Problemas ambientales de Argentina

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Los problemas ambientales de Argentina son las cuestiones ambientales que impactan el ecosistema de Argentina. Los principales problemas ambientales son la contaminación, la pérdida de tierras agrícolas, y la aplicación indiscriminada de pesticidas, que afecta tanto la biodiversidad de Argentina como a su población. El suelo está amenazado por la erosión, la salinización y la deforestación, en particular por las actividades agrícolas, en particular el cultivo de soja. La contaminación del aire también es un problema debido a los agentes químicos de origen industrial. El suministro de agua está amenazado por el vertido incontrolado de pesticidas, hidrocarburos y metales pesados.  

Contaminación del agua[editar]

La contaminación del agua por el vertido de desechos industriales y pesticidas es uno de los principales problemas que afectan a las poblaciones y al ambiente de Argentina.

Contaminación en el Río Matanza-Riachuelo[editar]

En la década de 1990 se comienza a debatir en Argentina sobre los problemas ambientales, se crea en 1991 la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación y, desde los inicios, la contaminación de este curso de agua aparece como uno de los problemas ambientales de mayor impacto en el país.

Ahora puede verse fauna sobre el río.

En 1993, la Secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray presentó un proyecto de limpieza del Riachuelo a completarse en solo mil días. Este proyecto jamás llegó a realizarse; la funcionaria fue imputada por enriquecimiento ilícito y malversación de los fondos que debían destinarse a la gestión ambiental del riachuelo. Durante esa gestión el Comité del Riachuelo manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi 22 fueron para el "servicios técnicos y profesionales", de consultoras cercanas a la ministra Alsogaray.

Atardecer en La Boca

Tras años, el plan de limpieza del Riachuelo estuvo paralizado, Alsogaray fue imputada por desvío de fondos. En 2006 el saneamiento del Riachuelo fue impulsado por una causa judicial[1]​ La Corte Suprema de Justicia recomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y a las ONG que actúan en la causa (FARN, CELS, Greenpeace y Asoc. Vecinos de La Boca), crear un Cuerpo Colegiado que tiene a su cargo el control del Plan de Saneamiento, y que permitiría impulsar la participación y el control ciudadano[1]

El 15 de noviembre de 2007 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional Nº 26.168 que creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dicha ley establece que ACUMAR ejercerá su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires y los siguientes municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.

La primera en ocupar la presidencia de ACUMAR fue Romina Picolotti, fue reemplazada debido a actos de corrupción comprobados en su gestión.[2]​Picolotti fue reemplazada por Homero Bibiloni, subsecretario de la cartera.[3][4]

En la actualidad la ACUMAR coordina las acciones de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y de la Nación, su director es, desde 2017, Dorina Bonetti.[5]​ ACUMAR incorporó drones para hacer controles de tránsito, vías de circulación y márgenes. También se utilizará para observar las obras en curso y el camino de sirga, cuya accesibilidad está liberada en casi un 90%.[6]

Durante la gestión de Mauricio Macri, sin embargo, hubo despidos, vaciamiento presupuestario y numerosas irregularidades en la gestión de ACUMAR.[7][8][9][10][11][12]

Contaminación en el Río Uruguay[editar]

En 2018, la CARU realizó una serie de estudios sobre el río, cuyos resultados fueron publicados en 2019. Según estos estudios, el río presentaba "valores superiores a los límites establecidos de concentración" en trece parámetros, incluyendo excrementos, metales y plaguicidas.[13]​ En particular, se encontraron concentraciones de plaguicidas que superan los niveles de toxicidad aguda y crónica, lo que representa un riesgo para el ecosistema del Río Uruguay.[13]​ Este fenómeno de contaminación del río se produce por la escorrentía, la aplicación aérea y la deriva de pesticidas.

Derrame de petróleo en Magdalena[editar]

El mayor derrame de petróleo en agua dulce, se produjo a las 14:30 del 15 de enero de 1999, en Magdalena, provincia de Buenos Aires, Argentina. El barco "Sea Paraná", de bandera alemana, impactó contra el buque “Estrella Pampeana” de la empresa Shell (con bandera liberiana) que transportaba unos 31.500 m³ de petróleo, derramando crudo a 20 km de la costa. Se derramaron más de 5.400.000 litros de petróleo en el agua dulce del Río de la Plata.[14]

En 2002 el municipio de Magdalena demandó por casi 35 millones de dólares a la empresa Shell por daños ecológicos en las costas y aguas del distrito. A cambio del cierre de la causa y desconocer su responsabilidad, Shell ofreció casi 10 millones de dólares y ayuda al desarrollo de Magdalena.[15]​ Este convenio se llevó a un plebiscito el 24 de mayo de 2009, en el que votó el 30% de la población habilitada, aprobándose el convenio con Shell.[16]​ La aprobación del convenio posteriormente ocasionó conflictos entre la empresa y el país.[cita requerida]

Deforestación[editar]

Los ecosistemas boscosos en los trópicos y subtrópicos están siendo rápidamente reemplazados por monocultivos. En Argentina, la región chaqueña está siendo deforestada a una velocidad de las más aceleradas del mundo para dar lugar a las plantaciones de soja transgénica .[17]

La deforestación (o "desmontes") en Argentina es el proceso de destrucción o agotamiento de la superficie forestal de los bosques de Argentina. La deforestación en Argentina contribuye al cambio climático,[18]​ mediante el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero,[19]​ produce un incremento en la desertificación,[20][21]​ la salinización de las cuencas acuíferas,[22][23]​ y el aumento de las precipitaciones.[18]​ La deforestación es una de las principales causas de degradación, disminución y extinción de especies nativas[24][25][26]​ y de pérdida de biodiversidad en Argentina. Es uno de los conflictos ambientales más importantes del país, que tiene su origen en la gran concentración de la propiedad de la tierra por un grupo de terratenientes y la postergación de las comunidades indígenas de Argentina.[27][28][29]

La reducción de la masa forestal de Argentina se estima en un 66% en el lapso de 75 años (1930-2005),[30]​ debido a las actividades de la industria maderera, la producción de celulosa para el papel, y fundamentalmente de la agricultura.[31]​ Las prácticas de estos sectores no incluyen técnicas de conservación y regeneración, por lo que su estrategia es talar y deforestar hasta agotar el recurso.[32]

Según estimaciones de la FAO, la tasa de deforestación en Argentina es una de las más altas de América del Sur, con un 0,8% de deforestación anual.[33]​ El avance de la frontera agrícola es la principal causa de deforestación en Argentina,[34]​ sobre todo para el cultivo de soja y la agricultura ganadera.[35]:305[36]​ Estas actividades han ocasionado que en el período 2000-2010 se deforestaran en la Argentina un promedio de 300.000 hectáreas por año.[37]​ La tasa de deforestación es actualmente de un promedio de 1,1 millones de hectáreas anuales.[38]​ El 80% de la deforestación en Argentina se concentra en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.[39]​ Santiago del Estero es la provincia argentina donde más se ha deforestado.[40]​ Durante 2020, a pesar de la pandemia por el coronavirus, la tasa de deforestación aumentó con respecto al 2019.[41]

La región chaqueña, que incluye a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, es la más afectada por la deforestación.[29][35]:305 El 85% del total del bosque subtropical chaqueño fue deforestado entre 1969 y 2004.[42]​ Entre 2002-2013 el promedio de emisiones anuales brutas por deforestación fue de 101.141.848 de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e),[43]:9y en 2017 se calculaba que la deforestación había aportado, junto con la agricultura, el 44% de las emisiones totales del país.[44]

La superficie de los bosques remanentes se encuentra en mal estado, en condiciones degradadas,[32]​ fragmentados,[33]​ o en muchos casos se limitan a relictos.[45]​ La sanción de la Ley de Bosque Nativo en 2007 creó una serie de organismos estatales dedicados a monitorear los bosques nativos y a implementar medidas para su protección. La sanción ayudó a frenar parcialmente la deforestación, pero hay estimaciones de que se deforestaron 1,1 millones de hectáreas desde la sanción de la Ley de Bosques,[46]​ en parte debido a que la deforestación en Argentina presenta un alto grado de informalidad e ilegalidad.[47]​ Algunas prácticas ilegales están bien documentadas, incluyendo la utilización de incendios forestales intencionales para reconvertir el suelo a prácticas agrícola-ganaderas, como los incendios forestales de 2020.[48][49][50]​ Un informe del 2004 estimaba que el sector informal en la economía forestal representaba entre el 40% y el 60% del total.[51]

Minería[editar]

La minería a cielo abierto es uno de los principales conflictos ambientales de Argentina.

Minería a cielo abierto en Veladero[editar]

La mina es objeto de una controversia en la opinión pública de la región y del país. El proyecto ha sido criticado en varias ocasiones por la contaminación del medio ambiente, pero también por el excesivo consumo de agua y la gran cantidad de espacio utilizado para su desarrollo.[52]

Su emplazamiento de alta montaña y con afectación de glaciares implica un riesgo potencial innegable por cuanto esa ubicación coincide con las fuentes de agua potable del valle inferior.[53]

Un fuerte argumento en contra del proyecto se basa en que se encuentra incluido en su totalidad en la Reserva de la biosfera San Guillermo. En septiembre de 2013, el entonces responsable de comunicación de la empresa ratificó tal información. Sin embargo, afirmó la compatibilidad de la legislación que rige a la reserva con las actividades mineras.[54]​ La organización Greenpeace inició una campaña de concientización,[55]​ a fin de dar a conocer los riesgos derivados de la continuidad de la explotación minera.[56]

Minería a cielo abierto en Bajo de la Alumbrera[editar]

La etapa de explotación del yacimiento se inició en el año 1997. En el año 1999 un investigador del Instituto Miguel Lillo de Tucumán denunció "la presunta contaminación detectada en la localidad de Ranchillos, ubicada en el este tucumano, como consecuencia del vertido de efluentes provenientes de la planta de secado de la empresa."[57]​ Las dificultades en la recolección de pruebas y realización de estudios demoraron las acciones legales. En el año 2003, el máximo responsable de la empresa minera fue indagado por la justicia luego de la incorporación a la causa de un informe donde se confirmaba la "contaminación con cobre y cromo cien y diez veces por sobre lo autorizado por la ley nacional" en las muestras de agua analizadas.[58]

En el año 2002 fue denunciado el gobernador catamarqueño por la UCR Oscar Castillo por avalar un convenio para que la minera no pagase regalías mineras adeudadas por 3.5 millones de pesos/dólares.[59]

En el año 2004, un grupo de pobladores de la cuenca del río Vis-Vis, a 2 km de la mina, demandaron a Minera Alumbrera por contaminación, por haber derramado desechos tóxicos a dicho río, sin filtración adecuada, y por lo tanto se vieron perjudicados en su actividad de tal manera que tuvieron que dejar el lugar, razón por la que exigieron el pago de una indemnización.[60]​ En 2017 la justicia falló en contra de la empresa minera por considerarla responsable del daño ambiental y de las consecuencias sociales derivadas.[61]

En 2006 hubo otra denuncia debido a defectos en el mineraloducto que provocaban contaminación en ríos cerca de la localidad de Aconquija. Esto fue comprobado por la Secretaría de Ambiente de la Nación Argentina en marzo del 2007.[62]​ A principios de octubre de 2007 la compañía finalmente respondió a las demandas y construyó piletones con el fin de evitar nuevas contaminaciones.[63]

A fines del año 2009, el Dr. Raúl A. Montenegro remitió a los rectores de universidades nacionales y otras autoridades de las casas de altos estudios el trabajo de su autoría titulado "El impacto ambiental y social de minera Alumbrera sobre cinco provincias de Argentina. Antecedentes de violación a normativa vigente y derechos humanos por parte de Alumbrera Limited y sus gerenciadoras (Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold). Pedido de rechazo de los fondos procedentes de YMAD destinados a universidades nacionales. Documento para las universidades públicas", con el objetivo de impulsar la discusión académica sobre la problemática de la megaminería y promover que las casas de altos estudios declinaran la aceptación de fondos en carácter de donación provenientes de las empresas mineras.[64]

En mayo del año 2012 se produjeron una serie de incidentes cuando grupos de pobladores y otras personas preocupadas por cuestiones ambientales realizaban cortes de ruta, en el intento de impedir el ingreso de suministros mineros.[65]

En agosto de 2013, el Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) –dependiente del CONICET y la Universidad de Buenos Aires— publicó un trabajo en el que se informaba sobre la contaminación con cobre encontrada en las muestras de agua del canal DP2, en Tucumán, que desemboca en la cuenca del río Salí o Dulce. Los expertos señalaron que “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”. En cuanto a las acciones llevadas a cabo por la empresa, el informe afirma que “denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”.[66]

En 2016 la minera se vio beneficiada por las medidas adoptadas por el entonces presidente Mauricio Macri que favorecieron a las empresas del sector, al eliminarse las retenciones a las exportaciones.[67]​ El mismo año, Alumbrera obtuvo subsidios estatales en su tarifa de energía eléctrica, un beneficio cuestionado en el marco del incremento de tarifas que afectó a los usuarios domiciliarios en general.[68]

Residuos sólidos urbanos[editar]

Los residuos sólidos urbanos en Argentina son el total de residuos, desperdicios o basura que se generan en las zonas urbanas de la República Argentina. Las cifras oficiales estiman que el 64,7% de la basura se destina para disposición final en rellenos sanitarios, y que cada habitante genera alrededor de 1,15kg de basura por día.[69]

Especies amenazadas[editar]

Según un informe de 2006 emitido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), las especies amenazadas incluían 32 tipos de mamíferos, 55 especies de aves, 5 tipos de reptiles, 30 especies de anfibios, 12 especies de peces y 42 especies de plantas. Las especies en peligro de extinción en Argentina incluyen el canquén colorado, el ciervo de los pantanos, el huemul, el yaguareté, el guacamayo glauco (funcionalmente extinto), el caimán de nariz ancha, el guacamayo verde y el cocodrilo americano.

Referencias[editar]

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  2. El Gobierno echó a Romina Picolotti
  3. Massa le pidió la renuncia a Picolotti
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