Junta Democrática (2020)

Al amparo de las ideas de Antonio García-Trevijano Forte, el 25 de marzo de 2020 se refundó, volviéndose a constituir la junta directiva de la Junta Democrática de España, con Rubén Gisbert Fraile, antiguo alumno de Antonio García-Trevijano, como presidente, Antonio Alfaro Díaz y Antonio José Fuentes Pérez como secretario y tesorero respectivamente, y con Miguel Riquelme, Daniel Rivera y Guillermo López Quintana, como vocales.​​

Entre sus estatutos, se puede observar que en su artículo 5 se declara:

1. Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.
2. La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente.
3. La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.
4. El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.​

De lo anterior, podría considerarse deslegitimado cualquier gobierno (incluyendo los provenientes de la transición) debido a que, de acuerdo a Antonio García-Trevijano Forte, estos surgieron de un pacto previo a su presentación al pueblo español, y no de un período de libertad constituyente, y su importancia se basa y cimenta en la necesidad de garantizar la separación de poderes e introducir la revocabilidad, como puede observarse en el punto 5, a continuación de los anteriores: "Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español".

Así, la finalidad de la asociación puede leerse en el artículo 6 de la misma:

La existencia de esta asociación tiene como fin aglutinar e integrar en su seno a cuantos ciudadanos y organizaciones civiles quieran defender y promover el cumplimiento de dichos principios en la apertura de un periodo de libertad constituyente. Se trata de una asociación civil de carácter cívico-político, no buscando poder en el Estado, ni en el Gobierno, como tampoco en ámbito alguno de carácter autonómico o municipal.

Dicha fundación se deriva de la dinámica de corrupción,​​​​​​​​ y la impunidad,​​​​ destacando el caso Gürtel, el caso ERE o de los ERES, y el caso Puyol, pudiendo considerarse el culmen la aprobación de la Ley de Amnistía​​previo pacto de intercambio de los votos obtenidos en las elecciones generales por Junts, para investir a Pedro Sánchez, por la concesión de la amnistía de delitos derivados del procés catalán y el referéndum ilegal por la independencia de Cataluña,​​ recordando que, de acuerdo al Código Civil español, el contrato puede ser verbal o escrito, el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y se considera contrato, y válido, cuando concurre 1º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca.​Con ello quedó patente el fracaso del pacto de la transición, poniéndose de manifiesto el elevado grado de corrupción política al producirse uno de los peores ejemplos de corrupción en un sistema, que es el de políticos concediéndose el perdón a cambio de votos o apoyo electoral, habiéndose modificado diversas leyes del código penal para impedir que el sistema judicial pudiera perseguir los presuntos delitos, tras el conocimiento de la existencia de actos potencialmente constituyentes o considerables como tales.​

El descontento popular entre 2022 y 2024,​​​​​​​ llevó a la Junta Democrática de España refundada en 2020 a manifestarse enfrente del Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2023​​​ entre las protestas contra la amnistía, llegando a concentrarse durante varios días​​​y a acampar​​​siendo ésta disuelta utilizando la violencia injustificada por parte del Gobierno de España y la denominada "policía de Marlaska".​​​Entre las exigencias al Estado estaban: "detener la arbitrariedad jurídica actual" en relación con la ley de amnistía; "cambiar el sistema electoral proporcional actual a uno mayoritario de elección directa uninominal a doble vuelta", y "referéndum para modificar la Constitución y cambiar la elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, para que dejen de ser nombrados por el poder político, y sean elegidos por operadores jurídicos".​​