Historia de la deuda externa argentina

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Cristina Fernández de Kirchner recibe a banqueros que no ingresaron al canje de la deuda.

La historia de la deuda externa argentina comenzó en 1822 y desde entonces ha sido una solución momentánea por un lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales.

El empréstito Baring Brothers[editar]

El ministro Bernardino Rivadavia. Miembro protagónico del gobierno bonaerense entre 1821 y 1824.

La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartíéndose el 15% de diferencia con el consorcio.

El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para Baring.

El Estado de Buenos Aires por su parte "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su interés".

Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces el territorio se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, sólo llegaron a Buenos Aires unas 560.000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.

Finalmente, el dinero del préstamo fue entregado al Banco de Descuento para que lo repartiera como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde.[1]

Crisis de 1873[editar]

Tras varios años de prosperidad, el Presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su gobierno la primera gran crisis económica del Estado moderno.

En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta 1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por sí importante actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el Paraguay.

Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica, como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.

No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.

El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía la situación económica del país en los siguientes términos:

"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y públicos." [2]

Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada, permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Crisis de 1890[editar]

El Gobierno de Juárez Celman se caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un colapso financiero.

Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.

A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.

Puede decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.

A esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.

Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo ámpliamente su capacidad de negocio.

El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.

Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que ésta política de austeridad hubiera destrozado su apoyo político.

Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15% en los impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los impuestos en oro.

Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos.

Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.

El acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la circulación monetaria. El crédito del gobierno había sido salvado, aunque a costa de generar un sentimiento popular antibritánico, que se tradujo en ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata.

Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.

Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel. Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).[3]

1892 al 1900[editar]

Carlos Pellegrini fue quién piloteó la salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.

El Presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.

Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.[4]

Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y volúmenes de sus exportaciones.[5]

En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como Presidente de la Nación, mientras que su gran colega político Carlos Pellegrini, asume como Senador Nacional. Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4% de interés anual y 0,5% de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza entre los inversores.[6] [7]

Perón y la deuda externa[editar]

Juan D. Perón. Afiche de 1948.

Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D. Perón inaugura en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representa una singular y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso, constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los sectores populares.

El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los puntos centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina se logra en 1952. Argentina se convertía de país deudor de m$n 12.500 millones en acreedor por más de m$n 5.000 millones.

El período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12.649.471 perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito argentino-británico contenido en el Convenio Roca-Runciman (1933). Se gesta entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824, al ser un país netamente acreedor.

La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se aplican a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.[8]

En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional, aparece el efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.

En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con Estados Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina un préstamo por 125 millones de dólares destinados a saldar las deudas con los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan cuenta de un viraje del gobierno argentino con respecto a la utilidad de los capitales internacionales.[9]

Argentina y el Club de París[editar]

Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el General Pedro Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo cual adquiere un nuevo préstamo externo destinado a financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año.

Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un plazo tan corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el 14 y el 16 de mayo de 1956.[10] [11]

De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería la de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Desde su creación en 1956, hasta 2009, el Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.

Argentina y el FMI[editar]

El presidente Arturo Frondizi prueba un automotor DKW Auto Unión 1000, fabricado por Industrias Santa Fe (foto de 1960).

La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.

La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la llamada "Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son ganadas por el radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.

Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales "desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.

Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio, el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las empresas extranjeras de electricidad que venían de la época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.

Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos nucleados en el "Club de París".

A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del "Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.

Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la falta de divisas.

El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un país donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la economía, que se remontaba a los años ´30.

Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió al compás del tipo de cambio.

La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad productiva de la economía.

Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Los militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluído de su mando.

Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados.[12]

A partir de 1966[editar]

Deuda argentina 1994-2004. Expresada en millardos (mil millones) de dólares y azul para la deuda externa.

En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a 4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per capita).[13]

Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes corrientes de capitales a toda América Latina.

A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.

Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida "bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.

Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.

Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.[14]

Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia y Alpargatas entre otras.[13]

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123%, con 146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.[13]

En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta el 2012, la deuda bajó a 141.803 millones de dólares.[15]

Fondo Monetario Internacional y deuda externa[editar]

Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dio desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el gobierno previo pero sólo se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares.[16]

El ministro de economía designado en el gobierno de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, enfatizó las privatizaciones de las empresas del estado más productivas. La deuda externa se multiplicó por seis en seis años, de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982. Vale aclarar que nunca se esclareció a dónde se destinó esa deuda, varios analistas aseguran que unos 30.000 millones de dólares tuvieron un carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a nombre de argentinos.[16]

Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:

"(La deuda externa) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas

Fallo judicial del juez Ballesteros.[16]

El FMi había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que figuraban que la nación sólo se podría endeudar con el aval del presidente del Banco Central, Adolfo Diz ex director del FMI, y del ministro de economía Martínez de Hoz. Se solicitó además la eliminación de aranceles de importación, reorganización del sistema financiero, unificación de la moneda y liberación del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se declaró la inflación. El dólar barato junto con la baja de aranceles produjo una estampida de importaciones que destruyó la industria nacional y el crack bancario de la década de 1980 fue resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros.[16]

Plan Brady[editar]

Entre 1989 y principios de los años de 1990, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady se implementó en varios países latinoamericanos como México, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina que se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro norteamericano.[17]

"El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de US$63.000 millones, y se refinanció US$33.000 milones. Pero para el año 2000 la deuda, después de costosísimos pagos, era de US$150.000 millones"[17]

Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.[17]

En diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se canjearon los viejos préstamos por nuevos "bonos Brady" a 30 años, otorgándose quitas en el capital y bajas tasas de interés. Se canjeó deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó un poco más de 8.300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:[18]

  • Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35% y tasa flotante LIBOR de 0,8125%. Unos 4.300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2.300 millones de dólares.
  • Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4% a 6% anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12.700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
  • Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125%. Su emisión canjeó unos 8.652 millones de dólares.[18]

Estabilización económica[editar]

En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25% anual, con un pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional, del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi.[19] Sin embargo, a partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual.[20] Para los años ´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más desorganizada e improductiva.

Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3.079%.[21]

Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2.314% en 1990.[22]

El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.

Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier momento cada peso por un dólar estadounidense.

El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en 1990 a 84% en 1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en 1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones de dólares a fines de 1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto interno creció al 7,7% anual.

Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta la década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90 habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del empleo.[23]

Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.

En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema de la deuda.[24]

Con respecto a este hecho vale recordar las palabras de Nicholas Brady y Domingo Cavallo, sobre el desarrollo de la economía nacional y las perspectivas sobre la evolución de la deuda:

“[...] En ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más optimistas. En efecto, los déficit fiscales se convirtieron en excedentes, la inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegaron al país [...]. El panorama económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte”[25] Nicholas Brady, agosto de 1993.

“Dado que se prevé que la deuda pública bruta externa se estabilice en torno a los 46 mil millones de dólares, para comenzar a reducirse hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI del orden del 15,4 por ciento. Hacia fin de siglo, la deuda pública será insignificante”[26] Domingo Cavallo, 1993.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90.471,80 millones.

Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.[27]

En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a diversos factores. Por un lado, se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría a U$S 104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento real del país habría sido de U$S 11.754 millones.[28]

La convertibilidad[editar]

Torre BankBoston, Buenos Aires.

Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que sólo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17.930 millones a fines de 1994 a 12.496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.

La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3% anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la economía y dejó al descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta corriente era de vital importancia para sostener a la convertibilidad, ya que mientras hubiese superávit o al menos un equilibrio en las cuentas, el sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una nueva fuga de depósitos locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes inversiones los conglomerados internacionales comenzaron a girar utilidades y dividendos hacia sus casas matrices. Además, muchas empresas habían aprovechado el contexto internacional favorable para endeudarse, ya fuera emitiendo de obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos bancarios directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del sector público era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.

Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social, por la crisis internacional, así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos "distorsivos", particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.[29] Sin embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6,2% al 6,4% del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20,3% en 1993 al 21,8% en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1,8% al 5,3% del PBI entre 1993 y 2001.[30] Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.

Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 18 al 21 por ciento (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2% de PBI.

Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.[31]

La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de la década del ´90. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.

La situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en el sudeste asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a otras regiones del mundo:[32] en agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provoca el colapso de la deuda rusa.[33] [34] [35] Poco después la crisis se extiende a Brasil, que en enero de 1999 se ve obligado a devaluar su moneda.[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

Estos factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir de 1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una restricción crediticia a nivel local, que afectó tanto al sector público como al privado. Por un lado, las provincias debieron soportar un aumento en la tasa de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. De ahí en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de crecer.

Por otra parte la depreciación del Real brasileño y de otras monedas a partir de 1995, determinó una clara sobrevaluación del Peso por estar fijado al Dólar.[44] [45] La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del MERCOSUR), golpeó mucho a las empresas agropecuarias y manufactureras.

Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando De la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.[46] El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:

  • Provocar una "dolarización" forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el Peso y el Dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó.[47] [48] [49] [50] [51] [52]
  • Defender la Convertibilidad a rajatabla,[53] reduciendo el gasto público,[54] reestructurando la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el valor del Peso a otras monedas además del dólar (como el Euro o el Real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra.
  • Devaluar el Peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en default casi toda la deuda pública y privada, "pesificar" forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la inflación.

Fernando De la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de la burbuja "punto com" en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14% anual en dólares) y agravó aún más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal. El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.[55]

El blindaje[editar]

El Presidente Fernando de la Rúa debió enfrentar un contexto económico sumamente desfavorable para la economía argentina.

En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1.038 millones en noviembre.

A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El "Blindaje" finalmente se aprobó en el mes de diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40 mil millones de dólares, sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.

El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.[56]

El “blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2.000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del Gabinete Nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto. En ese contexto, Fernando De la Rúa ofrece el cargo de Ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.

Megacanje[editar]

Torre del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. La situación de las deudas provinciales era más compleja de resolver que la de la deuda nacional.

La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de dólares.

Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque ésta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado "Megacanje" tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.

Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran la iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el Presidente De La Rúa. Sin embargo, para aquel entonces el Presidente no contaba con el aval de la Alianza en el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.

El lanzamiento del Plan de Competitividad y el Megacanje de deuda, tuvieron éxito en revertir la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una significativa recuperación fiscal durante los meses de abril, mayo y junio. A la fuerte salida de depósitos de marzo siguieron aumentos de depósitos de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en junio. El déficit fiscal del sector público, que había sido de 3.018 millones en el primer trimestre del año, descendió a 2.192 millones en el segundo trimestre.

Durante la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3.000 millones de dólares y requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminÓ haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de Letras del Tesoro Nacional determinó una tasa de corte del 16% anual para plazos de 180 días.

Cavallo lanzó el programa de “déficit cero”, según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13% que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar las amortizaciones de capital de la deuda provincial, así como de la parte aún no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a 5.268 millones de pesos durante julio y a 2.091 millones de pesos durante agosto.

La nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con el FMI para movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de reservas del Banco Central y del sistema financiero. Esta negociación debía incluir no sólo la Ley de Déficit Cero sino también una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que permitiese bajar la carga de intereses que estaba pagando el país en el 2001: se debía bajar de l4.000 millones de dólares (11.000 la Nación y 3.000 las provincias) a no más de 7.000 millones de dólares (5.500 la Nación y 1.500 las provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la aprobación de un nuevo préstamo de 8.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y 3.000 millones quedaron para ser desembolsados entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además continuaban en vigencia los desembolsos pendientes del “Blindaje”.

El nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante septiembre y octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió demorarse hasta el 1º de noviembre debido a las numerosas voces que proponían el Default durante la campaña electoral que culminó el 14 de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era necesario contar con la autorización para utilizar los impuestos, en particular el Fondo de Crédito Público, como garantía de pago. Luego de la elección de octubre, el Presidente Fernando De La Rúa consideró que se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar sobre el programa de reestructuración de Deuda Pública Nacional y Provincial utilizando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo. Así, el 1º de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar delante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Ésta iba a ser la Fase 1 de un canje integral de la Deuda Pública Nacional y Provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos los bonos en manos de tenedores externos.

La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se llevó a cabo entre el 1º de noviembre y el 15 de diciembre y quedó concluida ese día por un monto de 55.000 millones de dólares, a una tasa de interés no superior al 7% anual y con plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Esta exitosa operación significó para la Nación y las provincias en su conjunto una reducción de mas de 4.000 millones de dólares de intereses anuales (2 mil millones la Nación y 2 mil millones las provincias) y un corrimiento de todas las cuotas de amortización para después del año 2005.

Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado.

La deuda pública nacional, que ascendía a 118 mil millones de dólares, constaba de tres componentes: a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal; b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años mas largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino; c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 mil millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.

La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de otros 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta, muy parecida a la que obtenían las provincias por su deuda.

Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de "Déficit Cero", que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6 mil millones de dólares anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.[57]

El corralito[editar]

Manifestación contra el "corralito" en Buenos Aires, 2002.

Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales comenzaron a señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles problemas de caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que más habían prestado a las provincias como los que podrían encontrar dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario. Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2.917 millones de dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la fase 1 del canje.

Para frenar esta nueva salida de depósitos Domingo Cavallo inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes del “Blindaje” y los 3.000 millones de dólares que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. La única exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de gobernadores convocada por el Senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario antes de fin de año.

La situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre se produce un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1º de diciembre de 2001 se decide establecer controles de cambios y restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida fue oficialmente denominada como la "Bancarización" de la economía (ya que pronto generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas de débito), aunque popularmente se la conoció como el "Corralito" ante la imposibilidad de poder retirar dinero en efectivo de manera normal. Según el compromiso del ministro Cavallo, las restricciones se iban a levantar el 1º de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener cerrada la segunda etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual de intereses de 6 mil millones de dólares. Mientras tanto los depositantes conservarían sus depósitos en la moneda que ellos quisieran y podían realizar sus pagos en Argentina utilizando cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias, pero tendrían limitaciones para transformarlos en pesos o dólares billetes y para hacer pagos al exterior, los cuales debían ser autorizados por el Banco Central.

Los bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para atender el retiro de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar sus obligaciones según el procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.

En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se había incluido una partida de 5.500 millones de dólares para intereses (exactamente la mitad de lo presupuestado para el 2001) en total acuerdo con los resultados que se esperaban obtener del programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje de los 40.000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la Fase 1, esa sería la cifra de intereses.

El 19 de diciembre debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para iniciar la discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr. Jorge Baldrich el día 20. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de enero, el FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la Fase 2 de la reestructuración que tenia fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser completada antes del 15 de febrero del mismo año.

Según el propio Ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la Deuda Pública Nacional y Provincial y limpiaría de vencimientos de capital los próximos 3 años.

Crisis institucional[editar]

20 de diciembre de 2001. Desmanes y Saqueos en todo el país, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

A medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la cesación del pago de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las empresas y los gobiernos provinciales fuertemente endeudados en dólares el problema del país sólo se resolvería con una "licuación" de los pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la moneda. La ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración ordenada de la deuda pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre, sumado a comentarios informales sobre que el programa de reestructuración de la deuda no conseguía una quita suficiente, hacían suponer que el organismo ya especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o temprano, un default generalizado.

Para marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación de los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria. El Presidente consideraba que se debía avanzar en la dirección del ajuste fiscal de la Nación y las provincias como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había intentado previamente José Luis Machinea, aunque adoptando medidas arancelarias, tributarias y de ampliación de la convertibilidad que permitieran recomponer la competitividad de la economía. Evitar la cesación de los pagos y mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la Rúa había defendido en su campaña electoral, en contraposición con la postura que sobre esos temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde.

En el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó por teléfono al Presidente De La Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, éste le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo del Partido Radical.

Poco después el Congreso Nacional aprobó la Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y contenido de los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3.000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente “unidad política”.

Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el "corralito", afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquéllos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. Los organizadores del Golpe institucional, observaron que ésta era su oportunidad para actuar ya que el gobierno del presidente De La Rúa había perdido el apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.

El día 14 de diciembre Cavallo canceló el vencimiento de Letras del Tesoro (Letes) por casi US$ 770 millones. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409,7 millones, mientras que los restantes US$ 360 millones se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, en forma compulsiva, por las propias AFJP.[58] Para evitar, a toda costa, el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros US$ 900 millones adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.[59]

El día 19 de diciembre debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del Presupuesto Nacional para el año 2002. Sin embargo, esa fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la inacción policial fue evidente.

Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el Senador y ex Presidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando De La Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo el Gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese mismo día.

El 20 de diciembre, a los saqueos organizados por la oposición y desmanes se sumó un cacerolazo y marchas de miles de personas que reclamaban la renuncia de De la Rúa. Las centrales obreras, justicialistas, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.

De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El rechazo del PJ decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19.45 horas de aquel 20 de diciembre de 2001. Fernando De la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.[60]

Default y devaluación[editar]

Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación.

La Asamblea legislativa convocada por el Senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia nacional) eligió como Presidente de la Nación al entonces Gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para un período transitorio de 90 días, tras el cual se convocaría a elecciones presidenciales.

Rodríguez Saá asumió la Presidencia el domingo 23 de diciembre. Al día siguiente la Argentina debía afrontar dos vencimientos de deuda: uno de US$ 13 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro por US$ 4,3 millones en Eurobonos.[61]

Luego de jurar, Rodríguez Saá dio un discurso entusiasta: "Vamos a tomar el toro por las astas (...) en primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa", tras lo cual estalló una ovación entre los que se encontraban dentro del Congreso. Sin embargo, esa misma noche el ya Presidente Rodríguez Saá aclaró: "Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto", dando a entender que se buscaría renegociar el pago de esas acreencias.[62]

Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital y que poco después llegaría a ser Presidente del Banco Central (2004-2010), se mostró de acuerdo con la suspensión de pagos de la deuda. Su opinión en aquel momento era la siguiente:

"es una moratoria y no un default (cesación de pagos). Hay que asumir la realidad. La Argentina no podía pagar la deuda" .[63]

Más allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28 otro pago por US$ 504,2 millones, en concepto de Letes. Además de compromisos que vencían en enero de 2002, por un total de US$ 553 millones, de los cuales US$ 136 correspondían a pagos de capital y US$ 417 a intereses de la deuda.

La deuda pública ascendía entonces a US$ 132.143 millones y los títulos públicos representaban el 72,2 por ciento del total. Al momento de declararse el default, los principales acreedores del país eran argentinos tenedores de bonos, que los habían adquirido principalmente a través de los fondos de jubilación y pensión que administraban las AFJP.[64]

Estos papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños, medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban emitidos en dólares (72%) y euros (18%), aunque también había papeles en pesos argentinos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más exóticas como las coronas danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar kuwaití.[65]

La segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y la que determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el Peso, sino que entraría en circulación una nueva moneda no convertible, llamada "Argentino", con la cual se financiaría planes de vivienda, se otorgarían más de 100.000 subsidios y se utilizaría para otorgar un aumento a jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió re-unificar a la CGT. Sin embargo no logró convencer a la UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín,[66] ni a un importante sector político (conformado tanto por radicales como por justicialistas), disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata, sino de manera gradual. Según el propio Rodríguez Saá, la falta de apoyo se evidenció a partir de que anunció a la UIA que no tenía pensado devaluar. "Ahí, todos los gobernadores dejan de apoyarme", recordaría tiempo después.[67]

Rodríguez Saá convocó a una reunión de gobernadores en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde buscó iniciar un intercambio de opiniones para encontrar una salida a la difícil situación que atravesaba el país y conformar, además, un gabinete consensuado con los mandatarios provinciales. Sin el apoyo partidario y asediado por protestas, que incluyeron actos de violencia en el Congreso, a sólo una semana de asumir el cargo, presentó su renuncia el 30 de diciembre de 2001. La situación era tal que el propio Ramón Puerta (Presidente del Senado), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera hecho pública su renuncia. Por lo tanto, la sucesión recayó sobre el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Éste convocó a la Asamblea legislativa, y gestionó los acuerdos necesarios que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde, quién asumió el 2 de enero de 2002, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 (hasta completar el mandato para el que había sido elegido De la Rúa).

La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad, que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.[68] Según palabras del propio Duhalde:

"Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos.[69] "

El 6 de enero de 2002, se derogó los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con reservas por el 100% de la base monetaria. También se suspendió la Ley N° 25.466 de intangibilidad de los depósitos y se delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la paridad del peso y la reglamentación de regímenes cambiarios.

En su discurso inaugural Duhalde había prometido: "van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares".[70] Sin embargo, por Decreto 214/2002 de necesidad y urgencia del 3 de febrero de 2002 se “pesificaron” forzosamente créditos y deudas ($1 a U$S 1), los depósitos bancarios ($1,40 a U$S 1) y se dispuso la estatización de parte de la deuda privada de los bancos con los particulares, al compensarles las diferencia entre $1 y $1,40 con una deuda a cargo del Estado.[71]

Con respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su predecesor Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. Solo se pagarían 3.500 millones de intereses de la deuda en manos de acreedores locales, en línea con lo que se había acordado en el último canje de bonos, que incluía un período de gracia de 2 años. En cambio, a los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones más favorables para la Argentina, con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una vez que la economía empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de necesidad y urgencia del 13 de marzo de 2002 también se “pesificó” la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada U$S 1.[72]

Mientras tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la deuda externa.

Con la crisis de diciembre de 2001, la Argentina, desde el 23 de diciembre del mismo año, entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones de dólares.[73] Este default ha sido el más largo de la historia financiera moderna, e implica fundamentalmente la cesación de pagos de capital e intereses de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado (deuda soberana). Durante 2003, Roberto Lavagna, ministro de Economía primero con Eduardo Duhalde y luego con Néstor Kirchner llevó a cabo el mayor anje de la deuda argentina con una quita del 75% a los acreedores y un plan de pagos que permitió la recuperación del país negociando una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores. A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178.000 millones de dólares y quedaban aún en default 81.800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados.

Primer canje[editar]

El 22 de septiembre de 2003, el gobierno argentino propuso una quita promedio del 75% del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres bonos: un Discount -con una reducción del valor nominal-, bonos Par -con mayores plazos de vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital-, y bonos C -que requerirían un aporte de fondos-. Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados.

El plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default, entre ella los distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a jubilados, trabajadores estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos a cambio de los depósitos que retenidos por el "corralito" bancario.[74] Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los bonistas locales.[75]

Los nuevos bonos[editar]

Néstor Kirchner y Roberto Lavagna

El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los pagos de la deuda. En este nuevo plan, la quita original del 75% se reducía a promedios de entre el 63 y el 45%.[76]

El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default, luego de las conversaciones con el (FMI) y de los recursos judiciales interpuestos por los "fondos buitres".[76] A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:

  • El bono Par, que no implicaba quita del capital original adeudado, pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
  • El bono Cuasi Par —que incluía una reducción del 30,1% del capital— pagaría un interés del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años.
  • El bono Descuento —que implicaría una quita del 66,3%— pagaría el mayor interés, 8,28%, y tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).

Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil en títulos Discount, y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.

Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el 9,1%.

El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.[77]

Reestructuración de la deuda[editar]

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue la cara visible del conflicto con el INDEC.

El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares,[78] [79] un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009.[80] Las reservas del BCRA se recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento de 4.000 millones de dólares con respecto al nivel que había antes de la cancelación del pago. Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$s 32.037 millones.[81]

El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda ascendía a 982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBOR de + 140 puntos básicos.[82]

Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Sin embargo, la expansión económica y el aumento paulatino de los salarios comenzó a reflejarse en un aumento del índice inflacionario. Tras el descalabro económico del 2002 y gracias a una política de subsidios a los servicios públicos, este indicador había logrado mantenerse planchado durante casi toda la gestión de Néstor Kirchner. En 2006 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue intervenido. Según el Poder Ejecutivo existían irregularidades dentro del organismo, mientras que los funcionarios del INDEC acusaban al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer interferir en los datos y de querer conocer la lista de los comercios que eran consultados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)[83] [84]

A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, compró 4.572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6% de los cuales se había desprendido de la mitad para la fecha. El movimiento se realizó en justificación de la creación de una planta regasificadora, que permitiría el envío de gas licuado desde Venezuela.[85] Finalmente, la operación se concretó por 400 millones de dólares.[86]

En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la decisión de cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares que mantenía el país con el Club de París. Sin embargo esta medida no llegó a implementarse porque coincidió con la crisis financiera de los Estados Unidos.[87] En el mismo mes, en un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, Cristina Fernández anunció que en conjunto con tres bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado en el canje de 2005..[88]

El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de dólares y se comprometió a trabajar en la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la deuda en default y emitir un bono con un plazo de diez años para eludir los embargos contra el país, también como medida para frenar la fuga de capitales.[89] El entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año".[90]

En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005.[87]

Fondo del Bicentenario y Crisis del Banco Central[editar]

Martín Redrado fue el Presidente del BCRA (2004-2010) durante casi toda la gestión de Nestór Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández.

Para fines de diciembre de 2009, mediante el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 la Presidenta creó el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento" disponiendo del uso de 6.569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para el pago de la deuda en el año 2010. Este fondo tenía el fin de garantizar el pago de los intereses de la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo. Su ideologo había sido el Ministro de Economía, Amado Boudou, cuya figura venía en ascenso desde la estatización de los fondos previsionales en el año 2008 siendo director de la ANSES, decisión que había determinado el fin de las AFJP en el país.

Los partidos de la oposición intentaron frenar el decreto cuando se anunció la emisión de títulos bajo esa cifra con vencimiento el 22 de diciembre de 2019 con una tasa LIBOR inferior a un punto porcentual por año,[91] mientras que la provincia de San Luis demandó al Estado ante la Corte Suprema y pidió que se impugne el decreto.[92]

Sin embargo, el entonces Presidente del Banco Central, Martín Redrado, se mostró reacio a liberar los fondos, aduciendo el caracter de entidad independiente y autárquica del Gobierno Nacional, Redrado hizo todo lo posible para demorar la aplicación del mencionado decreto. El 7 de enero de 2010, la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituir a Redrado como presidente del BCRA.[93] El Gobierno nombró a Mario Blejer en reemplazo de Martín Redrado.

El 8 de enero, Martin Redrado fue sucedido de manera interina por Miguel Ángel Pesce, hasta entonces vicepresidente del BCRA.[94] Pesce intentó constituir rapidamente el Fondo del Bicentenario, a pesar de las quejas efectuadas por el personal de la entidad.[95] [96] Sin embargo, ese mismo día, la Juez María José Sarmiento, por medio de una medida cautelar, suspendió, por inconstitucional, el decreto presidencial en el que se destituía al entonces Presidente del BCRA, por lo que Redrado fue restituido al frente de la entidad.[97] [98] A los pocos días de su retorno al Banco Central la figura de Redrado había perdido peso tanto dentro de la entidad y el apoyo del arco político opositor y el sector empresario.[99] [100] [101] Pocos días después, el 21 de enero, Cristina Kirchner decidió solicitar al vicepresidente, Julio Cobos, la convocatoria de una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, a reunirse a partir del 26 de enero para definir la situación de Redrado. Dicha comisión debería emitir un dictamen no vinculante para ser evaluado por el Poder Ejecutivo antes de que éste pudiese expedirse sobre el futuro del titular del Banco Central. Finalmente Redrado presentó la renuncia el 29 de enero.[102] Tras el paso al costado de Redrado, Miguel Ángel Pesce pasó a ocupar la presidencia del Banco Central, hasta el 3 de febrero de 2010, cuando fue sucedido por la entonces presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont.

En los primeros días de marzo de 2010 se daban a conocer los decretos de necesidad y urgencia de la presidente Cristina Fernández de Kirchner 296, 297 y 298 derogando el Fondo del Bicentenario reemplazándolo con el Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), además dispuso el uso de reservas de libre disponibilidad para el pago de la deuda externa. Según explica el primer artículo del decreto 298, el Fondo se creó "con la finalidad de la disminución del costo financiero por ahorro en el pago de intereses" y establece que el Banco Central debería transferir 4.382 millones de dólares al Tesoro de sus reservas de libre disponibilidad, que "recibirá como contraprestación un instrumento de deuda emitido por el tesoro nacional consistente en una letra intransferible denominada en dólares estadounidenses a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central por el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menor un punto porcentual", mientras que "los intereses se cancelarán semestralmente". Dicho Fondo es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.[103]

La Reapertura del Canje de 2010[editar]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES, luego Ministro de Economía y actualmente vicepresidente de la Nación.

El 15 de abril de 2010 el ministro de economía Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la deuda. Pese a la mención del ministro de una quita del 66,3% su alusión solo incluía los inversores institucionales, para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo:[104]

  • Inversores institucionales: recibieron un bono discount con una rebaja del 66,3% en la deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
  • Inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita.[104]

Para ambos tipos de invesores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía. Desde el gobierno no se anunció nada con respecto a los intereses impagos que rondaban los 9.000 millones de dólares.[104]

La presidenta se refirió al total de adhesión de los acreedores, dijo que un 66% habrían aceptado canjear sus deudas con el gobierno, mientras anunciaba un plan de desendeudamiento para las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Chaco.[105] [106]

Según el Indec a fines de 2010 la deuda ascendía a 128.618 millones de dólares.[107]

2011[editar]

Cristina Fernández en el Congreso, el día en que asumió su segundo mandato. Junto a ella, el vicepresidente Amado Boudou. Se cumplían 10 años de la crisis de diciembre de 2001.

El Ministerio de Economía informó en enero de 2011 que el monto adeudado con el Club de París rondaba cercano a los 9.000 millones de dólares, casi un 50% más desde el default en 2001. Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, encabezaba la comitiva que pretendía negociar la deuda a un plazo de cinco o seis años, pese al decreto presidencial de diciembre de 2010 que seguía vigente y en el que se destacaba que se le pagaría al Club de París en un sólo pago con reservas del Banco Central.[108] [109] En abril para una reunión de ministros del G-20, el entonces ministro de economía Amado Boudou inició las negociaciones para el pago al Club de París.[110] [111]

Pero la propuesta del Estado argentino fue rechazada por el Club, que pidió la liquidación de la deuda sin intereses en tres años y, los casi 3.300 millones restantes, que fuesen acordados con cada país acreedor en particular. Hasta el día de hoy, esta deuda no ha sido saldada ni reestructurada.[112] En el mismo mes, mediante resolución 1/2001, el Ministerio de Economía tomaba 7.504 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para conformar el Fondo de Desendeudamiento anual de sus reservas de libre disponibilidad, para ello emitió la letra "Lete" suscripta únicamente por el Banco Central.[113]

En setiembre de 2011, desde el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos se anunció que "se opondrán a los préstamos para la Argentina" en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.[114]

En diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barak Obama señaló a la prensa argentina que si el país cumplía con el pago a sus acreedores externos alentaría un mayor caudal de capitales de inversión extranjeros. Además recordó que en la reunión del G-20 en Cannes instó a la presidenta a cancelar sus obligaciones de deudas pendientes.[115] [116]

El 21 de diciembre de 2011 el Indec informó sobre un incremento de la deuda externa. En comparación con el segundo trimestre del año el aumento fue de 1.335 millones, de los cuales 929 millones correspondían al sector público no financiero y Banco Central, 354 millones al sector privado no financiero, y 52 millones al sector financiero sin BCRA. Según datos del Indec, la deuda externa a setiembre de 2011 trepó a u$s 136.390 millones, lo que representaba un aumento del 7%.[117]

2012[editar]

Cristina Fernández de Kirchner anunciando la expropiación del 51% de YPF, antes de que el gobierno realizara el convenio con la multinacional Chevrón para entregarle la explotación de los hidrobarcuros.
Clasificación de la deuda soberana de los distintos países del mundo según la calificadora de riesgo Standard & Poor's (agosto de 2011).

Ese año la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7 punto porcentual con respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369 millones de dólares. Una porción más pequeña, el 9,6 por ciento del PIB, representaron los pasivos que retiene el sector privado nominados en dólares[118] En el mes de julio, en medio de la expectativa por la cancelación de los BODEN 2012, la cotización de los Credit Default Swaps (CDS) argentinos alcanzó los 1214 puntos. Los CDS son una especie de seguro para proteger a los tenedores de bonos por un posible incumplimiento de pago por parte de los Estados.[119] [120]

El día 3 de agosto de 2012, el Gobierno Nacional efectuó el pago de los 2197 millones de dólares correspondientes a la amortización y a la última cuota de intereses del BODEN 2012 que había sido emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda extranjera, quedaba reducida al 8,4% de las obligaciones. Durante un acto realizado el día anterior en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta Cristina Fernández celebró el hecho como el punto final del "corralito" de 2001, aunque destacó que solo el 22 % por ciento de los tenedores de estos bonos residían en el país, mientras que el 78 % restante estaba en manos de grupos inversores del exterior (Capital World Investment, Black Rock, MFS, Capital International Fund, Fidelity Investment y Franklin Resources). Con este pago, el peso de la deuda pública sobre la economía se reducía al 41,8 por ciento del PBI, cuando en 2002 había llegado al 166 %.[121] [122]

Según datos del [[Indec] la deuda llegaba a 139.715 millones de dólares por lo que se había incrementado en un 8,6% durante 2011.[123]

Pese a la cancelación del BODEN 2012, el país rápidamente volvió a generar dudas sobre su capacidad de pago, cuando en el mes de octubre, el Banco Central se negó a otorgar a la Provincia del Chaco 263.000 dólares necesarios para la cancelación de sus obligaciones. El dinero iba a ser utilizado para el pago de la cuota por renta y capital de los "Bonos de Saneamiento Garantizado" con vencimiento en los años 2015 y 2023. Ante la negativa del BCRA, la administración de Jorge Capitanich optó por entregar a la Caja de Valores S.A. la suma de 1.244.436 pesos, o sea el equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de 4,72 pesos por cada dólar, aunque la brecha entre el dólar informal y el oficial oscilaba entre el 20% y el 35%. Desde el Banco Central justificaron la decisión argumentando que se trataba de títulos para tenedores locales, emitidos bajo jurisdicción local, por lo que resultaba innecesario entregar dólares estadounidenses. Sin embargo, este hecho sembró dudas sobre el futuro de obligaciones similares que tenían otras provincias y empresas.[124] La deuda pública que está en manos de acreedores del sector privado y de organismos multilaterales de crédito equivale al 18,8 por ciento del PIB. El resto es deuda intrasector público[125] basando sus argumentos en la estatización de YPF, luego adjudicada a Chevrón, las trabas a las importaciones, la falta de credibilidad en las estadísticas del INDEC y el monto impago con el Club de París. Esta perspectiva se agravó aún más tras el pago en pesos de la deuda del Chaco: Moody´s calificó ésta deuda como en "default".[126] Con una calificación de B3 con perspectiva negativa (que implica un alto riesgo), el país se ubicaba en el puesto Nº 16 (de un total de 21), siendo el más bajo de la región.[127]

Según Ismael Bermúdez la deuda aumenta alrededor de 10000 millones de dólares anuales porque el gobierno le pide el dinero al Banco Central para cancelar la deuda y en vez de deber al FMI se debe al Banco Central.[128]

Juicio holdouts[editar]

En 2007 comenzó un juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd contra el país. El 11 de enero de ese año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió incautar US$ 1.834.000 de una cuenta que el Banco Central de Argentina opera en la Reserva Federal de esa ciudad. El pedido de embargo había sido solicitado por dos fondos "buitre", el NML Capital Ltd. y el EM Ltd., que no habían ingresado en el canje de 2005.[129] [130] El 15 de enero los abogados del país y los representantes de los fondos buitres llegaron a un acuerdo, por lo que el Juez Griesa decidió levantar el embargo que pesaba sobre la cuenta del BCRA en la FED de Nueva York.[131]

El 23 de febrero de 2012, el juez norteamericano Thomas Griesa dictaminó que la Argentina no podía discriminar a los tenedores de bonos que no habían aceptado ingresar en los canjes de 2005 y 2010. Dicho fallo favorecería tanto a los "fondos buitres" como a algunos bonistas locales.[132] La Argentina, por su parte, apeló el fallo de Griesa, argumentando que acatarlo podría desencadenar una nueva crisis financiera en el país.[133]

El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y rechazó la apelación, considerando que efectivamente la Argentina cometía una discriminación con los fondos buitres y demás bonistas que habían decidido no participar de los canjes de deuda, violando la provisión de "pari passu" ("tratamiento igualitario").[134] [135] Ello significaba que en la siguiente oportunidad de pago a los bonistas (diciembre de 2012), el país debería abonar también la deuda con los fondos "buitres", quiénes reclamaban ante esa corte unos 1.330 millones de dólares.[136]

Al finalizar octubre dos calificadoras internacionales, Fitch y Standard & Poor's (S&P), habían bajado la nota de deuda a la Argentina por el fallo producido en Nueva York. Primero Fitch le puso la nota "B" que ya poseía una "vigilancia negativa",[137] mientras que S&P bajó su nota de "B" a "B-",[138] sumándose de esta manera a las bajas calificaciones que ya tenía el país por parte de los bancos J. P. Morgan, Bank of America y Barclay's.[139]

La Cámara de Apelaciones dictaminó que el caso volviese al juzgado de Thomas Griesa, para que éste dictaminara en qué proporción los desembolsos del Gobierno se distribuirán entre las dos partes, demandantes y tenedores de bonos re-estructurados. Este fallo de la Cámara de Apelaciones produjo una suba del riesgo país y una caída de los demás bonos (el bono Par bajó un 4,03%). Además, los CDS argentinos, pasaron a ser más caros que los de Grecia, debido a que éste fallo produjo temor entre los bonistas ya que la justicia podría embargar el pago de otros bonos para resarcir a estos fondos.[140] El 15 de noviembre, tras las audiencias previas de los días 9 y 14 de ese mismo mes, la Argentina volvió a reiterar ante la justicia estadounidense que no estaba dispuesta a pagarle a los "holdouts" (bonistas que no habían ingresado en los canjes) en un escrito que contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país). El mensaje era que ellos no podían individualizar los pagos que hacía la Argentina desde Buenos Aires y que si se embargaban esos recursos se afectaría a inversores privados y no al país al que pretendían castigar. A estos dos agentes, se sumaron las presentaciones del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También la Reserva Federal pidió a Griesa en un escrito que no se afectaran los pagos a bonistas: "La aplicación expansiva de los mandatos reclamados por el demandante es demasiado amplia y podría tener consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del sistema de pagos".

El 23 de noviembre, el juez Griesa indicó que el país tenía la capacidad para pagar a los "holdouts" (tenedores de bonos en cesación de pagos) y como se trataba de deudas ya caídas, la Argentina debía abonar la totalidad del dinero reclamado con plazo hasta el 15 de diciembre próximo, cuando debía ejecutarse el pago de los bonos reestructurados.[141]

El gobierno argentino apeló el 26 de noviembre planteando por primera vez que si la fórmula presentada por el magistrado de Nueva York hubiera respetado los parámetros del canje de deuda del año 2010, se habría arribado a una propuesta consistente con la legislación argentina que podría haber sido debatida en el Congreso. Los argumentos expuestos por los representantes de la Argentina se basaban en la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.

El 28 de noviembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, finalmente decidió suspender la resolución del juez federal Griesa hasta el año siguiente, dando más tiempo al gobierno argentino para argumentar su defensa.[142]

Retención de la Fragata Libertad en Ghana[editar]

La Fragata Libertad navegando con las velas desplegadas.

El 2 de octubre de 2012, por un pedido a la justicia ghanesa del fondo NML Capital Limited por el incumplimiento de pago de deuda de parte del gobierno argentino, el buque escuela ARA Libertad (Q-2) (conocido popularmente como "Fragata Libertad") fue retenido en el Puerto de Tema por un pedido de embargo por 370 millones de dólares, el mismo fondo había pedido anteriormente sin éxito la congelación de los fondos del BCRA en Nueva York.[143] Ante esta situación el canciller argentino Timerman planteó ante diversos organismos, como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la queja del Gobierno Nacional por la retención de la Fragata, como claramente violatoria al derecho internacional por tratarse de una embarcación de guerra. Por su parte, el gobierno del ghanés John Dramani Mahama advirtió que sólo actuaría cuando se haya completado el proceso judicial.[144]

El 14 de noviembre, el Gobierno argentino, presentó una demanda judicial en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, contra el gobierno de Ghana.[145] El 28 de noviembre la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto es innembargable.[146] Finalmente el 15 de diciembre, bajo comunicado oficial Nº188 107, el ITLOS (Tribunal Internacional del Derecho del Mar) dio la razón a la Argentina y dispuso liberar la fragata, que llevaba más de un mes retenida en el puerto del país africano.[147]

La Fragata Libertad arribo nuevamente a la Argentina el 9 de enero de 2013. Aprovechando la temporada estival, el Gobierno Nacional decidió que la nave amarrara en la base naval de Mar del Plata. Tras permanecer 74 días retenida en Ghana, una multitud se acercó a dar la bienvenida al buque de la Armada y a su tripulación. Allí se realizó un imponente acto encabezado por la presidenta Cristina Kirchner, que aprovechó la ocasión para defender su gestión y para criticar tanto a los fondos buitres como a sus detractores locales.[148]

Esta causa, iniciada en octubre de 2012, finalizó algunos meses después, en junio del 2013, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Ghana determinó que la retención forzada de la Fragata Libertad en el puerto de Tema había sido "injusta" y que "podría haber puesto en peligro la seguridad de Ghana y haber desencadenado un conflicto militar y diplomático". En un fallo complementario dictado pocos días después, el mismo tribunal obligó al fondo NML Elliot a pagar unos US$ 8 millones a la administración del puerto de Tema, en concepto de gastos por haber mantenido secuestrada a la Fragata Libertad durante 77 días, dificultando las actividades comerciales.[149] [150]

2013[editar]

Durante la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, la deuda externa argentina se incrementó en un 8,6% durante 2011 y trepó casi a los 140.000 millones de dólares.[151] Para octubre de 2012 se habían pagado más de 270.000 millones de dólares. En 2013 tenía entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en default.[152] En setiembre de 2013 la deuda ascendía a U$S200 mil millones, una cifra superior a la que tenía el país cuando entró en default en el 2001 porque en 2001 se debían U$S150 mil millones.[153] [154]

El 25 de enero de 2013 los fondos buitres presentaron ante la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos los argumentos para sostener el fallo de primera instancia que ordenó a la Argentina el pago de parte de los 1300 millones de dólares reclamados argumentando que Griesa "actuó con su autoridad cuando emitió una orden de restricción de que la Argentina siga adelante con los pagos a los titulares de la bonos reestructurados, a menos que también pague a los tenedores de bonos de deuda en default".

El Gobierno argentino insistió por su parte en que no podría pagar a los fondos buitre, ya que esto desataría una serie de reclamos por otras deudas con sus intereses cuyo cumplimiento vaciaría las reservas del Banco Central. Por lo tanto, el alegato defensivo del Estado argentino es que no contaría con suficientes fondos para saldar todas estas deudas. Además, insistió en el punto de que el fallo de Thomas Griesa constituía un acto discriminatorio para los fondos que sí habían aceptado el canje. Como resultado la Cámara de Apelaciones de Nueva York convocó a una audiencia para escuchar a ambas partes el 27 de febrero del 2013, dándole 20 minutos a los abogados argentinos y 7 a los de los fondos NML Elliot y Aurelius para presentar sus alegatos, a lo cual ambas partes reclamaron mayor tiempo para argumentar; además, dio el visto bueno al gobierno de los Estados Unidos para argumentar que sean 13 los jueces de ese cuerpo los que traten el caso y no los 3 que lo tienen asignado.

Hubo duros cruces durante la presentación realizada por ambas partes, el abogado que ofició por la parte Argentina dejó en claro que si el fallo era adverso, el país "no aceptaría voluntariamente el fallo" a lo que una de las juezas retrucó aclarándole "aquí no venimos a hablar de emociones, sino de resoluciones" a lo que el licenciado respondió luego que la Argentina estaría dispuesta a abrir un nuevo canje para negociar con los holdouts. De la otra parte, el abogado de Eurnekian gritó en un momento de la audiencia que se debería declarar a la Argentina como inviable para realizar negocios a raíz de los incumplimientos de deuda que siguen vigentes. Haciendo caso a la propuesta del abogado defensor, la corte anunció que el país debe presentar el nuevo plan de pagos antes del 29 de marzo; éste luego se discutiría con la otra parte para saber si lo aceptaría o no. De la audiencia asistieron por el país el vicepresidente de la nación Amado Boudou y el ministro de economía Hernán Lorenzino quienes se encontraban entre los 200 asistentes a dicha audiencia.

Por su parte, la presidenta de la Nación aseguró en su discurso del 3 de marzo que "se les pagará a los fondos buitre, pero no en mejores condiciones que a los bonistas"

El 29 de marzo de 2013 el gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dos alternativas para pagarle a los demandantes. Según el documento la oferta implicó unos términos equiparables a los de los tenedores de bonos que se adhirieron al canje de 2010. Además ofreció pagos por intereses atrasados y cupón del PBI.[155]

En junio de 2013, en un escrito denominado "Amicus Curiae", el gobierno de EEUU dijo que la interpretación de Griesa de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana". [156]

La negativa de la Argentina al dictamen de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y los tiempos legales de Estados Unidos obligaron al país a enviar una apelación el 24 de junio de 2013, antes de conocerse el fallo definitivo que deberá determinar si avala o no la propuesta completa del juez Thomas Griesa.[157]

En setiembre de 2013 la deuda ascendía a U$S200 mil millones, una cifra superior a la que tenía el país cuando entró en default en el 2001 porque en 2001 se debían U$S150 mil millones. «Debemos más, no debemos menos (como dice el gobierno)», aseguró el ex presidente Rodríguez Saá.[153] [158]

Según el senador radical Gerardo Morales:

Este gobierno no se ha desendeudado. Hay más deuda. Desde que asumió Cristina la deuda aumentó más de 50 mil millones de dólares. Le debemos al ANSES, a los jubilados, al Banco Central.[153]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]

Bibliografía[editar]

Referencias[editar]

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