Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020

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Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020
Diputados para el período 2021-2026
Domingo 6 de diciembre de 2020
Tipo Parlamentaria, nivel nacional
Cargos a elegir 277 diputados
Período 5 de enero de 2021 al 5 de enero de 2026

Demografía electoral
Votos nulos Imagen

Resultados
Gran Polo Patriotico Simon Bolivar.png
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar
Blue flag waving.svg
Alianza Democrática
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Venezuela Unida
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Alternativa Popular Revolucionaria
Lightblue flag waving.svg
Soluciones para Venezuela

Totalidad de escaños a elegir
Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020

Coat of arms of Venezuela.svg
Presidente de la Asamblea Nacional

Las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020 están convocadas para el 6 de diciembre de 2020[1]​ y renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional. Los diputados electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones,[2]​ por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026.[k]

Los partidos opositores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios y sostuvieron que probablemente sean fraudulentos. 27 partidos firmaron el acuerdo, incluyendo a los partidos principales Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.[3]

La oposición ha criticado la designación del Tribunal Supremo de Justicia de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, señalando que es competencia de la Asamblea Nacional, y al menos siete partidos políticos han sido intervenidos judicialmente, incluidos a Acción Democrática, Primero Justicia, y Voluntad Popular.[4]​ Los políticos opositores Henrique Capriles y Stalin González inicialmente hicieron un llamado a participar en las elecciones, pero se retiraron posteriormente para exigir mejores condiciones electorales.[5]​ Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un pacto unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular».[6]

El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas.[7]​ El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó una renovación del CNE que «socava la credibilidad del próximo proceso electoral»,[7]​ y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la designación «ilegal» del CNE y recordó que se necesitan unos organismos independientes para celebrar unas elecciones «justas, libres y transparentes» en el país.[8]​ La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, indicó que «las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos» y «nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición».[9][10]

Antecedentes[editar]

Para principios del año 2018, Nicolás Maduro había planteado realizar las elecciones parlamentarias junto con las elecciones presidenciales; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que indicó que realizar ambas elecciones no era posible por falta de logística y tiempo.[11]

En febrero del 2019, Maduro volvió a plantear la idea de unas elecciones parlamentarias adelantadas con el fin de que se realicen a finales de ese mismo año.[12]

El 7 de marzo de 2020 hubo un incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Filas de Mariche. Tibisay Lucena, presidenta del organismo, anunció la pérdida de 582 computadoras, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 49.323 captahuellas y 127 boletas que iban a desincorporarse.[13]​ Andrés Caleca, exrector del CNE, afirmó que en materia de hardware el CNE «está en cero», y que en el incendio se perdió la infraestructura electoral, las maquinarias y capta huellas y la capacidad operativa para programar las máquinas.[14]

A mediados de 2020, los políticos opositores Henrique Capriles y Stalin González, hicieron un llamado a participar en las elecciones. Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un Pacto Unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular en Venezuela».[6]​ Después de haberse reunido con Guaidó, la líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazando la propuesta de una consulta, criticando la incapacidad de Guaidó por sacar a Maduro del poder, y destacando la importancia de una opción militar.[15]Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, catalogó como «surrealista» la propuesta de María Corina.[16]

En septiembre Nicolás Maduro anunció que los militares buscarían a los electores a sus casas para votar como parte de un «plan de bioseguridad», al igual que rechazó la posibilidad de posponer las elecciones.[17]

Posteriormente Capriles y Stalin González se retiraron de las elecciones con el objetivo de presionar para lograr mejores condiciones electorales.[5]

Designación del CNE por el TSJ[editar]

El 16 de septiembre de 2019 un grupo de partidos minoritarios de la oposición, desligadas de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, firma un acuerdo con el oficialismo en la sede de la cancillería. Los firmantes opositores fueron Timoteo Zambrano, en representación del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano; Claudio Fermín, en representación de Soluciones para Venezuela; Luis Agusto Romero, del partido Avanzada Progresista; y Felipe Mujica y Leopoldo Puchi, en representación de Movimiento al Socialismo. Entre los puntos acordados se encontraba la confirmación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.[18][19]

En octubre del 2019, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de la designación del comité de postulaciones de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).[20]

En enero de 2020, el constituyente Hermann Escarrá afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) podía designar a los rectores principales del CNE.[21]​ En marzo, Javier Bertucci declaró que la Asamblea Nacional Constituyente podía designar a los integrantes del CNE, afirmando que sería un gran error permitirlo, y exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional a repetir la elección de la junta directiva.[22]​ Bertucci aseguró que si para el 20 de marzo no se llegaba a un acuerdo, los integrantes de la mesa de diálogo introducirían un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar omisión legislativa.[23]

En mayo, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, encargado de designar a un nuevo CNE, anunció que suspendería sus actividades indefinidamente por causa de la pandemia de COVID-19.[24]​ La noche del 12 de junio, el TSJ designó a los nuevos cinco rectores del organismo electoral.[25]Indira Alfonzo Izaguirre funge como presidenta del mismo y Rafael Simón Jiménez en el cargo de vicepresidente. También se designó a Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra como rectores principales, y mantuvo el cargo la rectora Tania D’Amelio. Juan Guaidó rechazó el procedimiento del TSJ y afirmó que la Asamblea Nacional es la única con derecho a escoger la comisión electoral. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, llamó al desconocimiento de la comisión dictada por el TSJ.[26]

El 30 de junio, el CNE designado por el TSJ acordó aumentar a 277 el número de diputados elegibles para la Asamblea Nacional y anunció que los comicios parlamentarios se realizarían en diciembre de 2020.[27]

Suspensión de directivas de partidos políticos[editar]

El 27 de agosto de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva del partido Copei para designar una mesa directiva presidida por Miguel Salazar.[28]​ Previamente, la Asamblea Nacional Socialcristiana eligió presidir a Mercedes Malavé el 27 de marzo de 2019.

En el mes de enero de 2020, los diputados José Brito y Conrado Pérez introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la directiva de Primero Justicia después de haber sido expulsados del partido, exigiendo que se les «restituyeran sus derechos» dentro de la organización política, y que además se nombrara a una nueva directiva «que resida en el país» y convocara a elecciones dentro del partido. Los diputados fueron atendidos por el presidente de la sala constitucional y la reunión duró poco más de una hora. En las afueras del Tribunal Supremo, un grupo de alrededor de doscientas personas se concentraron en apoyo a los diputados. Horas antes se entregaron camisas alusivas al partido, la mayoría aparentemente nuevas y varias personas entrevistadas manifestaron desconocer los motivos de la concentración o en qué consistía el recurso presentado. En algunos casos afirmaron haber sido llevados en autobús y no sabían decir con precisión desde hace cuanto tiempo pertenecían al partido o ignoraban que el diputado Luis Parra no se encontraba en el lugar.[29]

En mayo, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia declarar al partido Voluntad Popular como una «organización terrorista», y por ende la ilegalizacion del partido.[30]​ Voluntad Popular rechazó dichas acusaciones.[31]

El 15 de junio el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva del partido Acción Democrática para designar una mesa directiva presidida por José Bernabé Gutiérrez, días después de que su hermano José Luis Gutiérrez fuera designado por el TSJ como rector del Consejo Nacional Electoral. El primero fue expulsado del partido al día siguiente.[32][33]

El 17 de junio el TSJ procedió a tomar la misma medida con el partido Primero Justicia y designó junta directiva ad hoc presidida por José Brito, quien estaría encargado de la designación del resto de los cargos de Primero Justicia y de las autoridades regionales, municipales y locales.[34]

El 7 de julio el TSJ también suspendió la junta directiva del partido Voluntad Popular, convirtiéndose en la tercera organización política intervenida judicialmente en el último mes, designando una junta directiva ad hoc presidida por José Gregorio Noriega, previamente expulsado de Voluntad Popular. El TSJ también dictaminó que Noriega «podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio» del partido y suspendió las expulsiones de tanto de Noriega como de Guillermo Luces y Lucila Pacheco, integrantes de la nueva junta.[4]

El 20 de julio, el Tribunal Supremo suspendió la junta directiva del Movimiento Republicano y nombró una junta directiva ad hoc presidida por Manuel Rivas. La junta directiva ad hoc del partido podrá utilizar el carnet electoral, logotipo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de partido.[35]

El 18 de agosto el Tribunal Supremo intervino adicionalmente al partido Tupamaro, de extrema izquierda, y le ha entregado la dirección del partido a una junta ad hoc para usar las sedes, siglas, la tarjeta electoral, los símbolos y los emblemas electorales del partido.[36]​ La intervención tuvo lugar después de que el partido anunciara una alianza electoral sin el PSUV.[37]​ El 21 de agosto el Tribunal Supremo hizo lo mismo con el partido Patria Para Todos, de izquierda heterodoxa, el cual también había anunciado una alianza electoral sin el PSUV,[38]​ y posteriormente el Tribunal intervino el 26 de agosto al partido Bandera Roja y a Compromiso País, entregándole las direcciones de ambos partidos a una junta ad hoc.[39]

Después de que Henrique Capriles hiciera un llamado a la participación en las elecciones, el TSJ revirtió la intervención al partido Primero Justicia, quitándole la directa a José Brito. Luego de la sentencia, Primero Justicia ratificó que no participaría en las elecciones.[40]

Amenazas y ataques[editar]

El 10 de agosto colectivos tomaron con palos, botellas y gases lacrimógenos las dos sedes principales en Caracas de Acción Democrática: en La Florida y en El Paraíso. Al menos cuatro periodistas resultaron heridos durante los sucesos.[41]

Después de que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) anunciara su separación del Gran Polo Patriótico, junto con otros partidos como Patria Para Todos (PPT), y una nueva plataforma llamada Alternativa Popular Revolucionaria (APR), el PCV denunció la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en su sede en Puerto Cabello, estado Carabobo.[37]

Durante la campaña electoral, distintos candidatos y dirigentes de la APR han sido víctimas de detenciones, agresiones físicas, despidos laborales e incluso de amenazas de muerte.[42][43][44][45]​ Asimismo, el PCV ha denunciado irregularidades en los simulacros electorales como aparición de candidatos que no corresponden a los postulados por la APR.[46]​ De igual manera, han denunciado censura mediática contra sus candidatos y propuestas.[47][48][49]

El 26 de noviembre de 2020 es asesinado Waldo Santeliz, candidato de Primero Venezuela.[50]​ Esta organización responsabilizó como «presunto autor intelectual» a Michel Duque, exalcalde chavista de Santa Isabel, estado Trujillo.[50]

Críticas[editar]

Para noviembre de 2019, los diputados opositores Juan Guaidó y Stalin González, junto con el ex-rector del CNE Vicente Díaz, declararon que una elección no resolvería la crisis nacional.[51][52][53]​ Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que la oposición del país no participaría en ningún espacio que no contribuyera con la solución de la crisis por la que pasa Venezuela.[51]

Para mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación aseguraron que superar antes de celebrar un proceso electoral para la fecha planeada de diciembre de 2020, incluyendo problemas tecnológicos, condiciones y falta de acuerdos entre los factores políticos, diciendo que las elecciones para 2020 lucían poco viables.[54]

En julio, las organizaciones electorales Súmate y Voto Joven denunciaron que durante la jornada de actualización e inscripción del registro electoral las medidas de bioseguridad, incluyendo poca o ninguna desinfección del equipo, como los captahuellas, y de los insumos, como bolígrafos los bolígrafos; el uso incorrecto del tapabocas, la ausencia de guantes y el incumplimiento del distanciamiento social.[55]

El 29 de julio un grupo de ex autoridades del extinto Consejo Supremo Electoral introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo para pedir la suspensión de las normativas aprobadas por el CNE. Los solicitantes fueron Andrés Caleca, Eduardo Roche Lander, Ildemaro Martínez, Rafael Lander y Egleé González Lobato.[56]

El 2 de agosto los partidos políticos que conforman la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, informando sobre la decisión mediante un comunicado, expresando no estar dispuestos a participar en unos comicios con probabilidad de ser fraudulentos y en el que se han denunciado irregularidades y haciendo un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados del proceso. El comunicado fue firmado por 27 partidos en los que se encuentran todas las bancadas que tienen diputado en la Asamblea Nacional y dos partidos de representación indígena.[3]

Los partidos que firmaron el documento fueron Acción Democrática, Alianza del Lápiz, Aprisal, Bandera Roja, Camina, Copei. Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, GuajiraVen, Izquierda Democrática, La Causa R, Moverse, Movimiento Republicano, NUVIPA, Parlinve, Movimiento por Venezuela, PDUPL, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Sociedad, Un Nuevo Tiempo, Unidad NOE, Unidos Para Venezuela, Vanguardia Popular, Voluntad Popular y Unidad Política Popular 89.[3]

Un grupo de exdirectivos del Consejo Nacional Electoral, juristas, políticos y expertos presentaron ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de amparo solicitando la nulidad de la convocatoria de os comicios, pidiendo tiempo para organizarlos de forma «razonable y honrada». La iniciativa fue acompañada por una recolección de al menos 8.000 firmas en unos pocos días.[57]

En septiembre, organizaciones de la sociedad civil lanzaron la plataforma Venezuela Documenta para apoyar a los ciudadanos en los «reportes y registros de las incidencia y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país». La iniciativa está formada por la Red Electoral Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven, Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social.[58]

Representación indígena[editar]

El exgobernador del pueblo indígena kariña Wilson Espinoza y el integrante del Comité de Derechos de la Guajira José Marín han protestado en contra del Reglamento Especial para la Elección de los Diputados Indígenas a la Asamblea Nacional publicado el 24 de julio por el Consejo Electoral, sosteniendo que eliminó el voto directo de la minoría indígena, que redujo drásticamente el peso de la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias y que impone a este grupo la votación de segundo grado.[59]

El 26 de julio, en un comunicado público, Espinoza afirmó que la referida norma fue redactada y publicada sin consultar al directorio electoral, sin considerar las sugerencias y propuestas de los grupos indígenas, y advirtió que el plazo de 30 días establecido por el reglamento para la realización de las asambleas comunitarias, selección de voceros, asambleas generales y escogencia a mano alzada de los diputados que los representarán en la AN es irreal e imposible de cumplir, además de constituir un alto riesgo de contagio de COVID-19.[59]

Posición internacional[editar]

El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, los Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas.[7]

En un comunicado, los miembros del Grupo de Lima declararon que rechazan y desconocen designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, calificándola como «ilegal» y sosteniendo que «vulnera abiertamente la constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y para el retorno de la democracia en Venezuela».[7]

El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó una renovación del CNE que «socava la credibilidad del próximo proceso electoral». Esta declaración pública fue acordada por Bolivia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, la Unión Europea y siete de sus Estados miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia.[7]

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la designación «ilegal» del CNE y recordó que se necesitan unos organismos independientes para celebrar unas elecciones «justas, libres y transparentes» en el país.[8]

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, en una actualización del consejo de derechos humanos, indicó que «las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos» y «nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición».[9][10]

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente español Felipe González condenaron la toma violenta de las sedes de Acción Democrática en Caracas.[41]

En septiembre la Unión Europea rechazó la invitación de Nicolás Maduro de enviar una misión de observación para los comicios electorales, reiterando que el oficialismo no ha cumplido las «condiciones mínimas» para que el proceso sea considerado «creíble y transparente».[60]

Sistema electoral[editar]

En la sentencia del 5 de junio del 2020 que declaraba la omisión legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia decidió «desaplicar» los artículos 14, 15, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 186 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), como respuesta al recurso presentado por Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y otros,[61]​ en los que solicitaron la modificación del mecanismo de circunscripción especial indígena y la incorporación de un Cociente Electoral Nacional.[62][63]​ El 12 de junio el mismo tribunal sentenció que los cambios legislativos acordes debían ser realizados por el Consejo Nacional Electoral designado en la misma sentencia.[64]

Por decisión del Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral de Venezuela sustituyó la figura del observación internacional por un «acompañamiento conveniente».[65]

Número de escaños[editar]

El 30 de junio la presidente del CNE, Indira Alfonzo, anunció la normativa correspondiente, consistente en la ampliación de 93 escaños proporcionales con respecto a los actuales para un total de 144 por esta categoría —distribuidos entre listas estadales a través de las cuales se elegirán 96 diputados y una nueva lista nacional para la adjudicación de 48 diputados adicionales—, y 20 escaños nominales que suman 133, siendo 277 todos los diputados a elegir.[66]​ Siendo[67]​:

Entidad Número de diputados
Lista Nominales Total
Distrito Capital 5 8 13
Amazonas 3 3 6
Anzoátegui 4 7 11
Apure 3 3 6
Aragua 5 7 12
Barinas 4 7 11
Bolívar 4 6 10
Carabobo 6 10 16
Cojedes 3 3 6
Delta Amacuro 3 3 6
Falcón 3 4 7
Guárico 3 4 7
La Guaira 3 3 6
Lara 5 8 13
Mérida 3 4 7
Miranda 8 11 19
Monagas 3 4 7
Nueva Esparta 3 3 6
Portuguesa 3 4 7
Sucre 4 3 7
Táchira 4 5 9
Trujillo 3 4 7
Yaracuy 3 3 6
Zulia 10 15 25
Nacional 48 48
Venezuela 144 133 277

Las listas estadales son cerradas y para la asignación de esaños se utiliza el sistema D'Hont; lo mismo ocurre con la lista nacional; sin embargo, la votación para la misma es indirecta y se calcula sumando los votos de las listas estadales del partido o grupo de elector que a su vez propone una lista a nivel nacional.[68]​ Los diputados nominales se eligen en circunscripciones uninominales o plurinominales según el nivel poblacional, con tantos votos como cargos haya para elegir; las circunscripciones nominales se mantienen en las mismas 87 divisiones del territorio nacional utilizadas para las elecciones anteriores.[69]

Representación indígena[editar]

Entre los artículos de la LOPRE que dejarán de aplicarse, están relacionados con las condiciones, requisitos y formas en la que se elegirán los representantes indígenas al parlamento. De acuerdo con el CNE, la desaplicación tiene el objetivo de «reivindicar las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas». La nueva normativa del CNE establece un sistema totalmente nuevo de votación, en el que la votación directa y personal se reemplaza por un sistema de delegados que votarán en nombre de las comunidades indígenas, eliminando la elección en primer grado que ha existido en los procesos anteriores, a excepción de la elección especial para la Asamblea Constituyente de 1999.[70]

El Consejo Electoral estableció que las comunidades indígenas deberán organizarse en una estructura que llamó «asambleas comunitarias», las cuales se reunirán y funcionarán de acuerdo con el cronograma que establezca el CNE. Las reuniones también deben contar con la presencia de un «agente de coordinación electoral» que designará el Consejo Electoral y será el responsable de la documentación que se emita en las asambleas. Esas asambleas comunitarias deberán elegir entonces un número no determinado todavía de voceros, los cuales a su vez irán a unas asambleas generales en las que procederán a elegir a los diputados indígenas que les corresponda, según la región en la que se encuentran, en nombre de su comunidad en una votación de segundo grado. La votación se realizará el día de la elección ante la presencia de testigos de organizaciones indígenas postulantes que asistan al acto y del coordinador electoral que designe el CNE. El acto del voto se realizará «a mano alzada» y los votos se reflejarán en un acta que posteriormente será llevada a la Junta Regional Electoral y a la Oficina Regional Electoral de la entidad respectiva. El Consejo Electoral procederá luego a totalizar todas las actas recibidas; el candidato que reciba la mayoría relativa de votos de los voceros será elegido como diputado.[70]

La normativa viola los artículos 3 (personalización del voto) y 16 (derecho al voto nominal) de la LOPRE, y los artículos 5 (soberanía ejercida indirectamente mediante el sufragio) y 63 (voto universal, secreto y directo, y garantizar personalización del sufragio) de la constitución. Los cambios que realizó el CNE también violan el artículo 298 de la constitución, el cual prohíbe modificar la Ley de Procesos Electorales en los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones. Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, los cambios realizados son ilegales porque no ofrece una elección directa y secreta como establece la constitución.[70]

Cronograma electoral[editar]

El 1 de julio de 2020, la directiva del Concejo Nacional Electoral mediante rueda de prensa, convocó a elecciones parlamentarias para el día 6 de diciembre del mismo año, anunciando los puntos más importantes del cronograma electoral que regirá estos comicios.[71]

N.º Actividades Fechas Estatus Ref
Inicio Final
1 Jornada especial de registro electoral 13 de julio de 2020 26 de julio de 2020 Realizado Sí
2 Selección de organismos subalternos 23 de julio de 2020 Realizado Sí
3 Presentación de postulaciones de candidatos 10 de agosto de 2020 4 de septiembre de 2020[l] Realizado Sí [72]
4 Realización de 15 auditorías 14 de agosto de 2020 21 de enero de 2021 En desarrollo
5 Simulacro electoral 11 de octubre de 2020 y 15 de noviembre de 2020 (2do simulacro) Realizado Sí [73]
6 Feria electoral 2 de noviembre de 2020 30 de noviembre de 2020 En desarrollo
7 Campaña electoral 21 de noviembre de 2020 5 de diciembre de 2020 En desarrollo
8 Elecciones parlamentarias 2020 6 de diciembre de 2020 Por realizar

Candidaturas[editar]

Organizaciones participantes[editar]

Para estos comicios el Consejo Nacional Electoral habilitó un total de 107 partidos políticos, de los cuales 30 son organizaciones nacionales, 53 de carácter regional, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales. Asimismo, el poder electoral informó que fueron postulados más de 14 000 candidatos por parte de las organizaciones con fines políticos.[74]

Entre las organizaciones participantes están:

Encuestas[editar]

Fecha Encuestadora GPPSB AD PJ VP VV MUD[m] UNT COPEI Otro Indeciso Ninguno
21 ago 2020 Hinterlaces[n] 56% 13% 26% 26%
Julio de 2020 Delphos 22.9% 30.8% 19.3% 14.4% 12.6%
Junio de 2020 ICS 35.1% 17.0% 9.8% 38.1%
26 ago-6 sep de 2019 Pronóstico 13.9% 3.3% 5.1% 10.5% 5.0% 0.4% 1.7% 0.2% 1.7% 58.0%
6-15 jun 2019 Pronóstico 12.8% 4.0% 5.5% 10.9% 2.8% 0.4% 1.9 % 0.4% 1.2% 59.2%
Mayo de 2019 Datanálisis 11.1% 8.5% 3.2% 4.2% 0.8% 4.4% 2.0% 2.0% 3.2% 59.2%
17 mar 2019 DatinCorp 17.6% 8.2% 6.1% 7.0% 1.3% 1.0% 49.2%
Marzo de 2018 Datanálisis 18.1% 2.2% 0.9% 1.0% 0.2% 8.0% 1.8% 1.4% 4.8% 60.1%

Notas[editar]

  1. La tarjeta de Patria Para Todos fue inscrita ante el CNE por la junta directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, medida que no es reconocida por una parte del partido, la cual reclama para sí la dirección de la organización.
  2. La tarjeta de Tupamaros fue inscrita ante el CNE por la junta directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, medida que no es reconocida por una parte del partido, la cual reclama para sí la dirección de la organización.
  3. La tarjeta de Acción Democrática fue inscrita ante el CNE por la junta directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, medida que no es reconocida por una parte del partido, la cual reclama para sí la dirección de la organización.
  4. Si bien el MOVEV no forma parte propiamente dicho de la Alianza Democrática, los candidatos presentados por esta tarjeta en las listas regionales y nominales son las mismas de la coalición.
  5. La tarjeta de Primero Justicia fue inscrita ante el CNE por la junta directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, medida que no es reconocida por una parte del partido, la cual reclama para sí la dirección de la organización. La medida fue revertida, aunque permanecen inscritos los candidatos postulados por la dirección nacional encabezada por José Brito.
  6. La tarjeta de Voluntad Popular fue inscrita ante el CNE por la junta directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, medida que no es reconocida por una parte del partido, la cual reclama para sí la dirección de la organización.
  7. Si bien la tarjeta de esta organización política es utilizada por la directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, la mayoría de su militancia ha decidido apoyar a los candidatos del PCV.
  8. Si bien la tarjeta de esta organización política es utilizada por la directiva ad hoc del partido impuesta por el TSJ, parte de su militancia ha decidido apoyar a los candidatos del PCV.
  9. No habilitado para participar en estas elecciones, pero apoya candidatos postulados en alianza con el Partido Comunista.
  10. No habilitado para participar en estas elecciones, pero apoya candidatos postulados en alianza con Soluciones para Venezuela.
  11. Disposiciones constitucionales sobre el Poder Legislativo Nacional:
    Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

    Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

    Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará hasta el quince de agosto. El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.
  12. La fecha limite inicial para la Presentación de postulaciones de candidatos fue anunciada para el 19 de agosto. Sin embargo, el CNE otorgó una primera extensión hasta el 26 de agosto y una segunda extensión hasta el 4 de septiembre.
  13. tarjeta ilegalizada
  14. Encuestadora dirigida por el constituyente Oscar Schemel

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Elecciones en Venezuela: el CNE convoca las controvertidas parlamentarias para el 6 de diciembre y la oposición dice que no participará BBC - 1º de julio de 2020
  2. Ministerio Público de Venezuela (19 de febrero de 2009). «Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 20 de diciembre de 1999 y su Enmienda N° 1 del 19 de febrero de 2009». Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2015. Consultado el 1 de julio de 2015. 
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Enlaces externos[editar]