Crisis en Venezuela de 2013-actualidad

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Escultura del Parque la aviación, en el aeropuerto de San Antonio -más de tres años sin operaciones ni permisos de vuelo tras su reactivación-, fue uno de los símbolos de la crisis venezolana. Fotografía de 2010.[1]
Tras paralizar y finalizar algunas obras del Sistema Ferroviario Nacional, este no se pudo poner en funcionamiento debido al inasumible coste que este tendría para las arcas públicas.[2][3][4]

La crisis en Venezuela hace referencia a la crisis económica que desde 2013 sufre el país, y que extendida durante años ha mostrado que no solamente es una crisis económica –con una específica y explosiva burbuja petrolera[5]​​ que provocó la mayor crisis petrolera en Venezuela[6]​–, sino también una crisis institucional, social, territorial y política.[7][8][9]

El comienzo de la crisis supuso para Venezuela la explosión de distintos problemas: la crisis financiera, la escasez de productos básicos y, finalmente, el aumento del desempleo. Así mismo, la disminución del crédito a empresarios[10]​ por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno central,[11]​ corrupción política, deterioro de la productividad[12][13]​ y competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación.[14]

Colas ante una sucursal del BBVA en Barquisimeto por la crisis de efectivo, 30 de noviembre de 2016.

Antecedentes macropolíticos[editar]

Constitución Venezolana de 1961

Para el expresidente del PSUV, Hugo Chávez, la constitución venezolana de 1961 después de más de 30 años necesitaría reformas importantes en el sistema electoral, reforzamiento de los derechos sociales y los derechos económicos, integración de América Latina en el texto constitucional, y crear un poder electoral y moral. La propuesta garantizaba el carácter federal, democrático y descentralizado del gobierno, eliminaba el Senado y los senadores vitalicios, entre muchos otros cambios.[15]

Voceros de Acción Democrática (AD), Copei y Unión Republicana Democrática manifestaron que la Constitución no requería ninguna reforma.[16]

Crisis económica[editar]

Ingreso por salario mínimo. La gráfica muestra una progresiva disminución del salario mínimo.[17][18][19]

Desde 2013 existe una crisis económica en Venezuela como consecuencia de factores externos, como la crisis financiera de 2008 y la caída de los precios de petróleo, y de factores internos, como las expropiaciones y las restricciones al control cambiario de la moneda. Durante la crisis se ha producido una aguda recesión económica en Venezuela (2013-2018).[20]

Desde inicios de la crisis las estadísticas oficiales reflejaron una caída progresiva del ingreso de los hogares, y un incremento de pobreza, para 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza alcanzaba el 29,4 %.[21]

Crisis inmobiliaria[editar]

El sector inmobiliario se ha visto afectado fuertemente desde los inicios de la crisis, evidenciando un deterioro de expectativas inmobiliarias y de la industria de la construcción en Venezuela.[22][23]​ Los indicadores han mostrado una caída en distintos ámbitos, los cuales serían, principalmente, el descenso de unidades vendidas, la caída acusada del precio de la vivienda (más o menos pronunciada dependiendo de la región) y el aumento de empresas promotoras y constructoras declaradas en quiebra o con dificultades financieras.[24][25][26]​ Esto ha sido causa de factores internos: la falta de financiación, la inflación, escasez y sobreprecio de materiales de construcción. Entre las principales consecuencias está un aumento del desempleo y la consecuente contracción del consumo.[27][28]

Deuda venezolana[editar]

Deuda del estado venezolano en 2016, Plataforma Auditoría Pública y Ciudadana (PAPC).

Según la Plataforma Auditoría Pública y Ciudadana,[29]​ la deuda externa del estado venezolano en 2016 se divide en:

  • Deuda pública venezolana: representa un 76% del total y es lo que debe por bonos, préstamos de MyLP y bonos internos C,M Y LP.
  • Deuda financiera de PDVSA: el resto, 24 % del total.
Respecto al PIB

La deuda total en 2016 se reparte de la siguiente forma:[30]

Con respecto a la media de América Latina, la deuda externa venezolana en 2017 es inferior.[31]

La deuda externa de Venezuela en febrero de 2017 era el 69,9 % del PIB.[32]

Con la escasez de divisas que entran al país, la deuda venezolana se ha ido agravando haciendo que la situación económica de Venezuela empeore cada vez más.[33][34][35]

Acreedores
Acreedores de deuda pública venezolana.

Entre los acreedores de la deuda pública, en 2014 un 55 % el Estado lo debe a entidades financieras venezolanas (Banco de Venezuela y Banco Mercantil principalmente) y el resto a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y españoles.

El banco Citibank, en julio de 2016 cerró la cuenta de pago con el Banco Central de Venezuela por razones de revisión de riesgo.[36]​ Según varias fuentes, la decisión del banco tendrá un impacto en el mercado alternativo de divisas, siendo este un factor de riesgo para la economía de Venezuela.[37]​ Sin embargo, según el Banco de Venezuela, esta decisión no pone en peligro pagos de deuda, ya que se encuentra activa la cuenta del Banco Central de Venezuela por la que la institución hace estas operaciones en el mercado internacional.[38]

Inversiones con dinero público

Algunas construcciones públicas en Venezuela han recibido críticas de despilfarro, por considerarse un fracaso o por encontrarse infrautilizadas.[39]​ Algunos ejemplos son:

Fraude fiscal[editar]

Un informe del SENIAT señaló en noviembre de 2013 que un 71,8 % del fraude fiscal corre a cargo de empresas y grandes fortunas. Para 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al menos $ 21.000.000.000 en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.[41]​ Las entregas se habrían realizado entre 2012 y 2013. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.[42]

En 2014 se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.[43][44]

A partir de 2015, se hicieron públicos numerosos escándalos de fraude fiscal en el que intervinieron expolíticos, políticos y personas estrechamente relacionados con políticos. En la Lista Falciani se reveló que Venezuela se ubica en el tercer puesto con fondos en las cuentas suizas, declarando que hubo 1.138 venezolanos con cuentas en el banco HSBC. El extesorero del partido del gobierno Alejandro José Andrade protagonizó uno de los más sonados escándalos de corrupción, financiación ilegal y cohecho.[45]

Escasez[editar]

La escasez en Venezuela es un fenómeno que ha afectado a la economía venezolana en los últimos años, y que ha generado una denunciada crisis humanitaria. Esta situación se da en productos con precios regulados como alimentos (leche, diversos tipos de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina pre-cocida, mantequilla, entre otros), productos de primera necesidad (papel higiénico, aseo personal), medicinas (para tratar el cáncer[46]​ entre otros) e inclusive otros como prótesis mamarias y el papel moneda.[47]​ En estados fronterizos, como Táchira[48]​ y Zulia, la situación se agrava aún más debido a la facilidad de llevar mercancía con precio artificialmente bajo, debido al control de precios, desde Venezuela hacia Colombia como contrabando, hecho que ocurre desde principios del año 2013 hasta la actualidad.[49]

Crisis del efectivo[editar]

Escala logarítimica de la hiperinflación en Venezuela. Las líneas verticales azules representan cada vez que la moneda ha perdido 90% de su valor.

Desde mediados de 2014 a raíz de la inflación se creó una crisis del dinero en efectivo que mantiene retenido el dinero de los venezolanos. En el Banco de Venezuela, igual de la administración del Estado, son estrictos al entregar como monto máximo de retiro de 10 mil bolívares diarios a cada persona, hecho que se ajusta a la instrucción dada desde la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de abstenerse a entregar más de 100 billetes de las más alta denominación del cono monetario actual.[50][51]

En diciembre de 2016 el presidente Maduro anunció el retiro de los billetes de 100 bolívares, el de mayor denominación desde la reconversación monetaria de 2007 hasta la del 2017, [52]​ medida que postergaría al menos cinco veces hasta marzo de 2017.[53]​ Todo esto debido, según Maduro al contrabando existente entre las fronteras de Colombia y Venezuela, por lo que Maduro ordenó cerrarlas.[54]

Aerolíneas[editar]

Desde el comienzo de la crisis en Venezuela, las aerolíneas internacionales han tenido inconvenientes en realizar sus vuelos normales desde y hacia Caracas, y como consecuencia, algunas aerolíneas han dejado el país y otras aerolíneas han reducido sus frecuencias.[55][56][57][58][59]

En Venezuela, donde rige un estricto control de cambios desde 2003, las aerolíneas están obligadas a vender sus billetes en bolívares inconvertibles y luego iniciar largos trámites hasta que el gobierno entregue los dólares correspondientes.[60]​ Para repatriar el dinero a sus países de origen, intentan convertir esos bolívares en la divisa oficial del país en la que la aerolínea tiene su matriz.[61][62]​ Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Gobierno de Venezuela tiene retenidos 3.800 millones de dólares a las aerolíneas.[63]

Monopolio de las energías[editar]

Según Corpoelec en mayo de 2015, el 73 % de la energía eléctrica consumida por los venezolanos depende de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Esta dependencia ha causado grandes apagones (sequía, falta de mantenimiento, etc...) en muchos estados del país.[64][65]

Productividad[66][67][editar]

Crisis institucional[editar]

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

El 3 de octubre de 2015, el escritor Mario Vargas Llosa publicó un editorial donde afirmaba que en Venezuela, mientras todavía permanece la crisis económica, la mayoría de las «instituciones, desde los institutos hasta la justicia, muestran síntomas de putrefacción»[68]

Iglesia católica[editar]

La Iglesia católica está exenta de pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR). Sin embargo, ante una reforma de la ley, que fue modificada en el 2015, las iglesias deberán demostrar si son asociaciones sin fines de lucro, por lo que si no reúnen las condiciones tendrían que empezar a pagar estos impuestos.[69]​ La crisis económica ha afectado el normal funcionamiento de estas instituciones, debido a los altos costos de los alimentos, bienes inmuebles, entre otros.[70]

Caso de los narcosobrinos[editar]

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro fueron primero imputados y luego acusados formalmente por la justicia por el Caso de los narcosobrinos.

Medios de comunicación[editar]

La constitución establece mediante la ley, que la comunicación es libre y pluralː

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Artículo 57, Constitución Venezolana[71]

En 2017, el gobierno venezolano ordenó el bloqueo y censura a la señal de CNN en Español después de que la cadena realizó una investigación llamado "Pasaportes en la sombra", donde se denunció la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos en la embajada del país en Iraq.[72][73]​ En respuesta, Conatel bloqueó la entrada de las transmisiones de CNN en Español del territorio nacional, acto que fue considerado como censura por países como Colombia y Estados Unidos. También el 15 de febrero se sacó de las cableoperadoras, la televisora mexicana TV Azteca, que según Conatel, el canal promovía las políticas estadounidenses, creando una supuesta "guerra psicológica".[74][75][76]​ También se ha bloqueado la entrada de otras cadenas, como los canales colombianos RCN y Caracol Televisión Internacional, hechos que fueron condenados por diversos organismos internacionales, la oposición venezolana y gremios internacionales de medios de comunicación. Además, se han cerrado decenas de radiotransmisoras.

Separación de poderes[editar]

La Constitución, en su parte orgánica, establece cuales son los poderes públicos, y asimismo establece las competencias propias a cada uno de ellos.

Se ha criticado que no existe separación de poderes, ya que en las instituciones del Poder Ejecutivo hay una falta de control judicial sobre el objeto del libro de El TSJ. Los miembros son elegidos por el Poder Público: Ministerio Público de Venezuela, Consejo Moral Republicano, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En Venezuela no hay separación de los cuatro poderes de un Estado moderno (Poder Judicial y Fiscalizador, Medios de Comunicación de Masas Públicos, Legislativo y Gobierno). Tienen “autonomía funcional” pero son elegidos por el Poder Político.[77][78]

Indultos

En el 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora propuso una ley de amnistía para liberar a dirigentes políticos encarcelados. La ley fue criticada por presuntamente incluir la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas, incluyendo la venta de productos vencidos y tanto el uso de armas de fuego y de explosivos. La oposición declaró que dicha ley estaría a "favor de personas implicadas en casos investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial".[79][80]

Cortes generales[editar]

Asamblea

Políticos, analístas políticos y académicos ven en la Asamblea Nacional una cámara que no ejerce en la práctica una función útil, ya que para casi todas sus funciones el presidente es el que acaba decidiendo y las pocas funciones exclusivas no se han usado.[81][82]​ Existen llamadas a reformar el parlamento para que sea un órgano que dé relevancia a las regiones, otras a eliminarlo. Cualquier reforma necesitaría de un cambio en la Constitución.[83][84]

Reelección de Maduro

Después de la reelección de Maduro en mayo de 2018, se hizo una declaración institucional, en donde se convocó a los medios de comunicación para su lectura y valoración a las diez de mañana, unas horas después fue emitido por radio y televisión un discurso en el que el presidente revelaba que había tomado la decisión de aumentar la producción de petroleo en el país.

La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Venezuela necesita un nuevo comienzo, escuchemos bien el clamor de un pueblo y también sus silencios. No lo estamos haciendo lo suficientemente bien, hace falta una gran rectificación profunda, hacer de nuevo las cosas, hacerlas de nuevo y mejor. No estamos haciendo las cosas bien y hay que comenzar por nosotros. El diálogo y la pacificación de Venezuela; un acuerdo económico productivo para estabilizar la economía; la lucha "renovada y frontal" contra todas las formas de corrupción; el fortalecimiento del sistema de seguridad y protección social aplicado a través del carnet de la patria; la defensa del país ante las conspiraciones nacionales e internacionales y la ratificación del socialismo.[85]

Crisis política[editar]

Sanciones durante la crisis[editar]

Durante la crisis varias sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales, militares activos o retirados, otras figuras oficialistas y empresas por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro, las protestas en Venezuela de 2014, la crisis institucional, las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y el adelanto de las elecciones presidenciales por parte del CNE y la ANC. Entre otras sanciones, también están restricciones de viaje y contra transacciones con el Petro.

Externas[editar]

Leyenda     Funcionarios del Poder Público      Militares activos o retirados      Otros partidarios oficialistas

Nombre Cargo
Nicolás Maduro Presidente de Venezuela
Tareck El Aissami Vicepresidente de Venezuela
Néstor Reverol Ministro de Interior, Justicia y Paz
Elías Jaua Ministro de Educación
Iris Varela Ministra para el Servicio Penitenciario
Aristóbulo Isturíz Ministro para las Comunas y Servicios Sociales
Jorge Rodríguez Gómez Ministro para la Comunicación y la Información
Vladimir Padrino López Ministro de Defensa
Gerardo José Izquierdo Torres Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz
Jorge Elieser Márquez Monsalve Ministro(E) del Despecho de la Presidencia
Carlos Alberto Osorio Zambrano Ministro de Transporte
Ernesto Villegas Ministro de Cultura
Simón Alejandro Zerpa Delgado Ministro de Economía y Finanzas
José Vielma Mora Ministro de Comercio Exterior
Marleny Contreras de Cabello Ministra de Turismo
Tibisay Lucena Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE)
Tania D' Amelio Rectora del CNE
Sandra Oblitas Ruzza Rectora del CNE
Socorro Hernández Rectora del CNE
Carlos Enrique Quintero Cuevas Rector suplente del CNE
Maikel Moreno Magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Juan José Mendoza Jover Magistrado y presidente de la Sala Constitucional del TSJ
Gladys Gutiérrez Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ
Arcadio de Jesús Delgado Rosales Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ
Luis Fernando Damiani Bustillos Magistrado (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
Lourdes Benicia Suárez Anderson Magistrada (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
Calixto Antonio Ortega Ríos Magistrado (de facto) de la Sala Constitucional del TSJ
Susana Barreiros Jueza provisional de la Corte de Apelaciones del AMC
Luisa Ortega Díaz

(sanción retirada)[86]

Fiscal General del Ministerio Público (MP)
Tarek William Saab Fiscal General (de facto) del MP
Katherine Harrington Vicefiscal general (de facto) designada por el TSJ en 2017
Rodolfo Marco Torres Gobernador del Estado Aragua
Justo José Noguera Pietri Gobernador (de facto) del Estado Bolívar
Henry Rangel Silva Gobernador del Estado Trujillo
Carmen Meléndez Gobernadora del Estado Lara
Erika Farías Alcaldesa del municipio Libertador del Distrito Capital
Hugo Carvajal Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas
Isaías Rodríguez Embajador de Venezuela en Italia
Manuel Galindo Ballesteros Presidente de la Contraloría General de Venezuela (CGR)
José David Cabello Presidente del SENIAT
Andrés Eloy Méndez González Director general de la CONATEL
Rocco Albisinni Serrano Presidente del CENCOEX
William Antonio Contreras Jefe de la SUNDDE
Manuel Fernández Meléndez Presidente de CANTV
Manuel Salvador Quevedo Fernández Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
Miguel Alcídes Vivas Landino Presidente de Venezolana de Turismo (VENETUR)
Gustavo González López Director del SEBIN
Freddy Bernal Comisario General del SEBIN
Antonio Benavides Ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Carlos Alfredo Pérez Ampueda Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
Sergio José Rivero Marcano Inspector General de la FANB
Jesús Rafael Suárez Chourio Comandante General del Ejército
Bladimir Lugo Coronel de la GNB
Remigio Ceballos Ichaso Jefe del Estado Mayor Conjunto de la FANB (CEO-FANB)
Manuel Gregorio Bernal Martínez Ex-director del SEBIN
Franklin Horacio García Duque Ex-director de la PNB
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta Director nacional de la PNB
Fabio Enrique Zavarse Pabón Comandante del Comando de Zona Número 43 de la GNB
Clíver Alcalá Córdones Ex-jefe de la Zona de Estrategia REDI del Estado Bolívar
Julio César Morales Prieto Ex-director del DAEX
Iván Hernández Dala Ex-director de la DGCIM
Luis Alberto Arrayago Ex-jefe del Comando Regional N° 8 de la FANB
Aquiles Rojas Patiño Ex-comandante de la Guardia del Pueblo
Arquímedes Herrera Ruso Ex-jefe del CORE 2 de la GNB
Manuel José Graterol Colmenarez Ex-jefe del CORE 3 de la GNB
Octavio Javier Chacón Guzmán Ex-jefe del CORE 4 de la GNB
Gustavo Colmenares Ex-jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral de la FANB
Delcy Rodríguez Presidenta de la ANC
Elvis Amoroso Segundo vicepresidente de la ANC de 2017
Diosdado Cabello Integrante de la ANC de 2017
Adán Chávez Integrante de la ANC de 2017
Darío Vivas Integrante de la ANC de 2017
Pedro Carreño Integrante de la ANC de 2017
Francisco Ameliach Integrante de la ANC de 2017
Hermann Escarrá Integrante de la ANC de 2017
Roy Chaderton Ex-embajador de Venezuela ante la OEA
Alejandro Fleming Ex-presidente del CENCOEX
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar Ex-Tesorero Nacional en calidad de encargado
Carlos Erik Malpica Flores Ex-Tesorero Nacional
Américo Alex Mata García Ex-director suplente de la junta directiva del BANAVIH
Francisco José Rangel Gómez Ex-gobernador del Estado Bolívar
Carlos Alberto Rotondaro Cova Ex-director del IVSS
Ramón Rodríguez Chacín Ex-gobernador del Estado Guárico
Alexis Ramírez Ex-gobernador del Estado Mérida
Miguel Rodríguez Torres Ex-ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Marcos Rojas Figueroa Ex-viceministro del Sistema de Policía Integral
Hebert García Plaza Ex-ministro de Transporte Acuático y Aéreo
Rafael Sarría Empresario

Empresas[editar]

El 27 de marzo de 2018, el Gobierno de Panamá aplicó una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política chavista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, y que son propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.[87][88]

Sociedad Anónima Fecha de creación Integrantes
Technical Suport Trading 8 de abril de 2014
Evelyn Malpica Torrealba (Directora)
Lumar Development, S.A. 9 de septiembre de 2014
Evelyn Malpica Torrealba (Directora)
American Quality Professional, S.A. 4 de marzo de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y secretaria)
Proalco, S.A. 4 de marzo de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y tesorera)
Internacional Business Suppliers, Inc. 7 de agosto de 2015
Carlos Maplica Torrealba (Director, tesorero y suscriptor)
Iriamni Malpica Flores (Directora, presidenta, secretaria y suscriptora)
Tanker Administrators Corp. 2 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Maritime Crews, Inc. 2 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Maritime Administration Group, Inc. 2 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Sea Side Services, Inc. 3 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Oceanus Investors Corp. 3 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Marine Administration Panama, Inc. 4 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Maritime Tanker Administration, S.A. 10 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Maritime Tanker Services, S.A. 10 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Marine Investor Corp. 10 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Marine Investment Group, Inc. 10 de septiembre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora y presidenta)
Iriamni Malpica Flores (Directora)
Inversiones Cemt, S.A. 5 de octubre de 2015
Evelyn Malpica Torrealba (Directora)
Carlos Malpica Torrealba (Director, presidente, tesorero y suscriptor)
Iriamni Malpica Flores (Directora, secretaria y suscriptora)

El 18 de mayo Estados Unidos designó a Diosdado Cabello y tres personas cercanas a él, incluyendo a Rafael Alfredo Sarria Díaz, un empresario cercano al chavismo con propiedades en el país norteño y quien fungía como testaferro de Cabello. Junto con la sanción a estas personas, el Departamento del Tesoro estadounidense también bloqueó tres empresas que pertenecían a Sarria Díaz: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.[89]

Nacionales[editar]

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.

El 20 de octubre de 2016, el tribunal de control de Valencia y el tribunal de control de Carabobo ordenaron la prohibición de salida de Venezuela para Henrique Capriles Radonski, Jesús Torrealba, y otros seis líderes de la oposición venezolana a raíz de irregularidades en la recolección de firmas para el proyecto del referéndum revocatorio de 2017. También se estableció el inicio de una investigación judicial sobre las irregularidades.[94][95]

En 2017 Lilian Tintori fue imputada por la posesión de 200 millones de bolívares en efectivo, equivalente a 60.000 dólares en la tasa oficiales de cambio de Venezuela.[96]

Crisis política de 2013[editar]

Los eventos ocurridos tras las elecciones presidenciales del mismo año, principalmente las manifestaciones ocurridas por el resultado electoral en el que Nicolás Maduro del Gran Polo Patriótico (GPP) es elegido presidente de Venezuela, condujeron a una serie de protestas y manifestaciones en todos los estados del país.

Elecciones presidenciales

Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, Henrique Capriles desconoció el boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió un conteo del 100 % de los votos,[97][98][99]​ ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 3.500 irregularidades durante el proceso de votación.[100]​ Petición a la cual también se sumó el rector del CNE Vicente Díaz, y la cual fue apoyada por los gobiernos de España,[101]Francia,[102]Estados Unidos,[103]Paraguay,[104]​ y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.[105]​ Maduro, en un principio aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición.[106][107]

Henrique Capriles presentó su solicitud formalmente el 17 de abril del 2013, con todas las denuncias correspondientes y la petición para la verificación total de las actas; el CNE se reunió por horas ese mismo día, hasta aceptar la verificación "en segunda fase", del 46 % de las cajas de votación no auditadas al azar en un primer momento,[108]

El 11 de junio de 2013 el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100 % de los votos emitidos, una de las 18 auditorías que se realizaron durante todo el proceso, los resultados confirmaron la victoria de Maduro,[109]​ puesto que se presentó un 0,02 por ciento de error,[110]​ que el CNE justificó con las aclaraciones colocadas en las actas.[111]

2016

En octubre de 2016 seis tribunales penales inferiores estatales venezolanos declararon nulos los procesos previos de recolección de firmas en sus estados. Como consecuencia, el Consejo Nacional Electoral declaró el cese de la realización del referéndum nacional para la remoción de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, siguiendo dictámenes previos del Tribunal Supremo de Justicia.

Suspensión del referéndum presidencial[editar]

El 20 de octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano suspendió, hasta nuevo aviso, la recolección de las firmas correspondientes al 20 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral nacional para solicitar el referéndum revocatorio contra el mandato del presidente.[112][113]​ Esto se debió a que cinco diferentes tribunales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure dictaminaron de manera paralela la anulación del primer proceso de recolección de firmas para el referéndum.[114][115]​ El 21 de octubre, lo mismo hizo el tribunal penal del estado de Zulia.[116]

Consideraciones

Opositores al gobierno de Maduro consideraron la anulación como un rompimiento del hilo constitucional de Venezuela, y fue denunciado por la oposición venezolana y por el Secretario General de la OEA, ya que esta votación popular está garantizada y protegida por la constitución de Venezuela de 1999, establecida durante el gobierno de Hugo Chávez.[117][118][119][120]​ Once países miembros de la OEA dieron a conocer en una carta pública su preocupación por la suspensión del referéndum revocatorio.[121]​ El presidente de Bolivia, Evo Morales criticó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por su «conducta intervencionista» con respecto a la situación en Venezuela.[122]

Asimismo, los opositores aseguran que el supuesto rompimiento constitucional es exacerbado por la decisión de adoptar un fallo de un tribunal inferior de jurisdicción regional, como si fuera un fallo válido para todo el país.[123]​ Supuestamente esta actuación sería irregular porque iría en contra de los mecanismos estándares de legislación venezolana, donde un tribunal de jurisdicción nacional sería el único válido para modificar o suspender la realización de un referéndum nacional.[123]

Asamblea Nacional y juicio político[editar]

En septiembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara nulos todos los actos emanados de la Asamblea Nacional incluyendo las leyes que sean sancionadas. Ante esto el Parlamento venezolano, controlado por opositores al Gobierno, se declaró en desacato. Una sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, intérprete de la Constitución venezolana, declaró que resultan inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos del Parlamento.[124]

Asimismo, la Asamblea Nacional venezolana, que había sido declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, declaró la «ruptura del orden constitucional» en Venezuela en sesión extraordinaria.[125]​ El 25 de octubre, la Asamblea Nacional debatió la posibilidad de llevar a Maduro a juicio político por su responsabilidad al adoptar la decisión del tribunal inferior, y su aplicación como decisión nacional para suspender el referéndum revocatorio,[126][127]​ aunque la constitución no otorga esta facultad al poder legislativo.[128][129]

Aprobación del proceso judicial a Nicolás Maduro por la Asamblea Nacional el 17 de abril de 2018.

El 22 de febrero de 2018 los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior le dieron entrada a la solicitud de antejuicio de mérito presentado por Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por los cargos de corrupción propia y legitimación de capitales, cuando Maduro aprobó 30 mil millones de dólares para la ejecución de obras a cargo de Odebrecht paralizadas o inconclusas.; los hechos estarían relacionados con el pago de sobornos que habría realizado la empresa Odebrecht a varios políticos venezolanos con la finalidad de obtener contratos en importantes obras. Ortega Díaz señaló que en una investigación realizada por su despacho se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial de Hugo Chávez fue pagada por Odebrecht y el dinero era recibido por Maduro, quien se desempeñaba como canciller.[130]​ El 9 de abril el tribunal admitió el antejuicio de mérito contra Maduro solicitada por la fiscal general, ordenando la prisión preventiva contra y mandatario y la solicitud a Interpol la alerta roja en su contra.[131]

El 17 de abril la Asamblea Nacional aprobó con 105 votos a favor y dos en contra la continuidad del juicio por los hechos de corrupción en respuesta a la solicitud consignada por los magistrados del Tribunal Supremo. El acuerdo que fue votado por los diputados establecía declarar que existen suficientes méritos para continuar el proceso judicial y continuar con las investigaciones que se adelantan en la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 187 de la constitución por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de Maduro.[132]​ El 3 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público.[133][134]​ El secretario general de la OEA Luis Almagro reconoció la inhabilitación y suspensión de Maduro como presidente.[135]

Consulta nacional de 2017[editar]

El lunes 3 de julio de 2017 la oposición venezolana en una rueda de prensa anuncia la realización de una consulta nacional por medio de la Asamblea Nacional, el cual tendría como motivo consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente, ya que para la convocatoria de esta tendría que hacerse un referéndum consultivo donde la población votaría sí y no, cosa que no se hizo por parte del gobierno poniendo en duda la legalidad del proceso constituyente.

La consulta que realizaría la oposición venezolana el 16 de julio, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, se dividió en dos partes. En la primera la ciudadanía podrá manifestar su decisión ante las tres preguntas planteadas y en el segundo firmarán un acta donde se comprometen con adherirse a los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Estaba programado que la actividad se realizara en 2.030 centros de votación ubicados en 536 ciudades de Venezuela y otros 69 países del mundo. Los organizadores dijeron que participarían unos 50.000 voluntarios en las 15.000 mesas que se dispondrán en esos centros. contó con la presencia de 5 expresidentes latinoamericanos (Jorge Quiroga Ramírez de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Vicente Fox de México y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Laura Chinchilla de Costa Rica) y los garantes del proceso que serían diferentes rectores de las universidades más importantes del país. Entre los rectores se encontraba: Cecilia García Arocha (UCV), Benjamín Scharifker (Unimet), Padre José Virtuoso (Ucab), Jessy Divo (Universidad de Carabobo) y Raúl López Sayago (Universidad Experimental Libertador).

Ataque en Catia

En horas de la tarde cuando el proceso transcurría con normalidad, se produce un hecho irregular, un ataque en el que falleció Xiomara Scott, de 61 años. Ocurrió en un centro de votación en el popular barrio de Catia (oeste de Caracas), donde la multitud que hacía fila para sufragar huyó entre gritos de pánico y detonaciones por armas de fuego, y se refugió en una iglesia cercana. El ataque fue realizado por grupo de adeptos al gobierno de Venezuela que detonaron una ráfaga de disparos contra la gran cantidad de votantes. La oposición responsabilizó al gobierno por el atentado que conmocionó a la región.

Resultados

En altas horas de la noche del mismo 16 de julio, los rectores encargados del proceso dieron una rueda de prensa donde informaron que con el 95 % de las actas escrutadas se dio una participación de 7,2 millones de votantes y el 17 de julio en horas de la mañana con el 100% de las actas escrutadas se confirmó la participación de 7,6 millones de votantes donde el 98 % votaron tres veces sí en el proceso, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo la renovación de poderes públicos y legalidad de la Asamblea Nacional de Mayoría opositora electa diciembre de 2015.

Corrupción[editar]

La fiscal general del Estado Luisa Ortega Díaz, reveló que en noviembre de 2014 se estaban tramitando un total de 388 causas contra cargos por corrupción. PSUV y MUD acumulaban la mayoría de las causas de los trámites totales.[136][137][138][139]

A principios de 2017, se reportaron numerosos escándalos por actos de corrupción en el que intervinieron varios funcionarios y directivos de la empresa de Petróleos de Venezuela. En menos de 20 días, el presidente Maduro destituyó a varios directivos de Pdvsa y Pequiven. En medio de los escándalos, el presidente destituyó a Eulogio del Pino del Ministerio de Petróleo, designando a Nelson Martínez, expresidente de Citgo, como el nuevo ministro de Petróleo y Minas. Por su parte, en el proceso de “profunda renovación” se creó la Vicepresidencia Ejecutiva, un nuevo cargo dirigido por Maribel Parra, para así prevenir actos de fraude, corrupción y cohecho en estas empresas.[140][141]

Casos de corrupción[editar]

Algunos casos de corrupción en que se han visto envueltos los partidos políticos sonː

Financiación de los partidos políticos[editar]

En Venezuela la constitución establece una prohibición, al financiamiento por parte del Estado de las «asociaciones con fines políticos». Así pues, el artículo 293 de la Constitución de 1999 establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre sus funciones en los procesos electorales deberá controlar, regular e investigar los fondos de financiamientos de las organizaciones políticas.

La organización Transparencia Venezuela en 2015, consignó en la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral 56 denuncias de presuntas violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, por la utilización propagandística con fondos provenientes del patrimonio público. La Organización solicitó que se iniciaran las investigaciones correspondientes a efectos de determinar los funcionarios que aprobaron o permitieron la configuración de los presuntos ilícitos.[158]

Una semana después Transparencia Venezuela comunicó que habían registrado un total de 281 denuncias de presuntas violaciones a la Ley y su Reglamento.

El periódico Tal Cual Digital publicó un artículo describiendo el cierre de campaña de Nicolás Maduro durante las elecciones presidenciales de 2018 como "la mayor demostración de corrupción", criticando el "descarado" uso de recursos públicos, incluyendo estructuras de personal de ministerios y publicando un audio en el que se demuestra que la convocatoria se hizo aprovechando las nóminas de los despachos gubernamentales. Tal Cual también publicó el plan operativo del cierre de campaña del PSUV, en el documento las casillas correspondientes a los partidarios responsables aparecen vacías y se asignan responsabilidades directamente a los ministerios y a distintas instituciones públicas, incluyendo la de movilizar grupos de personas. El plan operativo describe que PDVSA instaló la tarima principal, las plantas eléctricas, el backing y los sistemas de sonido, que el Ministerio de la Defensa fue el encargado de las detonaciones de fuegos artificiales, que el Ministerio para el Desarrollo Minero se encargó de la decoración y que otros despachos se encargaron de la instalación de baños, pantallas, barreras, toldos y refrigerios. En la página 6 también se explica que la gente que abrazó la tarima desde donde hablaba Maduro eran milicianos vestidos de civil.[159]​ El rector principal del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Luis Emilio Rondón, ratificó las denuncias e irregularidades de los candidatos Henri Falcón y Javier Bertucci, incluyendo al ventajismo que predominó desde la convocatoria del proceso en enero y el uso de recursos del Estado para beneficiar la opción ganadora en el sistema nacional de medios públicos-[160]

Casos de corrupción relacionados con la financiación de partidos

Entre los estados con mayor registro señalaron Distrito Capital con 60 denuncias, seguido de Aragua con 34 y de Miranda con 27. Entre las organizaciones políticas más denunciadas se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) liderando con 40 señalamientos, seguido de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 19 denuncias.[161]

Transparencia[editar]

Según el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados. Es el segundo país más corrupto de América Latina, solo superado por Haití.[162]

En enero de 2013, Según el Índice de Transparencia Presupuestaria internacional, Venezuela obtiene 37 puntos sobre 100, ubicándose solo detrás de Bolivia y Ecuador.[163]

A fecha de 2016, Venezuela es uno de los tres países de América Latina con más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia (Open Government o Gobierno abierto).[164]​ Se ha defendido que una ley de transparencia que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las Administración Públicas, a explicar detalladamente los gastos y financiación de los contratos, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción a todos los niveles, desde hace años.[165]

Desgaste del unipartidismo[editar]

Unipartidismo y desempleo en Venezuela entre 1990 y 2017.

Desde 2015, las encuestas del IVAD revelaron un declive progresivo del número de votantes potenciales al principal partido que ha gobernado durante la crisis, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico. Este desgaste se manifestó de manera particularmente clara en las elecciones parlamentarias de 2015. En esas elecciones, la Mesa de la Unidad Democratica superó el 56 % de los sufragios.[166]

A partir de junio de 2016 todas las encuestas revelaron un fuerte aumento de apoyo hacia la MUD que a principios de 2015 era la primera fuerza en intención de voto, y parecía tener posibilidades de alcanzar el gobierno en las elecciones presidenciales de 2018. Durante la primera parte de 2017, se debatió ampliamente sobre la posibilidad de que el nuevo partido alcanzara a ganar las elecciones.[167]

Crisis social[editar]

Desempleo[editar]

Con la crisis económica que comenzó en 2013 la tasa de desempleo creció rápidamente desde un 8% en 2010 a el 14 % en 2015 y al 18 % en 2016 (2 700 000 personas en diciembre) y convirtiéndose en una de las preocupaciones de los venezolanos superando a la inestabilidad política.[168][169][170]​Si bien el desempleo en algunas regiones de Venezuela es bastante menor que en otras, el cómputo general es uno de los más altos de América Latina según la CEPAL.[171]

Las tasas de desempleo en Venezuela desde 1990 hasta la actualidad, según el FMI:[172]

Evolución de la tasa de desempleo en Venezuela


Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)[173][174]

El desempleo juvenil (menores de 25 años) es el 26,5 %.[175]

En septiembre de 2016, tras el aumento del sueldo mínimo, muchas empresas han despedido a sus trabajadores, por lo que este aumento es una de las principales causas de desempleo.[176]

Emigración[editar]

Policía Nacional Colombiana acompañando a venezolanos hacia Cúcuta.

El número de venezolanos residentes en el extranjero ha crecido desde el inicio de la crisisː solamente en el primer trimestre de 2015 entraron como trabajadores temporales 9.456 venezolanos a Colombia, 5.236 más que en 2013. La categoría de residencia alcanzó 3.840 durante 2014. Esta situación coloca a Venezuela como el país con la mayor cantidad de visas remitidas: 11.429 en 2014.[177]

El 91 % del empleo destruido en los últimos 2 años es de menores de 35 años tal y como publica la Encuesta de Población Activa (EPA).[178][179]​ El desempleo juvenil se ha situado en un 27 % en la última EPA. Actualmente, 346.369 jóvenes (de hasta 29 años) con formación superior se encuentran en desempleo. Pero este perfil no es el único que se repite en el extranjero, también se van jóvenes con otras cualificaciones medias y profesionales.[180]​En Chile, Venezuela es una de las comunidades migrantes de mayor magnitud, representa 1,9 %, según el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En 2014 entregó 2.258 visas estudiantiles, 4 % adjudicado a venezolanos.[181][182]

Ante esta situación, los jóvenes han comenzado a emigrar a otros países en busca de una oportunidad laboral, para poder asegurarse un futuro que en el país se hace incierto. No se trata sólo de una nula estabilidad laboral, sino de una falta de independencia que elimina del horizonte cualquier proyecto de vida estable y convierte a los jóvenes venezolanos en personas dependientes de sus familias. Y más allá de América Latina, los jóvenes están empezando a optar por otros destinos como Europa y Norte América. Generalmente, los trabajos que realizan los jóvenes en el extranjero también se encuentran caracterizados por la precariedad, con jornadas laborales muy largas y sueldos muy bajos que no aseguran una vida digna, y menos un futuro.[183][184][185][186]

Fuga de cerebros[editar]

La emigración ha sido calificada como una "fuga de cerebros" o fuga de talentos, un proceso de migración de los profesionales.[187][188]​ De acuerdo con un estudio publicado en 2015 por la Universidad Central de Venezuela (UCV), detalla que 883.000 profesionales certificados emigraron a 22 países, de los cuales 260.000 eligieron Estados Unidos, seguido por España con 200.000 y Portugal con 110.000[189]

Sanidad[editar]

Durante el año 2013 el gasto público en Sanidad en Venezuela se redujo de 1,68 % a 1,54 %[190]​ del PIB y se cerraron numerosas plantas hospitalarias a nivel nacional. Se dejaron de financiar fármacos para síntomas menores, entre otras medidas.[191][192]​ Además, existen problemas en la sanidad pública que se empezaron a manifestar a inicios de 2013[193]​ con la escasez de medicamentos. Debido a que se han experimentado la escasez de los fármacos, los enfermos o sus parientes han teniendo que recurrir a otras denominaciones o realizar grandes recorridos entre estados para encontrar dichos medicamentos.[194][195]

El 21 de febrero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para el Hospital de Niños J. M. de los Ríos, pidiéndo al gobierno salvaguardar la vida y salud de los 27 niños pacientes del área de nefrología luego de una investigación sobre las fallas del hospital, exhortándolo también a adoptar acciones para mejorar las condiciones de salubridad del hospital. Sin embargo, tres meses después de dictar las medidas cautelares, el gobierno no había cumplido con las mismas.[196]​ El 14 de mayo falleció Carina Vergara, una paciente de 14 años del servicio de nefrología del hospital que formaba parte de la medida cautelar otorgada por la CIDH.[197]

Vivienda y desahucios[editar]

En el periodo de 2016-2017 el precio de la vivienda en Venezuela subió en torno a un 667 %,[198]​ provocando que los jóvenes destinaran quince veces su salario al pago de las hipotecas. Además de esto los créditos hipotecarios son inaccesibles debido a las altas exigencias de la banca venezolana, por lo que no hay una alternativa a esta problemática.[199][200]

Asimismo, el alquiler de viviendas agrava la situación debido a la ley de protección al arrendatario, en la que el propietario de una vivienda tiene prohibido el desahucio del inquilino, por lo que se le es difícil a una persona alquilar una vivienda, creando así tensiones sociales.[201][202]

Déficit de viviendas

En 2007 se contabilizaron en Venezuela 1,8 millones en déficit de viviendas. 10 años después, aún pendientes de la finalización del censo que está realizando el Instituto Nacional de Estadística, se espera que la nueva cifra sea de 3 millones.[203]

Denuncias

Se han denunciado expropiaciones a viviendas vacias mediante la aplicación del plan Ubica tu casa. [204][205]

Educación[editar]

Según algunas fuentes, la educación se ha visto afectada con el aumento del abandono escolar, de entre un 40 % y un 50 %.[206][207][208][209]

Según Noticias RCN, una de las causas de este abandono escolar sería escasez de alimentos, debido a que los menores acompañan a sus padres en las filas para conseguir comida y alimentos.[210]

LOE

En 2016 se aprobó la nuevo ley educativa de era democrática. El proyecto de ley definitivo fue presentado el 15 de junio de 2016 por el ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Nicolás Maduro, Rodulfo Pérez. Desde que en 2016 se hizo público el primer borrador de la ley ciertos sectores sociales encabezados por los partidos de la oposición, los sindicatos y las asociaciones de padres y de alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a la misma.[211][212]

Las principales críticas que ha recibido son:

  • Los educadores no están formados para trabajar por áreas de conocimiento, sino por asignatura.
  • El nuevo plan de estudio está conformado por Lenguas, Culturas y Comunicación (LCC), Memoria, Territorio y Ciudadanía (MTC), Matemática, Ciencias Naturales, Lenguas Extranjeras (LE), Educación para el Trabajo (EPT) y Educación Física. Materias como Física, Química y Biología, que anteriormente se dictaban por separado, quedaron englobadas en el área de Ciencias Naturales.
  • El nuevo currículo ha sido improvisada y no ha habido esfuerzos coordinados para diseñar una estrategia.
  • Implica un horario integral dedsde las 7:00 hasta las 16:00.
  • Los idiomas autonómicos relegados a materias ‘de Especialidad’.
  • No cumple con los deseos expuestos en las leyes venezolanas.
  • El estudiante actual no está bien preparado, pero este currículo tampoco lo prepara adecuadamente.
  • Las estrategias son poco novedosas y que el contenido esta descontextualizado.
  • Niega la esencia disciplinar que poseen las Ciencias Sociales
  • Tiempo insuficiente para su aplicación.
  • Los docentes deberían llevar una formación previa.
  • El gobierno no ha hecho los esfuerzos reales para garantizar que exista personal suficiente para cubrir todas las horas que se están trabajando.
  • Los colegios privados no cuentan con el presupuesto necesario para cancelar las horas adicionales que exige el ente.
  • La propuesta de currículo no genera grandes avances en el sistema educativo que puedan garantizar la calidad de enseñanzas en las aulas.
Tasas universitarias

Las tasas universitarias sufrieron un notable aumento durante la crisis, y diversas universidades implementaron programas de ayuda a algunos estudiantes, pero aun así el número de estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos aumentó notablemente.[213][214]

Manifestaciones[editar]

Desde 2014 se han producido distintas protestas en Venezuela. A raíz de la manifestación del 1 de abril de 2017, surgió el movimiento Rumbo Libertad y una serie de protestas y manifestaciones que se extienden hasta la actualidad. Se han producido manifestaciones en contra de la inflación, deterioro en sanidad, educación, corrupción política, entre otros.

Protestas en Caracas el 2 de marzo de 2014.

En julio de 2014, la organización del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicó un informe que afirmaba que la conflictividad social alcanzaba en Venezuela un riesgo de nivel alto por el malestar desencadenado por la crisis económica, lo que implicaría para el año 2015 un alto riesgo de sufrir revueltas sociales.[215]

Para 2017 el Observatorio registró entre enero y diciembre al menos 9 787 protestas en el transcurso de 2017, equivalente a 27 protestas diarias en todo el país, una cifra récord de manifestaciones en Venezuela y un aumento de 41% con respecto al año 2016, cuando se documentaron 6 917 manifestaciones.[216]

Manifestaciones de la oposición
«Toma de Venezuela» (26 de octubre)

La oposición venezolana, a través de la Mesa de la Unidad Democrática, hizo un llamado a todos los ciudadanos venezolanos a salir a las calles, a partir del 26 de octubre de 2016. Se afirmó que la movilización tenía el objetivo de reclamar el derecho constitucional de los venezolanos al referendo. A diferencia de marchas anteriores, la «toma de Venezuela» tendrá duración indefinida: cada día se anunciará el plan de acción para el día siguiente.[217][218][219][220][221][222][223]​ La MUD estableció siete puntos de partida desde donde partirán las marchas en Caracas, y otros tantos para el interior del país.[224]​ A dicha la marcha asistieron decenas de miles de ciudadanos.[225][226][227][228]​ En la misma, que fue calificada como «violenta» por algunos medios de comunicación, se dieron varios incidentes. El más grave ocurrió en el estado Miranda, gobernado por Henrique Capriles, donde murió un agente de policía por disparos de arma de fuego y otros tres quedaron heridos.[229][230]

Allí, la oposición venezolana anunció el plan de la «Marcha a Miraflores» el 3 de noviembre, así como los planes legislativos de la Asamblea Nacional para los siete días siguientes hasta la realización de la misma.[231]​ También se anunció una huelga general de 12 horas para el 28 de octubre, ante la cual Fedecámaras anunció que será decisión de cada empresa o empleador si se suma o no a la huelga.[232][233]

Marcha a la Asamblea Nacional (27 de octubre)

El presidente de la Asamble Nacional Henry Ramos Allup y Lilian Tintori llamaron a los ciudadanos a estar presentes el jueves 27 de octubre a las 10:00 en la Asamblea Nacional. Según Ramos Allup, el apoyo se requiere para «evitar acciones violentas» de facciones en apoyo al gobierno de Maduro.[cita requerida]

Huelga nacional de 12 horas (28 de octubre)

La oposición venezolana y Fedecámaras anunciaron una huelga general masiva de 12 horas en todo el país el viernes 28 de octubre, con la finalidad de presionar el establecimiento de una fecha para la recolección del 20 % de las huellas.[234]Diosdado Cabello advirtió que ordenaría a las Fuerzas Armadas «tomar» las empresas que participen en la huelga.[234]

«Marcha a Miraflores» (3 de noviembre)

Todos los representantes principales de la oposición venezolana anunciaron la «Marcha a Miraflores» el día 3 de noviembre. A diferencia de marchas anteriores, se invitó a ciudadanos de toda Venezuela a unirse a esta única marcha en Caracas. Este llamado fue hecho independientemente por Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, María Corina Machado, Lilian Tintori, Freddy Guevara, entre otros.[cita requerida]

Manifestaciones del oficialismo
Manifestación en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, para apoyar al Presidente Nicolás Maduro, el 17 de diciembre de 2016.

Por parte del oficialismo, varios de sus líderes han declarado que se está impulsando un golpe de Estado desde la Asamblea Nacional; entre los líderes que han señalado dicha teoría se encuentran Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez y Tareck El Aissami.[235]​ El 25 de agosto de 2016 se realizó una manifestación de adherentes oficialistas en Miraflores para demostrar su apoyo a Nicolás Maduro, tras su regreso de una gira por el extranjero, y «en defensa de la constitución».[236]

El 25 de octubre el presidente Nicolás Maduro convocó, amparado en el artículo 323 de la constitución, para el día siguiente al Consejo de Defensa de la Nación y a los poderes públicos para evaluar la situación.[237]​ Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, junto a los comandantes del Alto Mando Militar, aseguró su respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al gobierno de Maduro, descartando un rompimiento del orden constitucional en el país.[238][239]

El 26 de octubre Nicolás Maduro declaró en sesión permanente al Consejo de Defensa de la Nación, y rechazó la negativa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, de participar de las sesiones de dicho Consejo, ya que según la constitución estaría obligado a asistir.[240]

Pensiones[editar]

En julio de 2017, el presidente Maduro anunció un ajuste de 97.531,00 bolívares en las pensiones. El aumento de las pensiones sería menor a la inflación, excepto para las mínimas y no contributivas.[241]​ En total, las pensiones públicas venezolanas llevan retrocediendo en su poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, pues los aumentos de las pensiones siempre han sido inferiores a la inflación. En 2016 sólo subieron un 20 %,[242]​ menos que el aumento de los precios. Este incremento insuficiente para cubrir la inflación se suma a los acumulados en 2015 (30 % las inferiores a 9.648,16 Bs mensuales ),[243]​ 2014 (15 % en diciembre)[244]​ y 2013 (10 % las mínimas y no contributivas).[245]​ En 2016 se pierde 40 % de poder adquisitivo.[246]

Pobreza[editar]

Venezolano comiendo de la basura.

En marzo de 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó un informe según el cual Venezuela era uno de los países con el mayor índice de pobreza de América Latina, con un porcentaje de 48,4% de los hogares en 2014.[247][248]​ En 2017, la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) realizada sobre 6.500 familias por tres de las universidades principales de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que 82 % de los hogares venezolanos vive en pobreza, superando a Haití en términos y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina.[249]

Crímenes de lesa humanidad[editar]

Desde el inicio de las protestas que viven en Venezuela desde el año 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro, se han presentando casos de asesinatos hacia sus opositores. En las protestas de 2017 se presentó uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas oficiales y hechos violentos por grupos irregulares, dejando más de 100 muertos y más de 15 000 heridos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció el «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva» durante las protestas y responsabilizó al gobierno venezolano de la muerte de al menos 73 manifestantes.[250]

El 14 de septiembre de 2017 la abogada Tamara Sujú denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas en Venezuela de 2017 y 192 casos de torturas sexuales, durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de lesa humanidad en el país.[251]

En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional anunció que abriría una investigación preliminar de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas.[252]​ El 29 de mayo un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos publicó un reporte de 400 páginas en el que concluyen que existen fundamentos de crímenes de lesa humanidad.[253][254]

Crisis territorial[editar]

El histórico conflicto entre Guyana y Venezuela por la reclamación de la Guayana Esequiba al territorio venezolano, se ha ido agravando en los últimos años. El presidente David Granger, en sus discursos acerca de este problema, mencionó en distintas ocasiones la crisis que vive Venezuela, por lo que este factor ha sido de aprovechamiento ya que percibe al país debilitado por esta situación y, además, de que "su prestigio internacional ha disminuido considerablemente”.[255][256]​ Sin embargo, el gobierno venezolano no ha hecho frente a esta situación por lo que su postura es llegar a un acuerdo con propósitos electorales.[257]​ En el año 2018 la disputa es pasada a derimir en la Corte Internacional de Justicia por pedido de Guyana y recomendación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la cual fue rechazada por el gobierno venezolano que manifestó no participar y además instó a restablecer los contactos entre ambas naciones.[258]

Consecuencias[editar]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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