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Gobierno[editar]
Los tres elementos principales del Estado imperial romano eran el gobierno central, las fuerzas armadas y los gobiernos provinciales. Las fuerzas militares imponían el dominio de un territorio mediante campañas militares. Sin embargo, después de que una ciudad o un pueblo firmaran tratados de cooperación, las misiones militares se convertían en misiones policiales, en las que protegían a los ciudadanos romanos y, a partir del año 212, a todos los hombres libres del Imperio, los campos de cultivo y los lugares religiosos. Sin recursos modernos para la comunicación o la destrucción masiva, los romanos no disponían de suficiente capital humano para imponer su dominio sólo con la fuerza. La cooperación con las élites locales era necesaria para mantener el orden, reunir información y recaudar impuestos. Además, solían explotar las divisiones políticas internas entre los pueblos asimilados, apoyando a una facción contra otra. Las comunidades que demostraban su lealtad a Roma podían mantener sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y, en casos excepcionales, estaban exentas de la fiscalidad central. Los privilegios legales y la relativa independencia incentivaban el interés de la población por mantener su reputación ante Roma. Así, el poder del gobierno central romano era limitado, aunque eficiente en el uso de los recursos disponibles.
Gobierno central[editar]
El emperador era la máxima autoridad religiosa y política del Imperio, reservándose facultades que durante la República se atribuían al Senado, como el derecho a declarar la guerra, ratificar los tratados y negociar con los dirigentes extranjeros. La autoridad del emperador se basaba en la concentración de los poderes de varios cargos republicanos, como la inviolabilidad y la autoridad sobre el poder civil de los tribunos de la plebe, la autoridad sobre el ejército de los procónsules y la autoridad de los censores para manipular la jerarquía de la sociedad romana y controlar el Senado. Aunque las funciones del emperador estaban definidas durante el Principado, con el tiempo el poder del emperador se alejó del modelo constitucional y se acercó progresivamente al de despotismo característico del Dominado. La muerte de un emperador provocaba un periodo de incertidumbre y crisis. La mayoría de los emperadores designaban a su sucesor, normalmente un familiar cercano o un heredero adoptivo, quien tenía que asegurarse la lealtad del aparato estatal para estabilizar el panorama político.
Los emperadores de la dinastía Julio-Claudia contaban con la ayuda de un cuerpo informal de asesores, que incluía no sólo a senadores y ecuestres, sino también a esclavos y libertos de confianza. Tras el reinado de Nerón, la influencia de este consejo fue vista con recelo y el concilio (consilium) paso a ser elegido por designación oficial. Aunque hasta el final de la dinastía Antonina los senadores asumían el protagonismo en las decisiones políticas, la influencia de los ecuestres en el consejo fue aumentando paulatinamente. Además, las mujeres de la familia del emperador intervenían a menudo en sus decisiones. Fuera de su círculo reservado, el acceso al emperador tenía lugar durante una recepción diaria (salutatio), inspirada en la tradición romana del homenaje diario de los clientes a sus patrones, durante el cual se celebraban ceremonias religiosas y banquetes públicos en el palacio. Los ciudadanos comunes sin acceso a estas recepciones podían manifestarse en grupos durante los juegos celebrados en los grandes recintos. En el siglo IV, con el declive de los centros urbanos, los emperadores cristianos se convirtieron en figuras públicas, emitiendo decretos generalistas y dejando de responder a las peticiones individuales.
El Senado sobrevivió a la restauración de Augusto y al turbulento año de los cuatro emperadores, lo que le permitió conservar durante el Principado el prestigio político que tenía en la República, aunque sin suficiente poder político para oponerse a la voluntad del emperador. Era el Senado el que legitimaba el gobierno de este último, y este necesitaba la experiencia de los senadores como legados para las funciones de generales, diplomáticos y administradores. El ejército era la fuente pragmática del poder y la autoridad del emperador. Los legionarios cobraban del tesoro imperial y cada año juraban fidelidad al emperador durante el sacramentum. Ningún emperador podía reinar sin el apoyo de la Guardia Pretoriana y de las legiones, por lo que era habitual que se pagara un donativum para asegurar su apoyo. En teoría, el Senado era libre de elegir al nuevo emperador, aunque en la práctica lo hacía según los deseos de los pretorianos.
Gobierno provincial[editar]
Para que un territorio anexionado se convirtiera en provincia, se requería un inventario de los pueblos, un censo de población y un levantamiento topográfico. La administración llevaba entonces varios registros, entre ellos los de nacimientos y defunciones, transacciones de propiedades y procedimientos judiciales. Las provincias eran administradas por gobernadores romanos. Las provincias senatoriales eran gobernadas por magistrados elegidos en Roma en nombre del pueblo romano. Las provincias imperiales, excluidas del control del Senado, eran gobernadas por miembros del orden ecuestre que administraban el imperium en nombre del emperador. Un gobernador debía ser accesible a la población gobernada, aunque podía delegar diversas tareas, para lo que contaba con un cuadro de funcionarios: aparitores (apparitores; asesores), que incluían lictores, mensajeros, escribas y guardaespaldas; legados civiles y militares, normalmente de la orden ecuestre; y un consejo no oficial de personas de confianza.
Las finanzas públicas eran supervisadas por funcionarios designados para el cargo. Durante el Imperio se reformó el sistema fiscal, lo que condujó a su separación de los tribunales y de la administración pública, ya que durante la República era habitual la explotación de la población local. Los procuradores, cuya autoridad era extrajudicial y extraconstitucional, administraban no sólo los bienes del Estado, sino la vasta propiedad del emperador (res privata). Como había pocos funcionarios en los gobiernos locales, si un administrador provincial necesitaba apoyo en una disputa legal o en un caso criminal, podía recurrir a cualquier ciudadano romano con cierta competencia administrativa, como un procurador o un oficial militar, desde un centurión hasta los rangos inferiores.