Integridad territorial

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La integridad territorial es un principio de Derecho internacional que evoca el derecho y deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior. El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas declara que: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas."

Evolución histórica[editar]

Aunque la idea de soberanía cristaliza ya en los tratados firmados en la Paz de Westfalia de 1648 y El Leviathan, la obra de Thomas Hobbes publicada en 1660, la integridad territorial se violó constantemente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Con la creación de la Organización de Naciones Unidas y, más tarde, organizaciones como la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), el principio comenzó a recogerse en las resoluciones internacionales. El Acta Final de Helsinki, con que culminó la CSCE, establece la "inviolabilidad de las fronteras", la "Integridad territorial de los estados" la "Igualdad de derechos y Derecho a la autodeterminación de los pueblos" y la "Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza" armonizando el principio de integridad territorial con el de la prohibición de la amenaza o al uso de la fuerza y no exactamente con la preservación absoluta del territorio como a veces se interpreta, sosteniendo que las "fronteras podrán ser modificadas, de conformidad con el derecho internacional, por medios pacíficos y por acuerdo"

En España[editar]

Aunque, este principio en el derecho internacional pide simplemente la abstención del uso de la fuerza por un estado contra cualquier otro, tres de las cuatro principales formaciones políticas del estado español (PP, PSOE y C's) interpretan la "integridad territorial", como la preservación del territorio del estado intacto, no solo ante amenazas externas y en favor de la paz, si no también, como argumento en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos. El partido político Podemos y partidos regionalistas defienden el respeto a la libre determinación de los pueblos, como requisito necesario para el pleno disfrute del derecho a determinar su destino político colectivo de manera democrática y a decidir la forma de relacionarse con otros pueblos, sin estár sometidos a la dominación por la fuerza.