Proceso de destitución

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Un proceso de destitución[1]​ (o simplemente destitución), reprobación, proceso de revocación del mandato[2][3][4]​ o, también por su variante en inglés, impeachment (pronunciado Acerca de este sonido /ɪmˈpiːtʃmənt/)[5]​ designa una figura del derecho en países con un modelo de gobierno presidencialista (por ejemplo, países anglosajones como Estados Unidos, así como la mayoría de los basados en el derecho continental) mediante el cual se puede hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la Constitución del país.

En el ámbito anglosajón, se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de enjuiciamiento político (generalmente en la Cámara Baja) y posteriormente juicio del acusado (en la Cámara Alta). El individuo que ha sido objeto de un proceso de destitución deberá hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasionaría su destitución e inhabilitación para funciones similares. Así, por ejemplo, aunque Bill Clinton fue objeto de impeachment, no fue depuesto del cargo ya que fue exonerado por el Senado.

En América Latina es típico de sus sistemas presidencialistas y su origen está vinculado al mencionado impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del derecho indiano. Otros términos jurídicos similares en el mundo hispano son moción de censura, juicio político, juicio público, impugnación, destitución,[6]residenciamiento,[7]impedimento, remoción, deposición,[8]acusación pública, acusación constitucional o acusación en juicio político.

Funcionamiento en distintas jurisdicciones[editar]

Argentina[editar]

La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 53 la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado «al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».[9]

El presidente de la Corte Suprema de Justicia preside el Senado en el juicio al jefe de Estado. En el caso de que el Senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos antes mencionados o sobre alguno de ellos (artículo 59), se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución:[10]

Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Austria[editar]

El presidente federal austríaco puede ser destituido por el Asamblea Federal ante la Corte Constitucional. La constitución también proporciona la posibilidad de revocar el mandato de un presidente mediante un referéndum. En el país no se han tomado nunca estas medidas. Aunque el presidente tiene un gran poder sobre el papel, en la práctica actúa como una figura pública ceremonial, y por tanto no está en posición de abusar de sus poderes.

Brasil[editar]

El presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, así como sus respectivos subalternos, pueden ser revocados en virtud de los artículos 51,[9]​ 52[10]​ y 85 de la Constitución de Brasil. El procedimiento está definido por la Ley 1079/50.

Colombia[editar]

El artículo 178 de la Constitución de Colombia determina una atribución especial de la Cámara de Representantes:[9]

Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.

Sobre el Senado, el artículo 174 indica:[10]

Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

Más adelante, en el artículo 175, se establecen las reglas para los juicios en ese órgano.[10]​ El juicio en la Corte Suprema de Justicia seguirá las normas de procedimiento previstas en la ley 600 de 2000, según lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004.

La sentencia SU- 431 de 2015 de la Corte Constitucional estableció que el juicio político no solo debía adelantarse cuando se investigara la responsabilidad de penal del jefe de Estado, entre otros funcionarios, sino también cuando se investigara su responsabilidad fiscal o disciplinaria.[11]

Chile[editar]

La acusación constitucional es un proceso constitucional, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.[12][13]​ El procedimiento se dirige contra las autoridades taxativamente señaladas en la Constitución, por haber incurrido en alguna infracción constitucional, predeterminada por ésta, que justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.[12]

La figura ha sido regulada por la Constitución Política de 1828, de 1833, de 1925 y de 1980. En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado.

Hasta la fecha, cerca de cien acusaciones constitucionales han sido presentadas, de las cuales 20 han terminado siendo acogidas —3 desde la implementación de la Constitución vigente—. En solo dos oportunidades, se han presentado acusaciones constitucionales contra el Presidente de la República, la máxima autoridad política del país, durante el ejercicio de su cargo: contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956 (la cual fue rechazada) y contra Sebastián Piñera en 2019 (la cual se encuentra en curso).

Costa Rica[editar]

Según el artículo 121 de la Constitución de Costa Rica, entre las funciones de la Asamblea Legislativa están:

9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento; 10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;

Además, el artículo 151 establece que el presidente y los vicepresidentes no podrán ser juzgados penalmente hasta que la Asamblea Legislativa haya declarado «haber lugar a formación de causa penal».

Ecuador[editar]

La Asamblea Nacional de Ecuador, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, tiene entre sus atribuciones:

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente.

Según el artículo 120, el enjuiciamiento político del jefe de Estado procede en caso de «delitos contra la seguridad del Estado», «delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito» y «delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia», previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, sin necesidad de enjuiciamiento penal previo. El artículo 130 indica que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente en caso de «arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional» y «[p]or grave crisis política y conmoción interna». En ambos casos requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral.

El artículo 131 regula el enjuiciamiento político para «ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine».

El Salvador[editar]

En el artículo 155 de la Constitución de El Salvador se menciona la posibilidad de «remoción» del presidente y vicepresidente de la República (que alude vagamente a las atribuciones de la Asamblea Legislativa en el artículo 131).[14]

Estados Unidos[editar]

El artículo I de la Constitución de los Estados Unidos garantiza que los altos funcionarios puedan ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes a causa de delitos graves, a excepción de los miembros del legislativo (sin imposición de sanciones penales). Al igual que en el modelo británico, una vez que el Congreso abre el proceso, es el Senado el que se encarga de llevar a cabo el juicio. Para condenar al acusado son necesarias las dos terceras partes de los votos de los senadores. Este eventual castigo consiste en la destitución del acusado y su inhabilitación para desempeñar otros cargos públicos.[9][10]

Section. 2.

Clause 5: The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.

Section. 3.

Clause 6: The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.

Clause 7: Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.

En el artículo II mencionan los presuntos crímenes para iniciar un impeachment contra el presidente, vicepresidente y «todos los funcionarios civiles», los cuales son «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves». La vigesimoquinta enmienda de la Constitución corrigió el teórico vacío de poder en el caso de que el presidente «sea depuesto de su cargo».[14]

En Estados Unidos, de catorce procesos de destitución iniciados a nivel federal, solo cuatro acabaron con una resolución condenatoria. Únicamente dos presidentes han sido juzgados mediante este procedimiento, Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998-1999), ambos absueltos. En 1974, Richard Nixon interrumpió el proceso a presentar su dimisión del cargo, evento único en la historia política del país, tras la aprobación de su impeachment. En 2019 la Cámara de Representantes inició una investigación para llevar a impeachment a Donald Trump por supuestamente haber violado su juramento para el cargo y sus obligaciones bajo la Constitución.

Los procesos de destitución también se pueden hacer a nivel estatal, pero han sido bastante escasos.

Filipinas[editar]

Se siguen procedimientos similares a los de los Estados Unidos. Los párrafos 2 y 3 del artículo XI de la Constitución de las Filipinas establecen que la Cámara de Representantes tiene el poder exclusivo de iniciar los casos de juicio político contra el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Corte Suprema, los miembros de las Comisiones Constitucionales (Comisión Electoral, Comisión de Servicio Público y Comité de Auditoría) y el Defensor del Pueblo.

México[editar]

El artículo 76 fracción VII de la Constitución de México permite al Senado «erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución». El artículo al que hace referencia indica:[9][10]

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

El jefe de Estado y los gobernadores de los estados no son sujetos de juicio político.[15]​ El artículo 111 detalla esto: «Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.».[9]​ Los casos en los que el presidente puede ser acusado aparecen en el artículo 108:

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Panamá[editar]

El artículo 160 de la Constitución de Panamá dispone las funciones judiciales de la Asamblea Nacional:[10]

Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes.

El artículos 191 establece las causas para iniciar el proceso de destitución en el caso del jefe de Estado y su subalterno:

El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo son responsables en los casos siguientes:

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.

2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.

3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.

En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común.

Paraguay[editar]

El artículo 225 de la Constitución del Paraguay establece el procedimiento de juicio político:[14]

El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.

Los artículos 193 y 194 regulan la citación e interpelación de varios funcionarios ante las cámaras del Congreso. El presidente y vicepresidente de la República y los magistrados judiciales están exentos de este artículo en materia jurisdiccional (artículo 195). Por dos tercios de los votos, ambas cámaras pueden emitir un «voto de censura» y recomendar la remoción del jefe de Estado u otro cargo ya mencionado.[10]

Perú[editar]

La Constitución del Perú, en su artículo 99, detalla la atribución especial de la Comisión Permanente del Congreso para acusar a varios cargos políticos:[9]

Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Más adelante, en el artículo 100, presenta el procedimiento legislativo del cese del funcionario hallado culpable, así como los recursos judiciales para revertirla:[9][10]

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

El artículo 117 menciona las condiciones para la destitución del jefe de Estado, referida en el inciso 5 artículo 113:[14]

El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Reino Unido[editar]

El proceso de destitución tiene sus orígenes en el siglo XIV y se instituyó para poder juzgar a los altos cargos de la Corona. La Cámara de los Comunes era la encargada de iniciar el proceso, aunque el juicio se llevaba a cabo en la Cámara de los Lores. El juicio político inglés acarreaba sanciones administrativas e incluso penales, si así lo juzgaban. Sin embargo, desde hace dos siglos no se ha iniciado ningún proceso de destitución en el Reino Unido. La evolución del régimen parlamentario provocó que el jefe de Estado perdiera parte de su poder, de modo que debe rendir cuentas ante el Parlamento. El último proceso de destitución que se llevó a cabo fue el de Henry Dundas en 1806.

República Dominicana[editar]

El artículo 83 de la Constitución de la República Dominicana establece que una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados es:

Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;

Uruguay[editar]

La Constitución del Uruguay, en su artículo 172, determina las condiciones para la destitución del jefe de Estado:[14]

El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara de Representantes, el Presidente de la República quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

El referido artículo 93 indica:[9]

Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

El artículo 102 establece:

A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Quien haya sido separado de su cargo por lo anterior queda sujeto a juicio en los tribunales (artículo 103).[10]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Proceso de destitución, alternativa a impeachment». Fundéu BBVA. 18 de mayo de 2017. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  2. «revocación de mandato». 
  3. Altamirano, Claudia (8 de septiembre de 2016). «La Constitución de la Ciudad de México contempla la revocación de mandato». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  4. Matute, Carlos (22 de marzo de 2019). «¿Qué es la revocación de mandato? ¿Institución democrática o autoritaria?». El Universal. Compañía Periodística Nacional. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  5. «impeachment noun». Oxford Advanced Learner's Dictionary (en inglés). Oxford: Oxford University Press. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  6. «Impeachment». TheFreeDictionary.com (en inglés). Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  7. «Enciclopedia de Puerto Rico». www.enciclopediapr.org. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017. 
  8. «Deposición». WordReference.com. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  9. a b c d e f g h i Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Acusación de funcionarios públicos». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 16 de noviembre de 2019. 
  10. a b c d e f g h i j Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Responsabilidad de acusación en juicio político». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 16 de noviembre de 2019. 
  11. «El juicio político y los fueros de los altos dignatarios en Colombia». Cali: Velasco Abogados. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  12. a b Martínez, Gutenberg; Rivero Hurtado, Reneé Marlene (2004). Acusaciones constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. pp. 62 y ss. 
  13. Rumié Pérez, Fuad Taufik (2004). «Acusaciones constitucionales en contra de intendentes y gobernadores en los sistemas constitucionales de 1925 y 1980». Tesis para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Consultado el 6 de abril de 2013. 
  14. a b c d e Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Cesación del mandato presidencial/limitaciones al Ejecutivo». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  15. Sepúlveda Valle, Carlos A. «Juicios políticos». Milenio. Ciudad de México: GM. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]