Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia

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Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos
DGMJDTRGA.png
Logotipo de la Dirección General

Información general
Tipo Dirección General
Fundación 30 de noviembre de 2001 (17 años)
País EspañaFlag of Spain.svg España
Organización
Director General Sofía Duarte Domínguez[1]
Dependiente de Secretaría General de la Administración de Justicia
Entidad superior Ministerio de Justicia
Sitio web

La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, oficialmente Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos es un órgano directivo de la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. Se encarga principalmente del control de los bienes de propiedad estatal derivados de procesos judiciales así como la investigación y recuperación de bienes por orden judicial. También se encarga de impulsar la modernización tecnológica de la Administración de Justicia.

Esta dirección general asume las funciones patrimoniales que le son conferidas a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Historia[editar]

La historia de esta dirección general se remonta al año 2001. En mayo de ese año, los dos principales partidos del Congreso de los DiputadosPartido Popular y Partido Socialista, que agrupaban el 90% de los escaños— firmaron un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia que tenía como objetivo «despolitizar la justicia y acercarla al ciudadano». Esto se haría mediante la modificación de una veintena de leyes para modificar las competencias de los altos tribunales, introducir criterios de productividad en las retribuciones de jueces y fiscales e informatizar y reorganizar la oficina judicial para agilizar los procesos.[2]

Para dar cumplimiento a este pacto, en noviembre de 2001 se crea directamente dependiente de la SEJUS la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia para «para la planificación y coordinación de las distintas políticas públicas y actuaciones administrativas relativas a la modernización de la Administración de Justicia, así como para la progresiva implantación en su organización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, uno de los grandes ejes del programa de acción del Departamento para los próximos años»[3]

El nuevo gobierno en 2004 consideró innecesaria una dirección general independiente para estas funciones y las integró en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.[4]​ Esta decisión fue revertida en la legislatura siguiente recuperando la dirección general que ahora pasaba a depender de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.[5]

Se suprimió de nuevo en 2012, pasando sus funciones a la SGAJ, a la Subsecretaria y a la DGRN[6]​ y se volvió a recuperar en 2018, asumiendo no solo sus funciones tradicionales sino también las funciones de la ORGA creada en 2015.[7]

Estructura y funciones[editar]

De esta Dirección General dependen los siguientes órganos, a través de los cuales ejerce sus funciones:[8]

  • La Subdirección General de Programación de la Modernización, a la que corresponde la dirección, coordinación y demás competencias respecto de los Secretarios de Gobierno y de los demás integrantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; la ordenación de la cuenta de depósitos y consignaciones, en relación con las funciones de los Letrados de Administración de Justicia; la centralización y consolidación de la información estadística que deba recibir el Ministerio de Justicia a través de los Secretarios de Gobierno y los Letrados de la Administración de Justicia, la participación en la elaboración del Plan Estadístico Nacional en materia judicial, así como el tratamiento y seguimiento de las estadísticas relacionadas con la Administración de Justicia y el apoyo a la Comisión Nacional de Estadística Judicial; la elaboración de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la Justicia y para la implantación de la Oficina Judicial, de las Unidades Administrativas y de la Oficina Fiscal, así como la evaluación de su proceso de implantación; el diseño de la estructura básica de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal y la aprobación de forma definitiva de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y fiscales en todo el territorio del Estado; la implantación y evaluación de programas de calidad de los servicios en las oficinas judiciales y fiscales; la organización y el funcionamiento de las oficinas judiciales y fiscales; y el impulso y apoyo técnico a la Comisión de Implantación de la Oficina Judicial.
  • La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, que asume la planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas; y el impulso y la gestión de los expedientes de contratación de tecnologías de la información y comunicación del ámbito de competencias de la SGAJ.
  • La Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, órgano al que le corresponde la gestión del Registro Central de Penados, del Registro Central de Rebeldes Civiles, del Registro Central de Responsabilidad Penal de Menores, del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, del Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes y del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como la gestión de cuantos otros registros se creen por la legislación vigente que sirvan de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y el impulso para su modernización y su conexión con otros países de la Unión Europea.
  • La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes, competente en la identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su puesta a disposición judicial, de conformidad con la normativa vigente. En el ejercicio de estas funciones y dentro del marco de la encomienda judicial o del Ministerio Fiscal, se coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de otras entidades públicas o privadas. Asimismo, asume el intercambio de información patrimonial con oficinas análogas en el ámbito internacional.
  • La Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes, a la que corresponde el mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, cuando hayan sido intervenidos o embargados judicialmente, así como de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Asimismo, es el órgano encargado de la destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente. También asume la elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes gestionados, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico; la realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos cuya gestión se le haya encomendado judicialmente en el ejercicio de la actividad de recuperación y gestión de activos tras el decomiso de los mismos, salvo que se hayan inscrito a nombre del Estado en el correspondiente Registro de la Propiedad o Registro de Bienes Muebles o que proceda su afectación o adscripción a un órgano u organismo público, a cuyo efecto cursará la correspondiente propuesta a la Dirección General del Patrimonio del Estado para su tramitación; la adjudicación del uso de los bienes o efectos incautados o embargados, siempre que el órgano judicial haya autorizado su utilización provisional; la función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito; y la gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones resultante de la actividad de recuperación y gestión de activos.

Directores generales[editar]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Real Decreto 822/2018, de 6 de julio, por el que se nombra Directora General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a doña Sofía Duarte Domínguez.». www.boe.es. Consultado el 29 de octubre de 2018. 
  2. País, Ediciones El (1 de junio de 2001). «El PP y el PSOE firman el pacto de Estado para 'despolitizar la justicia y acercarla al ciudadano'». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  3. «Real Decreto 1321/2001, de 30 de noviembre, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.». boe.es. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  4. «Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.». boe.es. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  5. «Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.». boe.es. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  6. «Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.». boe.es. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  7. «Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.». boe.es. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  8. «Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales.». www.boe.es. Consultado el 29 de octubre de 2018.