Tribus soberanas de los Estados Unidos

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Mapa de los territorios indios de los Estados Unidos.

Las tribus indígenas estadounidenses poseen autonomía de tal manera que sus leyes son superiores a las de los Estados y sólo son inferiores a las Leyes Federales, de acuerdo con los diversos dictámenes de la Corte Suprema de Justicia.[1]

Sobre esto en el caso Worcester contra Georgia (1832) la Suprema Corte dictaminó que sólo el gobierno federal de los Estados Unidos tiene derecho a relacionarse con las tribus amerindias y no así los gobiernos estatales, esto por cuanto las tribus eran naciones soberanas que suscribieron tratados con el Reino Unido de Gran Bretaña del cual los Estados Unidos eran sucesores en el continente.[2]​ Por ende, la relación entre tribus nativas y el resto de los Estados Unidos es «entre naciones». No obstante, las tribus indígenas seguían estando supeditadas ante el gobierno federal y la Constitución.[3]​ Previamente ya la Corte Suprema había establecido esto durante el caso de la Nación Cheroqui contra Georgia de 1831 en que la primera demandó a los Estados Unidos presentando su caso ante la Corte haciendo uso del derecho internacional al presentarse como una nación extranjera que demanda a otra. Los magistrados establecieron que la nación cheroqui y las demás tribus indígenas son efectivamente naciones por derecho propio, pero no son Estados extranjeros y por lo tanto, no les aplica el derecho internacional y que su relación con los Estados Unidos es la de un «protegido y su tutor».[4]

En general, la jurisprudencia estadounidense plantea básicamente los siguientes criterios jurídicos respecto a la autonomía india:[5]

  • Las reservas indias son naciones autónomas pero no independientes de los Estados Unidos, por lo cual éste maneja sus relaciones exteriores y acuñación de moneda.
  • Sus leyes son válidas y aplicables en su territorio aunque contravengan las leyes estatales y sólo están por debajo de la Constitución y de las leyes federales expresamentes dictadas para tal efecto.
  • Sólo el Gobierno Federal puede interactuar con los gobiernos tribales, no así los gobiernos estatales.[6]
  • El Congreso es el único que tiene potestad para limitar esta autonomía y derechos, no así los congresos estatales.
  • Todo aquello que no se diga expresamente en un tratado o ley federal que no pueda ser hecho por una tribu india, se entenderá como parte de la soberanía autónoma de la misma y podrá regularlo según su criterio.

Respecto a la aplicación de la Ley, ya desde el siglo XIX se crearon las primeras policías tribales para mantener el orden dentro del territorio. Actualmente casi todas las reservas indias poseen sus propias cortes llamadas Cortes Tribales. En el caso Iron Crow contra la Tribu Oglala Sioux donde una pareja de amantes condenados por adulterio según la ley tribal apeló el castigo ante la Suprema Corte argumentando que eran ciudadanos estadounidenses y ni la ley federal ni la estatal castigaban el adulterio, la Corte estableció que estaba entre las potestades de la Tribu aplicar sus propias leyes y mantuvo la condena.[7]​ A la inversa en Oliphant contra la tribu india Suquamish la Corte estableció que la jurisdicción tribal no aplica sobre no amerindios, así que las leyes y castigos implementados por las Cortes Tribales no pueden aplicarse a personas de otras etnias, si bien tienen el derecho a expulsar de sus tierras a los que consideren indeseables.,[8]

Dado este criterio de autonomía diversas tribus amerindias estadounidenses han creado actividades lucrativas como casinos, que son ilegales en muchos Estados.[9][10]

Referencias[editar]

  1. Charles F. Wilkinson, Indian tribes as sovereign governments: a sourcebook on federal-tribal history, law, and policy, AIRI Press, 1988
  2. Conference of Western Attorneys General, American Indian Law Deskbook, University Press of Colorado, 2004
  3. N. Bruce Duthu, American Indians and the Law, Penguin/Viking, 2008
  4. Wilkinson, C. (1988). American Indians, Time, and the Law: Native Societies in a Modern Constitutional Democracy, Yale University Press
  5. Robert J. McCarthy, The Bureau of Indian Affairs and the Federal Trust Obligation to American Indians, 19 BYU J. PUB. L. 1 (December, 2004)
  6. Boller, Paul F.; John H. George (1989). They Never Said It: A Book of False Quotes, Misquotes, & False Attributions. New York, NY: Oxford University Press. p. 53. ISBN 978-0-19-506469-8. 
  7. Bruce Elliott Johansen: The encyclopedia of Native American legal tradition, pp. 155-156, Greenwood (1998) ISBN 0-313-30167-0
  8. French, Laurence Armand. Native American Justice. Chicago, IL: Burnham Inc., Publishers, 2003. pg. 59
  9. «Gaming Tribe Report». National Indian Gaming Commission. 6 de julio de 2011. Consultado el 18 de febrero de 2013. 
  10. «NIGC Tribal Gaming Revenues». National Indian Gaming Commission. 2011. Consultado el 18 de febrero de 2013.