Crisis política en Perú de 2021-presente

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Pedro Castillo, presidente de la República (2021-2022).
Dina Boluarte, presidenta de la República (2022-actualidad).

La crisis política en Perú de 2021-presente se refiere al período de inestabilidad que inició durante el gobierno de Pedro Castillo en agosto de 2021 y que continúa a día de hoy. La característica fundamental de esta crisis es la constante pugna entre el poder Ejecutivo y las fuerzas políticas opositoras del Congreso.[1]​[2]​[3]​ La crisis se fortalece con la polarización de la ciudadanía y el descontento creciente de la población a partir de las promesas de campaña entre ambos bandos.[4]​ Los simpatizantes más férreos al oficialismo y la oposición, según la DINI, mostraron el interés de «cierre del congreso» y «vacancia presidencial» respectivamente;[5]​ motivo que la CIDH llame a «delimitar con claridad» dichos mecanismos que favorecen a cualquiera de los bandos.[6]​[7]​ Las decisiones sobre esta crisis fueron llevadas posteriormente por el Tribunal Constitucional.[8]​

Aunque es un resurgimiento de aquella crisis de 2016 a 2020, marcado por una falta de representación por las autoridades;[9]​los orígenes de esta nueva etapa se remontan a los resultados de las elecciones de 2021, las cuales dieron como vencedor a Pedro Castillo, de Perú Libre, sobre Keiko Fujimori por un estrecho margen de ventaja.[10]​ A pesar de esta victoria, el nuevo gobierno no logró obtener mayoría en el parlamento,[11]​ incluso contando a sus aliados, el cual estuvo conformado en parte por una coalición de facto de partidos de derecha y una reducida cantidad de integrantes del centro.[12]​

La confrontación de poderes que solo fue agravándose con el pasar del tiempo, y, a diferencia de la crisis anterior, el punto ideológico se convirtió en una de las causas de los enfrentamientos así como la corrupción gubernamental, en que ambos bandos tuvieron poca participación en el diálogo.[13]​[14]​ Esta crisis ha sido descrita como una crisis moral, sistémica, política, de representación y de gobernabilidad.[15]​[16]​[17]​ Sin embargo, a pesar de que los congresistas marcaron una férrea defensa a Castillo, quienes marcaron en contra de sus intentos de destitución, una fracción se inclinó notablemente a favor de su definitiva vacancia, pese al simultáneo intento de autogolpe.[18]​

Además, según El Comercio, se detectaron 237 escándalos en el primer año de gobierno de Castillo.[19]​ En que la corrupción y los conflictos de intereses, que incluyeron la designación de figuras políticas a cargos de confianza,[20]​ fueron una constante de la crisis. El primero de ellos, a cuatro semanas de asumir Castillo al poder, correspondió a las reuniones clandestinas en la calle Sarratea,[21]​[22]​ cuya casa se encuentra alejada del Palacio de Gobierno y que el Ministerio Público señaló como el «centro de investigaciones criminales».[23]​ Esta fue visibilizada por la lobista empresaria Karelim López, quien denunció primer el hecho.[24]​

Posteriormente se destacaron otros casos como ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas,[25]​ y el caso consorcio Tarata III (conformado por dos empresas).[26]​[27]​[28]​ Hasta julio de 2022, cinco de los escándalos ya son motivo de investigación por el Ministerio Público,[29]​[30]​ en que su sexta investigación, sobre irregularidades de obras se abrió al mes siguiente.[31]​ Luego de fundamentarse varias investigaciones, la Fiscalía anunció su juicio político por casos de corrupción, el primero en la historia en realizarse a un mandato en funciones.[32]​[33]​ Para diciembre de ese año, creció a ocho por casos de rebelión y adquisición de un terreno estatal a nombre de Sada Goray.[34]​Castillo se convirtió con el tiempo en un pato rengo, debido al abandono de apoyo de Perú Libre y el crecimiento de acusaciones de corrupción;[35]​ además que su oposición estuvo alimentada de organizaciones políticas de derecha y exmilitares retirados que exigieron su vacancia.[36]​

Medios internacionales como Neues Deutschland calificaron a la crisis por la llegada de Castillo como «desgobierno»,[37]​ mientras que The New York Times señaló que «el mandato de Castillo solo ha profundizado la sensación de que el sistema político del país está dañado».[38]​ Entre tanto, el medio The Economist recalcó que «la degradación de la política peruana es extrema»,[39]​ caso que redujo el índice de democracia de «democrático» a «régimen híbrido».[40]​ En el ámbito nacional, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el término Castillo tiene un mayor índice de Presencia Mediática en los principales diarios El Comercio y La República.[41]​

Se ha discutido entre varias posibilidades, la opción de «que se vayan todos», propuesta de adelanto de elecciones con reformas políticas inicialmente creada por el colectivo La Propuesta,[42]​[43]​ y que posteriormente formalizaron en su tiempo por los congresistas Nano Guerra,[44]​ Pasión Dávila y Digna Calle.[45]​ Dicha estrategia fue planteada por Flor Pablo Medina en la visita de la OEA en noviembre de 2022.[46]​ Según IEP: en marzo de 2022 un 80 % de los electores apoyan nuevas elecciones, en caso de vacancia presidencial,[47]​[48]​ cifra que creció hacia un 87 % en noviembre de ese año.[49]​ Según Ipsos (noviembre de 2022), el 60 % de peruanos acuerdan «modificar la Constitución para acortar el mandato del presidente y del Congreso y adelantar las elecciones generales de manera excepcional dada la crisis actual».[50]​ Desde el cambio de mando de Dina Boluarte, en diciembre de ese año y según IEP, el 83% de peruanos está a favor de que se adelanten las elecciones generales.[51]​

Por otro lado, organizaciones religiosas mostraron intenciones de una reconicliación desde la llegada de Castillo al poder.[52]​ La Conferencia Episcopal Peruana que alentó tanto al Castillo y Congreso en el consenso,[53]​[54]​ realizó negociaciones con Pedro Castillo para finales de 2022.[55]​ No obstante, la situación de tensión incrementó, cuando el cardenal Pedro Barreto (de la iglesia católica) apoyó en la vacancia del mandatario y el adelanto de elecciones.[56]​

Antecedentes[editar]

Artículo principal: Crisis electoral en Perú de 2021

Se ha argumentado que esta crisis es una continuación de la crisis que inició en 2016 cuando se censura al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.[57]​[58]​ La posteriormente electa congresista Susel Paredes señaló a Keiko Fujimori como responsable de la nueva crisis, debido a similitud con las elecciones de 2016, en que ella postuló y pasó a la segunda vuelta.[59]​

Las elecciones generales de Perú se realizaron el 11 de abril en un contexto de gran desconfianza por parte del público, puesto que ningún candidato parecía acaparar más del 15% de votos. De hecho, el voto nulo o viciado se mantuvo siempre más elevado que el del candidato «preferido».[60]​[61]​[62]​ El ganador sorpresivo de las elecciones resultó ser Pedro Castillo, del partido Perú Libre, quien obtuvo 15.3% de votos emitidos y 18.9% de votos válidos.[63]​ A este le siguió Keiko Fujimori, quien ocupó el segundo puesto con 10.9% de votos emitidos y 13.4% de votos válidos (incluso a pesar de haber acumulado un anti-voto de casi el 60% durante la campaña).[64]​ Como anticipaban las encuestadoras, la cantidad de votos nulos y viciados (18.7%) terminó siendo mayor a la del candidato ganador (15.3%).[63]​

La campaña de la segunda vuelta estuvo caracterizada por una severa polarización en la ciudadanía, divida entre el «antifujimorismo» y «anticomunismo».[65]​[66]​[67]​ En la noche del 6 de junio, el día de las elecciones, el flash electoral a boca de urna dio como resultado un empate técnico entre ambos candidatos. La ventaja inicial de Fujimori en el conteo del Oficina Nacional de Procesos Electorales se fue reduciendo paulatinamente, conforme se contabilizaban las actas rurales y del extranjero. En la mañana del día siguiente, Castillo adelantó a Fujimori.[68]​[69]​ El 15 de junio, la ONPE publicó los resultados finales, en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos.[70]​ Este resultado fue muy similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (50.1%) derrotó también a Fujimori (49.9%) por 41 mil votos.

Al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, mucho antes de que terminara el conteo final, la candidata Fujimori denunció que el partido Perú Libre ha cometido un «fraude en mesa», acusándolo de una estrategia para «distorsionar o dilatar los resultados» de las elecciones.[71]​ En respuesta, Perú Libre acusó también a Fujimori de tener «todo armado», declarando que «jamás incurrió al fraude electoral» y recordando al fraude fujimorista durante las elecciones del año 2000.[72]​ Fuerza Popular llegó a presentar 802 solicitudes de anulación de actas, principalmente de las regiones rurales del país, donde la victoria de Castillo fue abrumadora. Esto significaría la anulación de más de 200 mil votos.[73]​ Sin embargo, estos "indicios de fraude sistemático" fueron pronto desmentidos por los entes electorales nacionales e internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos,[74]​ la Unión Europea,[75]​ la Asociación Civil Transparencia[76]​ y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual calificó al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región».[77]​ Sin embargo, varios personajes públicos (principalmente aliados de Fuerza Popular) se negaron a reconocer la victoria de Castillo, insistiendo en un fraude electoral y llegando a solicitar la anulación completa de elecciones.[78]​ El Jurado Nacional de Elecciones rechazó casi la totalidad de solicitudes de Fuerza Popular debido a la falta de pruebas, problemas de trámite y la extemporaneidad de la mayoría de sus solicitudes (que tenían como fecha límite el 9 de junio a las 8:00 p. m.).

El 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo del partido Perú Libre. La resistencia a su victoria electoral se vería reflejada posteriormente en la conformación de dos bloques opuestos: el oficialismo en el Poder Ejecutivo y la oposición instalada principalmente en partidos políticos de derecha en el Poder Legislativo.[79]​ Este último buscó medidas para retirar a Castillo del mandato por métodos como la vacancia por incapacidad moral.[80]​ No obstante, en comparación con otros partidos políticos, el ingresado Perú Libre y Castillo comparten en común la docencia,[81]​ en que este último admitió en 2022 que «el Perú seguirá siendo mi escuela».[82]​

Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022)[editar]

Artículos principales: Gobierno de Pedro Castillo y Corrupción en el Perú.

Gabinete Bellido y primeros días de gobierno[editar]

El congresista Guido Bellido juramenta simbólicamente el 29 de julio de 2021 en Pampa de la Quinua.

El 28 de julio, Pedro Castillo asumió la presidencia en la tradicional toma de mando. Al día siguiente, 29 de julio, Castillo juramentó de manera simbólica en la Pampa de la Quinua, santuario histórico ubicado en la región Ayacucho. Ese mismo día tomó juramento al congresista Guido Bellido, de Perú Libre, como nuevo presidente del Consejo de Ministros.[83]​[84]​ Esa misma noche, en el Gran Teatro Nacional, juramentaron la mayoría de ministros a excepción de los del Ministerio de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos, que juramentaron al día siguiente debido a una serie de desacuerdos.[85]​ Esta designación de Guido Bellido trajo duras críticas de parte de los congresistas de oposición, puesto que Bellido habría realizado comentarios a favor del movimiento terrorista Sendero Luminoso y de la fallecida terrorista Edith Lagos.[86]​ Bellido actualmente es investigado por apología al terrorismo y lavado de activos.[87]​ La oposición criticó la designación de ministros por su "inexperiencia", y por "no tener el perfil adecuado para el cargo que desempeñaban" por sus supuestos vínculos con grupos extremistas y organizaciones terroristas.

En agosto, el canciller Héctor Béjar renunció a su cargo luego de que un programa periodístico expusiera algunas controversiales declaraciones que realizó el 2020. En estas señalaba que Sendero Luminoso había sido obra de la CIA y que el terrorismo lo había iniciado la Marina con el patrocinio de los Estados Unidos.[88]​[89]​ Más adelante, el premier Bellido protagonizó un incidente con la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, a quien le dijo "solo falta que te violen" luego de su presentación en el Congreso.[90]​

Las especulaciones de la participación de Vladimir Cerrón en el Gabinete Bellido crearon críticas negativas.

La participación de Vladimir Cerrón en los primeros días de gobierno también fue uno de los aspectos más criticados durante este periodo. A pesar de que Castillo declaró que Cerrón no estaría "ni de portero",[91]​ la designación de cargos importantes a personas allegadas a Cerrón, incluyendo personal sin experiencia y con antecedentes delictivos, aumentó las sospechas y la desconfianza sobre la autonomía de Castillo.[92]​[93]​ Entre otros funcionarios designados se encuentran Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir e investigado por lavado de activos, como vocero del partido en el Congreso; [94]​ Braulio Grajeda, ex abogado de Cerrón encargado de recaudar fondos para su reparación civil, como viceministro de Gobernanza Territorial;[95]​ y Natalia Jiménez Velásquez, hija del ex candidato de Perú Libre al Congreso Manuel Jiménez, como directora de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pese a no cumplir con el requisito de diez años de experiencia en administración pública,[96]​ por lo que posteriormente su nombramiento quedó sin efecto.[97]​ Vladimir Cerrón originalmente planeaba postularse para la presidencia, pero no pudo debido a estar sentenciado por corrupción. Tras esto intentó postular a la segunda vicepresidencia de Castillo, pero esto fue declarado improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones.[98]​

El 6 de octubre, el presidente Castillo dio a conocer la renuncia del premier Bellido al cargo, y al día siguiente, juramentó la excongresista Mirtha Vásquez.[99]​ Esto provocó el inicio de las divisiones en el partido Perú Libre, ya que un grupo encabezado por el congresista Waldemar Cerrón (hermano del líder del partido Vladimir Cerrón), anunció que no le darían la confianza al nuevo gabinete ministerial.[100]​ El gabinete obtuvo la confianza el 4 de noviembre, con 68 votos a favor y 56 en contra.[101]​ El nuevo gabinete ha sido calificado como mucho más moderado que el anterior,[102]​ pero esto no fue del agrado de una facción de Perú Libre, ya que 16 de sus congresistas le negaron la confianza.[101]​

Consorcio Tarata III[editar]

Reuniones en su domicilio de Breña[editar]

Castillo fue cuestionado numerosas veces por su decisión de no atender juntas en Palacio de Gobierno, incluso llegó a declarar en su mensaje a la Nación que «no gobernaría desde allí» y planteó la propuesta de convertir el recinto en un museo.[103]​ En medio de esa polémica, en noviembre de 2021 el programa Cuarto Poder lanzó unos reportajes donde se acusaba a Castillo de realizar reuniones secretas no informadas en su domicilio ubicado en el distrito de Breña. Según el registro de las cámaras, se realizaron tres visitas: el 20 de octubre de Carlos Ponce, quien llegó en un vehículo a nombre de la Empresa de Representaciones María de Jesús E. I. R. L.; el 5 de noviembre de otro vehículo a nombre de la empresa Mazavig S. A. C. liderada por el acusado por lavado de activos Marco Antonio Villaverde; y el 10 de noviembre de Jaqueline Perales Olano, gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.[104]​[105]​ Posteriormente, el mismo programa captó la presunta visita de Karelim López, empresaria y allegada del ex secretario Bruno Pacheco, realizada el 19 de noviembre. López se reunió 41 veces con diferentes instituciones del Estado entre julio y diciembre de 2021.[106]​ El 6 de marzo de 2022 el programa Punto final entrevistó al dueño de la vivienda, reconoció que por su amistad de Castillo, el dueño Alejandro Sánchez cedió un espacio hacia el entonces presidente.[107]​

Esto salió a la luz luego de que el consorcio Tarata III, ambos vinculados a su participación, obtuviera la licitación de la construcción del Puente Tarata sobre el Río Huallaga. El consorcio Tarata III, formado por tres empresas (Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex) con Marco Antonio Pasapera como fundador,[108]​ obtuvo la contratación de 232,5 millones sin contar con los criterios técnicos para la construcción de la obra.[109]​ Las visitas involucraron a Juan Silva, quien asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, para autorizar la construcción de la obra que posteriormente pasó como investigado por la Comisión de Fiscalización en abril de 2022.[110]​

López había visitado Palacio de Gobierno siete veces, manteniendo comunicación con Castillo y Pacheco. La empresaria se defendió diciendo que representaba al grupo Arcose (operado por el familiar de Marco Antonio, Héctor Antonio Pasapera),[108]​ sin embargo, este también se encontraba involucrado con el consorcio.[111]​ El propietario de la vivienda de Breña negó que Castillo haya tenido una reunión con López, a pesar de que se produjo la visita.[112]​[113]​

Castillo se defendió de las acusaciones afirmando que las reuniones fueron «de carácter personal», sin embargo, la congresista de Perú Libre Katy Ugarte manifestó que las reuniones sí tocaron temas políticos y magisteriales.[114]​ La Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República abrieron una investigación por las visitas irregulares fuera de Palacio de Gobierno.[115]​Además, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Aníbal Torres, debido a que Karelim López lo señaló como autor de presiones contra Bruno Pacheco.[116]​

Primer proceso de vacancia[editar]

Artículo principal: Primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

En ese contexto, el Congreso de la República, decidió aprobar una primera moción de vacancia contra el presidente Castillo, lo cual contó con el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.[117]​ En diciembre de 2021, la moción de vacancia fue rechazada con 76 votos en contra y 46 a favor, y por consiguiente, no fue admitida a debate a pesar de la solicitud del 25 de noviembre pasado.[118]​

Detención a Alejandro Sánchez y supuesto fallecimiento[editar]

En octubre de 2022 el Poder Judicial ordenó a Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, por participar supuestamente en la organización criminal para «favorecerse económicamente de forma irregular».[119]​ Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil figuró a Sánchez como fallecido el mismo día que fue ordenado.[120]​ El aparente responsable del acta de fallecimiento figurado en el registro, Víctor Vargas Reyes, negó esta certificación y, tras revisar que el acta fue falsificada, la institución revirtió esa condición.[121]​ El 14 de octubre de ese año, la Contraloría anunció investigaciones del falso fallecimiento;[122]​ mientras que Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa del Reniec, reconoció que se trató de una modalidad en línea para realizar actas de oficio y tomó la decisión de finalizarla para evitar futuros incidentes.[123]​

Audios de Zamir Villaverde[editar]

En mayo de 2022, el programa periodístico Combutters difundió audios donde se escucha al empresario Zamir Villaverde, dialogar con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En esos audios, ambos conversan sobre la licitación de la construcción del Puente Tarata III,[124]​ obra que fue anunciada por el Gobierno y que implicó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Se reveló un supuesto soborno de cien mil soles.[125]​ Tras esos audios, la Fiscalía dictó orden de detención preliminar contra Silva, sin embargo, el exministro Silva, se dio a la fuga, momentos antes que la Policía ingrese a su domicilio para proceder con el arresto.[126]​

En junio del mismo año, el Congreso acordó citar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, para que explique sobre la fuga del exministro Silva. El ministro negó haber solicitado la fuga de Silva y dijo que su sector no participó de la orden de detención preliminar.[127]​ El 30 de junio, el Congreso censuró al ministro Senmache, acusado de promover la fuga del exministro Silva.[128]​

Disolución del consorcio y desalojo de la casa[editar]

El 3 de enero de 2023, el ministerio de Transportes y Comunicaciones anuló el proyecto y denunció el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.[129]​El 6 de enero se ordenó el desalojo de la casa de la calle Sarratea, cuya propiedad pasó al Programa Nacional de Bienes Incautados.[130]​ El nuevo ministro de Justicia, José Tello, señaló que ese edificio «será sede de institución que lucha contra la corrupción».[131]​

Ascensos irregulares[editar]

Ascensos irregulares de militares[editar]

El excomandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez declaró en noviembre de 2021 que el presidente Pedro Castillo lo retiró porque no aceptó ascender a los recomendados por Castillo debido a «que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos, me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto, pero le advertí que el impacto negativo iba a ser grande».[132]​ Además, denunció que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala ordenaron el ascenso irregular de dos coroneles del Ejército a cambio de jurar lealtad al presidente.[133]​[134]​ El entonces general Vizcarra, días después de sus declaraciones, pasó al retiro.[135]​

Tras la difusión de los mensajes de WhatsApp donde Castillo hablaba con Vizcarra Álvarez y el escándalo suscitado, la Fiscalía confirmó su autenticidad.[136]​ En diciembre de 2021 Castillo fue citado por la Fiscalía General por la investigación de ascensos militares.[137]​ Castillo reconoció los chats pero negó que se tratara de alguna presión para ascender a sus recomendados.[138]​ Posteriormente citó a los militares implicados para que den testimonio.[139]​[140]​

Ascensos irregulares en la policía[editar]

El exsubcomandante de la Policía Nacional del Perú Javier Bueno denunció que hubo interferencia de Castillo en los ascensos en la policía.[141]​ Tras la denuncia, la Comisión de Defensa del Congreso de la República citó a Javier Bueno para que de su declaración al respecto.[142]​

En julio de 2022 la fiscal Patricia Benavides incluyó a Castillo como implicado en la organización en el proceso de los ascensos tanto militares como policiales.[143]​ Según la Fiscalía, los ascensos generaron ingresos de la US$120 mil al gobierno.[144]​

Detenciones y allanamientos[editar]

En diciembre de 2022 se allanaron 27 viviendas en varias ciudades del país, la mayoría corresponden a Walter Ayala, al conocerse los ascensos irregulares. Además, seis policías fueron detenidos.[145]​Posteriormente se detuvo a Jorge Tarrillo, exescolta de Castillo.[146]​El 3 de enero de 2022 la Policía anunció la suspensión de los ascendidos de forma irregular.[147]​

Nombramientos en la gerencia de Petroperú[editar]

Los primeros registros del Palacio de Gobierno vinculados con la clínica La Luz datan de septiembre de 2021, en que aparece en las visitas a su fundador nacido en Chota, Fermín Silva Cayatopa.[148]​ Si bien Castillo usa la clínica para realizar diagnósticos médicos debido a su amistad con el fundador,[149]​ posteriormente se realizaron varios encuentros entre el despacho presidencial y los representantes de la empresa, e involucraron el reclutamiento de Hugo Chávez Arévalo como gerente de la empresa Petroperú.[150]​[151]​ En marzo de 2022, en una entrevista con Milagros Leiva, Chávez Arévalo admitió que Silva le reclutó,[152]​ hecho que el propio empresario admitió ante el Ministerio Público haber entregado dinero.[153]​

Los hechos coinciden con la contratación de Heaven Petroleum Operators (operado por el empresario Samir Abuyadeh) por parte de Petroperú,[154]​ que surgió una serie de irregularidades en la licitación para la adquisición de biodiésel B100 y abastecer combustible al país.[155]​ En febrero de 2022, la Fiscalía allanó las viviendas de los implicados Samir Abudayeh, Hugo Chávez Arévalo y Karelim López (socia de Abudayeh) a través de su operativo Resplandor 2022.[156]​

Declaraciones de Karelim López[editar]

El 28 de febrero de 2022, la lobista Karelim López, declaró ante el Ministerio Público, como aspirante a colaboradora eficaz, y dijo que el presidente Pedro Castillo, encabezaba una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con el ministro Juan Silva y cinco legisladores del partido Acción Popular, a lo que Karelim llamó como "Los Niños".[157]​ Tras estas revelaciones, el ministro Silva renunció al cargo,[158]​ el mismo día en que el Congreso había decidido aprobar una moción de censura en su contra.[159]​ Más adelante, en marzo del mismo año, juramentó el nuevo ministro Nicolás Bustamante, en reemplazo de Silva.[160]​

Segundo proceso de vacancia[editar]

Artículo principal: Segundo proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

En marzo, el Congreso decidió promover una segunda moción de vacancia contra el presidente Castillo, lo cual no fue aprobada con 54 votos a favor, 55 en contra y 19 abstenciones.[161]​[162]​

Investigación de Los Niños[editar]

En octubre de 2022 la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó la investigación del grupo de legisladores acusados de corrupción.[163]​ Días después, se ordenó su allanamiento por parte de la Fiscalía de la Nación.[164]​ Por primera vez en la historia, también se investigan los despachos congresales de los seis acusados del partido Acción Popular: Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza.[165]​

Investigación a funcionarios cercanos al presidente[editar]

En febrero en 2022, Carlos Jaico, renunciante secretario general, señaló la existencia de un gabinete alterno debido a la falta de toma de decisiones que ejerce el presidente.[166]​[167]​[168]​ Este entorno palaciego se le llamó extraoficialmente «gabinete en la sombra»,[169]​ término recurrido en el dominical Panorama y el diario El Comercio.[170]​[171]​ En marzo del mismo año, la Fiscalía abrió una investigación a funcionarios cercanos por el presunto delito de organización criminal.[172]​[173]​ En octubre de 2022 se realizó el operativo Valkiria II por solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para el allanamiento de Beder Camacho y otros asesores.[174]​

Bruno Pacheco y dinero en el baño de Palacio[editar]

Pachecho, el sucesor en la secretaría de Palacio, es una de las figuras clave en la investigación de varios casos cercanos al presidente Castillo debido a su confianza depositada en él.[175]​[176]​ El 19 de noviembre de 2021, agentes del Ministerio Público realizaron una inspección y allanamiento en el Palacio de Gobierno de documentos y equipos electrónicos como parte una investigación por presunto tráfico de influencias.

En el baño de la oficina del secretario presidencial Bruno Pacheco se hallaron 20000 dólares estadounidenses y se acusó al asesor de presionar a miembros de las Fuerzas Armadas con el fin de ascender a personas allegadas al presidente; además, se le acusó de aprovechar su cargo para presionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) para favorecer a empresarios cercanos del presidente.

Pacheco manifestó que el dinero era parte de ahorros suyos y su sueldo de funcionario, y que no fue obtenido de manera ilegal.[177]​[178]​ Tras el escándalo, el 24 de noviembre se oficializó la renuncia al cargo presentada por el secretario.[179]​ En abril de 2022, se dictaron 36 meses de prisión preventiva contra Pacheco por el delito de colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado, esto por irregularidades encontradas en la licitación del puente Tarata III,[180]​[181]​ reducidos a 24 meses en mayo del mismo año.

Desde entonces, Pacheco pasó a la clandestinidad, junto con los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, citados por el mismo caso.[182]​[183]​ Bruno Pacheco se entregó al Ministerio Público el 22 de julio del 2022, según la confirmación pública de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 26 de julio.[175]​[184]​ En agosto de 2022, tras conseguir declaraciones de Bruno Pacheco para el programa Panorama, en que involucra una recompensa monetaria en el caso de la gerencia de Petroperú, Castillo denunció al dominical.[185]​ La Defensoría del Pueblo recriminó la actitud de Castillo.[186]​

Beder Camacho[editar]

Beder Camacho, subsecretario general del Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Castillo, es uno de los implicados en el caso «gabinete en la sombra».[187]​ En agosto de 2022 pasó como investigado por la Fiscalía por participar en la fuga de Pacheco.[188]​[189]​ Según La República, las declaraciones de Camacho sobre la destrucción de evidencias sobre las compras biodiésel B100 al empresario Samir Abudayeh en el caso Petroperú, fueron evidencias suficientes para la Fiscalía en la detención de otros involucrados.[190]​

Salatiel Marrufo[editar]

En octubre de 2022 detuvieron a Salatiel Marrufo, jefe del asesores del Ministerio de Vivienda,[191]​ además del colaborador del ministro, quien permitió favorecer a empresarios en la transferencia de bienes del Estado.[192]​[193]​ En diciembre de 2022, una de los empresarios contactados, Sada Goray, confesó que hubo un millonario soborno de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para sanear un terreno estatal en venta en Chilca.[194]​[195]​ En ese mes el Ministerio Público anunció una nueva investigación sobre el caso,[196]​mientras que enero de 2023 la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales anuló la transferencia del bien hacia Goray.[197]​

Posteriormente Marrufo dio declaraciones sobre los favores políticos involucrados en las cuestionadas obras públicas decretadas por la Ley 31436.[198]​

Mediterraneidad de Bolivia[editar]

Artículo principal: Relaciones Bolivia-Perú

En una entrevista dada al periodista Fernando del Rincón del canal CNN en Español,[199]​ Castillo manifestó que era un «clamor de Bolivia» tener acceso al mar. Consultado sobre sus declaraciones anteriores en apoyo a esa idea, manifestó que las había emitido cuando «ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato».[200]​ Añadió que consultaría «al pueblo» sobre la salida al mar para Bolivia, sin definir por medio de qué mecanismo.[201]​ Sectores de la oposición calificaron a las declaraciones dadas por Castillo como «traición a la patria».[202]​[203]​

Denuncia constitucional[editar]

El 9 de agosto de 2022, el congresista Wilson Soto presentó un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en que se denuncia constitucionalmente por «traición a la patria» al citar los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución Política del Perú.[204]​[205]​[206]​[207]​ El proceso que comenzó en febrero de ese año,[208]​ incluye la entrevista realizada para CNN que consideró un posible referendo para ofrecer salida al mar a Bolivia.[209]​ En junio de ese año la Primera Sala Constitucional de Lima rechazó el derecho de habeas corpus a Castillo.[210]​

El 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó admitir la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por "traición a la patria".

Conflicto minero de Ayacucho[editar]

Esta sección es un extracto de Conflicto minero de Ayacucho de 2021.[editar]
Campamento antiminero en Ayacucho resguardado por la Policía Nacional del Perú, uno de los sitios atacados por los manifestantes.
El conflicto minero de Ayacucho de 2021 inició el 28 de octubre cuando grupos opositores a la explotación minera iniciaron un paro indefinido. El conflicto se agudizó cuando un grupo de 500 manifestantes tomó los campamentos Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata. El 31 de octubre, la premier Mirtha Vásquez anunció el fin del paro y la instalación de una mesa de diálogo.

Paro de transportistas y manifestaciones[editar]

Artículo principal: Protestas en Perú de marzo-abril de 2022

En marzo, se dio inicio a una serie de manifestaciones por parte de un grupo de transportistas, quienes estaban en contra del alza del precio del combustible, debido a que este incremento en los productos hace que su negocio ya no sea rentable. En abril, en la ciudad de Huancayo, Junín, se registraron fuertes disturbios y saqueos en distintas tiendas de la ciudad, que dejó un muerto en dichas manifestaciones.

El 4 de abril, un grupo de transportistas lideró otra manifestación en la Carretera Central, que terminó en enfrentamientos con la Policía y asaltos a las tiendas. A través de un Mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo, anunció que el Consejo de Ministros decretó declarar en estado de emergencia, las ciudades de Lima y Callao, así como también decretó el toque de queda desde las 2:00 a. m., hasta las 11:59 p. m., del 5 de abril.

Ese día, miles de personas salieron a protestar a las calles, en rechazo al toque de queda y exigiendo la renuncia del presidente Castillo. Sin embargo, esas protestas se tornaron violentas cuando un grupo de vándalos provocó disturbios y saqueos en el centro de Lima. Ante esa ola de reclamos de la ciudadanía, el presidente Castillo, anunció que su gobierno, decidió dejar sin efecto el toque de queda.

Alejamiento y renuncia a Perú Libre[editar]

El 30 de junio de 2022, renunció a la militancia en Perú Libre un día después de que el partido emitiera un comunicado pidiendo su salida como paso previo a la apertura de un proceso disciplinario. En el escrito se le acusó de promover la desunión de la agrupación y de implantar políticas contrarias al programa electoral, quedando Pedro Castillo así como un político independiente.[211]​[212]​

Irregularidades de las obras municipales[editar]

El Ministerio Público, a través del Equipo Especial contra la Corrupción de Poder, estableció en su tesis de agosto de 2022 una posible organización criminal para «ganar licitaciones de manera fraudulenta en [pro] de otras provincias y/o departamentos».[213]​ El canal Willax, en su reportaje del programa dominical Contracorriente, apodó como el «club chotano de la construcción»,[214]​ al incluir coordinadores y testaferros en su operación. Posteriormente fue vinculado con el caso Los Chiclayanos, responsables de una serie de envíos de fondos públicos para la ejecución de obras públicas a través de decretos de urgencias por el ministerio de Vivienda en el gobierno de Castillo.[215]​[216]​[217]​

El Ministerio Público realizó investigaciones de un eventual tráfico de influencias después del reportaje de Cuarto poder sobre la contratista favorecida JJM Espino,[218]​[219]​[220]​ y un eventual lavado de dinero al descubrir una transacción bancaria entre Lilia Paredes y los Espino Lucana.[221]​ En julio de 2022 Hugo Espino y Yenifer Paredes dieron sus declaraciones para el Ministerio Público.[222]​ Al mes siguiente, en agosto del mismo año, el equipo contra la corrupción del poder de la Fiscalía intervino a los municipios de Cajatambo y Anguía tras recibir financiamiento ilícito de la empresas contratadas JJM Espino y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C.[223]​ El 9 de agosto de 2022 se dictó una detención preliminar por 15 días para Paredes, los hermanos Espino y el alcalde Medina Guerrero.[224]​[225]​ Al día siguiente, la hija putativa de Castillo se entregó a la justicia.[226]​

En respuesta a las investigaciones, el 9 de agosto Pedro Castillo declaró un mensaje de la Nación en el que calificó a dichas investigaciones de «show mediático».[227]​[228]​

Yenifer Paredes y hermanos Espino Lucana[editar]

Una de los integrantes vinculadas con la construcción irregular de obras es Yenifer Paredes, hija putativa del presidente Castillo y hermana de Lilia Paredes, que trabajó para empresas constructoras del departamento de Cajamarca, operadas por la familia Espino Lucana y amigos según el reportaje del dominical Cuarto poder en julio de 2022.[229]​

Paredes se desempeñó inicialmente como secretaria de la municipalidad de Anguía, una de las más beneficiadas de la construcción de obras, entre 2019 y 2021.[222]​ Cuando Castillo entró al poder, la municipalidad bajo el cargo de José Nenil Medina Guerrero recibió 29 millones de soles para construcción de obras varias,[230]​ más 19 millones para la construcción de carreteras sin la supervisión de Provías en octubre de 2021.[231]​ Destacan además las licitaciones de dos empresas: Asiel Ingeniería y Construcción S.A.C, de Díaz Gálvez (según registros de conversaciones en 2017 al Ministerio de Vivienda),[232]​ el 25 de noviembre de 2021 por 5 millones de soles.[233]​ Y Destcon Ingenieros & Arquitectos, de Espino Lucana, por 3.8 millones de soles en noviembre de 2021.[229]​[234]​[235]​[236]​

En 2020 Paredes trabajó para JJM Espino para el empadronamiento de La Succha y La Palma, centros poblados ubicado en el distrito de San Miguel para realizar futuras obras de saneamiento.[237]​[238]​ JJM Espino, considerada como empresa fantasma según Hildebrandt en sus Trece,[239]​ fue fundada por su amigo ingeniero Hugo Jhony Espino y comenzó sus operaciones en 2019.[240]​ Posteriormente, el 6 de octubre del 2021 obtuvo la licitación de la obra pública del mantenimiento de un colegio dentro de Cajatambo,[241]​ en que ese entonces Espino visitó frecuentemente al Palacio de Gobierno.[242]​

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo[editar]

El 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció a través de una conferencia de prensa, que presentó una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por encabezar una red criminal desde Palacio de Gobierno. Asimismo, esta denuncia, implicó un colectivo conformado por su familia y también por los exministros del Gobierno, como Juan Silva y Geiner Alvarado, además de los congresistas de Acción Popular, denominados "Los Niños" (tránsfugas).[243]​ La fiscal, además, dijo que la denuncia sería presentada ante el Congreso de la República, y que el Parlamento, tendría que tomar la decisión de archivar la denuncia o suspender al presidente Castillo del cargo.[244]​

Según declaraciones del fiscal adjunto supremo, Marco Huamán Muñoz, el expediente contiene más de 192 elementos de convicción (pruebas), algunos de ellos no revelados durante su investigación.[245]​ Como amenaza y respuesta el gobierno solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática para la supervisión del proceso,[246]​ en que el informe preliminar difundido por el vocero Eladio Loizaga mostró la existencia de «una guerra civil entre las instituciones públicas».[247]​

El 16 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó la denuncia constitucional de la fiscal Benavides contra el presidente Castillo, por los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.

Intento de autogolpe de estado, arresto y destitución[editar]

Artículos principales: Intento de autogolpe de Estado de Perú de 2022, Tercer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y Transmisión de mando e investidura presidencial de Dina Boluarte.
Dina Boluarte asumió la presidencia del país tras la destitución de Pedro Castillo, convirtiéndose así en la primera mujer en ascender a la presidencia del Perú.

Durante su campaña presidencial Castillo ya había declarado que disolvería el Congreso en caso de que el parlamento no atendiera su propuesta para cambiar la Constitución. Además, insistió en su propuesta para desactivar y reformar el Tribunal Constituional porque «no defienden los derechos de los ciudadanos». [248]​

El 8 de noviembre de 2022 Aníbal Torres le solicitó al Congreso votar una cuestión de confianza para reformar la Ley 31355, la cual modificaba el procedimiento parlamentario para disolver el Congreso y llamar a elecciones. El Congreso archivó la petición de reforma del Ejecutivo, por lo cual el 11 de noviembre Castillo advirtió: “Hemos declarado ante el Parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es la cuestión de confianza. Hoy conocemos la respuesta. Debo anunciar que el Ejecutivo dará también una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano". El 14 de noviembre Torres volvió a pedirle al Congreso que votara otra cuestión de confianza para derogar otra ley, la 31399, que fue aprobada en enero de 2022 y que modificó el referéndum. El Gobierno se opuso a la norma alegando que impedía la participación de los ciudadanos de forma directa. El 24 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la cuestión de confianza. El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, explicó que la Ley 31399 no ameritaba una cuestión de confianza por no ser una política general de gobierno, que era precisamente la restricción que el propio Legislativo había puesto con la norma anterior. El 30 de noviembre el Tribunal Constitucional determinó que la Ley 31399 tampoco contravenía la Constitución, como alegaba el Gobierno.

Ante esta situación, Aníbal Torres renunció a su cargo como primer ministro, con lo que le abrió las puertas a Castillo para disolver el Congreso, pues según la norma el Ejecutivo puede conformar un nuevo gabinete y solicitar la segunda votación. Si esta también se vota en contra, el presidente puede optar por la disolución. Sabiendo este contexto, los legisladores iniciaron una tercera moción de vacancia por "incapacidad moral". [249]​

El 7 de diciembre de 2022, a pocas horas de que se diera la votación por la tercera vacancia, el presidente Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones congresales y un toque de queda que empezaría a las 10:00 p. m. de ese mismo día. Tras esto diversas instituciones, líderes políticos y medios de comunicación criticaron y condenaron este acto por ser inconstitucional e ilegal y lo compararon con el autogolpe que dio el expresidente Alberto Fujimori de 1992. Las Fuerzas Armadas no obedecieron la medida por vulnerar la constitución y el Congreso peruano destituyó al presidente Castillo de su cargo de Presidente de la República.[250]​. En efecto, el autogolpe fracasó cuando el Ejército desconoció la orden presidencial de instaurar un estado de excepción, y por el contrario se decantó por someterse a los líderes parlamentarios. En ese mismo día, Dina Boluarte juramentó ante el presidente del Congreso José Williams Zapata como presidente de la República, asumiendo el cargo y convirtiéndose así en la primera mujer presidente del país. Esto llevó a que la misma escolta del presidente arrestara a Castillo tras recibir la respectiva orden por la cadena de mando castrense. Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada mexicana donde esperaba recibir asilo político.

Por otro lado, se marcó un conflicto diplomático a causa de la solidaridad a Pedro Castillo por presidentes de Bolivia, México, entre otros. El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó la destitución de Castillo afirmando: “A ellos lo que les interesa son sus privilegios, y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, entonces no lo quieren” [251]​. Asimismo, el Presidente de Colombia Gustavo Petro Urregó solicitó a la CIDH proteger la vida del ex mandatario y restaurar sus derechos políticos. [252]​

El 8 de diciembre, el expresidente Castillo fue formalmente acusado por la Fiscalía del Perú por los delitos de rebelión y conspiración, y se le impuso una medida preventiva privativa de la libertad de siete días por parte del juez Juan Carlos Checkley de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mientras se tramitaba la acusación contra el expresidente por los delitos reseñados. Fue detenido con su esposa Lilia Paredes, quien es investigada por la Fiscalía por tráfico de influencias junto con el ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encontraba con el expresidente y su familia al momento de su arresto. Según la Fiscalía Peruana, Pedro Castillo sería cabecilla de una organización criminal que presuntamente involucra a la familia presidencial, congresistas, ministros, funcionarios y empresarios. [253]​A pesar de sus posteriores protestas a causa de esos acontecimientos, el Tribunal Constitucional declaró solucionado la etapa crítica de la crisis por el intento de autogolpe.[254]​

Gobierno de Dina Boluarte y protestas posteriores (2022-presente)[editar]

«Protestas en Perú de 2022-2023» redirige aquí. Para los sucesos específicos, anteriores y posteriores de la entablada Coordinadora Macrorregional del Sur, véanse sus artículos principales: Protestas en Perú de diciembre de 2022 y Protestas en Perú de 2023.

Como resultado del arresto del presidente se dieron protestas en varios puntos del país, especialmente en las provincias del sur, donde Castillo obtuvo la mayor votación. Así mismo, tras la posesión de la nueva presidente por parte del Congreso, se dieron bloqueos de la autopista Panamericana en Ica y Arequipa.[255]​ Los protestantes identificaron el arresto de Castillo como un «golpe de Estado», exigieron la disolución del congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y la renuncia de la presidente Dina Boluarte,[256]​ , en que calificaron supuestamente a esta última como «gobierno cívico-militar».[257]​

El diario The Economist cuestionó tal argumentación e interpretó que «[los] pueblos indígenas y rurales, entre los cuales Castillo hizo campaña con promesas de cambiar el statu quo, están particularmente enojados».[258]​ Algunos gobiernos subnacionales, incluido el gobernador de Ica, solicitaron a la nueva presidente constitucional Dina Boluarte adelantar elecciones para evitar el surgimiento de focos de insurgencia en las provincias del país,[259]​ al igual que congresistas y organizaciones sociales.[260]​Se recurrieron en casos extremos a la toma de aeropuertos para impedir el acceso aéreo a las ciudades.

Los eventos fueron citados como convulsión social,[261]​[262]​[263]​[264]​mientras que los medios internacionales calificaron a esos sucesos de «estallido social».[265]​[266]​[267]​[268]​[269]​

Convulsión social[editar]

Artículo principal: Convulsión social de Perú de 2022-presente

Desde el mismo día, que la presidenta Boluarte asumió la conducción del país, se reportaron las primeras protestas pacificas en Puno, Arequipa, Lima y otras regiones.[270]​ Estas protestas empezaron a tornarse violentas a partir del 10 de diciembre, en la región Apurímac, la que posteriormente se expandiría al resto del país.[271]​ Las manifestaciones estuvieron acompañadas de jornadas violentas, creación de organizaciones, crisis política y social, desabastecimiento y pérdidas económicas. Se exigía principalmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la inmediata convocatoria a elecciones generales,[272]​ mientras que otras facciones más radicales o politizadas exigían la instalación de una asamblea constituyente, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la independencia o federalización de los departamentos del sur.

Las marchas tuvieron el apoyo de numerosas organizaciones, facciones y políticos tanto de derecha como de izquierda. En las protestas de 2023, las organizaciones predominantes fueron la Coordinadora Macrorregional del Sur, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),[273]​ y el SUTEP.

La convulsión se esparció a casi todo el territorio peruano, y aunque numerosas regiones presentaron enfrentamientos, disturbios y otras alteraciones del orden público. Fueron cinco los frentes relevantes de conflicto; Lima Metropolitana,[274]​ Puno, Apurímac,[275]​ Madre de Dios e Ica.[276]​

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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