Diferencia entre revisiones de «Clientelismo político»
Sin resumen de edición |
Etiqueta: posible pruebas |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.17sidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades. |
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.17sidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades. |
||
Durante el período de la República Parlamentaria el resultado de las elecciones dejó de depender del presidente, quedando en manos de los partidos políticos. Los partidos armaron máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios, comprando a regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Esto detonó el florecimiento de la corrupción electoral, que en ocasiones llegaba a casos tales como el hacer sufragar a los muertos, falsificar los escrutinios y robar actas y urnas.12 |
|||
== Estructura del clientelismo == |
|||
En el clientelismo los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la [[ley]], sino que bajo una apariencia legal se utilizan discrecionalmente por los detentadores del poder político; normalmente se corresponde con figuras penadas jurídicamente como ''[[prevaricación]]'' o ''[[corrupción política|corrupción]]''. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que éste se halla [[institución|institucionalizado]] —en el sentido sociológico del término— como [[patrón de comportamiento|patrón]] regular de [[interacción social|interacciones]], conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores (O'Donnell: 1997). |
|||
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.13 |
|||
=== Hábito clientelar === |
|||
La relación de los clientes no se apoya solo en su interés por los favores que pueden recibir a cambio de su adhesión, sino que está basada en la concepción que estos se forman a partir de su experiencia del funcionamiento del poder, y en las expectativas que así desarrollan. El elemento material y puntual de [[trueque|intercambio]] del clientelismo tiene así un efecto persistente sobre las expectativas sociales y políticas de los participantes; si bien la relación entre cliente y patrón se inicia a través de un "favor fundacional" (Auyero, 1997), mediante el cual el patrón —posiblemente a través de un ''[[Puntero político|puntero]]'' o ''mediador''— brinda una prestación al cliente, no es este el factor más importante en la constitución del sistema, sino el conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que la experiencia repetida, directa e indirecta de estas relaciones provoca en los clientes. |
|||
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.14 |
|||
Estos factores consolidan la relación, y disimulan su carácter de transacción; al igual que el [[don (antropología)|don]] de las sociedades primitivas, en el cual la separación en el tiempo de los regalos recíprocos disimula el hecho de que se trata de una forma de intercambio de equivalentes, en el clientelismo la irregularidad y falta de simetría de las prestaciones escamotea su carácter económico. Puesto que cliente y patrón (o mediador) se conocen personalmente, y la concesión de prestaciones se realiza de manera individualizada, la relación clientelar se confunde con las afinidades personales dadas por la pertenencia común a [[red social|redes sociales]], familiares, étnicas, religiosas o deportivas. Los factores subjetivos vinculan más estrechamente a patrones/mediadores con sus clientes, y se transforman en indispensables para que la relación clientelar no se quede en un simple hecho mercantil (Trotta, 2002). |
|||
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras.15 También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.16 |
|||
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.17 |
|||
== Relaciones de dominación == |
== Relaciones de dominación == |
||
Revisión del 16:06 18 oct 2016
El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
Durante el período de la República Parlamentaria el resultado de las elecciones dejó de depender del presidente, quedando en manos de los partidos políticos. Los partidos armaron máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios, comprando a regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Esto detonó el florecimiento de la corrupción electoral, que en ocasiones llegaba a casos tales como el hacer sufragar a los muertos, falsificar los escrutinios y robar actas y urnas.12
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.13
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.14
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras.15 También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.16
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.17sidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades.
Durante el período de la República Parlamentaria el resultado de las elecciones dejó de depender del presidente, quedando en manos de los partidos políticos. Los partidos armaron máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios, comprando a regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Esto detonó el florecimiento de la corrupción electoral, que en ocasiones llegaba a casos tales como el hacer sufragar a los muertos, falsificar los escrutinios y robar actas y urnas.12
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.13
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.14
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras.15 También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.16
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.17
Relaciones de dominación
Sin embargo, la relación entre cliente y patrón no es simétrica: existe en ella una neta dominación, motivada por las dotaciones sumamente desiguales de capital social, simbólico y económico de patrones y clientes. Además de las diferencias producidas por el acceso desigual al poder estatal o económico, es la posición histórica de los agentes en el campo clientelar —su reconocimiento público como "necesitados" o "dispensadores"— lo que le da el carácter de un espacio históricamente constituido, con instituciones específicas y leyes propias de funcionamiento.
Posiciones en el campo
La explicación del sistema clientelar como un campo —en lugar de como una estructura estable de roles, en la tradición estructural-funcionalista— permite explicar que las posiciones de los actores cambien a partir de una compleja serie de cuestiones; por ejemplo, el poder del patrón puede verse amenazado por el ingreso de un patrón alternativo, o por circunstancias especiales, como las vísperas de un acto electoral, donde necesita el voto de los clientes de la red, quienes —aprovechando la coyuntura favorable— adquieren mayor fuerza en la negociación. Incluso la dinámica propia de una red clientelar podría generar que un actor modifique su posición, pasando de cliente, en virtud de la confianza obtenida de su patrón, en mediador, con lo cual suma capital para moverse dentro del campo.
Cada participante del campo clientelar tiene objetivos propios. Los clientes buscan respuestas a sus necesidades básicas inmediatas, los mediadores pueden motivarse por diferentes cuestiones —desde adscripción partidaria o ideológica hasta el mantenimiento de un empleo estatal—, y patrones buscan a su vez acumulación política, como objetivo estratégico, y acumulación electoral, como objetivo coyuntural.
La acumulación política incluye tanto la búsqueda de adhesiones que legitimen su rol de dirigentes políticos como la construcción de aparatos que otorguen la posibilidad de acrecentar su poder político. El patrón no obtiene recursos económicos de la red, sino que amplía su base de sustentación para mantener su carrera. Esa acumulación debe concretarse, hacerse visible, en un momento concreto: los comicios, cuando el poderío del patrón debe ratificarse.
Clientelismo y sistema político
Patrón y mediadores no aportan privadamente los recursos que sustentan los intercambios, sino que los toman del ámbito estatal; generalmente, patrón y mediadores también están allí insertos. Las prestaciones sociales —en particular aquellas que no están disponibles universalmente, como planes diferenciales de subsidios o becas— son los recursos generalmente considerados como medios típicos de la redistribución clientelar.
Los patrones suelen ser gobernantes o legisladores; los mediadores, parte de la plantilla de ministerios, municipios o legislaturas (ver nepotismo). Esa es otra característica propia del clientelismo: se ejerce a partir de la estructura burocrática o del aparato público estatal (Trotta, 2002). Del Estado provienen por lo general los recursos que aceitan los intercambios clientelares, y es también el ámbito de actuación de patrones y mediadores; el clientelismo moderno tiene su base en él, constituyéndose en una variante de privatización de lo público. De acuerdo a la influente definición de Javier Auyero, el clientelismo «[depende] de una tercera parte para su continuación (aquí refiriéndose al patrón político, representado por un político en particular o por una estructura estatal). Los incentivos materiales necesarios para el desarrollo de la relación vienen del afuera y son producto de un balance de poder específico entre el mediador y el patrón político exterior» (Auyero, 1997).
En los estados clientelistas, se relega el derecho como instrumento de gobierno. La vigencia del derecho está determinada por el grado de preponderancia de los vínculos clientelistas. En los estados puramente patrimoniales, las relaciones clientelistas desplazan al derecho como medio de gobierno. La ley y las instituciones dependen del capricho de quienes ostentan el poder, y la norma no guía la conducta de los individuos. Las personas dejan de ser iguales ante la ley: el trato depende de la relación con los que ostentan el poder. El estado de derecho es un medio para lograr una falsa legitimidad, un instrumento de manipulación, y a veces, de represión.
Illusion
Los objetivos propios de cada actor son asimilables a lo que Pierre Bourdieu define como interés específico, pero al mismo tiempo es imprescindible un interés (illusio) propio del campo clientelar; la illusio es la convicción de que actuar en ese campo tiene una importancia primordial, que a su vez es indispensable para que el campo funcione. Salvo excepcionalmente, la illusio no es producto de un cálculo consciente, sino una relación de creencia que estructura las formas de relación con las prácticas políticas.
Véase también
Bibliografía
- Auyero, Javier (1997). Favores por Votos. Buenos Aires: Losada.
- O'Donnell, Guillermo (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. ISBN 950-12-8901-X.
- Crevari, Esteban (2001). «La deformación de la representación». Medios de Comunicación, Partidos Políticos y Representación: Un escenario complejo. Capítulo 5 ([1]).
- Trotta, Miguel (2002). Las metamorfosis del clientelismo. Buenos Aires: Espacio.
- Torres, Pablo (2002). Votos, chapas y fideos: clientelismo político y ayuda social. Buenos Aires: Campana. ISBN 987-9125-37-1.