Protestas en Perú de 2023

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Protestas en Perú de 2023
Parte de crisis política en Perú de 2021-presente
Protesta contra Dina Boluarte en Lima, 2023 (6).jpg
Manifestaciones en Lima de 10 de enero de 2023
Fecha 4 de enero de 2023 - presente (30 días)
Lugar PerúFlag of Peru.svg Perú
Acción Manifestación
Causas
Objetivos
  • Cierre del Congreso de la República
  • Renuncia de Dina Boluarte
  • Adelanto de elecciones generales inmediatas (2023)
  • Convocatoria a una asamblea constituyente
  • Liberación de Pedro Castillo (minoritaria)[a]
  • Métodos Protestas, paralizaciones, huelgas generales, toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, desobediencia civil, disturbios y saqueos
    Estado En curso
    Partes enfrentadas
    Bandera de Perú
    Gobierno del Perú

    Partidos políticos:
    - Fuerza Popular
    - Renovación Popular
    - Alianza para el Progreso
    -Avanza País Logo 2017-20.jpg Avanza País
    - Acción Popular (facción)
    Bandera de Perú
    Manifestantes

    Organizaciones civiles:
    - Coordinadora Macrorregional del Sur
    - Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú
    - Confederación General de Trabajadores del Perú
    Comunidades:
    - Comunidad aimara
    Partidos políticos:
    - Perú Libre
    - Juntos por el Perú
    - Partido Morado
    (desde el 18 de enero)[4]
    - Logo Partido Democrático Somos Perú.svg Somos Perú
    (desde el 29 de enero)[5]
    - Podemos Perú
    (desde el 29 de enero)[5]
    - Acción Popular (facción)
    - Frente de la Esperanza
    Figuras políticas
    Dina Boluarte
    Alberto Otárola
    José Williams
    Rafael López Aliaga
    Sin liderazgo centralizado
    (véase líderes)
    Vladimir Cerrón
    Yonhy Lescano
    Verónika Mendoza
    Fernando Olivera
    Unidades involucradas
    Policía Nacional del Perú
    Fuerzas Armadas del Perú
    Toma de Lima:
    9600 efectivos[6](18 enero)
    11 800 efectivos[7](19 enero)
    Manifestantes opositores al gobierno peruano
    Toma de Lima:
    Est. 1500 manifestantes (PNP)
    Máx. 2000 manifestantes (PNP)[8]
    Saldo
    1 fallecido
    177 heridos[b]
    32 fallecidos
    508 heridos[9]
    Cronología
    Protestas en Perú de diciembre de 2022 Protestas en Perú de 2023

    Las protestas en Perú de 2023 corresponde a una serie de movilizaciones realizadas a partir del 4 de enero de 2023 y que fueron una continuación de las protestas que se venían adelantando en el país desde 2022 tras la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo. Estas fueron convocadas por la Coordinadora Macrorregional del Sur[10]​ —un colectivo formado por muchos dirigentes de departamentos ubicados al sur del país acordados en un asamblea a finales de 2022,[11][12]​ responsable de acordar exigencias de índole política—[13]​ y que estuvo apoyado por diversas organizaciones sociales de izquierda.[14][15][16]

    La mayoría de estas manifestaciones se realizan en el sur del país en contra del gobierno de Dina Boluarte[14][17][18]​ así como en contra de los representantes ante el Congreso de la República.[15]​ Sus objetivos variaron con el tiempo, priorizándose actualmente cambios políticos a profundidad, incluyendo la renuncia de Boluarte, el adelanto inmediato de elecciones generales y un referéndum sobre una asamblea constituyente.[2][3]

    El 19 de enero se realizó la autodenominada «Toma de Lima»,[19]​ calificada por el gobierno como un supuesto «golpe de Estado» civil.[13][20][21][22][23][c]​ El principal centro de reunión de dirigentes regionales y manifestantes fue el campus principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,[25]​ que fue sometido a una criticada intervención policial el 21 de enero, donde fueron detenidas más de 200 personas.[26]​Los medios internacionales calificaron los sucesos posteriores de «estallido social».[27][28][29][30][31]

    Fuera de la capital, se realizaron bloqueos de carreteras sin llegar a consensuar en el traslado de productos de primera necesidad.[32]​ El Banco de Crédito del Perú advirtió que la persistencia de esas protestas conllevaría a un menor PBI anual.[33]

    Antecedentes[editar]

    Acciones previas[editar]

    Tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 diversas manifestaciones se realizaron a nivel nacional, incluido a las regiones que eligieron al posteriormente destituido mandatario.[14][34]​ Luego de establecerse una tregua por navidad y año nuevo, se planificó en el sur del país nuevas movilizaciones.[35]​Uno de los representantes en Arequipa, Jorge del Carpio Lazo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), invitó a diversos dirigentes a reunirse el 28 de diciembre de 2022.[36]​ Más de 70 dirigentes se reunieron en el Primer Encuentro Macroregional de Organizaciones Sociales, «rumbo al paro nacional», realizado en el local de la FDTA, donde se firmó un acta convocando a nuevas movilizaciones.[37][38][39][40]​Entre las regiones representadas en la reunión de la FDTA estaban Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.[11][37][41]​ El propio Carpio Lazo confirmó el comunicado en una sesión pública.[37][42]​Fruto de ello, se conformó la Coordinadora Macrorregional del Sur el 29 de diciembre de 2022, un día después de la asamblea macrorregional.[10]

    Algunas propuestas de dichos frentes y colectivos son similares a las ocurridas en diciembre de 2022. El propósito de estas manifestaciones se concretan en el documento pactado entre varios dirigentes el 28 de diciembre donde se especificaron los siguientes puntos:[12][43]

    1. Cierre del congreso (que tildan de «golpista»).
    2. Renuncia de Dina Boluarte, además de recibir una sanción por los 30 asesinados por «su lucha en su derecho a la protesta».
    3. Adelanto de elecciones inmediatas (para «el año 2023»).
    4. Convocatoria a una «Asamblea Constituyente plurinacional y popular».
    5. Liberación de Pedro Castillo por su «ilegal detención».
    Manifestantes acampados en la plaza Manco Cápac en diciembre de 2022.

    Manifestantes coordinaron posibles acciones para intensificar sus protestas. En Puno, que según el decano del Colegio de Periodistas mostró una falta de cobertura de la prensa de Lima,[44]​ se planificaron el cese de mototaxis y la suspensión de rutas en la ciudad de Azángaro.[45]​En Madre de Dios, se eligió un representante del comité de lucha, Elvis Apaza Vilcaapaza, que trabajó en la minería artesanal sin autorización del Estado.[46]​ En Lima se mantuvo como lugar de encuentro la plaza Manco Cápac, donde los manifestantes permanecieron días anteriores.[47]​Sin embargo, luego fueron desalojados.[48]​ Según la Defensoría del Pueblo, se convocaron alrededor de 20 movilizaciones a nivel nacional, 10 de ellos para el 4 de enero.[49]

    Se anunció la instalación de un centro de monitoreo del Ministerio de Defensa.[50]​ Además, desde la policía, se organizó un informe inteligencia para identificar nuevas participaciones en Lima y regionales y reconocer grupos de posibles azuzadores.[51]​Según América Noticias, entre los posibles líderes de las marchas están Lourdes Huanca Atencio (de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Navitas y Asalariadas del Perú), Enrique Castañeda Tello (líder de la Asociación Ágora Popular), Andrés Huamaní Quispe (líder de Rímac Llaqta), Ciro Silva Paredes (presidente del Comité de Lucha Región Lima Metropolitana), Vladimir Molina Espinoza (representante de Brigadas 14 N)[52]​y Felipe Domínguez, dirigente arequipeño.[53][54]​En Puno, el entonces comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña propuso defenderse con hondas y huaracas pero esta recomendación fue descartada por el ejército.[55]​La Defensoría del Pueblo, por su parte, realizó coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para reducir excesos.[56]​Por otro lado, Juan Carlos Liendo, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), renunció a su puesto.[57]​Antes de tomar el cargo en la DINI, Liendo había declarado sobre una supuesta «insurgencia terrorista».[58]​Ante la pregunta realizada por el periodista Enrique Patriau,[59]​ del diario La República, sobre estas declaraciones, Boluarte aseguró que la permanencia de Liendo en la dirección del DINI estaba en evaluación.[60]​ Roger Roger Arista Perea fue designado como nuevo jefe de la DINI.[61]

    Adicionalmente, el director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, manifestó que el transporte interprovincial realizaría sus operaciones con normalidad-[62]​ A pesar de esto, se incrementaron los precios de las rutas terrestres al sur del país.[63][64]​En Arequipa, el secretario del mercado principal Avelino Cáceres, Yasmani Callo Vargas, señaló tener abastecimiento de productos para una semana.[65]​ Se anunció la restricción en la atención entre las 3 y las 8 de la mañana.[66]​Por el lado de seguridad nacional, se anunció que más de 2 mil militares se desplegarían en el departamento de Arequipa y a lo largo de la Panamericana Sur, según el jefe de la Tercera División del Ejército Johny León.[67]​Entretanto, se tomaron varias medidas de precaución como la suspensión de las rutas interregionales del Ferrocarril Transandino.[68]

    Radicalización de propuestas[editar]

    En Puno, se conformó un nuevo comité de lucha el 28 de diciembre para que sea el encargado de dirigir las protestas y unificar gremios políticos.[1]​El 31 de diciembre se realizó extraoficialmente una asamblea reservada en Juliaca donde se acordó radicalizar las acciones y no permitir ninguna instancia de diálogo hasta el logro de los objetivos propuestos.[69]​ Según el dominical Panorama, aquella asamblea reservada contó con la participación de Lucio Ccallo Ccallata, fichado por la Dirección contra el Terrorismo y colaborador cercano de Pedro Castillo.[70]​ Además de Ccallo, en la reunión estuvieron presentes Félix Suasaca Suasaca (presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca), Pedro Quispe Quisocala, Alexander Pilco Ticona y Zenón Quispe Quispe (dirigentes del SUTEP Puno), Flora Quispe Flores (secretaria de Orientación y Promoción de la Mujer Docente), Amador Núñez Mamani (presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno), Orlando Sanga Yampasi (presidente de las Rondas Campesinas Urbanas de la Provincia de San Román), Ántero Pimentel Esquivias (secretario de Actas de las Cuatro Zonas), Fidel Salas Zapana (presidente de la Organización de Transportistas de Juliaca), Ernesto Flores Mamani (secretario de Actas de la Plaza Comercial Internacional San José), Claudio García Choqueluque (expresidente del Frente de Defensa del Sector Chilla), Pedro Jallurana Jiménez (expresidente de la Federación de Transportistas de Puno), Mary Luz Chahuara Benito (presidenta de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas de Juliaca)[69]​ y Pável Yábar Gonzales.[70]

    Interpretación de sus propuestas[editar]

    En el sector gubernamental, representantes sociales mostraron preocupación sobre los motivos de los protestantes. Luego de enterarse de las nuevas marchas, la vigente presidenta Dina Boluarte cuestionó el 31 de diciembre desde Cusco con un «¿qué cosa vamos a conseguir?».[71]​ Para la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, las consideró de inviables al ser completamente políticas y que carecen de una imagen visible para su negociación.[72]​Por otro lado, el ministro del Interior Víctor Rojas coordinó con dirigentes de Arequipa y Puno en los primeros días de enero para gestionar acciones para salvaguardar el orden interno.[35][73]​El cardenal Pedro Barreto propuso negociaciones.[74]

    El excongresista por Apurímac, Richard Arce, señaló para RPP y Radio Nacional la existencia de un «aprovechamiento/conflicto político» más allá de las manifestaciones sociales.[75][76]​En su columna de Perú 21 (13 de enero), vaticinó que al concretar que en el escenario de la salida de Boluarte y la disolución del congreso, «sería el escenario ideal del vacío de poder para llevarnos a la anarquía».[77]​Finalmente, en una entrevista para France 24 el 17 de enero, negó que las protestas se traten de una confortación de la «élite de Lima» y provincias sino del descontento generado por el congreso hacia la población.[78]

    Para la directora Amanda Meza del portal Wayka (9 de enero), para el medio El Salto, las protestas tienen otros fines. Meza dice que «los congresistas que tenemos casi no representan a nadie; los partidos políticos no representan a las organizaciones sociales, son de personas fundadoras, es decir que tiene un dueño; en otras palabras, son empresas».[79]​ Estas palabras coinciden con el historiador Antonio Zapata, que posteriormente (10 de enero) señaló que sus propuestas son ilusiones para retirar a la derecha del gobierno.[80]​Para Jonathan Castro, editor de La Encerrona de Marco Sifuentes para The Washington Post (13 de enero), «lo que enerva a los manifestantes es la generalización, la ceguera desde Lima»; además, especificó la existencia de «actitudes antidemocráticas, golpistas y violentas».[81]​Mientras que el analista Raúl Sohr señaló para CNN Chile que si el «movimiento de resistencia es aprovechado por activistas, podría generar el renacimiento de grupos [reivindicativos]».[82]

    Marcha por la paz[editar]

    Previo a la oficialización de las marchas, el 3 de enero, hubo una Marcha por la paz a nivel nacional.[83][84]​Según un documento revelado por el diario La República, esta marcha fue convocada por la Policía Nacional del Perú.[85]​Ante las críticas, la policía sacó un comunicado donde se dispuso que:[86]

    En concordancia con la Constitución Política y la normativa vigente la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna; pero es promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas.

    La Policía Nacional del Perú, tiene entre sus funciones, la de prevenir los delitos; en ese sentido, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana promueve en forma permanente actividades públicas que coadyuvan a la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional, conforme al Art. 195 del D.S. N° 026-2017-IN, Reglamento del D.L. N° 1267 Ley de La Policía Nacional del Perú. En este contexto, se dispuso la realización de diversas actividades en cumplimiento de esta función.

    Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos; SE HA DISPUESTO, que los miembros de la Policía Nacional del Perú, se abstengan de promover la participación activa y organizada dela comunidad en las actividades programadas para el día martes 03ENE2023.

    La marcha fue calificada de una «hipocresía» y «burla», luego de evidenciarse las muertes de 28 personas entre manifestantes y periodistas. [87]

    A pesar del escándalo, la Marcha por la paz fue llevada a cabo.[88]​El ministro del interior, Víctor Rojas, anunció que la policía no participaría en la marcha.[89]​ En esta marcha fue detenida Zaira Arias, una excandidata al congreso por el partido político Perú Libre, tras lanzar pintura a la policía.[90][91]​El abogado de la detenida sustentó que para dramatizar Arias tiró pintura roja para representar la sangre derramada de los fallecidos en diciembre de 2022.[92]​Luego de aquel suceso, las marchas de ese tipo continuaron en realización;[93]​ inclusive con un concierto realizado el 28 de enero,[94][95]​ realizado por el colectivo Reacciona Perú.[96]

    Nueva marcha de los cuatro suyos[editar]

    Una de las acciones dentro del acuerdo de 28 de diciembre es convocar a una nueva Marcha de los Cuatro Suyos en Lima.[97]​ Desde Arequipa, el frente de defensa de la ciudad propuso emularla sin establecer fecha definida.[98][99]​No obstante, el plan se concretó para el 19 de enero a modo de paro nacional.[100]​ Según Infobae (17 de enero), congregaría a protestantes desde Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho; además, incluye por primera vez a Huancavelica, que no participó en la primera reunión de la Asamblea de la Macroregión Sur.[101]

    Organizaciones confirmadas[editar]

    Aunque se tuvo en consideración un nuevo encuentro luego del realizado en diciembre;[12]​Felipe Domínguez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, no descartó la participación de otros dirigentes que no fueron invitados al pacto macroregional.[102]​ Adicionalmente, en la ciudad de Juliaca el secretario de la organización Actas de las Cuatro Zonas invitó a la presidenta para realizar conversaciones con los dirigentes a campo abierto.[103]

    Los sindicatos que también confirmaron son la Central General de Trabajadores del Perú[104][105]​y la Fenate.[106]​Posteriormente, en el informe sobre las Evaluaciones previas al paro del 4 de enero, mostraron interés en salir la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el Frente de Defensa de los Asentamientos Humanos y Coalición Ciudadana.[107]​ Sin embargo, no todos los participantes de las protestas de diciembre de 2022 volvieron a atacar en los primeros días, como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,[104]​ la Asociación de Comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas de Río Seco (Arequipa)[108]​y el gremio turístico de Machu Picchu.[109]​No obstante, según la Unidad de Investigación de El Comercio, Félix Suasaca Suasaca, del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca, justificó la continuación de las marchas que «el Perú profundo arde y va a arder».[69]

    Según el periodista Liubomir Fernádez, que trabaja para La República, las protestas en Puno fueron lideradas por mujeres.[110]​Una de ellas es la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en que las integrantes se negaron la militancia de «bolivianos y terroristas».[111]

    También participa el líder del antiguo partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón.[112]​Posteriormente, con la propuesta Toma de Lima el 19 de enero, la comunidad Aimara incluyó su participación.[113]

    Organizaciones públicamente convocadas en las protestas de 4 de enero
    Región Organización(es) Ref.
    Puno Frente de Organizaciones Populares, Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca y dirigentes de Juliaca; Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno y Actas de las Cuatro Zonas de Juliaca. [103][114][115][116]
    Cusco Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco. Rondas campesinas, grupos de taxistas y sindicatos. [117][118]
    Apurímac Frente de Lucha y Desarrollo de los Barrios de la Provincia de Abancay. En colaboración con organizaciones del magisterio, sectores obrero y mercado [119][120]
    Moquegua Sin datos
    Madre de Dios Comité de lucha local. [46]
    Ayacucho Sin datos
    Arequipa Frente Amplio Cívico de Arequipa, Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa y la, Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa [121][122]
    Lima Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Confederación General de Trabajadores del Perú [123][124]

    Fase 1: Crisis del sur peruano[editar]

    Manifestación en Puno.

    4 de enero[editar]

    Según la Defensoría del Pueblo, se realizaron 36 acciones de protestas en 17 departamentos.[125]​12 700 personas salieron a las calles según el Viceministerio de Gobierno Territorial.[126]

    Se reportó el bloqueo de carreteras en Juli, Puno,[127]​y posteriormente otros bloqueos en Arequipa y Cusco.[128][129][130]​En Arequipa se buscó retomar el control del puente Añashuayco en Zamácola.[131]​ En Lima, un manifestante ocupó la estatua principal de la plaza Manco Cápac por 30 minutos.[132]​El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció el plan de corredores turísticos para movilizar a los afectados hacia los aeropuertos de Cusco, Puno, Arequipa y Tacna.[133]

    En la tarde, centenares de personas marcharon por el centro de Lima.[134]​Durante su recorrido, se registraron agresiones hacia la prensa tanto de los manifestantes[135][136]​ como de la policía.[137]​Sin embargo, el medio limeño Latina noticias criminalizó la protesta al incluir entre los represores a la Coordinadora 14N, conocida por la participación contra Merino en 2020.[138]

    Al reportarse una supuesta interferencia del líder político Evo Morales, luego que visitar Puno en diciembre de 2022, Dina Boluarte señaló que está en conversaciones con la Superintendencia Nacional de Migraciones para impedir su ingreso por injerencia.[139][140]​ Este medida fue ayudada por José Cueto, quien junto a su bancada solicitó su «captura inmediata».[141][142][143]​También recibió el apoyo de la parlamentaria de derecha Tania Ramírez, que justificó un aparente financiamiento de las protestas en el sur «para anexar Puno a Bolivia».[144]​Al día siguiente, como respuesta a su intromisión política, Morales dijo no atacar ante «los ataques políticos de la derecha peruana» mientras y continuó animando «una transformación de fondo».[145]

    5 de enero[editar]

    Participaron alrededor de cinco mil personas según el Viceministerio de Gobierno Territorial.[126]​En Puno, hubo enfrentamientos intensivos; 14 personas fueron heridas, cuatro son políticas y 10 civiles.[146]​En Cusco se realizaron paralizaciones.[147]

    6 de enero[editar]

    Ilave y Juliaca fueron las ciudades donde se concentraron las protestas.[148]​ Se registraron enfrentamientos en la toma del puente Pichanaki[149]​y la posible toma del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac,[150][151][152]​ en que posteriormente fue cerrado.[153][154]​ Además, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo reportó que se habrían cancelado el 80%,[155]​mientras que en Lima se redujo el abastecimiento de alimentos en el Mercado Central.[156]

    A pesar de eso, Arequipa bajó su intensidad en las protestas. Solo 100 obreros de construcción civil marchan por la plaza de armas. El presidente del Frente Amplio Cívico de Arequipa reconoció lo sacrificado económicamente de obligar a los trabajadores a protestar; en su lugar, propuso al electo presidente regional Rohel Sánchez como mediador con el gobierno central.[157]​También el Frente de Defensa de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, Jhazmani Callo, reconoció que fueron los únicos en salir a las marchas y ofreció apoyar con otras organizaciones en Lima.[158]

    En Lima, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería realizó un comunicado para invitar el adelanto de elecciones a 2023 y la consulta de la nueva constitución.[159]

    7 de enero[editar]

    Manifestantes tomaron y destruyeron las oficinas del Seguro Social de Salud (EsSalud).[160]

    9 de enero[editar]

    Se envían policías desde Arequipa a Juliaca.[161]​Además, miles de aimaras desde Yunguyo, Chucuito y El Collao-Ilave llegaron a la capital del departamento puneño.[162]​En Tacna se iniciaron los bloqueos de la Vía Costanera y el control fronterizo a Chile.[163]​En Chimbote, se concentraron los plantones desde el coliseo Paul Harris.[164]

    Violencia y enfrentamientos en Juliaca[editar]

    En ese día se anunció los primeros fallecimientos de las protestas de 2023: un bebé prematuro llevado desde una ambulancia en Puno.[165][166]​Durante el día, dos mil pobladores se reunieron e intentaron tomar al aeropuerto de Juliaca, provocando la respuesta de la PNP y el ejército.[167][168]​De acuerdo a la Red de Salud de San Roman-Juliaca, en este día se registraron 18 civiles fallecidos y 73 heridos.[169][170]​A su vez, se reportó un homicidio hacia un policía, quien fue incinerado dentro de un vehículo patrullero.[171][172][173][174]​Además, se mostraron saqueos en un supermercado,[175][176][177]​un incendio en la casa del congresista Jorge Flores Ancachi [178]​y se apedreo el domicilio del alcalde de Juliaca.[179]

    La presidenta Dina Boluarte al enterarse de los fallecidos en Juliaca, declaró: «salen en protesta de que, lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos».[180]​Durante la noche y la madrugada del 10 de enero, la electricidad en Juliaca se fue, y según la versión del ministro del interior, fue el momento en la que una turba de 350 personas retuvieron un patrullero policial, agredieron a sus dos efectivos, y aunque uno pudo escapar, el otro fue incinerado al igual que el vehículo policial, junto a todos los elementos de los agentes.[181][182]

    10 de enero[editar]

    El premier Alberto Otárola anuncio el toque de queda por tres días consecutivos en Puno y declaró duelo nacional para el día siguiente, en homenaje a los muertos en Juliaca.[183]​El presidente del poder judicial, Javier Arévalo lamento las muertes en Juliaca y llamo a las autoridades a proteger las instalaciones del poder judicial.-[184]

    En respuesta de lo sucedido en Juliaca, se convocaron cacerolazos, plantones y nuevas movilizaciones en distintas partes del país, entre ellos Loreto, Lambayeque, Arequipa,[185]​ y Junín, mientras que en Andahuaylas la paralización es total.[186]

    En Huancavelica, un grupo de manifestantes incendió las instalaciones del poder judicial de la ciudad de Lircay y bloquearon algunas calles.[187]​Además, en Cusco, 300 comuneros de Chumbivilcas incendiaron un bus de la Policía Nacional en el corredor minero del sur.[188][189]

    11 de enero[editar]

    Se realizaron movilizaciones y bloqueos en distintas partes de los departamentos de Ayacucho, Puno, Moquegua, Lambayeque, Arequipa y Tacna, en esta última zona, 50 manifestantes apedrearon la comisaría del distrito Gregorio Albarracín, obligando a los agentes a usar las mesas como escudos, también se registraron intentos de saqueos contra las comisarías y diferentes centros comerciales por lo que el control policial se intensifico.[190][191]

    Los tramos 966, 968 y 969 de la Panamericana Sur permanece bloqueada por piedras y otros objetos. Durante el día grupos de manifestantes llegaron en camiones para reforzar el bloqueo.[192]​En Juliaca (Puno), miles de pobladores al pie de una fila de ataúdes, marcharon hacia la plaza central y se despidieron de sus muertos, el alcalde Oscar Cáceres declaró que los «caídos el 9 de enero son mártires de la democracia».[193]

    Enfrentamientos en Cuzco[editar]

    En el Cusco se reportaron violentos enfrentamientos, los manifestantes intentaron llegar al aeropuerto de la capital. Según la corresponsal de Perú 21 en Cusco, señaló que existió una intención de tomar el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y señalaron algunos manifestantes que «no les importa morir, solo quieren que salga el gobierno de Dina Boluarte». [194]​ En la Avenida 28 de julio fueron impedidos de llegar, por la policía y el ejército, produciéndose un cruento enfrentamiento que dejó como saldo de al menos 43 heridos (entre policías y manifestantes), 1 civil muerto y varios detenidos.[195][196][197]​ El general PNP Javier Vela declaró que con una «planificación anticipada pudo evitar la toma del aeropuerto». La congresista Ruth Luque manifestó que la policía dispara «indiscriminadamente» a los manifestantes.[198]​Se vienen organizando varias ollas comunes a lo largo de la ciudad imperial. Durante el día, un grupo de vándalos atacaron una terminal terrestre y quemaron su garita de control.[199]​Por el lado económico, el departamento cuzqueño perdió a casi la totalidad de sus turistas extranjeros, lo que generó despidos masivos a trabajadores turísticos y de otras ramas.[200]

    Durante la noche, ocurrió otro incidente entre manifestantes y ciudadanos que marchan por la paz en Puerto Maldonado.

    12 de enero[editar]

    Los enfrentamientos continuaron en el distrito de Wanchaq del Cusco, un policía resultó herido.[201]​ Además, tomaron la mina de cobre Antapaccay, operada por Glencore,[202]​y quemaron una camioneta y una minivan del establecimiento.[203]​Mientras que la fiscalía nacional denunció al gobierno regional del Cusco acusándolo de haber entregado el estadio Inca Garcilaso de la Vega a los manifestantes.[204]​Durante la tarde, pobladores de Quispicanchi llegaron en caravanas al Cusco para reforzar las protestas. Por otro lado, ciertas zonas de los departamentos de Arequipa y Puno se encuentran totalmente paralizadas.[205]​Para el caso de Arequipa, la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres anunció el cierre temporal en solidaridad a los fallecidos en Juliaca.[206]

    En el departamento de Madre de Dios las protestas se agurizaron. Debido al incidente con los ciudadanos que marchan por la paz, que dejó como saldo tres heridos,[207]​ cientos de mineros ilegales de las zonas de La Pampa, Boca Colorada, Huepetue y Delta llegaron a Puerto Maldonado y retomaron el control sobre el puente Billinghurst, cometiendo abusos y realizando amenazas; se informó además que la policía esta retenida en sus establecimientos por sus propios jefes, quienes no tienen la autorización para salir a patrullar las calles.[208]​Un grupo de vándalos atacó el domicilio del congresista Eduardo Salhuana.[209]

    El presidente del poder judicial, Javier Arévalo informo que hasta el momento se han cometido ataques contra 6 cortes superiores en Puno, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica y Apurímac.[210]​Por su parte, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola declaró que «la señora presidenta de la República no va a renunciar, ese hecho no se va a dar».[211]

    Ronderos de Piura anunciaron que viajarán a Lima para realizar una «segunda marcha de los cuatro suyos». Durante la tarde y la noche, se registraron enfrentamientos en el centro de Lima.[212]​ Desde el distrito de Miraflores (Lima), se realizó una nueva manifestación de solidaridad a los fallecidos de Puno.[213]​Inclusive realizaron pintas a la fachada del canal ATV con mensajes de «prensa basura» y «terroristas».[214]

    Igualmente se procedió a la detención de seis dirigentes de las movilizaciones pertenecientes al Frente de Defensa de Ayacucho. Entre los detenidos se encontraba la presidenta de la organización Rocío Leandro Melgar, alias «Camarada Cusi», quien formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90, actualmente se encuentra detenida en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).[215]

    Se reveló que la PNP se abasteció de 31 615 cartuchos y granadas lacrimógenas por contratos suscritos el 20 y 27 de diciembre de 2022.[216]

    13 de enero[editar]

    Se presentaron enfrentamientos en el Cusco donde continúan los ataques a la mina de Antapaccay con la destrucción de la planta de agua de la zona por 30 personas.[217]​A su vez, en el distrito de San Sebastián, se presentó un choque entre protestantes y manifestantes «por la paz» que impidieron la llegada de nuevas caravanas a la ciudad. [218]

    Se convocó a mesas de diálogo en Arequipa pero no en Puno. Según la ministra de Transportes y Comunicaciones, no se concretó la Comisión de Alto Mando con el departamento de Puno.[219]

    La presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación.[220]

    14 de enero[editar]

    Sutran registra un récord de bloqueo de carreteras a nivel nacional. Son 100 puntos en 11 departamentos, frente a los 83 ocurridos en la víspera de Navidad de 2022.[221]​A la vez, la Federación de Bandas de la provincia de San Román-Juliaca congregó decenas de agrupaciones de músicos para protestas.[222]​En Cusco, la Federación Provincial de campesinos de Calca y afiliados anunciaron que los manifestantes de las 13 provincias participarán en las protestas de Lima.[223]

    15 de enero[editar]

    La fiscal de la nación, Patricia Benavides, redujo a casi la mitad de operatividad a fiscalías especializadas en derechos humanos.[224]

    Según un reporte de la Sutran, informó que se concentraron 121 puntos con tránsito restringido a nivel nacional.[225]​Además, se realizaron los preparativos de una eventual marcha de los cuatro suyos.[226]

    Declaratoria de Estado de emergencia[editar]

    Se declaró en estado de emergencia a Lima, Callao, Puno y Cusco, así como la provincia de Andahuaylas (Apurímac), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), el distrito de Torata (Moquegua),[227][228][229]​ además de las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánica Sur.[230]

    Fase 2: Preparación de la segunda marcha de los cuatro suyos[editar]

    Video externo
    Conferencia de prensa por la Asamblea Nacional de los Pueblos, La República.
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    16 de enero[editar]

    Se registraron bloqueos de carreteras en varios puntos del departamento de La Libertad.[231]​ El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se reunió con anterioridad con el presidente de la Central Única de las Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro Quispe, y otros dirigentes para recomendarles que respeten la vida, la propiedad y no quemen vehículos.[232]​ Decenas de manifestantes marcharon por el distrito limeño de Miraflores.[233]

    Cientos de manifestantes bloquearon la carretera central en el cruce entre Pasco y Huánuco, y otro hacia el distrito de Huayllay.[234]

    Una caravana que se dirigía a Lima fue detenida en Ica. Los manifestantes dijeron que esa era la primera caravana y que «muchos más» estaban en camino para sumarse a las protestas.[235]​ Según se informó, cuatro de los choferes intervenidos incurrieron en faltas al reglamento de tránsito tales como transitar con placas adulteradas, no disponer de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni luces ni dispositivos retrorreflectivos, tener revisiones técnicas vencidas o no tener certificado de aprobación de inspección técnica. Las acciones fueron realizadas en el marco del Estado de emergencia declarado en las carreteras peruanas.[236]​La Defensoría del Pueblo respondió con la liberación de los manifestantes.[237]

    A nivel nacional, diversas organizaciones de izquierda se prepararon para una nueva Marcha de los cuatro suyos o Toma de Lima.[238][239][240]​ Por ello, pobladores y universitarios de las provincias de Acomayo, Chumbivilcas, Canchis, Paruro y Quispicanchi del departamento de Cuzco, se embarcaron en sus vehículos para partir a Lima.[241]​ En Madre de Dios se anunció una tregua para facilitar el traslado a la capital.[242]​ Por otro lado, un aproximado grupo de 10 000 aimaras emprenderán su viaje a Lima el día 17 de enero.[243][244]

    La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP)[245]​ y otras organizaciones de izquierda convocaron a un paro nacional de 24 horas el día 19 de enero,[246]​ en Huancayo,[247]Arequipa, Chota, Ayacucho,[248]Pasco,[249]​y Ancash;[250]​ en el caso de los dos últimos, el paro se extendió a 48 horas. No obstante, en Ayavirí (Puno) se declaró en paro indefinido.[251]

    17 de enero[editar]

    Mientras se intentaron realizar negociaciones con presidentes regionales del autodenominado Proyecto de la Macroregión Sur,[252]​Dina Boluarte reconoció la existencia de manifestantes que «quieren tomar Lima, el 18 y 19 de enero».[253][254]​Como respuesta, el Minsa declaró alerta roja en el sector salud a nivel nacional.[255]

    Se reportó el bloqueo de carreteras en 10 regiones del país. En Tacna, la atención de los mercados se reportó como normal debido a que diversos gremios no acataron las medidas de paralización. En Cusco se reportó escasez de alimentos debido a los bloqueos.[256]​Se produjo un enfrentamiento violento en Chao (La Libertad) con dos personas heridas: un policía que recibió un ataque a su ojo y un manifestante que recibió un impacto de proyectil.[257]

    Múltiples manifestantes del distrito de Paucartambo de la provincia de Pasco llegaron a Cerro de Pasco y anunciaron su viaje a Lima.[258]​ Por otro lado, se reportaron ataques al Oleoducto Norperuano en Amazonas por parte de los manifestantes. Petroperú manifestó que esto era una acción de alto riesgo y que «podría generar una catástrofe ambiental de gran magnitud». [259][260]

    Desde Arequipa, los mercados de la Señor de Huanca y de la Asociación de Comerciantes Mayoristas enviaron víveres a base de agua mineral, galletas, verduras y otros productos.[261]​Durante la noche, un grupo de universitarios de la Federación Universitaria San Marcos (FUSM) tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.[262]

    18 de enero[editar]

    Se reportaron dos nuevos fallecidos tras el bloqueo de las carreteras desde el distrito de Virú, un bebé prematuro y una mujer de 51 años.[263]​Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la PNP en Huancavelica, incluso un grupo de vándalos incendiaron la casa del hermano del gobernador regional.[264]​En Macusani (Puno) un grupo de vándalos incendiaron el local del poder judicial y la comisaría local,[265]​ dejando como saldo varios heridos, 2 civiles muertos y varios daños materiales.[266][267]

    El jefe de la Macro Región Policial de Junín, general Colin Sim Galván, afirmó que unos 4000 policías resguardaran las principales zonas de Huancayo, ante el paro nacional convocado para el 19 de enero.[268]​ Mientras tanto en Lima se convocó a 9600 efectivos policiales para controlar las calles.[269]​Por el lado de los manifestantes, una brigada formada por estudiantes universitarios de Puno y Juliaca partieron a Lima para brindar asistencia médica.[270]

    Toma de la UNMSM[editar]

    El grupo de aproximadamente 30 universitarios pertenecientes a la Federación Universitaria San Marcos (FUSM) que tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ofrecieron alojamiento a los manifestantes provenientes del sur para la Toma de Lima, recibiendo a varios buses, albergando a 400 personas.[262][271][272][273][274]​La congresista Sigrid Bazán conversó con los manifestantes instalados en la zona.[275]

    El exministro del interior, José Elice, manifestó que «la policía puede ingresar, las restricciones en cuanto al ejercicio de derechos aplica para todos».[276]​ A pesar del malestar de la rectora Jeri Ramón Ruffner,[277]​ la propia universidad descartó algún intento de desalojo.[278]​Esto coincide con la deserción del acampamiento de la plaza Manco Cápac luego de varias semanas.[279]​La Universidad Nacional de Ingeniería también se ofreció de huésped para las delegaciones de estudiantes provenientes del interior del país,[280][281]​lo que generó la sospecha de la Contraloría por ceder sus instalaciones.[282]

    Durante el día, recibieron múltiples donaciones de alimentos y bebidas, además realizaron ollas comunes.[283]​El consejo universitario pidió la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo para iniciar conversaciones,[284]​ lo cual finalmente se dio, durante la tarde se instaló la mesa de diálogo.[285]​Uno de los manifestantes justificó que la razón para participar en Lima es para la «luchar [y] defender la patria».[286]

    Operativo en Pucusana[editar]

    Ante la eventual marcha sobre Lima, la Policía Nacional del Perú, inició un operativo en el peaje de Pucusana, en la Panamericana Sur con el fin de verificar si algún ciudadano cuenta con requisitorias y que no cuenten con objetos que puedan ser usados como armas.[287][288]

    Fase 3: Clímax[editar]

    Segunda marcha de los 4 suyos[editar]

    El paro nacional del 19 de enero[editar]

    El jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, anunció públicamente el despliegue de 11 800 policías solo en Lima; sin embargo, minimizó el impacto de las manifestaciones, estimó que no pasarían los 2 mil manifestantes.[8]​ Adicionalmente, profesionales realizaron la protección de monumentos históricos por seguridad,[289]​se cerraron temporalmente las zonas comerciales[290]​ y se desplegaron tanquetas por las calles.[291]

    El presidente del congreso solicitó que se marche de manera pacífica. Dieciocho regiones del país presentaron vías bloqueadas.[292]

    Manifestantes tomaron control de parte del aeropuerto en Arequipa.[293][294]​ Ante esto, la policía formó escudos para protegerse de lanzamientos de piedras y huaracas.[292]​ Igualmente se atacaron los aeropuertos de Cuzco[295]​y Juliaca.[296]

    En Áncash, un grupo de manifestantes lanzó piedras y palos a la Notaría Otárola, propiedad del hermano de Alberto Otárola. La ministra de salud, Rosa Gutiérrez, informó que durante las últimas movilizaciones 19 ambulancias sufrieron ataques por parte de los manifestantes.[292]​ En Lima, grupos de manifestantes atacaron a los policías y causaron destrozos de propiedad pública.[297]​ La Asociación Nacional de Periodistas del Perú informó un total de 16 ataques a periodistas durante la jornada.[298]

    Incendio en el centro de Lima[editar]

    Para la noche de ese día, se reportó un incendio en un inmueble a una cuadra de la plaza San Martín, los bomberos acudieron de inmediato a apagar el incendio..[299]

    Convulsión social y crisis nacional[editar]

    20 de enero[editar]

    Un grupo de manifestantes cortó la tubería del oleoducto norperuano provocando el derrame de petróleo en Amazonas.[300]​ El servicio de trenes de Cuzco a Machu Picchu fue suspendido debido a los daños causados por los manifestantes a los rieles. Por otra parte, se registraron bloqueos de carreteras en La Libertad y Cajamarca. En Madre de Dios, el ministerio de defensa anunció el traslado de ayuda humanitaria luego de evidenciarse que los insumos necesarios para el servicio de agua potable peligraban por los bloqueos viales de los manifestantes. [301]​ Se produjeron disturbios en Lima por parte de los manifestantes, además se evidenció el uso de láser por parte de estos. Un grupo de manifestantes atacó la estación Colmena del Metropolitano. Se informó que alrededor de 2500 personas formaban parte de las manifestaciones en el Cercado de Lima. En Arequipa, un grupo de manifestantes intentó tomar nuevamente el aeropuerto.[298]​ Se reportó la captura de algunos manifestantes con bombas molotov, combustible, artefactos pirotécnicos y "avellanas".[302]​ Un grupo de manifestantes en Cusco llegaron al campamento de la minera Antapaccay incendiándolo.[303][304]

    21 de enero[editar]

    Un escuadrón de la policía desalojó a los manifestantes en la Universidad Nacional de San Marcos por pedido de la casa de estudios.[305][306]​ Con anterioridad, alrededor de 300 manifestantes atacaron a los agentes de seguridad del campus y robaron sus equipos de seguridad y chalecos.[307]​ Según se detalló, la intervención se realizó en el marco del Estado de emergencia.[308]​ Se reportó la detención de los manifestantes.[309][310]

    Por otra parte, 400 turistas que quedaron varados en Machu Picchu fueron evacuados por la policía.[311]​ Se reportó el bloqueo de vías en 11 regiones.[306]​Se reportaron nuevas víctimas, siendo una de ellas asesinada por los manifestantes por negarse a pagar cupo para poder atravesar la carretera bloqueada. Además, la comisaría de Ilave, que se encontraba abandonada, fue incendiada por los manifestantes y se registraron ataques a los aeropuertos de Cusco, Arequipa y Puno.[312]

    22 de enero[editar]

    Un grupo de manifestantes atacó la comisaría de El Triunfo en La Joya, Arequipa, produciéndose un cruento enfrentamiento.[313]​ Los manifestantes tomaron de rehén a un policía para pedir la liberación de los manifestantes que habían sido detenidos por la policía.[314]​ El encargado de la negociación fue un sacerdote, quien evitó que quemaran vivo al policía ya que los manifestantes lo habían rociado con gasolina. La intención de los manifestantes era incendiar la comisaría.[315]

    En Ica, debido a los bloqueos, diversos buses optaron por transitar por el desierto reportándose que algunos de los vehículos quedaron atrapados en la arena.[316]​En la provincia de Yunguyo (Puno), cerca de la frontera con Bolivia, vándalos incendiaron los locales de Migraciones, Aduanas Senasa, Policía Judicial y un puesto fronterizo policial.[317][318]

    23 de enero[editar]

    Se reportó que, producto de los bloqueos de vías en Ica, un 60% de agencias de viaje se reportaron en quiebra.[319]​ En el mismo departamento, en el distrito de Salas y Santiago, se reportó el ataque a los fundos Agrovictoria, Natalia, Fraile y Agrolatina. Los vándalos robaron las pertenencias e incendiaron las casetas de seguridad,[320][321]​ además de amenazar a los trabajadores.[322]​Ese hecho fue condenado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.[323]

    Se reportaron bloqueos en 74 puntos de 10 regiones del país. En Junín, en acuerdo con la policía, los manifestantes liberaron la vía Pichanaqui-Satipo.[319]​Un grupo de manifestantes se movilizó por el Mercado Mayorista de Santa Anita en Lima.[324]

    La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), gremios universitarios y otras organizaciones convocaron a una gran marcha nacional para el día siguiente.[325]

    Gran marcha nacional del 24 de enero[editar]

    La policía intentó desalojar a los manifestantes en el kilómetro 290 del sector de Expansión Urbana, Ica. Aunque un grupo de pobladores ayudó a despejar la carretera a la policía, los manifestantes retomaron el control y los hizo retroceder. Se reportó que los manifestantes contaban con piedras y palos.[326]​ Por otro lado, se reportó que los manifestantes de Atuncolla, Puno, acordaron radicalizar las protestas y cerrar las vías de acceso y salida que conectan con los distritos de Caracoto, Cabana, Vilque, Tiquillaca, Paucarcolla y Huata.[327]​A la vez, se reportó la llegada de 500 miembros del ejército peruano, provenientes de cuarteles de Moquegua y Tacna a Puno,[328]​se indicó que estos efectivos serían distribuidos a zonas críticas de la región.[329]

    Alrededor de 200 manifestantes bloquearon la Panamericana Sur a la altura de Cerro Azul, obstruyendo la entrada y salida a la capital, sin embargo la vía fue liberada a tempranas horas del día siguiente por la PNP.[330]

    25 de enero[editar]

    EsSalud y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) coordinaron establecer un "puente aéreo" para abastecer de medicamentos y productos sanitarios a la Red Asistencial EsSalud de Arequipa.[331]

    Enfrentamientos en la Panamericana Sur[editar]

    Se produjeron violentos enfrentamientos en el kilómetro 290 del sector Expansión Urbana y en el kilómetro 263 del sector Barrio Chino de la Panamericana Sur en Ica. La vía había sido bloqueada con bloques de concreto por seis días consecutivos, la policía desplego alrededor de 1500 efectivos de la Dinoes y otras unidades para el desalojo de los manifestantes, durante la tarde, la policía pudo desbloquear el tramo.[332][333]​Resultaron heridos 57 policías (47 en Barrio Chino y 10 en La Expansión), mientras que en Barrio Chino, un suboficial PNP fue retenido y golpeado salvajemente por un grupo de vándalos.[334]​Múltiples manifestantes también fueron heridos, pero se niegan a acudir a centros de salud por temor a ser detenidos.[335]​Al días siguiente, la vía volvió a ser bloqueada.

    26 de enero[editar]

    El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) hizo un llamado a los manifestantes para que dejen pasar un camión cisterna de oxígeno medicinal para el Hospital Regional de Ica. El coronel Frank Chang, jefe de la división de servicios especiales de la Región Policial Lima, manifestó que los manifestantes mostraron alta agresividad y llevaban objetos de metal en los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Lima.

    Cerca de 100 manifestantes bloquearon la Carretera Central, en el kilómetro 145 en el sector de Pucará.[336]​ En Tacna, un grupo de manifestantes bloquearon la frontera con Chile. En Loreto, 200 manifestantes awajun tomaron las instalaciones del Estación 5 del Oleoducto Norperuano. En Puno, militares y vehículos blindados despejaron la carretera de Laraqueri y se dirigieron al cuartel Manco Cápac en la ciudad de Puno.[337]​ En Madre de Dios, el personal del hospital de Santa Rosa alertó de la escasez de gas para preparar alimentos para los pacientes internados en el hospital.[338]​En esa misma región, los manifestantes quemaron motos cerca al gobierno regional[339]​e intentaron tomar la sede del gobierno regional luego de enterarse de la visita del Premier Otárola.[340]​ Se publicó un comunicado conjunto del Ministerio del Defensa y del Ministerio del Interior:[341][342]

    1. Como es de conocimiento público, diversas carreteras del país permanecen bloqueadas, en un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental, reconocido en nuestra Constitución Política, y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional.
    2. El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes “con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos”, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad.
    3. Hasta la fecha, diez peruanos inocentes han perdido la vida como consecuencia de este acto ilegal...
    4. El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico, o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas.
    5. El bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y alzas en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible. En algunas regiones, incluso, está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a las y los peruanos más pobres.
    6. Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia, en virtud al artículo 2 del Decreto Supremo 009-2023-PCM.
    7. Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las Fuerzas del Orden, que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y otras normas vigentes.

    Desbloqueo de carreteras[editar]

    27 de enero[editar]

    La SUTRAN informó que se registraron bloqueos en 8 regiones. El director de salud de La Oroya confirmó la muerte de un paciente por el bloqueo de carreteras en la Carretera Central.[343]​Ante la llegada del ejército y la policía, manifestantes liberaron de forma pacifica, un tramo de la carretera que conduce a Arequipa.[344]

    Se reportó enfrentamientos en Puerto Maldonado (Madre de Dios), incluso un policía fue retenido y desnudado por los manifestantes.[345]​ Un grupo de vándalos atacaron la casa del gobernador regional de Madre de Dios con piedras y otros objetos,[346]​ su intención fue la de incendiar la casa. El gobernador se defendió disparando al aire con un fusil desde una de las ventanas.[347][348]

    Reconsideración de adelanto de elecciones[editar]

    La presidenta Dina Boluarte en una reunión se manifestó a favor del debate de adelanto de elecciones al 2023,[349]​ además, criticó a las facciones de izquierda por condicionar el adelanto de elecciones para la instauración de una asamblea constituyente.[350]​ En el congreso se debatió la propuesta de adelanto de elecciones para octubre de 2023 presentada por Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución.[351]​ Se votó a favor de la reconsideración de las elecciones de 2024 en favor de la propuesta de Guerra García. Las bancadas de izquierda insistieron, por otra parte, que también se debía realizar la consulta para una asamblea constituyente.[352]​El congreso rechazó la reconsideración de adelanto de elecciones. Las bancadas que votaron en contra, en bloque fueron Perú Libre (14), Perú Bicentenario (5), Renovación Popular (9) y Avanza País (8), junto a algunos congresistas de Acción Popular (8), Alianza para el Progreso (1), Fuerza Popular (1), Podemos Perú (2), Somos Perú (3), Perú Democrático (3), el Bloque Magisterial (8) y 3 no agrupados. Los que votaron a favor fueron Fuerza Popular (19), Acción Popular (3), Alianza para el Progreso (6), Podemos Perú (3), Somos Perú (3), Perú Democrático (1), Cambio Democrático-JPP (5) y 5 no agrupados. En total, los votos en contra sumaron 65 votos contra 45 a favor y 2 abstenciones (del Bloque Magisterial y Podemos Perú, respectivamente).[353][354]

    28 de enero[editar]

    La policía liberó pacíficamente la carretera central en Junín y la vía Federico Basadre en Ucayali. Se reportaron violentos enfrentamientos en el centro de Lima.[355]​Un grupo de manifestantes causaron daños en la Corte Superior de Justicia de Lima.[356]​Productos de los enfrentamientos se registró la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca.[357][358]​ Inicialmente se difundió la versión de que su muerte fue producto de los disparos de la policía,[359]​ sin embargo, EsSalud sacó un comunicado informando que la muerte de Santisteban se debió a una "herida contuso cortante en región retroauricular derecha (detrás de la oreja) producto de un golpe".[360]​ Según se detalló, el golpe fue originado por una bomba lacrimógena.[361]

    29 de enero[editar]

    Dina Boluarte dio un mensaje a la nación para promover adelanto de elecciones.[362]

    30 de enero[editar]

    El ejército junto a la policía nacional liberaron pacíficamente los sectores Barrio Chino, Expansión Urbana y El Álamo de la Panamericana Sur en Ica.[363]​ Un ciudadano boliviano de nombre Luis Fernando Aróstegui Ramos fue intervenido cuando llevaba víveres en su camioneta para los manifestantes de Barrio Chino.[364][365]​ Aunque el vehículo de Aróstegui contaba con el permiso de la SUNAT para transitar por el Perú,[366]​ no tenía SOAT ni permiso para usar lunas polarizadas.[367]

    Por otro lado, el ex consejero regional de Apurímac, Emerson Huashua Cahuana, solicitó la intervención de las fuerzas armadas bolivianas en el Perú.[368]

    31 de enero[editar]

    Un grupo de manifestantes intentó llegar hasta el aeropuerto Jorge Chávez.[369][370]​ Entre los manifestantes del aeropuerto fueron capturados Yaneth Navarro Flores y Cirilo Jara 1ados para el desarrollo de las protestas.[371][372]

    En el Cusco, un grupo de manifestantes atacó vehículos que transitaban y azuzaba a la población a unirse a las marchas.[373]​Se detuvo a cinco manifestantes encontrándose entre sus pertenencias hondas y piedras.

    1 de febrero[editar]

    Unos 300 comuneros bloquearon nuevamente la carretera central en el sector de Morococha (Tramo Lima-La Oroya) y la carretera Marginal de Pichanaqui.[374]​En Huancayo, numerosos piquetes de manifestantes recorrieron varios puntos de la ciudad, cerrando negocios locales, al final se congregaron en la avenida Ferrocarril en el centro de la ciudad,[375]​ por otro lado se anunció un paro general indefinido denominado "La toma de La Oroya" prevista para el día siguiente.[376]​Otro grupo de agricultores de la cuenca del río Cunas de Chupaca bloquearon con tractores el puente La Breña, principal vía de ingreso a Huancayo, aunque lo liberaron horas después.[377]

    En votación, el Congreso de la República rechazó el adelanto de elecciones para este año 2023.[378]

    Consecuencias[editar]

    Fallecidos[editar]

    Hasta el momento, por las protestas en 2023, se reporta la muerte de al menos, 34 civiles y un 1 policía. Según el primer ministro Alberto Otárola, parte de las muertes civiles ocurrieron por una legítima defensa policial tras intenciones de ocupar los aeropuertos, en que reconoció no existir una buena comunicación entre el gobierno y los manifestantes.[379]​También se incluyen fallecimientos por bloqueo de carreteras, en que Minsa pidió liberar el acceso de vías.[380]​Organizaciones de la sociedad civil,[381][382]​la Unión Europea[383]​ y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU[384]​ rechazan el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza.

    El 9 de enero fallecieron 17 civiles durante los enfrentamientos con la PNP en Juliaca [385]​Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, todos los civiles fallecidos en ese día fueron causadas por proyectiles de fuego.[386]​También se reporto la muerte de un policía por perpetradores sin identificar.[387][388]

    El 11 de enero, falleció Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad Uninsaya Coyana de la Provincia de Anta, durante los enfrentamientos con la PNP en el Cusco.[389]

    El 12 de enero, falleció el adolescente B.A.J. de 15 años en Juliaca que se encontraba herido de gravedad producto del enfrentamiento del 9 de enero.[390]

    El 18 de enero, fallecieron Julia Carhuapoma y un neonato de 28 semanas tras el bloqueo de las carreteras desde el distrito de Virú.[263]​Por los enfrentamientos en Macusani (Puno) con la PNP, una mujer falleció por impacto de proyectil de arma de fuego.[391]

    El 19 de enero, se registró un nuevo fallecimiento de una persona herida en Macusani por el enfrentamiento del día anterior.[392]​Jorge Condori Arcana murió en enfrentamientos ocurridos en Arequipa.[393]​Además, cuatro haitianos fallecieron en el municipio peruano de Desaguadero por los bloqueos.[394]

    El 20 de enero, Héctor Vásquez Contreras (Puno), Celso de la Cruz Saavedra y Jesús Morales Vega (La Libertad) fueron asesinados en enfrentamientos.[395]

    El 27 de enero, falleció una persona producto de los bloqueos en la Carretera Central.

    El 28 de enero, falleció Víctor Santisteban Yacsavilca en el Hospital Grau, tras la protesta en la Av. Abancay en Lima. Según las primeras declaraciones de un médico bridadista que lo atendió afirmo que fue por impacto de bala. Posteriormente EsSalud y Mininter, entidades del estado cambiaron su versión. Producto de un golpe (detrás de la oreja).

    Suspensión de eventos[editar]

    • El 10 de enero se anunció la suspensión de la presentación en Puno de la Fiesta de la Candelaria.[396][397]​Además, se vistió de negro a la Virgen de Candelaria como muestra de respeto a las víctimas de las protestas.[398]
    • El 17 de enero el Gobierno peruano anunció la suspensión de todos los eventos deportivos hasta el 23 de enero, debido a la falta de garantías policiales.[399][400]
    • El 21 de enero se suspendieron cualquier visita turística a Machu Picchu de forma indefinida.[401]
    • Figuras musicales como Agua Marina[402]​ y Daniela Darcourt[403]​postergaron sus eventos de enero por solidaridad a las personas ante la situación.

    Desabastecimiento y crisis económica en regiones y ciudades[editar]

    El Banco de Crédito del Perú reportó una reducción de producción tras el bloqueo, lo que conllevaría una reducción del producto bruto interno proyectado por el BCR.[33][404]​Dicho bloqueo es considerado por Infobae como la principal medida de protesta.[405]​ Mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas reportó pérdidas de 1150 millones de soles para el 24 de enero, superando a las pérdidas por las protestas de diciembre de 2022.[406]​La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines solicitó al MEF para recurrir en la campaña Reactiva Perú y mantener a flote a las empresas del sector turismo.[407]

    Norte[editar]

    • En el departamento de La Libertad, el sector agroexportador perdió casi un millón de soles por los bloqueos.[408]
    • En la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, se muestra escasez de frutas y las perdidas económicas bordean el millón de soles.[409]
    • En la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali, los precios de las verduras se duplicaron.[410]

    Sur[editar]

    • En la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región de Madre de Dios, se informó que el combustible dejó de abastacerse al igual que los alimentos en los mercados, en que se predomina la incertidumbre social.[411][412]​El mercado que abastece la ciudad se encontró cerrado desde el 4 de enero.[413]
    • El departamento de Cuzco, se quedó sin turistas extranjeros recurrente y, por consecuencia, se despidió masivamente a trabajadores de hoteles.[414]
    • En el departamento de Arequipa, se muestra la escasez de cantidad de alimentos y de productos de primera necesidad.[415]​El producto con mayor escasez fue el pollo.[416]​En el rubro de la leche, se bota alrededor de 900 mil litros al día.[417]
    • En el departamento de Apurímac, desde su declaración en insurgencia popular, se encontró paralizada económicamente junto al desabastecimiento de alimentos.[408]
    • El departamento de Puno, se mostró con desabastecimiento de gas y verduras y las perdidas económicas diarias superan los 850 millones de soles.[418]
    • En el departamento de Ica, se muestra escasez de combustible, incremento de costos y las perdidas diarias son de 60 millones de soles.[419]

    Impacto de las protestas[editar]

    Acusaciones de intervenciones extranjeras[editar]

    La embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, fue señalada por supuesta injerencia en la política peruana al expresar que le interesaba la seguridad de los peruanos durante la visita al nuevo alcalde de Lima Rafael López Aliaga.[420][421]​ A la semana siguiente, luego de las muertes en la sierra del Perú, el presidente Joe Biden, nombró a una nueva embajadora de su país, Stephanie Syptak-Ramnath.[422]​ El gobierno de los Estados Unidos reconoció «el derecho a la protesta pacífica y la expresión de quejas a través de canales democráticos, y hacemos un llamado a la calma, al diálogo y a que todas las partes ejerzan moderación y no violencia»[423]​ e hizo un llamado a realizar investigaciones sobre las muertes ocurridas.[424]

    Evo Morales, y la Runasur, fueron acusados de realizar injerencia extranjera en el Perú al enviar emisarios y operadores políticos para azuzar las marchas.[425]​Según se conoció, Morales junto a doce operadores políticos, algunos exviceministros, ingresaron al Perú más de 20 veces y han tenido una alta actividad en regiones como Cusco, Arequipa y Puno.[426]​ para difundir mensajes políticos y llamados a la violencia.[427]​De estos, se detalló que algunos ingresaron de manera irregular, algunos con visa de turista.[428]​Además, el partido Perú Libre recibió a uno de los promotores, el excanciller boliviano Fernando Huanacuni.[429]​ Según se denunció, el objetivo de Evo Morales en el Perú era obtener acceso al mar para Bolivia.[430]​Por su lado, Morales declaró que la Runasur era un «proyecto de integración» y que los «grupos oligárquicos de la derecha en Perú tratan de amedrentarnos con mentiras y denuncias insostenibles».[431]​ El analista político Luis Gonzales Posada señaló a Evo Morales como uno de los responsables en la crisis del país.[432]

    Ante esto, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, dispuso impedir el ingreso de Morales y ocho operadores políticos.[433]​Posteriormente, el Congreso retiró la Medalla de Honor entregado al exmandatario, en el grado de Gran Cruz, en 2007.[434]​El 14 de enero de 2023 la Fiscalía de Puno abrió una investigación a Morales por traición a la patria.[435]​A pesar de ello, Morales presentó un habeas corpus para dejar sin efecto su restricción al ingreso del país.[436]

    Aparte de Morales, políticos de Perú, Bolivia y Chile denunciaron que el colectivo Ponchos Rojos facilitaría municiones a los manifestantes.[437][438]​ A la par, se ha descartado la incursión de militares bolivianos al país.[439]​ Se informó que la embajadora de Perú en Bolivia, Carina Palacios Quincho, fue cesada de su cargo luego del escándalo suscitado por la acusación de injerencia extranjera boliviana. Palacios Quincho con anterioridad había sido miembro de la secretaría de relaciones exteriores de Perú Libre[440]​ y cercana a Vladimir Cerrón.[441]

    Por otro lado, el diario Expreso señaló que el gobierno cubano estaba supuestamente involucrado de las protestas a través del embajador de Cuba en Perú, Rafael «el Gallo» Zamora.[442][443]​La congresista Rosselli Amuruz solicitó su declaración de persona no grata.[444]

    El 18 de enero de 2023, la presidenta Boluarte envió un documento al Congreso de la República para considerar la llegada de fuerzas militares extranjeras, en cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 27856. Según se informó, el pedido era para que ingreso en territorio peruano el buque escuela Juan Sebastián Elcano de la armada española en el marco de su 95° viaje de instrucción. El buque haría escala en el Callao, Perú, en abril de 2023.[445]​ El ministro de defensa, Jorge Chávez informó que solo "son procedimientos de intercambio cultural y académico que se realizan entre ejércitos y armadas de los países hermanos del Perú y del mundo".[446]​ El buque partió de Cádiz con trayecto por Tenerife, Río de Janeiro, Buenos Aires, Punta Arenas, El Callao, Cartagena de Indias, Puerto Limón, Pensacola y Nueva York, teniendo como objetivo la investigación marina.[447]

    «Puno no es el Perú»[editar]

    Puno es una de las regiones en donde se extendieron las protestas a causa de la falta de diálogo con el gobierno,[448]​ en que no se encontró un intermediario para entablar la comunicación.[449][450]​ La falta de comunicación se sintetizó en la frase de Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, «Puno no es el Perú».[451]​ Aquella frase según el excongresista del departamento Alberto Quintanilla interpretó como «una voluntad de no dialogar o pretender aislar y someter primero a Puno y luego negociar».[452]​ Sin embargo, generó la molestia por las autoridades de la zona, como el acalde de la provincia de San Román,[453]​del congresista Alejandro Muñante[454]​ y el periodista César Hildebrandt.[455]​El Gobierno pidió disculpas posteriormente.[456]

    Más allá de su interpretación, el dirigente Félix Suasaca señaló que la delegación de Puno continuará en Lima «hasta que Dina Boluarte renuncie».[457]​ No obstante, medios locales han descartado que Puno cambie la bandera peruana por la de Bolivia, pese a que es realizado solo para conmemorar su aniversario.[458]

    Participación de organizaciones radicales[editar]

    El presidente del Congreso 2022-2023 José Willams comentó el 19 de enero de 2023 la existencia de «grupos de extremistas de izquierda que están haciendo daño».[459]​ Según el exministro Rubén Vargas, las manifestaciones ganaron fama por la «propaganda por los hechos», en que organizaciones de izquierda radical aprovecharon la toma de aeropuerto, cuyos hechos remontan en 2017, cuando Pedro Castillo lideraba el Conare.[460]​ Una encuesta por Ipsos Perú, para Perú 21, señaló que el 63 % de los participantes creen que actos violentos son organizados por movimientos políticos que buscan tomar el poder (cifra que crece al 73 % para los encuestados en Lima).[461]

    Uno de los casos de violencia correspondieron a las amenazas hacia los comerciantes que no quisieron participar en las marchas, [462][463]​que se mostraron con frecuencia en Tacna.[464][465]​Un comunicado firmado en conjunto por Confiep, AGAP y Comex solicitaron el cese de actos de extorsión para recuperar sus actividades laborales.[466]

    El 12 de enero de 2023, la Policía detuvo a Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, desde la Casa del Maestro en Ayacucho.[215][467][468][469]​ Rocío formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y estuvo implicada en atentados de los años 1980 y 1990.[470]​Ella, al igual que otros siete integrantes detenidos, formarían parte de la nueva organización criminal denominada Nueva Fracción Roja, posible responsable del financiamiento de protestas en Ayacucho. [471][472][473]​Durante su intervención, según la Dirección contra el Terrorismo, se encontró material relacionado con Sendero Luminoso.[474]

    Luego del arresto integrantes del frente de defensa denunciaron falta de pruebas con la supuesta relación con el terrorismo.[475]​ Además, exigieron su liberación junto al exministro Íber Maraví.[476][477]​Mientras que la congresista Sigrid Bazán condenó el hecho por supuesta vulneración a los derechos humanos.[478]

    Para el 19 de enero, según ATV, la policía consideró incluir a Víctor Quispe Palomino como principal azuzador de las protestas.[479][480]​Para ese tiempo, Antauro Humala anunció que redujo su participación en comparación con las manifestaciones de diciembre de 2022. En su lugar, dijo que «las piedras que las lancen los [jóvenes] para que después sean dirigentes, que se forjen en las calles, luchen, sufran».[481][482]

    Financiamiento de las protestas[editar]

    Desde la llegada de nuevos manifestantes a Lima, cantantes de música vernacular, incluida a la puneña Yarita Lizeth, y el dúo cholo Juanito y Richard Douglas se ofrecieron en cubrir los gastos de viaje.[483][484][485]​ Sin embargo, algunas de ellas, como la delegación de Tacna, no recibieron dichas donaciones.[486]

    Se ha discutido el origen del financiamiento de las campañas, a pesar de no ser considerado un delito cuando es una recaudación en sí.[487]​ En una entrevista para Mávila Huertas en 24 horas y el portal web Sudaca, el exministro Rubén Vargas analizó una posible planificación financiada ilegalmente.[488][489]​ Según el diario Expreso, se filtró un vídeo en que algunos manifestantes cobrarían la suma de 380 soles para plegarse a las manifestaciones.[490]​ No obstante, dirigentes locales señalaron al medio Panamericana que las marchas a Lima son autofinanciadas.[491]

    A pesar de los intentos de relacionar con la minería ilegal y el narcotráfico, la canciller Ana Cecilia Gervasi reconoció carecer de evidencias para febrero de 2023.[492]​ En ese mes, el Ministerio Público abrió una nueva investigación sobre los posibles financistas de las protestas.[493]

    Comunicación con el consejo interreligioso[editar]

    El 16 de enero de 2023, Dina Boluarte se reunió con el Consejo interreligioso, conformado por docena de organizaciones religiosas para promover el fortalecimiento del diálogo. [494][495]

    Investigación por el Ministerio Público y el Congreso[editar]

    La Fiscal General del Perú Patricia Benavides anunció investigaciones el 10 de enero de 2023 por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves contra la Presidenta Dina Boluarte, el Primer Ministro Alberto Otárola, el Ministro del Interior Víctor Rojas y el Ministro de Defensa Jorge Chávez.[496]​ El 12 de enero de ese año, la Fiscalía de la Nación abrió la segunda carpeta fiscal sobre las víctimas durante los dos meses de protestas.[497]​El caso de investigación coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Sin embargo, las acusaciones de genocidio no fueron procesadas con anterioridad, incluso para el líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán ni al expresidente Alberto Fujimori.[498]

    Además, el Congreso aprobó la conformación de una comisión el 12 de enero de 2023.[499]

    Reacciones[editar]

    Reacciones en el Congreso de la República[editar]

    El 10 de enero se realizó un minuto de silencio desde el Congreso de la República a las víctimas.[500]​Sin embargo, con la llegada de Alberto Otárola y sus ministros, los congresistas de la izquierda gritaron de «asesinos» y solicitaron su renuncia.[501][502]​Por un lado, Wilson Quispe manchó su propia camisa a partir de su supuesta sangre.[503]​ Por otro, Héctor Valer colocó el símbolo de Sendero Luminoso hacia las víctimas. [504]

    Las discusiones sobre la responsabilidad de los fallecimientos en las protestas por los bandos de la izquierda y derecha política en el Congreso continuaron incluso después de la investidura de Otárola,[505][506][507]​así como el desalojo de los manifestantes asilados en la Universidad San Marcos por motivos de seguridad.[508]​ Eso motivó la respuesta del presidente de la mesa directiva José Willams, quien avisó: «si hay un congresista allí (en los eventos), tiene que asumir la responsabilidad si este genera la violencia».[459]​ Desde el sector de la izquierda se intentó minimizar los fallecidos ocurridos por el bloqueo de carreteras.[509]​La congresista por Perú Libre y exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, advirtió al nuevo oficialismo que en caso de algún fallecimiento en la «Toma de Lima», «¡[L]a ciudadanía en rebeldía legítima tendrá pleno derecho a la insurgencia hasta las últimas consecuencias!».[510]

    Desde la derecha y afines algunos de ellos acusaron a los manifestantes por fomentar su radicalización:[511]​ El 14 de enero la congresista fujimorista Tania Ramírez alertó de una supuesta infiltración terrorista desde una universidad pública;[512]​ además, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue solicitado por Pedro Castillo para su defensa durante su arresto,[513]​ por ser una «institución ideologizada y politizada».[514]​Este último se sustenta de Alejandro Aguinaga, también de Fuerza Popular, quien comentó que la CIDH «no fue capaz de responderme si el incendio de comisarías o toma de aeropuertos es terrorismo».[515]​En febrero de 2023, el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu menospreció a la wiphala, bandera recurrida por los manifestantes en la protestas, por sus supuestos vínculos con Bolivia.[516][517]

    El 16 de enero, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, acusó de «terroristas» desde Arequipa;[518]​mientras tanto, Jorge Montoya propuso la militarización en aeropuertos,[519]​así como el establecimiento de un estado de sitio en Lima.[520]​ El 19 de enero, en una entrevista de CNN Chile, Edward Málaga culpó a Pedro Castillo por ser «una bomba de tiempo» que originó las protestas posteriores a su destitución.[521]

    A pesar de eso, se mostraron escenas rechazo de la población hacia los congresistas. como Tania Ramírez,[522]​Sigrid Bazán,[523]​ Ruth Luque,[524]​ entre otros.

    Proyecto de ley contra los actos vandálicos[editar]

    Si bien en el 315 del Código Penal del Perú se establece a los disturbios como delito,[525]​ en febrero de 2023 Renovación Popular propuso tipificar nuevos delitos al vandalismo y la violencia urbana.[526][527]

    Otras reacciones[editar]

    Ante la violencia en Juliaca, los gobernadores regionales de Puno y el Cusco emitieron un pronunciamiento el 10 de enero, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte.[528]​ El gobernador regional de Puno, Richard Hancco calificó a la presidenta como «traidora»:[529]​Además culpó al Legislativo por fomentar la polarización entre los bandos extremos de derecha e izquierda.[530]

    El 12 de enero de 2023, la vocera de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidió la renuncia de Dina Boluarte.[531]​De igual forma, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sugirió elecciones inmediatas.[532]​El 18 de enero de ese año, el presidente del Poder Judicial pidió a la población «tratemos de superarla de una manera pacífica, de la mejor manera».[533]​El 19 de enero, los diputados del partido político oficialista brasileño Partido Socialismo y Libertad se solidarizaron con la «lucha del pueblo peruano».[534]

    La Unión Europea condenó los hechos de violencia durante las manifestaciones y anima la investigación por los fallecidos en los incidentes con la policía.[535]​Desde Rusia, la portavoz de la cancillería María Zajárova comunicó que confiamos en la normalización de la situación en Perú, que «se resuelvan las contradicciones que separan a las partes enfrentadas en el marco de la legalidad y con respeto a las normas democráticas y de derechos humanos por medio del diálogo entre los peruanos y sin injerencias foráneas destructivas».[536]

    Cancillerías de otros países como Colombia, Brasil y Chile aconsejaron a sus ciudadanos a postergar sus viajes hacia Perú.[537][538][539]

    Sondeos de opinión[editar]

    Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 15 de enero de 2023, un 60 % de peruanos considera que sí se justifican las protestas de diciembre de 2022 frente a un 35 % que no cree que exista justificación. Sobre si se sentían identificados, un 50 % dijo que sí frente a un 46 % que no.[540]​ Por otra parte, un 71 % de los encuestados desaprobó la gestión de Dina Boluarte frente a un 19 % de aprobación. Sobre si se debía convocar a una asamblea constituyente un 69 % de los encuestados dijo que sí frente a un 27 % que dijeron que no. La encuesta de la IEP se realizó con una muestra de 1211 entrevistados de las 24 regiones del país con un margen de error de 2,8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.[541]​ Posteriormente, otra encuesta de IEP del mismo mes señaló que la población se identificó con el espectro centro, mientras que el 90 % de los encuestados identificados con la izquierda desaprueba el gobierno de Boluarte.[542]

    A la par, se publicó una encuesta de IPSOS, donde un 20 % de encuestados aprobaba la gestión de Dina Boluarte frente a un 71 % que no. Sobre si deseaban adelanto de elecciones un 52 % manifestó que deseaba que se adelantaran elecciones para diciembre de 2023 mientras que un 40% para abril de 2024. Sobre las acciones violentas registradas en las marchas, un 63 % manifestó que eran acciones organizadas de movimientos políticos mientras que un 30 % manifestó que eran actos espontáneos. Sobre quién era responsable de las muertes en las protestas, un 42 % manifestó que los culpables eran los dirigentes que azuzaron las marchas y alentaron a los manifestantes a comportarse de manera violenta mientras que un 36 % manifestó que las autoridades pertinentes que ordenaron a las fuerzas del orden eran los responsables. En total se encuestaron a 1199 personas con un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.[543]

    El 24 de enero, en una nueva encuesta de Ipsos con opción múltiples a 1204 personas, se marcó como posibles responables a grupos radicales con 34 %, mientras que grupos vínculados a economías (33 %) y los partidos políticos (24 %) fueron complementados en las tres respuestas con mayor elección.[544]

    Según una encuesta realizada a nivel nacional por la empresa CPI entre el 24 y el 27 de enero de 2023, un 44.9 % de los peruanos manifestó estar en desacuerdo de las protestas y un 15.1 % dijo estar muy en desacuerdo con estas manifestaciones. Un 19.2 % dijo estar de acuerdo, mientras que el 3.4 % dijo estar muy de acuerdo. En tanto, el 14.3 % señaló que no está de acuerdo ni en desacuerdo con las protestas.[545]

    Véase también[editar]

    Notas[editar]

    1. Fue propuesta por la asamblea reservada acordada en Puno.[1]​ Con el tiempo, esta propuesta perdió interés en algunas facciones para enfocarse en cambios políticos.[2][3]
    2. 174 pertenecientes a la PNP y 3 a las FFAA.[9]
    3. Cabe indicar que de conseguir la llegada al Palacio de Gobierno, sería el primer suceso después de los acontecimientos del 30 de septiembre de 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori.[24]

    Referencias[editar]

    1. a b «Conforman Comité de Lucha en la región Puno para retomar protestas contra el nivel central a partir del 4 de enero». Pachamama Radio. 28 de diciembre de 2022. Consultado el 18 de enero de 2023. 
    2. a b The New York Times (18 de enero de 2023). «En Perú, referéndum mortal sobre democracia». El Tiempo. Consultado el 19 de enero de 2023. (requiere suscripción). «Al principio, los manifestantes buscaban principalmente la restitución de Castillo o nuevas elecciones lo más rápido posible. Ahora, quieren una nueva Constitución e incluso, como decía un cartel, “refundar una nueva nación”. » 
    3. a b «Organizaciones sociales que rechazan el Gobierno de Dina Boluarte ya no piden libertad de Pedro Castillo». larepublica.pe. 21 de enero de 2023. Consultado el 21 de enero de 2023. 
    4. «Partido Morado exige la renuncia de Boluarte y Williams para adelantar elecciones al 2023». gestion.pe. 18 de enero de 2023. 
    5. a b «Tres partidos exigen la renuncia de Dina Boluarte tras el fallecimiento de un manifestante en Lima». infobae.com. 29 de enero de 2023. 
    6. «La Policía Nacional despliega más efectivos en Lima ante llegada de manifestantes desde regiones». Radio Programas del Perú. 18 de enero de 2023. Consultado el 18 de enero de 2023. 
    7. «Protestas en Lima: Policía desplegará cerca de 12 mil agentes en diferentes puntos de la capital». Correo. 19 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    8. a b «Toma de Lima: General PNP dispone 11,800 efectivos y asegura que manifestantes no llegarán a 2 mil». La Lupa. 19 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    9. a b «Reporte Crisis política y protesta social 28/1/2023 16:00 horas». Defensoría del Pueblo del Perú. 28 de enero de 2023. Consultado el 28 de enero de 2023. 
    10. a b «Conforman Coordinadora Macrorregional del Sur para impulsar huelga indefinida desde el 4 de enero». larepublica.pe. 29 de diciembre de 2022. Consultado el 21 de enero de 2023. 
    11. a b «Asamblea de la Macroregión Sur advierte que policías infiltrados que capturen serán ajusticiados». ATV. 4 de enero de 2023. Consultado el 4 de enero de 2023. 
    12. a b c Jhorch, Kenny (29 de diciembre de 2022). «Siete regiones de la «Macroregión Sur» del Perú acuerdan reiniciar huelga indefinida el 4 de enero». La Lupa. Consultado el 3 de enero de 2023. 
    13. a b «¿Por qué protestan los peruanos? Las exigencias y pedidos que mantiene en vilo al Gobierno de Dina Boluarte». infobae. 18 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. «Se han producido muertes de ciudadanos que por supuesto lamentamos, que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de estado en el país (…) es una resaca de esa situación, de aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron quebrar a la democracia (…) el siete de diciembre. » 
    14. a b c O'Boyle, Brendan (12 de enero de 2023). «Explainer: Peru protests: What is behind the violence?». Reuters (en inglés). Consultado el 18 de enero de 2023. «Protests have occurred nationwide, but Peru's long marginalized, left-leaning south has been their epicenter and the site of the worst violence. » 
    15. a b Clarín.com (16 de enero de 2023). «Las marchas contra Dina Boluarte avanzan hacia Lima y los manifestantes llaman a una huelga nacional». Clarín. Consultado el 19 de enero de 2023. «Es con ese argumento de las víctimas en las protestas que la poderosa central sindical de orientación de izquierda, llamó a “la clase obrera y el pueblo peruano a participar activamente en el gran proceso nacional, cívico y paro popular del 19 de enero de 2023”. Añade que el lema de la huelga es la exigencia de “la dimisión de Dina Boluarte y de los dirigentes del Parlamento” ». 
    16. «Miles de personas se manifiestan en Lima para pedir la dimisión de Boluarte». RTVE. 13 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. «La convocatoria ha congregado a partidos políticos de izquierda y extrema izquierda, gremios laborales y grupos civiles que se han movilizado por las principales avenidas del centro histórico, sin que se reporten enfrentamientos con la Policía. » 
    17. «After weeks of violent protests, what is happening in Peru?». Al Jazeera (en inglés). Consultado el 19 de enero de 2023. 
    18. «Peru: growing outrage over protest deaths as president urged to resign». the Guardian (en inglés). 19 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    19. «Miles de manifestantes llegan a Lima para participar en la «toma» de la capital peruana». La Voz de Galicia. 18 de enero de 2023. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    20. «Boluarte acusa a manifestantes de querer "quebrar Estado de derecho" en Perú». SWI swissinfo.ch. Consultado el 20 de enero de 2023. 
    21. «Alberto Otárola: No fue una protesta, fue un sabotaje contra el Estado de derecho». canaln.pe. 20 de enero de 2023. Consultado el 20 de enero de 2023. 
    22. Lozano, Daniel (19 de enero de 2023). «La toma de Lima se transformó en una batalla campal para tomar el Congreso». El Mundo. Consultado el 20 de enero de 2023. 
    23. «"Grupos que pretenden asamblea constituyente van a querer tomar la capital"». RCR Peru. 12 de enero de 2023. Consultado el 20 de enero de 2023. «[El periodista y especialista en temas de conflictividad social, Iván Arenas,] agregó que los grupos de izquierda que buscan la Asamblea Constituyente irán tras el poder que se encuentra en la capital y por eso el futuro del país se jugará en Lima, ya que pretenderán tomar con la llegada de manifestantes. » 
    24. Batalla, Carlos (7 de enero de 2021). «Perú: los intentos desbordantes por “tomar” Palacio de Gobierno». El Comercio Perú. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    25. Gómez Vega, Renzo (19 de enero de 2023). «Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha». El País. Consultado el 19 de enero de 2023. 
    26. «Atropellan autonomía y detienen a 205 personas en Universidad Nacional Mayor de San Marcos». larepublica.pe. 22 de enero de 2023. Consultado el 22 de enero de 2023. 
    27. «¿Qué hay detrás del estallido social en Perú?». Voz de América. Consultado el 25 de enero de 2023. 
    28. Rey, Marta (24 de enero de 2023). «El estallido social se apodera de Perú: claves de las protestas ciudadanas contra la clase política». RTVE.es. Consultado el 25 de enero de 2023. 
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    30. «El estallido en el sur de Perú ahonda las fracturas de un país en crisis perpetua». LA NACION. 14 de enero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2023. 
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    33. a b «Proyección de crecimiento de PBI del Perú enfrentará riegos a la baja este año si persisten protestas». infobae. 19 de enero de 2023. Consultado el 20 de enero de 2023. 
    34. Politi, Daniel (19 de enero de 2023). «Andes "descienden" sobre Lima y piden renuncia de Boluarte». AP. Consultado el 19 de enero de 2023. «Los partidarios de Castillo, el primer presidente de origen rural en 200 años de república, esperan que la protesta abra un nuevo capítulo en las movilizaciones que comenzaron hace más de un mes y exigen la renuncia de Boluarte y un cambio estructural en el país. Castillo fue destituido tras un intento fallido de disolver el Congreso. » 
    35. a b Clarín.com (3 de enero de 2023). «Crisis en Perú: se termina la tregua por las fiestas y se renuevan las protestas a favor de Castillo». Clarín. Consultado el 3 de enero de 2023. 
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