Democracia directa

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Una asamblea (Landsgemeinde) del cantón suizo de Glaris, en 2006.

La democracia directa, llamada también democracia pura,[1] es una forma de democracia en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Dependiendo de las atribuciones de esta asamblea, la ciudadanía podría aprobar o derogar leyes, así como elegir a los funcionarios públicos. La democracia directa contrasta con la democracia representativa, pues en esta última, el poder lo ejerce un pequeño grupo de representantes, generalmente elegidos por el pueblo. La democracia deliberativa incorpora elementos de la democracia directa y la democracia representativa.

Muchos países que poseen democracias representativas, permiten formas limitadas de democracia directa, como son la iniciativa popular, el referéndum (plebiscito) y la revocatoria. La iniciativa popular permite a los ciudadanos presentar peticiones a los poderes del Estado para que un determinado asunto público sea tomado en consideración, como puede ser una reforma legislativa o incluso constitucional. El referéndum puede emplearse para aprobar o rechazar una determinada ley. La revocatoria da al pueblo el derecho de destituir de su cargo a los funcionarios electos antes de finalizar su mandato.

Historia[editar]

Los primeros registros que se conservan de democracia directa provienen de la antigua democracia ateniense, comenzando en 507 a. C. Esta experiencia duró aproximadamente dos siglos, durante los cuales el poder recayó en una asamblea en la que estaban todos los ciudadanos varones que no eran esclavos ni extranjeros. Los cargos públicos eran elegidos por sorteo, y un representante elegido por la asamblea se encargaba de liderar el ejército de la ciudad, llamado estratega.

Debido al tamaño reducido de la ciudad-estado de Atenas por aquel entonces (en torno a las 45.000 personas) y a las restrictivas condiciones para ser considerado ciudadano (sólo los varones lo eran) y, por tanto, para poder participar en la vida política de la ciudad, minimizaban las dificultades logísticas inherentes a esta forma de gobierno.

También hay que tener en cuenta la historia de la Antigua Roma, en la que los ciudadanos realizaban y aprobaban las leyes, que comenzó en torno a 449 a.C. y duró aproximadamente cuatro siglos, hasta la muerte de Julio César en 44 a.C, aunque muchos historiadores ponen el fin de la República romana en el año 43 a.C., con la aprobación de una ley llamada Lex Titia. Según algunos historiadores, el hecho de que los ciudadanos tuvieran el protagonismo de hacer las leyes fue un factor importante que contribuyó al auge de Roma y la civilización grecorromana.

Después de estos antecedentes lejanos en el tiempo, esta forma de gobierno ha sido muy poco utilizada. Ha habido algunos intentos efímeros desde entonces, pero no al nivel de trascendencia alcanzado en la antigua Atenas. Merecen mención la creación del Althing (Alþingi) o "Asamblea de Hombres Libres" en la Mancomunidad Islandesa del siglo X, los concejos[2] en los reinos de Asturias y León del siglo X, los Usatges de Cataluña en el siglo XI (que cristalizaron en el primer código jurídico-constitucional de la historia, bajo el reinado de Ramón Berenguer IV) y los "parlamentos" creados durante el reinado de Alfonso IX de León, las Cortes de León de 1188[3] o Eduardo I de Inglaterra en el siglo XIII, donde se inicia el concepto de separación de poderes.[4] Estos dos últimos serían más antecedentes de la democracia representativa.

Las democracias directas en el mundo[editar]

Por su parte, las democracias modernas generalmente funcionan mediante representantes elegidos por los ciudadanos, lo que se conoce como democracia representativa.

Global[editar]

A nivel global hay organizaciones que apoyan la democracia directa, como Democracy International.

Libia[editar]

El gobierno libio mediante la palabra Yamahiriya resaltaba que la forma de gobierno de su país es una democracia directa[5] sin partidos políticos puesto que la Yamahiriya rechaza la democracia representativa y la democracia liberal. Esta democracia directa, según el gobierno, es gobernada por el pueblo a través de consejos locales y comunas llamados Comités populares de base,[6] sin otro intermediario entre las masas y el Estado. De estos consejos locales surge el legislativo general de la nación, el Congreso General Popular[7] y de este el Comité General Popular que detenta el poder ejecutivo presidido por un primer ministro. Adicionalmente, la Yamahiriya rechaza la idea de Libia como un Estado-nación, mientras los vínculos tribales se mantienen como la fuente primaria de la organización política, incluso dentro de las filas militares.[8]

Suiza[editar]

La era moderna de un acercamiento a la democracia directa a nivel federal y local comenzó en las ciudades de Suiza en el siglo XIX. En 1847, los suizos añadieron el referéndum estatutario a su constitución. Pronto pensaron que tener solamente el poder de vetar las leyes que producía el Parlamento no era suficiente, y así en 1891 añadieron la iniciativa de enmienda constitucional. Las batallas políticas suizas han ofrecido al mundo desde entonces una experiencia importante en la puesta en práctica de este tipo de iniciativas. En los últimos 120 años más de 240 iniciativas han sido votadas en referéndum. Además, algunas veces se ha optado por iniciativas que son reescritas por el gobierno. Suiza se ha convertido así en referente y ejemplo para muchos países en los que desde las instituciones o desde movimientos ciudadanos se promueve la introducción de mecanismos de democracia directa.[9]

Sin embargo, en un sentido muy estricto la democracia directa, tal como fue establecida en las antiguas polis griegas, es aplicado tan sólo en dos cantones suizos: Appenzell Rodas Interiores y Glaris. Se llama Landgemeinde, porque el pueblo se reúne en la plaza pública de la ciudad o en una pradera una vez al año, donde aprueban las leyes, el presupuesto y también las reformas constitucionales.

Estados Unidos de América[editar]

Otro ejemplo importante son los Estados Unidos, donde a pesar de no existir democracia directa a nivel federal, más de la mitad de los Estados (49) y muchos municipios permiten que los ciudadanos promuevan la votación de iniciativas, y la gran mayoría de los Estados cuentan con mecanismos para promover iniciativas o referendos. Existen también reuniones comunitarias (town meetings) y diversas instituciones a nivel municipal, donde los ciudadanos pueden interactuar con los responsables de la administración en la toma de decisiones.

América Latina[editar]

La activación de referendos no es una novedad en América Latina. Ya en el siglo XX, varios países de la región convocaron referendos, tanto durante gobiernos autoritarios (Bolivia 1931; Paraguay 1940; Chile 1978, 1980; Uruguay 1980), como en democracias con dudosas credenciales (Perú 1919, Uruguay 1942), en democracias frágiles (Brasil 1963) y en democracias consolidadas o en consolidación (Argentina 1984, Uruguay en numerosas ocasiones). Sin embargo, en las últimas décadas se han observado numerosos cambios que se expresan tanto en el creciente número de activaciones como en la creciente y variada regulación de MDD.[10]

Hacia 1970 un sólo país de América Latina regulaba mecanismos susceptibles de ser activados por parte de la ciudadanía, vía reunión de firmas, entre otros requisitos (Uruguay, Constitución de 1967). Sin embargo, en 2015 de 18 países de América Latina continental y República Dominicana, nueve los que los incluyen (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela), en una ola iniciada con la Constitución colombiana de 1991. De forma semejante, en la actualidad son once los países que regulan el referendo obligatorio (Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), principalmente para ratificar cambios constitucionales. Sólo unos pocos países no permiten a las autoridades (presidente o congreso) llamar a consulta (El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú).[11]

España[editar]

La Constitución Española en su artículo 1.2 establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y en su artículo 23.1 que "los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes".

El artículo 92 solo permite referéndums consultivos, por lo que los vinculantes quedan explícitamente prohibidos, excepto para la reforma constitucional. En este último caso, solo en caso de la reforma de una parte muy pequeña de la Constitución es obligatorio convocar un referéndum vinculante (art. 168).

Solo tres referéndum a nivel nacional se han celebrado desde la aprobación de la Constitución: el exigido para su ratificación en 1978, el de acceso a la OTAN, que fue consultivo pero no vinculante, y el consultivo sobre el Tratado de Constitución Europea de 2005.

A nivel local, el Tribunal Supremo autorizó el referéndum municipal de Almuñécar sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estimando así un recurso del Ayuntamiento contra el acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre de 2006 que le denegó la autorización para celebrarlo.[12]

La única herramienta de democracia directa acogida en la Constitución es la Petición Colectiva Legislativa (art. 87 y Ley Orgánica de la Iniciativa Legislativa Popular[13] ). Tras la recogida de 500.000 firmas los promotores de la iniciativa solo pueden proponer al Congreso de los diputados su discusión. El parlamento no está obligado a aceptar la propuesta, ni los promotores de ésta pueden defenderla en ese foro. El proceso finaliza sin que se convoque un referéndum posterior para consultarlo a los ciudadanos.

En la Constitución de 1931 se podía forzar un referéndum de derogación de leyes a partir de la iniciativa del 15% del censo, y la iniciativa legislativa popular no tenía limitaciones en su aplicación.

Francia[editar]

Francia tiene una larga tradición de consulta directa desde el decreto de los derechos del hombre en 1789.[14] En los años de 1789 y 1799, en Francia se encuentran marcados, ya que se realizó el documento fundamental en el cual se definen los derechos en las personas, señalándose que la Revolución Francesa fue un conflicto político y social. Se llevaron a cabo diferentes procedimientos de aprobación, uno importante fue el realizado por Napoleón, que gracias a la ratificación fue nombrado Cónsul vitalicio y emperador. Durante estos años hubo otro suceso en diciembre de 1851, un golpe de Estado, que provoca la restauración del imperio y las reformas liberales.

En 1791 Francia funciona como una monarquía constitucional. La Quinta República Francesa es el régimen republicano en vigor en Francia desde el 5 de octubre de 1958 hasta hoy; la Quinta República sucedió a la Cuarta República instaurada en 1946. Charles de Gaulle prepara un nuevo proyecto de constitución que se aprueba y es conocido como la Constitución del 4 de octubre de 1958, o constitución de la Quinta República, aporta un mayor poder al ejecutivo, que el que se tenía anteriormente con la Cuarta República. Así se establecen y permiten nuevos regímenes, nuevos principios y reconocimiento a otras nuevas leyes, como la del medio ambiente. Se fortalece la institución presidencial, apoyada por el poder ejecutivo y de Gaulle aprovecha para fortalecer su relación y posición personal. Dividiendo a la oposición, para favorecer y arreglar cuentas con la élite política tradicional y reacomodar reglas también políticas. Da como resultado en la política internacional una buena imagen, consolidar relaciones diplomáticas, prestigio, aceptación y respeto a Francia.[15]

Democracia aleatoria[editar]

Existe una contracorriente reaccionaria de cuño anglosajón que propugna como posible variante de la democracia directa la implementación de combinaciones de las instituciones actuales con aplicaciones democráticas del sorteo (ver: demarquía). Entre los autores más relevantes de esta corriente pueden citarse a John Burnheim, Ernest Callenbach, A. Barnett y Peter Carty, Bárbara Goodwin o, en el ámbito francés, Yves Sintomer. Los autores consagrados que han dedicado más espacio a este tipo de propuestas son Robert A. Dahl y Benjamin Barber. En el mundo hispanohablante la recepción aún es muy reducida, pero se distingue de la anglosajona en que no contendría elementos reaccionarios. Por ejemplo, autores como Juan Ramón Capella han planteado la posibilidad de acudir al sorteo como herramienta democratizadora.[16]

Realmente no deja de ser una democracia representativa, con una dosis aleatoria de democracia directa.

Críticas al sistema presencial[editar]

Entre las objeciones más importantes que se suelen imputar a la democracia directa se refiere a su practicidad y eficiencia. Decidir sobre todos o casi todos los temas de importancia pública mediante referéndum puede ser lento y costoso, y puede provocar en los ciudadanos apatía y fatiga. Los defensores actuales de la democracia directa suelen sugerir que la democracia electrónica (con herramientas como los wikis, los foros o la televisión digital) puede paliar esos problemas. El modelo suizo demuestra, sin embargo, que a pesar de ser posible decidir sobre todos los temas, en realidad solo pocos temas llegan a votación popular, ya que el mero hecho de que se podría convocar un referéndum obliga a los políticos a buscar compromisos en el trámite parlamentario para evitar un referéndum. De este modo la democracia directa genera resultados consensuados sin la necesidad de que todo sea votado en urnas. El no solicitar un referéndum equivale a una aprobación implícita de las decisiones tomadas por el parlamento.

Dado que las preguntas deben ser cortas, con una respuesta de sí o no, los votantes podrían asimismo elegir políticas incoherentes. Por ejemplo, una mayoría podría votar a favor de reducir los impuestos mientras que una mayoría podría también votar por un incremento del gasto público en educación. La respuesta común a esta crítica es que el problema de las decisiones inconsistentes no es exclusivo de esta forma de democracia.

Algunos estudiosos utilizan el término democracia semidirecta para describir sistemas de democracia directa que cuentan con mecanismos para proteger las libertades civiles, así como para proteger de la mayoría a los intereses de las minorías (ver: derechos fundamentales, igualdad ante la ley, imperio de la ley). La puesta en práctica de la democracia directa suele traducirse en un proceso de confrontación, en el que la ciudadanía discute y elige dos opciones definidas por expertos. Este proceso se caracteriza por una falta de deliberación orientada hacia el consenso, y el peligro de derivar en una dictadura de la mayoría, latente en cualquier tipo de democracia.

El modelo canadiense de asamblea de ciudadanos procura sortear muchas de las desventajas de la democracia directa a través de un proceso basado en la deliberación y el consenso, bastante diferente del caracterizado por las iniciativas y los referendos.

Democracia directa electrónica o Democracia directa digital[editar]

La democracia directa electrónica es una forma de democracia directa en la cual Internet y otras tecnologías de comunicación electrónica se usan para mejorar la burocracia involucrada con los referendos, registrando electrónicamente los votos. Muchos partidarios piensan que también se pueden incluir en esta noción las mejoras tecnológicas al proceso deliberativo, o incluso a la gestión de gobierno para acercarla a los ciudadanos. A la democracia directa electrónica se le llama a veces EDD (muchos otros nombres se usan para lo que es esencialmente el mismo concepto).

Según el concepto de aplicación moderada de la tecnología a la democracia directa, los ciudadanos tendrían el derecho de votar en asuntos legislativos ante el parlamento o el congreso, escribir nuevos proyectos legislativos y revocar representantes en cualquier etapa.

Un ejemplo contemporáneo que toma un acercamiento evolucionario a la Democracia Directa Electrónica es aquel en el que los representantes conducen referendos independientemente usando Internet u otras tecnologías de la comunicación. Este paso potencial hacia la democracia directa electrónica no requiere cambios constitucionales, ya que simplemente refuerza la relación entre el elector y el elegido. El extremo sería aquel en el cual los representantes electos del pueblo en un parlamento o en un gobierno se limitasen a transmitir a los ciudadanos aquellos proyectos que se proponen a su decisión, y hacer efectivos después los resultados de esos referendos electrónicos.

Ross Perot fue por un tiempo un prominente defensor de la Democracia Directa Electrónica cuando propuso Ayuntamientos Electrónicos durante sus campañas presidenciales de 1992 y 1996 en los Estados Unidos. Este concepto ha sido recuperado por otros movimientos en diversos lugares del mundo en la actualidad gracias a las posibilidades de Internet.

Aplicación actual[editar]

La democracia directa electrónica como sistema no ha sido implementada totalmente en ningún lugar del mundo, aunque Suiza, ya gobernada parcialmente por democracia directa, se mueve en dirección a dicho sistema.[17] [18]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Pure democracy en Merriam-Webster Dictionary
  2. El concejo abierto, once siglos de tradición
  3. "The Life and Death of Democracy". John Keane. Simon & Schuster, London, 2009.
  4. Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo Siglo, por Gerardo E. Martínez-Solanas (Ediciones Universal, 1997)
  5. «The Green Book, First Volume “The Solution of the Problem of Democracy”, The Instruments of Governing». Mathaba.net. Consultado el 14 de febrero de 2010. 
  6. «The Green Book, First Volume “The Solution of the Problem of Democracy”, Popular Conferences and People’s Committees». Mathaba.net. Consultado el 14 de febrero de 2010. 
  7. «The Green Book, First Volume “The Solution of the Problem of Democracy”, Who Supervises the Conduct of Society?». Mathaba.net. Consultado el 14 de febrero de 2010. 
  8. "Protesters Die as Crackdown in Libya Intensifies", The New York Times, 20 February 2011; accessed 20 February 2011.
  9. Ordás Menéndez, Daniel (2012). ESPAÑA SE MERECE… DEMOCRACIA DIRECTA. España: Zumaque. p. 108. ISBN 978-84-938222-86. 
  10. Welp, Yanina (2010). [www.nuso.org/upload/articulos/3704_1.pdf «El referéndum en América Latina»] |url= incorrecta (ayuda). Nueva Sociedad (228): 26–42. 
  11. Welp, Yanina; Serdült, Uwe (2009). Armas de Doble Filo. Prometeo. ISBN 978-987-574-301-4. 
  12. Los vecinos de Almuñécar dan su aprobación al PGOU
  13. Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
  14. http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm#43
  15. http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm#43
  16. CANCIO, JORGE (2009). «Invitación a un debate: el sorteo y las cámaras sorteadas como mejoras institucionales a la democracia». Mientras Tanto (112). 
  17. Voto electrónico en Suiza
  18. Participación política del ciudadano,Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Secretaría General, Presencia Suiza
  19. Democracia Directa Digital

Enlaces externos[editar]