Crisis postelectoral de Perú de 2026

Crisis postelectoral de Perú de 2026
Parte de Elecciones generales de Perú de 2026
Manifestantes adherentes al candidato Rafael López Aliaga el 19 de abril de 2026.
Fecha	12 de abril de 2026 - Actualidad
Lugar	Perú Perú
Causas	Demora en la entrega de material electoral en los centros de votación
Estado	Activo
Consecuencias	Renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE Denegatoria, por parte del JNE, de la realización de elecciones complementarias

La crisis política postelectoral de Perú ocurrió en el contexto de las elecciones generales de ese año (2026). Se desencadenó a partir de problemas logísticos y en el recuento de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana (Lima, Perú, América del Sur), lo que derivó en cuestionamientos institucionales, la renuncia del jefe de la ONPE y denuncias de presunto fraude electoral por parte del partido Renovación Popular.

El 12 de abril de 2026 se desató la crisis debido a que la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. no entregó el material electoral a los centros de votación de la ciudad de Lima, al parecer por fallas logísticas de la ONPE. A este problema se sumaron otros, como la presunta negligencia en la custodia del material electoral en Lima y otras ciudades de Perú . Algunos altos cargos de la institución electoral fueron investigados por estas irregularidades, mientras que su máximo representante, Piero Corvetto, no emitía declaraciones públicas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral del país, reconoció la gravedad de la situación y señaló que la ONPE no había cumplido su responsabilidad de gestionar el material electoral a tiempo. Posteriormente, los magistrados del JNE evaluaron la posibilidad de realizar elecciones complementarias en las zonas afectadas, aunque la propuesta fue finalmente descartada.

La crisis generó acusaciones de fraude electoral por parte del candidato derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, así como la convocatoria de movilizaciones. Según sus declaraciones, el presunto fraude habría tenido como objetivo favorecer al izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, para que pasara a segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. No obstante, dichas acusaciones requerían de pruebas de intencionalidad y manipulación sistémica, las cuales no fueron demostradas y fueron descartadas por observadores internacionales, la Asociación Civil Transparencia y por la Organización de los Estados Americanos. Los gremios mostraron posturas divididas ante las acusaciones: mientras la Cámara de Comercio de Lima las apoyaba, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respaldó una auditoría pero desmintió encontrar evidencias de fraude. Las acusaciones de fraude tuvieron poca acogida fuera de Lima, en ciudades como Puno, Trujillo y Arequipa.

Contexto

Véanse también: Debates de las elecciones generales de Perú de 2026 y Crisis postelectoral de Perú de 2021.

Lista de candidatos en las elecciones generales.

El 25 de marzo de 2025 la presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones generales para el día 12 de abril de 2026. El 30 de enero de 2026 se realizaron los sorteos para los miembros de mesa. Para las elecciones, se presentaron 36 partidos políticos, aunque la muerte en un accidente del candidato Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, hizo que se anulara su fórmula presidencial. El portal Wayka afirmaba que los votos de Lima y del resto de regiones eran divergentes: los de Lima estaban ligados a la derecha conservadora, mientras que los del resto de regiones habían buscado alternativas políticas.

El elemento crítico de las elecciones fue el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien garantizó que los comicios serían transparentes y que «no hay posibilidad alguna de que se pueda concretar un fraude». Algunas figuras políticas de derecha, como Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular), aseguraban que las elecciones terminarían siendo fraudulentas; mientras que Jaime Quito (de Juntos por el Perú) consideraba a la ONPE un «árbitro electoral» para respetar el voto rural. Alexandra Ampuero, del portal El Foco, afirmó que medios de comunicación como El Comercio, Willax Televisión y Panamericana Televisión iban contra Corvetto y la labor de la ONPE en las elecciones. Según su editorial, El Comercio no solo fomentaba la denuncia de irregularidades, sino que también «pidió unidad y responsabilidad frente al grave riesgo que enfrenta el país con más firmeza que nunca», es decir, a Roberto Sánchez.

El día de las elecciones, el 12 de abril, la ONPE estaba obligada por ley a garantizar el material para todas las mesas electorales del país, sin obstáculos que impidieran o distorsionaran la voluntad popular. No existía una norma para aplazar o prorrogar las elecciones, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) afirmaba tener la potestad para hacerlo. Cuando cerraron casi todas las mesas, las dos empresas encuestadoras ofrecían dos escenarios diferentes en sus conteos rápidos: Datum (encuestadora de El Comercio) creía que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasarían a la segunda vuelta, mientras que Ipsos (de Perú 21) creía que pasarían Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En una encuesta posterior de Ipsos, el 60 % de los 1200 peruanos encuestados consideró que la votación «fue normal y sin mayores problemas», mientras que el 18 % estimó que hubo «muchas irregularidades, con riesgo de fraude» y el 15 % consideró que hubo «algunas irregularidades, pero nada grave».

Más de una semana después de las elecciones, el 20 de abril, comenzó oficialmente el recuento de votos en las mesas de Junín, Piura, Ica, Arequipa y Lima, debido a las quejas presentadas en las actas electorales. En Lima, el reconteo solo se aplicó a 146 mesas para 43 000 votos. El JNE estableció que el recuento se grabaría en video y que tendría una fecha límite, el 7 de mayo. Delia Espinoza señaló que, durante este proceso, las máximas autoridades del JNE y la ONPE contaban con un «candado» legal que protegía la destitución y así garantizar la estabilidad institucional ante las presiones mediáticas.

El analista Mauricio Saravia señaló que Rafael López Aliaga ha sido una figura fuerte en Lima, ya que «en sus discursos y acciones ha despreciado sistemáticamente a las regiones y siempre ha tachado a sus habitantes de ignorantes e incapaces». Por su parte, el analista político Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, advertía que la polarización ocurrida en la crisis postelectoral de 2021 se repetiría si Fujimori y Sánchez pasaban a la segunda vuelta. El psicólogo Carlos Bromley afirmó que en el país se vive un clima social que genera ansiedad y que la ciudadanía tiende a incrementar sus niveles de estrés «al no poder planificar nada ante el futuro político incierto».

Teoría conspirativa del fraude de 2021

Esta sección es un extracto de Crisis postelectoral de Perú de 2021 § Teoría de la conspiración.[editar]

A pesar del tiempo transcurrido y de la ausencia de evidencia, numerosos políticos (especialmente ligados al llamado Bloque Democrático), medios de comunicación conservadores y cuentas anónimas en redes sociales siguen afirmando reiteradamente que habría existido un fraude electoral a favor de Pedro Castillo en 2021. Esta teoría de la conspiración ha pasado a conocerse como fraudismo o como «narrativa del fraude». De acuerdo con algunos analistas políticos, la prevalencia de esta teoría conspirativa estaría correlacionada con el sentimiento anticomunista, con el consumo de noticias falsas, con la teoría de la conspiración sobre la «mafia caviar» y con la práctica de "terruquear" (es decir, llamar "terruco" o "terrorista" al adversario político). Adicionalmente, se ha mencionado como factores que han permitido la prevalencia del fraudismo, a la desconfianza social en las instituciones y la polarización política en el país, así como al apoyo de otros grupos políticos extranjeros como el español Vox. Las versiones de esta teoría varían entre sí el supuesto fraude se habría producido en la segunda vuelta (versión ligada a simpatizantes fujimoristas) o en la primera vuelta (versión defendida por el excandidato Rafael López-Aliaga).

En mayo de 2022, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, afirmó que el fraude habría resultado comprobado por el Informe de la Comisión Montoya. En enero de 2025, Rospigliosi, siendo ya congresista de la República y presidente de la Comisión de Constitución, reiteró la existencia de un supuesto fraude electoral en la elección 2021. Asimismo, el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, entonces alcalde de Lima, afirmó en un evento en Argentina en diciembre de 2024 que Castillo había sido elegido con fraude. La misma Keiko Fujimori, candidata perdedora en esa elección y lideresa de Fuerza Popular, reafirmó la narrativa del fraude al alegar en un mitin de marzo de 2025 por el 15° aniversario de su partido que "ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos". Del mismo modo, tanto Fujimori como el congresista y exmarino José Cueto (de la bancada Honor y Democracia) reaccionaron considerando confirmatorias las declaraciones de Salatiel Marrufo y Zamir Villaverde hechas públicas a mediados de 2024. Cueto contó al respecto que "siempre he pensado que hubo fraude en las elecciones del 2021". Fujimori continuó asegurando en marzo de 2026 que "seguimos creyendo que en el proceso electoral del 2021 hubo irregularidades, [...] que hubo situaciones que debieron investigarse con mayor profundidad".

La fujimorista Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución, sostuvo en un tuit de febrero de 2024 que "Lo dijimos siempre!!  Lo dijimos en mítines, en plazas y, por todos los medios posibles !! hubo fraude". Del mismo modo, el periodista conservador Aldo Mariátegui escribió en enero de 2026 que la similitud de los resultados electorales entre las elecciones presidenciales 2016 y 2021 era, a su criterio, de una probabilidad de ocurrencia "extremadamente baja" y que, por ello, las elecciones 2021 "siempre me apestarán a fraudes". Inclusive iniciada ya la campaña electoral 2026, en enero de ese año, el candidato al Senado por Fuerza Popular Carlos Mesía sostuvo que en 2021 "sí hubo fraude, totalmente, estoy completamente convencido". Lo mismo fue afirmado sin pruebas por la fujimorista Martha Chávez en noviembre de 2025, también candidata al Senado por Fuerza Popular para 2026, quien en marzo de 2026 afirmó sin pruebas que también habría habido contra Fujimori en las elecciones generales 2016. En enero de 2026, César Alfredo Vignolo, candidato a senador por Renovación Popular, declaró también que las elecciones de 2021 fueron un "un fraude evidente porque Castillo no llegó a tener los votos necesarios". En febrero de ese mismo año, Miguel Torres, jefe de campaña y candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, anunció que su partido estaba preparando un "ejército de personeros", puesto que "a nosotros no nos vuelven a robar una elección".

A finales de 2024, los portales Epicentro TV y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) analizaron la difusión en la plataforma X (antes conocida como Twitter) de mensajes que reproducían la narrativa del fraude por parte de influenciadores de derecha política y cuentas anónimas a lo largo de ese año, encontrando que "los escribanos [sic] del fraude aprovechan cada nuevo episodio para resucitar la historia del fraude y la supuesta gestión de Salas Arenas para consumarlo". Dicho reportaje encontró que el principal evento disparador de esos mensajes y consignas en 2024 fue la difusión del testimonio de Marrufo, y que los mensajes se concentraban en tres tópicos o temas: la no probada votación de ciudadanos ya fallecidos en las elecciones 2021, los falsos vínculos del juez Jorge Salas Arenas con Sendero Luminoso y la desmentida existencia de firmas falsificadas en las actas electorales de la segunda vuelta de 2021.

Fallas logísticas y origen de la crisis

Local de votación en el horario ampliado de 5 a 6 p.m.

Al comienzo de la jornada electoral del 12 de abril, se empezaron a detectar casos de retrasos en la apertura de las mesas de sufragio, lo que originó largas colas y malestar ciudadano. Se esperaba que el proceso electoral comenzara a las 7:00 a.m. (UTC-5) en todas las mesas del país. Se reportaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio en seis distritos de Lima Metropolitana. Ante los reclamos, la ONPE emitió un comunicado señalando que la empresa responsable de trasladar el material electoral, Galaga, no había cumplido con el contrato y que esta empresa no contaba con los vehículos necesarios. Se informó que 75 locales habían sido afectados por la demora. El vocero de la ONPE, Juan Heredia, señaló que las mesas debían instalarse hasta las 12 del mediodía y que las votaciones culminaban a las 5 de la tarde.

A causa de la continuidad de la demora, la JNE anunció, por acuerdo en pleno, de la ampliación del horario de instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde y del horario de votación y mencionó que alrededor del 30% de mesas a nivel nacional no habían sido instaladas aunque iban a especificar más adelante. La ONPE anunció la ampliación de la instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde y la culminación del sufragio a las 6. A pesar de la ampliación del horario, la ONPE informó que se logró instalar un 99.8% del total pero que no se lograron abrir 211 mesas correspondientes a 15 locales de votación ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, lo que equivalió a que más de 63 mil votantes no pudieran realizar el acto electoral.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado instando al JNE la ampliación de las elecciones para los afectados, y que este se desarrolle el 13 de abril, detallando que los votantes eran un 0.2% del total. Posteriormente, se detalló que en realidad eran 52 mil los votantes que no pudieron votar. Tras ello, el pleno del JNE anunció la ampliación de las elecciones para los afectados para el 13 de abril incluyéndose dos circunscripciones en el extranjero como lo eran en Patterson y Orlando. Roberto Burneo, jefe de la JNE, declaró que era una medida ante las deficiencias presentadas. Para las elecciones del 14 de abril, se reportaron retrasos y el traslado del material electoral mediante taxis por aplicativo. Al concluir ese día, los votantes solían elegir con creces al candidato Jorge Nieto.

El presidente de la República José María Balcázar descartó ante dichas fallas logísticas algún intento de fraude. El fiscal de la Nación Tomás Gálvez, la Asociación Civil Transparencia, la Organización de los Estados Americanos y la Misión de la Unión Europea para observar las elecciones descartaron también las alegaciones de fraude señalando que se había realizado con normalidad a pesar de las demoras que fue calificado como "problemas graves". Gálvez declaró que los fiscales desplegados a nivel nacional habían reportado incidentes como la demora de la apertura de las mesas pero no había indicios de un fraude.

Contratación de la empresa Galaga

El dominical Cuarto Poder reveló que en febrero de 2026, Piero Corvetto recibió una carta formal que alertaba sobre posibles actos de corrupción y filtración de información privilegiada en la adjudicación de un contrato a la empresa Galaga por 2.3 millones de soles. Además, se reveló que la Contraloría había advertido al jefe de la ONPE el 24 de marzo de la existencia de riesgos en la distribución del material electoral y que dicha situación podría afectar el desempeño de las elecciones. Se informó que Galaga había sido penalizada por la ONPE en tres ocasiones anteriores.

A pesar de los cuestionamientos previos, la ONPE aceptó el contrato de Galaga a un precio mayor que Hermes y Consorcio AFE. Galaga planteó un monto de 6 368 332 soles, Hermes 5 898 928 soles y AFE 6 200 184 soles. El Comercio reveló que la ONPE usó un "criterio" para elegir a Galaga. Según las dos empresas restantes, el «criterio» hacía referencia a la forma de hallar el metro cúbico de los vehículos.

La periodista Karla Ramírez reveló un documento firmado por Samamé y Phang en donde se especificaba que el contratista debía tener 40 vehículos y presentar dos pólizas de seguro. Se informó, además, que Phang estaba involucrado en una investigación por ser presunto integrante de la organización criminal "Los Gánsters de la política", quienes buscaban acelerar la inscripción del partido de José Luna Gálvez. La fiscalía acusó ante el Poder Judicial en el 2025 a Phang por el caso, sin embargo, en diciembre de ese año Phang presentó una solicitud para que su participación en las audiencias sea virtual adjuntando, entre otros, una resolución jefatural firmada por Corvetto.

Galaga emitió un comunicado solicitando a la ONPE que se disculpe por responsabilizarlos de las fallas logísticas. La empresa negó que hubieran incumplido y, según esta, todo se realizó según lo dispuesto por la ONPE.

Proceso de investigación

Piero Corvetto pidió las disculpas de la falla logística y la ONPE anunció el inicio de acciones legales y penales contra Galaga además de dar su disposición a ser investigado. Paralelamente, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, a cargo de la fiscal Lorena Villanueva, y la División contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la sede de la ONPE para iniciar diligencias. También se informó que la policía intervino la sede de Galaga. La DIRCOCOR citó a Corvetto para que rinda su declaración.

Juan Samamé Blas, gerente de gestión electoral de la ONPE, fue detenido por la policía por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Ante la policía, Samamé declaró que el responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material electoral era Juan Phang Sánchez, subgerente de producción electoral. Samamé detalló que su función era correspondiente a las tareas directivas pero quien se encargaba del monitoreo y supervisión del cumplimiento del contrato entre Galaga y la ONPE era Phang. También detalló que aunque autorizó el contrato con Galaga, era labor de Phang que verificara que se cumpliera con el servicio. Posteriormente, Samamé Blas fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y declaró que iba a pagar las consecuencias de lo sucedido. Finalmente, Samamé fue trasladado a una sede fiscal en el Centro de Lima y luego fue liberado tras cumplirse el plazo de detención de 48 horas. Se informó que Semané se negó a la revisión de su celular.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó en pleno extraordinario iniciar una investigación preliminar contra Corvetto y le solicitó en un plazo de 10 días la presentación de sus descargos ante lo acontecido. Además, el congresista Edwin Martínez también presentó una denuncia constitucional contra Burneo a la par que el congreso citó a Corvetto ante la Comisión de Fiscalización. Corvetto reconoció en esa sesión las fallas administrativas aunque descartó irregularidades en el proceso. Burneo, que también había sido citado por el congreso, no asistió.

Por su parte, la JNE denunció penalmente a Corvetto y otros cuatro argumentándose que el jefe de la ONPE tenía conocimiento previo de una crisis logística pero que no informó a la JNE oportunamente. Los otros denunciados fueron: Eduard Alarcón, señalado por las fallas en la supervisión del contrato logístico; Ricardo Saavedra, responsable de la organización electoral y acusado de no garantizar la estabilidad del sistema tecnológico ni la conectividad; Samamé y Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de Galaga.

Primeras reacciones

12 de abril

Para el mediodía del 12 de abril, candidatos presidenciales se quejaron de la falta de instalación de mesas en Lima Metropolitana. El partido Fuerza Popular emitió un comunicado solicitando la ampliación de los horarios de votación o la realización de elecciones complementarias para los afectados. El candidato Armando Massé, del Partido Democrático Federal, sacó un comunicado expresando su "rechazo" a lo que consideró irregularidades en la jornada electoral y exhortó a la ciudadanía a estar vigilante ante la situación.

El candidato César Acuña, de Alianza para el Progreso, declaró que la demora de la instalación de las mesas era un mensaje a la población de un "posible fraude" ante lo que era una "falta de planificación" y lamentó lo sucedido.El partido Progresemos, del candidato Paul Jaimes, sacó un comunicado declarando que afectaba de forma "grave" a los ciudadanos, que se realizasen las investigaciones correspondientes y averiguar si lo acontecido beneficiaba a algún candidato. Mesías Guevara, candidato del Partido Morado, declaró que "los tambores del fraude empiezan a sonar" y pidió que se investigue a Galaga y a la ONPE. Roberto Chiabra, candidato por Unidad Nacional, declaró que la gran cantidad de votantes que no ejercieron su voto afectaba el ámbito de los senadores y diputados acotando que "ni en la época de la subversión" se había visto algo así.

Rafael López Aliaga reaccionó de forma más drástica ante la falta de instalación de mesas. Presentó una denuncia contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y solicitó la intervención inmediata de la fiscalía de la Nación y su detención mientras que Jorge Nieto Montesinos, candidato del Partido del Buen Gobierno, advirtió de la afectación de las mesas no instaladas y el impacto que estas podían tener cuestionando tanto a la ONPE como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una publicación donde decía: "¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad que están cometiendo?". López Aliaga declaró que había empezado un "fraude" y que para él no era casualidad lo que había pasado argumentando que las zonas afectadas eran afines a Renovación Popular solicitando, también, la detención de Corvetto. López Aliaga argumentó que el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, estaba preparando un "anforazo" en confluencia con las autoridades y que a su candidatura le habían robado un millón de votos para que Sánchez pase a la segunda vuelta. El candidato José Luna Gálvez, de Podemos Perú, rechazó el pedido de López Aliaga de detener a Corvetto y lo calificó de "antidemocrático y dictatorial".

13 de abril

Los candidatos Carlos Álvarez, de País para Todos, y Ricardo Belmont, de Obras, anunciaron su retiro de la política aunque posteriormente Álvarez descartó tal posibilidad. Belmont salió a declarar asegurando que no fue a votar porque las elecciones era "un fraude jamás visto en la historia del país" y que era "una elección fraudulenta" creada desde el poder y que se iba tranquilo. López Aliaga, en una entrevista, acusó a la encuestadora IPSOS de ser parte de un operativo en su contra declarando que "Ipsos es parte de la mafia del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla".

14 de abril

Ronald Atencio, candidato de Venceremos, anunció su respaldo a Sánchez. Nieto, mientras tanto, criticó el uso de la palabra "fraude" y retó a aquellos que lo usaban a probarlo. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, declaró que no se iba a pronunciar sobre Corvetto y que ello le correspondía a la JNJ mientras que Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por el mismo partido, calificó de "inepto" a Corvetto y declaró que para su partido no había algún indicio de fraude. Yonhy Lescano, candidato de Cooperación Popular, solicitó la anulación de las elecciones. El partido Avanza País, que tenía como candidato a José Williams, sacó un comunicado declarando un "inminente fraude" por los hechos acontecidos para "favorecer a opciones de izquierda radical" añadiendo que tanto la ONPE como la JNE estaban deslegitimados. El medio afín a López Aliaga, La Noticia, difundió que, según "fuentes de la ONPE", el candidato Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), se habría reunido con Julio Palomino, ex secretario de Pedro Castillo, para dar un "anforazo" junto a Corvetto en contra de López Aliaga con las mesas de Cajamarca, Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho y Piura, con el fin de poner en segunda vuelta a Sánchez.

Tras las elecciones

Del 14 al 18 de abril

Manifestaciones contra el supuesto fraude

López Aliaga, al no conseguir su pase a la segunda vuelta electoral, convocó a manifestaciones para la noche ante el JNE declarando un presunto sabotaje en el proceso electoral. En contraste, Roberto Sánchez anunció que iba a respetar los resultados aunque también la convocatoria a movilizaciones si había indicios de fraude a la par de rechazar algún fraude a su favor.

Tortuga morrocoy. De acuerdo con López Aliaga, se implementó una presunta estrategia de origen venezolano con ese nombre que, según, consiste en la demora intencional de la llegada del material electoral a los locales de votación para perjudicar a determinados candidatos en sus lugares de mayor apoyo. Dichas acusaciones han sido desmentidas por observadores internacionales.

Se produjeron manifestaciones ante la JNE, en donde se detectó la presencia de los candidatos Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, y Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú (PPP) solicitando la nulidad de las elecciones. En las manifestaciones, López Aliaga aseguró que no iba a aceptar si pasaba a segunda vuelta, señaló que se estaba realizando un «Plan Morrocoy» en su contra como estrategia refiriéndose a un supuesto plan implantado en Venezuela contra opositores en contextos electorales, amenazó con sodomizar analmente con una tortuga a Burneo, acusó a una presunta mafia de querer realizar un «anforazo» para que Fujimori pase con un izquierdista a segunda vuelta debido a que, argumentó, cualquiera ganaba a Fujimori hasta un «panetón» y la convocatoria a movilizaciones «si se consuma el fraude» y una «insurgencia civil» si no se se anulaban las elecciones y no salía Corvetto de su cargo, dando un plazo de 24 horas para la anulación. Además, acusó a Fujimori de pertenecer a una "derecha traidora". Grozo, Caller, el candidato Alex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, y el candidato Francisco Diez-Canseco, de Perú Acción, se manifestaron en una reunión solicitando la nulidad del proceso.

El día siguiente, el candidato Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza, denunció "fraude" y solicitó la nulidad de las elecciones. Carlos Espá, candidato de SíCreo, solicitó a sus seguidores esperar hasta el 100% del conteo de los votos. Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, respaldó la denuncia penal contra Corvetto y pidió su salida de la ONPE. Fujimori rechazó el llamado a insurgencia de López Aliaga etiquetándolo de "irresponsable", se declaró en contra de la narrativa del "fraude", le ofreció personeros, declaró que no iba a responder a sus insultos y exigió investigaciones de lo sucedido el 12 de abril. Guevara criticó lo expresado por López Aliaga y calificó lo manifestado como "sedición" además mencionó que López Aliaga "no está en sus cabales" y que se creía "discípulo de [Donald] Trump", "compañero de estudios de [Javier] Milei" y que cree que "con sus bravuconadas el Perú va a caminar". Álvarez criticó a la ONPE por las fallas señalando que habían existido irregularidades y pidió a Corvetto que deje el puesto. Grozo presentó dos solicitudes de nulidad de las elecciones ante el JNE mientras que el congresista Edward Málaga presentó una. Otro que presentó una nulidad fue Carlos Quinto, militante de Ahora Nación que tenía como candidato a Alfonso López-Chau. López-Chau mientras había negado algún apoyo a Fujimori en segunda vuelta aunque no negó un respaldo a Sánchez. La Unión de Gremios Empresariales, que agrupa a la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú, entre otras, emitió un comunicado solicitando la destitución de Corvetto ante los acontecimientos sucedidos en el día de las elecciones. Se informó que López Aliaga presentó un recurso ante la JNE por "afectación al derecho al voto" de los ciudadanos afectados y que, en contraparte, los abogados Rubén Serpa, de ANTAURO, e Indira Rodríguez, de la Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, presentaron una denuncia penal en su contra por llamar a la insurgencia. Por su lado, Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad, señaló que Corvetto no ofrecía garantías, que los sistemas electorales venían presentando fallos en años anteriores y que "los errores que estamos viendo no son fallas de principiante" en referencia a Corvetto. Vladimir Cerrón, candidato por Perú Libre, desde la clandestinidad declaró que la derecha había hecho un "cálculo fallido" dándole presunta ventaja a Sánchez al "impedir mi libertad", en referencia a la orden de prisión preventiva dictada por la justicia en su contra por presunto financiamiento irregular en la campaña de 2021.

López Aliaga ofreció una recompensa de 20 mil soles a cada persona que le brindara pruebas del presunto fraude, aunque luego borró su mensaje publicado anteriormente. Belmont se pronunció solidarizándose con López Aliaga. Al mismo tiempo, Renovación Popular solicitó, el 16 de abril, al JNE que anulara los votos de determinadas mesas de Cajamarca porque, según argumentaron, en algunas mesas no se había colocado el 0 en donde su partido no obtuvo los votos, que las firmas de los miembros de mesa se salían del recuadro, que el lacrado se había realizado incorrectamente, que la mesa se instaló minutos después de las 7:00 a.m. o no se había especificado si era a.m. o p.m., entre otras. Epicentro informó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Jaén rechazó sus pedidos porque no habían pagado la tasa de 1 375 soles correspondiente. Por su lado, López Aliaga declaró que no había personeros de Fuerza Popular colaborando con los de Renovación Popular y acusó a Fujimori de que "sigue" la posición de Corvetto y que no se había plegado a denunciar un presunto "fraude".

El 17 de abril, Espá declaró pidiendo la salida de Corvetto, señaló que "no ha sido una elección normal" y solicitó investigaciones a la par que criticó a Transparencia y a la Misión de la Unión Europea.Ante las investigaciones, la ONPE autorizó el pago del abogado a Corvetto, asumiendo dicha entidad los gastos de la defensa legal. La Asociación Transparencia demandó a la ONPE a explica de manera más clara el sistema de cómputo de resultados y presentar información actualizada del ausentismo y los horarios de instalación de las mesas e instó al JNE a informar sobre lo resuelto con respecto a las más de 5 000 actas impugnadas. Charlie Carrasco, candidato del Partido Demócrata Unido Perú, salió a denunciar un presunto "fraude". Marisol Pérez Tello, candidata de Primero La Gente, declaró que el proceso había sido "muy complicado" mientras que su partido sacó un comunicado alertando un deterioro institucional y descartando algún tipo de fraude. Diez-Canseco se manifestó solicitando la anulación de las elecciones etiquetándolas de ser un "fraude escandaloso". El presidente de la República Balcázar propuso, ante el escándalo, que las Fuerzas Armadas podrían trasladar el material electoral para la segunda vuelta.Mientras, el candidato Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, reapareció disfrazado de vaquero en una transmisión por Tik Tok declarando que descartaba la teoría del "fraude" y anunciando el sorteo de un reloj Cartier.

López Aliaga convocó una marcha para el 19 de abril. La marcha fue también convocada por la Asociación Frente Democrático (AFD), una organización presidida por Elizabeth Dulanto Baquerizo y en donde era parte del directorio Erasmo Wong.

Jaimes, mientras, denunció irregularidades en las elecciones y presuntos indicios de "fraude" además de señalar que en el material en braille para que los discapacitados puedan votar el nombre de Belmont aparecía de manera prominente. Ahora Nación sacó un comunicado rechazando la "narrativa del fraude" bajo el título: "Ahora Nación dice no a Keiko y no a la narrativa del fraude". Cerrón, por su parte, realizó una publicación diciendo: "El fraude en estas elecciones es un hecho público. Todo el sistema estaba para no cometer el 'error' del 2021, que dio el triunfo al ‘comunista’. La oligarquía no se iba a correr el riesgo, pero está patinando".

Nuevas investigaciones sobre Piero Corvetto

El 16 de abril, Cristian Castillo, abogado de Galaga, responsabilizó a ONPE del retraso por no disponer del personal necesario para embalar y procesar el material que iba a ser transportado, descartó algún tipo de colusión para obtener el contrato, que las solicitudes en LinkedIn para contratar personal era para atender a sus clientes particulares y detalló que habían ganado un contrato con la municipalidad de Lima durante la gestión de López Aliaga como alcalde por "suerte" ya que habían "empatado" con otro postor y habían sido elegidos mediante sorteo. Además, Castillo añadió que la empresa no había iniciado el traslado en Lima porque la ONPE no le había otorgado el material a ser transportado por lo que no tenían qué trasladar, que trasladaron con éxito el material al interior del país, que los comisionados de la ONPE encargados de dicho proceso habían renunciado y habían sido reemplazados a última hora, que de los convoy de dos camiones el camión con los equipos de cómputo no estaban completo siendo que la Contraloría registró que un personal de ONPE había dicho "Oye, faltan estas computadoras que tiene que ir en ese camión", que a la medianoche habían 35 camiones desabastecidos completándose la carga a las 5 de la mañana del día 12 partiendo los camiones con el tráfico aumentado y que la empresa se mantuvo en contacto con Phang para solucionar los problemas de falta del material a transportar pero que éste le decía "ahorita, ahorita, ahorita".

El 17 de abril, en el marco de las investigaciones por el caso de las cajas, la policía y la fiscalía realizaron inspecciones en el almacén de la ONPE. También la policía se constituyó en el colegio y en el lugar donde presuntamente se encontró las cajas. Se reportó que en San Juan de Lurigancho se denunció el 15 de abril en la comisaría de Zárate la pérdida de 8 actas correspondientes a 2 mesas de sufragio de una institución educativa ubicada en la avenida Gran Chimú. El hecho fue denunciado por Juan Alex Núñez Ortiz, coordinador distrital de la Zona 3, y Ángela Aliaga Silvera, coordinadora de mesa, quienes señalaron que entregaron el material a Lisbet Cerna Pongo, coordinadora del local de votación, pero que después de realizarse una revisión se detectó la falta de dicho material. Se informó que una ciudadana de nombre Fiorella Shirley Chumpitaz Muñoz, que tenía el rol de coordinadora y técnico de mesa de ONPE, presentó una denuncia ante la comisaría de San Borja. Según se detalló en la denuncia, ella estaba ubicada en la Escuela Superior Técnico SENCICO y llevó las actas correspondientes de la mesa 059298 a Flora Díaz Ccoyio, que tenía el rol de orientadora, quien retiró las actas con dirección a la ODPE San Borja. Luego, el 16 de abril, Chumpitaz se llega a enterar que las actas habían desaparecido, recibiendo dicha información de una persona que se identificó como parte de la ODPE San Borja. Tras ello, Chumpitaz presentó la denuncia correspondiente.

Corvetto solicitó reprogramar la citación, a pesar de que ya había solicitado el 8 de abril tomarse vacaciones del 7 al 12 de mayo. Por su parte, Burneo se presentó a declarar ante la Comisión de Fiscalización. Burneo señaló que días antes de las elecciones detectaron problemas en la logística de la ONPE con respecto a la entrega del material electoral y el uso de herramientas tecnológicas. El día 12, según declarara Burneo, se reunió el pleno del JNE para contactar con Corvetto ante los problemas que estaban acaeciendo. Según Burneo, "él garantizó que hasta las 14 horas [2 de la tarde] se podía desplegar todo el material electoral. Incluso se comprometió a no utilizar la herramienta digital por las diferentes fallas que había tenido a nivel de instalación de los mismos. Tenemos actas desde el 10 de abril donde fiscalizadores [del JNE] habían señalado que el material electoral tecnológico, computadoras, impresoras, entre otros, había sido puestos a prueba" añadiendo que solicitaron a Corvetto que volviera al sistema tradicional a lo que Corvetto se comprometió pero "no cumplió" así como tampoco cumplió la estimación que había realizado de que a las 2 de la tarde todo el material iba a ser entregado. Al respecto del caso de las cajas, Burneo declaró que no había personal del JNE ni de la policía en el transporte sino que fue transportado en un vehículo no registrado, calificando al comunicado de la ONPE como falso. También declaró que el ausentismo en las mesas que se demoraron en instalar era de 19.01% en Lima y a nivel nacional un 23.76%.

Tras las declaraciones de Burneo, la ONPE emitió un comunicado declarando que Sandoval les había "proporcion[ado] información inexacta" sobre quienes estaban en el vehículo, que estaban realizando investigaciones y que extendían sus disculpas a la ciudadanía. Luego, la ONPE brindó una conferencia de prensa en donde informó que estaban realizando investigaciones y que la pérdida de material electoral era un "tipo de situaciones [que] se presentan en todos los procesos electorales". Se informó que la policía solicitó detención preliminar a la fiscalía contra Corvetto por el caso de Galaga y allanamiento en su casa y despacho, además de a otros funcionarios de la ONPE y representantes de Galaga, en el marco del presunto delito de colusión evaluándose también los delitos de omisión de funciones y falsa declaración administrativa. Mientras, se reveló el chat de WhatsApp entre un miembro de Galaga y Phang en donde el primero le dice a Phang: "Juan buenas noches en este momento tengo 35 unidades vacías. Siendo casi las 12 a.m. Tu apoyo para salir lo antes posible". Además, se reveló que la ONPE gastó 41 millones de soles en computadoras que no se llegaron a usar en su totalidad.

El 18 de abril se informó que la ONPE canceló las vacaciones solicitadas por Corvetto. La JNE informó que para la quincena de mayo se tendría los resultados de "por lo menos, los resultados presidenciales" de la primera vuelta. Además, la JNE desestimó los pedidos de nulidad presentados por Grozo y Málaga. Ante la presunta detención preliminar de Corvetto, la policía descartó haberlo solicitado aunque se informó que se dispuso medidas para evitar una posible fuga del país. Se informó que en la auditoría en el almacén de la ONPE de Lurín se encontró material para instalar las mesas que no fue distribuido. Dos funcionarios de la ONPE, Phang e Hilda Otoya Alvarado, declararon que no habían conseguido solucionar el problema de distribución. En el acta correspondiente se dejó constancia de las deficiencias de la ONPE en el proceso de distribución. También se informó que los funcionarios de la ONPE se mostraron reacios en informar sobre los vehículos contratados para reemplazar a otros en casos de emergencia.

Caso de las cédula de votación sin custodia

En el programa Beto a Saber de Willax del 16 de abril, se informó del hallazgo de 4 cajas con cédulas de votación correspondientes a las mesas del colegio I.E. 6082 Los Próceres de Surco que, según se mencionó, fueron encontrados en un basurero en el distrito de Surquillo.Se detalló que las mesas eran las 050619, 050627, 050618 y 050620, siendo alrededor de 1 200 votos entre las cuatro y que, aunque ya el conteo de las mismas estaban en actas, por normativa las cédulas debían estar bajo custodia hasta el día de la proclamación presidencial para que pueda ser revisado en cuanto se de una problemática. Se especificó que algunas actas relacionadas con dichas mesas habían sido enviadas para su evaluación al JEE o se encontraban pendientes. Al estallar el escándalo, personal de la DIRCOCOR se presentó ante el programa para realizar las acciones correspondientes.También se apersonó Claudia Sandoval Carmona, jefa de la ODPE Surco, que reconoció que lo encontrado correspondía a material que habían olvidado en un taxi, calificando el hecho como un "error involuntario" y que se habían intentado comunicar con el chofer del taxi que los trasladó pero que éste no respondió presentando las pruebas de sus intentos de comunicación ante las cámaras. Se supo que no denunció la pérdida porque, según declaró, estaba esperando que el taxista, de nombre Jerry Zurita Mestanza, le respondiera ya que veinte minutos después que se retirara aquel día de las elecciones mandó un mensaje que decía: "Necesito comunicarme con el taxista que realizó el viaje. Se ha quedado en su vehículo 4 cajas blancas cuadradas y chatas". La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado advirtiendo negligencia por parte de ONPE y solicitando las destituciones correspondientes.ONPE, por su parte, lanzó un comunicado informando que, por espacio, dichas cajas habían sido colocadas en la maletera del vehículo, que en el vehículo viajaban un personal de ONPE, uno del JNE y un efectivo policial y que al percatarse de la pérdida intentaron comunicarse sin éxito con el chofer. Se informó que diversos taxistas reportaron que habían trasladado material de la ONPE. Se comunicó que la ONPE designó como reemplazo de Samamé a Gustavo García Hidalgo.

Desde el 19 de abril

El 19 de abril, El Comercio informó que, para entonces, Corvetto aun no presentaba sus descargos ante la JNJ, teniendo hasta el 24 de abril para presentarlas, detallándose que luego de ser presentados sus descargos entre la primera y segunda semana de mayo la JNJ emitiría su informe final. RPP difundió un documento de Corvetto en donde expresaba su disposición a presentarse ante la fiscalía, en donde declaraba iba a entregar su pasaporte y su autorización para el levantamiento de comunicaciones a la par que tildaba de "despropósito" el pedido policial hacia su persona. La JNJ, ante los rumores de una reunión con José Pérez Duharte para que asuma el cargo de Corvetto, emitió un comunicado rechazando tales afirmaciones calificándolas como falsas y tendenciosas.Ojo Público informó que, según informes de la Contraloría y la JNE se encontraron demoras en la etapa de embalaje que correspondía a la ONPE, modificación repentina en el cronograma de despliegue, que algunos choferes de Galaga no eran los que originalmente se propuso y que Galaga había incumplido en no presentar choferes con papeletas en los últimos 12 meses.Por su parte, una personera del APRA, partido del candidato Enrique Valderrama, presentó ante el JNE un pedido de nulidad de las elecciones; sin embargo, dirigentes apristas como Jorge del Castillo se manifestaron en contra de la narrativa de fraude y del pedido de elecciones complementarias, limitándose a criticar a Corvetto por una deficiente organización.

Se reportaron manifestaciones en los alrededores del Campo de Marte en la marcha convocada por López Aliaga. En dichas manifestaciones se hizo presente López Aliaga, quien pidió la convocatoria a elecciones complementarias, solicitó la intervención de la fiscalía y la policía, denunció una presunta manipulación tecnológica y una "Operación Motelo" y criticó a Fujimori diciéndole: "No se gana con trafa, señora K. No soy parte de esta basura de gente" y cuestionó sus resultados en el departamento de Junín debido a que, según mencionó: "¿Cómo se entiende que habiendo hecho un mitin en Pichanaqui, San Martín de Pangoa, Satipo, Mazamari, repleto de gente, gane la señora K cuando allá la han sacado a patadas de la región? No pues. Así no. No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente".

Mientras, el periodista Paolo Benza denunció la pérdida de las memorias USB con 17 actas digitalizadas en el distrito de Magdalena. En el Callao, Cuarto Poder denunció la presunta eliminación de material electoral en el colegio César Vallejo, que Phang le mencionó a Samamé que a Huancayo había llegado material de Lima Provincias, que Phang declaró que entre las 10 y 11 de la mañana de aquel 12 de abril le ordenaron que no entregue el material tecnológico y que se calculó que más de 6.5 millones de peruanos no fueron a votar siendo una parte de ello debido a los problemas logísticos. Además, Marco Antonio Sayán Monteza, representante de SIVCORP que proveyó el material tecnológico a la ONPE que costó 41 millones de soles declaró que la orden de compra tenía fecha de 14 de julio de 2025 y que se entregó todo completo el 10 de septiembre del mismo año, que el monitoreo de despliegue se hizo mediante WhatsApp y que las rutas recibió modificaciones. El programa Panorama difundió un audio del adjunto de Samamé, Johnny Echevarría Bermúdez, quien declaraba que estaba interesado que gane Prosegur porque "ellos hacen esta misma nota [traslado de material] en Colombia", que Samamé le había dicho que iban a hacer el despliegue con ellos pero que a "Corvetto se le hizo así... se mariconeó por el tema del repliegue por entregas... porque como los jefes de la ONPE se 'recursean' con el transporte. Muerden. Y no muerden poquito", que iban a hacer que Hermes gane "sin plata de por medio, como tenía que ser" por lo que acomodaron las especificaciones para que gane Hermes "y yo estaba atrás como si fuera chibola, a la comercial" pero que "¿sabes qué hicieron los burros? presentaron mal los datos y perdieron por puntos" y que luego ganó Galaga. Echevarría comentó que el problema era que "Juan [Phang] no ha querido hacer cambios, que se han debido hacer años" y que Galaga, según creía, había obtenido el contrato con "plata de por medio". En Punto Final, el gerente de Galaga salió a declarar mencionando que guardó silencio cuando la ONPE los acusó para evitar que el proceso electoral pudiera empeorarse aún más. Además, el programa difundió un video donde se observa a Phang parado mientras los vehículos estaban esperando el material electoral. En dicho video se escucha que uno de los de la ONPE dice: "Nuestro gerente de operaciones está ahí" y otra le replica: "Sí pues, le he dicho y no me da respuesta" a lo que el primero dice: "Ese es un huevón".

En el 20 de abril se inició el proceso de reconteo de votos por parte del JNE en las actas observadas. La sesión se realizó de manera virtual con participación de personeros, observadores y representantes del Ministerio Público. El proceso de reconteo fue el primero realizado en la historia de los procesos electorales en el Perú al promulgarse por Ley N° 32299 que establecía que, en casos excepcionales, se podía reabrir el sobre de las cédulas de votación en caso no sea posible subsanar una acta observada siendo que anteriormente las cédulas eran destruidas. El empresario Samuel Dyer Ampudia, que fue acusado durante el mitin de López Aliaga de organizar un ejército de personeros en beneficio de la "señora K" para hacer una "trafa" para el "secuestro del Perú", otorgó mediante una carta un plazo de 48 horas para que López Aliaga se rectifique de manera pública de sus afirmaciones. Mientras, López Aliaga refirió de una presunta "estrategia cubano-venezolana" en su contra y agradeció el respaldo de Nieto, Álvarez y Belmont afirmando que estaban realizando denuncias similares. Keiko Fujimori, por su parte, aunque apoyó la idea de unas elecciones complementarias declaró sentirse sorprendida por los insultos hacia ella lanzados por López Aliaga. Reveló que hubo una reunión entre los equipos de personeros de Fuerza Popular y Renovación Popular en donde el líder de los personeros de FP, Luis Dyer, conversó con Norma Yarrow, de RP, y otros en donde se les solicitó a los de FP que formen parte de un pedido que realizarían ante el JNE además de solicitarles información de algunas actas. De acuerdo con Fujimori, para el sábado se les envió la información y se les contestó de manera positiva ante su pedido en donde Luis Galarreta, de FP, iba a firmar el documento y que entendían iban a sumarse otros partidos. Al respecto de los insultos, Fujimori declaró que: "No voy a pisar el palito". Mientras tanto, el Partido Demócrata Verde junto a Integridad Democrática, el PPP y Perú Acción, convocó a manifestaciones ante la sede del JNE para el 21 de abril.

La Encerrona reveló que existían más de 20 actas de diversos distritos limeños que habían sido declaradas extraviadas o siniestradas por la ONPE.Se informó que para el día 21, la fiscalía citó a Corvetto para la entrega de su pasaporte. Hermes reveló, mediante comunicado y tras el audio donde se los mencionaba, que Samamé se comunicó con ellos el día 11 de abril por la mañana solicitando de emergencia "40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril". Ante ello, Hermes detalló que "respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad". Ante los rumores de que se podía modificar los datos de la ONPE mediante la API, la ONPE emitió un pronunciamiento desmintiendo tal afirmación.

El 21 de abril se informó que 41 mesas de diversos distritos de Lima tenían actas extraviadas o siniestradas, según la ONPE. Se denunció que en las dos mesas de Nueva Jersey se habían registrado actas con partidos ficticios, error que tuvo que corregirse posteriormente. En Satipo, se denunció que 210 cédulas de votación habían sido encontradas en un aula del colegio José Olaya. En Áncash se denunció que dos mesas de sufragio contiguas contenían los mismos resultados tanto en la distribución de votos como en el total de sufragios válidos.

El fiscal de la Nación confirmó que la policía solicitó la detención preliminar contra Corvetto pero mencionó que el fiscal a cargo iba a evaluar dicha solicitud, además negó que iba a ser detenido aquel mismo 21. Corvetto, mientras, presentó su carta de renuncia manifestando su disposición a someterse a las investigaciones. La JNJ, tras ello, declaró la vacancia de Corvetto indicando que se iba a continuar con la investigación preliminar en su contra. Juntos por el Perú emitió un comunicado en defensa de Corvetto calificando de "ilegal" la decisión de la JNJ de aceptar su renuncia y hablando de una supuesta campaña dirigida a desacreditar el proceso electoral apuntando a Fujimori y López Aliaga a quienes acusó de impulsar una narrativa de "fraude" para, según el comunicado, generar desconfianza en los resultados. Además, en su comunicado, el partido convocó a movilizaciones y a la conformación de un "frente político". De igual forma, Renovación Popular emitió un comunicado llamando a los demás partidos políticos a actuar "como un frente unido". Corvetto, mientras, se presentó ante la fiscalía para la entrega de su pasaporte e información de lo acontecido, aunque Contracorriente (de Willax) informó que no hizo entrega de su pasaporte italiano afirmando que no tenía otro salvo el peruano que presentó. La JNJ solicitó a la ONPE identificar información sobre personal extranjero laborando para la ONPE solicitando sus datos, el tipo de documentación que poseían, su nacionalidad, las áreas en donde laboraban y bajo qué modalidad habían sido contratados. El plazo que otorgó la JNJ a la ONPE para remitir la información fue de 5 días. El JNE informó que, para dicha fecha, los JEE no habían recibido de parte de la ONPE la totalidad de las actas observadas a pesar de los pedidos reiterados, siendo que estaban a la espera de 30 mil actas para su evaluación. Por su parte, Grozo, Caller, Diez-Canseco y Gonzáles, junto a sus seguidores, protestaron sentados y portando velas frente a la JNE pidiendo la nulidad de las elecciones. Se reportaron enfrentamientos entre los seguidores de los cuatro anteriormente mencionados y los de Juntos por el Perú que estaban acompañados con miembros del Movimiento de Liberación 19 de Julio (ML-19). En medio de los enfrentamientos se llegó a escuchar "Fuera terruco" o "Facho, basura, acepta tu derrota".

El 22, el fiscal de la Nación Gálvez declaró que solicitó la detención de Corvetto. Ante la información de que Corvetto no había entregado su pasaporte italiano, Gálvez declaró que sí lo había hecho. Corvetto acudió a la prefectura de Lima para pedir garantías personales. Por su parte, los ex defensores del pueblo Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar emitieron un comunicado solicitando a la JNJ fundamentar su decisión de aceptar la renuncia de Corvetto. Mientras, los miembros del pleno del JNE se reunieron para debatir sobre la viabilidad de ir a elecciones complementarias.

Ipsos emitió una encuesta en la que el 79 % de los peruanos desaprobaba la gestión de Corvetto al frente de la ONPE; en Lima, la desaprobación alcanzaba el 88 %. En cuanto a Burneo, un 68 % desaprobaba su gestión al frente de la JNE. Respecto a su experiencia en los centros de votación, el 45 % cree que hubo un intento de sabotaje para perjudicar a algunos candidatos o de fraude para favorecer a otros, el 33 % identificó a los funcionarios de la ONPE que «no hicieron bien su trabajo» y el 15 % responsabilizó a la empresa que transportó el material. Con respecto a sus sensaciones sobre las elecciones, la mayoría expresó sentirse defraudados y decepcionados. Bernardo Pachas, tras la renuncia de Corvetto, asumió la jefatura interna. Dio una conferencia de prensa donde aceptó que hubo fallas logísticas durante el proceso que se encontraban bajo investigación, que el presupuesto no fue factor para la ocurrencia de las fallas, que la ONPE se rige con el cronograma oficial aprobado que los conducía a la segunda vuelta ante la pregunta sobre las elecciones complementarias y que su prioridad era la realización de la segunda vuelta con mayor eficiencia.

José Baella, de Renovación Popular, detalló que su partido iba a solicitar la renuncia de Burneo al cargo de jefe del JNE si no aprobaban elecciones complementarias.Anahí Durand, de Juntos por el Perú, declaró que su partido iba a marchar en contra de las elecciones complementarias. Señaló que Sánchez iba a estar en Bambamarca, Cajamarca, en las movilizaciones convocadas y que luego estarían en Huancavelica, Cerro de Pasco y el domingo en Lima y que en el JNE iban a realizar una marcha el 22, siendo las marchas realizadas junto a otras agrupaciones de izquierda como Ahora Nación y Venceremos. Sánchez, desde Bambamarca, rechazó la posibilidad de la realización de elecciones complementarias calificándolo como "no constitucionales" además de manifestar que su agrupación seguiría pidiendo la liberación de Pedro Castillo. Fujimori declaró que si la JNE decidía que se iban a realizar elecciones complementarias iba a respetar la decisión. López Aliaga amenazó a Corvetto declarando: "Vas a ir a la cárcel, te voy a perseguir hasta la muerte".

La República informó que, según fuentes del JNE, se había descartado la realización de elecciones complementarias quedando la votación de 3 contra 2. Sin embargo, acordaron seguir deliberando hasta que la decisión sea unánime. De acuerdo con fuentes de El Comercio, se logró desestimar la posibilidad de ir a elecciones complementarias con una votación de 5 a 0, aunque el pleno siguió operativa para el día 23.

En el distrito de Alexander von Humboldt, del departamento de Ucayali, se encontró 4 cajas con material electoral en una empresa de transporte. Se informó que dichas cajas contenían cédulas de votación, actas y padrones correspondientes al distrito de Curimaná, siendo que se encontraban fuera del resguardo legal y en un local privado. Tras el hallazgo, la ODPE de Coronel Portillo emitió un comunicado declarando que era material olvidado por personal encargado del repliegue. La fiscalía, mientras, inició investigaciones al respecto. En Piura, se encontraron cédulas de votación en un bus que se dirigía a Lima, siendo encontrados en un operativo realizado por la policía y personal de aduana. Se detalló que se encontró 5 cajas en 2 bolsas embaladas siendo el material perteneciente a la ODPE de Paita. La ODPE de Paita emitió un comunicado donde informó que dicho material fue entregado a la empresa Olva Courier contando con la verificación del JEE Piura 2 pero que la empresa terciarizó el envío sin previo conocimiento. El material fue puesto a resguardo de la policía y trasladado a la ODPE de Paita.

Aquel día 23 de abril se informó que el fiscal Raúl Martínez Huamán a cargo de las investigaciones requirió el peritaje de los teléfonos institucionales y personales de Samamé, Phang, Otoya y el servidor Willian García Velásquez. También se requirió la presentación de sus correos institucionales y personales, incluyéndose en ello a Lilia Flores Bancho. También se dispuso que la ONPE entregue el registro de visitas a la subgerencia de producción electoral y a la gerencia de gestión electoral, comprendiéndose las fechas desde mayo de 2025 al 12 y 13 de abril de 2026. También se requirió al Plan Operativo Electoral (POE) y las copias certificadas de las guías de despacho de los colegios a los que no se llegó a entregar el material electoral. Todo ello para determinar si hubo una conspiración para afectar el funcionamiento de las elecciones y si los implicados actuaron en coordinación con personas externas a la ONPE o con infiltrados en la misma. Según se informó, el 14 de abril, en un acta entrevista de la contraloría, Phang declaró que ya se tenía conocimiento de que se podría generar retrasos debido al incumplimiento del cronograma del POE, que lo acontecido se originó debido a la demora y entrega de los equipos electrónicos para su configuración y distribución y que Samamé modificó el cronograma de rutas para acelerar la entrega de material pero que, según Phang, estos no coincidían con la realidad.

La JNJ reiteró su pedido a la ONPE para que informara sobre la existencia o no de trabajadores extranjeros en dicha institución. La ONPE anunció que para la segunda vuelta no iba a usar el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). Territorio Tomado denunció la presencia de un presunto clan familiar en la ONPE. Según dicho portal, Augusto Zuloeta Silva, dueño de Compusoft, ganó contratos con la ONPE entre los años 2013 y 2016 por más de 35 millones de soles, que luego sus hermanos Sheila y Daniel fundaron otra empresa llamada Compusoft Data que ganó contratos con la ONPE entre los años 2018 y 2026 por más de 15 millones de soles y que la pareja de Augusto, Fátima Zamora, fundó una empresa llamada Consorcio Alpha & Omega que entre los años 2021 y 2025 ganó contratos con la ONPE por más de 10 millones de soles, siendo esta última la que ganó el contrato para las impresoras usadas para las elecciones de 2026, detectándose que algunas de dichas impresoras presentaron fallas durante los comicios. Beto a Saber denunció un presunto retraso intencional en el colegio Markhan en la instalación de las mesas a pesar de que el material había llegado a las 3:22 de la mañana. Según Inés Elejalde, una miembro de mesa en dicha institución, el personal de la ONPE retuvo el material y les dijo que "no tenían la orden de sacar el material". López Aliaga, mientras, remitió una carta notarial a Dyer rectificándose de las expresiones en su contra mencionando que "fueron formuladas en clave de interrogante y en el marco de un debate público sobre asuntos de relevancia política y de interés general, sin que ello suponga, por sí mismo, una afirmación categórica de hechos como los descritos en su comunicación".

El 24 se realizó allanamientos a 12 inmuebles, entre ellos las viviendas de Corvetto, Samamé, Phang, Otoya, Alvarado, Flores, García Velásquez y a las instalaciones de Galaga. Se informó que los allanamientos se realizaron en el transcurso de las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, falsa declaración en procedimiento administrativo y omisión o demora de actos funcionales. Trascendió que el pedido de detención preliminar contra Corvetto fue desestimado. En el allanamiento a la vivienda de Samamé, que constaba en su DNI, se informó que el funcionario no se encontraba en dicho lugar. La ONPE, ante el pedido de la JNJ, emitió un pronunciamiento detallando que no había trabajadores de nacionalidad extranjera en la entidad y que todos eran peruanos. Se denunció la presencia de actas de mesas contiguas con valores iguales como las mesas 004717 y 004718 del colegio Virgen del Carmen en Andahuaylas, las mesas 034798 y 034799 del colegio Octavio Campos de Pomalca y también en San Martín.

La JNE, por su lado, declaró inviable la realización de elecciones complementarias. López Aliaga, luego de la declaración de la JNE, brindó una conferencia de prensa donde se mostró en contra de la decisión del JNE, acusó a Corvetto de dirigir un sabotaje y calificó las elecciones del 12 de abril como un "acto criminal contra el derecho a votar", declaró que "se ha impedido de votar a casi medio millón y medio" de personas, que el daño a las elecciones "ya está hecho" y señaló la presunta aplicación de estrategias "foráneas" como el "Plan Morrocoy" en las elecciones además de solicitar una auditoria, y nulidad, a las actas con serie 900 000 a 905 000 señalando sospechas de votos irregulares en dichas actas argumentando que dichas actas "aparecieron" tras una segunda extracción de datos realizada por la ONPE y que si Burneo y el JNE no accedían estaban "convalida[ndo] algo que es demostrable en cualquier juzgado en Perú y afuera del Perú" y que tendría "consecuencia penales gravísimas para usted y el JNE" a la par que señaló que no tenía "lógica" que "un elector vote por senadores o diputados y no lo haga por su candidato presidencial" en actas donde su partido no tuvo votos presidenciales. Debido a que no procedió las detenciones preliminares, López Aliaga señalando que los jueces y fiscales respondían a la "mafia de IDL", acusó a Gustavo Gorriti de estar detrás de ello y calificó como sus "operadores" a Rosa María Palacios y a Marco Sifuentes. También, acusó a Perú 21 y a IPSOS de ser presuntos cómplices de un plan en su contra, además, comparó a Sánchez con el cantante Roberto Carlos por su canción "Un millón de amigos" a los que supuestamente la ONPE les dio. Se reportó manifestaciones ante el JNE de ciudadanos exigiendo elecciones complementarias, registrándose insultos a las autoridades electorales.

El 25 de abril, Sánchez anunció que su bancada en el congreso iba a presentar una denuncia constitucional contra la JNJ y el JNE. La ONPE emitió un comunicado calificando de falso lo denunciado en el colegio Markhan argumentando que Elejalde era en realidad una personera y otra con respecto a las numeraciones con serie 900 0001 en adelante detallando que era para los centros poblados que se encontraban alejados. Posteriormente, la JNJ confirmó la entrega de chats entre Galaga y Phang.

El 26 de abril, Alfredo Torres, presidente de IPSOS, sacó un artículo en donde mencionó, ante las acusaciones de López Aliaga, que "la posverdad llegó al Perú" añadiendo que "fuimos vilmente injuriados en un canal de televisión y en las redes sociales". Ojo Público sacó un reportaje en donde analizó cómo se difundió la narrativa del "fraude" en X. En dicho reportaje, se detalló que López Aliaga, a las 9:48 a.m. publicó "Creo que el intento de fraude ya ha comenzado", que para el mediodía los hashtags "fraudeelectoral", "fraudealavista" y "esfraude" alcanzaban aproximadamente las 100 mil publicaciones por hora y que una cuenta llamada @PKN23 a las 4:00 p.m. difundió un video en donde se hablaba que más de un millón de personas no habían sido impedidos de votar en Lima. También se detectó la presencia de cuentas extranjeras como la de Martín de Luca (asesor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro), el politólogo argentino Agustín Laje y Hermann Tertsch (eurodiputado por el partido español Vox) difundiendo dichas acusaciones. Se detectó que López Aliaga fue el político que más impulsaba dicho discurso dando repost a diversas cuentas relacionadas a dicha narrativa. Además, en otro reportaje de Ojo Público, Wong confirmó que financió la marcha del 19 de abril. Se informó que el 17 de abril se realizó una reunión del AFD en donde participaron integrantes de los colectivos Arica no se Rinde (liderado por el comandante del EP (r) Juan Carlos Rodríguez Guerrero), Legión Zarumilla Azul (liderado por el coronel FAP (r) José Arias Córdova) y Almirante Miguel Grau (cuyo principal vocero era Javier Calle Rivera y agrupaba a miembros de la Marina) para realizar coordinaciones e informar sobre el financiamiento. Al ser consultados por dicho medio, Rodríguez, Arias y Calle detallaron que el financiamiento corrió a cargo de López Aliaga y Wong. Edgar Callo Marín, miembro del AFD, declaró que los "gastos... fueron asumidos por la AFD. Quien corrió con los gastos de la marcha fue la AFD". Mientras tanto, se reportó manifestaciones de militantes de Juntos por el Perú frente al JNE.

El 27 de abril, Málaga envió un oficio solicitando aclaraciones sobre el anuncio del JNE para la no realización de elecciones complementarias, cuestionando que el comunicado carecía de "transparencia" al "no hace[r] mención a resolución alguna del pleno del JNE ni a los argumentos jurídicos o de conciencia que sustentan la declaratoria de inviabilidad". Juan Sheput, candidato al senado por País para Todos, cuestionó las acciones de Burneo y Corvetto y argumentó un supuesto "plan" para sacar de carrera a López Aliaga. El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, declaró que la bancada de dicho partido no había presentando aun la denuncia constitucional contra el JNJ y el JNE sino que estaban en evaluación.

El 28 de abril, la JNE publicó el acuerdo del pleno que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en donde se explicaba las razones de dicha decisión. De acuerdo con el documento, la figura de elecciones complementarias no estaba contemplaba para elecciones generales sino para procesos municipales, que el ausentismo no respondía solo a los retrasos que hubo siendo la diferencia de participación entre las mesas instaladas a tiempo y aquellas instaladas con demora de un 1.4% y que en base al principio de preclusión no se podía alterar el cronograma introduciendo una elección no prevista lo que generaría una "incertidumbre jurídica" además de que al estar el conteo de votos en una fase avanzada se podría influir en la decisión de los electores y que no había condiciones operativas ni de seguridad, como contar con un "ambiente de paz", para la realización de comicios complementarios. Además, la JNE comunicó que hasta el 7 de mayo se iba a realizar el proceso de reconteo de votos. Por su lado, López Aliaga, en conferencia de prensa, anunció que iba a acudir a instancias internacionales, presentó junto a Arnold Castillo (director regional para Latinoamérica y el Caribe de Secretariat) los resultados de la auditoría forense de dicha firma, que los hallazgos serían remitidos tanto al JNE y al congreso y anunció la convocatoria a una protesta pacífica. El alcalde Reggiardo emitió un pronunciamiento, mientras, rechazando la disposición del JNE de declarar inviable las elecciones complementarias. La encuestadora CIT presentó un informe en donde informó que más del 70% de habitantes la ciudad de Lima Metropolitana consideraban que se había realizado fraude en los comicios. Mientras tanto, Ricardo Sánchez Carranza, abogado de Corvetto, renunció a su defensa técnica alegando motivos personales.

El 29 de abril, la fiscalía solicitó el impedimento de salida del país para Corvetto, esto tras encontrársele durante el allanamiento a su vivienda un pasaporte no entregado. También realizó diligencias en la sede de la ONPE en cuanto a los contratos que la entidad gubernamental había suscrito. Wilber Medina, abogado de López Aliaga, informó que se solicitó la copia del padrón de electores de las mesas de la serie 900 mil. Mientras, el Estudio Arbizu&Gamarra asumió la defensa de Corvetto. Luego de la denuncia de López Aliaga contra Corvetto y otros funcionarios por el presunto delito de falsificación de documentos, estafa, fraude procesal y abuso de autoridad, la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP solicitó a la ONPE la ubicación física de las actas electorales de 74 mesas de sufragio, así como el nombre de los responsables a cargo de su custodia, traslado y digitación en el plataforma de conteo de votos, esto para la realización de las indagaciones respectivas. Por su parte, la JNJ inició, de manera oficial, el concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE.

El 30 de abril, el Poder Judicial inició audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país para Corvetto. Se dictó impedimento de salida del país a Corvetto, Samamé, Phang, Alvarado, Otoya, William García y Flores. Se reportó que un grupo de manifestantes protestó, algunos con cacerolazos, ante la sede del JNE y la casa de Burneo pidiendo elecciones complementarias, o en su defecto la nulidad de las mismas, y diciendo "No al fraude". Debido a la concentración de los manifestantes en la casa de Burneo, se dispuso un cerco policial con agentes equipados con escudos además de personal de seguridad del Estado. Se detectó que algunos de los manifestantes tenía polos de Renovación Popular.

El 1 de mayo, la JNE lanzó un comunicado condenando las protestas del día anterior en la casa de Burneo considerando que dichas "conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática" añadiendo que, aunque "el derecho a la manifestación es legítimo... no ampara actos de intimidación o amenazas".

El 2 de mayo, la JNE dispuso la "auditoría informática integral y exhaustiva" de la primera vuelta de las elecciones. Aunque se informó de un informe emitido por la Subcomisión de Ciberseguridad del Colegio de Ingenieros del Perú informando de presuntas deficiencias técnicas en la ONPE para el conteo de votos, el Colegio emitió un comunicado informando que dicho informe que venía circulando por redes sociales "no constituye un pronunciamiento oficial aprobado por el Consejo Nacional" y que no respondía a la posición del Colegio. Por su parte, Renovación Popular cuestionó la disposición de auditoría de la ONPE argumentando que "no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo por parte de la ciudadanía". López Aliaga, de igual forma, rechazó la auditoría diciendo: "Los peruanos no somos idiotas, señor Burneo".

El 3 de mayo, salió publicado una entrevista a Burneo en El Comercio en donde declaró que "Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado". El presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, rechazó la idea de un "fraude" mientras López Aliaga declaró que no iba a jurar como senador si la JNE proclamaba resultados sin auditoría previa. Cuarto Poder reveló un informe emitido por la JNE donde se detectó riesgos de ciberseguridad en la versión de capacitación del STAE de la ONPE. Se detalló que el USB-STAE podía ser clonado y que el sistema podía reconocerlo como original, que había exposición de contraseñas y pines de la institución en el sistema y debilidades en el código fuente además del borrado de información mediante una combinación de teclas. Panorama, por su parte, reveló audios adicionales de Echevarría donde declaraba que en un camión con las cajas de la ONPE "se mojaron como 10. Pero así compare, como si tú hubieras metido tu polo en la batea", que los encargados de la ONPE no hicieron control de calidad a los vehículos ya que "yo les dije, si quieren trasladar así, tienen que tener un protector en el piso, entonces, 'Torete' [Samamé] habla con Galaga y les pone la pezuña en el cuello y les dice: quiero protección en el piso y que me sellen el techo" de los carros "y yo lo que le dije a Juan [Phang]: 'oe compare, tienes que agarrar y que todos los camiones antes de que vengan acá mándalos a un car wash con un supervisor de ONPE y que los agarren a pistolazos [de agua] y si se moja ahí dentro, ese carro no pasa'... le entró por un oído y le salió por el trasero". Echevarría también mencionó que el "día viernes yo le llamé a Torete y le dije, oe compare, a las 5, le envío un video de la situación... y le digo: mira compare, estoy esperando como un imbécil dos horas... esto es un caos, la gente está de amanecida y sé que Juan [Phang] ha mandado a un grupo de rutas sin que yo los capacite con las pistolas... y yo estaba desde el día lunes... de esta semana, yo he estado friega y friega, friega y friega, los comisionados, los comisionados, comisionados, comisionados ¿Sabes cuándo me dieron las rutas? El día jueves", que "el día martes [7 de abril] debimos haber terminar todo. Pero este compare expone a su gente al error ¿Qué pasó el día viernes? El día viernes, después de hablar de eso con José [Samamé], este cobarde [de Phang] me llama y me dice: oye Johnny, ¿por qué no estás en el hangar para que capacites a la gente? yo le dije... 'oye, qué te pasa', le digo, 'estoy como un imbécil aquí hace dos horas, tu gente está cansada y tú tienes que estar acá como jefe a resolver este problema y organizar las cosas, en vez de estar sentado en tu escritorio'. Doy la charla después que Hernán da la charla y me dice: hazla más corta porque la gente tiene que ya irse. Compare, me vuelve a decir, el jefe de la ONPE [Corvetto] estaba por el parque... donde ha sido el show [de despliegue ante la prensa], el día viernes en la noche. Me dice, este Johnny apúrate, porque el jefe de la ONPE ya ha llegado", que Phang le llamó "y me dijo: Johnny, mira sabes qué, tú tienes que hacer que esto funcione, tienes que estar ahí, para que esto funcione, porque mínimo tiene que producir 250 cajas por hora. No te preocupes, le digo, esas líneas van a producir un promedio de 300 cajas por hora" y que el problema, para Echevarría, era que Phang no había querido realizar cambios en el personal y sospechaba que Galaga y Phang habían concertado.

El 4 de mayo, el alcalde Reggiardo dio una conferencia de prensa donde informó que el equipo legal del municipio presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima y un recurso ante el Tribunal Constitucional con respecto a las elecciones. Ante las acusaciones de haber infringido la neutralidad electoral por sus declaraciones, Reggiardo negó haber cometido alguna infracción argumentando que no se había referido de algún partido político.

El 5 de mayo, se informó que el procurador del JNE presentó una denuncia contra Jorge Enrique Ugarte Olivera, alias "Profe sobre ruedas", por los presuntos delitos de sedición y perturbación de la tranquilidad pública al promover las marchas contra la JNE y en la casa de Burneo. También se le acusó por el delito de acoso. Mientras, el jefe de la ONPE, Pachas, y la jefa de la RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, comparecieron ante la Comisión de Constitución del congreso.

El 6 de mayo, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima se declaró incompetente de poder procesar la demanda de amparo presentada por Reggiardo explicando, la magistrada Silvia Núñez, que su despacho solo atendía casos en materia aduanera, tributaria y vinculados a INDECOPI por lo que remitió el expediente al centro de distribución judicial para que sea asignado a otro juzgado constitucional mediante sorteo. Mientras tanto, la JNJ abrió, de manera unánime, el procedimiento administrativo contra Corvetto por la presunta comisión de una "falta grave" durante las elecciones, siendo dicha decisión tomada luego de concluirse la investigación realizada contra Corvetto y determinarse que existía "indicios suficientes" para avanzar en el procedimiento. Corvetto, por su lado, negó haber mentido en referencia a las declaraciones de Burneo.

Se reportó manifestaciones, siendo convocadas y lideradas por López Aliaga. Las movilizaciones se dirigieron hacia la JNE. Mientras, Keiko Fujimori se manifestó en contra de una "insurgencia" y criticó la marcha de López Aliaga. Por su parte, Juntos por el Perú junto a Venceremos, Ahora Nación, Unidad Popular, Unido Perú, Primero la Gente y el Partido Obrero del Perú difundieron un comunicado rechazando la narrativa de López Aliaga y anunciaron manifestaciones para el día 7 frente al JNE. Durante las manifestaciones, López Aliaga amenazó con realizar una "marcha de los cuatro suyos" si la JNE proclamaba una segunda vuelta sin auditoría, dijo a Burneo que "usted no sabe con quién se ha metido", lo descalificó por su discapacidad visual, calificó al JNE como "jurado de la trafa", declaró que "tan fácil no se la van a llevar. Ya pasamos por cinco años de desgracia para cinco años más; y más como un loco que quiere hacer la guerra con Chile [en referencia a Antauro Humala]. Por favor, ¡basta ya! Basta ya de estupideces", criticó la actitud de Fujimori por no apoyarlo en su narrativa y la humilló diciendo que iba a perder por cuarta vez declarando: "Usted va a perder con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder". Norma Yarrow denunció haber sido víctima de un ataque con gas pimienta y acusó a infiltrados de ello.

El 7 de mayo, el defensor del pueblo descartó la existencia de fraude en las elecciones. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un comunicado llamando a evitar excesos en las manifestaciones. Mientras, Juntos por el Perú pidió al JEE de Bagua declarar improcedente la solicitud de López Aliaga con respecto a la nulidad de las mesas de serie 900 000. Fujimori, al ser consultada sobre lo dicho por López Aliaga, respondió que hacía "serie de aseveraciones fuera de lugar", que no le iba a contestar, que se mostraba opuesta a una nueva marcha de los cuatro suyos y calificó como una "falta de respeto" lo que López Aliaga le dijo a Burneo.

El 8 de mayo, se informó que Juntos por el Perú exigió al JEE de Bagua imponer una multa contra López Aliaga por su pedido de anular las mesas 900 000, además de una multa contra su abogado Wilber Medina. Álvaro Henzler renunció como director a Transparencia luego de revelarse que había prestado servicios en la JNE liderada por Burneo. Por su parte, López Aliaga dio una conferencia de prensa cuestionando las mesas 900 000 y la presencia de dichas mesas especiales en Lima metropolitana. Luego, dio una entrevista ante CNN donde denunció que los mecanismos de peritaje del JNE no le parecía que le ofrecían garantías suficientes debido a que "un peritaje forense hecho por alguien tipo KPMG, BDO, Price Waterhouse o E&Y, una de estas grandes. Ellos contratan a una empresa chiquitita para auditar... Dos personas para auditar que les pagan tres cuartos de millón de soles. Es ridículo cómo están manejando esto", criticó las mesas de serie 900 000, denunció una "estrategia de alejamiento de ponerle muy complicada la vida al votante del extranjero. Si usted vive en Miami le han puesto su mesa en Orlando; si vive en San Diego, se la han puesto en Los Ángeles" y que habían presentado 15 escritos ante el JNE sin respuesta. A la par, el periodista Fernando del Rincón, en dicha entrevista, le cuestionó que dijera fraude incluso antes de realizar la primera vuelta y le pidió que mostrar las pruebas. Mientras, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó ante el TC una medida cautelar para suspender el acuerdo del JNE que no dio a proceder las elecciones complementarias.

El 9 de mayo, se informó que más de 15 JEE habían rechazado el pedido de López Aliaga de anular las mesas 900 000. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) criticó a Medina tras sus declaraciones que los votantes amazónicos "no estaban enterados de las elecciones" y que "organizaciones indígenas llenan padrones por ellos".

Se realizaron manifestaciones con participación de López Aliaga. En dichas manifestaciones, López Aliaga, desde un estrado, amenazó a Burneo de llevarlo a la cárcel si proclamaba los resultados de la primera vuelta declarando "usted se está comiendo una cana [cárcel] de 20 años si se atreve con su grupete del JNE a proclamar sin transparencia dos ganadores, sin contar bien los 600 000 votos que se robaron aquí en Lima, y que 400 000 peruanos no votaron fuera de Perú... No pase a la gente como el felón, el traidor a la patria. Recapacite" además de asegurar que existía una conspiración para poner al Perú "en la órbita socialista y comunista" y aseveró que la ONPE "está tomada por el Foro de Sao Paulo. Esa mafia internacional que ve a Perú como su último bastión. Ya dieron Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua y ahora vienen a joder al Perú" añadiendo que "está llena de rojos" acusándolos de inventar "un millón de amigos [votantes]" a Sánchez.

El 10 de mayo, Cuarto Poder denunció que la empresa auditora que había contratado la ONPE, M&T International, tenía una penalidad previa del año 2016 contradiciendo la información que la ONPE había emitido que dicha empresa no tenía ninguna penalidad. Además, constató que la empresa tenía una oficina virtual en Surco donde solo recibían documentos y que los números de teléfono y correos consignados en su página web con respecto a sus oficinas en Lima y Santiago de Chile estaban inhabilitados. Se informó que M&T, en su auditoría, detectó 6 097 hallazgos en el STAE, siendo de estas 23 amenazas, 104 vulnerabilidades y 5970 errores en el código fuente.

Véase también

• Crisis postelectoral de Perú de 2021
• Crisis política en Perú de 2021-presente

Enlaces externos

Portales oficiales

• Página oficial de conteo electoral de la ONPE
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 12-04-2026). Acuerdo del Pleno (12/4/2026) ["Pleno del JNE dispone ampliar horario de votación en mesas donde no llegó material electoral"]
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE, 23-04-2026). Acuerdo de Pleno (23/4/2026) ["Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026"]
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (02-05-2026). «JNE dispone auditoría informática integral y refuerza el control técnico con expertos nacionales e internacionales». portal.jne.gob.pe. 

Informes de Observadores Electorales

• Asociación Civil Transparencia (14 de abril de 2026). Declaración Preliminar de Observación a Largo Plazo. Lima: Asociación Civil Transparencia. 
• Asociación Civil Transparencia (05-05-2026). Segundo Informe de Observación Electoral. Lima: Asociación Civil Transparencia. 
• Asociación Civil Transparencia; Ipsos Perú; National Democratic Institute (NDI) (13 de abril de 2026). Conteo Rápido Integral al 95.7%. Lima: Asociación Civil Transparencia; Ipsos Perú. 

Análisis de terceros

• Luna Amancio, Nelly (26 de abril de 2026). «Desinformación electoral: la arquitectura detrás de la narrativa del fraude sin evidencia». Ojo Público. 
• Rojas, Mathieu (16 de abril de 2026). «Autopsia electoral». Autopsia electoral. Mathieu Rojas. 
• Rojas, Mathieu (16 de abril de 2026). «Autopsia Electoral ONPE 2026: Impacto de las Fallas Logísticas sobre el Ausentismo y los Resultados Electorales en Lima». Autopsiaelectoral.com. Mathieu Rojas. 
• Faure, Matías [@mati_faure] (22 de abril de 2026). «La API de la ONPE ya responde con las mismas actas que la web. Ahora sí puedo dar respuestas más concretas: - Estimo que la diferencia entre Sanchez y RLA al 100% de actas sería de 23,200 votos. - La demora de la ONPE en la entrega de materiales en Lima no cambió el orden del 2.º y 3.º puesto.» (tuit) – vía X/Twitter. 
• Márquez Palacios, Gonzalo [@gmarquezp_] (28 de abril de 2026). «🧐 ¿Es verdad que las actas rurales (las "9XXXXX" de centros poblados o CCPP) fueron manipuladas para inflar a Sánchez?» (tuit) – vía X/Twitter. 
• Jesús, Diego; Álvarez, Antony; Urruchi, Fabricio (5 de mayo de 2026). «Visualización espacial de las mesas de la serie 900». DATAdaf. 
• Jesús, Diego (10 de mayo de 2026). «Las mesas 900 y la geografía del voto». Epicentro TV. 

• Sifuentes, Marco; Ernesto Cabral & Jonathan Castro (15-04-2026). "AMPAY: El rastro del "Plan Morrocoy" en el Perú". La Encerrona/ Canal Ya.
• Cross, Ronald; Bárbara Salas & Javier Albán (29-04-2026). "Roberto Sánchez-Keiko Fujimori en segunda vuelta: resultados, dudas e impresiones | Margen de Error". Comité

Antecedentes

• Ospina, Clara Elvira; García, Francesca; Peñarredonda, José Luis (17 de noviembre de 2024). «El supuesto fraude del 2021 en Perú, una narrativa inmortal». El Clip. 
• Lezama, Hugo (28 de febrero de 2026). «Fraudismo 2021: el año en el que la derecha perdió la cabeza». Cinesmero.  (documental de libre acceso)
• Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) (2007). Mesas de sufragio: experiencias de conformación en centros poblados, comicios 2006. Lima: ONPE. 

• Datos: Q139329994