Historia de la Argentina entre 2003 y 2023

Historia de la Argentina
Historia de la Argentina entre 2003 y 2023
2003-2023
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Actualidad
Asunción de Alberto Fernández, perteneciente a la última presidencia del período 2003-2023. A su izquierda se puede apreciar a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, expresidentes de períodos previos al de Alberto Fernández
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La historia de la Argentina entre 2003 y 2023 se ha caracterizado por la elección en cuatro oportunidades del peronismo-kirchnerismo (2003, 2007, 2011 y 2019) y una vez del macrismo-radicalismo (2015). Sobre el final del período sucedió la pandemia mundial por COVID-19 (2020/2021), cerrando con las elecciones presidenciales de 2023, en las que ganó Javier Milei de la coalición La Libertad Avanza.

El período se inició con la recuperación de la gran crisis de diciembre del 2001, causada por el estallido social debido a la convertibilidad económica entre el Peso Argentino y dólar estadounidense, dando paso al default de su deuda externa, generando así una enorme conmoción social, que puso a más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con casi un tercio de desempleo y salarios licuados por la inflación.

En las elecciones presidenciales de 2003, Néstor Kirchner venció al menemismo representado por el propio Carlos Menem, cuando este último renunció a presentarse al balotaje. Durante este período el Congreso inició el procedimiento de juicio político contra cinco miembros de la Corte Suprema, motivando la renuncia de tres y la remoción de otros dos. Se anularon las leyes de impunidad, y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, en los que cientos de represores fueron condenados a prisión.

Se destacan el impulso a la desarticulación del ALCA, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se realizó una reestructuración de la deuda externa con una fuerte quita. El PBI creció de 97 000 millones de dólares en 2002, a más de 329 000 millones de dólares en 2007. El desempleo se redujo del 17.9 % en 2002 al 8.5 % en 2007. La política laboral restableció las paritarias anuales (negociaciones colectivas entre patronos y sindicatos), dispuso la fijación anual del salario mínimo por acuerdo tripartito, reduciéndose el trabajo no registrado de 50 % en 2003 al 39 % en 2007. La inflación fue moderada, aunque con tendencia al ascenso: pasó del 5.3 % de 2004 a un estimado en torno al 15 o 20 % para 2007, aunque las estadísticas oficiales informaban una tasa considerablemente menor.

El peronista Néstor Kirchner fue elegido en 2003, inaugurando el ciclo conocido como kirchnerismo que sería continuado por Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación entre 2007 y 2015.

En las elecciones presidenciales de 2007, el kirchnerismo volvió a triunfar llevando como candidata a Cristina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria, la primera mujer argentina que encabezó una fórmula presidencial ganadora de las elecciones argentinas. Durante su mandato (2007-2011) se reestatizó el sistema de Seguridad Social, creó la Asignación Universal por Hijo, renacionalizó Aerolíneas Argentinas, aprobó la ley de matrimonio igualitario, derogó la Ley de Radiodifusión de la época de la dictadura militar, sancionando una nueva Ley de Medios. En el ámbito internacional impulsó la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). A poco de iniciar su período enfrentó un extenso paro patronal agropecuario apoyado por manifestaciones masivas del sector agroganadero, debido a la política oficial de impuestos a las exportaciones.

Evolución de la deuda externa de 2004 a 2019, en millones de dólares y en relación con el PBI.

En las elecciones presidenciales de 2011, el kirchnerismo (Frente para la Victoria) triunfó por tercera vez, dando como ganadora a la candidata Cristina Fernández de Kirchner, superando con un 54 %, más votos que las dos elecciones anteriores.

Durante su segundo mandato se aprobó la reestatización del 51 % de las acciones de la petrolera YPF, se extendió la jubilación para amas de casa y trabajadores precarizados, se aprobó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, se sancionó la Ley de Identidad de Género, se entregó millones de computadoras portátiles a niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas en todo el país a través del programa estatal Conectar Igualdad, se aprobó un nuevo Código Civil y Comercial y se impulsó el desarrollo del sector industrial, destacándose la puesta en órbita el 16 de octubre de 2014 del satélite ARSAT-1, un satélite de comunicación geoestacionario por parte de la empresa estatal ARSAT, habiendo sido construido por la empresa argentina INVAP. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2015, se lanzó el ARSAT-2, el cual al igual que el anterior fueron puestos en órbita desde la Guyana Francesa. Con el desarrollo y puesta en órbita de estos satélites, Argentina pasó a formar parte del selecto grupo de países de la industria espacial global. Asimismo, estaba previsto dentro del Plan Nacional Espacial, el lanzamiento del satélite ARSAT-3, pero dicho desarrollo quedó en suspenso debido al cambio de administración política producida por el triunfo del macrismo en las elecciones del año 2015.

Durante los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner, a la par de que se redujo sustancialmente la pobreza, desocupación y el trabajo no registrado, se duplicó en buena medida la clase media argentina; y también tuvo una fuerte confrontación jurídico-mediática entre el gobierno y el mayor conglomerado de medios de comunicación del país, el Grupo Clarín.

En 2012 comenzó un período de dificultades económicas y deterioro de los indicadores sociales en el marco de la Gran Recesión mundial del año 2008, y especialmente la crisis económica en Brasil del 2014, con una inflación cercana al 30 %; aunque los datos oficiales indicaron tasas menores. Debido a la coyuntura mundial y regional, el Gobierno Argentino tomó medidas como el establecimiento de regulaciones para la compra de dólares, el aumento del gasto público, y diversos tipos de subsidios tanto a la industria como a los servicios públicos. Durante sus dos períodos el PBI creció de 329 000 millones de dólares a 548 000 millones de dólares en el 2014.

Mauricio Macri fue elegido como Presidente de la Nación Argentina en el año 2015 derrotando en las elecciones presidenciales de Argentina de 2015 a Daniel Scioli.

En las elecciones presidenciales de 2015, el macrismo venció al peronismo-kirchnerismo por balotaje. Fue elegido presidente el político, ingeniero, ex-dirigente futbolístico y empresario Mauricio Macri (quien fue también presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2007 a 2015), por parte de Propuesta Republicana (PRO) con la alianza electoral Cambiemos, primero perdiendo con el 34 % en primera vuelta pero ganando con el 51 % de los votos en segunda vuelta; contra el candidato peronista-kirchnerista, Daniel Scioli, que obtuvo el 48 % en primera vuelta, y 37 % en segunda vuelta.

Su presidencia inició una etapa de cambio completo de la orientación que habían tenido hasta ese momento las políticas de los gobiernos kirchneristas, porque no solo aplicó una serie de medidas como la desregulación del mercado financiero para la libre adquisición de moneda extranjera sino también rebajas a las retenciones a las exportaciones de la soja y otros cereales, así como a las exportaciones mineras; lo que condujo a un leve ascenso del PBI y la inflación; así como la actividad productiva del país y el aumento de la deuda externa.

A comienzos de enero del 2016, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue modificada por Decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, flexibilizando sus normas antimonopólicas y beneficiando a los principales medios masivos de comunicación del país afines al gobierno.

En marzo del mismo año ocurrió el Tarifazo del 2016, en donde el ministro de transportes Guillermo Dietrich anunció el aumento de las tarifas de agua, energía eléctrica, combustibles y transporte público previo a los festejos del Bicentenario de la Independencia Argentina, siendo así el mayor aumento de las tarifas de la historia reciente, generando una amplia indignación en la población argentina.

En 2017, la presidencia de Mauricio Macri impulsó una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones conocida como la Reforma Previsional, siendo aprobada por el Congreso de la Nación Argentina el 19 de diciembre de ese mismo año. Esta reforma alcanzó a adultos mayores jubilados; pensionados, beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares; de la Asignación Universal por Hijo, e inclusive a los veteranos de la guerra de las Malvinas.

Según sus proponentes, los objetivos de esta reforma fueron «aumentar la sustentabilidad del sistema jubilatorio y facilitar la reducción del déficit fiscal y la inflación», pero en contrapartida recortó las jubilaciones del 3 al 8 %, así como el presupuesto a la seguridad social por unos 72 000 millones de pesos (aproximadamente 4100 millones de dólares). Esto desencadenó masivas protestas y movilizaciones con cacerolazos en rechazo a la nueva fórmula en todo el país, pero fueron reprimidos por Gendarmería Nacional, bajo órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En 2018 los montos de las jubilaciones y pensiones perdieron 19.2 % de poder adquisitvo, los haberes subían un 28.4 %, y el índice de precios al consumidor aumentó un 47.6 %.

El gobierno de Mauricio Macri decidió pagar a los especulativos fondos buitre, que estaban en litigio con la Argentina, por cifras mucho mayores a las demandadas por los mismos; Un primer pago fue de 9300 millones de dólares, cuestionado en la Justicia, diendo lugar a una «tercera generación», una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda previos.

En menos de dos años (entre diciembre de 2015 y junio de 2017) la deuda emitida por el gobierno de Mauricio Macri fue de casi cien mil millones de dólares, alcanzando así la cifra de 216 351 millones de dólares en diciembre de 2017.

Fernández en su asunción presidencial, 2019

En 2018 se produjo una fuga de capitales, causando la devaluación del peso argentino en un 135 %. Esto llevó al gobierno a volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional con deuda por un valor de 55 000 millones de dólares, el mayor crédito otorgado por el ente en su historia, generando un aumento considerable de la deuda externa. En 2019 ocurrió una segunda fuga de capitales, reportadas como la más gigante de toda la historia argentina. Esto ocasionó otra devaluación del Peso a un 50 %, alcanzando una fuga total de 26 870 millones de dólares, generando que el gobierno macrista volviera a establecer el «cepo cambiario», como modelo kirchnerista pero con mayores restricciones.

En las elecciones presidenciales de 2019, Mauricio Macri buscó la reelección, pero fue vencido por el candidato peronista Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta, en donde obtuvieron el 48 % de los votos en primera vuelta. En sus primeros dos años de gobierno, el presidente Fernández debió enfrentar la pandemia de covid-19.

El período finaliza con la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, un candidato por fuera de las ideologías que dominaron la política argentina durante estas dos décadas.

Antecedentes

La etapa histórica inmediatamente anterior (1983-2003) se caracterizó principalmente por la consolidación de la democracia en Argentina por primera vez, luego de casi un siglo de procesos democráticos interrumpidos por golpes de Estado.

El marco internacional estuvo definido por la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría (1947-1991), la disolución de la Unión Soviética y el proceso de globalización abierto en la década de 1990, que generalizó en todo el mundo los principios del llamado «libre comercio» según el pensamiento neoliberal, bajo hegemonía estadounidense. Sobre el final del período, se inició un vigoroso crecimiento de China —que se volvería decisivo en el período siguiente—, se produjo un gran aumento del precio de las materias primas y el petróleo conocido como «boom de los commodities» —beneficiando a los países latinoamericanos—, y el mundo fue sacudido por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que indujeron una fuerte militarización de Estados Unidos.

Durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) se inició el proceso de integración regional que tomaría el nombre de Mercosur; se enjuició a las juntas militares por crímenes de lesa humanidad, pero también se sancionaron las leyes de impunidad que frenaron las investigaciones; finalmente la crisis de la deuda externa tomada por la última dictadura desembocó en la hiperinflación de 1989 y 1990.

Durante las dos presidencias del peronista Carlos Menem (1989-1999) se realizó una profunda reforma liderada por el ministro Domingo Cavallo, que cambió de raíz la economía argentina, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington. El eje de la reforma fueron la convertibilidad del peso y el dólar que frenó la inflación y el proceso de privatizaciones del amplio sector estatal que poseía la Argentina: petróleo, gas, siderurgia, ferrocarriles, energía eléctrica, teléfonos, marina mercante, fondos de jubilación y pensión, etc. La reforma económica incluyó una reforma laboral con el fin de «flexibilizar» las leyes laborales. El Fondo Monetario Internacional que en 1998 puso a la Argentina como ejemplo para el mundo.

Simultáneamente con la reforma económica se produjo una transformación estructural de la sociedad argentina. En 1994 apareció por primera vez el desempleo masivo, la muy baja criminalidad que tenía el país pasó a estar entre las más altas del mundo, apareció un creciente sector de personas excluidas que conformaron un amplio sector de economía informal, y se originó un extenso movimiento de desocupados llamado piqueteros, que recurrió al bloqueo de calles y rutas como forma de protesta.

La presidencia del radical Fernando de la Rúa (1999-2001) continuó la política económica menemista, al punto que también nombró como ministro a Domingo Cavallo ya su segundo Federico Sturzenegger. Luego de varios años de recesión y fuga de capitales, con fuerte apoyo del Fondo Monetario Internacional mediante planes como el Megacanje y el «Blindaje», el país sufrió una crisis generalizada, en la que fueron asesinados decenas de manifestantes. En un estado de disolución institucional, De la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001, en medio de una pueblada que tenía como consigna «Que se vayan todos». El país entró en estado de default de su enorme deuda externa y durante doce días no fue posible reconstituir un Poder Ejecutivo estable.

Finalmente el Congreso de la Nación eligió como presidente al peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) para finalizar el mandato de De la Rúa. En 2002 Argentina alcanzó los índices de pobreza, desocupación, y criminalidad más altos de su historia. Duhalde, apoyado activamente por el expresidente radical Raúl Alfonsín y la Iglesia Católica, dispuso salir de la convertibilidad mediante un cuestionado proceso de pesificación asimétrica compulsiva, y creó casi dos millones de planes sociales (Plan de Jefas y Jefes de Hogar) para atenuar la catástrofe humanitaria.

Al aproximarse las elecciones presidenciales de 2003, los dos grandes partidos políticos argentinos (peronismo y radicalismo) habían estallado, y cada una de esas corrientes se presentaron separadas con tres candidatos cada una, destacándose el expresidente Carlos Menem como líder de la principal corriente conservadora. El presidente Duhalde había tenido problemas para presentar un candidato que expresara a un peronismo no menemista, y luego de que rechazaran la candidatura los gobernadores Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, de las importantes provincias de Santa Fe y Córdoba, así como Mauricio Macri que también fue tentado, debió recurrir a un candidato poco conocido, gobernador de la poco poblada provincia patagónica de Santa Cruz: Néstor Kirchner. Por entonces era habitual decir que Kirchner carecía de poder propio y que se trataba de una marioneta de Duhalde.

Elecciones presidenciales de 2003

Boletas electorales correspondientes a Menem y Kirchner.

Las elecciones presidenciales de 2003 estaban previstas para la segunda mitad del año, debiendo asumir la persona que resultara electa el 10 de diciembre de ese año. Sin embargo, los asesinatos de Kosteki y Santillán, dos dirigentes sociales, por parte de la policía, provocó una crisis política y obligó al presidente Duhalde a adelantar la entrega del mando al 25 de mayo de 2003.

La fecha para la primera vuelta electoral se estableció para el 27 de abril de 2003. Debido a que la Crisis de 2001 había llevado al estallido de los dos grandes partidos políticos argentinos, se presentaron seis candidatos con posibilidades, tres de origen peronista (Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá) y tres de origen radical (Elisa Carrió, Ricardo López Murphy y Leopoldo Moreau).

La elección resultó sumamente pareja y los primeros cinco candidatos obtuvieron entre 24 % de los votos el primero y 14 % el quinto. Primero resultó Carlos Menem (24.4 %) y segundo resultó Néstor Kirchner (22.2 %). Aunque ambos eran peronistas, estaban profundamente enfrentados: Menem proponía la continuidad de las políticas neoliberales que había implementado en la década de 1990, mientras Kirchner proponía la continuidad de las políticas desarrollistas implementadas por Duhalde, mostrando también su simpatía por los nuevos gobiernos latinoamericanos que rechazaban el modelo del Fondo Monetario Internacional, como los de Hugo Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Debido a la escasa cantidad de votos obtenidos por Menem, la Constitución obligaba a realizar una segunda vuelta contra Kirchner. Sin embargo, Menem se retiró de la competencia electoral cuando tomó conocimiento que todas las encuestas anticipaban una victoria aplastante de Kirchner. La decisión de Menem consagró a Kirchner, acompañado por Daniel Scioli como vicepresidente, pero al mismo tiempo lo debilitó políticamente, ya que debió asumir la Presidencia sin haber sido el candidato más votado, apoyado en un magro 22 % y sin parlamentarios propios, ya que debido al adelantamiento de la elección presidencial, las elecciones parlamentarias debían realizarse seis meses después. En ese momento el influyente periodista de La Nación, José Claudio Escribano, sostuvo en un artículo muy crítico, que en Estados Unidos se afirmaba que Kirchner no duraría más de un año.

Período Kirchnerista (2003-2015)

Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007)

Néstor Kirchner en su asunción presidencial, junto al entonces vicepresidente Daniel Scioli y José Luis Gioja.

Néstor Kirchner comenzó su presidencia anticipadamente, el 25 de mayo de 2003, debido a la renuncia del presidente Eduardo Duhalde, que había sido elegido por el Congreso para completar el mandato de Fernando de la Rúa, que finalizaba el 10 de diciembre de 2003. Debido a ello debió completar primero el mandato de De la Rúa y luego cumplir su mandato constitucional, gobernando en total cuatro años, seis meses y dieciséis días.

Su primer gabinete se caracterizó por mantener al ministro de Economía Roberto Lavagna. Como Jefe de Gabinete nombró a Alberto Fernández. Sus ministros fueron Aníbal Fernández (Interior), Julio De Vido (Planificación), Carlos Tomada (Trabajo) —quien mantendría el cargo durante tres presidencias, caso único en la historia argentina—, Ginés González García (Salud), Rafael Bielsa (Relaciones Exteriores), su hermana Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Daniel Filmus (Educación), Gustavo Béliz (Justicia) y José Pampuro (Defensa).

Uno de los primeros objetivos de Kirchner fue volver a impulsar el juicio político a los cuestionados jueces de la Corte Suprema que formaban la llamada «mayoría automática» menemista. El año anterior la Cámara de Diputados había abierto el juicio político contra la Corte, pero al momento de votar no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios. Pese a ello, la Corte quedó seriamente desprestigiada por las revelaciones sobre los actos de corrupción cometidos y el hecho que la mayoría de los diputados votara a favor del enjuiciamiento de seis de los nueve jueces supremos. Poco después de que la Comisión de Juicio Político reabriera las denuncias contra varios miembros de la Corte, el 27 de junio renunció su presidente, el juez Julio Nazareno, y a fin de año el Senado destituyó a Eduardo Moliné O'Connor. Al año siguiente otro juez supremo fue destituido por el Senado (Antonio Boggiano) y tres renunciaron (Adolfo Vázquez, Augusto César Belluscio y Guillermo López). Para completar la Corte, Kirchner, con acuerdo del Senado y mediante un nuevo procedimiento público con participación ciudadana, designó a cuatro jueces, respetando por primera vez en la historia argentina la paridad entre mujeres y varones: Carmen María Argibay, Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Los cuatro se sumaron a Juan Carlos Maqueda, que había sido designado por el presidente Duhalde.

Kirchner junto a su entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, el 23 de agosto de 2004.

Kirchner definía la situación socioeconómica que recibía como «el infierno». Cuatro años de recesión habían reducido el PBI argentino un 19.3 %, alcanzando récords históricos de pobreza (en la que había caído más de la mitad de la población), desempleo y trabajo no registrado.

En sus cuatro años y medio de gobierno, Kirchner revirtió los indicadores. El PBI aumentó un 43.6 %, a un promedio de 8.72 % anual, constituyendo uno de los períodos de más alto crecimiento de la historia argentina. La pobreza descendió del 51.7 % a un valor ubicado entre el 20 % y el 38 % según las fuentes; el desempleo cayó del 19.7 % al 8.5 %; y el empleo no registrado descendió del 49.2 % al 40.4 %.

Kirchner, acompañado por el ministro Lavagna y Guillermo Nielsen (secretario de Finanzas), tuvo que lidiar también con el default de la deuda externa en la que el país había caído al finalizar 2001 y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La deuda externa ascendía a casi doscientos sesenta mil millones de dólares, que representaban el 153 % del PBI. Argentina emprendió entonces la operación de refinanciamiento más grande de la historia, alcanzando un acuerdo con el 76 % de los acreedores, con una quita del 75 % de la deuda. Poco después Kirchner canceló la deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional.

En materia de derechos humanos se produjo un cambio de 180 grados relacionado con las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, que se habían detenido completamente debido a las llamadas leyes de impunidad, dictadas durante las presidencias de Alfonsín y Ménem. Por un lado el Congreso Nacional anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y por otro lado la Corte Suprema confirmó las múltiples sentencias de los tribunales declarando la nulidad de los indultos a los represores. Las causas fueron reabiertas y hacia 2015 habían sido condenados 613 personas por haber cometidos crímenes de lesa humanidad, entre ellas varias que ocuparon altos cargos en la última dictadura. Simultáneamente las Abuelas de Plaza de Mayo continuaron recuperando nietos y nietas cuya identidad había sido suprimida, totalizando 132 casos resueltos hasta 2022.

En materia laboral se registró una etapa de aumento del poder sindical, apoyado por primera vez en la historia argentina en un proceso de paritarias (negociaciones colectivas obrero-patronales por rama) anuales y un incremento de la cantidad de delegados (representantes sindicales elegidos en los lugares de trabajo) que pasó de 20 000 delegados en 2003 a un estimado de 75 000-100 000 delegados en 2015.

En política internacional se destacó la IV Cumbre de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata, donde en un hecho sin precedentes en las relaciones panamericanas, una alianza de países latinoamericanos liderados por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, enfrentó a Estados Unidos y logró anular el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ese país había logrado aprobar en 1994 y debía comenzar a implementarse ese año.

Otros hechos destacados del período fueron:

• sanción de la Ley de Financiamiento Educativo N.º 26075, sancionada en 2005, que estableció la obligación de destinar el 6 % del PBI a la educación a partir de 2010;
• creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) para el desarrollo de tecnología espacial.
• en 2004 se realizó el juicio por el atentado terrorista a la AMIA de 1994, quedando al descubierto una extensa red de encubrimiento interno, por la que fueron llevados a juicio el expresidente Carlos Menem y otros altos funcionarios de su gobierno, el juez y los fiscales que realizaron la investigación, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

En 2005 se realizaron elecciones nacionales legislativas que saldó la ruptura política entre Kirchner y Duhalde, ambos peronistas, pero con el primero más volcado al centroizquierda y el segundo más volcado al centro. La confrontación decisiva se produjo en la Provincia de Buenos Aires donde la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner venció con un 45 % de los votos, superando a Hilda Duhalde, por más de 25 puntos porcentuales.

Elecciones presidenciales de 2007

La ronda electoral de 2007 fue anticipada por dos resultados electorales inusuales: la victoria del socialista Hermes Binner como gobernador de la importante provincia de Santa Fe, primera vez en la historia argentina que un socialista accedió a un cargo de esa importancia; y la victoria de la alianza centroderechista Propuesta Republicana, más conocida como PRO, liderada por el poderoso empresario Mauricio Macri, en la Ciudad de Buenos Aires.

En las elecciones presidenciales el kirchnerismo reunió un amplio frente electoral de centroizquierda, que incluyó a varios de los principales líderes de la Unión Cívica Radical y presentó la fórmula integrada por la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el radical Julio Cobos. La fórmula obtuvo un amplio triunfo en primera vuelta, con un 45.25 % de apoyo electoral, duplicando los votos obtenidos en la elección anterior y tomando una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre la principal fuerza de oposición, un frente de centroizquierda también liderado por una mujer, Elisa Carrió. Fue la primera vez en la historia argentina que una mujer encabezó la fórmula presidencial victoriosa.

Presidencia de CFK (2007-2011)

Cristina Fernández luego de producirse el traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás su predecesor, Néstor Kirchner.

A poco de iniciar su mandato presidencial el 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner debió enfrentar un paro patronal agropecuario, con corte generalizado de rutas en todo el país, que se extendió durante 127 días y se convirtió en el más largo de la historia argentina. La protesta patronal tuvo como objetivo oponerse a la Resolución 125 firmada por el ministro de Economía Martín Lousteau, que establecía un sistema móvil de retenciones (impuestos) a las exportaciones de soja y otros cereales. El conflicto se decidió en el Congreso Nacional cuando el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación en sentido contrario al gobierno del que formaba parte, para favorecer a los huelguistas. Durante el paro rural se desató también una «guerra abierta» entre el gobierno y el Grupo Clarín, el mayor multimedio de Argentina y uno de los más poderosos de América Latina.

Cuando el conflicto agropecuario se encontraba en su fase final, estalló la Crisis financiera de 2008, derrumbando la economía mundial (-1.7 %) y con ella la argentina, cuyo PBI creció menos ese año (4.5 %) y cayó fuertemente al año siguiente (-5.9 %). Pese a ello, la economía argentina se recuperó rápidamente y el PBI creció un 16 % en 2010 y 2011.

Durante este mandato se reestatizaron los fondos jubilatorios y de pensión (privatizados en la época de Menem) y se formó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad para respaldar el sistema. Se creó la Asignación Universal por Hijo y se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario que reconoció el derecho al matrimonio de las personas del mismo género o sexo. En el ámbito internacional impulsó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La pobreza continuó la tendencia a la baja que había mostrado durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero diversos sectores manifestaron discrepancias sobre el modo de cuantificarla, en línea con el debate mundial en las Naciones Unidas. Desde entonces conviven la medición estatal (interrumpida en 2014 y 2015), que tiende a estimar números más bajos de pobreza, con los cálculos de dos instituciones privadas, la Universidad Católica Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que utilizan métodos que dan tasas de pobreza más altas. Para la CTA cuando Cristina Kirchner asumió el mando, la pobreza era del 38 % y al finalizar su primer mandato se había reducido al 29 %. Para el PNUD, con base en datos del Banco Mundial, que establecía la línea pobreza en 2007 en dos dólares diarios, la tasa para Argentina correspondiente al informe 2007/2008 fue de 17.4 %, pero a partir de 2010 el PNUD abandonó ese tipo de cálculo para orientarse a un enfoque multidimensional. También siguió disminuyendo el desempleo, que pasó del 8.47 % en 2007 al 7.18 % en 2011, el promedio más bajo desde 1992.

Otros hechos sucedidos en el período fueron los siguientes:

• Se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (sería luego disuelto por Macri en 2018). Se estableció como política de Estado la repatriación de científicos, logrando que hasta 2014 regresaran 1062 científicos de los 5100 que estaban trabajando en el exterior). El presupuesto destinado a las universidades y el Conicet, aumentó un 600 % en dólares en el período 2003-2015.
• En 2008 se rescataron las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas que habían sido privatizadas en la época de Menem y vaciadas por grupos económicos españoles;
• Se sancionó en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero el grupo Clarín obtuvo una medida judicial que impidió que se ejecutara integralmente.

El 27 de octubre de 2010 falleció Néstor Kirchner. El hecho desencadenó una imprevista movilización masiva de jóvenes a la Plaza de Mayo para expresar su pesar, que se reflejó en un aumento exponencial de la militancia kirchnerista.

Elecciones presidenciales de 2011

En las elecciones presidenciales el kirchnerismo ganó por tercera vez consecutiva alcanzando el 54 % de los votos en primera vuelta, superando los porcentajes de 2003 (22 %) y 2007 (45 %), por una diferencia de 37.7 puntos porcentuales con el segundo, la más amplia de la historia argentina. El Frente para la Victoria volvió a presentar la candidatura presidencial de la peronista Cristina Fernández de Kirchner, esta vez acompañada por su exministro de Economía, el también peronista Amado Boudou, que había sido autor de la iniciativa de reestatizar los fondos de jubilaciones y pensiones, considerados por varios analistas como la reforma de mayor impacto de la era kirchnerista.

Segundo resultó el Frente Amplio Progresista, con la candidatura del socialista Hermes Binner (16.81 %). Por tercera elecciones presidencial consecutiva la Unión Cívica Radical no resultó ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias, consolidando el fin del bipartidismo peronismo-radicalismo que emergió como una de las características que aparecieron luego de la Crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001.

Segunda presidencia de CFK (2011-2015)

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51 % de sus acciones.

Durante este mandato se reestatizó la que fuera históricamente la empresa estatal petrolera YPF, que en 2012 anunció que el yacimiento petrolífero y de gas no convencional Vaca Muerta convertía a la Argentina en una de las mayores reservas del mundo de hidrocarburos de esquisto (shale), segundo en gas y cuarto en petróleo. Se extendió la jubilación para amas de casa y trabajadores precarizados, y se aprobaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de identidad de género. En el ámbito internacional impulsó la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Para finales de 2013, el ministro de economía, Axel Kicillof, anunció el programa «Precios Cuidados», que tenía como objetivo el congelamiento de precios de más de 300 productos en todo el territorio argentino. El programa entró en vigencia el 1 de enero de 2014. Kicillof destacó en esa oportunidad la importancia del crecimiento de Precios Cuidados porque actúa como «referencia para el resto de los productos» y brinda «previsibilidad a toda la economía». «Precios cuidados no es un congelamiento de precios impuesto por el estado, sino una suma de acuerdos voluntarios que garantizan una rentabilidad razonable, a precios convenientes y que asegura que los productos estén al alcance de la población».

Con respecto a la criminalidad, en 2015 Argentina tuvo una tasa de homicidios de 6.6 personas cada cien mil habitantes, luego de haber alcanzado su pico histórico en 2002, con 9.2 homicidios cada cien mil habitantes, lo que significó un 40 % de reducción.

Elecciones presidenciales de 2015

Boletas electorales de Macri y Scioli.

La campaña electoral tuvo muchos aspectos polémicos, influenciada por el auge de las fake news (noticias falsas) de grueso calibre y la manipulación de las redes sociales mediante el uso ilegal del big data. Entre los casos y episodios más destacados se encuentran la denuncia por haber sido autor intelectual de un triple asesinato contra el candidato del Frente de la Victoria a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, realizada por el principal grupo multimedio junto a un sector de la alianza de Cambiemos; la contratación por la campaña de Mauricio Macri de la empresa Cambridge Analytica, la misma cuya actuación fue cuestionada y sancionada en las elecciones de Estados Unidos; el debate televisivo entre los dos principales candidatos, donde el futuro presidente prometió puntos decisivos de la campaña (pobreza cero, no devaluación, derogación del impuesto a las ganancias para trabajadores, reducción de la inflación a un dígito, un millón de créditos hipotecarios, no volver al Fondo Monetario Internacional, no realizar un «ajuste»), que la mayoría de las personas encuestadas tres años después consideraron no cumplidas y pasibles de sanción.

Las elecciones presidenciales de 2015 necesitaron dos vueltas (balotaje), por primera vez en la historia argentina. La primera vuelta se realizó el 25 de octubre, resultando primero el peronista Daniel Scioli (37.08 %) por el oficialista Frente para la Victoria, segundo Mauricio Macri (34.15 %) por la alianza Cambiemos (PRO-Unión Cívica Radical-Coalición Cívica ARI) y tercero Sergio Massa (21.39 %), por la alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA).

Debido a que ninguna fuerza obtuvo la mayoría exigida por la Constitución para resultar elegida en la primera vuelta (más del 45 % o más del 40 % con diez puntos de ventaja sobre el segundo), se realizó una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados (Scioli y Macri) el 22 de noviembre.

La elección resultó sumamente pareja obteniendo el triunfo Macri con 51.34 % de los votos, sobre Scioli que obtuvo 48.66 %. Como vicepresidenta resultó elegida Gabriela Michetti, también del PRO.

Período Macrista (2015-2019)

Evolución de la deuda pública como porcentaje del PBI (2003-2019). Fuente: El Cronista y BAE Negocios.

Evolución del PBI en dólares entre 2003-2019. En azul el período kirchnerista y en amarillo el gobierno de Macri.

Período de transición y asunción

El 24 de noviembre Cristina Kirchner y Mauricio Macri acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón, argumentando que esa era la tradición anterior a 2001. Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri han dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro o a la otra. Por su parte Cristina insistió en que debía realizarse según lo acordado entre ambos el 24 de noviembre, como lo que establece el artículo 93 de la Constitución Nacional o —como alternativa— luego de la jura y una vez que Mauricio Macri asumiera como presidente, podía establecer a su criterio el lugar y la persona que le entregaran la banda y el bastón.

Mientras se estaban realizando las negociaciones, el 8 de diciembre Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche. La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones.

Conocida la decisión del fiscal Di Lello de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía. Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.

Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría dictó una acción declarativa de certeza y estableció que los mandatos presidenciales comienzan a la cero horas del día de asunción y finalizan cuatro años después a la medianoche del día ordinal anterior, ordenando a la presidenta Cristina Kirchner cesar su mandato a la medianoche del 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso. El fallo generó una situación inédita, ya que a la medianoche del 9 de diciembre, ni el presidente Mauricio Macri ni la vicepresidenta Gabriela Michetti estarían en condiciones legales de asumir el mando, debido a que no habrían cumplido con el requisito constitucional de jurar ante la asamblea legislativa. Ante esa situación, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo consideró que se había producido una situación de acefalía del Poder Ejecutivo, razón por la cual correspondía poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Acefalía, que disponía que le correspondía ejercer el Poder Ejecutivo.

Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un «avasallamiento a las instituciones» y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri. Pinedo asumió efectivamente el mando al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía, y ejerció el Poder Ejecutivo entre las 0:00 de la mañana hasta el mediodía, cuando Macri juró ante el Congreso.

En su juramento como presidente, el 10 de diciembre, Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión «desempeñar con patriotismo» el cargo —que establece la Constitución en su art. 93— por la expresión «desempeñar con honestidad», circunstancia que generó críticas por parte de la oposición.

Gabinete presidencial

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Jefatura de Gabinete de Ministros	Marcos Peña	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Rogelio Frigerio	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Susana Malcorra Jorge Faurie	10 de diciembre de 2015-12 de junio de 2017 12 de junio de 2017-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Defensa	Julio Martínez Oscar Aguad	10 de diciembre de 2015-17 de julio de 2017 17 de julio de 2017-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Transporte	Guillermo Dietrich	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Seguridad	Patricia Bullrich	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Germán Garavano	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Hacienda	Nicolás Dujovne Hernán Lacunza	2 de enero de 2017-17 de agosto de 2019 20 de agosto de 2019-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Producción y Trabajo	Dante Sica	6 de septiembre de 2018-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Carolina Stanley	6 de septiembre de 2018-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Alejandro Finocchiaro	6 de septiembre de 2018-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Luis Miguel Etchevehere	2 de agosto de 2019-10 de diciembre de 2019
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	Alfonso Prat-Gay	10 de diciembre de 2015-31 de diciembre de 2016
Ministerio de Finanzas	Luis Caputo	2 de enero de 2017-14 de junio de 2018
Ministerio de Comunicaciones	Oscar Aguad	10 de diciembre de 2015-17 de julio de 2017
Ministerio de Educación y Deportes	Esteban Bullrich	10 de diciembre de 2015-17 de julio de 2017
Ministerio de Educación	Alejandro Finocchiaro	17 de julio de 2017-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Lino Barañao	10 de diciembre de 2007-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Cultura	Pablo Avelluto	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Salud	Jorge Lemus Adolfo Rubinstein	10 de diciembre de 2015-21 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Desarrollo Social	Carolina Stanley	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Energía y Minería	Juan José Aranguren	10 de diciembre de 2015-16 de junio de 2018
Ministerio de Energía	Javier Iguacel	16 de junio de 2018-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Producción	Francisco Cabrera Dante Sica	10 de diciembre de 2015-16 de junio de 2018 16 de junio de 2018-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Jorge Triaca	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Agroindustria	Ricardo Buryaile Luis Miguel Etchevehere	10 de diciembre de 2015-21 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Modernización	Andrés Ibarra	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Turismo	Gustavo Santos	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Sergio Bergman	10 de diciembre de 2015-6 de septiembre de 2018
Secretarías de Estado del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Secretaría General	Fernando de Andreis	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Secretaría Legal y Técnica	Pablo Clusellas	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Agencia Federal de Inteligencia	Gustavo Arribas	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas	Roberto Esteban Moro	10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019

Macri incluyó en su gabinete a empresarios, gerentes y ejecutivos (con experiencia en compañías como Shell, Techint, HSBC, Telecom, LAN, Banco Galicia, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Deutsche Bank, grupo Clarín, Coca Cola, DirecTV, General Motors, etc) además de figuras del PRO, la UCR y la CC-ARI por Cambiemos. Así, la cadena estadounidense CNN señaló que este gabinete de Macri destaca por el protagonismo de los empresarios y la procedencia de sus miembros, de universidades privadas argentinas y estadounidenses. Coincidiendo en el enfoque pero con un tono crítico, el diario Página/12 consideró que se trataba de «un gabinete con perfil empresarial». Las funciones del ministerio de economía fueron descentralizadas en diversos ministerios, para evitar la presencia de un ministro de economía con atribuciones excesivas.

En agosto de 2016 se dieron a conocer los sueldos de los ministros. Al respecto algunos sitios web afirmaron que eran entre un 30 % y un 210 % mayores a sus antecesores. Así, por ejemplo, dijeron que Juan José Aranguren ganaba 196 931.90 ARS y Oscar Aguad, 245 051.60 ARS mensuales. Luego de estas publicaciones, desde el Ministerio de Modernización realizaron la aclaración de que ambos ministros ganaban 115 842.30 ARS mensuales Asimismo, en el mismo sitio oficial se aclaró que «En la liquidación correspondiente al mes de enero, los Sres. Ministros Aguad, Oscar (Comunicaciones); Aranguren, Juan (Energía y Minería; Frigerio, Rogelio (Interior, Obras Públicas y Vivienda); y Dietrich, Guillermo (Transporte) tienen incluido el proporcional de la liquidación del mes de diciembre y el sueldo anual complementario. En los meses posteriores, las diferencias en la asignación salarial corresponden al pago del concepto de desarraigo, tanto para el Ministro Aguad, Oscar (Comunicaciones), como para los Sres. Ministros Santos, José (Turismo), Buryaile, Ricardo (Agroindustria) y Martínez, Julio (Defensa)».

Reuniones

El presidente Macri recibe a la excandidata presidencial Margarita Stolbizer el 11 de diciembre.

El 11 de diciembre, en su segundo día como presidente, Macri se reunió con el resto de candidatos a presidente para conversar sobre sus propuestas y posiciones políticas; entre ellos líderes opositores como Scioli, Massa, Stobilzer y Rodríguez Saá. al día siguiente se reunió con los gobernadores de las veinticuatro provincias argentinas para tratar temas como la coparticipación, las obras públicas y el narcotráfico.

El presidente Mauricio Macri junto a los 24 mandatarios de los distritos electorales, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros altos funcionarios, en la quinta presidencial de Olivos en el segundo día de presidencia.

Política económica

La política económica del gobierno macrista se puede clasificar en líneas generales como «gradualista». Su aplicación contribuyó a profundizar la crisis y a aumentar los niveles de pobreza. Tras doce años de kirchnerismo, Macri consideraba necesario desarticular de forma gradual las nocivas prácticas clientelares institucionalizadas durante los sucesivos gobiernos peronistas.

A poco de asumir el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay informó a la prensa que «la situación económica no es crítica, pero tenemos una herencia compleja». Mientras que el ministro del Interior Rogelio Frigerio declaró que «No vamos a devaluar porque ya se devaluó demasiado».

El gobierno de Mauricio Macri recibió de su antecesor un déficit primario del 6 % del PBI y un déficit financiero cercano al 8 %. Para equilibrar el presupuesto decidió llevar adelante una política de austeridad que implicó principalmente la disminución de los subsidios a los servicios públicos. Según la BBC, el gobierno macrista ha realizado uno de los aumentos de tarifas de servicios públicos más grandes de la historia del país.

Luego de las medidas adoptadas en los primeros días de gobierno —devaluación, derogación de los impuestos a las exportaciones agrarias y mineras, derogación de las regulaciones para comprar dólares y enviar capitales al exterior, etc.— Macri adoptó una estrategia general de reformas basadas en el «gradualismo» y el «consenso» con la oposición y los actores sociales, según sus propias expresiones, aunque en materia de subsidios a los servicios sociales —transporte, gas y electricidad—, los aumentos de tarifas fueron abruptos, superando en algunos casos el 500 %.

La política económica del primer gobierno de Macri fue criticada desde diversos sectores. El economista estadounidense Joseph Stiglitz dijo que «Las medidas de austeridad ralentizarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común.» Señaló dos errores principales por parte del equipo de Macri. Uno fue confiar «demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera» Aclarando que los tipos de interés excesivamente altos atraen capital por algún tiempo y luego se va. El segundo error tiene que ver con su política impositiva. Dijo que, al recortar impuestos, aumentó la desigualdad en tanto reduce los impuestos a algunos de los argentinos más ricos y el precio lo pagan algunos de los más pobres. Además de acabar con la fuente de ingresos que aportaban los impuestos a las exportaciones. Por su parte, desde el liberalismo, la crítica tiene que ver con la velocidad de las medidas. La estrategia de consensos ha sido criticada por analistas argentinos y extranjeros, e incluso por sectores pertenecientes o cercanos a la alianza oficialista Cambiemos, partidarios de una estrategia de shock, que realice una reducción brusca y considerable del gasto del Estado —educación, salud, seguridad social, empleo público, etc.— y de los impuestos, así como una amplia apertura económica, junto a reformas estructurales de los sistemas de salud, educación, jubilaciones, leyes laborales y sindicales. El economista liberal José Luis Espert ha criticado la política de Macri diciendo que «el macrismo es kirchnerismo de buenos modales».

Con respecto al año anterior, el economista Eduardo Curia señaló a fines de 2016 que la situación de Argentina era peor con «tasas de interés altas, dólar retrasado, déficit fiscal alto y endeudamiento».

Luego de la victoria de Cambiemos en las elecciones intermedias de 2017, el diario Clarín informó que Macri ratificó el gradualismo, pero acelerando los cambios, adoptando una estrategia de «gradualismo acelerado».

Primeras medidas

El 13 de diciembre, Macri oficializó la quita de retenciones —impuestos— al «campo» y en febrero a la minería. Solamente se mantendría el de la soja, aunque un 5 % menor. También anunció el final de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) y los controles a las importaciones y exportaciones, así como la prórroga del programa Precios Cuidados.

El 16 de diciembre el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció el fin de las limitaciones para la compra de moneda extranjera, conocido popularmente como «cepo cambiario». Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, que modificó su cotización de 9.84 a 13.95 unidades por dólar, lo que representó una depreciación del 42 %.

En marzo de 2016, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich, anunció la reducción de los subsidios estatales y el consiguiente aumento de las tarifas del agua y del sistema de transporte público en la ciudad de Buenos Aires. En junio se suman los aumentos en energía eléctrica e hidrocarburos (gas combustible y petróleo). La decisión fue justificada con el fin de evitar que el país entre en una crisis energética generalizada en todos los recursos. No obstante, los subsidios sólo fueron recortados en un tercio de su monto total. Especialmente notorio fue el aumento de la tarifa de gas, que causó que algunos usuarios recibieran facturas por este servicio varias veces superiores al monto pagado el año anterior; en algunos casos, este aumento superó el 2000 %. Algunos de estos aumentos fueron anulados posteriormente por la justicia.

Reformas previsional y tributaria

En 2017 el presidente Macri y los gobernadores (excepto el de San Luis) acordaron un Consenso Fiscal, en el que se comprometieron a tomar importantes medidas de gobierno y a gestionar ante el Congreso de la Nación leyes de reformas laborales, previsionales e impositivas. Los provincias se comprometieron a eliminar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos en un plazo de cinco años y a no aumentar sus gastos si no tienen superávit fiscal. El estado nacional se comprometió a elevar al congreso una ley de reforma previsonal que permita disminuir los gastos en seguridad social y reorientarlos a las provincias.

Valla de las fuerzas de seguridad en el cruce de las calles B. Mitre y Callao (Buenos Aires) para evitar que los manifestantes se acerquen al Congreso Nacional durante el tratamiento de la reforma previsional.

Luego de las elecciones de 2017 y como resultado de las recomendaciones del FMI y del Consenso Fiscal con los gobernadores del 16 de noviembre de 2017, Macri envió al Senado tres proyectos: de reforma previsional, de responsabilidad fiscal y de consenso fiscal.

El paquete se completó con un proyecto de reforma tributaria iniciado en la Cámara de Diputados, con una reforma de carácter gradual y con un plazo de cinco años (para 2022) para reducir la presión tributaria equivalente al 1.5 % del PBI, promueve la rebaja de impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos.

El punto central de la reforma previsional era el cambio en la fórmula de actualización de los beneficios de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.), adoptando la recomendación del FMI de actualizar los beneficios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de generar un ahorro previsional, estimado entre ochenta mil y cien mil millones de pesos (equivalentes a cuatro mil seiscientos y cinco mil quinientos millones de dólares). En el Senado el proyecto fue modificado estableciendo una fórmula mixta, combinando el índice de precios al cmidor, con el índice de los salarios del sector formal (índice RIPTE). El proyecto incluía también la supresión de los regímenes especiales de jubilación, como el de los docentes.

Entre otras normas, el paquete incluyó también la eliminación del porcentaje del Impuesto a las Ganancias destinado a la seguridad social (ANSES), para ser destinado a las provincias, un aporte de sesenta y cinco mil millones de pesos (equivalentes a unos cuatro mil millones de dólares) a la provincia de Buenos Aires y el compromiso de no aumentar el gasto público, ni contratar más empleados estatales.

El 30 de noviembre el Senado aprobó los tres proyectos por amplia mayoría: la reforma previsional fue aprobada por 43 votos a favor y 23 en contra, el proyecto de ley de Consenso Fiscal tuvo cincuenta y dos votos a favor y quince en contra, y el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobado por cincuenta y tres votos a favor y catorce en contra. Los proyectos fueron aprobados con el voto de los senadores oficialistas de Cambiemos y un sector considerable del bloque peronista, liderado por Miguel Ángel Pichetto.

El 14 de diciembre se convocó a los diputados para tratar el proyecto pero la sesión se cayó en medio de escandalosas agresiones entre diputados. En la calle se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. El proyecto fue tratado nuevamente el lunes 18 de diciembre Una gran multitud, estimada en medio millón de personas ocupó la plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo para protestar contra la ley. Luego del mediodía se desató una batalla campal entre algunos manifestantes y la policía. Finalmente, en la madrugada del día 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma previsional, por 128 votos a favor y 116 en contra; veinte diputados opositores votaron a favor del proyecto.

Crisis de 2018 y 2019

A comienzos de 2018 el gobierno argentino no logró obtener nuevos préstamos internacionales para pagar los intereses crecientes de la nueva deuda externa contraída. Ante la inminencia del default se produjo una corrida cambiaria que causaría que el peso argentino perdiera la mitad de su valor en dólares, con un dólar que pasó de valer 18.40 ARS en diciembre de 2017 a 40 ARS en septiembre de 2018.

En esas condiciones Macri desplazó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y recurrió al Fondo Monetario Internacional que le otorgóinicialmente un préstamo de cincuenta mil millones de dólares, el más grande de la historia del organismo, equivalente a un 11 % del PBI de la Argentina en 2018. Fue designado como presidente del BCRA Luis «Toto» Caputo, quien se mantuvo apenas tres meses en el cargo, siendo Guido Sandleris el nuevo elegido. El gobierno firmó entonces un nuevo acuerdo con el FMI, donde se aumentó el préstamo a 57 100 millones de dólares, a los que se sumaron 5650 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El eje de los requerimientos del FMI fue que el gobierno llegue al déficit primario cero en 2019, aunque en julio de 2019 aceptó cambiar las metas originales y desembolsar las sumas restantes, preocupado por la posibilidad de que el déficit cero perjudique las posibilidades electorales del presidente Macri en las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Según Mauricio Claver, entonces asesor del presidente Donald Trump y representante ante el FMI por parte de Estados Unidos, dicha deuda fue contraida por fines electorales y contaba con el aval de Estados Unidos para dicho objetivo.

El 12 de agosto de 2019, luego de las elecciones primarias (PASO) realizadas el día anterior, se desencadenó en la Argentina y Wall Street, una corrida cambiaria y bursátil (esta última la segunda más grave de la historia de la humanidad, con una caída del 48 %), que devaluó el peso en un 40 % en pocas horas (de 42 ARS a 66 ARS el dólar), que luego el Banco Central logró atenuar un poco, cerrando el día con una devaluación del 25 % (57 ARS) y un riesgo país que duplicó su valor para alcanzar 1700 puntos básicos. Al día siguiente continuó la corrida cambiaria y bursátil, con una nueva devaluación del peso de un 9 %. La abrupta suba del valor del dólar desencadenó a su vez un nuevo salto inflacionario, con subas de precios de dos dígitos en un solo día, principalmente en los alimentos, amenazando provocar una crisis alimentaria generalizada.

Macri junto a Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda) y Luis Caputo (ministro de Finanzas), enero de 2017.

El miércoles 15 de agosto el presidente Macri anunció una serie de medidas con el fin de atenuar el efecto de la crisis. Las medidas incluyeron un congelamiento del precio de los combustibles, un aumento inmediato del salario de los empleados del Estado nacional, la eliminación del IVA en los alimentos que se cobraba al consumidor, la convocatoria urgente a las cúpulas empresariales y sindicales para acordar un nuevo monto para el salario mínimo, vital y móvil y un aumento del mínimo a partir del cual se debe pagar el impuesto a las ganancias.

El martes 20 de agosto de 2019 juró como nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, en reemplazo de Dujovne. Hasta ese momento Lacunza se había desempeñado como ministro de Economía de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El 28 de agosto se dispuso unilateralmente postergar el pago de cuatro letras de corto plazo del Tesoro Nacional (Lecap, Lecer, Letes y Lelinks), así como proponerles una postergación voluntaria del plazo de pago a los acreedores de títulos de deuda, tanto bajo legislación argentina como bajo legislación extranjera. Para el caso de la deuda bajo legislación argentina, el presidente Macri sancionó un DNU estableciendo que si el 75 % de los acreedores aceptaran la postergación del vencimiento, la misma sería obligatoria para el 25 % restante.

En septiembre de 2018 Macri restableció las retenciones a las exportaciones, en el marco de la crisis económica argentina 2018/2019, el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de reducir el déficit fiscal y pagar los intereses de la deuda externa contraída en los dos años anteriores. La magnitud de la deuda lo llevó a duplicar las retenciones que se cobraban entre 2002 y 2015, pasando del 1.3 % del PBI en 2015 al 2.4 % en 2019, aunque en esta oportunidad todos los bienes exportados resultaron gravados, sin tener en cuenta el grado de valor agregado, competitividad internacional o ganancias extraordinarias de cada sector.

En 2019 Argentina tuvo la mayor presión tributaria en 60 años.

Índices macroeconómicos

El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía Prat Gay anunció que había declarado la emergencia estadística, para mejorar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que habían sido fuertemente criticadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Indec fue intervenido por Jorge Todesca quien decretó un «apagón estadístico», por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia. En junio de 2016, el Indec volvió a medir la inflación. Además elaboró una nueva forma de medición de la pobreza y la indigencia. Desde que la democracia fue recuperada en 1983, con el gobierno de Alfonsín, la Argentina creó un método de medir la pobreza considerablemente más exigente que el resto de América Latina. El gobierno de Macri subió aún más la línea a partir de la cual debía considerarse pobre o indigente a una persona. Si se usara la vara que utiliza Chile para medir la pobreza, Argentina tendría sólo un tercio de la pobreza que registra la vara del Indec, y si usara la vara del Banco Mundial sería menos del 2 %.

Eliminar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Macri. Durante la misma declaró que «Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente» (febrero de 2015), y que «la primera meta será llevarla a un dígito en un par de años» (diciembre de 2015). Otra de sus principales promesas de campaña fue «Pobreza cero». Poco después Macri pidió que su presidencia fuera evaluada según la evolución del índice de pobreza.

La política para contener la inflación y la cotización del dólar estuvo basada, en una primera etapa, en metas de inflación y luego en el control de agregados monetarios. En este proceso se aumentó la tasa de interés de referencia a un valor del 60 %, siendo el más alto del mundo. Esta política, sin embargo, falló en controlar la cotización del dólar, superó los 60 ARS a fines de 2019 y la inflación, que promedió el 40 % anual durante la gestión de Macri y acumuló un aproximado de 300 % hacia finales de 2019.

Año	Evolución del PBI	Inflación	Pobreza
2016	-2.3 %	40.0 %	32.3 %
2017	2.9 %	24.8 %	28.2 %
2018	-2.6 %	47.6 %	33.6 %
2019	-2.1 %	53.8 %	35.5 %

Endeudamiento

Durante el gobierno de Macri se duplicó la deuda pública como porcentaje del PBI. Fuente: El Cronista y BAE Negocios.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri fue acordar con los «fondos buitre». El diario Buenos Aires Herald dio a conocer que los fondos buitres Elliott Management y Aurelius Capital Management habían solicitado diversas medidas al juez Thomas P. Griesa con el fin de impedir que el gobierno argentino pudiera recibir fondos de diversos bancos internacionales para fortalecer sus reservas. En abril de 2016 se llegó a un acuerdo y se les pagó a los acreedores con una quita del 27 %. Así el juez Thomas Griesa levantó las cautelares que frenaban pagos a los tenedores de bonos argentinos en el exterior y Argentina salió del default.

El presidente Macri impulsó una política de endeudamiento externo para financiar el déficit fiscal. La deuda pública total recibida por el gobierno de Macri en diciembre de 2015 era de 170 625 millones y para septiembre de 2019, al promediar el final de su mandato, había aumentado hasta los 283 567 millones de dólares, de acuerdo con los datos del INDEC. Esto significa un aumento del 66 %, equivalente a 112 942 millones de dólares. Del total de la deuda cincuenta y siete mil millones de dólares corresponden al préstamo stand by con el FMI, de cual se desembolsaron hasta el momento cuarenta y seis mil millones.

Política laboral

Mauricio Macri nombró a Jorge Triaca (h) como ministro de Trabajo del gobierno el 10 de diciembre de 2015.

En 2018 Macri eliminó el Ministerio de Trabajo, rebajándolo al grado de secretaria bajo el Ministerio de Producción y Trabajo conducido por Dante Sica. El 15 de noviembre de 2018, Jorge Triaca (h) anunció que decidía alejarse de la administración pública por cuestiones personales. Su renuncia se efectivizó en diciembre de 2018.

Desempleo y actividad económica

El porcentaje de la población desempleada al momento de asumir Macri es objeto de discusión: la tasa oficial del INDEC para el cuarto trimestre de 2015 fue de 5.9 %, pero la misma no fue homologada por el gobierno de Macri. Más allá del dato inicial, hay consenso general que durante el gobierno de Macri la desocupación aumentó. En el primer trimestre de 2019 la desocupación subió al 10.1 %, alcanzando los dos dígitos, el peor porcentaje desde 2006, cuando el país salía de la crisis de 2001, durante la cual el desempleo llegó a 26 %. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo gobernaba ininterrumpidamente desde 2007, las mediciones propias del desempleo indicaban que la tasa era de 6.8 % en el IV trimestre de 2015, y que en el primer trimestre de 2019 llegó al 10.7 %, acumulando un aumento del 45 % durante el gobierno de Macri.

Los sectores más afectados por los despidos fueron el sector de la construcción, que se vio perjudicada por los atrasos en la obra pública; la industria, debido a la caída de la demanda; y el sector público, al producir una reducción de personal en ministerios, como Justicia y Agroindustria y entes como INTI, Télam, SENASA y Hospital Posadas. Del total de despidos, unos treinta mil fueron de la administración pública nacional, provincial y municipal. En paralelo de los despidos de empleados estatales se produjo un aumento en la cantidad de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios. Se ha calculado que el crecimiento es de alrededor del 23 % en designaciones políticas. Generó controversias la designación de más una docena de casos de parientes de funcionarios del actual gobierno que accedieron a cargos públicos sin concurso. A fin de enero de 2018, Mauricio Macri firmó un decreto por el cual quedaba prohibida la contratación de familiares de funcionarios de alta jerarquía, aunque el alcance del decreto fue limitado. También fueron objeto de duras críticas las contrataciones de servicios de empresas privadas, en reemplazo de trabajadores desvinculados.

Según los registros de la AFIP, durante el gobierno de Macri, entre junio de 2016 y junio de 2019, hubo 19.415 empresas menos. El cierre de empresas se hizo más acelerado desde junio de 2018, luego de la segunda devaluación del peso realizada durante el gobierno de Cambiemos. Los sectores que registraron mayor cantidad de empresas cerradas fueron el sector comercio (5405), transporte (5290), industria (4074) y agro o «campo» (3568). Dentro de la industria, la mayor cantidad de empresas cerradas se produjo en los rubros indumentaria, calzado, metalmecánica y alimentos. Entre las empresas que cerraron se encuentran: La Campagnola, Zanella, Honda y Alpargatas, entre otras.

Plan Primer Empleo

En el mes de mayo, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con el gobierno nacional para crear cinco mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes de dieciocho a veintitrés años bajo el Plan Primer Empleo. La medida fue criticada por los gremios, ya que incluye un sueldo de cuatro mil quinientos pesos por mes —muy inferior al salario mínimo, que a esa fecha era de seis mil sesenta pesos— de los cuales mil pesos serán aportados por el Estado nacional, a cambio de treinta horas de trabajo semanales, y sin garantía alguna de estabilidad laboral, lo que los convierte en empleos precarios. Adicionalmente, no hay garantía de que esos cinco mil puestos sean adicionales a los que ya existen, en lugar de reemplazar a los empleados actuales —con sueldos mayores— por nuevos empleados con sueldos inferiores.

Política energética

En su sexto día (15/12) el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren declaró la «emergencia energética» hasta diciembre de 2017. Justificó dicha medida en el aumento en la cantidad y extensión de los cortes de suministro eléctrico. El exministro de Planeamiento Julio de Vido cuestionó dicha decisión y afirmó que los volúmenes de servicio «estaban completamente garantizados al finalizar su gestión».

Durante los meses de febrero y marzo se realizaron cortes programados del servicio de electricidad en la mayor parte del país. Fue la primera vez que se realizaron ese tipo de medidas desde el año 1989.

Aumentos de tarifas

Macri como presidente electo, en una reunión con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

En enero de 2016 anunció fuertes aumentos en las tarifas de electricidad y gas, los cargos fijos con subas de hasta 378 % y los cargos variables con subas de hasta 950 %. En cuanto al gas en el interior del país el aumento de tarifas llegó a más del 2000 %, y 1600 % en caso de consumos industriales.

Política hidrocarburífera

Hacia 2017 el país llegó a la más baja producción de crudo desde el año 1990, lo que representó la menor producción en 27 años. Según algunos medios el cambio de orientación con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia fue el retorno a la dependencia del crudo importado para el abastecimiento interno. Desde los años 1980, la actividad petrolera no llegaba a niveles tan bajos de extracción en la nación. Mientras que la producción nacional cayó, la importación de crudo aumentó un 326 % en los primeros cinco meses del año 2017 respecto a igual período de 2015. En tanto la petrolera estatal YPF reportó pérdidas en su balance por primera vez en 20 años, dando un saldo negativo en 2016 de 28 379 millones de pesos en su resultado neto. La acción de YPF pasó de generar una ganancia de 11.68 pesos en 2015 a una pérdida de 72.13 pesos en 2016, lo que representó una suba en el perjuicio de 717 %. En 2017 se registró la peor caída de consumo residencial de gas en veinticinco años, debido a los tarifazos en el servicio aplicados por el gobierno de Cambiemos. Ese año además los hogares consumieron menos gas que ningún otro año desde 1993, cuando comenzó la serie estadística.

En septiembre de 2018 se anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Chaco y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que aún dependen de las caras y peligrosas garrafas para acceder al combustible domiciliario.

Generación y distribución de energía

El Ministerio de Energía lanzó el programa RenovAr, que incorpora energías renovables a la producción eléctrica. Desde el 2016 su pusieron en marcha 27 proyectos de energía renovables y hay otros 98 en construcción. Esto totaliza 795 MW con una inversión de 1220 millones de USD.

El 16 de junio se produjo un colapso histórico de la red de transmisión eléctrica de alta tensión, que dejó sin luz a casi la totalidad de Argentina (45 millones de usuarios), Uruguay, y parte de Brasil y Chile, sumando un total de 50 millones de usuarios sin luz durante siete horas y más. La provincia de Tierra del Fuego no padeció el apagón debido a que no está conectada a la red nacional de electricidad. El presidente Macri lo calificó como un «caso inédito». El corte se produjo por una falla en el red de distribución en el litoral, a cargo de la empresa Transener.

Política de desarrollo social

Ampliación y reducción de la asignación universal por hijo

En abril del 2016, el gobierno publicó el decreto 593/2016 ampliando el alcance de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones sociales.

Con la nueva medida, se incluyó a los monotributistas en el régimen de asignaciones familiares. A partir de entonces, podrán cobrar los prestaciones Asignación por Hijo, Asignación por Hijo con Discapacidad, Asignación Prenatal, y Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria del Sistema Educactivo Argentino. Para acceder al beneficio, los monotributistas tienen que acreditar sus datos familiares ante la ANSES. La motivación del gobierno fue que los monotributistas reciban las mismas asistencias que los trabajadores en relación de dependencia.

En febrero de 2017 el gobierno volvió a reducir la cantidad de personas beneficiarias, a la cantidad existente al finalizar el gobierno anterior de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el primer trimestre de 2017, dispuso la cesación de 231 542 personas. De este modo las personas beneficiarias pasaron de 3 777 124 en diciembre de 2015, a un máximo de 3 980 755 en enero de 2017, para reducirse a 3 749 213, en marzo de 2017.

Según el gobierno de Macri, desde mayo del 2016 se incorporaron 514 000 niños (302 000 familias) a recibir las prestaciones sociales. En sentido contrario, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado por Julia Strada y Hernán Letcher, el gobierno eliminó a 231 542 personas de la AUH, en 2017.

Emergencia alimentaria

El 12 de septiembre de 2019 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley prorrogando la emergencia alimentaria que se había dictado durante la Crisis de 2001/2002, con el fin de aumentar en un 50 % el dinero disponible para que el gobierno atienda los programas de ayuda alimentaria a la población. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad, con la sola abstención de una diputada del Frente de Izquierda, contando con la aprobación del oficialiso de Cambiemos-Juntos por el Cambio, así como los diputados de la oposición pertenecientes tanto al Frente de Todos, como a la alianza Consenso Federal 2030.

Eliminación de pensiones por discapacidad

En junio de 2017 se conoció que el ministerio de Desarrollo Social estaba aplicando un decreto del año 1997 —que nunca había sido aplicado— elevando significativamente las exigencias y condiciones de quienes recibían pensiones del gobierno nacional. Por esa medida, desde enero de 2017 hasta mediados de junio de ese año quedaron sin pensiones un total de 83 133 personas, incluidas especialmente las madres de 7 o más hijos, y los pensionados por invalidez. La medida apunta a eliminar del sistema a todas las personas cuyas familias superen un ingreso de tres sueldos mínimos —alrededor de veintiún mil pesos— sin considerar el número de miembros de las familias, y aquellos cuyos cónyuges reciban un ingreso por jubilación, incluso si es el ingreso mínimo. Desde el inicio del gobierno de Cambiemos fueron unas ciento setenta mil las pensiones dadas de baja por el ministerio, mientras otras fuentes mencionaron más de ciento veintiséis mil, entre pensiones dadas de baja y suspendidas.

La ministra Stanley anunció que se restablecerían «todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro», lo que fue interpretado como una «marcha atrás» del gobierno, y que se haría una «restitución automática de las pensiones». No obstante, después de que al menos dos fallos judiciales ordenaron volver a pagar las pensiones a centenares de discapacitados, el gobierno nacional apeló esas sentencias, con lo que el pago de esas pensiones se siguió retrasando. El 6 de septiembre, la justicia federal ordenó reintegran «de inmediato» todas las pensiones por incapacidad que habían sido dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso; al día 20 de septiembre, sólo algo menos de diez mil pensiones habían sido restablecidas, menos del 7.7 % del total.

Política educativa

La política educativa del gobierno de Mauricio Macri se orientó básicamente hacia la federalización de las diferentes políticas públicas. Federalización entendida como el traslado a las provincias de las políticas en cuestión, sin trasladar los fondos para sustentarlas. Entre ellas, se encuentran los Centros de Actividades Juveniles, los Centros de Actividades Infantiles, el plan Conectar Igualdad, el programa de radios escolares, el programa de orquestas infantiles y juveniles, el plan FinEs y el programa de Turismo Educativo.

Además se discontinuaron numerosos programas de lectura y provisión de libros a escuelas y bibliotecas en todo el país enmarcados en el Plan Nacional de Lectura. Por ejemplo, el Programa «Libros y Casas»; las ediciones del Programa «Primeros años»; los programas «Leer por leer», «Leer la Argentina», «Para seguir creciendo», «Palabras para vos», «Leer con todo» y el «Programa de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial».

Durante su gobierno se elaboró un manual de Ciencias Sociales, que según diversos periodistas se utilizó para adoctrinar niños, que presenta la historia reciente del país con una mirada sesgada a favor de su gobierno. El manual contenía imágenes del mandatario y lemas partidistas oficiales utilizados en su campaña. Al respecto la exdiputada y pedagoga Adriana Puiggrós lo calificó como un acto de invasión del espacio educativo por parte de la publicidad de Cambiemos y en particular de Macri. Una semana después se divulgó que Macri utilizó casi 60 millones del Estado para pagar esos manuales con propaganda política. La propia editorial reconoció que ese contenido fue solicitado a través de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y al Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, comandada por María Eugenia Vidal.

Según otros periodistas, no fue la primera vez que el gobierno de Cambiemos introducía su doctrina dentro del material de estudio en las escuelas. En 2017 el Ministerio de Educación de la Nación envió a las escuelas porteñas manuales para alumnos de sexto grado en los que, en forma de viñeta, se ponía en debate el derecho a huelga de los trabajadores. En 2017 gremios docentes denunciaron que en la Ciudad de Buenos Aires se obligó a los alumnos a comprar un cuaderno que presentaba a la dirigente social aliada a Mauricio Macri, Margarita Barrientos como una mujer «perseverante» que «no le niega un plato de comida a nadie» y que «incluso» ayuda a conseguir medicamentos y se mencionaba además que sería bueno realizar donaciones a su fundación. También se criticó que en actos escolares oficiales obligase a los niños a cantar el lema de su campaña electoral.

Política judicial

Conflicto con la Procuración General

En su segundo día de gobierno organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionaron las presiones del presidente Macri contra la procuradora general del Ministerio Público —organismo externo al Poder Ejecutivo— Alejandra Gils Carbó con el fin de provocar su renuncia, expresando su solidaridad con la funcionaria. La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, había confirmado que el cargo de procurador general es vitalicio y por lo tanto «la única manera de dejarlo es a través de un juicio político». El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel coincidió con esa apreciación, y afirmó también que «está haciendo un muy buen trabajo».

Desde Cambiemos sostuvieron que la procuradora general Gils Carbó no puede desempeñar correctamente sus funciones objetivamente por ser abiertamente «militante».

Designación por decreto de miembros de la Corte Suprema

En su quinto día (14/12) Macri nombró por decreto en comisión a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La decisión provocó que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declarara a la prensa que «los dos son bienvenidos».

La decisión fue criticada por políticos de varios partidos como Miguel Ángel Pichetto, Julio Cobos, Margarita Stolbizer, José Manuel de la Sota, Elisa Carrió, periodistas como Joaquín Morales Solá, Mario Wainfeld, juristas como Eugenio Zaffaroni, Daniel Sabsay, León Arslanián, Andrés Gil Domínguez, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades, utilizando duros términos para cuestionar la decisión de Macri por considerarla inconstitucional, antirrepublicana, dañina para las instituciones y autoritaria, demandando la anulación de la misma. Sergio Massa declaró que los jueces son impecables, pero la forma le pareció «horrible».

La prensa informó también que el estudio jurídico de Rosenkrantz tenía entre sus principales clientes al Grupo Clarin. El bloque de Senadores del Frente para la Victoria anunció también que si los jueces nombrados jurasen en comisión de acuerdo con el decreto sancionado por Macri, ese solo hecho sería causa suficiente para no dar su voto de aprobación a los pliegos cuando debieran tratarlos cumpliendo la Constitución.

El frente oficialista Cambiemos (Pro, UCR, Coalición Cívica) se mostró dividido en sus opiniones. La mayoría de las figuras de Pro se pronunciaron a favor, como la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Por el contrario, se pronunció en contra la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. La UCR estuvo dividida: su presidente José Manuel Corral, Ernesto Sanz y otros estuvieron a favor de la misma, mientras se opusieron el senador Julio Cobos, el diputado nacional Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra. Uno de los autores intelectuales del decreto Fabián Rodríguez Simón perteneciente al PRO, sostuvo a su vez que «quizás hubiera merecido ser más prolijo, la forma de haber llegado, quizás fue un apresuramiento, pero las políticas no son judiciables».

En el criterio de quienes defendieron la medida, se trataría de un atributo de gobernabilidad que tendría el presidente, que estaría avalado constitucionalmente, subrayándose que la decisión del presidente no interferiría en el proceso de designación y posterior aprobación de los candidatos para la Corte Suprema. Además la misma comenzaría en marzo, cuando reabriera el Congreso, el cual podría haber rechazado a estos magistrados y proponer otros, agregando que el decreto 222 preveía la participación ciudadana en el proceso de selección. Dicho atributo fue utilizado por Raúl Alfonsín en la designación de jueces de la Cámara Federal, aunque nunca se utilizó —excepto por dictaduras— para nombrar jueces de la Corte Suprema. En el criterio de quienes cuestionaron se destaca la opinión del jurista Gil Lavedra, sosteniendo que la decisión sentó «un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano».

El día 21 de diciembre, el juez Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra el nombramiento, invalidando las designaciones, ya que «a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta».

Por su parte, la excandidata presidencial del Frente Progresista, Margarita Stolbizer y el excandidato presidencial del Frente Renovador,Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.

Tras los cuestionamientos contra el decreto y una reunión con el presidente de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti, ambos decidieron que los nuevos jueces asumirían en febrero, después de la feria judicial de verano. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, afirmó:

Conozco muy bien a los dos jueces que van a venir, es gente de prestigio, son muy serios, pero la decisión la toma el Senado. Se han nominado dos jueces para cubrir vacantes, es normal, no significa que haya un cambio pendular. Antes con los cambios de Gobierno se suprimía toda la Corte, se cambiaba toda la jurisprudencia. Esta es la primera vez en la historia que la Corte continúa.

Pese al acuerdo entre Macri y Lorenzetti, las críticas al decreto de designación de los miembros de la Corte, llevó a postergar la asunción de los dos jueces, para dar intervención al Senado de la Nación. Finalmente el Senado aprobó las designaciones seis meses después, el 15 de junio de 2016, con el voto favorable de la mayor parte del bloque peronista mayoritario en dicha cámara. Entre las críticas de la minoría kirchnerista, se destacó que la designación de dos hombres para la Corte Suprema, afectaba la equidad de género, que era uno de los criterios establecidos por el Decreto 222/2003 para el nombramiento de los magistrados de la Corte, dejando al máximo tribunal con cuatro hombres y una sola mujer.

Crisis de la Corte Suprema

En el segundo semestre de 2018 la Presidencia de la Nación, con el apoyo de la diputada Elisa Carrió, una de las líderes de Cambiemos, promovieron el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema, y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz, lo que finalmente sucedió el 11 de septiembre de 2018, en una votación sorpresiva, resuelta por mínima diferencia 3-2 (Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti, contra Lorenzetti y Maqueda). La maniobra abrió una fuerte confrontación en el seno del Poder Judicial, porque Lorenzetti rápidamente se recompuso y logró el apoyo de Horacio Rosatti, sumado al de Maqueda, resolver por mayoría el 6 de noviembre de 2018 un caso en contra del Estado Nacional y a favor de la provincia de La Pampa en un juicio sobre impuestos. Ese mismo día, en un evento sin antecedentes en la historia argentina, Macri invitó a Rosenkrantz y Highton a almorzar en la Casa Rosada, mientras los otros tres miembros declinaron la invitación por considerarla inapropiada.

Pocos días después, Rosenkrantz no pudo impedir que los otros cuatro miembros dictaran un fallo clave sobre la nulidad de la reducción de las penas de los criminales condenados por delitos de lesa humanidad, dejando en soledad a Rosenkrantz.

A partir de ese momento Rosenkrantz no logró obtener una mayoría para tomar las decisiones de la Corte y Lorenzetti por el contrario impulsó un esquema de voto personalista que impuso un cronograma de casos que el Poder Ejecutivo quería demorar. En diciembre de 2018 la Corte dejó trascender que resolvería un caso de gran importancia para el Poder Ejecutivo Nacional, sobre el índice de actualización que debía utilizarse en cientos de miles de reclamos de jubilados. El periodista del diario La Nación Carlos Pagni reveló que el ministro Garavano fue hasta el despacho de la jueza Highton de Nolasco para presionarla y que el propio Macri habló con Lorenzetti por el caso:

Lo importante es que el gobierno mira a la Corte con inquietud. De hecho hubo una comunicación del presidente, Mauricio Macri, con Ricardo Lorenzetti, una comunicación bastante dura. Aparentemente por lo que trascendió de esa conversación Macri le dijo a Lorenzetti que esta era el «pasa o no pasa» en la relación entre ambos.

Carlos Pagni

Pese a las gestiones del Poder Ejecutivo sobre los miembros de la Corte, el 18 de diciembre de 2018 el máximo tribunal falló en contra del Estado Nacional, dándole la razón a los jubilados que habían iniciado juicio contra la reforma previsional realizada por Cambiemos.

Al día siguiente, 19 de diciembre, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, aprobaron una acordada quitándole todo el poder real a la presidencia de Rosenkrantz, dejándole solamente algunas funciones protocolares, y disponiendo que todas las decisiones de la Corte debían en adelante tomarse por mayoría, decisión que fue rechazada por Rosenkrantz por considerarla ilegal. Highton por su parte, no apoyó a ninguna de las dos partes.

Causa AMIA

El 12 de diciembre de 2015 el presidente Macri creó una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Nisman y designó para dirigirla al exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical. Menos de dos años después, el gobierno consideraba que la Unidad AMIA ya había cumplido su ciclo y que no logró los resultados esperados, evaluando el cierre de la misma. En febrero de 2017 la gestión de la Unidad AMIA fue cuestionada por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa, y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado terrorista de 1994 en el juicio AMIA 2.

El 5 de marzo de 2018, Macri eliminó la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Alberto Nisman, que había creado dos años antes. Al disolverse la Unidad, fue cesado también el funcionario que estaba a cargo de la misma, el radical Mario Cimadevilla.

Dos semanas después de dejar su cargo, el 22 de marzo de 2018 Cimadevilla denunció por encubrimiento del atentado de la AMIA al ministro Garavano, al secretario de Justicia Santiago Otamendi, al exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand, y otros funcionarios por los delitos de encubrimiento del atentado a la AMIA, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público. Cimadevilla afirmó en su denuncia que «el ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA», imputados por encubrir el atentado.

Oficina Anticorrupción

Al asumir como presidente, Macri designó a cargo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo a una militante del PRO, Laura Alonso. Debido a que Alonso no era abogada, requisito necesario para ocupar dicho cargo, Macri dictó el Decreto N.º 226/2015 eliminando la obligatoriedad de que el titular de la Oficina fuera un abogado.

El 14 de marzo de 2018 la Oficina Anticorrupción dictaminó que el ministro de Agroindustria y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, había incumplido las leyes contra la corrupción política al recibir medio millón de pesos de la Sociedad Rural Argentina.

Laura Alonso declaró públicamente en 2019, que la Oficina Anticorrupción había tomado la decisión de no investigar eventuales delitos de corrupción cometidos por el gobierno del presidente Macri, con el fin de «no ser acusada de encubridora». Por esa decisión y otros actos, Laura Alonso fue objeto de varias denuncias penales.

Política de seguridad

La primera medida de importancia tomada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la declaración de la «emergencia nacional en seguridad», tomada el 17 de diciembre de 2015. El 25 de diciembre la ministra Bullrich se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.

El 17 de febrero de 2016, la ministra de seguridad anunció un «protocolo antipiquetes», por el cual se planeó terminar con los piquetes como forma de protesta. Por el mismo, se instruyó a las fuerzas de seguridad a negociar con los manifestantes y otorgarles un plazo de solamente cinco minutos para liberar el tránsito en la vía pública. Si pasado ese lapso no se hubiera producido el levantamiento del piquete, se procedería al uso de la fuerza. Como elemento punitivo, a los manifestantes se les advertirá que ante un corte se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. Otro punto de la resolución es la cobertura de los medios de comunicación durante la protesta. Según el protocolo, los periodistas deberán ubicarse en una «zona determinada» por las fuerzas de seguridad, impidiendo la cobertura de los hechos.

Según diferentes sectores, el protocolo, además de limitar la cobertura periodística, permite la utilización de armas de fuego y balas de gomas para dispersar cualquier protesta o reclamo. Adicionalmente, se dispuso que las fuerzas de seguridad podían limitar el accionar del periodismo que informase sobre los hechos, supuestamente como medida de seguridad de los periodistas. Las limitaciones al accionar de la prensa, que limitaría el derecho de la ciudadanía a estar informada, como la falta de limitaciones al accionar policial —al cual no se le prohíbe el uso de armas de fuego ni se le obliga a usar uniforme identificatorio— recibieron numerosas críticas por parte de distintas organizaciones sociales, sindicales y profesionales, así como la censura de parte de Amnistía Internacional, que interpretó que el mismo habilita a reprimir «a quienes ejercieran su derecho de reunión pacífica y el sistema de justicia los enjuiciaría por la vía penal.» Diferentes diputados señalaron que «lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social». Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social.

A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el «Protocolo General para la detención de personas LGBT». La Federación Argentina LGBT manifestó su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados. En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.

Un estudio del Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) afirma que entre enero de 2016 y noviembre de 2017 se registraron en el país 111 hechos de represión a manifestaciones por conflictos sociolaborales. En el curso de los mismos —llevados adelante tanto por fuerzas de seguridad nacionales como provinciales— fueron detenidos 354 personas y resultaron heridos 328 manifestantes. Se denunciaron hechos de represión por parte de las fuerzas nacionales durante protestas de empleados del frigorífico Cresta Roja (diciembre de 2015), de ciudadanos contra el aumento de tarifas (agosto de 2016), de jubilados por el aumento de sus haberes (agosto de 2016), durante el paro nacional (abril de 2017), durante una huelga docente (abril de 2017), durante protestas contra la cumbre de la OMC (diciembre 2017), y durante el tratamiento de la reforma previsional (diciembre 2017).

El 8 de diciembre de 2017, el policía Luis Chocobar persiguió y mató a un ladrón que había asaltado y herido a un turista estadounidense en el barrio de La Boca. Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente cuando este intentó atacarlo con un cuchillo, pero un video del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aportado a la investigación judicial, mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio. Macri invitó a Chocobar a la Casa Rosada para expresarle públicamente su apoyo por la «valentía» con que había actuado, diciéndole «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos». Cuestionó también la decisión del juez de procesar a Chocobar. La conducta de Macri fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición por impulsar una política de «gatillo fácil», y le valió varias denuncias por apología del delito e instigación al homicidio. Chocobar fue finalmente condenado por el delito de homicidio agravado en cumplimiento de su deber.

Política de defensa

Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas de 2017. De izquierda a derecha: Diego Suñer, Enrique Amrein, Julio Martínez, Mauricio Macri, Bari del Valle Sosa, Oscar Aguad y Miguel Máscolo.

Macri anunciando una reforma en las Fuerzas Armadas en 2018.

Presupuesto

El gobierno de Macri mantuvo una actitud economicista en la defensa nacional. En 2017 el gobierno de Macri inició subastas públicas de diferentes terrenos propiedad del Ejército Argentino para recaudar dinero.

Adquisición de armamento

En marzo de 2017 algunos medios de comunicación informaron acerca de gestiones secretas realizadas para la compra de armamento a Estados Unidos por un monto superior a los dos mil millones de dólares. Esta información dio origen a una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el entonces embajador en Estados Unidos Martín Lousteau y otros funcionarios, por la posible violación de la normativa que la ley 22.520 establece para estas adquisiciones. En respuesta a un pedido de interpelación sobre este tema, funcionarios del gobierno negaron la existencia de operaciones de adquisición de armamento. El trámite judicial concluyó con la desestimación, en diferentes etapas, de la totalidad de las denuncias.

En 2017 el gobierno de Macri compró 12 aviones de entrenamiento Beechcraft T-6C Texan II para la Fuerza Aérea Argentina. El costo fue de 160 de millones de dólares.

En febrero de 2018 el presidente Macri estableció mediante el decreto 125/2018, el carácter secreto de la adquisición de material bélico por parte del Ministerio de Defensa. Esta decisión habilita la realización de compras directas, sin una licitación que permita conocer el detalle de los bienes a adquirir, sus precios y las condiciones de la adquisición. Meses después la sede argentina de Amnistía Internacional solicitaba información sobre esta operación.

En el marco de las acciones de seguridad en relación con la Cumbre del G-20, se adquirieron diversos elementos de logística y armas, a los que se sumaron vehículos y armamentos donados por algunos de los países participantes.

En 2018 se anunció que el Reino Unido levantaba las restricciones que desde 2012 impedían que Argentina adquiriera armas y otros elementos destinados a equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Hundimiento del submarino ARA San Juan (S-42)

El 15 de noviembre de 2017 se hundió el submarino ARA San Juan (S-42), causando la muerte de sus 44 tripulantes. Las conclusiones de la Comisión Bicameral establecieron que el accidente fue causado por la negligencia de los funcionarios del gobierno y altos militares bajo su mando.

El 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 (hora local) el submarino ARA San Juan (S-42) desapareció en aguas del mar argentino con 44 marinos a bordo en un viaje de regreso a su apostadero en la Base Naval Mar del Plata. Su última ubicación se reportó a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, entre el golfo San Jorge y las islas Malvinas. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente dos días después, mediante un comunicado oficial de la Armada Argentina.

Las autoridades políticas y la fuerza militar quedaron en el foco de las críticas por el manejo de la información, el estado en que se encontraba el submarino y las causas de su desaparición, produciéndose una crisis inédita en la Armada que causó la remoción de su cúpula.

El 18 de julio de 2019 la Comisión Bicameral Investigadora de la Desaparición del Submarino ARA San Juan presentó su informe final, concluyendo que «hubo una clara responsabilidad política y administrativa» del gobierno de Mauricio Macri, especialmente del ministro de Defensa Oscar Aguad y de sus funcionarios más cercanos, tanto en los aspectos operativos y presupuestarios, como en la ocultación de información y el «desamparo» a los familiares. Descarta asimismo que la reparación de media vida pudiera haber sido la causa de la pérdida del submarino o que el mismo pudiera haber sido atacado o embestido por otra nave.

Operativo Integración Norte

En agosto de 2018 Macri dio inicio al Operativo Integración Norte, donde las Fuerzas Armadas argentinas proveen apoyo a las Fuerzas de Seguridad y brindan mayor apoyo a la población en el norte de Argentina.

Política de comunicaciones y medios

En diciembre de 2015, Macri designó ministro de Comunicaciones al dirigente radical cordobés Oscar Aguad. Al asumir su cargo Aguad declaró públicamente que el gobierno estaba contra la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que regulaba la concentración de medios y disponía a las AFSCA como su autoridad de aplicación.

Manifestación ante la AFSCA oponiéndose a la intervención dispuesta por Macri ese mismo día.

El segundo día de su mandato, Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) disponiendo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) pasaran a depender del Ministerio de Comunicación. El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir ambos entes por decreto de necesidad y urgencia. Aguad justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de «rebelión», que el presidente Martín Sabbatella era un «militante político» y que «la razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios». Sabbatella presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus contra la decisión del gobierno. El 24 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó desalojar el AFSCA, luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de imputar a su titular Martín Sabbatella.

En enero de 2016 se dispuso la fusión de AFSCA y AFTIC en un nuevo organismo que lleva el nombre de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), siendo designado Miguel de Godoy como presidente de directorio.

ENACOM impulsó el cierre de diversas emisoras radiales en todo el país y el inicio de acciones penales contra los responsables de las emisoras bajo el argumento de que las radios interferían las comunicaciones aéreas. En todos los casos se trataba de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional.

En 2016 se dio la autorización a Nextel, del Grupo Clarín, para prestar 4G sin licitación y sin pagar por las frecuencias.

El 12 de diciembre de 2015, se ordenó la suspensión inmediata de la señal del canal Senado TV, que transmitía en vivo las sesiones del Senado, los discursos y votaciones. A poco de asumir, los trabajadores de Infojus, —portal que recoge las noticias judiciales—, denunciaron que desaparecieron del portal unas diez mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, desapareciendo coberturas enteras sobre casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno.

El 7 de junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció oficialmente que sacaba la señal Telesur de la televisión digital terrestre argentina, siendo dada de baja el día 29. La presidenta de la cadena multiestatal, Patricia Villegas, denunció censura por parte del presidente argentino. El 9 de junio de 2016, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos anunció la suspensión de la señal de RT en Español en la TDA. Victoria Vorontsova, directora de emisión del canal ruso, declaró que el gobierno argentino se había acercado a Estados Unidos y que no le sorprendería que «en esa frecuencia apareciera la CNN en vez de un canal regional». Tras varios meses la señal sería repuesta.

En diciembre de 2016 el Gobierno emitió una resolución en la cual estableció que los cableoperadores de alcance nacional debían incluir en su programación la señal del canal La Nación +, —creado un mes antes y perteneciente al Diario La Nación—, por calificarlo de «interés nacional». Dicho diario ha sido considerado afín a las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, y se inauguró con una entrevista que Mauricio Macri concedió al ciclo.

Política de derechos humanos

En los primeros meses de gestión, distintos medios de comunicación criticaron que las políticas de Derechos Humanos, y los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia «están sufriendo un deterioro por decisiones de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial».

A fines de 2016 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó su informe anual, señalando que habían aumentado casi un 10 % las muertes causadas por las fuerzas de seguridad con respecto al año anterior, llegando a un muerto cada veinticinco horas, el más alto desde que esa organización comenzó a realizar el informe en 2003. La Correpi informó que el 39 % de esas muertes ocurrieron en lugares de detención y consideró que el 47 % fue por «gatillo fácil». Informó también que en un 60 % (291) de los 481 femicidios que se cometieron, estuvieron involucrados miembros de las fuerzas de seguridad.

En diciembre de 2017 el informe anual presentado por Correpi arrojó que, durante ese año, 258 habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad estatales. El número se suma a los veintiocho de 2015 y 441 de 2016; lo que totaliza 725 muertes en 721 días de gobierno de Cambiemos. Esta media de más de un asesinato cada veintitrés horas, representa el mayor pico represivo desde 1983 con el agravante de que el 47 % de los casos corresponden a hechos de gatillo fácil.

El informe anual de Human Rights Watch correspondiente a 2016 sintetizó la situación de los derechos humanos en Argentina del siguiente modo:

La situación de los derechos humanos en Argentina sigue siendo dispar. Si bien se garantizan numerosas libertades fundamentales, subsisten problemas como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abuso policial, condiciones carcelarias deficientes, obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva, y desprotección de derechos indígenas. Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de personas LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos por funcionarios durante el «terrorismo de estado» (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.

Human Rights Watch, 2017

Última dictadura militar

En agosto de 2016 un informe de los primeros seis meses del año realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer semestre del año los juicios por delitos de lesa humanidad fueron demorados. En el informe también se critica la baja en el ritmo de las investigaciones, la menor cantidad de sentencias dictadas, estancamiento vinculado a la baja cantidad de juicios celebrados, estancamiento relacionado con la falta de juicios en agenda y demoras en la etapa de instrucción y de revisión.

Asimismo fueron criticadas las decisiones judiciales que otorgaron a 50 militares condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar el beneficio de poder realizar su condena con prisión domiciliaria. En consonancia, en agosto de 2016 el Ministerio de Justicia, adelantó que no apelará las estas decisiones judiciales. El mismo mes ministerio de Justicia desistió de ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad por el caso de Eduardo Saiegh. Donde se juzga su secuestro en 1980 por un grupo de tareas de la Policía Federal.

En una entrevista dijo que no tenía idea de si los desaparecidos por terrorismo de Estado eran nueve mil o treinta mil y que era una discusión que no tenía sentido. También ha sido criticado, y tildado de «negacionista», por la utilización de la frase «guerra sucia» para referirse al terrorismo de Estado. Esto fue realizado tanto en declaraciones de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, en comunicaciones oficiales de la propia secretaría, como en declaraciones del propio presidente Macri.

Mediante el DNU N.º 52/2017 el gobierno la movilidad del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) y el Día de la Bandera (20 de junio). Esto generó críticas en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre las organizaciones de derechos humanos. El ministro de Justicia Germán Garavano admitió que «Probablemente haya sido un error haber tocado los feriados que tienen mayor sensibilidad, es bueno poder enmendarlo». Finalmente Macri dictó un nuevo DNU el 31 de enero de 2017, dejando sin efecto la movilidad de los tres feriados afectados.

El 10 de mayo de 2017, un fallo de la Corte Suprema permitió que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados (Ley del Dos por Uno), a partir de los dos años de prisión preventiva. Macri declaró que estaba «en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad», aclarando que estaba «muy contento» de que el país tuviera «una Corte independiente y prestigiosa». También cuestionó a dirigentes opositores que «no hicieron nada cuando esta ley se aprobó» y «hoy se muestran muy enojados con el 2×1».

Políticas contra la violencia de género

Macri anunció un plan integral contra la violencia de género el 26 de julio de 2016, la directora del Consejo Nacional de las Mujeres Fabiana Tuñez, quien abrió el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada dijo al respecto:

Quién hubiese dicho que este plan, que tanto tiempo habíamos pedido desde la sociedad civil por las calles, iba a llegar. Y que yo, quien después de tanto gritar con mis compañeras, iba a ser, junto con la ministra y los equipos de todos los ministerios, quien tuviera que anunciar este plan una deuda que teníamos desde el año 2010 y que hoy va a ser una realidad para cada una de las mujeres de todo el país.

Fabiana Tuñez.

Paralelamente Tuñez ha sido criticada en dicho puesto por ignorar las denuncias contra el colectivo transexual y por aprietes contra activistas que denunciaron la situación del colectivo transexual ante la ONU. La gestión de Tuñez cerró varios programas como el de Ayuda a Víctimas de Violencia Sexual.

El plan contempla 69 medidas y 137 acciones detalladas para prevenir y ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, setecientos cincuenta mil pesos de presupuesto, se prevé construir una red nacional de hogares de protección para mujeres, niñas y niños, también se anunciaron planes de «reeducación», tales como la incorporación de la perspectiva de género en las currículas escolares y campañas de concientización. Durante su primer año de gobierno crecieron 8 % los casos de femicidios, según datos de la Corte Suprema murieron 254 mujeres, una cada treinta y cinco horas y 244 chicos quedaron huérfanos. Pese al plan anunciado, en 2017 el Gobierno de Macri decidió reducir sesenta y siete millones de pesos el presupuesto para combatir la violencia machista, a pesar de tener una de las tasas más altas de feminicidio de América Latina.

Relación con los pueblos originarios

Véanse también: Caso Santiago Maldonado y Causa de Rafael Nahuel y los mapuches del lago Mascardi.

Macri recibiendo en el Museo del Bicentenario a representantes de los pueblos originarios de Argentina.

El 16 de diciembre Macri se reunió nuevamente con miembros de la comunidad qom y de otras 30 etnias de los pueblos originarios. La reunión se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y la delegación fue encabezada por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz. El diario La Nación informó en esa ocasión que Macri había tenido ese encuentro con Díaz «para diferenciarse de Cristina Kirchner, que siempre se negó a recibir al líder de esa comunidad indígena».

El 15 de julio de 2016 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. El consejo del nuevo organismo designó a Relmu Ñamku como secretaria general, mientras que Félix Díaz fue nombrado presidente, además se nombraron cuatro vicepresidentes por cada región: Faustino Lencina por la zona Centro, Jorge Palomo por el NEA, Margarita Mamani y Rolando Flores por el NOA, y Rubén Huanque, por la zona Sur.

Los conflictos con algunas comunidades mapuches estuvieron presentes durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante su gobierno existió un aumento en la conflictividad con distintas comunidades mapuches que habitan en el sur del territorio, principalmente en la provincias de Neuquén y Río Negro, quienes ocupan terrenos que reclamaban como ancestrales que en la actualidad son propiedad de magnates como Bennetton, Joe Lewis y Ted Turner.

En enero de 2017 un grupo de 200 gendarmes reprimió una protesta mapuche que cortaba las vías del tren La Trochita. El caso fue denunciando por la organización Amnistía Internacional que consideró desproporcionado el uso de la fuerza estatal en relación con el conflicto existente.

En los meses siguientes, varios medios de comunicación informaron que estos grupos mapuches fueron autores de numerosas acciones violentas, entre las cuales se pueden nombrar vandalismo, incendios intencionales, ataques a civiles, amenazas y ocupación ilegal de terrenos.

El 1 de agosto de 2017, en cercanías de la localidad chubutense de Cushamen, efectivos de la Gendarmería Nacional entraron sin orden judicial a una estancia propiedad del Grupo Benetton donde la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen estaba ocupando tierras a modo de protesta por la recuperación de territorios ancestrales. Como resultado de esa represión, se produce la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció casi tres meses más tarde. Las pericias posteriores a su muerte determinaron que el fallecimiento se produjo por ahogamiento por sumersión en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia. También se determinó que Santiago Maldonado no fue torturado.

Amnistía Internacional repudió la represión, a su vez que condenó la «falta de control judicial eficaz sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en su territorio». Díaz condenó la represión de los mapuches en Chubut, culpó de ello al Presidente y al gobernador provincial diciendo: «el gobierno provincial de (Mario) Das Neves y el nacional de (Mauricio) Macri son responsables». Unos días después se volvieron a repetir hechos violentos cuando Gendarmería ingresó al predio en disputa y reprimió a disparos, habiendo un indeterminado número de heridos y un mapuche detenido.

El 26 de noviembre, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina reprimen con disparos de arma de fuego una ocupación en el parque nacional Nahuel Huapi, en las proximidades del Lago Mascardi. Como resultado de ello fue muerto de un disparo por la espalda el joven Rafael Nahuel.

Informe 2017-2018 de Amnistía Internacional

En febrero de 2018 Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la La situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al período 2017/2018. Entre los principales aspectos negativos se señalaron las dificultades para acceder a un aborto legal, la criminalización y discriminación a los pueblos indígenas y la falta de reconocimiento de sus derechos constitucionales sobre las tierras ancestrales, los «importantes retrocesos» en perjuicio de las personas migrantes, la insuficiencia de recursos destinados a prevenir la violencia de género, el fallo de la Corte Suprema aplicando el beneficio del dos por uno en crímenes de lesa humanidad, la decisión del gobierno de sacar del ámbito de la fiscalía las pruebas del atentado a la AMIA poniendo en peligro la independencia de la investigación, el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir diversas manifestaciones en las que se produjeron detenciones, lesiones e incluso la muerte de Santiago Maldonado, la detención líder indígena del pueblo wichi Agustín Santillán, y el incumplimiento de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la detención de la dirigente indígena y social Milagro Sala.

Entre los principales aspectos positivos se señalaron la aprobación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la continuidad de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y la sentencia histórica de la Cámara Federal de Mendoza condenando a prisión perpetua a cuatro exmiembros del Poder Judicial por complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Política exterior

Macri en una reunión con Donald Trump

La política exterior de Mauricio Macri fue caracterizada como «pragmática» durante la gestión de Susana Malcorra y a partir de la asunción de Jorge Faurie, hacia mediados de 2017, como «unilateralismo periférico concesivo». En ambos casos, se trata de una clara orientación hacia el alineamiento con Estados Unidos y organismos supranacionales como la OMC, en detrimento de alianzas regionales como la UNASUR.

En cuanto a las Naciones Unidas, el gobierno de Macri impulsó la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas, para suceder a Ban Ki-moon al frente del organismo. La candidatura tuvo un costo de más de un millón de pesos, provenientes de fondos del estado. La canciller dedicó gran parte de su tiempo sólo a impulsar su candidatura, viajando por varios países y teniendo a su disposición trece funcionarios.

Respecto a la Cuestión Malvinas se firmó una serie de acuerdos ratificados con el canciller británico Boris Johnson, en la reunión del G20; que dejaba en manos de los kelpers y el gobierno británico el manejo de más de 3 millones de kilómetros de plataforma marítima argentina. En el acuerdo se transfirió al gobierno colonial de las islas Malvinas la propiedad y el control de los recursos desde el paralelo 48.3 al paralelo 60, junto con el control pesquero, el manejo las licencias. El Consejo Asesor el Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, pidió a la gobernadora fueguina Rosana Bertone que inicie acciones penales contra el Ejecutivo Nacional encabezado por Mauricio Macri y el canciller Faurie «por el delito de desintegración territorial y por la cesión territorial de la jurisdicción de Tierra del Fuego y de la Argentina».

La política exterior enfocada casi exclusivamente en el mercado estadounidense ha sido calificada como «exitosa "en el juego corto"» por el ex vicecanciller Andés Cisneros (1992-1996), quien señaló que «Hay un riesgo: el de hipotecar toda la política exterior en nombre de una facturación hipotéticamente un poco mayor. Parecemos demasiado enfocados en el mercado norteamericano».

Durante sus primeros meses de mandato produjo un giro de la política exterior caracterizado por el acercamiento a Estados Unidos. Pese a ello se desató un conflicto con la importación de limones a principio de 2017 y más tarde EE. UU. anunciaba la aplicación de un arancel del 57 % a la importación del biodiésel argentino, el producto más exportado de Argentina hacia EE. UU. En 2018 Estados Unidos impuso nuevos aranceles a la industria argentina, y anunció aranceles del 25 % al acero y el 10 % al aluminio.

Elecciones presidenciales de 2019

Boletas electorales en 2019.

El proceso electoral de 2019 tuvo aristas complejas cuando las elecciones primarias PASO realizadas el 11 de agosto mostraron que los adherentes al opositor Frente para Todos (peronistas-kirchneristas) superaban con holgura al oficialista Juntos por el Cambio (macristas-radicales), hasta el punto de ser considerado por los observadores como un hecho irreversible.

El resultado de las PASO generó una situación política y económica de gran complejidad, debido a que el candidato opositor comenzó a ser considerado como el casi seguro futuro presidente, mientras que simultáneamente se daba por hecho que Macri no conseguiría la reelección, a pesar de que legal y formalmente las PASO eran estrictamente elecciones internas de cada fuerza y que solo las elecciones del 27 de octubre podían establecer quien sería el presidente a partir del 10 de diciembre. El propio Macri sostuvo que, en materia económica, su gobierno terminó el 11 de agosto, por decisión del mercado. En esas condiciones la situación económica se deterioró mucho.

Finalmente, en las elecciones del 27 de octubre, resultó vencedor Alberto Fernández, del Frente de Todos, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvieron 48.24 %. Por su parte, el presidente en ejercicio Mauricio Macri no obtuvo su reelección y resultó derrotado con un 40.28 %. La Constitución establece que si una fórmula supera el 45 % de los votos afirmativos, resulta ganadora.

Regreso del Kirchnerismo (2019-2023)

Presidencia de Alberto Fernández (2019-2023)

Fernández, en su Asunción Presidencial, junto a la Vicepresidenta entrante, Cristina Fernández de Kirchner

El 10 de diciembre de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández, miembro del Partido Justicialista y candidato del Frente de Todos. Al asumir declaró que los objetivos prioritarios de su gobierno serían luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria y sanear el fuero federal del Poder Judicial para evitar que sea manipulado por servicios de inteligencia, «operadores judiciales», procedimientos oscuros, linchamientos mediáticos y/o que este en manos del gobierno de turno.

Al asumir el gobierno más de 15 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria, cantidad que había crecido un 80 % respecto del período 2014-2016. Ante la situación alimentaria crítica de un sector sustancial de la población, una de sus primeras medidas fue crear el programa «Argentina contra el hambre» por el cual se reparten tarjetas a madres o padres con hijos e hijas de hasta seis años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH cuyo dinero sería proporcionado por el estado nacional y esa plata solo podría ser utilizada para comprar comida y bebidas no alcohólicas.

Simultáneamente, el nuevo gobierno se encontró con una situación crítica de la deuda externa, que lo ponía ante la inminencia de un «default abierto», como el que hizo estallar la Crisis de 2001, debido a que Macri tuvo una política de alto endeudamiento con pago de intereses a partir de 2020. En total, había que pagar 63 805 millones de dólares en 2020 (equivalente a 17 % del PBI de 2019) y un total de 200 145 en el período 2020-2023. El presidente Fernández inició una estrategia de relaciones con Israel, el Vaticano, las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional y varios países europeos, para generar un «clima favorable» a una renegociación de la deuda que permitiera tanto atender las necesidades sociales, como impulsar una agenda de crecimiento. Las expectativas de la prensa argentina eran muy negativas sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo con los acreedores, llegando a comparar públicamente al ministro de Economía Martín Guzmán con Sacachispas, un club de fútbol de segunda.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández anuncia el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, acompañado de los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) y Gerardo Morales (Jujuy).

Pandemia del COVID-19

Casi inmediatamente se declaró la pandemia del coronavirus. El gobierno de Macri había disuelto el Ministerio de Salud y reducido su presupuesto. El primer día de su mandato Fernández restableció el Ministerio de Salud y declaró la emergencia sanitaria. En marzo, cuando aparecieron los primeros casos en el país, Fernández se reunió con todos los gobernadores de provincia y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para acordar un esquema sanitario coordinado por la Nación y decretó una cuarentena obligatoria en todo el país que comenzó el 20 de marzo, que se flexibilizó a partir de junio, en parte porque las provincias establecieron sus propias políticas sanitarias y en parte porque un sector de la población fue dejando de cumplir las normas sanitarias preventivas, en lo que la prensa denominó una «desobediencia civil de hecho», influida por un considerable movimiento anticuarentena. Inicialmente, durante el tiempo que las medidas sanitarias se cumplían generalizadamente, la tasa de contagios y de muertes fue notablemente menor que en los países comparables de América del Sur y se mantuvo principalmente confinada en el Gran Buenos Aires. A partir de agosto, la tasa de contagio y muertes comenzó a subir, generalizándose en todo el país. Al inicio de septiembre, Argentina mantenía una tasa de mortalidad más baja que sus vecinos comparables, con 213 fallecimientos cada millón de habitantes, un resultado comparativamente mejor que Perú (890), Chile (600), Brasil (590), Bolivia (457), Colombia (410) y Ecuador (377). Sin embargo, Alberto Fernández termina su gestión siendo Argentina el país número 30 con mayor tasa de mortalidad por Coronavirus del mundo, lo que le valió fuertes críticas desde la oposición debido a considerar que tener una cuarentena considerada «extremadamente larga» relativa al mundo no sirvió para evitar que Argentina mantenga números muy por encima del promedio mundial.

El 31 de agosto el gobierno anunció un acuerdo de reestructuración del 99 % de la deuda externa, disminuyendo en 37 700 millones de dólares los pagos a realizar durante una década y reduciendo la tasa de intereses del 7 % al 3.07 %. Teniendo en cuenta dicho ahorro el gobierno informó que el presupuesto 2021 contemplaría un déficit del 4.5 % del PIB.

El 29 de diciembre de 2020, el ministro de Salud, Ginés González García, anunció el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 gracias a la llegada de un lote con 300 000 vacunas de la marca «Sputnik V», del centro nacional de investigación de epidemiología y microbiología gamaleya, proveniente de Rusia.

Más crisis

El 14 de noviembre de 2021, el Frente de Todos gobernante perdió su mayoría de bancas en el Congreso, siendo la primera vez que el peronismo pasa a estar en minoría parlamentaria en casi 40 años, tras los resultados de las elecciones legislativas de Argentina de 2021. La victoria de la oposición, liderada por Juntos por el Cambio limitó el poder del presidente Fernández durante sus últimos dos años de mandato. Al perder el control del Senado le dificultó realizar nombramientos clave, incluidos los del poder judicial. También lo obligó a negociar con la oposición cada iniciativa que envía al legislativo.

El 15 de marzo de 2022, el presidente Alberto Fernández, durante la inauguración de la renovación de la estación Tortugitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en Malvinas Argentinas, anunció que el viernes 18 de marzo empezaría la «guerra contra la inflación en la Argentina», con contexto de que la guerra de Ucrania había disparado los precios de los alimentos y afectado la economía mundial. Sin embargo la inflación no se redujo, ya que la inflación interanual pasó de 52.3 % en febrero, a 64 % en junio.

El 2 de julio, el ministro de economía, Martín Guzmán, con la inflación en aumento y una creciente crisis interna en el gobierno, renunciaría a su cargo, debido a que no pudo hacer un acuerdo con el presidente Fernández para subir tarifas, bajar la inflación y el déficit fiscal, y pérdida de confianza con el crédito público. Fue reemplazado por Silvina Batakis el 4 de julio. La renuncia de Guzmán tuvo un fuerte impacto en el mercado financiero, donde el peso tuvo una devaluación, en sus distintos tipos de cambio, provocando que la inflación mensual aumente a 7.4%, la más alta en veinte años, alcanzando el 71% interanual.

La ministra Batakis renunciaría 24 días después de asumir, siendo reemplazada por Sergio Massa, haciendo una reestructuración del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta entonces a cargo de Daniel Scioli y Julián Domínguez, que fueron degradadas a secretarías y puestas bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta suerte de fusión de tres ministerios le valió el apodo de «superministro» por parte de los medios de comunicación. Asumió formalmente como ministro el 3 de agosto.

El 11 de noviembre, el ministro Sergio Massa, lanzó el programa «Precios Justos» (en realidad, se renombró el programa «Precios Cuidados»), con el objetivo de controlar la inflación, mediante el congelamiento de precios de más de 1700 productos, de los que no podían tener aumentos mensuales mayores a 4%, además de advertir que las empresas que no se adhieran al programa, iban a «perder mercado porque los argentinos van a elegir pagar precios que sepan de sus productos». El programa originalmente se extendería desde noviembre hasta febrero de 2023, pero debido al aumento de la inflación, se decidió extenderlo hasta el final de su mandato.

Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

El 1 de septiembre, a las 20:49 (UTC-3), Cristina Fernández de Kirchner llegó a su domicilio luego de presidir una sesión en el Senado de la Nación. Fernández se encontraba saludando a sus seguidores y firmando ejemplares de su libro Sinceramente en el exterior de su domicilio, cuando, a las 20:52, Fernando André Sabag Montiel apuntó una pistola marca Bersa del calibre 7.65mm a la cabeza de la mandataria. Montiel accionó dos veces el gatillo pero ninguno de los cinco cartuchos útiles dispuestos del cargador estaba en la cámara de la misma. El arma tiene el número de serie dañado. Según señaló en sede judicial, la vicepresidenta no se percató del atentado hasta que regresó a su domicilio. Durante los hechos y posteriormente, los simpatizantes de la vicepresidenta continuaron en el lugar de los hechos entonando cánticos en su respaldo.

Fin del periodo

La elección presidencial de 2023 se presentó como una «elección de tres tercios», con tres candidatos principales a la Presidencia: Sergio Massa, candidato oficialista de Unión por la Patria; Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio; Javier Milei, de La Libertad Avanza. Otros dos candidatos con menores posibilidades fueron Juan Schiaretti, de Hacemos por Córdoba y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. La campaña electoral se destacó por el auge de fake news y conspiraciones entre los espacios políticos. Juntos por el Cambio acusó a La Libertad Avanza de ser un invento para dividir al «voto antiperonista», y ser funcional al ellos «("Milei es Massa")». En cambio, desde Unión por la Patria se acusó a Mauricio Macri de haber financiado la campaña de Milei y hacer pactos con él «("Milei es Macri")». En paralelo, desde La Libertad Avanza se afirmaba que Juntos por el Cambio y Unión por la Patria eran equivalentes, «("la casta política")», concentrando la crítica sobre Patricia Bullrich, haciendo foco en su pasado guerrillero como integrante de Montoneros, acusándola de «terrorista que ponía bombas en jardines de infantes».

Las elecciones presidenciales de 2023 necesitaron dos vueltas (balotaje), por segunda vez en la historia argentina. La primera vuelta se realizó el 22 de octubre, resultado primero el peronista Sergio Massa (36.6 %) por el oficialista Unión por la Patria, segundo el libertario Javier Milei (29.99 %) por La Libertad Avanza y tercera Patricia Bullrich (23.8 %), por la alianza Juntos por el Cambio (PRO-Unión Cívica Radical-Coalición Cívica ARI).

La segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de noviembre, concluyó con una victoria de Milei con el 55.65 % de los votos, sobre Massa, con un 44.35 % de los votos. La vicepresidenta electa fue Victoria Villarruel, del Partido Demócrata. La victoria de Milei significó el inicio de un gobierno «Liberal-Libertario» anarco-capitalista, el primero en la historia mundial.

Por su parte, el presidente saliente Alberto Fernández terminó su mandato con elevados índices de desaprobación a su gestión e imagen negativa (alrededor del 80 %), y su presidencia ha sido considerada, tanto de sectores dentro del peronismo como ajenos, como una de las peores de la historia argentina.

Véase también

• Historia de América
• Globalización

Enlaces externos

• Pigna, Felipe. «Historia Argentina». El Historiador. 
• Luna, Félix. «Todo es Historia». Todo es Historia. Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015. Consultado el 24 de septiembre de 2015. 
• Escudé, Carlos; Cisneros, Andrés. «Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas». El Historiador. 

• Datos: Q60824862