Crisis bancaria de 2002 en Uruguay

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La crisis bancaria de 2002 en Uruguay fue un proceso de insolvencia financiera promovido por una crisis regional que luego se convirtió en una crisis de endeudamiento externo. Se catapultó a través de una corrida bancaria sin parangon, que obligó a la quiebra de algunos bancos comerciales enblematicos. y la reprogramacion de depositos en los bancos públicos (Banco República y Banco Hipotecario). En el transcurso de su resolución de esa crisis, el gobierno del Presidente Batlle enfrento la férrea oposición del Fondo Monetario, quien negaba los recursos necesarios para lidiar con la iliquidez promovida por el retiro de depósitos, hacer una restructuracion ordenada del sistema bancario, y que al mismo tiempo se preservara la cadena de pagos que estaba altamente dolarizada. Para resolver la crisis, fue necesario aplicar medidas drásticas que fueron desde la obtención de un préstamo puente del Tesoro de Estados Unidos por 1.500 millones de dólares, que posibilito la detención de la corrida junto con la restructura del sistema bancario. Su ejecución estuvo bajo el liderazgo del Presidente Batlle, secundado por un escaso número de tecnocratas encargados de su diseño y las negociaciones respectivas. Dada su virulencia, la oposición del FMI y que se evitó el colapso del sistema financiero figura en los anales internacionales de la resolución exitosa de crisis bancarias. Esto sin desconocer, que las crisis financieras de esta envergardura tienen siemrpe efectos sociales adversos profundos.

Orígenes[editar]

La crisis comenzó con una series de hechos externos encadenados que pueden localizarse en el default de la deuda doméstica en Rusia de agosto de 1998. Esto generó un reversión del finaciamiento externo de los países emergentes (sudden stop) que tuvo fuerte impacto en la economía brasileña, que ya se encontraba en recesión. Ello obligó a una fuerte devaluación del Real, (enero de 1999) y la profundización de su recesión económica. De ahí en más, Argentina y Uruguay encontraron que su principal mercado para sus exportaciones cayera estrepitosamente, lo cual expuso la inconsistencia de la política fiscal y cambiaria de Argentina, quien tenía un régimen de tipo de cambio fijo con una paridad de uno a uno con el dólar. El quiebre impostergable del sistema cambiario implico fuertes presiones sobre un sistema bancario, comenzadas por una corrida de sus depositantes con cuentas en dólares que obligó a un congelamiento de depósitos (noviembre de 2001). A partir de ese momento Uruguay soportaba el impacto negativo de la recesión de sus principales clientes (Brasil y Argentina), y el riesgo que se cernia sobre su sector bancario quien tenía un porcentaje elevado de depósitos de no residentes, principalmente argentinos). La seguridad que ofrecía el sistema bancario uruguayo dado el cumplimiento irrestricto de las normas era el diferencial que explicaba el comportamiento de los depositantes. El volumen de depósitos de argentinos en moneda extranjera se estimaba en el 40% del total de depósitos. Dada la imposibilidad de retirar fondos de sus bancos, los depositantes argentinos comenzaron a retirar sus depósitos en Uruguay por motivos transaccionales y por efecto precaución de que no fuera a pasar lo mismo que había ocurrido en su país. Ese proceso comenzó a acelerarse a partir de febrero del 2002, cuando el Banco Comercial fue estafado por sus accionistas y el Banco Galicia fue quebrado por no poder cubrir los retiros masivos de sus depositantes, cuya totalidad eran argentinos. De ahí en más la corrida se fue propagando hacia el resto del sistema, impactando fuertemente a los bancos públicos, quienes en conjunto representaban algo más de la mitad del sistema. A partir de abril de 2002, todos los depositantes (incluidos los uruguayos) comenzaron a retirar sus depósitos.

Desarrollo[editar]

Todo esto implicó que el Banco Central asistiera con liquidez a los bancos en problemas de acuerdo a la normantiva vigente para enfrentar estas circunstancias. Al comienzo, los bancos afectados más importantes fueron el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera]], el Banco Montevideo y el Banco de Crédito, quienes ya estaban en un proceso de semiintervención pues su solvencia era débil.

El gobierno del Presidente Batlle estaba encerrado en la encrucijada de preservar la cadena de pagos (chequeras y cajas de ahorro) altamente dolarizada para asegurar el funcionamiento de la economía, junto a la necesidad de asistir a los bancos en problemas con reservas propias, pues el FMI no estaba dispuestos a aportar los recursos necesarias para desestimular la corrida bancaria. Estas tienen una fuerte componente sicológica que se desvanece una vez que plasma la percepción de que hay liquidez suficiente. En el interim de todo el proceso, se devaluó el tipo de cambio junio de 2002) con el propósito de evitar presiones adicionales sobre el mercado de divisas, lo cual tuvo un impacto adicional adverso sobre el balance de los bancos. Fue una decisión, para algunos discutible, para evitar un mal mayor. A título seguido, el Presidente Batlle fue presionando por el FMI a que aplicara el mismo remedio utilizado por Argentina consistente en congelar los depósitos canjeándolos por bonos (Plan Bonex). Eso fue rechazado de plano lo cual lanzo de lleno al equipo económico a buscar financiamiento directo con el Tesoro de Estados Unidos. El fragor de la crisis erosionó la imagen del Directorio del Banco Central y la gestión del Ministro de Economía Alberto Bensión. Ello culmino con el nombramiento del senador Alejandro Atchugarry como nuevo Ministro de Economía y al Economista Julio de Brun como nuevo presidente del BCU. En paralelo, se intensificaron las gestiones para obtener un préstamo puente del Tesoro de Estados, que habían sido comenzadas por el Emb Fernández Faingold y el Ec Carlos Steneri en Washington Después de casi dos semanas de negociaciones, y habiéndose declarado un feriado bancario en su interim el Secretario Adjunto del Tesoro John Taylor confirmó el otorgamiento de un préstamo puente por 1.500 de dólares. Eso fue la piedra fundamental para aprobar una ley que restructuró el sistema bancario, la cual quebró a los bancos insolventes, apuntaló a los bancos públicos, preservó la cadena de pagos e hizo menos agresiva la reprogramación de depósitos.

Corolario

Esta crisis significó la virtual desaparición de la banca privada de capitales nacionales. Actualmente, el mayor banco es el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay, seguido por varios bancos de capitales extranjeros como el Banco Santander Uruguay, el banco HSBC, el Banco Itaú, etc. El Nuevo Banco Comercial sustituyó en nombre al extinto Banco Comercial, y en los hechos recogió los depósitos de éste, del Banco Montevideo y del Banco La Caja Obrera.

Esta crisis arrojó numerosas lecciones. En primer lugar la necesidad de los liderazgos firmes como el mostrado por el Presidente Batlle para despejar las tentaciones de salidas fáciles, como hubiera sido la implementación de un plan similar al aplicado en Argentina cuyos costos ulteriores hubieran sido mayores. En segundo lugar que los bancos que tienen problemas de solvencia (bancos zombies) deben ser quebrados, a pesar de los costos asociados y las resistencias sindicales por la perdida de puestos de trabajo. Tercero, se fortificó el esquema regulatorio para evitar los potenciales efectos adversos de los depósitos de no residentes en los balances bancarios. Cuarto, los bancos públicos quedaron sujetos a las mismas normas prudenciales que los bancos privados como forma de fortalecer y controlar su gestión. Por últimos se creó un sistema de seguros de depósitos con cobertura parcial como forma de desestimular eventuales corridas bancarias y facilitar restructuras bancarias.


Bibliografía[editar]

Referencias[editar]

  1. a b c d «La crisis de 2002 como tema recurrente». EL PAIS. 28 de junio de 2013. 

Enlaces externos[editar]

Véase también[editar]