Función pública

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La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la actividad de los funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado.

En este caso, tales funciones públicas pueden ser realizadas por el Estado por razón de que la ley las pone a su cargo o al menos prevé su realización en un Estado de Derecho o bien por la voluntad unilateral o soberana de un Estado que no se rige por tales normas (una monarquía absoluta o un Estado totalitario). El Estado puede realizarlas de manera directa o de manera indirecta, mediante la participación de particulares (ya sean concesionarios -obra pública y sus contrataciones- u otros tipos de relación de trabajo o servicios).

La condición jurídica de estas relaciones tiene distintas peculiaridades según las legislaciones o la aplicación de estatutos previamente definidos, que matizan los actos unilaterales del Estado e introducen distintos tipos de expresión de la voluntad del trabajador o prestatario de los servicios. El tipo de acto contractual o cláusulas limitadoras se han calificado de actos de condición o de unión más que de adhesión, dado que la capacidad negociadora de las partes está interferida por cuestiones que pueden tener incluso consecuencias constitucionales.[1]

Ética en la Función Pública[editar]

En Argentina existe la Ley de ética en la función pública, Ley 25.188, que establece las reglas de conducta que deben seguir todos los funcionarios públicos y regula la presentación de declaraciones juradas e incompatibilidades de los funcionarios. Esta Ley de ética se aplica a todas las personas que cumplen una función pública, aunque hayan sido designadas de manera directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, a los empleados del Estado y a los jueces de la Nación.[1]

La declaración jurada patrimonial que deben presentar los funcionarios es un documento que debe incluir la lista detallada de todos los bienes del funcionario, de todos los bienes del esposo o esposa del funcionario o de la persona que convive con él, de todos los bienes de los hijos menores del funcionario y de todos los bienes de alguna sociedad de hecho del funcionario; aunque estén en el extranjero. Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y los candidatos a cargos nacionales electivos deben presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y los funcionarios del Poder Legislativo y del Poder Judicial deben presentar sus declaraciones juradas en las dependencias que indiquen cada uno de esos poderes, que luego envían las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción. Si el funcionario no presenta su declaración jurada la autoridad que debe recibirla debe intimar al funcionario para que presente la declaración jurada en un plazo de 15 días. Si el funcionario no cumple con la intimación, comete falta grave y se le deben aplicar sanciones, incluso se puede suspender el cobro de su sueldo hasta que cumpla con su obligación.

Las declaraciones juradas son públicas y pueden ser consultadas por todas las personas por medio de internet, aunque algunos datos tienen carácter reservado y, por eso, sólo se pueden conocer a pedido de autoridad judicial o la Oficina Anticorrupción, por decisión fundada del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La Ley de ética en la función pública establece que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos o donaciones por sus funciones, y en caso que reciban alguno por razones de cortesía o por costumbre diplomática, deben registrarlos para que luego el regalo forme parte del patrimonio del Estado. La prohibición es para cosas y también para servicios o cesiones de uso, por ejemplo: prestarle una casa quinta para que pase el fin de semana.


Extinción de dominio[editar]

En Argentina la extinción de dominio es un instrumento que permite al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos, en donde el acusado de cometer un delito pierde la propiedad del bien. La Justicia Federal Civil y Comercial toma la decisión sobre la extinción de dominio, y debe intervenir el juez del domicilio del demandado o el juez del lugar donde se encuentran los bienes.[2]

La extinción de dominio se puede aplicar sobre los bienes que el acusado tiene desde una fecha posterior al delito que se investiga en la causa penal y que no tienen relación con sus ingresos legítimos, pueden ser bienes muebles o inmuebles, registrables o no registrables, y están incluidos los documentos o instrumentos jurídicos que prueban la propiedad o derechos sobre bienes, todos los bienes que pueden valorarse en dinero y los ingresos, rentas o ganancias provenientes de los bienes derivados del delito. Los bienes deben provenir de los siguientes delitos: narcotráfico, terrorismo y financiamiento de actividades terroristas, corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, corrupción, encubrimiento, administración y tráfico de bienes de origen ilegal o asociación ilícita para cometer alguno de los delitos incluidos en la lista.

Véase también[editar]

Notas[editar]