Provincias traidoras

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«Provincias traidoras»[1] es el nombre con el que el Gobierno sublevado calificó a Guipúzcoa y Vizcaya mediante la promulgación por parte del general Franco en Burgos, el 23 de junio de 1937, del decreto ley número 247,[2] cuando aún no se había cumplido un año del comienzo de la guerra civil. Mediante este decreto se abolía el concierto económico para esas provincias, como castigo por el fracaso («traición») de la sublevación militar en ellas y por haberse mantenido fieles al orden republicano, a diferencia de la también provincia vascongada de Álava y la provincia de Navarra, en las que la sublevación sí había triunfado, por lo que continuaron beneficiándose de sus favorables condiciones durante todo el franquismo. La denominación de la situación tradicional de estos territorios forales —incluyendo Álava— en el Antiguo Régimen era de «provincias exentas», por su especial situación fiscal, que las eximía de impuestos y aranceles aduaneros.

Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el Poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último, correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles desistir de su actitud, lograsen el efecto pretendido. No es, pues, admisible que subsista ese privilegio sin agravio, para las restantes regiones que, con entusiasmo y sacrificio sin límites, cooperaron desde un principio al triunfo del Ejército.[3]

Posteriormente, el uso del término ha recogido diversas y contrarias intenciones, particularmente sarcásticas, sobre todo desde la óptica de los derrotados, tanto de posturas propias de los republicanos, socialistas o del nacionalismo vasco.[4]

Ya en 1968, el Gobierno había derogado los términos más ofensivos del decreto de 1937 —señalando que algunas expresiones de dicho decreto «no se corresponden con el noble esfuerzo y laboriosidad que han caracterizado a dichas provincias dentro de la unidad nacional»—, sin variar la parte dispositiva.[5] Hubo que esperar, sin embargo, a la muerte de Franco para que el decreto fuese expresa y totalmente derogado, lo que ocurrió en 1976, ya durante la transición a la democracia, mediante el Real Decreto-Ley 20/1976, promulgado el 30 de octubre de dicho año.[6] Aunque derogado el decreto, el concierto económico no fue restablecido hasta después, como consecuencia de las disposiciones derogatorias de la Constitución de 1978 y del proceso autonómico que condujo a la constitución de la comunidad autónoma del País Vasco en 1979.[7]

Referencias[editar]