Integridad territorial

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La integridad territorial es un principio de Derecho internacional que evoca el derecho de un Estado de preservar intacto su territorio ante la intervención exterior. El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas declara que: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas."

Evolución histórica[editar]

Aunque la idea de soberanía cristaliza ya en los tratados firmados en la Paz de Westfalia de 1648 y El Leviathan, la obra de Thomas Hobbes publicada en 1660, la integridad territorial se violó constantemente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de la Organización de Naciones Unidas y, más tarde, organizaciones como la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), el principio comenzó a recogerse en las resoluciones internacionales. El Acta Final de Helsinki, con que culminó la CSCE, establece la "inviolabilidad de las fronteras", la "Integridad territorial de los estados" la "Igualdad de derechos y Derecho a la autodeterminación de los pueblos" y la "Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza" armonizando el principio de integridad territorial con el de la prohibición de la amenaza o al uso de la fuerza y no exactamente con la preservación absoluta del territorio como a veces se interpreta, sosteniendo que las "fronteras podrán ser modificadas, de conformidad con el derecho internacional, por medios pacíficos y por acuerdo" El derecho a la autodeterminación de los pueblos incluye el derecho a la secesión. En una situación en la que el principio de integridad territorial es claramente incompatible con el de la libre determinación, el primero debe asumir, en virtud del derecho internacional actual, dar paso al último. Por ejemplo, si una mayoría o minoría insiste en cometer un crimen internacional, como el genocidio, o impone una denegación masiva de los derechos humanos como una política deliberada en contra de la otra parte, se afirma que la parte oprimida, minoría o mayoría, podrá recurrir al derecho de la libre determinación hasta llevar a cabo una secesión.

En España[editar]

Aunque, este principio en el derecho internacional pide simplemente la abstención del uso de la fuerza por un estado contra cualquier otro, tres de las cuatro principales formaciones políticas del estado español (PP, PSOE y C's) interpretan la "integridad territorial", como la preservación del territorio del estado intacto, no solo ante amenazas externas y en favor de la paz, si no también, como argumento en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos. El partido político Podemos y partidos separatistas defienden el respeto a la libre determinación de los pueblos, como requisito necesario para el pleno disfrute del derecho a determinar su destino político colectivo de manera democrática y a decidir la forma de relacionarse con otros pueblos, sin estár sometidos a la dominación por la fuerza. Para lograrlo Podemos pide un fraude constitucional censitario en el que se reinterprete el concepto del art1.2 de la Constitucion Española que establece que el censo para decidir cuestiones territoriales es todo el pueblo español y no solo una parte del pueblo en un concepto arcaico nacionalista de pueblo-territorio que no queda recogido en la legislación española interna ni internacional.