Derecho al olvido

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El derecho al olvido es un concepto relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen. En aplicación de este concepto, se hacen solicitudes de supresión, bloqueo o desindexación de información que se considera cierta pero obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo. Este concepto puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión e información.

El derecho al olvido en los informes comerciales[editar]

El derecho al olvido se ha difundido ampliamente en muchos países con la cuestión de los informes crediticios. La primera norma en tratarlo fue la Fair Credit Reporting Act aprobada por el Congreso Federal en 1970 en los Estados Unidos, que admite en ciertas situaciones la eliminación de la información antigua o caduca.

España[editar]

La ley española de protección de datos personales (LOPD), regula el derecho al olvido en materia de ficheros de morosos en el art. 29.4 que dispone "Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos".

Argentina[editar]

En la Argentina, primero fue reconocido judicialmente en un leading case, le siguieron varios fallos de la cámara comercial y luego la ley de protección de datos personales lo cristalizó en el art. 26 de la ley 25.326.[1]​ Luego de su expreso reconocimiento legal, el instituto se fue afianzando en la jurisprudencia. El problema aquí era claro: la gente contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan 20 años, el crédito está prescripto, el banco no puede reclamar, pero el poder de la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora. Tiene la opción de pagar la deuda (prescripta) para que lo borren y así poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la información negativa.

Chile[editar]

De igual manera, existen limitaciones al uso de datos comerciales y financieros de los titulares de los mismos. La materia se encuentra regulada a través de la Ley N.19.628, sobre Protección a la Vida Privada, en relación a que pueden usarse datos de morocidad bajo determinadas circunstancias sin previo consentimiento del titular.

El derecho al olvido en Internet[editar]

La progresiva universalización de Internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos, y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede lograr borrar el pasado. Si bien los reclamos pueden dirigirse contra el medio original (medio de prensa, sitio de internet, blog, etc.) que publica el dato o la noticia para lograr la supresión de información (o su bloqueo digital por medio de robots), lo habitual es que los titulares se dirijan confidencialmente a los buscadores (en el último informe de transparencia de Google se refleja que desde el año 2014 ha recibido 671.463 solicitudes).

Reconocimiento en la Unión Europea del derecho al olvido en Internet[editar]

En Europa, desde 2014 los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[2]

Cada una de estas peticiones debe valorarse de manera individual por parte de los responsables de los motores de búsqueda , que son los responsables de tomar la decisión de aceptar o rechazar las solicitudes. Para llevar a cabo esta tarea, Google cuenta con un comité de expertos.[3]​ que se encarga de asesorar a la compañía en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido.

Si se rechaza la solicitud de derecho al olvido, el afectado puede iniciar acciones contra la compañía a fin de que se obligue a la misma (judicialmente o en el ámbito administrativo) a retirar la información, pudiendo reclamar indemnizaciones.

Casos relacionados a nivel internacional[editar]

Caso Sánchez de la Peña contra Google México[editar]

Tras la publicación en Internet, el pasado 28 de enero de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora conocido como Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Protección Pública y Protección de Datos Personales), concretó ordenar la inhabilitación de las entradas del motor de búsqueda Google México, dadas las circunstancias de la protección de datos personales, por medio de la figura Habeas Data. Se buscaba la remoción de varios enlaces, entre los cuales figuraba el artículo publicado por la Revista Fortuna, donde exhibían el episodio de fraude que involucraba a Sánchez de la Peña.

La publicación del mencionado artículo de Fortuna fue realizada durante febrero de 2007, sin embargo, Sánchez de la Peña manifestó su solicitud en julio de 2014. No obstante, Google México no atendió la solicitud del denunciante.

Tras la negativa de Google México, Sánchez de la Peña dio apertura a un proceso jurídico, usando como mecanismo competente al Instituto Federal de Acceso, tras la imposición de un procedimiento de protección de derechos contra Google México. El INAI logró resolver el caso a favor de Sánchez de la Peña.

En consecuencia, la revista Fortuna, convocando al R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), presentó una demanda de amparo en contra del INAI, por la violación de los derechos a la libertad de expresión y derecho de audiencia.

El juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no da por válida la demanda de amparo, tras llevarlo a una nueva sentencia, la R3D, lleva el caso a la siguiente instancia, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, acepta la solicitud, y emite el caso al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

A mediados de agosto de 2016, el Séptimo Tribunal, anula la sentencia del juzgado y permite el procedimiento de amparo, en el cual se resuelve el factor de inconstitucionalidad de la demanda del INAI y su apelación por el Derecho al Olvido.

Caso de la señora Gloria y la Casa Editorial El Tiempo--> Sentencia 277 del 2015[editar]

Hace aproximadamente 5 años, en Colombia se pronunció la Corte Constitucional sobre una acción de tutela impuesta por una agente de viajes conocida como Gloria, quién alegaba la violación a varios de sus derechos fundamentales, como producto de una publicación hecha por la CasaEditorial el Tiempo el 29 de agosto de 2000 titulada ¨Empresa de trata de Blancas¨. En dicho caso, se evidenció claramente un conflicto entre la libertad de expresión y la honra y buen nombre.

La señora Gloria, se vio involucrada en el caso por unos tiquetes aéreos que había vendido, y que presuntamente estaban unidos con una banda de Trata de Blancas. Cuando se empezó la investgación, se llegó a la conclusión que ella era inocente, después del vencimiento de términos. Su problema no acabó ahí, ya que después del inicdente y de la noticia publicada por El Tiempo, se le vieron violados sus derechos a la honra y al buen nombre; al la noticia seguir publicada.

Ella inició el conducto regular, y le solicito en el 2012 a El Tiempo que eliminara la noticia, ya que ella era inocente, y su dignidad y profesión se estaban viendo en conflicto, interponiendo una tutela en el 2013 revisada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez.

La corte dictaminó, que se debía quitar de Google por medio de metatags, la noticia cuando se buscaba; aunque esta todavía podía permanecer online, no con el mismo fácil acceso de antes. Esto se generó, para que se pudiera neutralizar el libre acceso a la noticia. A su vez, se llegó a la conclusión de que no se podría otorgar este derecho a personajes públicos, en la medida de que éstos pueden ser objeto de crítica de acuerdo a sus gestiones en el desempeño de sus respectivos cargos públicos, ni a las personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.

Respecto a este caso, se considera, que a la señora Gloria si se le debió otorgar el Derecho al Olvido, porque al no poderse comprobar que esta estuviera involucrada en la Trata de Blancas, ésta debía ser liberada de toda pena. Se considera importante la opinión de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), los cuales consideran que el fallo de la corte, no debería haber permitido el derecho al Habeas Data en este caso, al ser un tema que está estrechamente relacionado con crímenes de lesa humanidad.

Caso Xuxa o Maria das Graças Meneghel BRASIL

El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) fallo a favor de google en un proceso instaurado por la famosa presentadora de televisión ¨Xuxa¨ en el cual le exigía al buscador que borrara una película en la cual sostenía relaciones sexuales con un menor de 12 años.

La resolución tiene como fundamento que los buscadores no pueden actuar como jueces ante solicitudes de eliminación de información, ni podrán otorgárseles responsabilidades adicionales al proveedor de información. la responsabilidad que tiene un proveedor frente al contenido es de DEXINDEXAR los resultados de búsqueda cuando un individuo reclama con éxito el derecho al olvido

De modo que la justicia brasileña concluyo que el buscador no es el responsable de eliminar el contenido, a pesar de haberse presentado la solitud formas con base en fundamentos legales ( alejándose del criterio establecido en la Unión Europea) en este mismo orden de ideas, predico que “No podemos interferir con el buscador porque de lo contrario perderemos el contexto de la información. No podemos establecer la responsabilidad del proveedor. El contenido seguirá presente, pero cuando un proveedor enlace a un lugar donde están las fotografías, entonces este otro proveedor será responsable”. De modo que el proveedor de la información y las personas a las que va dirigido tal información son los que deben responder por el contenido que publiquen.

Se puede concluir según glovalvoices que “En este caso del fallo del STJ, la discusión es más de procedimiento: ¿Está una persona legitimada para solicitar directamente a un buscador la eliminación de contenidos?”. Decisiones, la del STJ son fundamentales para establecerán un precedente en los tribunales que tengan que resolver en casos similares en Brasil.


Sentencia T-020/2014 (Colombia)[editar]

La Corte Constitucional se pronuncia frente a una tutela impuesta por una mujer en busca de la protección de sus derechos fundamentales al habeas data, ya que argumenta que debido a la información postulada en la página web de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso legal de la condena que se le impuso (la cual ya fue resarcida y cumplida), se han vulnerado sus derechos a la dignidad humana, la igualdad, intimidad, honra y buen nombre, además de estar siendo discriminada en el ámbito laboral. El objetivo principal de la accionante, consistía en que dicha información fuese eliminada, “lo cual fue negado en primera instancia con fundamento en el deber de publicidad de las sentencias , en los términos de los artículos 74 y 228 de la Constitución Política”.

En cuanto a las decisiones por parte de La Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia es importante tener en cuenta que; la primera instancia mencionada se opuso a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta el artículo 64 de la Ley 270, el cual garantiza el acceso a los procesos legales de la administración de justicia. Añadiendo que, “la recolección, almacenamiento y circulación de ciertas manifestaciones de la información resultan legítimas, siempre y cuando no se trate de una injusta intromisión en la esfera privada de las personas”. En segundo lugar, se tuvo en consideración la sentencia C-1114 de 2003 donde se desarrolla el principio de publicidad de los actos de la administración de justicia. Finalmente, dicha Sala establece que no existe una vulneración a los derechos de la accionante, debido a que la información postulada no es falsa o errónea. Igualmente, la contestación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia de lo mencionado, el juez de instancia considera que la publicación de las providencias en la página web de la Rama Judicial sigue un deber constitucional y legal.

Sin embargo, se menciona que de acuerdo al artículo 15 de la Constitución Política se contempla como derecho fundamental, la facultad de las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos de entidades públicas y privadas. No obstante, dicho derecho fue conformando un carácter autónomo, sustentado por la sentencia SU-458 de 2012 donde se establece el “habeas data como derecho autónomo y como garantía”. En cuanto a la naturaleza y funciones de los antecedentes judiciales y del certificado judicial, el Tribunal considera que si la información ya no es requerida por autoridad judicial alguna, el formato utilizado no puede permitir que se identifique si la persona tiene o no antecedentes penales. Por consiguiente, “…la finalidad que cumple esta información, no es posible predicar de ella el denominado derecho al olvido, por lo que el dato siempre seguirá existiendo pero con la carga de no poder circular de forma masiva, en cumplimiento de los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que identifican el derecho al habeas data” (T-020/2014).

Continuamente, se trae a colación los puntos de encuentro entre el habeas data y las sentencias judiciales, concluyendo que la publicación de sentencias judiciales corresponde meramente a fines pedagógicos e informativos sobre los procesos legales que están siendo llevados a cabo. No obstante, el acceso a dicha información y los datos personales del contenido están sometidos a los principios legales administrativos con miras de proteger el derecho a la intimidad, derecho al trabajo o la reinserción de la persona en la sociedad, es decir, con los parámetros legales establecidos se asegura que no se revelen datos que expongan la identificación de las personas en cuestión.

Por lo tanto, la corte resolvió revocar la sentencia proferida el 4 de julio de 2013 por la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que denegó el amparo solicitado por la señora XX contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, por las razones expuestas en esta providencia, se concede el amparo de su derecho fundamental al habeas data, en lo que respecta a la protección de los principios de finalidad y circulación restringida. Además, ordena a la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en un plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, respecto de los soportes de la Rama Judicial, reemplace o sustituya de las versiones que se encuentra publicadas en internet de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15 de noviembre de 2000, el nombre de la accionante, por una sucesión de letras o números que impidan su identificación.

SENTENCIA T-040 2013 (COLOMBIA)

Hace más de 4 años la Corte Constitucional de Colombia se pronunció frente a una acción de tutela impuesta por el señor Guillermo en busca de la protección de varios de sus derechos fundamentales, como producto de una publicación encontrada en Google Colombia procedente de la Casa Editorial El Tiempo la cual fue publicada el 10 de junio de 1997 titulada “Los hombres de la mafia en los Llanos”. El accionante argumenta que le violaron los derechos al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana al no eliminar de sus archivos el artículo.

El señor Guillermo apareció en esta noticia debido a que la fuerza aérea en el año 1993, intercepto una aeronave en la cual encontraron material relacionado con el narcotráfico, la cual aterrizó en una pista la cual estaba bajo la responsabilidad y el manejo de una sociedad constituida por el accionante y el señor Ricardo Fajardo. Cuando empezó la investigación, se llegó a la conclusión de que no estaba involucrado con esto y que era inocente, debido a que la prescripción se había cumplido. Finalmente, el accionante presentó un derecho de petición a las empresas demandadas, en el que les solicitaba la eliminación de los registros y la seguridad de que no se volvieran a publicar. Sin embargo, ninguna de las entidades contestó el derecho de petición, y en consecuencia, no actuaron conforme a lo solicitado.

Decisiones judiciales:

                La decisión tomada e la primera instancia, es la sentencia proferida el 5 de julio de 2012, el juzgado Diecisiete (17) Civil del Circuito de Bogotá, la cual decidió negar la tutela.

En vista de esta respuesta, el abogado del actor presentó un escrito de impugnación, en el cual reitero lo dicho en la tutela y sobresaltando que se estaban vulnerando los derechos a la dignidad y buen nombre de su cliente. Frente a esto google reitero que no tenían responsabilidad pues eran solo un tener mediaría.

En ultima instancio, el Tribula Superior de Distrito, confirmo la decisión de la primera instancia y aclaro que basados en el Habeas data, si desean atacar un titular deben demostrar con exactico la veracidad de etc.

Pruebas:

                Las pruebas requeridas son las siguientes:

Copia de los certificados de existencia y representación legal de las sociedades Casa Editorial El Tiempo y Google Colombia Limitada, emitidos por la Cámara de Comercio de Bogotá

Copia impresa del artículo “Los hombres de la mafia en los Llanos”.

Declaraciones rendidas por los señores José Osvaldo Trimiño Mora y Carlos Arturo García Torres en las que se denota la honorabilidad y buen nombre del señor Guillermo Martínez Trujillo.

Certificado expedido por la Policía Nacional el 15 de febrero de 2012, mediante el cual se hace constar que el señor Guillermo Martínez Trujillo no registra antecedentes.

Copia del auto del 27 de agosto de 2003, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en el que se decreta la cesación del procedimiento.

Copia de correo electrónico del ingeniero de proyectos de la Casa Editorial El Tiempo, el señor William Soto, mediante el cual se informa sobre la información de historias publicadas en 1997, con la última modificación realizada el  3 de julio de 2012.

Copia de las aclaraciones realizadas sobre el artículo por la Casa Editorial El Tiempo, mediante las cuales se expresa que “Guillermo Martínez Trujillo fue favorecido con cesación de procedimiento”, del 4 de julio de 2012.

Es un caso de derecho al olvido, en el cual,  el accionante ha ido hasta La Corte Constitucional pues la Casa Editorial El Tiempo S.A., y Google Colombia Ltda., vulneraron los derechos fundamentales de habeas data, buen nombre, honra y dignidad humana, según lo expresa éste, al no eliminar de sus archivos y registros el artículo denominado “Los hombres de la mafia de los Llanos”, en el cual se nombra al accionante como integrante del cartel de estupefacientes.

La gran base de la creación de medios de comunicación es el derecho consagrado en la constitución de la libertad de expresión, por tanto, ellos pueden difundir noticias y opiniones igualmente que sus ideologías. Pero esta libertad de expresión es un derecho limitado, puesto que no puede ir en contravía de derechos fundamentales y constitucionales.

Existe una distinción entre derecho a la libertad de expresión y la libertad de información, por tanto: Se diferencia de la libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,  personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo, lo anterior según la sentencia T- 040 /2013, de igual manera expresa:

“La libertad de información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión son necesarias únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión. Por lo demás, es también una libertad trascendental en la democracia, pues es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés general”.

La información sobre hechos ha de ser veraz e imparcial, mientras que  en  la libertad de expresión no se encuentran estas características.

2.4.         EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN. Reiteración jurisprudencial.

Los medios de comunicación, al tener derecho a informar, tienen la obligación y responsabilidad social de contrastar los elementos fácticos de las noticias que emiten y comunicarlas de manera imparcial, sin mezclar los hechos y sus opiniones invitando al lector a sacar conclusiones erróneas. Así, los receptores tienen el derecho de rectificación, que es por una parte ‘un derecho que tiene el afectado por la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada’(corte constitucional, 2013) y por otra ‘una obligación del medio de comunicación para aclarar, actualizar o corregir la información emitida’(corte constitucional, 2013).

2.4.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido del derecho a la rectificación en casos de acciones de tutela contra medios de comunicación donde hay tensiones entre la libertad de información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, buen nombre e intimidad. Por ejemplo, en la sentencia T-512 de 1992, se analizó el caso de un señor a quien los medios de comunicación se referían como autor de un crimen sin tener aún una sentencia en su contra; estableciéndose así las siguientes premisas, que posteriormente serían reglas constantes de su jurisprudencia: (i) El derecho a la información puede ser reclamado tanto por quien emite las informaciones como por quien las recibe. Este último puede exigir que le sean entregadas con veracidad y por ello, este tiene a su cargo los deberes correlativos, (ii) del lado del receptor, la garantía del derecho a la información acarrea que ésta sea cierta –sustentada en la realidad-, objetiva –su presentación no es pretenciosa o arbitraria- y oportuna -entre el hecho y la información no media un tiempo amplio en el que la noticia pierda interés o incidencia-, (iii) la relevancia de la responsabilidad social de los medios de comunicación, la cual implica que la información que difundan sea veraz e imparcial, y (iv) la solicitud de rectificación como requisito para la realización de la acción de tutela contra el medio de comunicación. Así, el interesado en acudir a la acción de tutela, debe solicitar previamente al medio responsable rectificar la información errónea.  Sobre lo anterior se pueden resaltar las siguientes consideraciones:

“Resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una investigación con una condena’’(corte constitucional, 2013). A la luz de la Constitución, este conflicto debe ser resuelto teniendo en cuenta que, frente a la justicia, un distorsionado criterio de la libertad de información no es más valioso que el derecho a la honra.

                Se revela un quebranto del concepto sobre lo que es la libertan cuando hay informaciones falsas, tendenciosas o parcializadas, además del daño que una noticia errónea puede causar a la vida de las personas, ya que la información suministrada debe ser no solo sustentada en la realidad, sino que además debe ser presentada de manera objetiva (sin manipulación, inclinación tendenciosa o ajena a la pretensión de obtener de las informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos que las configuran).

En el mismo sentido, se pronunció la Corte en la sentencia T-066 de 1998, donde se estableció que los medios de comunicación tienen el derecho de denunciar públicamente los hechos irregulares de los que tengan conocimiento, sin la necesidad de esperar un fallo para informar un hecho delictivo. Sin embargo, al divulgar información que incrimine a una persona deben obtener de la autoridad judicial o administrativa, los elementos fácticos necesarios para corroborar la información que va a divulgar, evitando sustituir a los jueces y vulnerar los derechos fundamentales como la honra y el buen nombre.

En la sentencia T-634 de 2001, en la cual al accionante se le había relacionado con actos de corrupción en un titular de la Revista Cambio, la Corte mencionó que (2013) ‘’el derecho de rectificación es considerado como una garantía constitucional para la protección de la verdad en la comunicación pública o como un procedimiento de protección de la libertad de expresión y los derechos de la personalidad’’.

2.4.2. La libertad de información es un derecho fundamental de doble vía, cuando su titular no solo emite la información, sino también la recibe, y en esa medida, quien la difunde tiene responsabilidades que evitan la vulneración de otros derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y la honra. La responsabilidad social de los medios de comunicación implica emitir noticias veraces, y cuando estas no cumplen con los parámetros, la persona perjudicada por informaciones erróneas puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo para que se haga la respectiva corrección.

 2.3.         CASO CONCRETO 

 2.3.1.  Resumen de los hechos

2.3.1.1.  Conforme al auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, el 27 de agosto de 2003, anexado al expediente de tutela por el actor; el 11 de octubre de 1993, la aeronave Cheyene 400 LS de matrícula HK3891 fue interceptada por aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, en una pista ubicada en la finca “Matejumo” en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía (Meta). Al aterrizar la nave la tripulación huyó dejando varios elementos entre los cuales están veintiséis timbas de veinte galones cada una con contenido de una sustancia, un maletín negro con cartas de aeronavegación, tres tanques de oxígeno y tres mangueras. Se dijo que ‘’la pista que sirvió para el aterrizaje del aerodino y la tripulación del mismo, resultó ser de responsabilidad y manejo de la sociedad constituida por RICARDO FAJARDO VILLARRAGA y GUILLERMO MARTÍNEZ TRUJILLO según se hiciera constar en el certificado de existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y relativa a la Matrícula mercantil N. 513951, circunstancia esta por la que fueron vinculados los precitados caballeros” (corte constitucional, 2013).

Estos hechos se confirmaron por el apoderado del accionante señalando que el predio lo tenía el actor en arrendamiento junto con el señor Ricardo Fajardo Villarraga, para ejercer actividades de fumigación aérea. Por ello un Fiscal Delegado ante los Juzgados Regionales de Bogotá acusó al accionante como presunto infractor en calidad de autor del artículo 64 de la Ley 30 de 1986

2.3.1.2. En junio de 1997 el diario ‘’El Tiempo’’ publicó una información judicial titulada ‘’Los hombres de la mafia en los Llanos’’, donde se refería al accionante como integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes.

2.3.1.3. El 30 de octubre de 2011, el accionante digitó su nombre completo en el buscador Google Colombia y apareció como resultado la noticia del periódico El Tiempo en el que el nombre del actor aparece en una lista, como una persona a quien le emitieron orden de captura en su contra. La corte constitucional indica que (2013) “En el escrito de tutela el actor relacionó el contenido de esta noticia con los hechos del año 1993 y el proceso penal en su contra entre los años 1997 y 2003’’. Posteriormente, el apoderado advierte que ni en esta época, ni después de esta Guillermo Martínez Trujillo ha sido vinculado a investigación penal alguna.

Por ello el accionante presentó un derecho de petición el 20 de diciembre de 2011 a las empresas demandadas, solicitando eliminar los registros y asegurar que no se volviera a publicar la noticia con su nombre. Así, El Tiempo realizó la aclaración y actualización de la noticia en la que se deja constancia que al accionante, al señor Guillermo Martínez Fajardo, la autoridad judicial puso fin al proceso penal en su contra mediante cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.

Los jueces de instancia denegaron el amparo solicitado, El Tiempo había realizado la aclaración y actualización de la noticia, y que en gracia de discusión, no se había acreditado el error o la inexactitud de la información emitida que presuntamente lo perjudicaba.

2.3.2.  Examen de procedencia de la acción de tutela 

2.3.2.1.                          Legitimación por activa 

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991  habla acerca de las personas que están legitimadas para presentar la acción de tutela. Al respecto, señala: 

"Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos (…)”’’ (corte constitucional, 2013). 

El señor Guillermo Martínez Trujillo ejerció acción de tutela por considerar que la denegación de las entidades a su petición, vulnera sus derechos fundamentales.

2.3.2.2.                          Legitimación por pasiva

Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede contra las autoridades públicas cuyas acciones afecten derechos fundamentales de una persona.

Específicamente, el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, en su numeral séptimo especifica que al solicitarse rectificación de informaciones erróneas, se debe anexar la copia de la publicación y de la rectificación solicitada, en condiciones que aseguren su eficacia.

Según la corte constitucional (2013) “la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.”

En primer lugar, en el caso, la acción de tutela es procedente al ser un particular que ejerce el derecho de información como medio de comunicación, del cual se dice que la información divulgada ha vulnerado derechos fundamentales de alguien. En segundo lugar, los medios de comunicación son organizaciones que tienen poder sobre el público receptor, y frente a ellos las personas se encuentran en un estado de indefensión. Por ello la Corte Constitucional  ha establecido que (2013) ‘’existe una presunción del estado de indefensión de los accionantes frente a los medios de comunicación, y por tanto, no es necesario demostrarlo, en razón del enorme poder de impacto con que aquellos cuentan, dada su influencia en los diversos ámbitos de la vida social’’.

Además, la Sala advierte que en el caso, el responsable de la información emitida y su rectificación es el medio de comunicación, es decir, la casa Editorial El Tiempo. Por ello, a quien procede realizar la rectificación, en dado caso, es a esta entidad. Por otro lado, para la Sala, Google Colombia S.A. no es responsable de la noticia publicada, ya que esta empresa presta un servicio de búsqueda, y no es quien redacta lo que en la red se publica, por lo cual no se le puede dar la responsabilidad sobre la veracidad de dicha información.

De esta manera, no es competencia de Google rectificar, corregir, eliminar o complementar la información que arroja una búsqueda, sino del medio de comunicación que la publica.

2.3.2.3. Principio de inmediatez

Otro requisito para la acción de tutela es la oportunidad para hacer uso de esta. La tutela se usa para: i) restablecer los derechos fundamentales vulnerados, ii) evitar un prejuicio irremediable al haber una amenaza real a los derechos. Por ello el accionante debe pedir protección de sus derechos en un plazo prudencial.

Para cuando se solicita la rectificación directamente al medio de comunicación y no ha sido realizada o se realizó de manera incorrecta la corte ha establecido criterios (2013) para la aplicación del principio de inmediatez:

“(i) Son dos los requisitos que debe llenar la solicitud de rectificación ante el medio de comunicación: (a) la solicitud debe ser formulada de manera oportuna y (b) en la solicitud debe señalarse de modo explícito los puntos en donde el interesado considera que existió una información errónea; (ii) La acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable para evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. (iii) La razonabilidad del término está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”

En este caso, aunque la información fue publicada en 1997 se dio cumplimiento al requisito de inmediatez de la acción de tutela, ya que la solicitud de rectificación fue presentada 2 meses después de que el accionante tuvo conocimiento de la noticia. Además, la acción de tutela se presenta tres meses después de la solicitud de rectificación, terminó también razonable ya que el accionante estaba esperando respuesta de las entidades.

2.3.2.4. Principio de subdiariedad

La única condición para acceder a la acción de tutela en un caso donde se solicita la rectificación es que el interesado adjunte la información cuestionada y haya acudido al medio de comunicación. Para cuando se plantea el desconocimiento de los derechos fundamentales se ha previsto instrumentos para su protección como las acciones civiles y penales. Sin embargo  “no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse a un tipo penal determinado” (corte constitucional 2013). Por lo que la rectificación previa Es una herramienta que ofrece la oportunidad al medio de rectificar o aclarar la información.

Lo único que se requiere para la instauración de la tutela es una petición de rectificación previa por parte del demandante. En el caso concreto se encuentra que el accionante hizo dicha petición precisando el contenido que afectaba sus derechos.

2.3.3. Análisis de la vulneración alegada.

La sala debe analizar si la Casa Editorial El Tiempo vulnera los derechos habeas data, buen nombre, honra y dignidad humana a Guillermo Martínez Trujillo, al no elimina el artículo donde se le menciona como integrante del cartel de estupefacientes.

Antes que nada la sala aclara que el derecho habeas data no es aplicable al caso ya que éste se centra en la información difundida por medio de comunicación y no en la información de una base de datos regulada por la ley estatutaria.

2.3.3.1. La sala considera necesaria la transcripción de la noticia cuestionada para la formulación de algunas precisiones.

“ LOS HOMBRES DE LA MAFIA EN LOS LLANOS”

En diciembre de 1995 se dejó al descubierto la existencia de un cártel de drogas que ha crecido silenciosamente en los Llanos Orientales. Se encontraron documentos por la policía que se utilizaron como evidencia para que la fiscalía emitiera 29 órdenes de captura. Estas personas deberán responder por narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

2.3.3.2. El actor asegura que la razón por la que fue nombrado en la noticia fue gracias a la investigación iniciada en su contra en 1993 por una aeronave abandonada dentro de una pista de aterrizaje titulada a su nombre. Según la Corte Constitucional (2013) “Como consecuencia que en el año 2003 se declaró la cesación del procedimiento en su contra por prescripción de la acción penal, el accionante afirma que la información que aún aparece en la página ya no corresponde a la realidad, y por ende, exige que se elimine del archivo del medio de comunicación”.

2.3.3.3. Que es una lectura juiciosa de la noticia se desprende la descripción de un contexto general sobre un presunto cartel de la mafia en los Llanos orientales. Se describen los descubrimientos que se han dado en esta región sobre operaciones de tráfico. Sin embargo la Sala nota que la noticia no se centran nunca en la investigación del actor sino que sólo los nombra como un integrante del “Cartel de los Llanos” por tener en su contra una investigación penal al aparecer vinculada con el contexto descrito.

2.3.3.4. De esta manera Es evidente que las partes no cuestionan que al momento de la emisión de la noticia se presentaba el contexto escrito, además de que la información sobre el accionante no era errónea en su momento. Así el actor expresa que la realidad actual no encaja con la descrita en la noticia, por lo cual “advierte la Sala que la inconformidad del accionante no se enfoca en el contexto descrito en la noticia por el periodista, sino en que su nombre no haya sido retirado luego de la cesación del procedimiento penal y que haya sido relacionado, por esa sola acusación, a ser perteneciente a un cartel de la mafia en los Llanos, como es presentado por el titular de la noticia y posteriormente en el listado de vinculados a procesos penales” (Corte Constitucional, 2013).

2.3.3.5. La Sala considera que la forma cómo fue presentada la noticia desconoce el principio de veracidad de la libertad de información y vulnera los derechos fundamentales al buen nombre y la honra.

2.3.3.6. Cabe recordar que los medios de comunicación deben ejercer su actividad conforme a su responsabilidad social, por lo que deben emitir información veraz e Imparcial, distinguir los hechos de opiniones y realizar las rectificaciones que se soliciten con fundamento. El afectado por informaciones falsas tiene derecho a tener del medio que las haya difundido la correspondiente rectificación.

Resuelve:

Primero se revoca el fallo de segunta instancia, el cual confirmaba el primer fallo y en su lugar concede el amparo de los derechos findamentales al buen nombre  y honra del señor Guillermo Mrtinez Trujillo.

Y segundo se ordena a la casa editorial El Tiempo modificar el título de la noticia, modificar la frase que presenta el listado de quienes tienen investigación por los hechos referidos e incluir un relato de los hechos y razones por las cuales se incluyó el nombre de Guillermo Martínez al final de la publicación.

Y tercero líbrense por secretaria las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.  

Libros

  • PERE SIMON CASTELLANO (2012). El régimen constitucional del derecho al olvido digital (ed.): Tirant Lo Blanch,, VaLencia, España. ISBN 978-84-9033-005-0. 
  • PERE SIMON CASTELLANO (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE efectos tras la sentencia del TJUE (ed.): Bosch,, Barcelona, España. ISBN 978-84-9033-005-0. 
  • JUAN ANTONIO GALLO SALLENT (2015). El Derecho al Olvido en Internet: Del Caso Google al Big Data (ed.): CreateSpace,, Barcelona, España. ISBN 978-1511412124. 

Artículos

  • PALAZZI, Pablo, El reconocimiento en Europa del derecho al olvido en Internet, La Ley, 2014-C-407 (Argentina).
  • Villena Saldaña, David (2014). Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea.  Contratexto, 23, 2015; pp. 259-269.
  • ¡Ganamos! Tribunal Anula Resolución Del INAI Sobre El Falso «Derecho Al Olvido»". R3d.mx. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.
  • Villanueva, Ernesto et al. "Derecho Al Olvido - Proceso". Proceso. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.
  • Derecho Al Olvido En Internet: ¿Censura O Negocio En México?". Animal Político. N.p., 2017. Web. 19 May 2017.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. ley 25.326
  2. «El tribunal de la UE respalda el ‘derecho al olvido’ en Internet». El País. 12 de mayo de 2014. Consultado el 12 de mayo de 2014. 
  3. «Conoce a los miembros del comité de expertos de Google sobre el Derecho al olvido». 11 de septiembre de 2014. Consultado el 11 de septiembre de 2014. 

Enlaces externos[editar]