Política basada en evidencia

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La política basada en evidencia (en inglés, evidence-based policy) es un término utilizado en el campo de las políticas públicas y la administración pública para referirse a las decisiones que se toman a partir de evidencia generada de manera rigurosa y objetiva. La motivación detrás de este enfoque es incrementar la probabilidad de éxito de las intervenciones que se financian con recursos públicos, pues existe la convicción de que los objetivos sociales se cumplen de mejor manera cuando están informados por la evidencia científica sobre qué tipo de programas o iniciativas han demostrado ser más efectivas para resolver problemas que aquejan a la población. En la actualidad, el incremento de la información disponible y los sistemas sociales complejos generan que el conocimiento sea esencial y proporcione ventajas competitivas.[1]​

Antecedentes

El precursor de las políticas basadas en evidencia (PBE) es la medicina basada en evidencia, que tiene como objetivo llegar a soluciones médicas científicamente probadas, mientras que la PBE busca que se implementen políticas públicas que hayan demostrado ser efectivas para resolver un problema social concreto. Actualmente, existe evidencia disponible que se ha generado a partir de evaluaciones y estudios sobre diversas intervenciones gubernamentales alrededor del mundo. La propuesta de la PBE es que ese proceso sea más rutinario e intensivo y que la hechura de políticas utilice el conocimiento científico para dar respuesta a los problemas públicos. Por ello es socialmente deseable comprobar que las políticas efectivamente cumplen con su objetivo y generan el efecto esperado. Conforme aumenta la información sobre las intervenciones exitosas, es posible obtener un conjunto de programas capaces de ser replicados en distintas partes del mundo que contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos. Además, una forma gráfica de ilustrar la lógica causal de los programas es mediante la teoría de cambio[2]​ y la matriz de marco lógico.[3]​

La PBE tomó mayor impulso con el gobierno de Tony Blair, primer ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007, quien abogó por un Estado que limite el peso de la ideología y produjera intervenciones públicas que tomaran forma con base en evidencia y no como respuestas a presiones políticas en el corto plazo.[4]​ Blair sugirió que la formulación de buenas políticas dependía de la existencia de información de alta calidad proveniente de diversas fuentes, como el conocimiento especializado, la investigación nacional e internacional, datos estadísticos, consultas a los actores involucrados (stakeholders), evaluaciones de políticas y fuentes secundarias.[5]​ De esta manera, la investigación científica puede ampliar las capacidades políticas y fortalecer el marco institucional e intelectual del diseño de las políticas públicas.[6]​ Adicionalmente, un factor importante para fomentar el uso de políticas basadas en evidencia es una sociedad activa, que demande la investigación a los gobernantes y servidores públicos.[7]​

Metodología

Dentro del enfoque de PBE, la evidencia se refiere al efecto causal que produce un programa o intervención sobre un grupo de individuos expuestos a dicha intervención. Medir el impacto del programa requiere un ejercicio riguroso, que convencionalmente se realiza con métodos experimentales o cuasiexperimentales para saber si existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que recibe la intervención y un grupo de control que no la recibe.

El método experimental consiste en la realización de pruebas controladas aleatorizadas,[8]​[9]​ mientras que los métodos cuasiexperimentales más comunes incluyen diferencia en diferencias, variables instrumentales, regresión discontinua y emparejamiento (matching). La idea clave detrás de estos métodos es encontrar un grupo de control o comparación válido para, con él, estimar cuál habría sido el resultado del grupo de tratamiento si no hubiera recibido la intervención. Estos métodos se utilizan frecuentemente en las políticas de desarrollo. Por ejemplo, el método experimental se ha utilizado en numerosos países para evaluar la efectividad de intervenciones en educación, salud, crimen y violencia, agricultura, medio ambiente, finanzas, mercado laboral, entre muchos otros campos.[10]​[11]​

Más allá de la evaluación de programas existen las metaevaluaciones, como la evaluación de evaluabilidad, que consiste en describir el objetivo y metas del programa, comprobar la correcta conceptualización para ser evaluable e identificar el interés en los hallazgos de la evaluación.[3]​ Complementariamente a las evaluaciones de impacto y las metaevaluaciones, se cuenta con evaluaciones de necesidades, de diseño, del proceso, de la lógica y de la plausibilidad.[3]​

Panorama actual

En la actualidad, el enfoque de PBE se ha consolidado en distintos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Iniciativas como la Campbell Collaboration, la Cochrane Collaboration, Innovations for Poverty Action, el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab y la International Initiative for Impact Evaluation (3ie) son ejemplos de organizaciones que promueven decisiones basadas en evidencia para el desarrollo de programas. En Estados Unidos, la Commission on Evidence-Based Policymaking (CEP) se estableció para desarrollar una estrategia para aumentar la disponibilidad y el uso de datos con el fin de generar evidencia sobre los programas gubernamentales. Otro esfuerzo en el campo de las políticas basadas en evidencia es el Alliance for Useful Evidence, una red en Reino Unido que promueve el uso de evidencia de alta calidad para informar decisiones sobre estrategias, políticas y prácticas a través de la publicación de investigaciones, el intercambio de ideas y consejos, así como la celebración de eventos y capacitación.

En Latinoamérica los sistemas de evaluación aún se encuentran en desarrollo y la utilización de evidencia para la toma de decisiones públicas aún no está del todo institucionalizada. En un estudio realizado por el Centro para el Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados (CLEAR) para América Latina y el Caribe,[12]​ se encuentra que solamente Brasil, Chile y México mantenían un nivel intermedio en la utilización de evidencia para las políticas públicas. Según el estudio, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela presentaban un nivel bajo de utilización de evidencia.

Límites y críticas

Existen numerosos factores que pueden limitar la utilización de evidencia en las políticas públicas. Los factores que diferencian a los gobiernos de los países desarrollados de los países en desarrollo y que afectan las PBE, como el estado de las instituciones democráticas que no permiten la estabilidad para desarrollar investigación ni vincularla con la toma de decisiones.[6]​ De la misma forma, se añaden problemas como la falta de profesionalización de las burocracias: la influencia de la investigación es mayor donde existen funcionarios receptivos y con capacidades para poner en práctica los resultados de la investigación.[6]​ También existe el problema de que la evaluación se considera como un requisito o una obligación para las administraciones públicas y no como un mecanismo de aprendizaje que contribuye a mejorar los programas públicos.[12]​ Por esta razón, rara vez existe una relación clara y lineal entre la evaluación y la formulación de políticas públicas, lo cual señala que con frecuencia los políticos usan menos la evaluación que la experiencia personal, las actitudes o los instintos para tomar decisiones.[13]​

Con el crecimiento del enfoque de PBE han surgido distintas críticas. La evidencia no es inmutable y puede interpretarse de manera subjetiva cuando sólo se utilizan los datos sin realizar el análisis de una manera correcta.[14]​ Asimismo, el concepto de PBE se ha extendido tanto que termina empleándose mal. Por último, otros enfoques, como el de la complejidad, han surgido como alternativa para comprender la realidad con mayor profundidad analítica y aplicarla al campo de las políticas públicas.[15]​ En general, el avance en el uso de PBE en los gobiernos a nivel mundial es moderado, puesto que están limitados por los costos monetarios, el tiempo, los factores políticos, sociales y económicos. Persiste el reto en la materia de difundir los beneficios de la PBE y promover su uso.

Referencias[editar]

  1. ↑ Pawson, Ray (2006). Evidence-based Policy: The Promise of Systematic Review. En Evidence-based Policy: A realistic perspective. (en en inglés). Londres: SAGE Publications. ISBN 9781412910590. Consultado el 9 de junio de 2019. 
  2. ↑ Taplin, Dana y Clark, Heléne (2012). Theory of Change Basics. A Primer on Theory Of Change (en en inglés). Nueva York: ActKnowledge. 
  3. ↑ a b c Rossi, Peter H., Freeman, Howard E. y Mark L. Lipsey (1999). Evaluation: A systematic approach (en en inglés). Londres: SAGE, 6ta edición. 
  4. ↑ Banks, Gary (2009). Evidence-based policy making: What is it? How do we get it? Australian Government, Productivity Commission (en en inglés). Recuperado el 4 de junio 2010. 
  5. ↑ Flores-Crespo, Pedro (2013). «El enfoque de la política basado en la evidencia: Análisis de su utilidad para la educación de México». Revista mexicana de investigación educativa (RMIE), Vol. 18, No. 56. México. 
  6. ↑ a b c Carden, Fred (2009). «Making Research Count». Knowledge to Policy: Making the most of development research (en en inglés). International Development Research Centre y SAGE. p. 3-33. ISBN 9788178299303. 
  7. ↑ Campbell, Donald T. (1991). «Methods for the Experimenting Society». Evaluation Practice, Vol. 12, No. 3 (en en inglés). p. 223-260. 
  8. ↑ Khandker, Shahidur R., Koolwal, Gayatri B. y Hussain A. Samad (2010). «Randomization». Hanbook of Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices (en en inglés). Washington, D.C.: The World Bank. p. 33-52. 
  9. ↑ Deaton, Angus y Nancy Cartwright (2018). «Understanding and Misunderstanding Randomized Controlled Trials». Social Science & Medicine, vol. 210. p. 2-21. 
  10. ↑ Glennerster, Rachel y Kudzai Takavarasha (2018). Cómo implementar evaluaciones aleatorizadas: Una guía práctica. México: Fondo de Cultura Económica (FCE). p. 13-80 y 416-451. 
  11. ↑ Cristia, Julian, Ibarrarán, Pablo, Cueto, Santiago, Santiago, Ana y Eugenio Severin (2012). Technology and Child Development: Evidence from the One Laptop per Child Program (en en inglés). 
  12. ↑ a b Pérez Yarahuán, Gabriela y Maldonado y Claudia Maldonado Trujillo (eds.) (2015). Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina. México: CIDE/CLEAR LAC. 
  13. ↑ Weiss, Carol (2015). «Preparando el terreno». en Claudia Maldonado Trujillo y Gabriela Pérez Yarahuán (comps.), Antología sobre evaluación. La construcción de una disciplina. México: CIDE/CLEAR LAC. p. 43-84. 
  14. ↑ Banks, Gary (2018). «Whatever happened to evidence-based policy making?» (en en inglés). 
  15. ↑ French, Richard D. Evidence-Based Policy: Four Schools of Thought (en en inglés). 
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