Pena de muerte en el Perú

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La pena de muerte en el Perú era aplicada en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. En el mismo año, la pena de muerte fue abolida para los delitos comunes.[1][2]

En 1856 la pena de muerte se abolió. Se restituyó en 1933 para criminales hasta 1979. En 1993 se incluyó al delito de terrorismo.

En la actualidad se han realizado hechos que atentan contra la vida,especialmente en niños y niñas: como violaciones y muertes.

El Perú lleva 39 años sin aplicar la pena de muerte, hasta la actualidad.

Usos[editar]

La pena capital es legal solo durante tiempos de guerra internacional o terrorismo, con numerosas restricciones. Las sentencias de muerte durante este tiempo se les permite por delitos específicos, y solo pueden ser impuestas por los tribunales militares durante los estados de guerra. La ejecución se lleva a cabo por un pelotón de fusilamiento y se permite por seis delitos específicos (si es cometido en tiempo de guerra):

  • Traición a la patria en caso de guerra[3]
  • Terrorismo

FRFF

Regulación jurídica[editar]

La pena de muerte está en el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

{{cita|Capítulo VIII: Poder Judicial

Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada.[4]​}

Caso indignante

¿Qué persona podría decir que no comparte la absoluta indignación de la ciudadanía tras la terrible muerte de Jimena, de 11 años, en San Juan de Lurigancho?

A un nivel muy humano, la depravación y crueldad del crimen escapan cualquier intento de tolerancia o contemplación con el violador y asesino confeso. El asesinato de Jimena ha sido, además, un catalizador de la indignación social acumulada por años ante los horrendos crímenes de naturaleza similar que se ven todas las semanas en el país.Si bien la enorme frustración de la ciudadanía y su demanda por justicia son perfectamente razonables, el aprovechamiento político que se pretende nutrir de esta movilización social es lamentable. Y más aun si este viene cargado de soluciones para la tribuna difíciles de implementar en la práctica y de eficacia incierta.En particular, no deja de llamar la atención la constante recurrencia al pedido de restitución de la pena de muerte para este tipo de delitos. A través del congresista Modesto Figueroa, y con la firma de Daniel Salaverry, Clayton Galván, Úrsula Letona, entre otros, Fuerza Popular presentó en enero un nuevo proyecto de ley para modificar el artículo 140 de la Constitución y extender el rango de delitos que serían sancionados con la pena capital. Esta semana, la idea de implementar la pena capital a violadores de menores fue apoyada por parlamentarios de diversas bancadas. Representantes de Acción Popular y del Apra, por ejemplo, se han mostrado dispuestos a abrir el debate. Pero este es tan solo el último de varios proyectos de ley en similar sentido presentados en los últimos años. La propuesta es inadecuada desde distintos frentes: legal, institucional y práctico. En primer lugar, desde el punto de vista legal, la modificación de la Constitución es un proceso complejo en el Congreso y además obligaría al país a apartarse de tratados y compromisos internacionales ya asumidos. Si el Perú aspira a ser un país líder en materia de democracia, derechos humanos e integración regional, desligarse del sistema internacional de justicia es un error y juega en contra de nuestros propios intereses.

Desde el punto de vista institucional, no debe hacer falta recordar la fragilidad de nuestro sistema de justicia tal cual es. Cargarle además la responsabilidad de administrar penas que son irreversibles sería un despropósito. El año pasado, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó que revisarían la condena de Jorge Villanueva, llamado el ‘Monstruo de Armendáriz’, para otorgarle una absolución póstuma. Villanueva fue injustamente ejecutado por homicidio y violación de un menor en 1957, un error que ya no puede ser corregido. ¿Cuántos de estos errores podría cometer nuestro sistema de justicia y cómo los justificamos? Finalmente, desde el punto de vista práctico, no ha sido demostrado que la pena de muerte sea realmente disuasiva respecto de los crímenes más graves. El trabajo de investigación más exhaustivo sobre el asunto –llevado a cabo por el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos en el 2012– concluyó que “los estudios a la fecha sobre el efecto de la pena capital en los homicidios no son informativos respecto a si la pena de muerte reduce, incrementa o no tiene efectos sobre los homicidios”.

La agenda de combate en contra de crímenes de esta naturaleza no es fácil ni para la tribuna, y ciertamente no pasa, pues, por el debate sobre la pena capital. Si se quiere hacer la diferencia en serio, se debe comenzar por mejorar la legislación actual a través de una revisión sistemática del Código Penal para que, por lo menos, la severidad de las penas efectivas guarde relación con la gravedad del delito. Se debe también fortalecer el sistema de atención de denuncias y respuesta temprana (el homicida de la niña de 11 años tenía dos denuncias previas por delitos sexuales). Aquí la fiscalía parece estar largamente saturada. La apertura y fortalecimiento de espacios escolares seguros para que los niños o jóvenes puedan reportar abusos domésticos también es clave, en vista de que la mayoría de sucesos de este tipo toman lugar en contextos familiares. Ninguna de estas acciones conlleva tantos aplausos efímeros como la propuesta de la pena de muerte, pero abordar el debate seriamente es lo mínimo que les debemos a las víctimas y a sus familiares.

fuente:diario el comercio[5]

Aplicación[editar]

Entre 1957-1979 fueron ejecutados 7 hombres. En la mayoría de los casos por asesinar a policías y niños. En el año 1956 la condena fue para Guillermo Lavalle por violación y asesinato a un niño. En 1957 fue condenado a pena de muerte Jorge Villanueva conocido también como "El Monstruo de Armendáriz" por violación y asesinato a un menor de 3 años de edad.

En 1973 dos fueron los condenados: Alejandro Lastra y Gerardo Pinto por haber matado a un policía y a un empleado de un banco, durante un asalto. En 1974 fue condenado Juan Marache por haber matado a un policía. En 1976 se condenaron a otros dos sujetos: Miguel Salazar Valdivia por haber matado a un policía durante un asalto y a Luis Uscuvilca por haber asesinado a un guardia civil, durante un asalto.

La última ejecución fue aplicada en 1979,[6]​en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar, exsuboficial de la FAP, por traición a la patria pues se le acusaba de realizar espionaje a favor de Chile. Este hombre fue fusilado a las 6 de la mañana el 20 de enero de 1979, convirtiéndose así en la última persona en quién se aplicó la pena de muerte en el Perú, hasta el momento.

¿Por qué en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte?[editar]

En Perú no se puede aplicar la pena de muerte[7]​porque, en 1978, el Estado ratificó el Pacto de San José, un documento bajo el nombre de la ‘Convención Americana sobre Derechos Humanos’.

Este tratado internacional tiene dos puntos importantes que no permiten la pena capital en nuestro territorio.

El primero es que “la Convención impide a los países extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios” y el segundo señala que “ningún país puede interpretar la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos".

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]