Corrupción en Venezuela

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Índice de Percepción de Corrupción en el mundo de 2015 elaborado por Transparencia Internacional. En una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).[1]
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     8 - 8.9      5 - 5.9      2 - 2.9
     7 - 7.9      4 - 4.9      1 - 1.9
     Sin datos

La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todo los niveles de la escala social venezolana. [2]​ En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción política.[3]​ Si bien la corrupción es una variable difícil de medir de forma fiable, Transparencia Internacional ( de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo.[4]​ En la encuesta de Gallup de 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos cree que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela. [5]​ El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014. [6]

Historia[editar]

Durante toda la historia de Venezuela se evidencia la "presencia persistente e intensa de la corrupción".[7]​ En 1991, el autor Ruth Capriles escribió La historia de la corrupción en Venezuela es la historia de nuestra democracia que detalla una gran cantidad de casos de corrupción en el país.[8]​ En 1997, Pro Calidad de Vida, una ONG venezolana afirmó que algunos de los $100 mil millones de los ingresos del petróleo han sido mal utilizados en los pasados 25 años.[7]

Colonia[editar]

Proceso contra Alonso Bernáldez de Quirós[editar]

En 1565 el pirata John Hawkins consiguió vender cientos de esclavos traídos de Guinea en el puerto de Borburata pese a la prohibición de la Corona Española de comerciar con los británicos. Los representates del Puerto y el gobernador, Alonso Bernáldez de Quirós, argumentaron que Hawkins los había obligado a comerciar, so pena de destruir el pueblo, pero esto fue puesto en dudas por el gobierno central, que comenzó una investigación contra Bernáldez y que terminaría destituyéndolo.

Contrabando[editar]

El contrabando fue un problema constante en la Colonia. Las políticas restrictivas del gobierno central y su control de precios propulsaron la exportación e importación de manera ilegal de productos. Esto provocaba la pérdida de impuestos para el gobierno y la proliferación de nuevos niveles de corrupción.

Esteban Fernández de León, un extremeño que llegó muy joven a Venezuela, fue teniente de Justicia Mayor y luego cabo de guerra y juez de comisos de las Sabanas de Ocumare y los Valles del Tuy. En dichas posiciones ejerció o por lo menos toleró el contrabando de manera masiva.[9]

Siglo XIX[editar]

Simón Bolívar (1813-1830)[editar]

Durante la Guerra de Independencia de Venezuela en 1813, Simón Bolívar proclamó un decreto donde decía que cualquier corrupción era castigado con la muerte.[7]​ Según Beddow y Thibodeaux, Karl Marx denominó a Bolívar como un "falso, desertor, conspirador, mentiroso, cobarde, y saqueador", Marx definió a Bolívar como un "falso libertador que simplemente trataba de preservar el poder de la vieja nobleza criolla a la que pertenecía".[10]​ De acuerdo con Marx, luego que Bolívar llegara a Caracas en 1813, Bolívar instauró una "dictadura que pronto demostró ser una anarquía militar, que dejó los asuntos más importantes en manos de los consentidos, que desperdiciaron las finanzas del país, y luego recurrió a medios infames a fin de restaurarlos".[11]​ El primero de enero de 1814, una asamblea y "una junga conformada con las personas más influyentes de Caracas", reunidos, participaron legalmente en el nombramiento de Bolívar como dictador.[11]​ Bolívar, quien tenía una relación problemática con el general Manuel Piar, supuestamente creó un plan para deshacerse de Piar que involucró falsas acusaciones de Piar como "haber conspirado contra los blancos y contra la vida de Bolívar, aspirando al poder supremo", que finalmente resultó en la ejecución de Piar.[11]​ Durante su presidencia en la década de 1820, Bolívar pronunció dos decretos que indican la corrupción de la época, siendo "la violación del interés público" establecía la pena de muerte para "todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más".[7][12]​ Marx también expone que Bolívar instigó varios conflictos armados con el fin de mantener el poder que él buscaba "la construcción de la totalidad de la América del Sur en una república federal, con él mismo como su dictador", situación que finalmente llevó a su caída.[11]

Hermanos Monagas[editar]

El nepotismo es particularmente manifiesto durante las presidencias de los hermanos Monagas.[13]​ En 1847 José Tadeo Monagas era considerado el hombre más rico de Venezuela.[14]​ La corrupción del gobierno de los Monagas fue una de las causas de la Revolución de Marzo, en 1858.

Juan Crisóstomo Falcón[editar]

Juan Crisóstomo Falcón

Terminada la Guerra Federal en 1863, los vencedores se otorgaron tierras, medallas y premios en dinero: Juan Crisóstomo Falcón recibió 148000 pesos y el general Juan Antonio Sotillo 40000, contra los soldados, que recibieron 150 pesos.[15]

Guzmán Blanco[editar]

En 1888, Antonio Guzmán Blanco lideró un gobierno venezolano conocido por su supuesta estabilidad y supuesta lucha contra la corrupción. [16]​ Sin embargo, según informes, Guzmán Blanco defalcó la tesorería, en 1879 poseía tan solo en el Banco de Londres 10 millones de dólares.[14]​ Guzmán blanco también solía abusar de su poder, un ejemplo de ello es que después de un desacuerdo con un obispo, expulsó a los sacerdotes que estaban en desacuerdo con él e incautó los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica.[17][18]​ Debido a la desaprobación severa durante su administración, Guzmán Blanco ordenó la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar con motivo de su reubicación en el Panteón Nacional, con el objetivo de crear una ilusión de apoyo a los ideales de Bolívar, a pesar de la visión drásticamente opuestas de los dos hombres.[19]

Siglo XX[editar]

Pérez Jiménez[editar]

En 1968 el dictador Pérez Jiménez fue condenado a cuatro años de prisión por peculado, corrupción y lucro de funcionarios públicos.[20]​ A finales de la dictadura perejimenista, había una "deuda flotante" con contratistas y proveedores por Bs. 4.574 millones.[21]​ Se considera que el déficit fiscal que Pérez Jiménez generó en 1957 fue el primer intento en el siglo XX para mantener control del Estado.

Años sesenta[editar]

En 1965 los vendedores de armas Mertins y Samuel Cummings vendieron a Venezuela 74 F-84. 54 de ellos eran stock excedentario, habían sido comprados a $46200 la pieza y vendidos a Venezuela por $141000 cada uno, con lo que obtuvieron una ganancia neta de $ 6,926 millones. El negocio habría implicado corrupción.[22][23]

Primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

El caso del Sierra Nevada fue un escándalo que ocupó la atención nacional durante mucho tiempo. El Sierra Nevada fue un buque regalado por el gobierno venezolano a Bolivia, un país sin salida al mar. Pérez se salvó de ser condenado por el margen de un voto, por parte de su entonces ministro de relaciones exteriores, José Vicente Rangel.[24]

Gobierno de Herrera[editar]

Tras el Viernes Negro en el país se implantó un nuevo sistema de control de cambio que se llamó RECADI, según el cual había tasas diferentes para obtener divisas. Según numerosos economistas, dicho sistema fomentó la corrupción ya que promovió el arbitraje desmedido.[25]​ RECADI permaneció durante el gobierno de Lusinchi.

Gobierno de Lusinchi[editar]

Al finales del gobierno del presidente Jaime Lusinchi se produjo un escándalo por la compra irregular de 65 jeeps por parte del estado, jeeps que fueron usados para realizar actividad política. En 1994 la segunda esposa de Lusinchi y otros políticos serían condenados a un año de cárcel.[26]

Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez[editar]

Carlos Andrés Pérez

En marzo de 1993 el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en contra del presidente por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta.[cita requerida] Ese dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaraguanse Violeta Chamorro y a la vicepresidente, Yesseany Medina Parra. Como consecuencia de esto, el Congreso Nacional removió a Pérez del cargo de presidente.[27]

Revolución Bolivariana[editar]

Revolución Bolivariana, es el nombre dado en Venezuela al período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro.[28]​ Es proyecto ideológico y social que comienza en 1999, con la elección de Chávez como presidente del país y se extiende hasta el período de gobierno de Nicolás Maduro.[28]

Plan Bolívar 2000[editar]

El Plan Bolívar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período de gobierno de Hugo Chávez. En 1999 el poder ejecutivo lanzó una serie de proyectos bajo el nombre de Plan Bolívar 2000 que sería producto de una "alianza cívico-militar". El programa se extendió hasta 2001, cuando fue substituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36 mil millones de bolívares y en 2000 unos 37 mil millones.[29]​ Más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos.[30]​ El programa estuvo a cargo del general Víctor Cruz Weffer.[31]

El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en el mismo 1999. Entre otras cosas, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refería al militar Manuel Rosendo.[cita requerida] Aun así, Hugo Chávez declaró públicamente que "a lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa; pero no es para prender el ventilador”. Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división de Guárico. Solo un soldado y un sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.

Roche fue substituido por Clodosbaldo Russián en 2000. El 7 de septiembre de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia finalmente ordenó juzgar al general Cruz Weffer por corrupción.[32]

Caso Anderson[editar]

Como Caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigaba un gran número de personas relacionadas con corrupción del Estado, así como los asesinatos del golpe de Estado producido en 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.

Manuel Rosales[editar]

Manuel Rosales, político opositor y candidato a la presidencia en 2006, fue acusado por el presidente Chávez de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2008, a casi dos meses después de que Chávez declarase de manera pública de desviar fondos públicos, el ministerio público imputó a Rosales por dicha causa, pero Rosales huyó a Perú, donde pidió asilo político. Hay grupos que consideran que la investigación contra Rosales estaba viciada y que el proceso contra él tiene motivos absolutamente políticos y otros que consideran que hay elementos suficientes para acusarlo de corrupción.[33]

Raúl Baduel[editar]

Raúl Isaías Baduel, antiguo militar y ministro del gobierno de Chávez que se había distanciado de este a partir del 2007, fue arrestado en abril de 2009 por corrupción por parte de la Fiscalía de la República. El 7 de mayo de 2010 fue condenado a casi 8 años de cárcel por apropiación indebida de treinta millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro.

Caso Siemens[editar]

El caso Siemens salió a la luz pública cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre de 2001 y mayo de 2007 realizó pagos de al menos $18.782.965 a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de metros para las ciudades de Valencia y Maracaibo.[34]

Maletinazo[editar]

Antonini Wilson

El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto de Argentina con 790550 dólares sin declarar. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusaba de portar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto de 2007 Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de que no revelase la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.[35]

Caso PDVAL[editar]

El Caso PDVAL ha ocupado muchas veces los titulares de la prensa venezolana desde 2010. Este caso se relaciona con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una tasa de cambio baja.

La diputada regional opositora Neidy Rosal, que había sido una de las primeras personas en denunciar el caso, pedía en 2012 que se llevase a cabo finalmente un juicio oral y público de los acusados y que se iniciasen averiguaciones a las juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.[36]

Escándalo de los Bancos[editar]

Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Durante varios años una serie de empresarios habían comprado bancos a través de operaciones fraudulentas y los habrían manejado también de manera indebida. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, uno de los militares que participó en la intentona de golpe de Estado de noviembre de 1992, había declarado a la prensa en 2005 que aunque no tenía dinero, le habrían "vendido" un 49% de las acciones de uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, se vio obligado a dimitir el 6 de diciembre de 2009. El 9 de diciembre, Arné Chacón y otros empresarios involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diversos bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013. Pedro Torres Ciliberto, quien le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se dio a la fuga.[37]

Caso Didalco Bolívar[editar]

Didalco Bolívar, quien fuera gobernador de Aragua hasta 2008, fue acusado por la fiscalía de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.

Se le acusó de haberse enriquecido de manera ilícita y de haber depositado de manera ilegal millones de dólares en paraísos fiscales. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras inconclusas por un monto de 43,5 millones de bolívares. Bolívar se mantuvo en Panamá hasta 2011, cuando regresó a Venezuela para "desenmascarar a los políticos de oposición", en especial a Ismael García, presidente de Podemos. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido durante 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012 Hugo Chávez lo mencionó durante su rendición de cuentas:

"Le hicieron creer, gente muy cercana a él además, según él me dice, que ya yo lo tenía listo para meterlo preso".[38]

En mayo de 2012 el Tribunal Supremo lo nombró presidente de Podemos. A finales de 2012 Bolívar prometía que con Podemos le daría 400000 votos.[39]

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.[40]

FONDEN[editar]

Se han realizado diversas acusaciones sobre el uso de FONDEN (Fondo de Desarrollo Endógeno). Según investigaciones de Reuters han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin que se sepa su paradero.[41]​ FONDEN, consideran diversos especialistas, se maneja sin que haya un control por un organismo realmente independiente.[42]​ En agosto de 2011 el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconocía el paradero de más de 29 mil millones de dólares de FONDEN.[43]

Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por parte de FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011 se habían gastado más de 312 millones de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado paralizados por meses.

FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46 millones de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN establecían que el fondo no podía usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.

Denuncias contra la familia Chávez[editar]

Se han producido numerosas denuncias sobre corrupción por parte de la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno ha prosperado en los juzgados.[44]​ El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tenía una finca en Camirí, Barinas, que medía unas 30 hectáreas antes de que llegase a ser gobernador y que para 2008 mediría unas 600 hectáreas. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que, en realidad, sería testaferro. Dicha finca tiene 2000 hectáreas.[45]​ Azuaje también declaró que la finca "Los Cocos", ubicada igualmente en el municipio Obispos, que está bajo la propiedad de Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es en realidad de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.

En marzo de 2008 un tribunal de Barinas rechazó las denuncias por falta de evidencias.[46]​ El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo de 2008. Miembros del PSUV, a su vez, decidieron investigar a Azuaje por una "vida ostentosa".[47]

Fondo de Pensiones[editar]

El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en 2011 que casi quinientos millones de dólares habían desaparecido después de ser invertidos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estaba muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.[48]

Ferrominera[editar]

Ferrominera en 2003

Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por parte de sus trabajadores, que denunciaban corrupción en la dirección. En junio de 2013 el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, fue arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a mil doscientos millones de dólares a intermediarios por debajo del precio a cambio de pagos ilícitos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011 habría ganado decenas de millones de dólares en extorsión de los gerentes de Ferrominera.

CADIVI[editar]

El control de cambio vigente en Venezuela partir de 2003, manejado por CADIVI, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha venido sobrevaluando, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro.

En 2004 una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en ningún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[49]

Ya para 2012 se consideraba que numerosas empresas importadoras abusaban de este sistema.[50][51]

El ministro en el entonces, de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani admitió que de Cadivi se habrían robado alrededor de 25.000.000.000 $ (veinticinco mil millones de dólares) y hasta el momento no han presentado culpables de esta situación,[52]​ por lo cual dá a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se realizaban investigaciones por parte de la fiscalía general de la república, y que próximamente serían presentados los responsables de este hecho. Tanto trabajadores de CADIVI como usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, a pesar de que los dólares asignados en el presupuesto nacional para el 2013 con el objetivo de suplir la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

En otro orden de ideas, si bien CADIVI permite obtener hasta 500 $USD en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo cual, utilizan mecanismos alternos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[53]​ El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria que se ha suscitado en Venezuela, él los acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.[54]

En 2004 una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en ningún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[49]

En 2012 El coronel Manuel Barroso, ex-presidente de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia.[55]

Leopoldo López[editar]

Fue inhabilitado acusado de corrupción [56]​por la contraloría general de Venezuela por el caso de los fondos de PDVSA donados en 1998[57]​ a la Fundación primero Justicia a través de Antonieta Mendoza de López, su madre.[58]​ Se le acusó de conflicto de intereses por recibir fondos públicos una organización que después se convertiría en partido político con el que López ganó las elecciones a la Alcaldía de Chacao en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la injerencia del ejecutivo venezolano en este caso.[59][60]

Casos del Banco Madrid[editar]

Con motivo de las averiguaciones sobre blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en la expansión del Metro de Caracas.[61]​ Carlos Luis Aguilera Borjas había sido ex jefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela y ex guardaespalda personal de Hugo Chávez.

Diego Salazar y constructoras[editar]

De acuerdo al Washington Post, ejecutivos de la construcción españoles habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberlos ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.[62]

Caso Mario Silva[editar]

Una presunta grabación de una conversación entre el presentador Mario Silva y un agente cubano fue presentada en mayo de 2013.[63][64]​ Silva negó que dicha grabación fuera verdadera, pero miembros de la oposición insistieron en que lo era. En la conversación la voz del que sería Silva acusa, entre otras cosas, al diputado oficialista Diosdado Cabello de ser corrupto. La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el 23 de mayo que investigaría la veracidad de la grabación y su contenido.[65]​ El 20 de mayo de 2014 el diputado Ismael García dio una rueda de prensa donde declaraba que al año de haberse anunciado la investigación, la fiscal general no había dicho nada.[66]

Caso Mardo[editar]

Diosdado Cabello acusó al diputado opositor Richard Mardo en febrero de 2013 por enriquecimiento ilícito. El diputado Mardo habría recibido cheques por unos 600.000 Bs sin declararlos. Mardo perdió la inmunidad parlamentaria y resultó destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.[67][67]

Fondo Chino[editar]

El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012.[68]​ Unos días después fueron detenidas varias personas más.[69]​ También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.[70][71]​ El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.[72]

Desfalco del Ministerio de Deporte[editar]

El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.[73]

En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitía el traslado de semejantes sumas en efectivo.[74]​ El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue substituida en enero de 2014.

Caso Isea[editar]

El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre del 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó electo como gobernador el 27 de diciembre.

En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea.[75]​ El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.

En septiembre de 2013 el nuevo gobernador de Aragua, el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.[76]

Sobrefacturación en la Crisis Eléctrica[editar]

Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.[77][78][79]

La oposición ha denunciado esta empresa desde al menos 2011 por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.[80]

Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.[81]

Sobrefacturación a PDVSA[editar]

A finales de 2015 autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Rincón, un contratista de PDVSA que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela.[82]

Nervis Gerardo Villalobos[editar]

En 2013 El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El ex ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por parte de una empresa española para el otorgamiento de un contrato.[83]

CADIVI II[editar]

El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al menos $21.000.000.000 en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.[84]​ Las entregas se habrían realizado entre 2012 y 2013. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.[85]

Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.[86]

En 2014 se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.[87][88]

Diosdado Cabello[editar]

Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional

Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón como testaferros.[89][90][91][92]​Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesión de la Asamblea Nacional en enero de 2011, ante reiteradas acusaciones del diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupción ante los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria.[93]​ Se le acusa de tener supuestamente el control de la empresa motos BERA, la firma de zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras EVEBA en Cumaná y Atún Margarita.[94]​ además de 43 propiedades inmobiliarias.[95]​ Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares. En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos sobre el supuesto uso indebido de unos $230 millones.[96]​ Incluso dentro de movimientos de izquierda hay críticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.[97][98]

En una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvorssen Mendoza contra la empresa energética Derwick Associates Corporation, sus dueños y su filial en Estados Unidos, se alega que supuestamente millones de dólares fueron pagados «por debajo de la mesa» a funcionarios del gobierno venezolano; en la demanda se afirma que Diosdado habría recibido 50 millones de dólares estadounidenses en sobornos.[99]

Las actividades ilícitas de los acusados han sido personalmente confirmadas por uno o más ex empleados de Derwick (...) Esta no es la primera vez que Cabello es implicado en operaciones de enriquecimiento ilícito. Según documentos del Departamento de Estado [de Estados Unidos] y de la firma de servicios de inteligencia privada Stratfor filtrados por WikiLeaks, el presidente de la Asamblea Nacional encabeza uno de los grandes polos de corrupción en Venezuela. [99]

Adicionalmente a las acusaciones de monopolio, Diosdado Cabello posee diecisiete denuncias ante la Fiscalía General de la República desde el año 2009, las cuales se encuentran abiertas aún y sin respuesta judicial por parte del diputado;[100]​ sin embargo el TSJ rechazó la segunda.[101]​ Diosdado ha recibido también acusaciones por el Presidente de la organización Human Rights Foundation, sobre supuestos actos de corrupción y narcotráfico.[102]​El 27 de enero del 2015 se publicaron noticias de que ha sido acusado de narcotráfico.[103][104][105]

En una serie de investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos señalan la participación de Cabello en el narcotráfico como supuesto "capo" [sic] (jefe) del Cartel de los Soles, involucrando a generales del alto mando militar venezolano.[106][107][108]​ La asamblea nacional de Venezuela rechazo estas acusaciones calificándolas de Campaña mediática,[109]​ y aprobó por mayoría un acuerdo de desagravio, señalando que las supuestas denuncias están basada en rumores y no en una investigación en algún juzgado.[110]

Caso Odebrecht[editar]

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y determinó que esta habría pagado unos 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, aparte de Brasil, a partir de 2001. De este monto, Odebrecht habría dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para conseguir contratos del Estado. Odebrecht admitió su responsabilidad y acordó pagar una multa por unos 3,5 mil millones de dólares.[111]

Corrupción militar con el contrabando de alimentos[editar]

Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, distribución y venta de alimentos.[112]​ A partir de 2004 Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación y la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos. En 2016 Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres nuestro ministro de Alimentación. El diputado Ismael García declaró que esa era una forma del gobierno de premiar a los corruptos.[113]​ Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que ha tratado de contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.

Nepotismo[editar]

Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas.[114]​ No solo han ocupado cargos elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.

El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine pese a no tener ningún currículo para ello y que un sobrino de Flores, Carlos Erick Malpica, sea ahora tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.[115]

Diosdado Cabello, ex-presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su esposa, Marleny Contreras, ex-ministra de turismo.[116][115]

Redes de narcotráfico[editar]

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los EUA, Carvajal habría coordinado en 2006 un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México.[117]​ El gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.

El ex ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico.[118]

Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el Escándalo de los Narcosobrinos.[119]

Corrupción policial[editar]

De acuerdo a algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la corrupción.[120]​ Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de cada cinco crímenes y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas sin ser penalizados (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra ellos).[121]

Índices de corrupción[editar]

Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados.[122]​ En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.

Organismos de vigilancia[editar]

La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargargado, según la constitución de Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en 2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.

El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz.

La oposición ha pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía.[123]

Factores que contribuyen a la corrupción[editar]

Investigadores consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas.[124]​ Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia respecto a uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.

En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la separación de poderes debilita al Estado.[125]​ Esta posición ha sido criticada por parte de organizaciones no gubernamentales.[126]

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

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