Pleito estratégico contra la participación pública

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Acabar con la libertad de prensa es uno de los objetivos de los litigios estratégicos.

Un pleito estratégico contra la participación pública, o litigio estratégico contra la participación pública, conocido como 'SLAPP' por sus siglas en inglés (Strategic lawsuit against public participation), es un pleito cuya intención es la intimidación y silenciamiento de los críticos, habitualmente periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política, que pueden desistir de sus objetivos ante la presión jurídica, el elevado costo de su defensa legal, y por tanto, acaben abandonando su oposición o crítica y autocensurándose.[1][2][3]

Los litigios estratégicos o SLAPP pretenden acabar con la libertad de expresión.

Los pleitos estratégicos son uno de los instrumentos de la guerra jurídica.

Definición de Litigio Estratégico o SLAPP[editar]

La Comisión Europea, considera a los litigios estratégicos como:

“demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”[3]

Objetivo del Pleito Estratégico: el silencio[editar]

Ganar la demanda no es necesariamente la intención de la persona o empresa que presenta el pleito. Las metas del demandante se consiguen si la parte demandada sucumbe al miedo, la intimidación, el total de los costes legales o simplemente se agota y abandona la crítica. Estos pleitos también pueden intimidar a otros de participar en la denuncia, el debate y la crítica ante los costes económicos, laborales y personales. Es decir, el objetivo no es ganar el caso, sino intimidar, atemorizar, cansar y consumir sus recursos financieros y también psicológicos de los denunciados para así conseguir el desitimiento de la publicación, reivindicación o demanda y por tanto, de conseguir el silencio.[3]

Un peligro para la democracia[editar]

Estados Unidos y los pleitos estratégicos o SLAPPs[editar]

De acuerdo con el juez de la Corte Suprema de Nueva York Nicholas J. Colabella, el 'SLAPP' es "similar a una pistola en la cabeza, una amenaza mayor a la expresión de la Primera Enmienda puede ser difícilmente imaginada". Diversas jurisdicciones han hecho estos actos ilegales.

El acrónimo SLAPP fue acuñado en la década de 1980 por los profesores de la Universidad de Denver Penelope Canan y George W. Pring.

En los Estados Unidos, en los últimos años, varios estados y el Distrito de Columbia han ido aprobando leyes Anti-SLAPP, diseñadas para eliminar demandas frívolas contra la participación pública y la libertad de expresión. Se trata de unas leyes que buscan proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión e información sobre asuntos de interés público. Esta legislación permite un proceso expeditivo y la recuperación de las costas legales.

“Son leyes muy importantes porque dan a los periodistas y a los ciudadanos la tranquilidad de que si hablan o escriben sobre un tema de interés público, tienen protección legal. Sin estas leyes, los periodistas no podrían informar por miedo a ser demandados y tener que gastar mucho dinero en abogados”, explica Katie Townsend, directora de Litigación de RCFP, organización que ha participado en varios casos.[4]

Europa y los pleitos estratégicos o SLAPPs[editar]

En 2022 la constatación de la presión mediante pleitos y recursos en la vía judicial tanto a periodistas, activistas, sincialistas y oposición política hizo reaccionar a la Comisión Europea ante el aumento de los litigios estratégicos. Estos litigios estratégicos se plantean por las grandes empresas, élites económicas, partidos en el gobierno contra la participación pública, la libertad de expresión y por tanto ponen cortapisas a la participación democrácitca.[3]

La Comisión Europea considera los litigios estratégicos como un problema que “amenaza a los valores democráticos y derechos fundamentales”.

Estos litigios se realizan por grupos de poder para impulsar demandas contra periodistas, defensores de derechos humanos o activistas”.

En España han recibido estos litigios numerosas organizaciones civiles y personas. La Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, entidad sin actividad más allá de los litigios estratégicos y que se relaciona con la grupo de empresas Agbar, ha interpuesto litigios estratégico contra el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona y L'Aliança contra la Pobresa Energètica. La empresa de aguas Agbar utiliza esta herramienta paralegal para defender la privatización del agua. Otras litigios fueron Iberdrola contra el periódico El Confidencial.[3]

Iniciativa Europea contra los litigios estratégicos[editar]

La iniciativa de la Comisión Europea EU action against abusive litigation (SLAPP) targeting journalists and rights defenders, es una propuesta que pretende convertirse en directiva que superó la consulta pública (entre octubre de 2021 y enero de 2022) y en la que han participado 146 entidades entre ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamentales, autoridades públicas y sindicatos. La organización británica Civil Liberties, planteó un texto base para la futura directiva con una serie de herramientas, sobre todo a nivel judicial, con las que proteger a periodistas y activistas frente a estos litigios abusivos.[3][5][2]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]