Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires

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Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires
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Acrónimo SEGBA
Tipo Empresa del Estado
Forma legal privatizada
Fundación octubre de 1958[1]
Fundador(es) Arturo Frondizi
Disolución 1 de abril de 1992
Sede Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Área de operación Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata
Servicios Suministro eléctrico
Propietario Bandera de Argentina Estado argentino
Cronología
CADE
CEP
CIAE
SEGBA EDESUR
EDENOR
EDELAP

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, incluyendo naturalmente a la ciudad de Buenos Aires y su conurbación.

Su origen se produce en 1958 como una necesidad de unificar y federalizar la prestación de un servicio que hasta ese momento dependía de empresas privadas (CADE, CEP y CIAE). Inicialmente la empresa fue mixta, teniendo el Estado Nacional la propiedad del 80 %, mientras que las empresas privadas CADE y CEP la integraban con el 20 % restante. La CIAE se mantuvo como empresa privada, aunque bajo régimen de concesión nacional. Paralelamente desde el Gobierno se impulsaron planes hidroeléctricos y nucleoeléctricos para solventar el nivel de demanda de energía.

En 1961 el Gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas y, en 1979, el Estado adquiere los bienes de la CIAE integrando su infraestructura a la de SEGBA.

Finalmente, el desgaste de la infraestructura desembocó en una grave crisis de abastecimiento durante los años 1988 y 1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional. Durante el Gobierno de Carlos Menem se aprobó la desintegración vertical del esquema en tres segmentos (generación, trasmisión y distribución) para su posterior privatización. Así la empresa estatal SEGBA quedó dividida en siete unidades de negocios: cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras (EDESUR, EDENOR y EDELAP). El proceso de privatización se extendió durante todo 1992. SEGBA sobrevivió como ente residual en liquidación hasta 1998.

Antecedentes[editar]

Antes del surgimiento de Segba en 1958, el servicio eléctrico en Buenos Aires había sido prestado por diversas empresas, como la CHADE, la CADE, y la CIAE, en muchos algunos casos fueron protagonistas de escándalos de ineficiencia y corrupción. El origen de Segba se relaciona con la dispersión geográfica de las plantas y la diversificación de fuentes de energía para la producción de electricidad.

Origen de SEGBA[editar]

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se creó la Dirección Nacional de Energía y las Centrales Eléctricas del Estado (CEDE), cuyo objetivo fue fundar y explotar numerosas centrales eléctricas en todo el territorio nacional. Asimismo la Constitución de 1949, promovió un giro rotundo en materia energética, dado que el artículo 40 dispuso la propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, de sus recursos naturales (constitución derogada vía decreto en 1956 a partir de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora).

Este proceso se completa en 1950 con la creación de Empresas Nacionales de Energía (ENDE) que tenía a su cargo la comercialización, distribución y explotación de los combustibles y de la energía. El Estado adquiere varias compañías de electricidad del interior del país, entre ellas SUDAM, ANSEC y Suizo-Argentina, las que quedan a cargo de la Dirección General Agua y Energía Eléctrica. De esta manera el gobierno consolida un sistema energético integrado que junto a la producción de combustibles por parte de YPF se articulaban de forma estratégica. En este modelo, las empresas del Estado eran la punta de lanza de un sistema energético integrado y centralizado, en el que la producción de energía y agua se consolidaron como un "bien público" y la producción de petróleo y acero bienes estratégicos para abastecer el entramado industrial.

Segba durante los años 1950[editar]

En los años cincuenta se crea también la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, se realizan en el marco del Primer Plan Quinquenal, grandes obras de infraestructura en todo el país: se interconectan las Centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIADE) con lo que se logra un sistema interconectado de generación en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Además a través del Primer Plan Quinquenal se llevan a cabo un conjunto de importantes obras públicas, en el área energética y las industrias pesada y minera, acompañándolos con un mejoramiento en la infraestructura, es decir en los transportes, caminos y obras hidroeléctricas, destinadas a modernizar la infraestructura del país, necesaria para el proceso de industrialización acelerado que su Gobierno desarrollista promovía.

Durante el peronismo se construyeron centrales hidroeléctricas como el Escaba (en la provincia de Tucumán), El Nihuil (en la provincia de Mendoza), Los Quiroga (en la provincia de Santiago del Estero) y seis diques-usinas en la provincia de Córdoba, seis en la provincia de Catamarca, cuatro en la provincia de Río Negro y tres más en la provincia de Mendoza. Así la potencia instalada en centrales hidroeléctricas pasó de producir 45 000 kW (kilovatios) en 1943, a producir 350 000 kW en 1952.

Sin embargo el plan de inversiones y obras fue frenado tras la instalación en el poder del dictador Pedro Eugenio Aramburu, tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó al presidente legítimo Juan Domingo Perón. Aramburu instaló a colaboradores y familiares cercanos en la dirección de la empresa, dando lugar a hechos de corrupción que lo involucraron a él y a su familia.[2]

En octubre de 1958 durante el Gobierno de Frondizi, se crea de una nueva empresa mixta de electricidad, estableciéndose así las bases de lo que sería SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).

La CIAE no integró SEGBA y se mantuvo como empresa privada sometida al régimen de concesión. Mediante decreto del 14 de septiembre de 1961, el Gobierno nacional compró las acciones correspondientes a las empresas privadas CADE y CEP, con lo cual se produjo la estatización total de la compañía

El Estado aprueba durante la presidencia del radical Arturo Frondizi un nuevo convenio de concesión con la CIAE, sin límite de duración, donde se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE. El convenio fue aprobado por el decreto 5.571 del presidente Arturo Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.

En 1962, el presidente José María Guido nombró como ministro de Economía a Federico Pinedo (hijo) que aumentó las tarifas de servicios públicos, beneficiando a la Chade.― Pinedo había sido previamente abogado y representante de la Chade durante la Década Infame―, quien implantó un «shock económico» e hizo aumentar la cotización del dólar de 83 a 138 pesos.[3]

A pesar de las altas tarifas impuestas por Federico Pinedo, los cortes eran frecuentes, lo que sirvió para ocultar las deficiencias de la CIAE, que tenían grandes problemas para prestar el servicio ante el deterioro de los equipos. Aunque esta situación era causal de rescisión inmediata, cualquier indemnización era un excelente negocio para la empresa como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de los activos estaban amortizados. Las promesas de inversión de 1961 recién se concretaron en 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado aceptó avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados mediante créditos del Banco Industrial.

Años sesenta y setenta[editar]

Vista de la central nuclear Atucha I (Zárate). Su construcción se inició en 1968 y finalizó en 1974. Fue la primera central nuclear de Latinoamérica.

En 1967, y por Ley Nº 17.574, se crea la Empresa Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (HIDRONOR) para la construcción y explotación en la zona del Comahue, de las Centrales El Chocón, Planicie Banderita y la Red de Interconexión de 500 MW con el Gran Buenos Aires. En 1968 la CNEA encara la construcción de la Central Nuclear Atucha I, y se realizan los estudios del SIAU (sistema de interconexión argentino-uruguayo)[4]

En 1973 SEGBA inicia un período denominado de la "Autogestión". Durante la presidencia de Héctor José Cámpora se designó como presidente de SEGBA a Juan José Taccone. Durante este período se logra ejecutar el 80 % de los planes de obras previstos y se consiguen entregas récord de energía eléctrica a la red y reducción de los cortes de suministro. Esta gestión es caracterizada por la entrada en funcionamiento de varias centrales de generación. Así, la CNEA finaliza la construcción de la Central Nuclear Atucha I, que fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974 por el presidente Juan Domingo Perón, convirtiéndose en la primera central nuclear de América Latina; al tiempo que comienza, durante la misma presidencia la construcción de Atucha II y de la Central Nuclear Embalse en Córdoba, la más grande de Latinoamérica.[5]

Vista de las turbinas BTH de Central Costanera S. A., en la ciudad de Buenos Aires.

En 1973, durante la presidencia de Juan Domingo Perón la entidad Binacional Mixta de Salto Grande comienza la construcción de la central binacional y su finalización parcial permite la interconexión entre Argentina y Uruguay. En la zona del Comahue se habilitan las centrales Planicie Banderita y El Chocón, e Hidronor comienza la construcción de la Central Alicurá. Por Decreto Nº 8562/72 se crea el Despacho Unificado de Cargas (DUC) con la misión de operar y supervisar el Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, luego de 60 años de servicio los turbo-grupos a vapor instalados en la Central Dock Sud fueron reemplazados por turbinas de gas que por su facilidad de arranque, eran habitualmente destinadas a absorber la carga que se presentaba en las horas del día de mayor demanda.

Durante los años setenta y ochenta se logran avances en materia de energía: se interconectan a la red nacional de 500 kV, a los sistemas eléctricos Centro, Cuyo, NOA y NEA, lográndose una cobertura del 90 % del total del país. Se finalizan las obras de Represa Salto Grande, la Central Nuclear Embalse y Alicurá, al tiempo que el Ente Binacional Yacyretá (Argentina y Paraguay) comienza la construcción de dicha central. En la zona del Comahue se inician las obras de la hidroeléctrica Piedra de Águila V. La situación se acentúa en 1974 con la incorporación de las primeras turbinas de la central hidroeléctrica de El Chocón, primer eslabón de una serie de aprovechamientos hidroeléctricos como Planicie Banderita, al mismo tiempo comenzaban a operar las dos líneas de extra Alta Tensión de 500 kV que unen El Chocón con Ezeiza, constituyendo el comienzo del futuro Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Estas obras permiten que la composición de la oferta también cambie significativamente, ya que en 1980 la potencia instalada en plantas hidroeléctricas y térmicas era del 36 y el 61 % respectivamente, mientras que en 1990 esas proporciones resultaron de 41 % y 53 %, con lo cual se había logrado una importante reducción del consumo de combustibles fósiles.

La concreción de proyectos nucleoeléctricos e hidroeléctricos, además de la expansión del Sistema de Transporte de Alta Tensión durante la etapa 1971/1974, permitió alcanzar en la década de los 70, y en gran parte de los 80, un apropiado equilibrio entre oferta y demanda. La experiencia de autogestión concluye en 1976, cuando el nuevo Gobierno militar desplaza al personal sindicalizado (incluyendo algunos secuestros y asesinatos) y designa a un Interventor.[6]

Nacionalización de la CIAE[editar]

Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura militar. Durante su gestión se realiza la nacionalización de la CIAE, cuyos activos ya estaban prácticamente amortizados. Él mismo había sido director de la Ítalo.

En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión de la Ítalo formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. En 1975 Isabel Martínez de Perón anuncia que la CIAE sería nacionalizada.[cita requerida] encomienda al Procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión. El dictamen del procurador Dr Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961, firmado por Arturo Frondizi lesionaba las concesiones que otorgó el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y era violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.

El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex-CIAE. Toda su infraestructura pasó a manos de SEGBA en 1979.

La CIAE era por aquel entonces una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza. Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerse con fuel-oil barato que producía YPF.

El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, la CGC y Comercial del Plata y había sido director de Motor Columbus. Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también del Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso. Roberto T. Alemann, quien había suscripto el nuevo contrato de concesión de 1961 había integrado el directorio de Motor Columbus y CGC, y además, había representado a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Por su parte, el embajador suizo en Argentina era director de Motor Columbus. Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri y Walter Boveri era director de la CGC.

El 2 de junio de 1978 se firma un pre-contrato para la venta de los bienes, estudios posteriores de la Comisión Investigadora de 1985 establecieron que el costo total de la transferencia había sido de: 394 millones de dólares.

La decisión de estatizar era llamativa y antagónica con los lineamientos económicos de la dictadura, que simultáneamente inauguró un proceso sistemático de desguace del Estado. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada. En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de deuda de la emrpesa privada, y a cambio le transfirió 330 millones.[7]

A mediados de los 80, un estudio técnico de SEGBA estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex-CIAE estaban amortizados, o sea que habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los años treinta, turbinas obsoletas y cables con cincuenta años de antigüedad que SEGBA se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y el BID. La Central Puerto Nuevo se convirtió en un monumento al óxido y a la infamia. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra. En 1987, todas las instalaciones que habían pertenecido a la Ítalo en Capital Federal fueron entregadas gratuitamente a la Municipalidad.

Crisis eléctrica de 1989[editar]

Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de 1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año.[cita requerida]

Privatización[editar]

Mapa de la distribución del sistema eléctrico de las tres empresas en las que se dividió SEGBA.

Entre agosto y septiembre de 1989, durante la presidencia de Carlos Saul Menem se promulgaron las Leyes Nº 23.696 de Reforma del Estado y la Nº 23.697 de Emergencia Económica, que sirvieron de base para la Promulgación de la Ley Nº 24.065 que constituyó el punto de inflexión. Luego de las privatizaciones, el ente residual SEGBA S. A. persistió hasta 1998.[8]

El sector eléctrico se particionó en tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Tanto la actividad transportista como la de distribución, pasaron a ser monopolios privados. la Asociación del Personal Superior de SEGBA atribuyó a las nuevas empresas concesionadas «falta de inversiones en materia de generación, expresando que en el período 1992-97 las inversiones en generación fueron de u$s 28 millones cuando en realidad deberían haber sido alrededor de u$s 2500 millones.

Los generadores, transportistas y distribuidores junto con los grandes usuarios mayores (GUMA), menores (GUME), y particulares (GUPA) conformarían los agentes de participación en el negocio eléctrico.[9]

SEGBA fue disuelta y sus tareas quedaron divididas. La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, controladas por EDENOR, EDESUR y EDELAP. En junio de 1993 SEGBA transfirió sin cargo, a la empresa TRANSENER las líneas de 500 kV y varias subestaciones. El 1º de septiembre de 1992 comenzó a operar EDESUR dentro del área de concesión.[10]​Esta fue la primera empresa generadora en ser privatizada a partir del 1º de abril de 1992. Los apagones afectaron seriamente la imagen de la empresa, desencadenando sanciones, protestas masivas y cortes de calles por parte de los usuarios afectado.[11]

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1507/92, adjudicó el 51 % de las acciones a la oferta presentada por el Consorcio Distrilec Inversora S. A. (DISTRILEC), integrado por Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO.

Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) y J. P. Morgan International Capital Corporation, se organizó para presentarse como oferente para la venta de las acciones clase "A" de EDENOR S. A. El 10 de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la Sociedad. EDENOR tenía por objetivo la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona norte de la Capital Federal y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Escobar, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Pilar, Moreno, Gral. Las Heras, Gral Sarmiento, Gral. Rodríguez, Moron, Marcos Paz y La Matanza.

Por su parte, la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S. A.),[12][13]​la ex unidad de negocios La Plata de SEGBA fue entregada en concesión al consorcio COINLE. La sociedad fue constituida por el Decreto N°1795 publicado el 6 de octubre de 1992 [cita requerida]y conforme al Contrato de Concesión del 3 de diciembre de 1992 la empresa sería titular de la concesión por un período de 95 años. Este período se dividía en uno inicial de 15 años, que finalizaba el 21 de diciembre de 2007, y ocho más de 10 años cada uno. [cita requerida]La concesión facultaba a la sociedad a operar como distribuidor exclusivo de energía eléctrica en seis partidos del sur bonaerense, prestando servicios a un área que rondaba los 5700 kilómetros cuadrados, donde vivían aproximadamente 710.000 habitantes.[14]​En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 194 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas.Así se vendieron las centrales térmicas , las hidroeléctricas, y las líneas de alta y baja tensión.[15]

La privatización de EDELAP S. A. incluía los activos del Centro Operativo Dique. Por tal razón, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1398/92 la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S. A.) de los activos y pasivos que formaron parte de la privatización. Como el interés del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados, se dejo en libertad a los oferentes para la fijación de precios. En muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa.[15]​Desde 2002 hasta esta parte, se instalaron casi 4.500 kilómetros de Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) y alrededor de 5.000 km de Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT). Además, hasta 2003, la red argentina tenía un esquema en el que estaba separado en dos sistemas, el “nacional” (SADI) y el patagónico. Pero la Red cambió sustancialmente su diseño a partir de 2006. En primer lugar, el Sistema Patagónico se incorporó al SADI; luego, se construyó el Tercer Tramo: Línea Yacyretá-Buenos Aires, lo que permitió utilizar la mayor generación de Yacyretá; más tarde, se realizó la Interconexión NEA-NOA, con lo que se logró el cierre norte del SADI. Posteriormente, se sumó la construcción de la Interconexión Comahue-Cuyo- De acuerdo con los datos publicados por CAMMESA, Argentina varió la extensión de sus líneas, pasando de un total de 17.331 km en 1993, entre líneas de Extra Alta Tensión y líneas de Distribución Troncal, a los actuales 31.527 km, en septiembre de 2011. De este modo, el incremento fue de 14.196 kilómetros. No obstante, es importante destacar que el mayor crecimiento se dio en los últimos seis años, período en el que se agregaron casi 9.000 km de líneas.[16]

Se produjo una reducción drástica de trabajadores con una baja de cerca de 16.000 trabajadores entre 1990 y 1991.Con lo cual la reducción de personal acompañó una estrategia de flexibilización que dio sustento a nuevas formas precarias y flexibles de contratación.[15]​A fines de la década del 90 las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas y financieras por causa del endeudamiento, pese a las altas tarifas. Esto derivó en una fuerte reducción de la capacidad de inversión y de mantenimiento y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico. Esta situación influyó sobre la calidad de los servicios.

Sala de turbinas de la represa Yaciretá. Desde febrero de 2011 opera a su máxima capacidad de producción de energía permitida por el diseño original.

De acuerdo al pliego, EDENOR S. A. y EDESUR S. A. constituyeron en partes iguales la sociedad SACME S. A., encargada del control de movimiento de energía provista a dichas distribuidoras. En 2014, la propiedad de las acciones de la empresa se encontraba a cargo de otras dos empresas, Distrilec, con un 56,35 por ciento, y Enersis con el 43,1%.[17]

Referencias[editar]

  1. Rapoport, Mario; Seoane, María (2007). «V». Buenos Aires, historia de una ciudad Tomo II (1 edición). Buenos Aires: Planeta. p. 68. ISBN 978-950-49-1746-5. 
  2. Gerchunoff, Pablo: “Peronist Economic Policies, 1946-55”, en Di Tella and Dornbusch, 1989, pp. 81
  3. Floria, Carlos Alberto; y García Belsunce, César A. (1971): Historia de los argentinos, tomo 2. Buenos Aires: Kapelusz, 1971.
  4. «Decreto 683/97: venta de equipamiento de la empresa Hidronor S. A. - Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (en liquidación)»
    • Archivado el 27 de abril de 2015 en la Wayback Machine., artículo del 22 de julio de 1997 publicado en el sitio web Infoleg (Buenos Aires).
  5. «Central Nuclear Embalse»
    • Archivado el 29 de noviembre de 2015 en la Wayback Machine., artículo publicado en el sitio web Nucleoeléctrica Argentina S. A.
  6. «Historia de SEGBA», publicado en la sección «Historia del Ministerio de Obras Públicas de La Nación» (Historia de los Organismos y Empresas del Estado) en el sitio web Comisión de Derechos Humanos (Buenos Aires).
  7. Privatizaciones de los servicios urbanos y sus consecuencias políticas. Número 12 01 junio 2004 Los casos de la electricidad y el del gas en Buenos Aires, 1977- 1989, LACSO-SECYT-CONICET, Bonnafè, Juliette; Facundo Bouhebent Natalia Gitelman y Pedro Pírez
  8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (22 de junio de 1998). «Resolución Ministerial 557/1998». Boletín Oficial de la República Argentina (Dirección Nacional del Registro Oficial) (28921). Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 27 de marzo de 2011. 
  9. «Regulación e inversiones en el sector eléctrico argentino», artículo de septiembre de 1998 en el sitio web de la CEPAL.
  10. «http://www.enorsai.com.ar/politica/17894-nicky-caputo--intimo-de-macri-y-dueno-de-edesur--beneficiado-con-el-tarifazo.html». Consultado el 1 de abril de 2017. 
  11. Crisis Energética Argentina Análisis y Propuestas Jorge E. Lapeña Jorge A. Olmedo Buenos Aires, 4 de Mayo de 2004
  12. «http://diariohoy.net/politica/cacerolazo-contra-edelap-73064». Consultado el 1 de abril de 2017. 
  13. «http://diariohoy.net/politica/reclaman-a-edelap-que-no-se-escape-72558». Consultado el 1 de abril de 2017. 
  14. «http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-304521-2016-07-18.html». Consultado el 1 de abril de 2017. 
  15. a b c González, H. (1994): “El mercado eléctrico mayorista. Su regulación y las consecuencias de la aplicación del nuevo Marco Regulatorio Eléctrico”, en Revista Realidad Económica, Nº 108, Buenos Aires.
  16. «http://eenergetica.com.ar/web/la-argentina-electrica-a-veinte-anos-de-la-privatizacion/». Consultado el 1 de abril de 2017. 
  17. «http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/». Consultado el 1 de abril de 2017. 

Enlaces externos[editar]