Seguro

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Un seguro es un contrato por el que una persona (el asegurador) se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Así lo define el artículo primero de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (BOE núm. 250, de 17 de octubre de 1980), que es la vigente en España. En este contrato intervienen un asegurador o compañía de seguros, que es quien vende el seguro y quien cubre el riesgo y el asegurado o tomador del seguro, que es la persona que compra la póliza de seguro y paga la prima. A veces no es la misma persona, pues uno puede ser el que haya contratado el seguro, que es el tomador y ser distinto quien esté garantizado o asegurado, como sucede por ejemplo en los seguros colectivos de accidentes que contratan las empresas en favor de sus trabajadores.

La cantidad de dinero que se cobra por una cierta cantidad de cobertura de seguro o suma asegurada, se llama prima. La prima garantiza que la suma asegurada se remunerará en caso de perdida.

La gestión del riesgo, que es la práctica de la evaluación y control del mismo, se ha desarrollado como un campo discreto de estudio y práctica.

La transacción implica que el asegurado supone una pérdida relativamente pequeña y conocida en la forma de pago de una prima a la aseguradora a cambio de la garantía de la compañía de seguros para compensar (indemnizar) al asegurado en el caso de una pérdida financiera o comercial.

El asegurado recibe un contrato, denominado la póliza de seguro, que detalla las condiciones y circunstancias en las que el asegurado será compensado económicamente.

Desde un punto de vista matemático, el seguro transforma los riesgos a los que están sometidos las personas en probabilidades soportables a través de una organización.[1] El seguro se configura como una pieza básica de la actual estructura social.[2] La institución del seguro tiene dos grandes manifestaciones en la sociedad:

  • Seguridad Social, que es un sistema obligatorio de cobertura, administrado por el Estado, dirigido a proporcionar protección y bienestar a los ciudadanos, que suele garantizar una prestación económica en caso de jubilación, incapacidad laboral, fallecimiento, desempleo etc.
  • Seguros privados que cubren y protegen a las personas o entidades que contrata, pudiendo ser de suscripción obligatoria o voluntaria. Ejemplos de seguros privados son los seguros de robo o incendio de un inmueble o los seguros de automóviles o de accidentes de personas.

Historia[editar]

Sala de suscripciones de Lloyds en Londres, 1809.

Los métodos para transferir o distribuir el riesgo fueron practicados por los comerciantes chinos y babilonios ya en el tercer y segundo milenio antes de Cristo, respectivamente.

Los comerciantes chinos que viajan rápidos traicioneros de los ríos, distribuían sus productos en varios buques y con ello limitaban la pérdida debido a la zozobra de alguno de ellos.

Los babilonios desarrollaron un sistema que fue grabado en el famoso Código de Hammurabi, c. 1750 AC, y practicado por los primeros comerciantes de vela del Mediterráneo. Si un comerciante recibía un préstamo para financiar su cargamento, le pagaba al prestamista una suma adicional, a cambio de la garantía del mismo de cancelar el préstamo si este era robado o perdido en alta mar.

En algún momento del primer milenio antes de Cristo, los habitantes de Rodas crearon el "promedio general". Esto permitió a los grupos de comerciantes el pagar para asegurar que sus bienes se enviaran juntos. Las primas cobradas se utilizaban para reembolsar a cualquier comerciante cuyos bienes fueran desechados durante el transporte, ya sea por tormenta o hundimiento.

Los contratos de seguros separados (es decir, las pólizas de seguro no incluido con préstamos u otros tipos de contratos) fueron inventados en Génova en el siglo 14, al igual que los consorcios de seguros respaldados por fiadores con propiedades. Los primeros contratos de seguros de Génova datan de 1347, y en el siguiente siglo los seguros marítimos se desarrollaron ampliamente y las primas fueron intuitivamente variadas según el riesgo. Estos nuevos contratos de seguros permitió que los seguros se separaran de las inversiones, lo cual se mostró como útil por primera vez en los seguros marítimos.

Aspectos macroeconómicos[editar]

Desde el punto de vista macroeconómico, la institución del seguro proporciona dos grandes aportaciones:

  • Estímulo de la inversión. Según Kenneth Arrow, el desplazamiento del riesgo que supone el seguro es muy provechosa desde un punto de vista social ya que induce el emprendimiento de nuevas actividades económicas y puede afirmarse que en ausencia de actividad aseguradora, el volumen de inversión sería menor y en definitiva disminuiría la renta y el bienestar de la población.[3] [2]
  • Contribuye a evitar las desigualdades. El seguro evita los empobrecimientos extremos que tienen su causa en fallecimientos o siniestros, contribuyendo a una mayor equidad económica.

El contrato de seguros[editar]

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

El contratante o tomador del seguro, que puede coincidir o no con el asegurado, por su parte, se obliga a efectuar el pago de esa prima, a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, la cual le evita afrontar un perjuicio económico mayor, en caso de que el siniestro se produzca.

Sector asegurador[editar]

Las empresas de seguros son intermediarios financieros desde el punto de vista económico y financiero. Este sector se diferencia de otros sectores económicos en que, para iniciar su actividad, necesita un capital fijo relativamente pequeño, puesto que no necesita realizar grandes inversiones en activos para ejercer su actividad y su capital circulante se lo anticipan sus propios clientes a cuenta del producto que ha de empezar a fabricar en ese momento (la seguridad), y que ha cobra por adelantado. Por eso, teóricamente, sus necesidades técnicas de financiación son muy pequeñas. Por otra parte, el producto que comercializan, la seguridad, se garantiza a todos los clientes, aunque la entrega solo se efectúa a una parte de la clientela. El tiempo juega además a favor del asegurador, ya que el coste correspondiente (la siniestralidad) se reparte posponiéndose y dando lugar, entretanto, a un cúmulo de ahorro que forman las denominadas provisiones técnicas; por eso, desde un punto de vista financiero, el tomador de una póliza de seguros es un prestamista que proporciona un crédito al asegurador para que fabrique el producto, (la seguridad), convirtiéndose de esta forma el asegurador en un mero inversor de los fondos que no consumidos.[2]

La actividad aseguradora, por su propia naturaleza, convierte en inversión a largo plazo lo que, en general, no fue siquiera considerado ahorro por el contratante del seguro. Sin embargo, se trata de ahorro que desde el punto de vista financiero es muy estable y a largo plazo.

En la Unión Europea así como en la mayoría de los países del mundo, las aseguradoras privadas están sometidas a un control y supervisión por parte de las autoridades administrativas y para poder operar necesitan obtener una autorización especial que LINDE PANIAGUA, E. ha denominado Autorización Conformadora y que las somete a un control constante de su actividad. Ello es así porque el seguro es un contrato en el que el asegurado paga la prima por adelantado, en tanto que la aseguradora le indemnizará a posteriori cuando ocurra el siniestro y por ello es de interés público que para entonces la aseguradora tenga capacidad financiera para hacerlo. Todo esto se hace bajo disposiciones de Derecho Administrativo que dictan las autoridades. ENRIQUE LINDE PANIAGUA, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha estudiado este aspecto del Derecho Administrativo de los seguros privados en sus obras "DERECHO PÚBLICO DEL SEGURO" (1977, editorial Montecorvo) y "PARTE ESPECIAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD" (2012, editorial Colex) entre otras muchas, siendo muy novedoso en su momento que se pretendiera la existencia de un Derecho Público o Administrativo de los seguros privados. Hoy en cambio es una idea aceptada por toda la doctrina, una parte de la cual incluso se ha especializado en el estudio de esta parte del Derecho Administrativo como es el caso de JESÚS LÓPEZ-BREA LÓPEZ DE RODAS, profesor también de dicha Universidad, quien ha profundizado en el estudio de este fenómeno en sus obras "ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO" (2013 editorial Tirant Lo Blanch) en la que propone se dividan los seguros privados en tres grandes tipos: I) los seguros forzosos (como el seguro obligatorio de viajeros), II) los seguros obligatorios (como el seguro de circulación) y III) los seguros voluntarios (como el seguro de vida) y "LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN (EIOPA)" (2015 editorial Dykinson). En España este control de las aseguradoras privadas lo lleva el Ministerio de Hacienda y Competitividad a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), organismo con sede en Paseo de la Castellana, 44 (28046) Madrid y página web http://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/contacto.asp en tanto que en la Unión Europea la supervisión la lleva la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación -EIOPA- (European Insurance and Occupational Pensions Authority) con sede en Westhafenplatz 1, (60327) Fránckfort (Alemania) y cuya página web es: https://eiopa.europa.eu/

El art. 149.11 de la Constitución Española otorga la competencia en la legislación básica de los seguros al Estado y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE núm. 168, de 15 de julio de 2015) es la disposición que regula la forma en que debe hacerse a partir del 1 de enero de 2016 ese control de las aseguradoras privadas por la Administración. A nivel de la Unión Europea esa supervisión viene regulada por la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DOUE núm. L335, de 17 de diciembre de 2009).

Elementos de una operación de seguro[editar]

Normativa[editar]

España[editar]

En España, hasta el 31 de diciembre de 2015 el seguro se rige por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados,[4] , siendo la Ley aplicable a partir del 1 de enero de 2016 la nueva Ley 20/2015 antes citada y por el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre,[5] , el cual debería ser derogado y sustituido por uno nuevo ya que éste fue promulgado no para la Ley de 2004, si no para la ley anterior, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre ( BOE núm. 268, de 9.11.1995), o sea que nos podemos encontrar, si no se promulga uno nuevo antes del 1 de enero de 2016, con que la Ley vigente en ese momento tendrá un Reglamento promulgado no para la ley anterior, que ya sería grave, si no para la anterior de la anterior. Los aspectos mercantiles del contrato de seguro se rigen por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.[6] , si bien hay que destacar que los preceptos de esta Ley, aunque tienen carácter imperativo, no prevalecen sobre lo que las partes hayan dispuesto en la póliza, ya que siempre son válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.

En relación con las entidades aseguradoras, la ley indica que la actividad aseguradora únicamente podrá ser realizada por entidades privadas que adopten la forma de sociedad anónima, mutua, cooperativa (cooperativa de seguros) y mutualidad de previsión social. También podrán realizar la actividad aseguradora las entidades que adopten cualquier forma de Derecho público, siempre que tengan por objeto la realización de operaciones de seguro en condiciones equivalentes a las de las entidades aseguradoras privadas.[7]

De acuerdo con el artículo 101 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, son cooperativas de seguros las que ejerzan la actividad aseguradora, en los ramos y con los requisitos establecidos en la legislación del seguro[8] y, con carácter supletorio, por la Ley de Cooperativas. A la hora de ver la legislación de cooperativas, conviene además mirar las disposiciones de las Comunidades Autónomas sobre la materia, pues se trata de una competencia transferida a ellas y la mayoría tiene promulgada su propia ley autonómica de cooperativas, como por ejemplo la promulgada por la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas (BOE núm. 194, de 14 de agosto de 2015 y DOGC núm. 6914, de 16 de julio de 2015 y corrección de errores DOGC núm. 6917, de 21 de julio de 2015). Nuestras autoridades legislan sobre las cooperativas de seguros, tanto en las normas sobre cooperativas como en las normas sobres seguros, a pesar de que, como demostró Jesús López-Brea López de Rodas en su trabajo de investigación "La competencia en la supervisión de los seguros privados" (Diario La Ley núm. 8.103 de 12 de junio de 2013), no hay, ni ha habido, en España constituida ninguna cooperativa de seguros.

El acceso a la actividad aseguradora por parte de una entidad española está supeditado a la previa obtención de una autorización administrativa que se otorga por el Ministro de Economía y Competitividad y se tramita ante la DGSFP. Ésta es la autorización a la Enrique Linde Paniagua denominó, con indudable acierto, "autorización conformadora'' pues es la que permite a cada aseguradora privada en particular el poder desarrollar su actividad aseguradora en forma legal.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Definición de seguros». Consultado el 1 de diciembre de 2012. 
  2. a b c San Antonio, M Carmen. «El sector Asegurador». En Escuela de Hacienda Pública. Ministerio de Economía y Hacienda. Compendio de derecho financiero y sistema fiscal español. ISBN 84-7196-884-3. 
  3. Error en la cita: Etiqueta <ref> inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Tortella
  4. Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados
  5. Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
  6. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
  7. Artículo 7 de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
  8. Principalmente, por la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados]], en sus artículo artículos 9 y 10

[1]

Enlaces externos[editar]

  • Nociones Básicas de Oficina - Carlos Zavarse y Miriam Ledezma