Usuario:Mousebolivia/Taller/Corrupción en Bolivia

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La Corrupción en Bolivia es un problema importante que ha sido llamado una parte aceptada de la vida en el país.[1]​ Se puede encontrar en todos los niveles de la sociedad boliviana. Los ciudadanos bolivianos perciben al poder judicial, la policía y la administración pública en general como los más corruptos del país.[1]​ La corrupción también está muy extendida entre los funcionarios que supuestamente controlan el comercio ilegal de drogas y entre quienes trabajan en y con las industrias extractivas.[2]​

Muchos bolivianos no tienen educación y, por lo tanto, desconocen sus derechos como ciudadanos o las leyes contra la corrupción.[3]​

Fondo[editar]

Desde que Bolivia fue liberada del dominio español en 1825, el país ha experimentado una inestabilidad considerable. El gobierno ha sido derrocado más de 200 veces y la constitución ha sido reescrita. La pobreza generalizada ha sido un factor importante en el pobre desarrollo y la mala gobernabilidad del país.[3]​

En la segunda mitad del Siglo XX, el gobierno alternaba repetidamente entre el control civil y militar, algunos de ellos notorios por su corrupción. En 1980 Y 1981, cuando Luis García Meza Tejada era dictador, varios miles de funcionarios públicos fueron procesados ​​por peculado; en 1986, García Meza fue acusado de traición a la patria, sedición y muchos otros delitos, junto con 55 de sus asociados; huyó del país en 1989..[3]​

Mapa que muestra los países y territorios según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, en orden ascendente. Bolivia tiene un puntaje de 31 puntos de 100.
     Puntuación superior a 90      Puntuación igual o entre 80 y 89      Puntuación igual o entre 70 y 79      Puntuación igual o entre 60 y 69      Puntuación igual o entre 50 y 59      Puntuación igual o entre 40 y 49      Puntuación igual o entre 30 y 39      Puntuación igual o entre 20 y 29      Puntuación igual o entre 10 y 19      Puntuación inferior a 10      Datos no disponibles

El gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) introdujo un grado de estabilidad y democracia.[1]​ Bajo Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, presidente de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, sin embargo, presenciamos la venta de industrias estatales en un proceso que fue ampliamente visto como corrupto, con muchos de los compradores siendo empresas con las que tenía vínculos estrechos.[4]​

Evo Morales Ayma, elegido presidente de Bolivia en diciembre de 2005, convenció a los votantes pobres y de clase media de que su prometida revolución social superaría la corrupción del establishment.[4]​ El aumento de los ingresos de la explotación de los ricos recursos naturales de Bolivia ayudó a mejorar el desempeño macroeconómico durante la década entre 2002 y 2012. La transparencia también ha mejorado bajo Morales.[1]​ No obstante, Bolivia sigue siendo la nación más pobre de América del Sur, con un PIB real más bajo que hace una generación y la mayoría de la población aún vive por debajo del umbral de la pobreza.[3]​

Indicadores, percepciones y actitudes[editar]

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparency International le dio a Bolivia una puntuación de 30 en una escala de 0 ("altamente corrupto") a 100 ("altamente limpio"). Cuando se clasificó por puntaje, Bolivia ocupó el puesto 128 entre los 180 países del Índice, donde se percibe que el país clasificado como el número 1 tiene el sector público más honesto.[5]​[6]​

De manera similar, el Banco Mundial otorgó a Bolivia una puntuación de 38,9 por corrupción en la escala de Indicadores de Gobernanza Mundial de 0 (peor) a 100 (mejor), una disminución desde 2007 (43,7) pero una mejora con respecto a 2009 (29,2). De 2007 a 2011, el 80% de los ciudadanos pensaba que la corrupción había empeorado o permanecido constante. Un informe de 2010 sugirió que la percepción de los ciudadanos sobre el nivel de corrupción del sector público era peor que la escala real de dicha corrupción. Los ejecutivos de negocios, por el contrario, vieron que la situación había mejorado desde 2009.[1]​

Los habitantes de Bolivia tienden a considerar que el estado es “irremediablemente corrupto”, pero bajo Morales, paradójicamente, le han permitido controlar una porción cada vez mayor de la economía, ampliando enormemente las oportunidades para la corrupción.[4]​ Un informe de 2015 encontró que si bien los bolivianos no consideran a Morales personalmente corrupto y lo reeligieron fácilmente en octubre de 2014, sí creen que hay más corrupción que nunca y que es culpa del gobierno.[4]​

Hay un grado de tolerancia hacia la corrupción gubernamental en Bolivia, una creencia de que es aceptable dadas las “cosas buenas” que el gobierno hace por la gente. Muchos bolivianos suscriben la creencia tradicional de que solo un tonto no aprovecha cada oportunidad para enriquecerse, ya sea ilícitamente o no; otros creen que con el ascenso de Morales, que es indígena , ahora le toca a ese grupo cosechar los beneficios de la corrupción como lo han hecho otros grupos antes. De hecho, la creencia en la importancia de la identidad grupal y, en consecuencia, la tendencia a adoptar las actitudes del colectivo, a menudo triunfa sobre la ética individual en la sociedad boliviana.[7]​

Corrupción gubernamental[editar]

La burocracia gubernamental es vista como ineficiente, abultada y llena de clientelismo, y es considerada (junto con la policía) uno de los sectores más corruptos del país. La contratación y la promoción están impulsadas políticamente y carecen de transparencia.[1]​

Los funcionarios gubernamentales tienden a tratar los datos financieros públicos como si fueran de su propiedad y tienden a no comprender su obligación de proporcionar información al público.[8]​ En 2010, Bolivia obtuvo 13 de 100 en el Índice de Presupuesto Abierto, el peor desempeño para cualquier país latinoamericano, pero una mejora en su puntaje de 2008 de 7.[1]​

Algunos informes sugieren que la corrupción desenfrenada dentro del gobierno y la élite perpetúan la pobreza y hacen imposible el progreso. La Fundación Bertelsmann declaró en 2012 que, a pesar de las leyes y salvaguardias, el gobierno local participa en esquemas de enriquecimiento ilícito.[1]​

En 2011, Flores Roberts, gobernador de Pando, fue acusado de establecer empresas de fachada. Una exempleada que lo denunció a la policía, Claudia Silvana Salas, fue luego arrestada y encarcelada por cargos de extorsión y estaba recibiendo “amenazas anónimas”.[4]​

Más de 200 personas, entre funcionarios del gobierno y amigos y miembros del partido MAS de Morales, terminaron siendo acusados ​​de corrupción en relación con los desembolsos del fondo. Se señaló que la primera persona en llamar la atención sobre la corrupción en el fondo, allá por 2012, fue Jacobo Soruco Cholima, líder de un Sindicato de Trabajadores Rurales, quien fue asesinado en junio de ese año, aparentemente en represalia por sus denuncias.[9]​

En febrero de 2016, Morales fue acusado de tráfico de influencias en una empresa constructora china, CAMC, para la que trabajaba su exnovia, Gabriela Zapata, y que recibió lucrativos contratos gubernamentales.[10]​ El periodista Carlos Valverde, quien hizo pública la relación, denunció que Morales había usado su posición para ayudar a avanzar en la carrera de Zapata. Valverde señaló que el valor de los contratos de Bolivia con la firma pasó de $214 millones a más de 500 millones de dólares luego de que la firma contratara a Zapata. Zapata fue arrestado a finales de febrero.[11]​[12]​

También en febrero de 2016, seis personas murieron cuando manifestantes incendiaron las oficinas municipales de la ciudad indígena de El Alto. El incendio se atribuyó a exfuncionarios que supuestamente intentaron destruir documentos relacionados con una investigación sobre sus propias actividades corruptas.[11]​

Propiedad privada[editar]

Aunque la constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, este derecho se infringe a menudo y la expropiación ocurre con frecuencia.[1]​

Aduana[editar]

El servicio de aduanas de Bolivia es altamente corrupto e ineficiente, con más de uno de cada tres encuestados en una encuesta diciendo que habían pagado un soborno a los funcionarios de aduanas durante el año anterior.[1]​

Impuestos[editar]

La complejidad de la ley tributaria boliviana brinda oportunidades para la corrupción.[1]​

Un informe de 2009 indicó que el control de inspección mejorado, que involucra el uso del llamado "enfoque de flujo de procesos", ha ayudado a reducir la corrupción en el servicio de impuestos y ha reducido la pérdida de fondos públicos.[13]​

Elecciones[editar]

Las elecciones en sí mismas generalmente se consideran libres y justas, aunque las garantías de financiamiento de campañas son muy inadecuadas. En las elecciones de 2009, los observadores de la UE informaron de un abuso generalizado del presupuesto público por parte de los titulares, con campañas financiadas en parte por los salarios de los funcionarios públicos. Un informe de 2010 encontró a Bolivia como el más débil de todos los países latinoamericanos en este sentido y señaló la falta de límites a las donaciones políticas y la ausencia de cualquier ley que exija su divulgación.[1]​

Soborno[editar]

El soborno es un delito en Bolivia,[4]​ pero una encuesta de 2011 encontró que uno de cada tres bolivianos tuvo que pagar un soborno en ese año. Los peores infractores fueron el poder judicial, la policía y el servicio de aduanas.[1]​

Impunidad[editar]

Los funcionarios acusados ​​de corrupción muy a menudo reciben inmunidad procesal en violación de la Constitución. El Congreso debe aprobar por adelantado cualquier acción legal contra el ejecutivo. En 2014, Ever Moya, expresidente del Comité de Derechos Humanos, renunció luego de que varias denuncias de corrupción que había presentado encontraran la indiferencia oficial.[14]​

Poder Judicial[editar]

El poder judicial es visto como el sector más corrupto de Bolivia. Es débil, ineficiente, con pocos recursos y sujeto a la interferencia de los políticos, y las decisiones judiciales a menudo se ven influenciadas por el soborno. Su independencia fue cuestionada en 2010 cuando Morales nombró a cinco jueces de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Los fiscales no son independientes y, a menudo, han atacado a los políticos de los partidos de oposición y sus simpatizantes. Asimismo, la Constitución de 2009 equiparó a los tribunales indígenas con el sistema judicial ordinario, lo que genera conflictos, confusión, dificultades y dilaciones.[1]​ En 2015 Morales “llamó a un referéndum diseñado para erradicar la corrupción en el sistema judicial”.[15]​

En 2014, la Cámara de senadores de Bolivia instó al fiscal general a suspender a 300 de los 508 fiscales de Bolivia por corrupción y otros delitos. Entre enero y agosto de 2014, 45 fiscales fueron inhabilitados, el doble de los inhabilitados en 2013.[16]​

Policía y Narcotráfico[editar]

La corrupción policial es un problema importante, debido en parte a los bajos salarios y la mala formación. En general, se considera que la policía es la tercera institución más corrupta del país, y la corrupción se considera ampliamente como el principal impedimento para combatir legítimamente el crimen. En seis años, tres jefes de policía han sido despedidos por corrupción o abuso de poder.[1]​ Muchos policías tienen vínculos con el crimen organizado, principalmente narcotraficantes, y muchos son designados para altos cargos, poder que es ejercido exclusivamente por el presidente, debido a sus conexiones políticas.[1]​

La policía de narcóticos y la policía secreta han estado involucradas en la tráfico de cocaína desde finales de la década de 1950, con productores y traficantes de cocaína tratados como empresarios respetables y coexistiendo pacíficamente con un gobierno tras otro. La corrupción a gran escala relacionada con las drogas en las fuerzas militares y policiales de Bolivia se remonta a la década de 1970 y se intensificó en 1980-1981, cuando el “gabinete interno” del dictador Luis García Meza Tejada estaba repleto de personas involucradas en el tráfico de cocaína, en particular el coronel Ariel Coca y el coronel Luis Arce Gómez. En 1988, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció que los narcotraficantes estaban tratando de influir en la política, y se mostró en la televisión una cinta de video secreta de políticos y militares socializando con un capo de la droga, Roberto Suárez Gómez. En el mismo año se informó que la policía y los fiscales estaban devolviendo grandes hallazgos de drogas a los narcotraficantes y entregando solo pequeños alijos a las autoridades. El Presidente Jaime Paz Zamora (1989–1993) era amigo de dos “maros de la droga”, Carmelo “Meco” Domínguez e Isaac “Oso” Chavarría. A lo largo de las décadas ha habido repetidos escándalos relacionados con la participación oficial en el tráfico, y han dado lugar a muchos despidos pero no a muchos enjuiciamientos; además, aquellos destituidos de sus puestos debido a tal participación han tendido a ser personas de bajo nivel, mientras que los altos culpables generalmente se han quedado solos para continuar operando.[17]​

Bolivia se ha convertido en un centro regional de narcotráfico a través del cual los narcóticos se canalizan a Argentina y Brasil. Una de las razones de esto es la corrupción y la incompetencia de la policía.[18]​ Muchos oficiales de policía están directamente involucrados en el tráfico, mientras que otros aceptan sobornos para facilitar los envíos. En 2011, René Sanabria, entonces jefe de un centro de inteligencia policial y ex comisionado de la policía nacional, se declaró culpable de cargos de tráfico de cocaína en Estados Unidos.[4]​

En 2011, la reputación de la policía se vio dañada por una investigación de cuarenta agentes sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico. Asimismo, el exzar antidrogas, René Sanabria, fue detenido en Panamá y juzgado en EE.UU. por cargos de narcotráfico.[19]​

En enero de 2015, 20 fiscales, 18 jueces y 12 policías que habían llevado casos de corrupción y narcotráfico fueron investigados por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Un coronel de policía, por ejemplo, había acumulado casi $145,000 durante diez años con un salario de alrededor de $400 al mes, y había informado la compra de cinco propiedades omitiendo la compra de dos propiedades adicionales.[15]​

En mayo de 2015, el problema de la corrupción policial en Bolivia se puso de relieve con el caso de Martín Belaunde Lossio, un político y empresario peruano , cuya fuga del arresto domiciliario en Bolivia se cree que fue posible gracias a policías sobornados. “Algunos grupos dentro de nuestras instituciones, como la policía”, comentó Morales, “están creando una mala imagen de Bolivia”.[18]​

La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de la Policía Nacional investiga los casos de corrupción policial y puede sancionar a los agentes por infracciones menores. Las violaciones mayores son procesadas por el Fiscal General.[4]​ Un observador ha declarado que la fuerza policial de Bolivia necesita una “revisión completa” para combatir el narcotráfico y otros delitos internacionales.[18]​ Un estudio sugirió que la intervención del gobierno permitió la corrupción y, por lo tanto, adoptar un enfoque menos práctico reduciría significativamente la corrupción.[20]​

Negocios[editar]

Las empresas consideran que la corrupción es un gran obstáculo para los negocios en el país. Alrededor de una quinta parte de ellos espera pagar sobornos a los funcionarios públicos para hacer negocios. Los procedimientos burocráticos son complejos y onerosos, y a menudo implican “pagos de facilitación” ilegales.[1]​ Varios sectores, en particular la contratación pública y la extracción de recursos naturales, se caracterizan por extensas redes de patrocinio y clientelismo. El riesgo de corrupción es especialmente alto cuando las empresas deben lidiar con el sistema de justicia, donde a menudo se deben pagar sobornos a cambio de decisiones favorables. Un ejemplo de favoritismo fue la negativa de los tribunales a tomar un caso de 2015 que involucraba a una empresa de catering propiedad de una cuñada del vicepresidente.[14]​

También es probable que las empresas se enfrenten a la corrupción cuando tratan con el sector de los servicios públicos, en el que a menudo se exigen sobornos a cambio de licencias y permisos. Lo mismo ocurre con el sector de administración de tierras, porque los derechos de propiedad a menudo no están protegidos en la práctica y la expropiación es común, y los montos de compensación se determinan mediante negociaciones en lugar de procesos consistentes y transparentes. La corrupción en los sectores de oficinas de impuestos y aduanas también afecta a las empresas que hacen negocios en Bolivia; en este último sector, la corrupción ocurre más a menudo al importar bienes que al exportar bienes.[14]​

Adquisición de productos[editar]

El sector de adquisición de productos es especialmente corrupto, ya que se intercambian sobornos por contratos gubernamentales y los fondos públicos a menudo se desvían hacia empresas e individuos favorecidos.[14]​

Recursos naturales[editar]

Bolivia es rica en recursos naturales, un sector que es altamente propenso a la corrupción en todo el mundo.[1]​ El país es muy dependiente de las industrias extractivas, con ingresos que representan casi una quinta parte del presupuesto nacional. La Constitución de 2009 nacionalizó todos los recursos de hidrocarburos; La producción de petróleo y gas ahora está bajo el control de la empresa gubernamental YPFB. El hecho de que el gobierno controle tanto la operación como la regulación en este sector se considera ampliamente como un aumento de las oportunidades para la corrupción. Los escándalos relacionados con el nepotismo , los sobornos y otras formas de corrupción han plagado a YPFB durante años y han llevado al despido y encarcelamiento de varias personas.[1]​

La corrupción desempeñó un papel clave en el proceso de nacionalización, y los líderes de YPFB fueron enviados a prisión en 2011 por soborno y tráfico de influencias. Estos hechos intensificaron la sensación generalizada de que la afirmación del gobierno de luchar contra la corrupción no es sincera.[21]​

En 2009, un ejecutivo de una empresa boliviana-argentina de hidrocarburos, Cartler Uniservice, fue baleado en La Paz mientras presuntamente entregaba una cuantiosa comisión a la familia del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, y amigo cercano de Morales. Ramírez fue despedido y condenado a 12 años de prisión. En 2012, en un caso denominado “Santos Ramítez II”, otros dos funcionarios de YPFB fueron imputados por cohecho, abuso de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.[1]​ En 2014 cuatro altos funcionarios de YPFB fueron detenidos por corrupción y dos más por tráfico de influencias.[14]​

Las comunidades locales controlan oficialmente sus propios recursos naturales, pero no están protegidas de la intervención federal y son susceptibles a la corrupción por parte de agencias gubernamentales o corporaciones. No siempre se respeta el derecho constitucional de los ciudadanos de acceder a la información financiera sobre las industrias extractivas.[1]​

Crimen Organizado[editar]

Como se ha señalado, las autoridades policiales y aduaneras a menudo actúan en connivencia con la delincuencia organizada, aunque otros sectores también se ven afectados por este tipo de actividad.[1]​

Blanqueo de dinero[editar]

Las leyes contra el lavado de dinero se consideran insuficientes e ineficaces.[1]​

Medios[editar]

Bolivia ocupa el puesto 108 de 179 países en libertad de prensa. Aunque técnicamente se permite la libertad de expresión y de los medios, el gobierno controla la asignación de licencias para los medios impresos y de radiodifusión. Sin embargo, se dice que el estado no censura los medios de internet.[1]​

Las empresas de medios no están obligadas a divulgar información de propiedad, lo que hace posibles los conflictos de intereses y erosiona la transparencia.[1]​

Morales ha ejercido presión legal, política y económica sobre los medios de oposición, y dicha presión ha llevado a la autocensura periodística. El gobierno no investigó el asesinato de dos periodistas en 2012. Los medios son considerados “parcialmente libres”.[14]​ Una ley que prohíbe la expresión de “racismo” en los medios de comunicación se considera un intento del régimen gobernante de silenciar las críticas de la oposición a las acciones del gobierno a favor de los indigentes.[1]​

Esfuerzos anticorrupción[editar]

La Ley contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito y la Investigación Patrimonial tipifica como delito la mayoría de las formas de corrupción.[14]​ La Ley Anticorrupción de 2010, que se aplica a todos los funcionarios públicos y no tiene estatuto de limitaciones, no aborda específicamente la corrupción relacionada con los narcóticos, pero se utilizó en 2011 para presentar cargos por narcóticos y acusar a los jueces por desestimar los cargos por narcóticos.[4]​ Una ley aprobada en 2004 requiere que todas las instituciones del poder ejecutivo hagan pública su información presupuestaria y respondan de manera oportuna a las solicitudes de información. Existen varias leyes más para prevenir la corrupción en sus diversas formas. Sin embargo, ninguna de estas leyes se aplica adecuadamente.[14]​

Transparencia Internacional declaró en 2012 que Bolivia ha realizado "esfuerzos significativos" para mejorar la transparencia y destacó la declaración de "tolerancia cero" de Morales con respecto a la corrupción, pero reconoció que las leyes anticorrupción continúan aplicándose de manera deficiente y que, por lo tanto, la corrupción sigue siendo un problema grave.[1]​

El Ministerio Anticorrupción y Transparencia, fundado en 2009, tiene la tarea de promover políticas anticorrupción e investigar los casos de corrupción en todos los niveles en todas las ramas del gobierno.[4]​ En marzo de 2010, el Congreso aprobó una ley que otorga al estado amplia autoridad para probar la corrupción pública y privada. Una ley de abril de 2011 busca reducir la corrupción en la fuerza policial.[4]​ El Consejo Nacional Contra la Corrupción tiene a su cargo el seguimiento del avance del Plan Nacional contra la Corrupción.[1]​

En 2005, Bolivia ratificó la convención anticorrupción de 2003 de la ONU, aunque se olvidó de unirse a una iniciativa para inhibir el soborno de funcionarios públicos. Bolivia también es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, con un ombudsman designado para proteger los derechos humanos y proteger contra los abusos del gobierno.[4]​

Bolivia no es miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pero es signatario de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras.[14]​ La Red Participación y Justicia es una coalición anticorrupción que está integrada por más de cien organizaciones.[14]​

Varias OSC abordan la transparencia y la corrupción.[1]​ Un informe de la OEA de 2016 pidió mayores esfuerzos anticorrupción en Bolivia y elogió ciertas mejores prácticas, como la iniciativa “Mi Plataforma” en el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Escala Maestra de Salarios de los Ministerios del Poder Ejecutivo instituida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.[22]​ El Programa País Bolivia 2010-2015 de la UNODC incluye un componente anticorrupción. Junto con otros ministerios, la UNODC desarrolló siete juegos educativos para crear conciencia sobre la corrupción que se han utilizado en escuelas, parques y ferias para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.[1]​

Un artículo de septiembre de 2015 en Foreign Policy describió cómo La Paz “se liberó de una cultura omnipresente de corrupción”. Esto se dio gracias a Juan Del Granado, alcalde electo en 1999 en una plataforma de “transformación”. Cuando pidió combustible para los vehículos municipales y el proveedor le entregó un cheque por $1,000, el soborno habitual, expulsó al hombre de la alcaldía. Estableció una política de tolerancia cero con los sobornos. Los exalcaldes, incluidos Gaby Candia, Lupe Andrade y Germán Monroy Chazarreta, fueron procesados ​​y encarcelados. En 2004, Del Granado estableció una Unidad de Transparencia, que proporcionó una línea de denuncia telefónica especial, una dirección de correo electrónico y un procedimiento de quejas en línea para denunciar casos de corrupción, y cuyo personal se hizo pasar por usuarios del servicio público para descubrir a los funcionarios que exigían pagos irregulares y sobornos. Del Granado también instituyó premios a las buenas prácticas, entregando premios a los empleados de la ciudad “eficientes, transparentes, cordiales y honestos”. Además, hizo cumplir enérgicamente la Ley del Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental (SAFCO) de 1990 y alentó la participación ciudadana en la gobernabilidad vecinal.[23]​

Referencias[editar]

  1. ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac «Overview of Corruption in Bolivia». Transparency International. 
  2. ↑ «Bolivia». Heritage Foundation. 
  3. ↑ a b c d «Bolivia: A Development Overview». Foundation for Sustainable Development. Archivado desde el original el 6 de enero de 2009.  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  4. ↑ a b c d e f g h i j k l «Bolivia – Corruption». Global Security. 
  5. ↑ «The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is calculated». Transparency.org (en inglés). Consultado el 17 July 2022. 
  6. ↑ «Corruption Perceptions Index 2021: Bolivia». Transparency.org (en inglés). Consultado el 17 July 2022. 
  7. ↑ «Anti-corruption in Bolivia: fighting greed - or attitudes?». Development Leadership Program. 29 de junio de 2015. 
  8. ↑ Wickberg, Sofia. «Bolivia: overview of corruption and anti-corruption». U4 Anti Corruption Resource Centre. 
  9. ↑ Daza, Jhanisse Vaca (Dec 22, 2015). «Corruption scandal engulfs 'Evo Morales' government in Bolivia». The Oslo Times. Archivado desde el original el January 12, 2017. Consultado el August 10, 2016.  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  10. ↑ «Bolivian president fends off corruption claims: 'We have nothing to hide'». The Guardian. 11 de febrero de 2016. 
  11. ↑ a b Hennigan, Tom (19 de febrero de 2016). «Corruption scandal leaves Morales vulnerable in Bolivian vote». Irish Times. 
  12. ↑ «Bolivia President Morales' ex-lover held in corruption inquiry». BBC. 26 de febrero de 2016. 
  13. ↑ Zuleta, Juan Carlos (2008). «Combating Corruption in the Revenue Service: The Case of VAT Refunds in Bolivia». CHR. Michelsen Institute. 2008:14. 
  14. ↑ a b c d e f g h i j «Business Corruption in Bolivia». Business Anti-Corruption Portal. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2016. Consultado el 11 de agosto de 2016.  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  15. ↑ a b Gurney, Kyra (Jan 12, 2015). «Bolivia Steps Up Fight Against Corruption». Insight Crime. 
  16. ↑ Pachico, Elyssa (3 de noviembre de 2014). «Corrupt fighting the corrupt in Bolivia? Majority of prosecutors linked to crimes». Christian Science Monitor. 
  17. ↑ «Bolivia: Impunity and the Control of Corruption in the Fight Against Drugs». Transnational Institute. Apr 1, 1997. 
  18. ↑ a b c Davis, Eliza (23 de julio de 2015). «Drug Trafficking in Bolivia: Combating Police Corruption Should Not Be the Only Solution». Council on Hemispheric Affairs. 
  19. ↑ «Undercover Agents Will Fight Police Corruption In Bolivia». Dialogo Americas. Apr 7, 2011. 
  20. ↑ Bojanic, Antonio N. (28 de mayo de 2014). «The effect of coca and FDI on the level of corruption in Bolivia». Latin American Economic Review 23. S2CID 3758935. doi:10.1007/s40503-014-0011-5.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  21. ↑ Hall, Patrick (13 de marzo de 2012). «Losing Bolivia: Evo Morales' Failing Presidency». International Policy Digest. 
  22. ↑ «OAS ANTI-CORRUPTION MECHANISM ADOPTS REPORT ON BOLIVIA». Organization of American States. 
  23. ↑ Zuniga, Nieves; Heywood, Paul M. (11 de septiembre de 2015). «Cleaning Up La Paz». Foreign Policy Magazine. 

Enlaces externos[editar]

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