Constitución Política de la República de Chile de 1925

Constitución Política de la República de Chile 1925 1925
Portada de un ejemplar de la Constitución Política de la República de Chile de 1925, edición de la Imprenta Universitaria.
Tipo de texto	Constitución política
Idioma	Español
Redactor(es)	José Maza y Subcomisión de Reforma
Creación	18 de septiembre de 1925
Ratificación	30 de agosto de 1925 (plebiscito)​
Promulgación	25 de septiembre de 1925​
En vigor	18 de octubre de 1925
Signatario(s)	Arturo Alessandri Palma y ministros de Estado​

La Constitución Política de la República de Chile de 1925 fue el texto constitucional chileno vigente entre el 18 de octubre de 1925 y el 11 de marzo de 1981. Fue aprobado en un plebiscito celebrado el 30 de agosto de 1925,​ y promulgado el 18 de septiembre del mismo año.​ Entró en vigencia el 18 de octubre de 1925, y fue reformada en 1943,​ 1957,​ 1959,​ 1963,​ 1967,​​ 1970,​ y 1971;​​​ su aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de estado de 11 de septiembre de 1973, siendo modificada y derogada en parte mediante decretos leyes, hasta su total reemplazo mediante la Constitución de 1980, en rigor desde marzo de 1981.​

Su texto original contenía 110 artículos y 10 disposiciones transitorias.​ Al 11 de septiembre de 1973, poseía 113 artículos y 18 disposiciones transitorias.​

Se caracterizó por el sistema presidencial que impuso, luego de más de tres décadas de régimen pseudoparlamentario. En su redacción intervino una comisión designada y dirigida por el presidente Claudio Palma, sobre la base de un proyecto elaborado por su ministro José Maza.

Historia

Principales objetivos

Firma de la Constitución por el presidente Arturo Alessandri Palma.

• Cambiar el sistema de gobierno —régimen seudoparlamentario—, estableciendo un régimen presidencial. La elección del presidente se haría por votación directa, siendo elegido el candidato con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos; en el caso de que ninguno obtuviera la mayoría absoluta, el Congreso Pleno debía elegirlo entre los dos candidatos que hubiesen obtenido la mayoría relativa.
• Eliminar los excesos del parlamentarismo, para lo cual:
  • Se estableció la clausura de los debates parlamentarios, por simple mayoría;
  • Se otorgó al presidente la [[iniciativa exclusiva del presidente de la República de Chile|iniciativa legislativa exclusiva.
  • Se reglamentó la tramitación de la ley de presupuestos, de forma que si el Congreso no aprueba dentro de un plazo fijo el presupuesto presentado por el presidente.
• Introducir un sistema proporcional y racional para las elecciones parlamentarias.
• Crear un sistema de calificación de elecciones, con un Tribunal de derecho e independiente.
• Establecer la separación de la iglesia y del Estado, y la libertad de cultos.
• Poner a la Constitución en consonancia con los derechos sociales, en materia de trabajo, industria, obras de previsión social y salubridad, en dirección hacia un Estado social de derecho. Así, se permitió que los tributos a la riqueza fueran proporcionales o progresivos.

Contenido

La Constitución de 1925 estaba estructurada en diez capítulos.

Estado, gobierno y soberanía

La Constitución de 1925 establecía que el Estado de Chile era unitario, que su gobierno era republicano y democrático representativo. La soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que la Constitución establece.

Garantías constitucionales

La Constitución aseguró a todos los habitantes de la República se les asignaban una serie de derechos y libertades

Congreso Nacional

El Congreso Nacional se compone de dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado, cuyos miembros eran elegidos en votación directa. Para las elecciones de Diputados y Senadores debía emplearse un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos.

El mandato de los diputados aumentó de 3 a 4 años, y el de los senadores, de 6 a 8 años. El cargo de diputado o senador era incompatible con el de Ministro, subsecretario de Estado, delegado del gobierno interior o cualquier cargo de designación presidencial.

Establece el periodo de la legislatura ordinaria entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año.

Presidente de la República

El Presidente de la República ejercía las funciones de jefe de Estado y Gobierno. Era electo por sufragio directo por un periodo de 6 años, sin reelección inmediata. Los ministros de Estado, altos funcionarios, intendentes y gobernadores, eran designados por el Presidente y permanecían en sus cargos mientras contaran con la confianza de éste o sean familiares. Los embajadores, generales y almirantes, eran nombrados por el Jefe de Estado, pero con acuerdo del Senado. El Presidente, también nombraba a los jueces de los tribunales ordinarios de Justicia a propuesta en terna de las Cortes de Apelaciones, en caso de funcionarios y jueces inferiores; en terna de la Corte Suprema de Justicia, en caso de ministros de las Cortes de Apelaciones; y en quina de la Corte Suprema, para el nombramiento de sus propios integrantes. Este sistema buscó asegurar eficazmente la independencia de la magistratura, cuyos nombramientos no dependían ahora de un órgano político, como el suprimido Consejo de Estado, encargado en la Constitución de 1833 de hacer las propuestas de nombramientos judiciales.

Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de Elecciones

Tribunal Constitucional

Por la reforma del año 1970,​ se creó un Tribunal Constitucional, compuesto de cinco integrantes, llamados ministros, que duraban cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Tres de ellos eran designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y dos por la Corte Suprema de entre sus miembros. Desempeñaba las funciones de secretario del Tribunal quien servía el cargo de secretario de la Corte Suprema.

Tribunal Calificador de Elecciones

Un tribunal especial, denominado Tribunal Calificador de Elecciones, conocía de la calificación de las elecciones de presidente de la República, de diputados y de senadores.

Poder Judicial

Una ley especial determinaría la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República Chilena.

Gobierno interior del Estado

Para efectos del gobierno interior del Estado, el territorio nacional se dividía en provincias, las provincias en departamentos, los departamentos en subdelegaciones y las subdelegaciones en distritos.

El gobierno superior de cada provincia residía en un Intendente. El gobierno de cada departamento reside en un Gobernador, subordinado al Intendente de la provincia. Las subdelegaciones eran regidas por un Subdelegado, subordinado al Gobernador del departamento, y nombrado por éste.

Régimen administrativo interior

Para efectos de la administración interior, el territorio nacional se divide en provincias y las provincias en comunas.

La administración de cada provincia residía en el Intendente, quien debía ser asesorado por una Asamblea Provincial, de la cual sería su presidente. La administración local de cada comuna o agrupación de comunas establecida por ley, residía en una municipalidad.

Reforma de la Constitución

La reforma de las disposiciones constitucionales se sometería a la tramitación propia de un proyecto de ley, salvas las excepciones que se indican en el capítulo X. El proyecto de reforma necesitaba para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio.

Reformas constitucionales

Año 1943

• Ley 7727, de 23 de noviembre de 1943, que limitó la iniciativa parlamentaria en lo relativo a gastos públicos y aumentó las materias de iniciativa exclusiva del presidente; estableció la autorización para dictar decretos de emergencia económica —2% constitucional—; otorgó rango constitucional, como órgano autónomo del Estado, a la Contraloría General de la República, e incluyó al Contralor como funcionario que podía ser objeto de una acusación constitucional.​

Año 1957

• Ley 12548, de 30 de septiembre de 1957, que autoriza la doble nacionalidad con España y reforma otros aspectos relativos a la cancelación de la carta de nacionalización y pérdida de la nacionalidad chilena.​

Año 1959

• Ley 13296, de 2 de marzo de 1959, que aumentó a 4 años la duración de los cargos de regidores municipales.​

Año 1963

• Ley 15295, de 8 de octubre de 1963, sobre la toma de posesión material de bienes expropiados por causa de utilidad pública, expropiación de predios rústicos abandonados o que estuvieren manifiestamente mal explotados, y que autorizó el pago diferido de la indemnización correspondiente.​

Año 1967

• Ley 16615, de 10 de enero de 1967, que modificó el artículo 10 Nº 10, sobre el derecho de propiedad, para efectos de la reforma agraria. De ese modo, redefinió la garantía constitucional del dominio —de «inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna» a «derecho de propiedad en sus diversas especies»—, fijando qué intereses se tomarían en cuenta en la determinación del monto de la indemnización y modificando las reglas generales sobre el pago de ésta, autorizando el pago diferido y estableciendo que la ley determinaría su forma y condiciones; también dispuso que la ley podría reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas y autorizó a expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que fueren de propiedad particular.​
• Ley 16672, de 2 de octubre de 1967, que creó una décima agrupación senatorial, de Chiloé, Aysén y Magallanes, aumentando de 45 a 50 los miembros del Senado y, asimismo, sumó 3 diputados, a las agrupaciones de la zona austral, aumentando los miembros de la Cámara de Diputados a 150.​

Año 1970

• Ley 17284, de 23 de enero de 1970, que rebajó la edad para ejercer los derechos de ciudadano de 21 a 18 años y otorgó el derecho a sufragio a los analfabetos; que autorizó al presidente de la República para dictar disposiciones con fuerza de ley, previa delegación del Congreso Nacional mediante ley —incorporando constitucionalmente la figura de los decretos con fuerza de ley (DFL), ya existentes en la práctica—; que reformó las reglas sobre ausencia del territorio nacional del presidente y de los ministros de Estado; que aumentó la iniciativa exclusiva del presidente en materias económicas y sociales; que reformó el procedimiento de formación de la ley —adiciones o correcciones a los proyectos en trámite, urgencias, comisiones mixtas de las Cámaras del Congreso, veto y promulgación—; que creó el Tribunal Constitucional, e introdujo la facultad del presidente para convocar a plebiscito en caso de rechazo de una reforma constitucional.​

Año 1971

• Ley 17398, de 9 de enero de 1971,​ que incorporó el denominado «Estatuto de Garantías Democráticas», entre otros aspectos, con la finalidad de:
  • Asegurar el libre ejercicio de los derechos políticos dentro del sistema democrático y republicano.
  • Reconocer y regular a los partidos políticos, a objeto de asegurar su independencia y su adecuado funcionamiento, en un marco de pluralismo político.
  • Modificar o explicitar diversos derechos o garantías constitucionales, tales como la libertad de expresión y de información de los medios de comunicación social, limitando la posibilidad de expropiación, el derecho de reunión, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas, la libertad de trabajo y su protección, y la libertad sindical.
  • Reconocer la libertad de enseñanza, establecer un «Sistema Nacional de Educación», constitucionalizando la reforma educacional de 1967, crear la Superintendencia de Educación Pública, y reconocer una serie de derechos en la Educación Superior a los académicos —libertad de cátedra, ingreso y promoción en la carrera académica— y a los estudiantes.
  • Incorporar el derecho a la seguridad social, establecer una garantía general en orden a que el Estado adoptará las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, y el deber de éste de velar por salud pública y el bienestar higiénico del país,
  • Consagrar el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objetivo de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional, y establecer un régimen jurídico general para las organizaciones sociales.
• Establecer que la fuerza pública estaría constituida únicamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, estableciendo el régimen de incorporación de sus dotaciones.
• Ley 17420, de 31 de marzo de 1971, que estableció el derecho a sufragio para los extranjeros, mayores de 18 años y con una residencia de más de 5 años en el país, para las elecciones municipales.​
• Ley 17450, de 16 de julio de 1971, que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre en Chile, estableciendo que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, pudiendo ser objeto de concesiones de exploración o de explotación y fijando los derechos de los concesionarios.​

Véase también

• Plebiscito Constitucional de 1925
• Historia del constitucionalismo chileno

Bibliografía

• Carrasco Delgado, Sergio (1980). Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. Tercera edición actualizada 2002. ISBN 956-10-1405-X. 
• Valencia Avaria, Luis (1986). Anales de la República: textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 2ª edición. 

Enlaces externos

• Wikisource contiene obras originales de o sobre Constitución Política de la República de Chile de 1925.
• Texto original de la Constitución Política de la República de 1925 en Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional.
• Texto de la Constitución Política de la República de 1925, vigente al año 1977 en Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional.
• Texto original de la Constitución de 1925.
• Constitución Política de la República de Chile promulgada el 18 de septiembre de 1925 en Memoria Chilena.

Predecesora: Constitución Política de 1833

Constitucionalismo de Chile Constitución Política de 1925

Sucesora: Constitución Política de 1980