to the United States and his colleague delivered to our Secretary of State a formal reply to a recent American message. And while this reply stated that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations, it contained no threat or hint of war or of armed attack.

It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. During the intervening time the Japanese Government has deliberately sought to deceive the United States by false statements and expressions of hope for continued peace.

The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu.

Yesterday the Japanese Government also launched an attack against Malaya.
Last night Japanese forces attacked Hong Kong.
Last night Japanese forces attacked Guam.
Last night Japanese forces attacked the Philippine Islands.
Last night the Japanese attacked Wake Island.
And this morning the Japanese attacked Midway Island.

Japan has, therefore, undertaken a surprise offensive extending throughout the Pacific area. The facts of yesterday and today speak for themselves. The people of the United States have already formed their opinions and well understand the implications to the very life and safety of our nation.

As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense.

But always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.

I believe that I interpret the will of the Congress and of the people when I assert that we will not only defend ourselves to the uttermost but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us.

Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory and our interests are in grave danger.

With confidence in our armed forces—with the unbounding determination of our people—we will gain the inevitable triumph—so help us God.

I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.

Señor Vicepresidente, Señor Portavoz del Congreso, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes: Ayer, 7 de diciembre de 1941 —una fecha que vivirá en la infamia— Estados Unidos de América fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón.

Estados Unidos estaba en paz con esa nación, y, a petición de Japón, estaba todavía llevando a cabo conversaciones con su gobierno y su Emperador buscando el mantenimiento de la paz en el Pacífico. De hecho, una hora después de que los escuadrones aéreos japoneses hubieran comenzado a bombardear la isla estadounidense de Oahu, el embajador japonés en Estados Unidos y su colega entregaron al secretario de Estado una respuesta formal a un reciente mensaje estadounidense. Aunque esta respuesta afirmaba que parecía inútil continuar las negociaciones diplomáticas existentes, no contenía amenaza alguna ni aludía a la guerra o a un ataque armado.

Hay que constatar que la distancia de Hawái desde Japón pone en evidencia que el ataque fue deliberadamente planeado hace muchos días o incluso semanas atrás. Durante ese tiempo el gobierno japonés ha buscado deliberadamente engañar a Estados Unidos mediante declaraciones falsas y expresiones de esperanza a favor de la continuidad de la paz.

El ataque de ayer sobre las islas de Hawái ha causado grandes daños a las fuerzas militares y navales estadounidenses. Lamento decirles que muchas vidas estadounidenses se han perdido. Además se ha sabido que barcos estadounidenses han sido torpedeados en alta mar entre San Francisco y Honolulú.

Ayer el gobierno japonés también lanzó un ataque contra Malasia.
La pasada noche fuerzas japonesas atacaron Hong Kong.
La pasada noche fuerzas japonesas atacaron Guam.
La pasada noche fuerzas japonesas atacaron las Islas Filipinas.
La pasada noche fuerzas japonesas atacaron la isla Wake.
La pasada noche fuerzas japonesas atacaron la isla Midway.

Japón, por lo tanto, ha emprendido una ofensiva sorpresa por toda el área del Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. El pueblo de Estados Unidos ya se ha formado sus opiniones y comprendido bien las implicaciones para la vida y seguridad de nuestra nación.

Como Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa.

Pero toda nuestra nación siempre recordará el carácter del ataque contra nosotros. No importa cuanto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense con su honrada fuerza triunfará hasta la victoria absoluta.

Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no sólo nos defenderemos al máximo sino que conseguiremos que esta forma de traición nunca más nos ponga en peligro.

Las hostilidades existen. No hay que cerrar los ojos al hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro.

Con confianza en nuestras fuerzas armadas —con la ilimitada determinación de nuestro pueblo— obtendremos el inevitable triunfo, con la ayuda de Dios.

Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941 existe el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés.

Prueba 3

Coincidencias y diferencias entre el franquismo y los regímenes fascistas, según Ismael Saz.
Coincidencias	Diferencias
La dictadura franquista se basaba en la misma alianza antidemocrática y contrarrevolucionaria que la italiana o alemana, era tan represiva ―y en cierto sentido incluso más― que aquellas;	La correlación de fuerzas en el seno de la alianza contrarrevolucionaria no fue nunca favorable al sector fascista; su política represiva y aniquiladora de la oposición obrera y democrática sólo fue parcialmente acompañada de un esfuerzo de removilización o articulación de un consenso activo; hubo algo de política de plaza pero bastante más de cárcel, iglesia y cuartel;
Se estructuraba sobre la base de un partido único y en el principio del caudillaje;	El partido único fue realmente un partido unificado desde arriba y desde fuera; el caudillo no era la expresión, plasmación o concreción, de alguna forma de supuesta voluntad popular, sino en todo caso de la voluntad divina —por la gracia de Dios— y militar;
Tenía la misma concepción centralizada y uniformadora del Estado; copió buena parte de las instituciones esenciales del régimen fascista italiano;	El Estado franquista era menos intervencionista y más respetuoso de la sociedad civil que el fascista, pero estaba también mejor estructurado, carecía, es decir, de las connotaciones anárquicas y darwinistas, propias, en mayor o menor grado, de los regímenes fascistas;
Adoptó algo parecido a una ideología oficial;	La ideología oficial podía ser o no una ideología pero desde luego no era una ideología fascista;
Instauró unas estructuras pretendidamente supraclasistas o corporativas y se refugió en la autarquía económica;	Nadie creyó nunca al sindicalismo del Sindicato Vertical, y la autarquía más que obedecer a la lógica interna de los regímenes fascistas... conectaba perfectamente con las tendencias autárquicas, defensivas, de un capitalismo que más que en expansión hacia fuera buscaba protección frente al exterior;
Anunció, como las dictaduras fascistas, su propósito de durar.	Quiso durar con mucho de la retórica e instrumentos del modelo fascista mientras existiese el dictador, para dejar paso después a una monarquía más o menos tradicional pero que, desde luego, poco tendría que ver ya con el fascismo.

Régimen totalitario	Régimen autoritario (según Linz)
Presencia de un poder hegemónico, personificado e individualizado en un líder carismático, un Führer o un Duce, que ejerce su autoridad absoluta de modo monopolístico y sin autonomía apreciable para mandos intermedios.	El dictador (o a veces un pequeño grupo) «ejerce su poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles».
Existencia de un partido único de masas que forma parte integral del aparato del Estado y que responde a una ideología precisa y definida.	El régimen carece de «una ideología elaborada y directora, pero con mentalidades características».
Pretensión de control absoluto de todas las actividades políticas y sociales, con la reducción al mínimo o supresión simple de la esfera de la vida social privada	El partido único ve frenada su pretensión de dominio omnímodo del Estado por la resistencia efectiva de otras instituciones (el Ejército y la Iglesia)
Mantenimiento de un alto grado de movilización política de la población a través de canales y vías de encuadramiento oficial: sindicatos, organismos juveniles, grupos de mujeres, etc.	Descarta la necesidad de la «movilización política extensa e intensa» («excepto en algunos momentos de su desarrollo») en favor de la «apatía», la desmovilización y el conformismo pasivo de la población.
Control policiaco y represión intensa y activa de toda oposición latente o patente y de cualquier grado de libertad de prensa y de comunicación.	Existencia de un «pluralismo político limitado» dentro de sus propias filas internas.

Régimen autoritario (según Linz)	Despotismo moderno (según Giner y Sevilla Andrés)
El dictador (o a veces un pequeño grupo) «ejerce su poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles».	«Un modo de dominación de clase en el cual el poder está ejercido por la clase dominante y, en su nombre, por un déspota o una reducida elite».
El régimen carece de «una ideología elaborada y directora, pero con mentalidades características».	«Una fórmula política de gobierno que incluye una fachada ideológica y la tolerancia de un cierto grado de pluralismo ideológico entre las facciones que componen la coalición de fuerzas dominantes».
El partido único ve frenada su pretensión de dominio omnímodo del Estado por la resistencia efectiva de otras instituciones (el Ejército y la Iglesia)	«Una serie de colectividades de servicio ―policía, funcionarios, miembros de un partido único, clérigos― que obedecen siempre al jefe o jefes».
Descarta la necesidad de la «movilización política extensa e intensa» («excepto en algunos momentos de su desarrollo») en favor de la «apatía», la desmovilización y el conformismo pasivo de la población.	«Una mayoría popular a la que se exige obediencia pasiva y que es explotada económicamente por las clases dominantes».
Existencia de un «pluralismo político limitado» dentro de sus propias filas internas.	«Un pluralismo político restringido de clase dentro de las colectividades de servicio» ―policía, funcionarios, miembros de un partido único, clérigos―.

Niceos
								Homoiousianos
Arrianos
								Heterousianos

Prueba 4

Véase también: Audios de Villarejo

La existencia de una llamada «Operación Cataluña» —el conjunto de investigaciones sobre líderes independentistas catalanes llevadas a cabo por un grupo de policías sin autorización judicial «durante el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior» del gobierno de Mariano Rajoy—​ fue confirmada en julio de 2016 por uno de sus protagonistas, el comisario José Manuel Villarejo. Este reveló en sede judicial que trabajó en conjunto con Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, para poner en marcha un grupo de policías que se dedicaba a buscar información comprometedora sobre políticos de CDC y ERC con el objetivo de frenar el proceso independentista.​​ Cuando se procedió al registro de su domicilio se encontraron documentos y grabaciones que confirmaban su participación en la «Operación Cataluña».​​​ El 11 de febrero de 2019 el diario La Vanguardia informaba que el comisario José Manuel Villarejo, según reconoció él mismo en unas grabaciones, habría recibido fondos reservados para financiar sus actuaciones en la llamada «Operación Cataluña».​ Los que serían conocidos como los audios de Villarejo fueron publicados por el diario El País y otros medios a lo largo de 2022.​

La reunión que «prácticamente da el pistoletazo de salida a la “Operación Cataluña”», según desveló en noviembre de 2021 El Periódico de España, perteneciente a Prensa Ibérica, fue la que mantuvieron en Madrid el 26 de octubre de 2012 el comisario Villarejo y la secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y a la que también asistió su marido Ignacio López del Hierro. El diario se basaba en el contenido de las agendas de Villarejo, a las que había tenido acceso.​

Diez días después, el 6 de noviembre de 2012 —en el inicio de la campaña de las elecciones catalanas de 2012—, Villarejo se reunía con Alicia Sánchez Camacho, líder del Partido Popular de Cataluña, en su casa de Barcelona. El comisario, como era su costumbre,​ grabó la conversación, cuyo contenido desvelará El Món diez años después, el 10 de junio de 2022. La entrevista duró dos horas, y según el resumen que hizo El Món, durante la misma «se trazó un plan de trabajo sobre como detener el procés». Sánchez Camacho le dice a Villarejo que entre en contacto con Vicky Álvarez antigua «amante» de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Le recuerda al excomisario la comida que tuvo con ella en el restaurante La Camarga y que grabó la conversación que mantuvieron. Según El Món esta reunión fue la que inició la «Operación Cataluña»,​ valoración en la que coincide la periodista de La Vanguardia Lola García: «Es justo en noviembre de 2012 cuando Sáchez-Camacho, alineada con el sector del PP que lidera Cospedal, habla con Villarejo de controlar a Mas, a Duran Lleida y a Jaume Giró, entonces director general de la Fundació La Caixa, y que después sería conseller de Economía dentro de la cuota de Junts».​

El viernes 16 de noviembre de 2012, nueve días antes de que se celebraran las elecciones catalanas, el diario El Mundo publicaba en portada un artículo firmado por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreitztieta cuyo titular a toda página decía: «La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU». La fuente de la noticia era un supuesto informe de la UDEF. Cuando otros diarios cuestionaron la veracidad de la información de El Mundo —la UDEF aclaró que el informe no era suyo—, el ministro del Interior Fernández Díaz aseguró que abriría una investigación para averiguar de dónde había salido. Unos meses más tarde el banco Lombard Odier desmentirá por escrito que Mas o los Pujol hubieran tenido alguna relación con la entidad. En las elecciones Artur Mas no sólo no logró la mayoría absoluta que pretendía, sino que perdió doce de los setenta y dos escaños que tenía. Según uno de los audios de Villarejo publicados en 2022 la información de que Jordi Pujol tenía una cuenta en el banco suizo Lombard procedía del empresario Javier de la Rosa. «De hecho, De la Rosa iba explicando ese asunto a todo aquel que quería escucharle desde hacía tiempo, pero ningún periodista había reunido pruebas que le permitieran publicarlo», puntualiza Lola García.​ En una grabación de 2015 de Villarejo, conocida en 2022, este le reconoció al director de El Mundo Pedro J. Ramírez su «mérito» en la tarea de desprestigiar al independentismo.​​

Un mes después, el 16 de diciembre de 2012, se reunían el ministro del Interior Fernández Díaz con los policías Eugenio Pino y José Manuel Villarejo, un encuentro que no fue conocido hasta diez años después cuando el diario El País en su edición del 22 de junio de 2022 publicó la grabación que había hecho Villarejo de la reunión y que según el diario demostraba que, en contra de lo que había manifestado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, Fernández Díaz sí había estado implicado en la «Operación Cataluña» y sí que conocía al excomisario Villarejo, del que había dicho en el Parlamento: «Durante los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, jamás he despachado nada con el señor Villarejo».​​ En la reunión Villarejo informó al ministro de que ya estaba preparada la querella que se iba a presentar contra Jordi Pujol y contra Artur Mas y de que ya había contactado con los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Abreu y Pablo Ruz. «Nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de Jordi Pujol], que están ahora en Barcelona cerrando el tema», le dijo Villarejo. «¿Y eso cómo va a ir?», le preguntó Fernández Díaz. Villarejo le contestó: «Pues, en principio, va bien. He hablado con ella a las diez de la mañana, antes de ver al DAO [Director Adjunto Operativo de la Policía], y la chica [Victoria Álvarez] está motivada».​ La conversación continuó así:​

Jorge Fernández Díaz: Para su información, esta conversación no ha existido, ¿vale?
Villarejo: No ha existido, por supuesto.
Jorge Fernández Díaz: Esta conversación no ha existido, ¿está claro? El ministro no sabe nada del tema…
Villarejo: No sabe nada, eso…
Jorge Fernández Díaz: Y estamos entre caballeros, por tanto… ¿Está claro? (…) Por tanto, esta conversación no ha existido. A partir de ahí, ¿estamos en condición de judicializarlo en la Audiencia Nacional?
Villarejo: Yo creo que sí.
Jorge Fernández Díaz: El ministro no sabe nada, ¿eh? Esta claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido. [Villarejo y el exDAO Pino se ríen].

«Efectivamente, [Fernández Díaz] lo negaría más adelante en sede parlamentaria y ante el juez. Incluso después de las filtraciones, el ministro lo niega en una nota a los medios de comunicación», apostilla Lola García.​

El 3 de marzo de 2014 el diario La Razón publicó las fotografías de «treinta y tres jueces» favorables a la consulta del 9-N. Al día siguiente se reunieron Villarejo, Pino, el exjefe de información en Catalunya Pedro Esteban y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, preocupados por eliminar rastros de la filtración, según los audios publicados por El País en 2022.​

El lunes 7 de julio de 2014, El Mundo publicaba una captura de pantalla con las cuentas de Jordi Pujol en la Banca Privada d'Andorra. El artículo titulado «La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra» iba firmado por Fernando Lázaro. Dos semanas después, el 25 de julio, el expresidente de la Generalidad reconoció en un comunicado enviado a varios medios​ haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», procedente de su padre Florenci Pujol. En el comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública.​ Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra,​ que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012.​ La confesión de Jordi Pujol generó una gran controversia política.​​

Cómo llegó la información bancaria de los Pujol al diario El Mundo fue desvelado en 2022 gracias a las grabaciones y a las «notas informativas» del excomisario Villarejo que fueron publicadas por algunos medios. Según una de las grabaciones, el directivo de la BPA Joan Pau Miquel fue requerido por parte del agregado de Interior de la embajada de España, Celestino Barroso, para que diera los datos bancarios que tuviera su entidad no sólo de Pujol, sino también de Artur Mas y de Oriol Junqueras, o de lo contrario el banco recibiría un «hachazo».​ Por otro lado, en una de las «notas informativas» que el comisario Villarejo redactó para el DAO Eugenio Pino se relataba el encuentro que tuvo lugar en el hotel Villamagna entre el jefe de Asuntos Internos de la policía española Marcelino Martín-Blas y Joan Pau Miquel en el que este le reclamaba medio millón de euros para facilitar información sobre los Pujol (una información que fue desmentida por fuentes de los servicios secretos, según El Periódico de España).​ La BPA cerró a causa de la investigación abierta por Estados Unidos, a instancias del ministerio del Interior español según los directivos de la BPA, sobre su supuesta implicación en la financiación del terrorismo. Una juez de Andorra inició una investigación sobre el presunto «chantaje» sufrido por los responsables de la BPA por parte de la policía española y en la que incluyó al presidente del gobierno español Mariano Rajoy.​​

El entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) en septiembre de 2014. Un mes después el diario El Mundo aseguró en portada que estaba siendo investigado por una cuenta de 12,9 millones que tenía en un banco suizo, lo que se demostró falso.​

El lunes 27 de octubre de 2014, a poco más de una semana de la celebración de la consulta del 9-N, el diario El Mundo publicó en portada que el alcalde de Barcelona y candidato a la reelección por CiU Xavier Trias estaba siendo investigado por una cuenta de 12,9 millones de euros que tenía en Suiza —el artículo titulado «Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Suiza» lo firmaban Inda, Urreitztieta y Lázaro—.​ El banco suizo desmintió esa información.​​

El Món fue el medio que publicó en julio 2022 la grabación de Villarejo en la que este relataba el asunto de la «cuenta de Trías» durante una comida en el reservado de un restaurante de Madrid que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2014, poco después de que Trías presentara un certificado del banco suizo —en que el que supuestamente tenía la cuenta—, en el que se decía que Trías no tenía ninguna cuenta en la entidad y que ni siquiera el número de cuenta que se había publicado existía. Compartían mesa con Villarejo, el juez Fernando Abreu, entonces titular del juzgado central de instrucción nº 4; Adrián de la Joya, presidente de La Razón; Mauricio Casals; y el comisario José Luis Olivera. Al principio de la comida Villarejo recibe una llamada telefónica del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez preocupado por cómo estaba saliendo el asunto y Villarejo intenta tranquilizarlo: «Ahora llueve pero después escampa. Esto es un juego de niños comparado con historias del pasado». Durante la comida, preguntado por el juez Abreu, cuenta cómo se ha urdido «lo de la cuenta de Trías».​

Fernando Abreu: ¿Quién le ha dado a El Mundo la cuenta de Trías?
Villarejo: El Gordo [el comisario Enrique García Castaño]... Es falsa, es falsa... [risas]
F.A.: Pero al Gordo qué le han dicho: acaba con El Mundo. Aunque no hace falta con lo que venden...
V: Ese no es el problema. El problema es que el ministro [Jorge Fernández Díaz] está muy mosqueao... Se ha tirado a la piscina a muerte y lo han pillado... El problema es que las prisas son malas consejeras. Yo llevaba un tiempo... oye vamos a ir con calma... Había prisas porque al hermano del ministro en el Ayuntamiento [de Barcelona] le estaban dando... Dame algo para este y tal... La mentira tiene unas patas muy cortas.
FA: ¿Quién le da esa información al Gordo?
V: Esa es otra [riéndose].
FA:¿Un periódico puede dar un número de cuenta...?
V: Le han enseñado papeles...
FA: Pero el banco dice que esa numeración si tiene 20 cifras la suya tiene 27.
V: Le venden la burra a los periodistas y publican eso y a partir de ahí se acojonan porque el Trías responde y se van rápidamente a ver a Pino [Eugenio Pino, jefe del DAO de la policía], a tu amigo Pino, y Pino les enseña un informe que habían hecho Asuntos Internos de esa cuenta... Un informe de Asuntos Internos absurdo con cinco páginas en francés... Y los periodistas toman nota del número de cuenta y con eso se van tan tranquilos. [...] Claro, al día siguiente dice Trías: ya os he pillado.

Dos meses antes, el 22 de mayo de 2022, el excomisario Villarejo, en aquel momento en libertad condicional a la espera de juicio tras haber pasado tres años y medio en prisión, había afirmado en el programa Preguntes freqüents de TVE-Cataluña que «ante las intenciones del independentismo hicimos lo que teníamos que hacer. Algunas cosas más o menos ortodoxas, porque el concepto de legalidad es muy etéreo». Durante la entrevista situó el inicio de la «Operación Cataluña» en noviembre de 2012 con el informe «no verificado» en el que se afirmaba que Jordi Pujol, el líder histórico de CiU, y Artur Mas, en aquel momento presidente de la Generalidad de Cataluña, tenían cuentas en Suiza.​

Comisiones de investigación

Véanse también: Comisión de investigación sobre la Operación Cataluña y Comisión de investigación sobre la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz.

El 27 de abril de 2017 el Parlamento de Cataluña constituyó una comisión de investigación sobre la Operación Cataluña, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos.​ El dictamen final de la comisión se redactó el 29 de agosto de 2017 exclusivamente con la participación de los dos grupos independentistas, Junts pel Sí y CUP, y el constitucionalista de Catalunya Sí que es Pot, ya que el resto de grupos constitucionalistas (Ciudadanos, Partido Popular y Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC) habían abandonado la comisión en diferentes momentos.​​ El dictamen final de la comisión fue aprobado por el pleno del Parlamento de Cataluña el 7 de septiembre de 2017. Votaron a favor los dos grupos independentistas y Catalunya Sí que es Pot y en contra el Partido Popular, mientras que el PSC y Ciudadanos se abstuvieron.​ El dictamen concluía que la Operación Cataluña se trataría de una «maniobra planificada y ejecutada por ciertas estructuras esenciales del Estado español [···] a través de prácticas alegales e ilegales».​​​​

De forma paralela el Congreso de los Diputados también constituyó una comisión de investigación en la que no aparecía el término Operación Cataluña para investigar la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz. En su dictamen final del 20 de julio de 2017, la comisión determinó que existió una operación de espionaje hacia políticos independentistas en Cataluña encabezada por el entonces Ministro del Interior. La resolución contó con el apoyo de los partidos de la oposición: PSOE, Podemos, PNV, ERC y el PDeCAT.​

Una nueva comisión de investigación del Congreso de los Diputados se aprobó el 15 de septiembre de 2022, a la vista de las informaciones publicadas por diversos medios en los meses anteriores, basadas en gran parte en los llamados audios de Villarejo. Esta vez se la denominó comisión de investigación sobre la «Operación Cataluña», a diferencia de la anterior comisión de investigación sobre la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz en que no se empleó el término, lo que sí había hecho el Parlamento de Cataluña en su comisión de investigación sobre el mismo tema. La petición la habían presentado en junio ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG para que se investigara «la presunta intromisión en la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada "Operación Cataluña"». La solicitud se hizo efectiva tras conocerse que estaban siendo investigados por la justicia de Andorra el expresidente Mariano Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro, de Hacienda, y Jorge Fernández Díaz, de Interior, por su presunta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de líderes políticos independentistas. En cuanto a Fernández Díaz era la segunda comisión de investigación que se abría durante esa Legislatura sobre su actuación al frente del Ministerio del Interior. La anterior se había referido al Caso Kitchen.​

Procesos judiciales

La única causa judicial abierta en relación con la Operación Cataluña la lleva un juzgado del Principado de Andorra que inició una investigación —que a finales de 2022 aún no había concluido— sobre el presunto «chantaje» sufrido por los responsables de la Banca Privada d'Andorra por parte de un grupo de policías españoles para conseguir datos bancarios de la familia Pujol y en la que incluyó al presidente del gobierno español Mariano Rajoy.​ En su instrucción la jueza andorrana ha utilizado las «notas informativas» que el comisario José Manuel Villarejo redactaba para el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y que el juez español que instruye el sumario contra el excomisario ha declarado secretas.​ A principios de noviembre de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazaba el recurso presentado por los abogados del expresidente Mariano Rajoy para que se le eximiera de tener que declarar ante la juez andorrana.​ Previamente la fiscalía había solicitado que se le denegara esa petición.​ Sin embargo, a mediados de diciembre de 2022 el mismo tribunal decidía suspender cautelarmente la comisión rogatoria demandada por la jueza andorrana para que el expresidente Rajoy y los dos exministros de su gobierno Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro declararan sobre su papel en la Operación Cataluña.​

El 4 de agosto de 2022 la fiscalía de Cataluña abrió diligencias por la Operación Cataluña a partir de la denuncia presentada el 26 de julio por el exjefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña Narciso Ortega contra la exministra de Defensa Dolores de Cospedal, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez y el excomisario José Manuel Villarejo. La fiscalía consideró que los hechos denunciados «podrían ser constitutivos de delito» y remitió el caso a la fiscalía de Madrid.​ En la denuncia presentada por los abogados de Narciso Ortega se acusa a los cuatro implicados de varios delitos. En ella se hace referencia a las informaciones aparecidas en diversos medios de información durante las semanas anteriores sobre la Operación Cataluña. En el escrito se recoge que Ortega fue cesado en 2014, poco antes de que se celebrara la consulta del 9-N, y trasladado a Zaragoza «por sus supuestas connivencias con el independentismo y vínculos con personas de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)». En la denuncia se hace referencia a una reunión que mantuvieron el 6 de noviembre de 2012, poco antes de celebrarse las elecciones catalanas del 25 de noviembre, el comisario Villarejo y la entonces líder del PP de Cataluña Alicia Sánchez Camacho. Según los audios que se adjuntan a la denuncia en la entrevista Sánchez Camacho le advirtió a Villarejo que Ortega tenía «un montón de connivencias» con el independentismo, pues era amigo «íntimo» del exconseller de Interior Felip Puig. En la denuncia se dice también que fue sometido a una vigilancia «ilegal», puesto que «no estaba inmerso en ninguna causa judicial y por tanto no podían existir órdenes de seguimiento autorizadas por algún juzgado».​

Bibliografía

• García, Lola (2022). El muro. El poder del Estado ante la crisis independentista. Prólogo de Pablo Simón. Barcelona: Península. ISBN 978-84-1100-102-1. 

Véase también

• Comisión de investigación sobre la Operación Cataluña
• Comisión de investigación sobre la actuación del ministro Jorge Fernández Díaz
• Caso Fernández Díaz
• Caso Pujol
• Caso Método 3

Prueba 5

Los estatutos de limpieza de sangre: ¿antijudaísmo o antisemitismo?

Retrato de Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, por Francisco de Comontes. Nombrado en 1546, Martínez Silíceo, que se sentía muy orgulloso de ser un cristiano viejo, se opuso al nombramiento de un converso —cuyo padre había sido condenado por la Inquisición— para una canonjía vacante de la catedral. Silíceo logró que el papa revocara el nombramiento —en una carta le dijo que si se le admitía convertiría la sede toledana en una «nueva sinagoga»— y a continuación, el 23 de julio de 1547, convocó una reunión del cabildo en la que por 24 votos contra 10 se aprobó un estatuto de limpieza de sangre. Dos meses después el estatuto fue suspendido, debido al rechazo que suscitó entre varios eclesiásticos de la diócesis toledana, pero en 1555 el papa lo aprobó y a continuación el rey Felipe II lo ratificó.​

Los estatutos de limpieza de sangre fueron el mecanismo de discriminación legal en la Monarquía Hispánica (y el Reino de Portugal)​ hacia la minoría judeoconversa (que junto con los miembros de la minoría morisca constituían los cristianos nuevos). Consistían en exigir al aspirante a ingresar en las instituciones que lo adoptaban el requisito de descender de «cristiano viejo», es decir, de no tener ningún antepasado judío. Su principal problema, y que causó el rechazo de determinados sectores eclesiásticos, era el hecho de que presuponían que ni siquiera el bautismo lavaba los pecados de los individuos, algo completamente opuesto a la doctrina cristiana. El primer estatuto de limpieza de sangre fue la "Sentencia-Estatuto" aprobada en 1449 en la ciudad de Toledo.​

Las instituciones que exigían pruebas de sangre eran relativamente pocas, pero los conversos vieron muy limitadas sus posibilidades de ascenso social al no poder acceder a algunas de ellas, sobre todo a los colegios mayores, ya que la exclusión de los mismos significaba tener cerrado el paso a ocupar los altos cargos eclesiásticos y estatales, y a las órdenes militares, porque las encomiendas eran una de las formas de acceder a la nobleza. «El panorama, evidentemente, era negro para los conversos», ha afirmado Henry Kamen.​

Los estatutos de limpieza de sangre se basaban en «la idea de que los fluidos del cuerpo, y sobre todo la sangre, transmitían del padre y la madre a los hijos un cierto número de cualidades morales» y en la de que «los judíos, en tanto que pueblo, eran incapaces de cambiar, a pesar de su conversión».​ Como dijo fray Prudencio de Sandoval del «santo y prudente» estatuto de limpieza de sangre de la catedral de Toledo de 1555, que sirvió de modelo a todos los posteriores,​

¿Quién podrá negar que en los descendientes de los judíos se perpetúa y dura la inclinación al mal de su antigua ingratitud y desconocimiento, como en los negros el accidente inseparable de su negritud? Incluso si se unen mil veces con mujeres blancas, sus hijos nacen con el color castaño de su padre. Así, el judío puede descender por tres lados de gentilhombres o de viejos cristianos, un único mal linaje lo infecta y lo echa a perder, porque por sus acciones, en todos los sentidos, los judíos son dañinos.

Ejecutoria o Proceso de limpieza de sangre de la familia Crespo López (Granada, Palacio de los Olvidados). Los que pretendían acceder a determinados cargos debían demostrar que entre sus antecesores no había habido nadie condenado por la Inquisición o que era judío o musulmán. Si las pruebas genealógicas que presentaba no eran consideradas suficientes, se nombraba una comisión que visitaba las localidades donde podía obtener información y tomar declaraciones juradas a testigos acerca de los ascendientes del pretendiente. El proceso podía durar años y eran frecuentes los sobornos y el perjurio para demostrar que se era «cristiano viejo».​

El historiador francés Jean-Frédéric Schaub ha atribuido los estatutos de limpieza de sangre a la competencia para el acceso a los cargos y a las dignidades que para los cristianos, que pronto se llamarán a sí mismos «cristianos viejos», suponían los «cristianos nuevos», liberados por fin de las numerosas restricciones que como judíos padecían antes de la conversión. Además, «eclesiásticos y magistrados temían el debilitamiento de la ortodoxia católica romana» que podía suponer la entrada en la comunidad cristiana de estos nuevos miembros.​

Según Henry Kamen, «fue sin duda la Inquisición la que, a partir de 1480, dio mayor impulso a la propagación de la discriminación [contra los conversos]. El antagonismo social, del que ya muchos españoles eran conscientes, fue aumentando en ese momento con el espectáculo de miles de judaizantes, a los que se había hallado culpables de prácticas heréticas y a los que se había condenado a la hoguera. Parecía como si la religión verdadera debiera ser protegida excluyendo a los conversos de todos los cargos importantes».​

La nueva división entre «cristianos viejos» y «cristianos nuevos» (y no-cristianos), que había sustituido a la medieval entre cristianos y no-cristianos, se tradujo en un interés generalizado por la genealogía. «Por todas partes, las familias se dedicaron a establecer su ascendencia para afirmar mejor su posición social. Los viejos cristianos deseaban probar que no estaban mezclados con los convertidos. Los nuevos cristianos, mediante el recurso a la falsificación, intentaban borrar las huellas del pasado de sus ancestros».​

Sigue siendo objeto de debate si los estatutos de limpieza de sangre ibéricos son el origen del racismo europeo moderno. Según Jean-Fréderic Schaub «la contribución de los estatutos de pureza de sangre ibéricos a la formación de las categorías raciales se sitúa en el punto de unión entre exclusión personal y estigmatización colectiva».​ Según Max Sebastián Hering Torres, «por primera vez en la historia europea se utilizan los criterios "raza" y "sangre" como estrategia de marginación. Moralistas como Torrejoncillo no duda en afirmar [en Centinela contra judíos] que el judaísmo se define con base en la "sangre", sin importar que la conversión al cristianismo hubiera tenido lugar hace veintiuna generaciones».​

Según Henry Kamen «lo que comenzó como una discriminación social [hacia los judeoconversos], se convirtió más tarde en antagonismo social y en racismo» porque no se basaba en la religión, sino en la pertenencia al «linaje de los judíos». Así los estatutos serían una forma de antisemitismo, en sentido estricto del término ―el que nace en la segunda mitad del siglo XIX― al identificar a los judíos con una «raza» y no con una religión ―el cristiano de origen judío seguía siendo judío aunque se hubiera bautizado―.​ En aquella época se consideraba que la infamia que recaía sobre una persona y sobre un linaje era perpetua, y ni siquiera el bautismo la podía borrar. Esta doctrina ―«básicamente racista», según Kamen― fue fomentada por la Inquisición con su costumbre de colgar en un lugar visible los sambenitos una vez que los condenados habían finalizado el período de castigo «para que siempre haya memoria de la infamia de los herejes y de su descendencia».​ Juan Aranzadi, citado por Gonzalo Álvarez Chillida, prefiere, en cambio, utilizar la expresión «protorracismo religioso prerracialista» al referirse a los estatutos de limpieza de sangre, «al no estar basado en una concepción científica o pseudocientífica del concepto de raza, inexistente en aquellos siglos, sino en elementos ideológicos y religiosos».​

Por el contrario, el hispanista francés Joseph Pérez considera que la discriminación de los «cristianos nuevos» mediante la creación de los estatutos de limpieza de sangre, no «se refería a supuestas características biológicas de los judíos; fue un concepto social y no racial: aludía al linaje, no a la raza; fue una reacción de plebeyos contra hidalgos, una especie de compensación ideológica: uno puede comprar la hidalguía si tiene dineros para ello, pero no puede comprar la limpieza [de sangre] que viene a ser, por lo tanto, una nobleza natural superior a la otra». Joseph Pérez entiende que la palabra «sangre» en el siglo XVI es equivalente a linaje, por lo que la expresión «pureza de sangre» (pureté de sang en Francia) equivaldría a la ausencia de herejía entre los ascendientes de una familia.​ Tampoco los consideran una forma de «racismo» Julio Caro Baroja o Christiane Stallaert, «recordándonos que las diferencias de linaje [...] no significaban diferencias de caracteres biológicos o somáticos hereditarios».​

Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, se opuso con gran firmeza a los estatutos de limpieza de sangre

Por otro lado, los estatutos de limpieza de sangre fueron criticados. Una de las personas que mostró una oposición más firme fue Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, por lo que los jesuitas admitieron a los conversos, y precisamente el sucesor de Ignacio de Loyola como general de la Compañía en 1556 fue un converso, Diego Laínez, lo que suscitó la oposición entre ciertos sectores de la Iglesia.​

En 1599 se publicó el alegato más rotundo que se había escrito nunca contra los estatutos y que causó una gran conmoción porque su autor había sido miembro de la Inquisición y además era un prestigioso teólogo dominico de 76 años. Se trataba de Agustín Salucio, quien en su Discurso planteó dos críticas a los estatutos: que ya no tenían vigencia porque ya no había conversos que judaizaran y que habían traído más males que bienes ―«de la paz dicen que no la puede aver estando dividida la república en dos vandos», afirmaba―. Y concluía: «Gran cordura sería assigurar la paz del reyno limitando los estatutos, de manera que de chistianos vejos [sic] y moriscos y confessos, de todos se venga a hazer un cuerpo unido y todos sean christianos viejos y seguros».​

Al libro de Salustio le siguieron otros que criticaban los estatutos, algunos de ellos escritos por miembros destacados de la Inquisición. En 1623 una Junta de Reformación formada a instancias del valido de Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares, decretó nuevas normas que modificaban la práctica de los estatutos —entre otras se prohibía la difusión de las obras en las que aparecían listados de familias de origen judío, como el Libro Verde de Aragón—, sin embargo, los «consejos, tribunales, colegios mayores y comunidades con estatutos» a los que iba dirigida la reforma parece que la incumplieron.​

Los libros donde se recogían los alegatos y las leyendas antijudías continuaron publicándose. Uno de los más famosos fue el Centinela contra judíos impreso en 1674 y cuyo autor era el fraile extremeño Francisco de Torrejoncillo.​ En el siglo XVIII los ministros ilustrados del reformismo borbónico criticaron los estatutos aunque no los abolieron. El conde de Floridablanca los condenó porque «se castiga la más santa acción del hombre, que es su conversión a nuestra santa fe, con la misma pena que el mayor delito, que es apostatar de ella».​ La abolición de los estatutos, sin embargo, no se produjo hasta el siglo XIX con la promulgación de la Real orden del 31 de enero de 1835, en el marco de la Revolución liberal española que puso fin al Antiguo Régimen, aunque hasta 1859 se mantuvo para los oficiales del ejército y hubo que esperar a 1865 para que se abolieran las pruebas de limpieza de sangre para los matrimonios y para ciertos cargos civiles y militares.​

Prueba 6

El historiador Manuel Peña ha destacado que la censura fue una pieza importante de la represión franquista y también formó parte de «una ambiciosa construcción cultural: la Nueva España, tanto en su vertiente culta como en su proyección popular». «Censura y propaganda fueron de la mano», añade Peña. ​ Esto quedó meridianamente claro cuando el 23 de abril de 1939, muy pocos días después de finalizada la guerra civil y como colofón de la «fiesta del libro» [sic] tenía lugar en el patio del rectorado de la Universidad Complutense una quema de libros al estilo nazi (durante la guerra ya había habido otras y las habría después). El diario vespertino Ya tituló: «Auto de fe en la U. Central. Los enemigos de España fueron condenados al fuego».​ El catedrático de Derecho Antonio Luna lo justificó así:​

Para edificar a España una, grande y libre, condenados al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos.

Ya en los inicios de la guerra civil se había creado en la zona sublevada una Oficina de Prensa y de Propaganda con la misión de «dictar pública o confidencialmente las normas a que ha de ajustarse la censura y facilitar a los periódicos las notas o informes cuya publicación convenga al interés nacional».​ En enero de 1937 la Oficina se convirtió en la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda que un año después pasó a depender del recién creado Ministerio del Interior (Ministerio de la Gobernación, a partir de diciembre de1938) cuyo titular era Ramón Serrano Suñer, cuñado del Generalísimo Franco.​ Serrano Suñer nombró a los jóvenes falangistas Dionisio Ridruejo y José Antonio Giménez-Arnau al frente del Servicio Nacional de Propaganda (que contaba con una sección de Censura de Libros) y del Servicio Nacional de Prensa, respectivamente.​​

Poco después, en abril de 1938, el Generalísimo Franco promulgaba la Ley de Prensa de 1938 en cuyo preámbulo se asignaba a la prensa como misión esencial «transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a esta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno», así como ser «órgano decisivo en la formación de la cultura popular y en la creación de la conciencia colectiva».​ Como ha señalado Luis Castro, el modelo que se estaba siguiendo era el de la Italia fascista y el de la Alemania nazi (se llegaron a copiar algunos de sus lemas como «Una Patria, un Estado, un Caudillo», que recuerda el nazi Ein Reich, ein Volk, ein Führer).​ La prensa se convirtió en un instrumento de propaganda al servicio del Estado, ha indicado Manuel Peña. Más que una ley «de» prensa fue una ley «contra» la prensa, como subrayado Justino Sinova, citado por Peña.​ De esta forma, como ha destacado Santos Juliá, la opinión pública dejó de existir «pues no hay espacio público en el que pueda expresarse y debatirse una opinión».​

En 1941 la Delegación de Prensa y Propaganda fue sustituida por la Vicesecretaría de Educación Popular dependiente de la Secretaría General del partido único FET y de las JONS, cargo que ostentaba el falangista José Luis Arrese, ministro-secretario general del Movimiento.​ Al frente de la Sección de Censura Arrese nombró al falangista Patricio González de Canales.​ El modelo era de nuevo el nazi y el fascista: el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda de Goebbels y el Ministerio de Cultura Popular de Dino Alfieri.​ De hecho González de Canales recabó la ayuda de las embajadas alemana e italiana (y también de la portuguesa) para que le remitieran las listas de los autores y de las obras prohibidas en sus respectivos países para prohibirlos también en España.​

A los libros se aplicó la censura previa​ y un libro no podía circular si no llevaba en su primera página el visado de la censura.​ Pero también también se aplicó una censura a posteriori mediante el secuestro de ejemplares, la prohibición de reediciones o la limitación de las tiradas o de los lectores autorizados para comprar esas publicaciones (esto último semejante a las licencias que otorgaba la Inquisición para poder leer ciertas obras incluidas en el Índice).​ En esta censura a posteriori también intervenía en la Iglesia católica, que por otro lado también participaba activamente en la censura previa porque en las juntas censoras siempre había un sacerdote que se encargaba especialmente de los libros religiosos.​ Hubo algún conflicto entre la censura eclesiástica y la «oficial». El caso más conocido fue el del libro del falangista Rafael García Serrano La fiel infantería, una obra que había recibido en 1943 el Premio Nacional de Literatura José Antonio Primo de Rivera, que no gustó al arzobispo de Toledo Enrique Pla y Deniel quien finalmente consiguió que se retirara.​

La prensa también estaba sometida a la censura previa, por lo que la libertad de información desapareció.​​ Las noticias y artículos eran revisados (y a menudo reelaborados) por los censores (que se preocupaban especialmente de los titulares).​ Además todos los periódicos debían seguir las «consignas obligatorias» que se daban desde el Servicio Nacional de Prensa que se referían a las noticias que se debían publicar (con frecuencia ya redactadas por el Gobierno, incluidos los editoriales) y las que no, al enfoque que se había de dar a determinadas informaciones o a la inclusión de determinados lemas, frases o discursos. Pero la consigna principal era que se debía exaltar la figura del Generalísimo Franco (cuyas noticias siempre debían aparecer en primera página). Si no se seguían las consignas los periódicos eran sancionados con multas más o menos cuantiosas o con la destitución o suspensión del director (por ejemplo, el semanario Mundo tuvo que pagar una multa de 5000 pesetas por no haber conmemorado el 20 de abril de 1944 el cumpleaños de Hitler).​​ Los directores de los periódicos eran nombrados por el gobierno, aunque se tratase de editoras privadas.​​

Solo podían ejercer la profesión de periodista los que contaran con el carnet acreditativo que se concedía tras haber conseguido ser inscrito en el Registro Oficial de Periodistas (el primer carnet como periodista de honor le fue concedido al Generalísimo Franco). De hecho la de periodista fue una de las profesiones que fueron objeto de una depuración más implacable. Los que habían informado desde el bando republicano sufrieron largas condenas de prisión e incluso de muerte (y cuando salieron de las cárceles no pudieron ejercer su oficio). Los que pasaron la depuración debieron demostrar a diario su lealtad al régimen. Para cribar el acceso a la profesión se creó en 1943 la Escuela Oficial de Periodismo, cuyo diploma era condición imprescindible para poder trabajar en algún periódico.​

Durante la guerra los sublevados se fueron apoderando de los edificios, las salas de redacción y de los talleres de los periódicos republicanos, obreros y nacionalistas vascos y catalanes, que constituirán el grueso de la llamada «Prensa del Movimiento» que en 1944 estaba integrada por treinta diarios matutinos, siete vespertinos, cinco «hojas del lunes», ocho revistas semanales y siete mensuales.​​ De esta forma la dictadura se dotó de una extensa red de periódicos entre los que destacaban Arriba, el órgano oficial del partido único FET y de las JONS, y Pueblo, el periódico de la Organización Sindical Española, aunque el de más tirada y más leído era el diario deportivo Marca. A esta red de prensa habría que añadir la agencia oficial de noticias EFE.​ La Iglesia católica también contaba con su propia prensa, cuyo diario más importante era el vespertino Ya​ Los monárquicos tenían el diario ABC y también existían otros grupos editores privados, pero en todos los casos los directores eran nombrados por el gobierno y sus ediciones estaban sometidas a la censura previa.​​

Instrucciones remitidas a las emisoras de radio por el Servicio de Radiodifusión en 1942. 1) No será autorizado ningún texto que refiriéndose a España, bajo cualquier aspecto, lo haga en un sentido irrespetuoso, poco veraz o tendencioso. 2) Queda totalmente prohibido todo escrito que, más o menos directamente, sea contrario o interprete confusa o equivocadamente los principios fundamentales del Estado o del Partido. 3) No se autorizarán escritos que, al referirse al Caudillo, no le traten con el máximo respeto; lo mismo que al Ejército, Institutos Armados, Milicias del Partido o sus representaciones, así como las insignias, emblemas y palabras de significado, sentido o representación nacional. 4) No será autorizado ningún escrito que atente o sea irreverente con los dogmas de la Iglesia Católica o sus representantes. 5) No se autorizará ningún escrito que trate de forma inconveniente a los países amigos, sus creencias, instituciones y costumbres. [...] 9) Cualquier duda podrá ser consultada directamente con la Delegación Nacional de Propaganda a través de los Jefes de este servicio. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

También la radio, el principal medio de comunicación de masas hasta la difusión de la televisión en la década de 1960 —se pasó de trescientos mil receptores en 1936 a cerca de un millón de 1943—,​ fue objeto de un control estricto. En octubre de 1939 se dictó la obligatoriedad para todas las emisoras de conectar con Radio Nacional, la emisora del «bando nacional» inaugurada por el Generalísimo Franco en Salamanca en enero de 1938 (creada con la ayuda de la Alemania nazi, que proporcionó los equipos y el asesoramiento técnico),​ «para los noticiarios generales y especialmente de asuntos internacionales», por lo que no podrían «radiar más noticias que las que se refieran a acontecimientos que hubieran tenido lugar en la provincia o región, siempre estas con censuras de las Jefaturas Provinciales o Locales de Prensa».​<ref group="nota"> Al igual que los periodistas, los profesionales de la radio también fueron objeto de una dura depuración.​ Además de Radio Nacional la dictadura contaba con la que sería conocida como Red de Emisoras del Movimiento.​ Por su parte la Iglesia católica La Iglesia católica contaba con emisoras locales aunque tardaría en integrarlas a nivel nacional pues hasta 1959 no nació la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE).​ La cadena privada más importante fue la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena SER) cuyos programas de mayor audiencia eran los seriales, los concursos, las retransmisiones deportivas de los domingos y los shows de fin de semana.​ El objetivo de la radio, como el del conjunto de la cultura de masas del franquismo, fue, «vía el entretenimiento y la evasión, la integración social y la desmovilización del país», ha señalado Juan Pablo Fusi.​

En cuanto al cine, la dictadura franquista lo consideró como uno de los más eficaces medios de propaganda por lo que estuvo sometido también a un control total.​ Para que una película española pudiera rodarse y proyectarse en los cines el guion debía ser aprobado por la Dirección General de Propaganda y acabada la película debía pasar la censura de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica, que si lo consideraba oportuno podía proponer cambios o directamente cortar determinadas escenas, lo que a veces suponía que la película resultara incomprensible. En cuanto a las películas extranjeras la censura tenía un amplio campo de actuación en el doblaje, que fue declarado obligatorio, porque podía modificar completamente su significado, lo que en alguna ocasión rozaba el ridículo (como en una película americana en la que la heroína movía la cabeza con un gesto negativo mientras decía «¡Sí!»).​ En 1942 se creó el NO-DO, un noticiero cuya proyección era obligada en todos los cines, antes de las películas.​

Las obras de teatro y los espectáculos de variedades también estuvieron sometidos a censura. Tras la aprobación del texto, el ensayo general era supervisado por un censor, que también estaba presente el día del estreno. Uno de sus cometidos era asegurarse de que las canciones no fueran del «género moderno», siguiendo criterios similares a los aplicados a la radio (inspirados en la normativa nazi): estaba prohibida «la llamada música "negra", los bailables "swing" o cualquier otro género de composiciones que estén en idioma extranjero».​

Prueba 7

Corrientes del arrianismo (siglo IV d. C.)
Nombre	Carácter	Definición doctrinal	Principales representantes
Homoiousianos (o homeusianos)	Moderados	El Dios Hijo (el Logos) es de una substancia semejante (homoioúsios) al Padre	Basilio de Ancira, Jorge de Laodicea	Acercamiento a la posición de los nicenos que defienden que el Padre y el Hijo son de la misma substancia (homooúsios)
Homeos	Moderados	El Hijo es semejante (homoíos) al Padre, pero no en la substancia.	Acacio de Cesarea, Ursacio de Singidunum, Valente de Mursa	Posición intermedia entre los homoiousianos y los anomeos (o heterousianos). Contaron con el apoyo decisivo del emperador Constancio II.
Anomeos o Heterousianos	Radicales	El Hijo, en cuanto a la esencia, es completamente desigual (anomoios) del Padre. (Subordinacionismo radical: el Hijo en posición de inferioridad respecto del Padre)	Aecio de Antioquía, Eunomio (eumoneísmo), Marcelo de Ancira, Foción de Sirmio. Eusebio de Nicomedia (Subordinacionismo)	Llevan a su extremo las tesis de Arrio