Historia de la deuda externa argentina

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La historia de la deuda externa argentina comenzó entre 1980 y 1983, en la epoca de la dictadura militar y desde entonces ha sido una solución momentánea por un lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con la crisis de 2001, el país entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa, la cual ascendía a 144 000 millones de dólares.[1]

Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores). Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270 000 millones de dólares,[2] reduciéndose el peso de la deuda externa del 153.6 % al 34.7 % del PBI.[3] [4]

En 2003 el total de la deuda bruta del sector público nacional representaba el 139 % del PBI; a fines de 2009 había caído hasta el 49.1 %.[5] En 2003 la deuda era un 722 % mayor que las reservas; en 2010 fue apenas el 120 %.[5] En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2159 millones de dólares, bajando hasta 139 137 millones de dólares.[6] [7] [8] [8] [9]

La deuda externa bruta total a fines de marzo de 2014 se estimó en 137 810 millones de dólares, lo que implica una reducción de 562 millones respecto del trimestre anterior.[10] En mayo de 2014 se logró cerrar el acuerdo para salir del default con el Club de París por 9500 millones de dólares.[11] [12]

El empréstito Baring Brothers[editar]

El ministro Bernardino Rivadavia (1780-1845), como miembro protagónico del gobierno bonaerense entre 1821 y 1824, fue el responsable de endeudar al país con el leonino empréstito Baring Brothers.

La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a «negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real». Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70 %, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70 %. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85 %, pagando 70 % a Buenos Aires y repartíéndose el 15 % de diferencia con el consorcio.

El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1 000 000 de libras esterlinas. El 15 % de diferencia de colocación representó 150 000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120 000 libras en carácter de comisión, y los 30 000 restantes fueron para Baring.

El Estado de Buenos Aires por su parte «empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1 000 000 de libras esterlinas y su interés».

Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces el territorio se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, solo llegaron a Buenos Aires unas 560 000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.

Finalmente, sólo llegaron a Buenos Aires unas 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero, que fue entregado al Banco de Descuento para que diera créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde. Por el empréstito de $2.800.000 se hayan terminado pagando 23.700.000, es decir, prácticamente 8 veces más.[13] [14]

La crisis de 1873[editar]

Tras varios años de prosperidad, el presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su gobierno la primera gran crisis económica del Estado moderno.

En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta 1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por sí importante actividad comercial, como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza.

Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica, como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.

No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.

El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía la situación económica del país en los siguientes términos:

Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y públicos.

Presidente Nicolás Avellaneda[15]

Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada, permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión económica que se inició en 1880, ya con el presidente Julio A. Roca, a cargo del Poder Ejecutivo nacional.

La crisis de 1890[editar]

El Gobierno de Juárez Celman se caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un colapso financiero.

Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.

A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.

Dicha crisis se originó por una excesiva confianza de los inversores extranjeros que los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares, lo que provocó un desfase con respecto al incremento productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.A esta fiebre especuladora se sumó la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos del gobierno conservador de Juárez Celman, que se deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.

Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, esta también tuvo a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo su capacidad de negocio.

El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.

Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que esta política de austeridad hubiera destrozado su apoyo político.

Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los «nuevos ricos» que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15 % en los impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50 % de los impuestos en oro.

Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos. [cita requerida]

Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.

El acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la circulación monetaria. El crédito del gobierno había sido salvado, aunque a costa de generar un sentimiento popular antibritánico, que se tradujo en ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata.[cita requerida]

Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los bancos nacionales garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.

Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos ―el pago del 50 % de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios―, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel. Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).[16]

1892 al 1900[editar]

Carlos Pellegrini fue el presidente que piloteó la salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.

El presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por su antecesor Carlos Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30 %) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1 565 000 libras al Banco de Inglaterra, para que este la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, este funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.·[cita requerida]

Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el problema de las deudas provinciales ―asumidas por el Gobierno nacional― y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4 %, con amortización del 0.5 %, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50 %. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a las compañías ferroviarias.[17]

Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y volúmenes de sus exportaciones.[18]

En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como presidente de la Nación, mientras que su colega político Carlos Pellegrini, asume como senador nacional. Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4 % de interés anual y 0.5 % de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza entre los inversores.[19] [20]

Perón y la deuda externa[editar]

Afiche de 1948, que muestra al presidente Juan Domingo Perón, que hizo que Argentina pasara de ser país deudor (12 500 millones de pesos) a país acreedor (5000 millones de pesos).

Para un Gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan Domingo Perón inauguró en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representó una singular y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso, constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los sectores populares.

El tema acompañó cada alocución presidencial desde 1946 y fue uno de los puntos centrales del Acta de independencia económica consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947 ―como el Acta de independencia, el 9 de julio de 1816, también en Tucumán―. El rescate total de la deuda externa argentina se logró en 1952. El Estado peronista destacó entonces que el país deudor de 12 500 millones de m$n (pesos moneda nacional) se convirtió en acreedor por más de 5000 millones de m$n.

El período 1947-1951 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés ―en consonancia con la estabilidad económica― y una marcada disminución de la deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12 649 471 perteneciente a las dos últimas cuotas semestrales del empréstito argentino-británico contenido en el convenio Roca-Runciman (1933). Se gestó entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824.

La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-1948 se aplicaron a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8 % entre los años 1945-1952.[21]

En 1949, se reforma la Carta orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional. En este contexto, la Ley de Inversiones Extranjeras (de 1953) y los acuerdos firmados con la California Standard Oil dieron cuenta de un viraje del gobierno respecto a la utilidad de los capitales internacionales.[22]

Década del 60[editar]

Tras el derrocamiento de Perón en el Golpe de Estado de 1955, el gobierno dictatorial dirigido por el general Pedro Eugenio Aramburu, adquirió un nuevo préstamo externo para financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año. Durante su régimen apareció el efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.[23] En 1951 en pleno peronismo Argentina paso de deber de 12 500 millones de m$n (pesos moneda nacional) a ser por primera vez en su historia un país acreedor- Perón convirtió al país en acreedor por más de 5000 millones de m$n. Al concluir el período de gobierno de facto llamado "Revolución Libertadora" en 1958 la Argentina dejo de ser un país acreedor para volverse deudor, la deuda externa había vuelto a crecer y superó mil millones de dólares,

Esta rotación de la política exterior independiente a una totalmente alineada con EEUU se conjuga con la incorporación de la Argentina al FMI, decidida por el régimen de Pedro Eugenio Aramburu, en 1956, al mismo tiempo que se desnacionalizan los depósitos bancarios, y se anula la reforma constitucional de 1949, dejando sin efecto el artículo 40, protector de los recursos naturales. la Argentina ingresa por la fuerza en el círculo de endeudamiento, e inflación con nuevos créditos para pagar los intereses de préstamos anteriores.

En 1956 resultó evidente que era imposible para el gobierno militar cancelar el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París.[24] [25] De esta reunión surgió el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. La autodenominada Revolución «Libertadora». se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956. Al finalizar la dictadura militar Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.

Al caer Frondizi, en marzo de 1962, se la puede estimar en 1.800 millones de dólares y al cesar el gobierno de facto de José María Guido, en julio de 1963, bordea los 2.100 millones.[26]

Argentina y el FMI[editar]

La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En 1958 se convoca a elecciones, donde gana radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo, que se hallaba proscripto. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica heredada tras tres años del régimen militar de la Revolución Libertadora era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión.

Arturo Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales «desarrollistas» y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de «La Batalla del Petróleo», habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.

Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias para la estabilización económica.[cita requerida] Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de ajuste del gasto como de apertura económica. Aun así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la habitual «Carta de Intención» solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.

Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos nucleados en el Club de París. A pedido del FMI el ministro de Hacienda liberal Álvaro Alsogaray anuncia un aumento de tarifas. Alsogaray viajó a los Estados Unidos para acordar la llegada del general estadounidense Thomas Larkin a la Argentina, donde tenía que hacer un estudio de los transportes. Así el General estadounidense diseñó el denominado Plan Larkin, que contemplaba abandonar el 32% de las vías férreas existentes, el despido de 70.000 empleados ferroviarios, la reducción a chatarra todas las locomotoras a vapor, el desmantelamiento de 70.000 vagones y 3000 coches. Los cuadros gremiales se opusieron. La crisis económica y política del momento hizo que Alsogaray y Constantini tuvieran que renunciar a sus cargos en abril de 1961.[27]

A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del Club de París para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar. Para ello, esta misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.

Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el Plan de Estabilización Económica con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la falta de divisas. [cita requerida]

El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público.

Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió al compás del tipo de cambio.

La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el entonces ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre.[cita requerida] El Estado solo debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad productiva de la economía.[cita requerida]

Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la «ilegalización» que regía sobre el Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Los militares le exigieron al presidente la anulación de las elecciones, aunque el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluido de su mando.

Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados.[28]

Desde 1966 en Adelante[editar]

Deuda argentina 1994-2004. Expresada en millardos (mil millones) de dólares y azul para la deuda externa.

En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los 3276 millones de dólares a 4800 millones, un 46 %. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4870 millones de dólares a 7800 millones, un 62 %, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per cápita).[29] Para los años setenta, el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba fuertemente la competitividad de la economía.

Durante la sangrienta Dictadura cívico-militar (1976-1983), la deuda trepó hasta los 45 000 millones de dólares, un 364 %, con lo cual se pasó a tener una deuda per cápita de 1500 dólares. Ese período se caracterizó por su elevado índice de liquidez y sus bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes corrientes de capitales a toda América Latina.

A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas fue la «reforma financiera», concretada en 1977, que liberalizó la actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue «la Tablita», un instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el «factor psicológico» que durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de los años setenta.

Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida «bicicleta financiera», que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.

Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.

Ante esta situación, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.[30]

Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5000 millones de dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron ―en orden empezando por la que adicionó más deudas―: Acindar, Alpargatas, Autopistas Urbanas, Banco de Italia, Celulosa, COGASCO y Pérez Companc, entre otras.[29]

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58 700 millones de dólares, subiendo un 44 %. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123 %, con 146 219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147 667 millones de dólares, subiendo un 9 %.[29]

En lo que va desde la caída de De la Rúa hasta fines del 2013, la deuda bajó a 137 613 millones de dólares[31] a raíz de las gestiones realizadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El rol del Fondo Monetario Internacional en la deuda externa[editar]

Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dio desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el gobierno previo pero solo se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares.[32]

Ello agudizado por el ministro de economía designado con el aval del banquero David Rockefeller en el gobierno de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, quien enfatizó las privatizaciones de las empresas del estado más productivas. La deuda externa se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7000 millones de dólares en 1976 a 42 000 millones de dólares en 1982. Vale aclarar que nunca se esclareció a dónde se destinó esa deuda, varios analistas aseguran que unos 30 000 millones de dólares tuvieron un carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a nombre de argentinos.[32]

Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:

[La deuda externa] ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas

Fallo judicial del juez Ballesteros.[32]

El FMI había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que figuraban que la Nación solo se podría endeudar con el aval del presidente del Banco Central, Adolfo Diz (exdirector del FMI), y de José Martínez de Hoz (ministro de Economía). Se solicitó además la eliminación de aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero, la unificación de la moneda y la liberación del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se declaró la inflación. El dólar barato, junto con la baja de aranceles, produjo una estampida de importaciones que destruyó la industria nacional y el crack bancario de los años ochenta fue resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros.[32]

El Plan Brady[editar]

Entre 1989 y principios de los años noventa, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady se implementó en varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela, que se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro estadounidense.[33]

El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de 63 000 millones de dólares, y se refinanciaron 33 000 milones de dólares. Pero para el año 2000, la deuda ―después de costosísimos pagos―, era de 150 000 millones de dólares.

Vladimir Hernández[33]

Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.[33]

En diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se canjearon los viejos préstamos por nuevos «bonos Brady» a 30 años, otorgándose quitas en el capital y bajas tasas de interés.[cita requerida] Se canjeó deudas por un total de 21 000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:[30]

  • Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35 % y tasa flotante LIBOR de 0.8125 %. Unos 4300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2300 millones de dólares.
  • Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4 % a 6 % anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12 700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
  • Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0.8125 %. Su emisión canjeó unos 8652 millones de dólares.[30]

El camino del default[editar]

La estabilización económica[editar]

El ministro Domingo Cavallo fue el responsable del Plan de Convertibilidad por el que se rigió la economía argentina durante casi todos los años noventa.

En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25 % anual, con un pico menor de 3.8 % en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional, del 113 % en 1959, durante el gobierno de Frondizi.[34] Sin embargo, a partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60 % anual.[34]

Durante 1989 el gasto público representó el 35.6 % del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7.6 % del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3079 %.[34]

Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2314 % en 1990.[34]

El gasto público bajó de 35.6 % del PBI en 1989 a 29.8 % en 1990, para continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27 % del PBI en 1995. El déficit fiscal también bajó del 7.6 % del PBI en 1989 al 2.3 % en 1990, y desde 1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0 %.[cita requerida]

Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier momento cada peso por un dólar estadounidense. [cita requerida]

El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2314 % en 1990 a 84 % en 1991, 17.5 % en 1992, 7.4 % en 1993, 3.9 % en 1994, 1.6 % en 1995 y 0 % en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de 3808 millones de dólares a fines de 1989 a 17 930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto interno creció al 7.7 % anual.

Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta los años ochenta existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los años noventa habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque este no era suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18.4 % de la población activa desocupada, en mayo de 1995.

Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del empleo.[35]

Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante los años ochenta prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6000 millones de dólares.

En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61 400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema de la deuda.[30]

Con respecto a este hecho vale recordar las palabras de Nicholas Brady y Domingo Cavallo, sobre el desarrollo de la economía nacional y las perspectivas sobre la evolución de la deuda:

En ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más optimistas. En efecto, los déficit fiscales se convirtieron en excedentes, la inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegaron al país [...]. El panorama económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte.

Nicholas Brady, agosto de 1993[30]

Dado que se prevé que la deuda pública bruta externa se estabilice en torno a los 46 000 millones de dólares, para comenzar a reducirse hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI del orden del 15,4%. Hacia fin de siglo, la deuda pública será insignificante

Domingo Cavallo, 1993[36]

Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87 091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90 472 millones.

Ni los 23 948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.[37]

En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar qué había ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido entre aquellos años, no era tal y esto se debía a diversos factores. Por un lado, se explica que el registro contable de poco más de 60 000 millones de dólares de deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda de 96 472 millones de dólares en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una caída de 3765 millones de dólares, considerando que para el estudio la deuda real de 1995 era de 92 707 millones de dólares. El trabajo también aclaraba que, si se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder de compra equivalente), la deuda de 96 472 millones de dólares de 1989, equivaldría a 104 461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento real del país habría sido de 11 754 millones de dólares.[37]

El desgaste del modelo[editar]

Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que solo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17 930 millones a fines de 1994 a 12 496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.

La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3 % anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20 000 millones de dólares.

Sin embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la economía y dejó al descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta corriente era de vital importancia para sostener a la Convertibilidad, ya que mientras hubiese superávit o al menos un equilibrio en las cuentas, el sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una nueva fuga de depósitos locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes inversiones los conglomerados internacionales comenzaron a girar utilidades y dividendos hacia sus casas matrices. Además, muchas empresas habían aprovechado el contexto internacional favorable para endeudarse, ya fuera emitiendo de obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos bancarios directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del sector público era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.

Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos «distorsivos», particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.[38] Sin embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6.2 % al 6.4 % del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20.3 % en 1993 al 21.8 % en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1.8 % al 5.3 % del PBI entre 1993 y 2001.[30] Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.

Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del IVA (impuesto al valor agregado) del 18 al 21 % (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2 % de PBI.

Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.[30] La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de los años noventa. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.

La situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en el sudeste asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a otras regiones del mundo:[39] en agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provoca el colapso de la deuda rusa.[40] [41] [42] Poco después la crisis se extiende a Brasil, que en enero de 1999 se ve obligado a devaluar su moneda.[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

Estos factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir de 1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una restricción crediticia a nivel local, que afectó tanto al sector público como al privado. Por un lado, las provincias debieron soportar un aumento en la tasa de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. De ahí en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de crecer.

Por otra parte la depreciación del real brasileño y de otras monedas a partir de 1995, determinó una clara sobrevaluación del peso por estar fijado al dólar.[51] [52] La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del Mercosur), golpeó mucho a las empresas agropecuarias y manufactureras.

Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando de la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.[53] El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:

  • Provocar una «dolarización» forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el peso y el dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó.[54] [55] [56] [57] [58] [59]
  • Defender la convertibilidad a rajatabla,[60] reduciendo el gasto público,[61] reestructurando la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el valor del peso a otras monedas además del dólar (como el euro o el real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra.
  • Devaluar el peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en default casi toda la deuda pública y privada, «pesificar» forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la inflación.

Fernando de la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno nacional y los gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de la burbuja «punto com» en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14 % anual en dólares) y agravó aún más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal. El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.[62]

El blindaje[editar]

El presidente Fernando de la Rúa debió enfrentar un contexto económico sumamente desfavorable para la economía argentina.

En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1038 millones en noviembre de 2000.

A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El «blindaje» finalmente se aprobó en el mes de diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40 000 millones de dólares, sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.

El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.[63]

Sin embargo, el «blindaje» solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del gabinete nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto. En ese contexto, Fernando de la Rúa ofrece el cargo de ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.

El megacanje[editar]

Torre del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. La situación de las deudas provinciales era más compleja de resolver que la de la deuda nacional.

La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 000 millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3500 millones de dólares.

Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado «megacanje» tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.

Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran la iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el presidente De la Rúa. Sin embargo, para aquel entonces el presidente no contaba con el aval de la Alianza en el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.

El lanzamiento del Plan de Competitividad y el megacanje de deuda, tuvieron éxito en revertir la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una significativa recuperación fiscal durante los meses de abril, mayo y junio. Así, a la fuerte salida de depósitos de marzo, siguieron aumentos de depósitos de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en junio. El déficit fiscal del sector público, que había sido de 3018 millones en el primer trimestre del año, descendió a 2192 millones en el segundo trimestre.

Durante la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3000 millones de dólares y requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de letras del Tesoro nacional determinó una tasa de corte del 16 % anual para plazos de 180 días.

Ante esta situación, Cavallo lanzó el programa de «déficit cero», según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 % que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar las amortizaciones de capital de la deuda provincial, así como de la parte aún no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a 5268 millones de pesos durante julio y a 2091 millones de pesos durante agosto.

La nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con el FMI para movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de reservas del Banco Central y del sistema financiero. Esta negociación debía incluir no solo la Ley de Déficit Cero sino también una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que permitiese bajar la carga de intereses que estaba pagando el país en el 2001: se debía bajar de 14 000 millones de dólares (11 000 la Nación y 3000 las provincias) a no más de 7000 millones de dólares (5500 la Nación y 1500 las provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la aprobación de un nuevo préstamo de 8000 millones de dólares, de los cuales 5000 millones fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y 3000 millones quedaron para ser desembolsados entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además continuaban en vigencia los desembolsos pendientes del «blindaje».

El nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante septiembre y octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió demorarse hasta el 1 de noviembre debido a las numerosas voces que proponían el Default durante la campaña electoral que culminó el 14 de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era necesario contar con la autorización para utilizar los impuestos, en particular el Fondo de Crédito Público, como garantía de pago. Luego de la elección de octubre, el presidente Fernando de la Rúa consideró que se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar sobre el programa de reestructuración de deuda pública nacional y provincial utilizando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución nacional otorga al Ejecutivo.

El 1 de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar delante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Esta iba a ser la fase 1 de un canje integral de la deuda pública nacional y provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos los bonos en manos de tenedores externos.

La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se llevó a cabo entre el 1º de noviembre y el 15 de diciembre y quedó concluida ese día por un monto de 55 000 millones de dólares, a una tasa de interés no superior al 7 % anual y con plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Esta exitosa operación significó para la Nación y las provincias en su conjunto una reducción de más de 4000 millones de dólares de intereses anuales (2000 millones la Nación y 2000 millones las provincias) y un corrimiento de todas las cuotas de amortización para después del año 2005.[cita requerida]

Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado.

La deuda pública nacional, que ascendía a 118 000 millones de dólares, constaba de tres componentes:

a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal[cita requerida]

b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 000 millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el Gobierno argentino; c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 000 millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.

La transformación de 39 000 millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de otros 2000 millones de dólares, es decir una reducción absoluta, muy parecida a la que obtenían las provincias por su deuda.[cita requerida] Por esta maniobra se investigó la selección irregular del consorcio de bancos integrado por el Banco Francés, Banco Galicia, Credit Suisse First Boston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.[64]

Según testimonio del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado, que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de intereses.[cita requerida] Es decir que se esperaba conseguir otra reducción adicional de 2000 millones de dólares en el costo anual de intereses para el presupuesto nacional.[cita requerida] Para esta oferta ya se había designado un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Por el megacanje fueron procesados representantes del Estado nacional, con antigüedad en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión.[65] el juez Ramos procesó al actual diputado por el PRO y expresidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; y al estadounidense David Mulford, pero ex funcionario permanece prófugo.[66]

Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de «Déficit Cero», que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6000 millones de dólares anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.[67]

El Corralito[editar]

Manifestación contra el «corralito» en Buenos Aires, en febrero de 2002.

Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales comenzaron a señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles problemas de caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que más habían prestado a las provincias como los que podrían encontrar dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario. Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2917 millones de dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la fase 1 del canje.

Para frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra alternativa que concluir exitosamente la reestructuración integral de la deuda pública nacional y provincial, en el más breve plazo posible. En este contexto, Domingo Cavallo inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes del «blindaje» y los 3000 millones de dólares que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. La única exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de gobernadores convocada por el senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario antes de fin de año.

La situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre de 2001 se produce un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1 de diciembre de 2001 se decide establecer controles de cambios y restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida fue oficialmente denominada como la «bancarización» de la economía (ya que pronto generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas de débito), aunque popularmente se la conoció como el «corralito» ante la imposibilidad de poder retirar dinero en efectivo de manera normal. Según el compromiso del ministro Cavallo, las restricciones se iban a levantar el 1 de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener cerrada la segunda etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual de intereses de 6000 millones de dólares. Mientras tanto los depositantes conservarían sus depósitos en la moneda que ellos quisieran y podían realizar sus pagos en Argentina utilizando cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias, pero tendrían limitaciones para transformarlos en pesos o dólares billetes y para hacer pagos al exterior, los cuales debían ser autorizados por el Banco Central.

Los bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para atender el retiro de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar sus obligaciones según el procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.

Simultáneamente con el levantamiento de estos controles, se pensaba dejar flotar el peso argentino dentro de una banda definida por el valor del dólar y el valor del euro, con lo que mientras el euro fuera más débil que el dólar, el peso podría devaluarse hasta alcanzar el valor del euro. Si el euro pasara a valer más que el dólar, como efectivamente ocurrió en mayo de 2002, el peso volvería a quedar pegado al dólar, pero a un dólar más débil, y, por tanto, más favorable a las exportaciones argentinas. La inflación por su parte se habría mantenido al nivel del 2 o 3 % anual, como había ocurrido durante los años normales de la convertibilidad y la recuperación de la normalidad financiera habría revertido la caída de la recaudación de IVA y Ganancias.

Además, para comienzos del 2002 se contemplaba que el Banco Central dispondría de reservas adicionales por más de 4000 millones de dólares, como margen de maniobra, ya que todo el proceso sería acompañado por el FMI, organismo que se había comprometido a desembolsar 3000 millones de dólares cuando se aprobó el aumento de la asistencia en agosto de 2001 y estaba pendiente el desembolso de la cuota del blindaje correspondiente al cuarto trimestre de 2001, por 1260 millones de dólares.[68]

En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se había incluido una partida de 5500 millones de dólares para intereses (exactamente la mitad de lo presupuestado para el 2001) en total acuerdo con los resultados que se esperaban obtener del programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje de los 40 000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la fase 1, esa sería la cifra de intereses.

El 19 de diciembre de 2001 debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para iniciar la discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr. Jorge Baldrich el día 20 de diciembre de 2001. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de enero, el FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la fase 2 de la reestructuración, que tenía fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser completada antes del 15 de febrero de 2002. Según el propio ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la deuda pública nacional y provincial y limpiaría de vencimientos de capital los siguientes tres años.

La crisis institucional[editar]

20 de diciembre de 2001. Desmanes y Saqueos en todo el país, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

A medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la cesación del pago de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las empresas y los gobiernos provinciales fuertemente endeudados en dólares el problema del país solo se resolvería con una «licuación» de los pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la moneda. La ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración ordenada de la deuda pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre, sumado a comentarios informales sobre que el programa de reestructuración de la deuda no conseguía una quita suficiente, hacían suponer que el organismo ya especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o temprano, un default generalizado.

Para marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación de los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria. El presidente consideraba que se debía avanzar en la dirección del ajuste fiscal de la Nación y las provincias como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había intentado previamente José Luis Machinea, aunque adoptando medidas arancelarias, tributarias y de ampliación de la convertibilidad que permitieran recomponer la competitividad de la economía. Evitar la cesación de los pagos y mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la Rúa había defendido en su campaña electoral, en contraposición con la postura más confusa que sobre esos temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde. [cita requerida]

En el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó por teléfono al presidente De la Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, este le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo del Partido Radical.

Poco después el Congreso nacional aprobó la Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y contenido de los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente «unidad política».[69]

Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el «corralito», afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquéllos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El gobierno del presidente De la Rúa había perdido el apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.

El día 14 de diciembre, Cavallo logró cancelar el vencimiento de letes (letras del tesoro) por casi 770 millones de dólares. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409.7 millones, mientras que los restantes 360 millones de dólares se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, de manera compulsiva, por las propias AFJP.[70] Para evitar a toda costa el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros 900 millones de dólares adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre de 2001 fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.[71] Los responsables del megacanje fueron procesados por la justicia argentina por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, según el juez, los exfuncionarios ―entre ellos Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger (secretario de Finanzas en ese momento, y actual diputado del PRO―, se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos el precio de corte que iban a tener los bonos.[72]

El día 19 de diciembre de 2001 debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del presupuesto nacional correspondiente al año 2002. Sin embargo, esa fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la inacción policial fue evidente. A dicha comisión se presentaron los legisladores justicialistas, pero los radicales se ausentaron todos, boicoteando el tratamiento del Presupuesto.

Esa mañana un grupo de dirigentes de la Unión Industrial Argentina, entidad liderada por Ignacio de Mendiguren, habría convencido al presidente de la UCR y gobernador del Chaco, Ángel Rozas, sobre la conveniencia de abandonar la convertibilidad y pesificar la economía.

Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el senador y expresidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando de la Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo su gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese mismo día.

El 20 de diciembre de 2001, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical, Fernando de la Rúa. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.

Aferrado al escaso sector radical que aún le respondía, De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El rechazo del peronismo decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19:45 horas de aquel 20 de diciembre de 2001. Apenas en la mitad de su mandato constitucional, Fernando de la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.[73]

Con la crisis de diciembre de 2001, Argentina, el 23 de diciembre del mismo año entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144 000 millones de dólares.[1] Este default. Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores) en lo que se llamó el canje de la deuda argentina. A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178 000 millones de dólares. Sin embargo, quedaban aún en default 81 800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados.

Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270 000 millones de dólares, la deuda había descendido a 141 803 millones. En 2013 aún tiene entre 8000 y 10 000 millones de dólares de bonos en default.[2] Reduciéndose el peso de la deuda externa del 153.6 % al 34.7 % del PBI.[3] [74] En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2159 millones de dólares, bajando hasta 139 137 millones de dólares.[8] [9]

Default y devaluación[editar]

Eduardo Duhalde como presidente de la Nación.

La Asamblea Legislativa convocada por el senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia nacional) eligió como presidente de la Nación al entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para un período transitorio de 90 días, tras el cual se convocaría a elecciones presidenciales.

Rodríguez Saá asumió la presidencia el domingo 23 de diciembre de 2001. Al día siguiente la Argentina debía afrontar dos vencimientos de deuda: uno de 13 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro por 4.3 millones de dólares en eurobonos.[75]

Luego de jurar, Rodríguez Saá dio un discurso entusiasta: «Vamos a tomar el toro por las astas (...) en primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa», tras lo cual estalló una ovación entre los que se encontraban dentro del Congreso. Sin embargo, esa misma noche el ya presidente Rodríguez Saá aclaró: «Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto».[76]

La decisión despertó opiniones encontradas. Manuel Solanet, secretario de Hacienda durante la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983) y presidente del Instituto Nacional de Planificación Económica (entre 1977 y 1981), comentó al respecto:

He quedado mal impresionado por el discurso del nuevo presidente. Me parece lamentable que la declaración de default se muestre como un acto positivo. Lamentablemente, tengo una opinión general de desaliento.

[77]

Mientras tanto, Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital quien poco después sería presidente del Banco Central (2004-2010), se mostró de acuerdo con la suspensión de pagos de la deuda. Su opinión en aquel momento era la siguiente:

Es una moratoria y no un default [cesación de pagos]. Hay que asumir la realidad. La Argentina no podía pagar la deuda.

Martín Redrado[78]

Más allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28 otro pago por 504.2 millones de dólares, en concepto de letes (letras del tesoro). Además de compromisos que vencían en enero de 2002, por un total de 553 millones de dólares, de los cuales 136 millones correspondían a pagos de capital y 417 millones a intereses de la deuda.

La deuda pública ascendía entonces a 132 143 millones de dólares y los títulos públicos representaban el 72.2 % del total. Al momento de declararse el default, los principales acreedores del país eran argentinos tenedores de bonos, que los habían adquirido principalmente a través de los fondos de jubilación y pensión que administraban las AFJP.[79]

Estos papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños, medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban emitidos en dólares (72 %) y euros (18 %), aunque también había papeles en pesos argentinos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más exóticas como las coronas danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar kuwaití.[80]

La segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y la que determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el peso, sino que entraría en circulación una nueva moneda no convertible, llamada «argentino», con la cual se financiaría planes de vivienda, se otorgarían más de 100 000 subsidios y se utilizaría para otorgar un aumento a jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió re-unificar a la CGT. Sin embargo no logró convencer a la UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín,[81] ni a un importante sector político (encabezado por Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Carlos Ruckauf y José Manuel De la Sota),[82] disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata, sino de manera gradual. Según el propio Rodríguez Saá, la falta de apoyo se evidenció a partir de que anunció a la UIA que no tenía pensado devaluar. «Ahí, todos los gobernadores dejan de apoyarme», recordaría tiempo después.[83] El ya exministro Domingo Cavallo declaró:

Toda la crónica periodística y las opiniones emitidas durante esos días por el periodista Marcelo Bonelli, que desde mucho tiempo atrás reflejaba el pensamiento de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina, me terminaron de convencer de que lo que estaba ocurriendo era un quiebre institucional destinado a subvertir toda la organización económica del país, que no se limitaba a la cesación de pagos anunciada por el Dr. Rodríguez Saa.

Domingo Cavallo[84]

Ante esta situación, Rodríguez Saá convocó a una reunión de gobernadores en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde buscó iniciar un intercambio de opiniones para encontrar una salida a la difícil situación que atravesaba el país y conformar, además, un gabinete consensuado con los mandatarios provinciales. [cita requerida]

Sin embargo, faltaron a la cita el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Reutemann, el santacruceño Néstor Kirchner, el fueguino Carlos Manfredotti y el pampeano Rubén Marín, entre otros. [cita requerida] Según Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde había sido el conspirador para que la reunión en Chapadmalal fracasara.[85]

Sin el apoyo partidario y asediado por protestas, que incluyeron actos de violencia en el Congreso, [cita requerida] a solo una semana de asumir el cargo, presentó su renuncia el 30 de diciembre de 2001. La situación era tal que el propio Ramón Puerta (presidente del Senado), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera hecho pública su renuncia. Por lo tanto, la sucesión recayó sobre el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista Eduardo Camaño. Este convocó a la Asamblea legislativa, y gestionó los acuerdos necesarios que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde, quién asumió el 2 de enero de 2002, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 (hasta completar el mandato para el que había sido elegido De la Rúa).

La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad, que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.[86] Según palabras del propio Duhalde:

Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos.

Eduardo Duhalde.[87]

Así, el 6 de enero de 2002, se derogaron los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad n.º 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con reservas por el 100 % de la base monetaria. También se suspendió la Ley n.º 25.466 de Intangibilidad de los Depósitos, y se delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la paridad del peso y la reglamentación de regímenes cambiarios.

En su discurso inaugural, Duhalde había prometido: «Van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos. [...] Quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares».[88] Sin embargo, por Decreto 214/2002 de necesidad y urgencia del 3 de febrero de 2002 se «pesificaron» forzosamente créditos y deudas ($1 a U$S 1), los depósitos bancarios ($ 1,40 a U$S 1) y se dispuso la estatización de parte de la deuda privada de los bancos con los particulares, al compensarles las diferencia entre $ 1 y $ 1.40 con una deuda a cargo del Estado.[89]

Con respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su predecesor Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. Solo se pagarían 3500 millones de intereses de la deuda en manos de acreedores locales, en línea con lo que se había acordado en el último canje de bonos, que incluía un período de gracia de dos años. En cambio, a los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones más favorables para la Argentina, con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una vez que la economía empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de Necesidad y Urgencia del 13 de marzo de 2002 también se «pesificó» la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada dólar.[90]

Mientras tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la deuda externa. El crecimiento de la deuda externa fue debido a la «pesificación asimétrica». Eduardo Duhalde anunció la pesificación de los depósitos bancarios en dólares a un valor de 1,40 por cada dólar, en cambio, los préstamos y créditos otorgados tuvieron una tasa de cambio de 1 a 1. Ello fue lo que aumentó la deuda externa en unos 47 000 millones de dólares.[1]

Restructuración de la deuda y canjes[editar]

Primer canje[editar]

Néstor Kirchner (presidente de la República) y Roberto Lavagna (ministro de Economía).

El 22 de septiembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner propuso una quita promedio del 75 % del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94 302 millones de dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres bonos: un Discount (con una reducción del valor nominal), bonos Par (con mayores plazos de vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital), y bonos C (que requerirían un aporte de fondos). Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados.

El plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default, entre ella los distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a jubilados, trabajadores estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos a cambio de los depósitos que estaban retenidos por el «corralito» bancario.[91] Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los bonistas locales.[92]

El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la «propuesta de Buenos Aires» para reestructurar los pagos de la deuda. El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default.[93] [93] A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:

  • El bono Par (que no implicaba quita del capital original adeudado) pagaría un interés inicial del 1.33 % que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5.25 % a los 25 años de su emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
  • El bono Cuasi Par (que incluía una reducción del 30.1 % del capital) pagaría un interés del 3.31 % más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años.
  • El bono Descuento (que implicaría una quita del 66.3 %) pagaría el mayor interés, 8.28 %, y tendría un plazo de 28 años (con vencimiento en el año 2033).

Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76.15 % del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62 500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35 300 millones de dólares (15 000 millones en títulos Par, 11.9 000 millones en títulos Discount, y 24.3 000 millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37 %.

Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38.4 % del total. Después se ubicaban los italianos con el 15.6 %, los suizos con el 10.3 % y los estadounidenses, con el 9.1 %. Por el monto y la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólares, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos), se consideraba que esta era la operación más importante de la historia financiera mundial.

El 9 de febrero de 2005 el Congreso sancionó la ley 26.017 o «Ley Cerrojo», prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.[94]

Cancelación de deuda con el FMI y con España[editar]

El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9530 millones de dólares,[95] un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009.[96] Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad cambiaria ($ 3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Las reservas del BCRA finalizaron ese año con un aumento de 4000 millones de dólares. Es decir, de 28 078 millones de dólares, las reservas del Banco Central descendieron a 18 580 millones y finalizaron el año con 32 037 millones.[97]

El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda ascendía a 982.5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBOR de +140 puntos básicos.[98]

Reapertura del Canje en 2010[editar]

Cristina Fernández de Kirchner recibe a banqueros que no ingresaron al canje de la deuda.

En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, tras lo cual informó que en conjunto con tres bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado en el canje de 2005.[99]

El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2251 millones de dólares[100]

El entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó: «Con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año».[101]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de la Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social), luego ministro de Economía y actualmente vicepresidente de la Nación.

En octubre de 2009 el ministro de economía Amado Boudou anunció la reapertura del canje de 20 000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. El 15 de abril de 2010 el ministro Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la deuda. Con una quita del 66.3 % a los inversores institucionales y para los restantes la quita rondaba el 50 %. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando 10 500 millones de dólares en lugar de los 20 000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo:[102] Para ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía.[102] El nivel de adhesión al canje se ubico por encima del 97% de los acreedores.[103] [104]

  • Inversores institucionales: recibieron un bono discount con una rebaja del 66.3 % en la deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés del 8.75 %. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
  • Inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita.[102]

A mediados de junio del 2010 la presidenta anunciaba un plan de desendeudamiento para las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Chaco.[105] [106] En marzo de 2010 se creo el «Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento» disponía del uso de 6569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo. <refEn marzo de 2010 se firmó el decreto 298, que establecía mediante el DNU 2010/09, el «Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento» disponía del uso de 6569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo.[107] El año 2010 finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6 % en 2003 al 34.7 % del PBI.[3]

Pagos Boden 2012[editar]

El 3 de agosto de 2012 el Gobierno nacional pagó los 2197 millones de dólares correspondientes la última cuota de intereses del BODEN 2012 que había sido emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda extranjera quedaba reducida al 8.4 % de las obligaciones. Durante un acto realizado el día anterior en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández celebró el hecho como el punto final del «corralito». Con este pago, el peso de la deuda pública sobre la economía se reducía al 41,8% del PBI, cuando en 2002 había llegado al 166%.[108] [109]

Acuerdo con Club de París en 2014[editar]

En enero del año 2011 el monto adeudado con el Club de París rondaba los 9000 millones de dólares. Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, junto con Amado Boudou encabezaban la comitiva, pero no se logró cerrar las negociaciones.[110] [111] [112]

El 29 de mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por intermedio de la comitiva enviada a París encabezada por el ministro de economía Axel Kicillof consiguen un histórico acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de cinco años.

Argentina y el Club de París alcanzaron un acuerdo para regularizar la deuda en default arrastrada con esos países. En una prolongada reunión en la capital de Francia que se extendió durante más de 17 horas, los miembros del foro de acreedores y el equipo económico se pusieron de acuerdo en el mecanismo de pago. La deuda se cancelará a lo largo de los próximos cinco años y contempla un desembolso inicial en efectivo por 1150 millones de dólares: un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares se realizará en julio de 2014 y los restantes 500 millones de dólares se entregarán en mayo de 2015. Como solicitó Argentina, el FMI no participó de la operatoria. El acuerdo estableció un pago mínimo de 3 % que deberá afrontar Argentina por año y fijó un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club. Si durante el plazo de cinco años, las inversiones adicionales fueran insuficientes para cubrir la deuda total, el país puede posponer los vencimientos hasta dos años.

2011 a 2015[editar]

A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, negoció la compra de 4572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6 % para la construcción de una planta regasificadora, la operación se concretó por 400 millones de dólares.[113]

Martín Redrado, presidente de la entidad intento demorar su aplicación. El 7 de enero de 2010 fue denunciado por «incumplimiento de los deberes de funcionarios público».[114] presentó la renuncia el 29 de enero.[115]

Composición actual y monto de la deuda[editar]

Según datos del FMI, la Argentina experimentó en la última década una reducción del 73 % de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno y resultó ser el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo. Se destaca, también, que de acuerdo al ritmo del crecimiento del producto bruto de la Argentina, en cinco años, la relación deuda/PBI será aún menor y bajará al 40 %.[116] [117] [118]

A fines de 2011, el Gobierno nombró a Mario Blejer, una figura muy respetada tanto en el ámbito político como en el círculo financiero internacional,fue nombrado presidente del BCRA, luego fue precedido por la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont.[119] El 23 de diciembre de 2011 la deuda era de 132 502 millones de dólares según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), siendo la más baja en 15 años, y 4,3 puntos porcentuales menos que la deuda del 2012.[120] Como datos positivos se encuentran la reducción del porcentaje que esta representaba en el Producto Bruto Interno (PBI) del 54 % al 32.2 %[120] y la multiplicación de las reservas argentinas.[1]

En 2011 el 52.2 % de la deuda se encontraba en manos de entidades nacionales como el BCRA, la Ansés (Administración Nacional de Seguridad Social) y el Banco de la Nación Argentina; mientras el 10.4 % pertenecía a organismos internacionales como el Banco Mundial, el 3.4 % al Club de París y el 33.4 % restante al sector privado.[1] [121]

En 2012 la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7 punto porcentual con respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369 millones de dólares. Una porción más pequeña, el 9,6% del PIB, representaron los pasivos que retiene el sector privado nominados en dólares[122] La deuda pública que está en manos de acreedores del sector privado y de organismos multilaterales de crédito equivale al 18,8% del PIB. El resto es deuda intra sector público.[122]

La deuda externa bruta total a fines de marzo de 2014 se estimó en 137 810 millones de dólares, lo que implica una reducción de 562 millones respecto del trimestre anterior.[10] El 28 de julio de 2014 Argentina pagó 642 millones de dólares al Club de París en un primer desembolso en concepto de capital adeudado tras el acuerdo firmado en mayo de ese año.[12] [123]

En 2014 el peso de la deuda externa había disminuido. En 2003, el 160 por ciento del PBI era deuda contraída en moneda extranjera, en 2015 es sólo del 8 por ciento. Según un informe de la consultora MCKinsey divulgado por Financial Times, Argentina se encuentra entre los pocos países del mundo que redujeron su deuda en relación al Producto Bruto Interno (PBI).[124]

Argentina cuenta a 2015 con 251 000 millones de dólares en activos externos, de los cuales 46 000 millones eran reservas internacionales. Tiene una posición acreedora neta de 52 000 millones (+11 %/PBI).[125]

Sin embargo la deuda de la ciudad de Buenos Aires se multiplicó. En 2007 la deuda externa ascendía a 303 millones de dólares, y en 2014 ―solo siete años después― estos alcanzarán los 2010 millones de dólares.[126]

Juicio de los fondos buitres/holdouts[editar]

En 2007 comenzó el juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd, por títulos emitidos en 1994, conforme al Fiscal Agency Agreement (cláusula pari passu) que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito. El 11 de enero de 2009 el juez federal de Nueva York Thomas Griesa incautó 1.83 millones de dólares del Banco Central de Argentina.[127] El 15 de enero ambas partes llegaron a un acuerdo y se levantó el embargo.[128]

En junio de 2014, el gobierno estadounidense advirtió que la interpretación de Griesa «podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana».[129] Griesa dictaminó que se debía abonar 1330 millones de dólares, el país presentó dos alternativas de pago, además ofreció pagos por intereses atrasados y un cupón del PBI.[130] [131] [132] [133] La ONG digital Avaaz lanzo una campaña a favor de Argentina, indicando que este precedente «pondrá en peligro los esfuerzos que muchos países del mundo están realizando por reestructurar sus deudas soberanas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional –organismos responsables de estas deudas injustas– han expresado su grave preocupación por las implicaciones del fallo para las futuras crisis de deudas soberanas».[134]

Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema estadounidense con el acompañamiento de los siguientes gobiernos y entidades:

  • Dilma Rousseff (de Brasil),
  • Enrique Peña Nieto (de México),
  • François Hollande (de Francia),[135] [136]
  • American Chamber of Commerce of Argentine,
  • Joseph Stiglitz (premio nobel en economía)[137] [138]
  • Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos),
  • Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país),
  • Bank of New York,
  • Reserva Federal de Estados Unidos
  • Una decena de fondos de inversión[139] [140]
  • Exchange Bondholder Group (EGB), de Fintech y Euro Bondholders (que representan los intereses del 93 % de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010) y la Caja de Valores.[141] [142] [143]
  • El G 77.[144]
  • La UNASUR[145]
  • Grupo Brics
  • La CELAC[146]
  • 80 países (entre ellos Gran Bretaña, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Ecuador Italia, Brasil, Suiza, Perú, Chile, Rusia, etc.)[147]
  • El parlamento Británico[148]

En agosto de 2014 George Soros uno de los bonistas perjudicados por la decisión de Griesa de extralimitarse en su juridicción, recurrió a la justicia británica, que falló a favor de Argentina y Soros, habilitando al país a iniciar un juicio a los fondos buitres en las Islas Caimán, territorio británico, jurisdicción donde los fondos buitre tienen domicilio.[149] Ese mismo mes Argentina ganó en Francia un juicio contra el fondo buitre NML.[150] [151]

Proyecto para una tercera reapertura[editar]

El 26 de agosto de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al congreso de un proyecto de ley para concretar una nueva reapertura del canje. La iniciativa apuntó a «llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos» que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El artículo segundo del proyecto establece que los «términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10», en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010, el proyecto fue apoyado por el radicalismo y otros partidos.[152] [153] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] la creación de una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda externa desde 1976 hasta la actualidad. Para autores como Alejandro Olmos Gaona, el origen de la actual deuda argentina se debe a las comisiones de los intermediarios y sus renegociaciones constituyen un claro fraude.[161] La norma plantea el canje voluntario, individual o colectivo de los bonos bajo legislación norteamericana por otros títulos iguales bajo legislación local.

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]

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  110. «Boudou inicia hoy las negociaciones por la deuda con el Club de París», artículo en el Diario Hoy, 8 de abril de 2011. Consultado el 27 de octubre de 2012.
  111. «Amado Boudou viaja a Francia por el G-20 y el Club de París», artículo en el Diario Panorama, 14 de abril de 2011. Consultado el 27 de octubre de 2012.
  112. Carillo, Cristian (2011): «Fijada la deuda, una apuesta a pagar a largo plazo», artículo en el diario Página/12 (Buenos Aires), 26 de enero de 2011. Consultado el 27 de octubre de 2012.
  113. «Acuerdo entre Kirchner y Chávez para la compra de gas venezolano», artículo en el diario Clarín (Buenos Aires), del 7 de agosto de 2007. Consultado el 27 de octubre de 2012.
  114. «Oyarbide habilitó la feria judicial en la nueva denuncia del Gobierno contra Redrado», artículo del 27 de enero de 2010 en el sitio web de la agencia de noticias Centro de Información Judicial.
  115. «Carta de renuncia de Martín Redrado», publicado en el sitio web South System.
  116. «El perfil de la deuda de América Latina supera al de Europa. Un informe privado sostiene que la deuda en la región es menor en términos de su capacidad productiva a la que registran las principales economías europeas», artículo en el diario Infobae, del 5 de mayo de 2013.
  117. «Argentina es el país menos endeudado del mundo», artículo publicado originalmente en el Diario BAE del 6 de mayo de 2013 (enlace roto). Se puede consultar en el enlace [60] (donde se debe remplazar la palabra ARINGA con TARINGA).
  118. «La Argentina, líder en desendeudamiento. Al tope del ranking», artículo en el diario Página/12 (Buenos Aires) del 6 de mayo de 2013.
  119. «Pesce, al frente del Banco Central», artículo del 7 de enero de 2010 en el diario La Nación (Buenos Aires).
  120. a b «La deuda externa argentina es la más baja de los últimos 15 años», artículo en el diario Página/12 (Buenos Aires) del 1 de noviembre de 2011.
  121. http://www.telam.com.ar/notas/201406/68458-argentina-desendeudamiento-y-despues-fernanda-vallejos.html
  122. a b «Deuda en verdes, abajo de diez. Los pasivos del Estado en moneda extranjera cayeron en relación con el PIB», artículo en el diario Página/12 del 3 de julio de 2013.
  123. http://www.diarioregistrado.com/economia/98352-como-muestra-de-solvencia--argentina-adelanto-el-pago-al-club-de-paris.html
  124. http://portaldelsur.info/2015/02/la-argentina-a-la-cabeza-en-desendeudamiento/
  125. Valle, Héctor (2013): «La Argentina tiene una sólida posición externa», artículo en el diario Cronista del 8 de febrero de 2013.
  126. Furfaro, Nicolás (2013): «Mientras el gobierno nacional apela a la política de desendeudamiento, el PRO se refinancia y toma dinero sin un destino claro. Macri multiplicó por seis la deuda de la Ciudad desde el año 2007», artículo del 11 de noviembre de 2013 en el diario Tiempo Argentino (Buenos Aires).
  127. [61]
  128. «Liberaron las reservas del BCRA que habían sido embargadas en EE. UU.», artículo del 15 de enero de 2010 en el diario La Nación.
  129. «Obama respaldó a la Argentina contra fondos buitre de Estados Unidos», artículo del 7 de abril de 2012 en el diario 26 Noticias.
  130. Mathus Ruiz, Rafael (2013): «El Gobierno presentó el plan de pago para los fondos buitre ante la justicia de Nueva York», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires) del 30 de marzo de 2013.
  131. http://www.diariobae.com/notas/71641-citan-declarar-ex-directivo-de-la-daia-que-sugirio-que-nisman-recibio-dinero-de-los-fondos-buitres.html
  132. «La Corte de EE. UU. suspendió la orden de pago de la deuda y le dio al Gobierno más tiempo para defenderse», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires) del 28 de noviembre de 2012.
  133. «Buitres: 10 claves para seguir la saga de la deuda», artículo en el diario Clarín del 8 de septiembre de 2013.
  134. «No les pagues, Argentina: basta de fondos buitre», petitorio del 25 de junio de 2014 en el sitio web Avaaz.
  135. «Francia respaldó a Argentina ante la Corte Suprema de los Estados Unidos», artículo del 26 de julio de 2013 en el diario Diagonales (La Plata).
  136. «Francia apoya a Argentina en la Corte Suprema de EE. UU. en el caso contra los fondos buitre», artículo del 26 de julio de 2013 en el sitio web Terra.
  137. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-242186-2014-03-20.html
  138. «La Argentina presentó su apelación por el fallo de la Corte de Nueva York», artículo del 24 de junio de 2013 en el diario Clarín (Buenos Aires).
  139. http://www.diariouno.com.ar/pais/Obama-apoyo-a-la-Argentina-20120407-0024.html
  140. http://www.diariobae.com/diario/2012/04/09/10315-la-argentina-aguarda-una-sentencia-favorable-en-la-causa-de-los-fondos-buitres.html
  141. «Fondos "buitre": nuevos respaldos a la Argentina ante la Corte Suprema estadounidense», artículo en el diario El Norte (San Nicolás de los Arroyos) del 28 de julio de 2013.
  142. http://www.telam.com.ar/notas/201412/88257-cumbre-iberoamericana-veracruz-2014-apoyo-malvinas-fondos-buitre.html
  143. http://www.elmensajerodiario.com.ar/contenidos/parlamento-britanico-apoyo-argentina-fondos-buitre_50569.html
  144. «El G 77 intercederá ante Griesa por los fondos buitre», artículo del 25 de junio de 2014 en el diario Infonews.
  145. http://www.minutouno.com/notas/329978-cfk-aseguro-que-obtuvo-pleno-apoyo-unasur-y-brics-contra-los-buitres
  146. http://www.cronica.com.ar/article/details/24105/la-celac-apoyo-a-argentina-por-malvinas-y-fondos-buitre
  147. http://www.diarioregistrado.com/politica/95898-fondos-buitre--mas-de-80-paises-apoyan-a-la-argentina.html
  148. http://www.elmensajerodiario.com.ar/contenidos/parlamento-britanico-apoyo-argentina-fondos-buitre_50569.html
  149. http://www.diariobae.com/notas/42681-tras-el-guino-de-la-justicia-inglesa-soros-proponen-que-argentina-haga-juicio-los-fondos-buitre-en-islas-caiman.html
  150. «Fondos buitre: el Estado argentino ganó un juicio contra un holdout en Francia», artículo del 4 de abril de 2013 en el Diario Veloz.
  151. «La Argentina ganó un juicio contra holdouts que llevaba adelante en Francia», artículo del 5 de abril de 2013 en el diario Infobae.
  152. «Canje y renta financiera en puerta», artículo en el diario Página/12 (Buenos Aires) del 9 de septiembre de 2013.
  153. a b «El proyecto de Ley de Pago Soberano y dos novedades. Una estrategia oficial para sumar a los sectores antikirchneristas y, al mismo tiempo, para sumar más voces contra los “buitres”», artículo sin fecha (aunque presumiblemente de septiembre de 2014) en el sitio web Diario sobre Diarios.
  154. «El kirchnerismo agregó Francia como domicilio de pago. Ese país será sede del pago alternativo a Buenos Aires en el proyecto de "Deuda Soberana". La iniciativa será tratada hoy en el Senado de la Nación», artículo del 3 de septiembre de 2014 en el sitio web Cadena 3.
  155. «El kirchnerismo propondrá incorporar a Francia como jurisdicción de pago y crear una comisión bicameral para investigar la deuda. Cambios al “Pago Soberano” para tentar a la oposición. Tras una reunión con Zannini y Abbona, el bloque oficialista sugerirá hoy cambios a la ley que busca sortear los obstáculos trabados por Griesa. Las modificaciones al dictamen se realizarán en el recinto y coinciden con reclamos del PJ disidente y la UCR», artículo en el diario Página/12 (Buenos Aires) del 3 de septiembre de 2014.
  156. «Senado sancionó la reapertura del canje de deuda», artículo del 4 de septiembre de 2013 en el diario Ámbito Financiero.
  157. «El Senado comenzó el debate por la reapertura del canje de la deuda», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires).
  158. «El Senado comenzó a debatir la reapertura del canje de deuda», artículo del 4 de septiembre del 2013 en el diario La Prensa (Buenos Aires).
  159. «Diputados convirtió en ley el proyecto de reapertura del canje de deuda», artículo en el sitio web de la agencia Télam del 11 de septiembre de 2013.
  160. «Fondos buitre: la Presidenta enviará un proyecto de ley al Congreso para abrir un tercer canje de deuda», artículo del 26 de agosto de 2013 en el sitio web de la agencia Télam.
  161. Alejandro Olmos Gaona: “Estamos Pagando Un Fraude”, 16/3/2006