Déficit de tarifa

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El déficit de tarifa o déficit tarifario, en el sector eléctrico español tiene su inicio en el año 2000 y hace referencia a la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas españolas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la normativa reconoce por suministrar electricidad. La deuda por el déficit de tarifa eléctrica en España superó la cifra de 30.000 millones en 2014[1][2]

Caracter y origen del déficit de tarifa eléctrico español[editar]

El déficit tarifario se considera un déficit regulatorio y no un déficit económico. Esto es debido a que los costes reales que tienen las empresas son inferiores (según las propias empresas, puesto que, como se ha dicho anteriormente, las mismas se niegan a someterse a auditorías públicas de costes) a los que la regulación les reconoce.[cita requerida]

Liberalización del sector[editar]

Desde la liberalización se comenzó a aplicar por parte de los gobiernos del PP presididos por José María Aznar (continuada por los gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y por el gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey) una política de congelación de la tarifa de la luz al margen de los costes declarados de la energía, que se transformó en "deuda" del Estado para con las empresas productoras de electricidad.

Este déficit de tarifa no ha dejado de crecer año tras año, especialmente desde 2005, hasta alcanzar la cifra de 30.000 millones de euros en 2013.La deuda del sistema eléctrico era de 25.056 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que representa una reducción de un 7% (1.890 millones) respecto al año 2014, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Uno de los principales contribuyentes al crecimiento del déficit tarifario, es la moratoria nuclear (suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales energéticas de fisión atómica -centrales nucleares-), mediante la cual las centrales eléctricas siguen recibiendo grandes ayudas anuales, pese a estar ya amortizadas. Su contribución al déficit de tarifa asciende hasta los 4.000 millones de euros (17% del total).

Errores de estimación y decisiones políticas[editar]

Las diferencias entre la recaudación por tarifas integrales y de acceso y los costes reales de las mismas se originan básicamente de dos maneras:

  • errores de estimación (diferencia entres los costes reales del suministro de la energía y las previsiones realizadas al inicio del año por el Gobierno)
  • decisiones regulatorias del gobierno

La mayor parte de los costes que determinan las tarifas son previsiones. Dos ejemplos son

  • a) el coste de adquisición de la energía, por parte de los generadores, para el suministro a los consumidores acogidos a la tarifa integral y
  • b) el coste de la producción del Régimen Especial, que recibe primas

Los errores de estimación crearían un déficit coyuntural y no estructural, ya que las previsiones podrían serlo en cualquier sentido -positivo o negativo- y a largo plazo el déficit promedio tendería a ser nulo. Sin embargo, es el Gobierno el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada periodo marcado. En 2000 sus responsables aprobaron unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener. Ese fue el comienzo del déficit de tarifa, una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. Su objetivo inicial: mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación, la competitividad, así como desgaste político.

Josep Piqué, ministro de Industria en esa época, justificó la medida en la mala situación económica del país señalando que tenía carácter temporal, se acordó 10 años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión, independientemente de la situación económica, por lo que el déficit de tarifa ha ido aumentado año tras año, llegando en 2014 a más de 30.000 millones de euros.

Esta forma de proceder por parte de los gobiernos ha dado lugar a un déficit estructural cada vez más elevado y difícil de mantener, que tiene efectos sobre el desarrollo de la competencia en los mercados y sobre las señales económicas que reciben generadores y demanda. El déficit no es otra cosa que una deuda del Sistema (es decir, de los consumidores) con las empresas que aportan la financiación del citado déficit. Por lo tanto, requiere recursos financieros para cubrir la diferencia entre los ingresos de las empresas y los pagos realizados por los consumidores presentes.

Los recursos financieros para realizar estos pagos se obtienen, con la garantía regulatoria expresada en un Real Decreto, a través de la promesa de que serán recuperados en el futuro mediante recargos sobre las tarifas de acceso a las redes. Este proceso es el que se conoce como financiación de déficit (el método por el cual las empresas pueden adelantar los fondos necesarios para cubrir estos costes sin afectar al normal funcionamiento de su actividad es la cesión a terceros de estos derechos que, a cambio, entregan a sus titulares el valor presente de los flujos futuros esperados a un determinado tipo de descuento. Con la regulación del déficit ex – ante, introducido en 2007, supuestamente la inflación del déficit es externalizado directamente a empresas con mayor vocación financiera).

La insostenibilidad del creciente aumento del déficit tarifario exigiría una reforma que termine con la retribución excesiva y no justificada que los consumidores pagan por la electricidad generada en las centrales nucleares e hidroeléctricas.[3][4][5]

Posibles soluciones para la eliminación del déficit[editar]

Para frenar su continuo aumento y evitar la completa insostenibilidad de la situación para empresas y consumidores, caben varias soluciones:

  1. Bajar los costes reconocidos de la generación de electricidad.
  2. Auditoría de la deuda y, en su caso, declaración de nulidad de la deuda eléctrica ilegítima.
  3. Subir las tarifas.
  4. Financiar los costes que no cubren las tarifas con fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o similares.

Las reformas del gobierno han permitido que después de 14 años consecutivos de generación de déficit, el año 2014 fuera el primero en el que resultó un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550 millones de euros. La auditoría a la deuda del déficit de tarifa se demanda por colectivos de usuarios y partidos políticos con el objeto de establecer exactamente su origen y composición y, en su caso, anular la parte del déficit que se considere ilegítimo o espurio.[6][7]

Referencias[editar]

  1. Cinco claves para entender el déficit de tarifa de las eléctricas, lavanguadria.com, 19/12/2013
  2. Gaertner Aranda, Álvaro; Fernando Prieto (7 de noviembre de 2014). «La gran estafa eléctrica: datos y propuestas». Público (España). Consultado el 7 de noviembre de 2014. 
  3. Déficit tarifario,fundacionsistema.com
  4. Déficit tarifario,energiaysociedad
  5. Déficit tarifario,javiersevillano.es
  6. [http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/104897-UPyD_pide_la_retirada_de_la_nueva_ley_electrica_y_reclama_auditorias_y_mas_liberalizacion_del_mercado El Economista, UPyD pide la retirada de la nueva ley eléctrica y reclama auditorías y más liberalización del mercado, 25 de octubre de 2013
  7. Ley para la Auditoria del Déficit de Tarifa Eléctrico

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]