Segundo gobierno de Alan García Pérez

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Segundo Gobierno de Alan García Pérez
(2006-2011)
Escudo nacional del Perú.svg
Autoridades
Vicepresidentes Luis Giampietri Rojas
Lourdes Mendoza del Solar
Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Gálvez
Yehude Simon Munaro
Javier Velásquez Quesquén
José Antonio Chang
Rosario Fernández Figueroa
Datos Generales
Elegido en Elecciones generales de 2006
Toma de mando 28 de julio de 2006
Fin del gobierno 28 de julio de 2011
Gobierno Anterior Gobierno de Alejandro Toledo
Gobierno Posterior Gobierno de Ollanta Humala
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El segundo gobierno de Alan García inició el 28 de julio de 2006, y culminó el 28 de julio de 2011.

Período de transición[editar]

Alan García fue elegido en las Elecciones generales de 2006 con un 52,62% en la segunda vuelta electoral y ganó al candidato nacionalista Ollanta Humala.

El 20 de julio, García anunció que el Ministro de Economía sería Luis Carranza Ugarte y el de Relaciones Exteriores, Jose Antonio García Belaúnde.[1]

Toma de mando[editar]

El viernes 28 de julio de 2006 se realizó la ceremonia de transmisión de mando.

A la ceremonia, acudieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Álvaro Uribe Vélez de Colombia, Alfredo Palacio González de Ecuador, Elías Antonio Saca González de El Salvador, Martín Torrijos Espino de Panamá, Nicanor Duarte Frutos de Paraguay; además del Rey de España: Juan Carlos de Borbón, el presidente del senado de Argelia, Abbelkader Bensalah; el ministro de Cultura de China, Jian Zheng Sung; el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborm y el secretario de Estado de Polonia, Andrzeg Krawczyk. Representando a otros países, viajaron representantes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Rusia, China, Luxemburgo, México, Argelia, Japón y demás delegaciones oficiales.[2]

Gobierno[editar]

Economía[editar]

Este segundo gobierno de García se caracterizó por su marcado interés en favorecer la inversión extranjera, por el deseo de acelerar la integración del Perú con los grandes mercados mundiales y de alentar al empresariado a inyectar sus capitales en el país. En ese sentido, siguió los lineamientos de la política económica trazada desde 1990, es decir, tras el fin de su primer gobierno.

Crecimiento económico[editar]

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2006 fue de casi el 8% y para los dos años siguientes, bordeó el 9%; por efectos de la crisis mundial, en 2009 se creció en 1,12% y en 2010 se elevó a 8,78%. En promedio, el PBI creció durante los cinco años en 7,2%, a pesar de la proyección inicial de 5,3%. Indudablemente, los precios internacionales de los metales fueron los principales responsables de ese crecimiento. El gobierno dejó unas reservas internacionales netas por 47.059 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva (BCR). Gracias a un apropiado manejo de la economía, el Perú superó sin sobresaltos la recesión mundial, que en cambió golpeó a las principales potencias económicas como Estados Unidos y China.[3]

Tratados de Libre Comercio[editar]

Continuó la agresiva política de firma de tratados de libre comercio (TLC) iniciada por su predecesor. Finiquitó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a los que siguieron los realizados con Chile, China, Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea. Parte de la bonanza en las exportaciones peruanas se debió al contexto creado por esta política, que abrió amplios y nuevos mercados.[3]

Aspecto social[editar]

Educación[editar]

Mediante el decreto de urgencia Nº 004-2009 dado el 9 de enero de 2009 se creó el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, con el fin de modernizar y reforzar la infraestructura de 20 colegios en Lima y Callao, y otros 21 en el resto del país.[4]​ Su objetivo era alcanzar, en las escuelas y colegios estatales, una educación de excelencia con igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, se cuestionó el hecho de que, al término del gobierno, muchas de las obras estuvieran inconclusas.[5]

Además, promulgó la Ley de la Carrera Pública Magisterial, que promueve la meritocracia, pero que ha sido cuestionada desde varios sectores del profesorado.[3]

Conflictos sociales[editar]

El gobierno de García debió soportar, al igual que el anterior de Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, preponderantemente en oposición a los proyectos mineros. Ocurrieron el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009); las protestas en Espinar en contra del proyecto Majes Siguas II; el reclamo de la comunidad cusqueña de La Convención por los beneficios del gas de Camisea; y el dilatado paro en Islay, en contra del proyecto Tía María. Y otras más en Puno, Huancavelica y Junín, ocurridas en la postrimerías del gobierno y que llegaron incluso a peligrar el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2011.[3]

El episodio más sangriento fue evidentemente el llamado Baguazo. El 5 de junio de 2009, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas ordenó que la policía recuperara las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos que las habían bloqueado en la región de Bagua. Los indígenas se manifestaron contra los decretos especiales que habían sido decretados por el Poder Ejecutivo, que regulaban la explotación de las tierras eriazas para la explotación de recursos naturales no renovables y renovables. En el intento de desbloquear fallecieron 34 indígenas y 24 policías. Según algunos testigos, los cuerpos de los indígenas asesinados fueron arrojados a los ríos. Además, una parte importante de los policías enviados habrían sido ejecutados por un grupo de indígenas, estando los policías desarmados. Estos hechos no pudieron ser confirmados ni por la Defensoría del Pueblo ni por la Misión especial enviada por la ONU. Tras ello el congreso interpeló al premier Yehude Simon y a la Ministra Mercedes Cabanillas; luego se presentó una moción de censura contra ambos, la cual no prosperó. El 8 de julio, Alan García anunció cambios en el gabinete y el 11 de julio Javier Velásquez Quesquén fue nombrado Premier.[6]

Caso Fujimori[editar]

Alberto Fujimori durante uno de sus procesos durante 2007-2009

El 6 de noviembre de 2005, Fujimori viajó a Chile, donde al día siguiente fue capturado por las autoridades de aquel país. El 11 de noviembre del mismo año, aplicaron un proceso de extradición en su contra. El fallo de fecha 21 de septiembre de 2007 la corte suprema de chile aprobó la petición del poder judicial en el Perú para extraditarlo, teniendo así aspectos positivos como negativos. El fallo ratifica y confirma la aplicación plena en el orden interno de una serie de principios de derecho internacional penal; de igual manera, éste confirma la aplicación plena en el orden interno de una serie de principios cardinales en una materia de derecho internacional. Los órganos jurisdiccionales dejaron pasar una gran oportunidad para poder desarrollar ciertos principios fundamentales del derecho internacional penal y su plena vigencia en el derecho interno. jefe de estado acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. En abril del 2009, luego de 16 meses y 161 audiencias, la sala penal de la corte suprema, dirigida por el juez Cesar San Martín , condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori , pues se le encontró culpable de los cuatro casos que comprendían el juicio por violaciones de los derechos humanos - La Cantuta, Barrios Altos, el secuestro al periodista Gustavo Andrés Gorriti y también el secuestro del empresario Samuel Dyer -; de tal modo que Fujimori se convierte en el primer ex presidente de la región elegido democráticamente en ser condenado y permanecerá preso hasta el 10 de febrero de 2032 y además deberá indemnizar a 29 agraviados por un valor de 90 mil dólares.

Terremoto de 2007[editar]

El 15 de Agosto de 2007, Perú sufrió un terremoto de 7.9 grados, con epicentro en Chincha y Pisco. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que aproximadamente habían 58,581 viviendas destruidas y 13,585 viviendas afectadas en las regiones de Ica, Lima, Junín y Huancavelica. Asimismo reportó 519 muertos de los cuales 338 se reportaron en Pisco; adicionalmente informa de 1,366 heridos. El Ministerio Público reporta 42 desaparecidos en Pisco; informaciones extraoficiales han señalado que el sismo ha dejado al menos 1.500 heridos y 58,581 damnificados.Por lo que el Gobierno de Alan García tuvo que tomar medidas para asumir la reparación de las víctimas y las desgracias dadas. Este momento fue importante para la aceptación de García debido a que la población percibió que el presidente estaba presente durante los días posteriores al desastre; García y la PCM se quedaron varios días en la zona. Como respuesta al desastre, el Gobierno Peruano promulgó la Ley No. 29078 creando el Fondo de Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 – FORSUR. Esta norma declaró en emergencia y de interés nacional la ejecución de planes y proyectos destinados a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, centros educativos, hospitales, postas médicas, así como la infraestructura de comunicaciones, caminos, riego, energía eléctrica, saneamiento, rehabilitación urbana y otros servicios públicos en las zonas declaradas de emergencia. Las acciones que envolvieron al Plan, se realizaron con muchas fallas y grandes redes de corrupción; según el Estado hubo un progreso en la situación de Ica pero las ONG’s y la población no comparten dicha información. Se ha llegado a considerar que la participación que tuvo el gobierno ante la desgracia, fue patética.

Región Población Total Familia Damnificada Población Damnificada Porcentaje Población Damnificada
CHINCHA 184,349 15,730 78,650 42.7%
ICA 319,511 13,813 69,065 21.6%
PISCO 132,505 17,697 88,485 66.8%
PALPA 19,819 138 690 3.5%
CAÑETE 177,925 3,429 17,145 9.6%
YAUYOS 29,488 2,590 12,950 43.9%
TOTAL 863,597 53,397 288,985 30.9%

El discurso del Perro del Hortelano[editar]

En el diario El Comercio, entre octubre del 2007 y marzo de 2008, fueron publicados tres entregas periódicas dominicales escritas por Alan García; el objetivo de esta producción fue “destacar toda la riqueza que el país tiene, pero no utiliza por razones ideológicas o burocráticas” y “proponer una receta para acabar con el problema”. Los artículos giraban alrededor de tres temas: la puesta en valor de los recursos económicos del país a través de la inversión de grandes capitales y regímenes de propiedad privada, el rol del Estado, y el rol de los actores que participan o no en este proceso; estos tres documentos son conocidos como “el discurso del perro del hortelano”. García utilizó el dicho proveniente del dramaturgo español Lope de Vega, el cual define al “perro del hortelano” como un animal que no come pero tampoco deja comer, así que todo aquel que manifestara una postura crítica ante el modelo era convertido en un “perro del hortelano”, es decir, en “un enemigo de la democracia y progreso del país”. Los discursos denotaban una postura crítica ante los izquierdistas, «caviares»; él consideraba que habían fracasado políticamente pero que seguían controlando los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. El problema se presentó que al criticar a estos «caviares» también criticó´ las banderas las cuales ellos defienden: los derechos humanos, el combate a la exclusión social, el fortalecimiento de las instituciones.La polémica columna fue altamente cuestionada debido a sus dosis de racismo, aunque, también fue asumido como correcto en distintas esferas estatales. El respaldo que ejerció el diario El Comercio, ayudó a la valorización del mensaje de Alan García, ya que asumió como que las recetas presentadas: “quitar al Estado la obsesión del control total”, “liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja”, “abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene el país”, consistía en los mismos marcos interpretativos de su cobertura periodística.

Aspecto Internacional[editar]

Además de las firmas de los TLC ya mencionadas, en el aspecto internacional es de destacar la demanda presentada por el Estado Peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para solucionar la Controversia de delimitación marítima entre Chile y el Perú sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37 900 km² en el océano Pacífico. El 16 de enero de 2009, el embajador peruano Allan Wagner Tizón, entregó en la sede de la Corte la demanda y el 13 de marzo presentó la memoria que sustentaba la posición peruana; mientras que Chile presentó su contramemoria el 9 de marzo de 2010. La réplica peruana se dio el 9 de noviembre de 2010 y la dúplica chilena el 11 de julio de 2011. La Corte, luego de analizar las posiciones de los dos países, dio su fallo el 27 de enero de 2014, ya bajo el gobierno de Ollanta Humala. Por este fallo el Perú recobró 50 mil km² de mar.[7]

En el 2008 Lima fue sede de la cumbre APEC.[8]

Aspecto Político[editar]

Niveles de aprobación[editar]

Tras la segunda vuelta realizada el 4 de junio de 2006, Alan García se convirtió en el sucesor de Alejandro Toledo. Este segundo gobierno del líder aprista supuso una continuación del modelo del intercambio internacional e inversión extranjera, marcando el quiebre con el modelo nacionalista. De acuerdo a IPSOS EL 55% de la población se mantenía positiva sobre el segundo gobierno Alan García, hecho que parece relacionarse con la aceptación que tenía el libre comercio con un 64% de la población a favor del tratado del TLC con Estados Unidos y un 78% apoyaba una posible apertura de similar naturaleza con el gobierno brasileño. Sin embargo, la población se mantiene expectante a un manejo meritocrático de los puestos de gobierno, esperando que el primer ministro fuese independiente; esta situación se tradujo en un 40% de la población que no confiaba en el nuevo presidente. El reto que esta administración debía afrontar es generar un plan de gobierno que tenga como núcleo el crecimiento económico y cuyas medidas no pusieran en peligro la poca confianza que el pueblo le tenía al nuevo mandatario.

¿Aprueba o desaprueba la gestión de Alan García?

Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Hombres Mujeres 18-24 25-39 40 o más
Aprueba 63 69 64 62 62 62 62 63 71 62 60
Desaprueba 16 5 12 12 15 19 16 16 16 16 16
No precisa 21 26 24 24 23 19 22 21 13 22 24
Total Lima Interior Costa Norte Arequipa y Costa Sur Sierra Norte Sierra Centro Sierra Sur Selva
Aprueba 63 68 61 76 58 58 53 49 65
Desaprueba 16 10 18 10 18 23 24 25 13
No precisa 21 22 21 14 24 19 23 26 22

Aprobación a inicios del Gobierno[editar]

Los porcentajes de aprobación a inicios del segundo periodo presidencial no consecutivo de Alan García Perez demostraban que; a pesar de haber ganado las elecciones con un 48.14% , fueron más los peruanos que, en el lapso de tres semanas, demostraron ser optimistas y tener confianza en su gobierno. García comenzó su gobierno con un 63% de aprobación de acuerdo a la encuesta IPSOS realizada en agosto de 2006; mientras que solo un 16% de la población desaprobaba su elección. Los cinco estratos económicos de la población peruana presentaba un porcentaje de aprobación casi idéntico, siendo este entre 64% y 62%. Aunque su desaprobación iba desde 5% en el Sector A hasta 19% en el Sector D. Así también García gozaba de un porcentaje de aprobación similar en el territorio peruano.

Aprueba Desaprueba No precisa
El Gobierno 55 22 23
El Congreso de la República 34 46 20
El Poder Judicial 24 56 20

El gobierno comenzó con un 55% de aprobación, 13 puntos menos que la aprobación al presidente; mientras que el Congreso de la República inició la gestión con 34% de aprobación. Por otro lado, el Poder Judicial contaba con el 56% de desaprobación.

Niveles de aprobación durante el Gobierno[editar]

Durante los cinco años que Alan García estuvo en la presidencia, hubo diversos eventos que afectaron cómo la población percibía su labor como presidente[9][10][11][12]

Fecha Aprobación Desaprobación
Inicio julio 2006 63% 16%
julio 2007 42% 49%
Juicio a Fujimori 33% 62%
mayo 2008 35% 61%
Caso Petroaudios 22% 75%
Septiembre 2008 19% 78%
APEC 19% 77%
febrero 2009 32% 60%
Baguazo 21% 76%
febrero 2010 26% 68%
Caso “Business Track” 27% 67%
enero 2011 30% 65%
Fin del periodo presidencial 42% 54%

El promedio de desaprobación al gobierno de Alan García desde su gran caída en el 2007 fue de 61%, mientras que su aprobación llegó a ser incluso menos que el 20%. Los picos máximos en desaprobación se dieron con el "Baguazo" que conllevó a la renuncia de la ministra Mercedes Cabanillas y fue un golpe para el discurso de Alan García. Así también, su desaprobación se mantuvo por la corrupción que percibía la población en el gobierno. Sorprende que estas cifras hayan camiado tan drásticamente para finales de su periodo presidencial. Al respecto, la encuesta IPSOS señala que la población aumentó su valoración sobre la gestión de García debido a las grandes obras que inauguró en los últimos meses. Estas eran las grandes unidades escolares, el Gran Teatro nacional, el nuevo Hospital del Niño, entro otros; sin embargo, muchas de estas obras no habrían sido terminadas y tampoco estaban aptas para el funcionamiento.

Caso Narcoindultos[editar]

Durante el segundo gobierno de Alan García se puso en práctica la política de despoblamiento penitenciario que se dio mediante la concesión de conmutaciones e indultos de penas. Se planteó como una forma de manejar el hacinamiento en las cárceles y fue justificado bajo el ideal de la piedad cristiana de brindar una segunda oportunidad bajo el “Consejo de Dios”.

Sin embargo, un 7 de Abril de 2013, un canal de televisión peruana ATV sacó a relucir un informe que nombró “Indultos y conmutaciones”. Este medio difundió información acerca de las irregularidades presentadas en la asignación de conmutaciones e indultos de penas, afirmando que muchas de estas prácticas se dieron a personajes ligados al narcotráfico tras el pago de grandes cantidades de dinero.

“El colaborador de la DEA Óscar Linares Benítez, colaborador de la DEA, sostuvo ante la megacomisión que se cobraba 10 mil dólares por año de reducción de pena: narcotraficantes peruanos, colombianos, mexicanos pagaron para salir en libertad, es decir,que lograron su conmutación de pena, pero luego retornaron a prisión por segunda vez”[13]

Los Indultos y conmutaciones:[editar]

Los indultos y conmutaciones se entregaban por medio de la Comisión de Gracias Presidenciales la cual, tras la modificación de la Resolución Ministerial N° 0009-2008-JUS, otorga mayor discrecionalidad a los funcionarios para disponer de los indultos y conmutaciones. Como resultado de estas disposiciones, el informe de la Mega comisión afirma que se dio una “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”. Si bien las medidas encabezadas por la comisión debían reducir los altos índices de hacinamiento en las cárceles del Perú, la Mega comisión de investigación confirmó que:

“Durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas”.

Asimismo, los principales beneficiados con esta política fueron 5500 delincuentes de los cuales la mayoría eran narcotraficantes. De los indultos humanitarios que rondan los 104, el 64% fueron sentenciados por tráfico ilícito de drogas, de las 5 246 conmutaciones otorgadas un 61%. El número de presos liberados por narcotráfico agravado constituye la mayor excarcelación de esta naturaleza conocida en el mundo.

“Desde 1990 he trabajado en 114 países de todas las regiones del planeta y yo no conozco ningún otro caso de tal magnitud numérica”[14]

Edgardo Buscaglia

Irregularidades[editar]

Entre las principales irregularidades que se fueron descubriendo gracias al informe del Ministerio Público se encuentra que muchos de los datos de los beneficiarios de esta medida no fueron certificados, tanto los certificados de estudios, las constancias de trabajo ni una acreditación de buen comportamiento dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, requerimientos como el compromiso de reincorporación a la sociedad y un proyecto de vida planeado para el egreso del penal no se tuvieron en cuenta al momento de asignar los indultos y conmutaciones. Es en este contexto que la Procuraduría Anticorrupción denunció la participación del ex presidente Alan García en la participación de la liberación ilegal de narcotraficantes bajo la práctica de pagos de cupos, liberaciones apresuradas y omisión de información en los informes de los indultados. Así se denuncia la posible formación de una asociación ilícita conformada por servidores públicos que actuó favorecida por el mandatario García.

Implicancias institucionales de los Narcoindultos[editar]

Estas conmutaciones e indultos supusieron ser una “Invasión del poder ejecutivo en la esfera de competencias del poder judicial”.[15]​ Se reconoce que estos indultos fueron una amenaza para la independencia del Poder Judicial debido a la acción misma de conceder lo indultos y conmutaciones de pena de manera masiva y a conciencia de servidores estatales. Se hace hincapié en que la división de poderes que rige el funcionamiento del estado peruano establece que quien se encargue de las acciones administrativas o legislativas no puede ejercer las jurisdiccionales, por tanto esta situación podría generar vulneración de derechos y libertades fundamentales. Se llevó a cabo un uso sin precedentes de esta facultad presidencial, al punto de constituir, en la práctica, un sistema de administración de justicia paralelo al poder judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de éste[15]

  • Se crea una imagen negativa en torno a la liberación de personas condenadas por crímenes tan graves como el narcotráfico. La impunidad de estos delitos será juzgada ampliamente por la sociedad convirtiéndose en un factor que cree problemas de legitimidad para el Estado.
  • Las concesiones de libertad dadas durante este periodo presidencial constituyeron un alto nivel de poder asignado a la discrecionalidad de los servidores públicos de la Comisión de Gracias Presidenciales. A razón de ello se ameritaba una fiscalización constante y efectiva de los procesos de asignación de indultos y conmutaciones ante cuya ausencia da espacio a críticas con respecto a la fiscalización.
  • Las medidas tomadas constituían no solo una intromisión en los poderes estatales, sino que también iban en contra del Estado en su naturaleza democrática. Las consecuencias de liberar a sentenciados por narcotráfico va en contra de la seguridad ciudadana y es una vulneración a la ciudadanía.

Caso Miguel Facundo Chingel[editar]

Uno de los principales involucrados en el caso de los narcoindultos es el presidente de la ex comisión de gracias presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, quien poseía un alto nivel de confianza y afiliación política con el partido de gobierno, el APRA. Su puesto le permitió intervenir directamente en la irregular concesión de indultos, manejando directamente las conmutaciones e indultos efectuados por la comisión y enviando cartas a establecimientos penitenciarios.

El canal de televisión peruana América TV el 27 de setiembre del 2015 da a conocer a la opinión pública un video de la Fiscalía que registraba la visita de Miguel Facundo Chinguel, en su cargo de titular de Gracias Presidenciales, al Penal de Lurigancho.[16]​ El video fue grabado entre agosto y noviembre del 2008 por trabajadores del Ministerio de Justicia. En el video se observa la participación dos comisionados, entre los que se cuenta a Manuel Carrera, en la concesión de indultos y conmutaciones. Miguel Carrera era el responsable de las conmutaciones dentro del Penal de Lurigancho.

Ante la fiscalía se presentó voluntariamente Carlos Butrón, quien se desempeñó como delegado del penal de Lurigancho y nexo con las autoridades encargadas de asignar indultos y conmutaciones. Él afirmó ante el fiscal supraprovincial de la comisión, Walter Delgado, que la comisión de Miguel Facundo cobró cupos para otorgar indultos y conmutaciones, también contó cómo a inicios del 2009 viajó a Piura para entregarla a Chinguel 30 mil dólares de dos narcos colombianos que buscaban la conmutación de sus condenas. Sus declaraciones fueron tan contundentes que trajo como consecuencia la presión preventiva de Facundo Chinguel y un juicio por 17 años de prisión en su contra.

El video también hace manifiesto la manipulación de los expedientes para la liberación de un prisionero:

M. Chinguel: Falta solamente la constancia de trabajo ¿Tienes constancia de trabajo?

Reo: Si, si tengo

M. Chinguel: ¿Constancia de haber trabajado?

Reo: ¿Acá?

M. Chinguel: Dime si has trabajado, sino dime para hacerte otra constancia[17]

Como afirma el Ministerio de Justicia, la constancia de trabajo para los internos solo la puede expedir el director del Establecimiento Penitenciario o el profesional de tratamiento respectivo; estudios con carácter oficial en entidad debidamente acreditado ante el Instituto Nacional Penitenciario. Esto lleva a afirmar que Facundo Chinguel no tenía autoridad para expedir la constancia; sin embargo, el video da testimonio de esta práctica.

Resultados de los Juicios[editar]

Después de los procesos constitucionales contra Alan García y los informes hechos por la Mego comisión que investigaba las irrealidades en la concesión de indultos y conmutaciones durante el segundo gobierno del líder aprista, el Poder Judicial concluyó que, debido a “vicios procesales en el proceso de investigación”,[18]​ se debía anular el proceso. De esta manera, el caso de los Narcoindultos quedó archivado en el Congreso de la República.

Aún si el caso Narcoindultos fue archivado, las consecuencias políticas para Alan García se tradujeron en los años posteriores. En un país que considera al narcotráfico como uno de sus principales problemas en tanto es de los primeros en producción de drogas a nivel mundial, el estar involucrado en la liberación de personas ligadas a este, puede tener un efecto pernicioso en su imagen pública.[19]​ De esta manera, las consecuencias políticas se relacionan a una posible candidatura futura a la presidencia puesto que el caso de narcoindultos se convierte en un arma política que puede ser utilizada por sus rivales.

Escándalo Petroaudios[editar]

El 5 de octubre de 2008, el periodista Fernando Rospigliossi presentó en el programa televisivo peruano “Cu4rto Poder” una serie de audios denunciando actos de corrupción en el seno del Estado3. Estos trataban de irregulaciones en la competencia de selección para ganar lotes con el objetivo de explorar y explotar hidrocarburos (IDEHPUCP). La denuncia pública iba dirigida a las empresas PETROPERU S.A, DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL S.A (empresa Noruega) , y altos funcionarios públicos que ejercieron su poder y cargo político para brindar 5 de los 22 lotes a las empresas ya mencionadas.[20]

Audios[editar]

En los audios expuestos se escucha al vocero de la DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL S.A., Rafael Fortunato Canaán Fernández, solicitando la intervención del ex ministro aprista Rómulo León en el proceso de licitación a favor de los intereses de la empresa; quien acude a Alberto Quimper , vicepresidente en esos momentos, de PETROPERU S.A para realizar coordinaciones con respecto a lo solicitado

En el primer audio que data del primero de febrero de 2008 se puede escuchar a un supuesto Fortunato Canaán y a Rómulo León Alegría. Este último le afirma a Canaán que la empresa DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. ha conseguido 5 lotes gracias a su intervención con Alberto Quimper.

“El [Alberto Quimper] me ha dado su palabra que como vicepresidente de Perú Petro, él nos consigue los lotes” - Rómulo León Alegría

El segundo audio presentado es de mayo de 2008 y se da entre Rómulo León y Alberto Quimper. En este se compromete a Arias Schreiber, representante de la empresa noruega como el presentador del proyecto de alianza y a Juan Valdivia Romero, el entonces ministro de Energía y Minas, como un involucrado en la corrupción de la licitación.

En el tercer audio de 11 de junio, Rómulo León y Quimper discuten sobre la DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. y sus ganancias una vez que los contratos sean presentados en el Congreso.

En el cuarto y último audio, que se dio el 11 de setiembre, un día después de aprobarse los contratos y ser presentados públicamente, ambos discuten nuevamente sobre sus ganancias en la empresa y su desconfianza en Arias Schreiber.

“Hemos hecho un equipo de la gran puta hermano. Hemos jugado en todos los terrenos y la cosa salió cojonuda hermano. Ahora hay que cobrarles el honorario del éxito” - Alberto Quimper

Denuncia Judicial[editar]

La revelación de los audios trajo consigo una serie de denuncias a los implicados, incluyendo al entonces Primer Ministro Jorge del Castillo, al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero. Ambos presentaron su renuncia al presidente Alan García, quien las aceptó. El gabinete ministerial del presidente cambia a seis miembros; entre los que resaltan el nuevo PCM (Presidente del Consejo de Ministros) quien sería Yehude Simon Munaro[21]​ y Pedro Sánchez Gamarra quien se encargaría del Ministerio de Energía y Minas.

Rómulo León y Alberto Quimper comparecieron en prisión por tres años acusados de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. Se realizó una investigación que llevó a una serie de denuncias judiciales cuyo juicio comenzó seis años después, en mayo de 2014. El caso “Business Track”, en el que se consideró a los audios obtenidos de manera ilícita como evidencia no procedente por un juzgado, sentó las bases para que los audios presentados en el caso de “Petroaudios” no sean considerados como evidencia válida. A raíz de ello, las denuncias del caso fueron consideradas infundadas y sin suficientes pruebas; por lo que sus principales involucrados se encuentran actualmente en libertad.[22]

Poderes del estado[editar]

Poder Legislativo[editar]

El Congreso durante el segundo gobierno de Alan García estaba dividido de la siguiente manera:

Partidos Políticos Escaños obtenidos
Unión Por el Perú 45
APRA 36
Unión Nacional 17
Alianza Por el Futuro 13
Frente de Centro 5
Perú Posible 2
Restauración Nacional 2
Composición del Congreso después de las elecciones
45 Unión por el

Perú

36 APRA

17 Unidad Nacional

13 Alianza por el Futuro
5 Frente de Centro
2 Perú Posible

2 Restauración Nacional

La primera mayoría la obtuvo Unión Por el Perú (UPP) con 45 escaños dentro del Congreso, partido con el que postuló Ollanta Humala y que perdió las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. En segundo lugar se encontraba el partido del presidente electo, APRA con 36 escaños. El partido de la candidata Lourdes Flores (PPC o Alianza Por el Futuro) quedó, al igual que ella, en tercer con 17 escaños en el parlamento. Cerraría con un 10.8 % de los escaños el entonces partido fujimorista llamado Alianza por el Futuro con 13 congresistas en el parlamento.

Si bien UPP hizo mayoría en el Congreso con 45 años, ésta no duró mucho tiempo porque poco después Ollanta Humala logró inscribir formalmente al Partido Nacionalista Peruano (PNP). La inscripción hizo que el UPP se dividiera, pues muchos de los candidatos permanecieron fieles al nacionalismo y se inscribieron en el PNP; mientras otros simplemente decidieron separarse, quedando sin agrupación. El UPP terminó con 25 escaños después del proceso.

Ejercieron el cargo de Presidente del Congreso de la República del Perú:

Presidente del congreso Periodo
Mercedes Cabanillas Bustamante 26 de julio de 2006 - 26 de julio de 2007
Luis Gonzales Posada Eyzaguirre 26 de julio de 2007 - 26 de julio de 2008
Javier Velásquez Quesquén 26 de julio de 2008 - 11 de julio de 2009
Alejandro Aguinaga Recuenco (Presidente interino) 11 de julio de 2009 - 26 de julio de 2009
Luis Alva Castro 26 de julio de 2009 - 26 de julio de 2010
César Zumaeta Flores 26 de julio de 2010 - 26 de julio de 2011

Poder Ejecutivo[editar]

Creación de dos nuevos Ministerios[editar]

Ministerio del Ambiente[editar]

La creación de este Ministerio cuenta con antecedentes ligados a los conflictos sociales que causaban la extracción de recursos naturales en el país llevó a que en el 2006, aun en el mandato de Alejandro Toledo, el entonces Defensor Adjunto para Medio Ambiente y Servicios Públicos, Carlos Alza Barco, publique el Informe Defensorial Nº103 titulado “El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas”, el que mostraba las consecuencias de la implementación del proyecto para las comunidades, la pérdidas de vidas humanas y la migración de animales importantes para la comunidad. Con el cambio de gobierno, el Congreso de la República solicita a la Defensoría del Pueblo un informe extraordinario respecto a los conflictos socioambientales, el documento data de 30 conflictos: 23 conflictos mineros y 3 conflictos por hidrocarburos; desde la presentación del informe, se vio necesario la reforma ambiental peruana incluso cuando el Presidente García había manifestado su oposición. Para diciembre de 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el crédito al Proyecto Camisea 2 por un monto de 4000 millones de dólares y al día siguiente, Alan García anuncia la futura creación del Ministerio del Ambiente, debido a las demandas del BID y Banco Mundial a los gobiernos para contar con autoridades autónomas ambientales para fiscalizar los proyectos y garantizar apropiadas condiciones ambientales y sociales. La comisión encargada de la creación fue presidida por el ambientalista Antonio Bragg Egg; el 14 de mayo de 2008 se hace oficial la creación mediante la publicación en el diario El Peruano.

Ministerio de Cultura[editar]
Anterior presidente del consejo de ministros: Jorge del Castillo.
Nuevo presidente del consejo de ministros: Yehude Simon.

La propuesta legislativa crea una aparato estatal encargado de fomentar la cultura en todos los espacios para crear un comportamiento que cuide el patrimonio peruano. La creación se debe a la búsqueda de una entidad que una las diversas culturas peruanas. El ministerio gestiona el Archivo Nacional del país, del Sistema Nacional de Bibliotecas y del Sistema Nacional de Museos y El Gran Teatro Nacional. La creación tiene lugar, el 21 de julio de 2010 mediante Ley Nº 29565, suscrita por el Presidente de la República, Alan García Pérez; y a partir del 01 de octubre de 2010, la estructura orgánica del Instituto Nacional de la Cultura pasó a convertirse en la estructura del nuevo Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001-2010-MC.

“Si hay un país que tiene no sólo el derecho si no la obligación de tener un Ministerio de Cultura es el Perú”.

Alan García[23]

Crisis ministerial[editar]

Tras el escándalo petrolero, en octubre de 2008, el gabinete ministerial presidido por Jorge del Castillo presentan su renuncia al presidente García. Esta acción se dio debido a que no pudieron responder las preguntas, en torno al caso Discover, dadas por los parlamentarios. Aún así, debido a la poca fuerza de la oposición en el Congreso de la República no lograron abrir un proceso de investigación a ninguno de los tres ministros involucrados: Jorge del Castillo, Juan Valdivia Romero y Hernán Garrido Lecca. Luego de la renuncia, se conforma un nuevo gabinete estuvo encabezado por Yehude Simon, el primer consejo de los dos gobiernos de Alan García en no ser encabezado por un aprista. El nuevo Consejo de Ministros estuvo formado por diez ministros del anterior gabinete y solo seis de la confianza de Simon; la salida de los ministros del núcleo más cercano al partido de gobierno demostraron que era un gabinete sin grandes figuras políticas y con más experiencia ministerial y de gestión estatal.

Presidencia del Consejo de Ministros[editar]

Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción[editar]

En el año 2008, un escándalo de corrupción (petroaudios) envolvieron a la PCM. A raíz de eso, el gobierno optó por cambiar al Consejo de Ministro, por lo que Yehude Simon entra para encabezar la PCM, a la par se crea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. El cual se ha elaborado sobre la base de las propuestas del Grupo de Trabajo constituido al amparo de lo establecido por el Decreto Supremo No 004-2006-JUS y que contó con la participación de diversas instituciones públicas y privadas, representantes de la sociedad civil, colegios profesionales y empresarios. El referido Plan fue presentado ante el Acuerdo Nacional, el cual reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción. Fue publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros para recibir comentarios, aportes y opiniones en un plazo de quince días. En ese lapso, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas presentaron sus opiniones y aportes. Del total de 32 comentarios recibidos, 22 fueron aportes de ciudadanos y 10 de organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarial, políticas y de la cooperación técnica internacional.

Como objetivos tenían:

• Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.

• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

• Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.

• Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública”.

• Se establece, además, que la supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Unidad de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM[editar]

El segundo gobierno de Alan García, estuvo marcado por los conflictos sociales, en su mayoría los anti-mineros e impactos socioambientales; muchos de ellos lograron solucionarse a corto plazo por las medidas tomadas por Consejo de Ministros. Por tal motivo, el entonces ministro Javier Velásquez Quesquén, anunció la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos bajo el poder de la Presidencia del Consejo de Ministros; la misión de esta oficina es dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en todos los niveles de gobierno y en el ámbito del territorio nacional, así como de evaluar los resultados de dicha gestión de conflictos sociales. Cuenta con estas funciones:

  • Diseñar, formular y proponer lineamientos y estrategias para realizar acciones de prevención, gestión y resolución de conflictos sociales en los tres niveles de gobierno.
  • Diseñar, implementar y conducir los mecanismos de gestión de información para los conflictos sociales, a nivel nacional.
  • Diseñar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades en materias de prevención, gestión y resolución de conflictos sociales, dirigido a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sectores del Poder Ejecutivo, coordinando con las áreas competentes para su implementación.
  • Propiciar la participación de instancias de concertación de la sociedad civil para la gestión de conflictos sociales.
  • Establecer una red de comunicación conformada por líderes de opinión regionales y locales comprometidos con la gobernabilidad democrática.
  • Realizar investigaciones y estudios específicos que apoye las mejores decisiones en prevención y gestión de conflictos sociales.
  • Asesorar a la Alta Dirección en temas de mediación y concertación, así como recomendar los supuestos y formas de intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros.
  • Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y articulación con las Entidades Públicas, en todos los niveles de Gobierno, así como con los actores de la sociedad civil que se requieran, a efectos de prevenir o resolver conflictos sociales.
  • Otras funciones que le sean encomendadas por el Presidente del Consejo de Ministros.

Poder Judicial[editar]

Ejercieron el cargo de Presidente de la Corte Suprema del Perú:

Presidente de la Corte Suprema Periodo
Walter Vásquez Bejarano 3 de enero de 2005 - 2 de enero de 2007
Francisco Távara Córdova 2 de enero de 2007 - 5 de enero de 2009
Javier Villa Stein 5 de enero de 2009 - 3 de enero de 2011
César San Martín Castro 3 de enero de 2011 - 2 de enero de 2013

Autoridades[editar]

Vicepresidentes[editar]

Vicepresidencia Nombre Notas
Primera Vicepresidencia Luis Giampietri Rojas
Segunda Vicepresidencia Lourdes Mendoza del Solar

Ministros[editar]

Consejo de ministros del Segundo Gobierno de
Alan García Pérez
Ministerio Titular Período
Presidencia del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Gálvez
Yehude Simon Munaro
Javier Velásquez Quesquén
José Antonio Chang
Rosario Fernández Figueroa
28 de julio de 2006 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 12 de septiembre de 2010
14 de setiembre de 2010 - 18 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011 - 28 de julio de 2011
Relaciones Exteriores José Antonio García Belaúnde 28 de julio de 2006 - 28 de julio de 2011
Defensa Allan Wagner Tizón
Ántero Flores Aráoz
Rafael Rey Rey
Jaime Thorne León
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 12 de setiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Agricultura Juan José Salazar
Ismael Benavides Ferreyros
Carlos Leyton Muñoz
Adolfo de Córdova Vélez
Rafael Quevedo Flores
Jorge Villasante Araníbar
28 de julio de 2006 - 20 de mayo de 2007
22 de mayo de 2007 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 14 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 13 de mayo de 2011
13 de mayo de 2011 - 28 de julio de 2011
Trabajo y Promoción del Empleo Susana Pinilla Cisneros
Mario Pasco Cosmópolis
Jorge Villasante Araníbar
Manuela García Cochagne
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 4 de octubre de 2008
4 de octubre de 2008 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 28 de julio de 2011
Mujer y Desarrollo Social Virginia Borra Toledo
Susana Pinilla Cisneros
Carmen Vildoso Chirinos
Nidia Vílchez Yucra
Virginia Borra Toledo
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 11 de junio de 2009
11 de junio de 2009 - 14 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Economía y Finanzas Luis Carranza Ugarte
Luis Valdivieso Montano
Luis Carranza Ugarte
Mercedes Aráoz Fernández
Ismael Benavides Ferreyros
28 de julio de 2006 - 14 de julio de 2008
14 de julio de 2008 - 19 de enero de 2009
19 de enero de 2009 - 22 de diciembre de 2009
22 de diciembre de 2009 - 12 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Transportes y Comunicaciones Verónica Zavala Lombardi
Enrique Cornejo Ramírez
28 de julio de 2006 - 29 de noviembre de 2008
29 de noviembre de 2008 - 28 de julio de 2011
Vivienda, Construcción y Saneamiento Hernán Garrido Lecca
Enrique Cornejo Ramírez
Nidia Vílchez Yucra
Francis Allison Oyague
Juan Sarmiento Soto
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 29 de noviembre de 2008
29 de noviembre de 2008 - 11 de junio de 2009
11 de junio de 2009 - 29 de septiembre de 2009
29 de septiembre de 2009 - 28 de julio de 2011
Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz Fernández
Martín Pérez Monteverde
Eduardo Ferreyros Küppers
28 de julio de 2006 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 12 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Producción Rafael Rey Rey
Elena Conterno Martinelli
Mercedes Aráoz Fernández
José Nicanor Gonzáles Quijano
Jorge Villasante Araníbar
Luis Nava Guibert
28 de julio de 2006 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 22 de diciembre de 2009
22 de diciembre de 2009 - 12 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 13 de mayo de 2011
13 de mayo de 2011 - 28 de julio de 2011
Salud Carlos Vallejos Sologuren
Hernán Garrido Lecca
Óscar Ugarte Ubilluz
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 28 de julio de 2011
Energía y Minas Juan Valdivia Romero
Pedro Sánchez Gamarra
28 de julio de 2006 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 28 de julio de 2011
Educación José Antonio Chang
Víctor Raúl Díaz Chávez
28 de julio de 2006 - 18 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011 - 28 de julio de 2011
Interior Pilar Mazzetti Soler
Luis Alva Castro
Remigio Hernani Meloni
Mercedes Cabanillas Bustamante
Octavio Salazar Miranda
Fernando Barrios Ipenza
Miguel Hidalgo Medina
28 de julio de 2006 - 24 de febrero de 2007
26 de febrero de 2007 - 14 de octubre de 2008
14 de octubre de 2008 - 19 de febrero de 2009
19 de febrero de 2009 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 12 de septiembre de 2010
14 de septiembre de 2010 - 22 de noviembre de 2010
23 de noviembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Justicia María Zavala Valladares
Rosario Fernández Figueroa
Aurelio Pastor Valdivieso
Víctor García Toma
Rosario Fernández Figueroa
28 de julio de 2006 - 20 de diciembre de 2007
20 de diciembre de 2007 - 11 de julio de 2009
11 de julio de 2009 - 16 de marzo de 2010
18 de marzo de 2010 - 12 de setiembre de 2010
14 de setiembre de 2010 - 28 de julio de 2011
Ambiente Antonio Brack Egg 16 de mayo de 2008 - 28 de julio de 2011
Cultura Juan Ossio Acuña 4 de septiembre de 2010 - 28 de julio de 2011


Predecesor:
Gobierno de Alejandro Toledo
Gobierno del Perú
28 de julio de 2006 a 28 de julio de 2011
Escudo nacional del Perú.svg
Sucesor:
Gobierno de Ollanta Humala

Referencias[editar]

  1. Alan García anuncia a los dos primeros ministros de su futuro gabinete
  2. Confirman 10 mandatarios asistencia a toma de mando de Alan García
  3. a b c d «Lo bueno, lo malo y lo feo del segundo gobierno de Alan García». El Comercio. 27 de julio de 2011. 
  4. «DU004_2009. Normas legales / Decretos de urgencia.» (PDF). Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. 9 de enero de 2009. Consultado el 24 de marzo de 2016. 
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