Contrato de seguro

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El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima, por el tomador. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley.

El contratante o tomador del seguro, que puede coincidir o no con el asegurado, por su parte, se obliga a efectuar el pago de esa prima, a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, la cual le evita afrontar un perjuicio económico mayor, en caso de que el siniestro se produzca.

El contrato de seguro es consensual; los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y tomador, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aun antes de emitirse la «póliza» o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro.

El seguro[editar]

El seguro es el mecanismo por el cual quienes soportan riesgos pueden transferirlos al asegurador, quien se compromete a indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos pueden ocasionar. Al realizar un contrato de seguro, se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños.

Elementos personales del contrato de seguros[editar]

Dentro de la relación contractual se encuentran los siguientes sujetos:[1]

El asegurador[editar]

El ente asegurador puede ser definido como «la persona jurídica que constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos, cumpliendo lo que a este efecto establece aquella legislación, mediante la percepción de un cierto precio llamado prima».

En la figura del asegurador cabe destacar unos perfiles concretos entre los que podemos apreciar los siguientes:

  • Por imperativo legal, ha de tratarse de una persona jurídica. No cabe ni siquiera ocasional de alguien que, individualmente, realice operaciones de cobertura de riesgos. Las condiciones de funcionamiento del seguro y su proyección en el tiempo ya exigen, por sí solas, que el asegurador sea una persona jurídica;
  • Aquella persona debe revestir, precisamente, alguna de las formas que la ley considera únicamente válidas para la práctica de la industria aseguradora;
  • Ha de haber merecido previamente la aprobación de la Administración Pública, para actuar como aseguradora;
  • Debe dedicarse en forma exclusiva a la práctica del seguro o del reaseguro, en su caso sin que sea admisible otro tipo de actividades, salvo las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación;
  • Han de ajustar su situación a las normas de la legislación de seguros, que regulan con detalle la práctica aseguradora, a la vez se hallan sometidas a la inspección y control del Poder público.

Dentro del amplio espectro de las posibles personas jurídicas son supuestos admitidos como válidos:

  • Sociedad Anónima.
  • Sociedad Mutua a prima fija.
  • Mutuales de previsión social.
  • Sociedad Cooperativa.

Siendo el seguro un asunto que afecta a toda la comunidad, y que está directamente conectado con el bienestar de esta y cuya base indispensable es la confianza y el crédito. A las entidades que deseen actuar como aseguradoras se le exigen una doble serie de formalidades tanto como jurídicas como económicas, obedeciendo estas de la entidad que se quieran formar para proveer los seguros.

El tomador[editar]

El tomador es la persona natural o jurídica «que contrata y suscribe la póliza de seguro, por cuenta propia o de un tercero, asumiendo las obligaciones y derecho en la LCS. se establecen» busca trasladar un determinado riesgo a un tercero (empresa aseguradora) a efecto de que le sean resarcidos a él o a un tercero los daños o perdidas que puedan derivar del acaecimiento de un suceso incierto a la fecha del contrato de seguro. Con tal objeto deberá abonar una retribución (prima) al asegurador.

El asegurado[editar]

El asegurado puede ser definido como el titular del área de interés que la cobertura del seguro concierne, y del derecho a la indemnización que en su día se satisfaga que, en ciertos casos, puede trasladarse al beneficiario. Es la persona natural o jurídica a quien el acontecimiento del siniestro va a afectarle más directamente. En definitiva, es aquel sobre cuya cabeza o bienes van a recaer las consecuencias del siniestro. La figura del asegurado es esencial dentro del contrato de seguro. Porque lo mismo que no cabe concebir un contrato de aquella naturaleza sin la existencia de un riesgo que cubrir o tampoco resulta dable pensar un negocio jurídico de la naturaleza mencionada sin que haya una persona o destinatario final de la garantía que se pacta, y cuyos intereses, protegidos de esta suerte, son la causa eficiente del contrato.

El beneficiario[editar]

Es la persona que tiene derecho a recibir la prestación del asegurador. La figura del beneficiario tiene especial relevancia en los seguros de personas, ya que con frecuencia están destinados a aprovechar a un tercero, e incluso en ciertas modalidades esto es necesario, como ocurre en los seguros para caso de muerte.

El beneficiario es también la persona que, va a recibir la utilidad del seguro cuando se produzca el hecho contemplado en el mismo (sin ser asegurado). Es aquel sobre quien recaen los beneficios de la póliza pactada, por voluntad expresa del tomador. La designación del beneficiario responde a unos planteamientos de previsión que corresponden a los seguros de carácter personal, de manera especial a los seguros de vida y accidentes, para el caso de muerte del asegurado.

El artículo 84 de la LCS de España, establece textualmente que el tomador del seguro podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin necesidad del consentimiento del asegurador. Con ello queda claro que la facultad de señalar y revocar beneficiarios está en la mano del tomador. El asegurado no posee ningún derecho o disposición sobre el particular, ni siquiera de aprobar o rechazar el beneficiario que el tomador ha elegido.

Elementos formales del contrato de seguro[editar]

  • Proposición: es un contrato de buena fe, donde la compañía cree lo que declara el proponente (cliente) para apreciar el riesgo y así determinar el coste y alcance del seguro.
  • Póliza: es el documento principal que instrumenta el contrato de seguro, en donde constan los derechos y obligaciones de las partes. Se trata de un contrato privado, redactado normalmente en varios folios, que incluye las condiciones generales y las condiciones particulares. Las condiciones generales, que son únicas para todos los asegurados, suponen el conjunto de los principios básicos que ha fijado el asegurador para regular la totalidad de contratos formalizados en un ramo o producto determinado, tales como la forma en que se liquidan las indemnizaciones o se cobran las primas, comunicaciones mutuas entre asegurador y asegurado, etc. También incluyen las definiciones y las exclusiones que se aplican, de forma general, al contrato de seguro. La póliza contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes: (art. 8 LCS):
  • Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la designación del asegurado y beneficiario, en su caso;
  • El concepto en el cual se asegura;
  • Naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara y comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente;
  • Designación de los objetos asegurados y de su situación;
  • Suma asegurada o alcance de la cobertura;
  • Importe de la prima, recargos e impuestos;
  • Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago;
  • Duración del contrato, con expresión del día y la hora en que comienzan y terminan sus efectos;
  • Si interviene un mediador en el contrato, el nombre y tipo de mediador.

El art. 2 de la Ley de Contrato de Seguro establece que las distintas modalidades del contrato de seguro se regirán por dicha LCS, salvo que les sea aplicable otro ordenamiento. Sus preceptos tienen carácter imperativo, por lo que otorgan derechos irrenunciables al asegurado, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.

Como excepción a lo señalado en el art. 2 del LCS, su art. 44 estipula que el asegurador no cubre los daños por hechos derivados de conflictos armados ni aquellos que dimanen de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes, salvo pacto en contrario. Igualmente, ese mismo art. 44 estipula que no será de aplicación a los contratos de seguros por grandes riesgos, tal como se delimitan en esta Ley, el mandato contenido en el artículo 2 de la misma.

Tal como señalan DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A. (1990), el contrato de seguro es del tipo de adhesión, puesto que la aseguradora realiza una contratación en masa, estableciendo un contenido prefijado para la formalización de todos los contratos de un determinado tipo. De esta forma, el asegurado no negocia las cláusulas, sino que tan solo puede aceptarlas o rechazarlas.[2]

El artículo 3 de la LCS establece que «las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa».[3]

El Tribunal Supremo español ha fijado que una cláusula lesiva o cláusula abusiva, es aquella “que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro”. En definitiva, aquellas cláusulas que impiden la eficacia de la póliza.[4]

Las cláusulas lesivas están prohibidas y son siempre nulas, por lo que si figuran en el contrato se tendrán por no puestas. A diferencia de las anteriores, las cláusulas limitativas son válidas, incluso aunque puedan no ser favorables al asegurado, siempre que el mismo haya prestado su consentimiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que las cláusulas limitativas son aquellas que “condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido”. Es decir, que frecuentemente se incluyen en el contrato para condicionar o modificar los derechos del asegurado ante su eventual derecho a percibir una indemnización.

Por otro lado, las cláusulas delimitadoras, (arts. 3 y 8.3 LCS) persiguen determinar o fijar los límites del riesgo asegurado (temporal, espacial o cuantitativamente), describiendo las garantías y coberturas otorgadas en el contrato. Aunque no suponen la limitación de los derechos del asegurado o perjudicado, sí pueden ser utilizadas por la compañía aseguradora para negar o reducir la indemnización. El Tribunal Supremo español ha señalado que estas cláusulas delimitadoras “concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro”. Es decir, una cláusula de este tipo tiene por fundamento concretar la naturaleza del riesgo e individualizarlo, al objeto de eliminar ambigüedades. Las cláusulas delimitadoras cualificadas (arts. 8.3 y 22.4 LCS) son aquellas que describen las “exclusiones y limitaciones” de cobertura, así como las que establecen “las condiciones y plazos de la oposición a la prórroga de cada parte o su inoponibilidad” y siempre que no limiten materialmente los derechos de los asegurados, ya que en este caso pasan a ser cláusulas limitativas.[5]

Al objeto de cumplir con los debidos criterios de transparencia, el Tribunal Supremo ha fijado la exigencia de que, tanto las cláusulas limitativas como las delimitadoras, cuenten con una redacción clara, concisa, coherente y lógica, para que no puedan llevar a error alguno con su contenido y para la correcta protección jurídica del tomador, la parte débil del contrato. Además, se exige que las cláusulas delimitadoras del riesgo cubierto respeten el principio de congruencia con el propio objeto del seguro.[6]

La legislación obliga a que la relación entre las aseguradoras y sus asegurados sea transparente, desterrando la anteriormente famosa "letra pequeña". Por ello, tanto la prohibición de las cláusulas lesivas como la regulación de las cláusulas limitativas y las cláusulas delimitadoras suponen una protección para los asegurados. Para evitar los abusos y proteger sus derechos, se exige que en su redacción, las cláusulas limitativas y las cláusulas delimitadoras cualificadas estén especialmente resaltadas. Para ello, deberán figurar en la póliza en negrita o en un color o tipo de letra diferente a la del resto de cláusulas o, incluso, para su correcta notoriedad, estar separadas físicamente del resto del clausulado. Además, las cláusulas limitativas deberán ser firmadas expresamente por el asegurado, para que quede constancia de su reconocimiento y aceptación (lo que suele denominarse “segunda firma”). El asegurado deberá recibir una copia de todas las cláusulas que configuran el contrato.

El artículo 3 de la LCS estipula también que “las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley”. En el supuesto de que el Tribunal Supremo declare la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

La Propuesta de redacción del Código Mercantil español, realizada por la Comisión General de Codificación y publicada en 2013, establece en el artículo 591-3 que “la póliza del contrato de seguro deberá contener únicamente las condiciones generales, especiales o particulares que sean aplicables al contrato de seguro que suscriba el tomador del seguro” y también que “las cláusulas que sean calificadas como abusivas por la Ley o los jueces o tribunales serán nulas, sin perjuicio de la eficacia del resto de las condiciones válidas del contrato”. Tal señala Tapia, A. (2017), esta redacción más sencilla elimina la actual distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, que ha supuesto frecuentes problemas de interpretación, además de añadir la nulidad automática de las cláusulas tildadas por el juez o tribunal de abusivas. La jurisprudencia ha reiterado que actualmente las fronteras entre las cláusulas limitativas y las delimitadoras no son claras, e incluso hay supuestos en que las cláusulas que delimitan el riesgo se asimilan sorprendentemente a las limitativas de los derechos del asegurado.[7]

Puede decirse que, de forma general, en América Latina la regulación contractual del contrato de seguro no ha alcanzado todavía el nivel de protección del que goza el asegurado en España y el resto de Europa. En cualquier caso, algunos países sí que han legislado, siquiera de forma parcial, para dotar de derechos al asegurado frente a las compañías aseguradoras.

Bolivia[editar]

En Bolivia el contrato de seguros está regulado en el Código de Comercio Boliviano (CC). Aunque no comprende una ordenación específica para las cláusulas limitativas ni las limitadoras, el art. 1013, relativo a las discrepancias en la póliza, señala que si el tomador o asegurado encuentran que la póliza no concuerda con lo convenido o con lo propuesto, pueden pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la póliza. Si no lo hiciera así, se consideran aceptadas las estipulaciones expirado dicho plazo. Por el contrario, si el asegurador de no da curso a la rectificación solicitada o mantiene silencio, se entiende aceptada en los términos de la modificación.

El art. 1023 establece que el contrato de seguro, a excepción del de vida, puede ser resuelto por voluntad unilateral de cualquiera de las partes contratantes, siempre que ello se estipule en la póliza. Si es el asegurador el que ejerce dicha facultad deberá notificar por escrito su decisión al asegurado en su domicilio y con una antelación no menor de quince días, mientras que si es el asegurado quien ejerza la facultad de resolver, esta producirá sus efectos desde su notificación escrita al asegurador.[8]

Chile[editar]

La regulación básica del Contrato de Seguro en Chile figura en el Título VIII del Libro II del Código de Comercio. Entre las normas de protección al asegurado y beneficiario, el art. 542 señala que las disposiciones que rigen al contrato de seguro tienen carácter imperativo, salvo disposición en contrario. No obstante, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario.

Por otro lado, el art. 538 faculta al contratante o asegurado a retractarse de un contrato de seguro celebrado a distancia, dentro del plazo de diez días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo el derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado.[9]

Ecuador[editar]

En Ecuador, el artículo 25 de la Codificación de la Ley General de Seguros estipula que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determinará las cláusulas que obligatoriamente contendrán las pólizas, así como las cláusulas prohibidas, las cuales carecerán de efectos y se tendrán por no escritas en caso de existir. Las pólizas de seguro, entre otras condiciones, deben: i) responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes; ii) incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguros; y iii) encontrarse redactadas con caracteres tipográficos fácilmente legibles. Además, cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas.[10]

España[editar]

En España el contrato de seguro se encuentra regulado por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS).[11]

Perú[editar]

En Perú, el art. 39 de la Ley del Contrato de Seguro (Ley nº 29946) define que se entienden por cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas que, aun cuando no hayan sido observadas por la Superintendencia, causen en contra de las exigencias de la máxima buena fe, en perjuicio del asegurado, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. Se considera que una cláusula no se ha negociado cuando ha sido redactada previamente y el contratante no ha influido en su contenido.[12]

Según ese mismo artículo 39, el carácter abusivo de una cláusula subsiste aun cuando el contratante y/o asegurado la haya aprobado específicamente por escrito. En cualquier caso, las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho por lo que se las tiene por no convenidas.

En el art. 40 se encuentran las estipulaciones prohibidas para las compañías aseguradoras y que son nulas de pleno derecho en caso de figurar en una póliza. Entre estas estipulaciones se encuentran las siguientes: i) renuncia de los asegurados y/o beneficiarios a la jurisdicción y/o a las leyes que los favorezcan; ii) la fijación de plazos de prescripción que no se adecúen a la normatividad vigente; y iii) cláusulas que prohíban o restrinjan el derecho del asegurado a someter la controversia a la vía judicial.

En el art. 41 se indican las prácticas abusivas y el derecho de arrepentimiento. Por ejemplo, suponen prácticas prohibidas de comercialización i) el imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro, salvo los seguros obligatorios; o ii) predeterminar el nombre de empresas de seguro a través de contratos conexos, de manera tal que se limite la libertad de elección del potencial asegurado.

Ese artículo 41 también establece el derecho de arrepentimiento, que posee el tomador del seguro cuando la oferta de seguros se efectúe fuera de los locales comerciales de las empresas de seguros, o de quienes se encuentren autorizados a operar como corredores, o cuando la oferta sea realizada a través de promotores de venta. En estos casos, el tomador podrá resolver el contrato de seguro, sin expresión de causa, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el tomador recibe la póliza o una nota de cobertura provisional.

Elementos reales del contrato de seguro[editar]

Son aquellos elementos que, de no concluir, no permiten la existencia del contrato de seguro:

  • el interés asegurable
  • el riesgo asegurable
  • la prima
  • la obligación del asegurador a indemnizar

El interés asegurable[editar]

El interés asegurable, es el objeto de seguro. Consiste en la relación económica que existe entre el sujeto y el bien, el sujeto cuenta con la intención de proteger un determinado bien frente a posibles riesgos o eventos que puedan presentarse que lo llegaran a afectar, por lo que el interés recae sobre el valor económico que se tiene sobre el bien. En el derecho español no hay una definición legal expresa del concepto, no obstante, la doctrina lo define como la relación entre una persona y un bien amparado frente a un riesgo. El interés asegurado no es el objeto en sí mismo, sino el interés con el que cuenta el tomador en él. Este interés es subjetivo. El interés asegurable en ocasiones presenta problemas de cuantificación, si bien hechos como incendios, inundaciones, heladas si son cuantificables fácilmente, hay otros que presentan problemas. Un ejemplo de ello son los seguros de vida.

REGULACIÓN

En pleno siglo XXI parece ser que la antigua regulación del 1980 se ha quedado corta es decir la ley 50 de 1980 del Contrato de Seguro. Es así que se ha ampliado la regulación de la materia por lo que surgió la Directiva 2016/97 (IDD) que regula la distribución de seguros y reaseguros, por lo que se planteó un anteproyecto de Ley de Distribución de seguros y reaseguros privados, por ello el legislador estatal ha aprobado el proyecto de ley 121/000022 para regular la materia. Sin embargo actualmente en España la ley de referencia es Ley 50/1980, de 8 de octubre, específicamente en sus artículos 25 a 33. Desde la perspectiva del artículo 25 de la Ley 50/1980 el interés es un elemento esencial del contrato, sin interés el contrato deviene nulo. Prueba de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Nº197/2015, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21, Rec 365/2014 de 26 de mayo de 2015.

Por otro lado, el interés asegurado no puede ser contrario a la Ley, la moral y el orden público, puesto a que contraviene el artículo 1255 del Código Civil estatal, siendo esta disposición general. El interés nos permite cuantificar el valor de la indemnización del daño. La citada ley en su artículo 26 establece una conexión temporal inmediatamente anterior al momento del siniestro.

La excepción a la regla del artículo 26 se encuentra en el artículo 28 de la citada ley el cual establece que en el evento que de forma conjunta las partes pacten el valor del interés asegurable que se aplicara en caso de siniestro para su indemnización, en este caso la aseguradora solo se verá eximida de pago en el evento que se tenga la presencia de dolo o error. Es importante mencionar que el valor del interés asegurado, de conformidad con el artículo 27, no puede superar lo pactado, es decir, la ‘’Suma Asegurada’’.

Relación entre el Valor del interés asegurado y la suma asegurada:

Hay tres nociones que se aplican en tanto a la valorización del interés. El valor inicial se refiere al momento de la formalización del contrato y este puede ser igual durante toda la duración del contrato. El valor final, es aquel inmediatamente anterior al siniestro y viene fijado por el artículo 26 de la Ley 50/1980. El valor final es muy importante a la hora de determinar la indemnización. Sin perjuicio de las reglas de artículo 28 anteriormente mencionadas, aquí en este caso rige la voluntad de los contratantes con el límite en el artículo 1255 CCE y el enriquecimiento injusto. El valor residual, es el valor de la cosa en el momento que se ha producido el siniestro. Teniendo esto en cuenta, el valor que el tomador le atribuye a los bienes se denomina suma asegurada, y se encuentra ligada con el interés asegurable.

Esta suma asegurada establece el monto máximo que el asegurador se verá en la obligación de cumplir, dependiendo de esta suma se asignará el valor de la prima. Para establece un valor para el interés asegurado, la jurisprudencia española mediante sentencia STS 3244/2013 del 23 de mayo indica que el valor que se le debe otorgar corresponde según su uso y el estado en el que se encuentre, esto para evitar un enriquecimiento sin causa del tomador y darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la ley 50 de 1980.

La suma asegurada puede presentar tres escenarios, el primero es que el valor del interés asegurable y la suma asegurable coincida, el segundo es que se genere un sobreseguro donde la suma asegurada es mayor al interés asegurado y el tercero es el infraseguro donde la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado.

COLOMBIA Para el caso de Colombia, el interés asegurable se encuentra regulado en el Código de Comercio en los artículos 1045, donde se menciona como un elemento esencial del contrato de seguro sin el cual se genera su nulidad, tal como se encuentra resaltado por la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T240/2016. Adicionalmente en el artículo 1083 del Código de Comercio se establece el interés asegurable para los seguros de daños, donde el interés asegurable radica en cabeza del tomador quien es el que cuenta con un interés económico como lo resalta la sentencia del 3 de abril de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil con radicado No. 11001-31-03-023-1996-02422-01. En concordancia con lo establecido en el derecho español este interés debe existir al momento del siniestro e incluso desde la firma del contrato, además debe ser lícito y su pago no puede generar un enriquecimiento ilícito, incluyendo como requisito de este que debe poder ser estimable en dinero para de esta forma determinar el cubrimiento y el valor de la prima.

PANAMÁ En Panamá se menciona el interés asegurable dentro del Código de Comercio en su artículo 944 como: ``El seguro puede tener por objeto todo interés estimable en dinero y toda clase de riesgo, no mediando prohibición expresa de la ley. (…)´´ Complementado con la Ley 12 de 2012 que reemplazó a la Ley 59 de 1996, la cual regula la actividad de seguros y dictan otras disposiciones, se refiere específicamente a la regulación de los contratos de seguro, se distingue que es necesario para constituir un contrato de seguro, el pactar el interés que es susceptible a un valor pecuniario para evitar irregularidades, si no se indica el interés esto será nulo tal como lo menciona dentro del contrato de seguro de daños en su artículo 996 estipula que:

``Artículo 996. Es nulo el contrato de seguro si la persona que ha hecho asegurar para sí o aquella por cuya cuenta otro ha verificado el seguro, no tiene interés en la cosa asegurada al tiempo del contrato, a no ser que en este caso se estipule la condición de que lo tendrá más tarde. ´´

La falta de interés en la cosa de otra parte constituye causa de nulidad del contrato de seguro, tal como se desprende de los artículos 996 y 1004 del Código de Comercio. Es evidente que el seguro puede ser contratado por cuenta propia o por cuenta de otro (artículo 1003 del Código de Comercio), pero en todo caso (artículo 1004 del mismo Código) el asegurado debe tener interés en el seguro, lo que tiene una connotación obvia, pero que tiene trascendencia más acusada en el caso que la póliza de seguro sea a favor o por cuenta de otro. (Panamá veinticinco (25) de noviembre de dos mil dos (2002). Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Civil. Registro Judicial de noviembre de 2002, P. 251.) Al igual que el Derecho Español, no existe una definición legal expresa del interés asegurable, pero se encuentra su significado en la doctrina.

ECUADOR

El interés en el contrato de seguros en Ecuador. El interés es uno de los componentes más importantes de esta modalidad contractual siendo el vínculo que proviene de la relación jurídica - económica que existe entre el solicitante del seguro y el objeto del contrato. Dentro de este contrato, sería necesario que suceda el acto desfavorable o llamado siniestro para que se lleve a cabo el servicio. Este a su vez servirá como legitimación para exigir la indemnización del daño. Siempre será necesario pactar el interés dentro del contrato, caso contrario será nulo. Sin interés no hay contrato. En Ecuador, se diferencia el interés en el seguro por daños se exige un interés desde que el asegurador asume el riesgo hasta que ocurra el siniestro . El interés es un elemento esencial, a pesar de ello, es poco mencionado por la jurisprudencia ecuatoriana, aunque fue incorporada en el Código de Comercio por el Decreto Supremo de la Junta Militar de Gobierno No. 1147 de 29 noviembre de 1963. Por lo tanto, como el sistema jurídico español será necesario que se pacte el interés para cuando suceda el hecho siniestro y este a su vez deberá ser lícito y no generar un pago injustificado.

El riesgo[editar]

La finalidad del seguro consiste en proporcionar seguridad económica contra el riesgo, esta finalidad se consigue no por la supresión del acontecimiento temido (fuego, muerte, enfermedad, etc.), sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el evento dañoso temido.

Desde el punto de vista jurídico, el riesgo viene a ser un elemento esencial del contrato y consiste en un acontecimiento incierto en cuanto al hecho mismo o en cuanto al momento de su realización, o respecto a la cuantía del efecto. El riesgo, según expone Garrigues, es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial. Esta necesidad patrimonial puede ser concreta, como ocurre en los seguros contra daños; o abstracta, como ocurre en los seguros de personas o, mejor dicho, en los seguros de sumas, especialmente en el seguro sobre la vida.

Sin riesgo, no puede existir seguro, porque al faltar la posibilidad de que se produzca el evento dañoso, ni podrá existir daño ni cabrá pensar en indemnización alguna. El riesgo presenta ciertas características que son las siguientes :

  • Es incierto y aleatorio.
  • Posible. Lo imposible no origina riesgo. Debe ser incierto, porque si necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de repararlo.
  • Es concreto.
  • Es lícito.
  • Es fortuito.
  • Es de contenido económico.

En el contrato de seguro, el asegurador no puede asumir el riesgo de una manera abstracta, sino que este deber ser debidamente individualizado, ya que no todos los riesgos son asegurables, es por ello que se deben limitarse e individualizarse, dentro de la relación contractual.

La prima o precio de seguro[editar]

La prima es uno de los elementos indispensables del contrato de seguro. Es el precio del seguro o contraprestación, que establece una compañía de seguros calculada sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos teniendo en cuenta la frecuencia y severidad en la ocurrencia de eventos similares, la historia misma de eventos ocurridos al cliente, y excluyendo los gastos internos o externos que tenga dicha aseguradora.

Salvo pacto contrario, si no se ha pagado la prima antes de producirse el desastre o accidente, el asegurador se libera de la obligación contraída en el contrato. También, salvo pacto en contrario, es pagada en dinero; su pago es de carácter obligatorio para el tomador o contratante según las condiciones establecidas en la póliza de seguros.

La obligación del asegurador a pagar la suma asegurada[editar]

Este elemento resulta trascendente porque representa la causa de la obligación que asume el tomador de pagar la prima correspondiente. Debido a que este se obliga a pagar la prima porque aspira que el asegurador asuma el riesgo y cumpla con pagar la indemnización en caso de que el siniestro ocurra.

Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado. Esto no es sino consecuencia del deber del asegurador de asumir el riesgo asegurable. Y si bien puede no producirse el siniestro, ello no significa la falta del elemento esencial del seguro que ahora nos ocupa, por cuanto este se configura con la asunción del riesgo que hace el asegurador al celebrar el contrato asegurativo, siendo exigible la prestación indemnizatoria solo en caso de ocurrir el siniestro.

Tipos de seguros[editar]

Existen gran cantidad de clases de seguros, que pueden ser clasificados de la siguiente forma:

Seguro de intereses[editar]

  • Por el objeto: el interés puede ser sobre un bien determinado, sobre un derecho determinado a un bien o derivado de un bien y sobre todo el patrimonio.
    • Seguro contra incendio:Aquel que garantiza al asegurado la entrega de la indemnización en caso de incendio de sus bienes determinados en la póliza o la reparación o resarcimiento de los mismos.
    • Seguro contra robo: Aquel en el que el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado por las pérdidas sufridas a consecuencia de la desaparición de los objetos asegurados.
    • Seguro de transporte:Aquel por el que una entidad aseguradora se compromete al pago de determinadas indemnizaciones a consecuencia de los daños sobrevenidos durante el transporte de mercancías.
  • Por la clase del interés asegurado: puede ser sobre el interés del capital y el interés de la ganancia.

Seguro de personas[editar]

Otros seguros[editar]

Seguros obligatorios[editar]

La ley suele establecer determinados seguros con carácter obligatorio. Ejemplos de seguros obligatorios por ley son los siguientes:

  • Seguro obligatorio de vehículos, que es un seguro básico del ramo más amplio del seguro del automóvil. Es de obligatoria suscripción gracias al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre;
  • Seguro de perros considerados peligrosos;
  • Seguros deportivos: Cubren las actividades deportivas, entrenamientos y competencias, desarrolladas bajo la supervisión y/o autorización de la institución por la cual fue contratada la cobertura y durante la vigencia señalada en la póliza;
    • Seguro de caza: La mínima cobertura que puede conseguir es la póliza de responsabilidad civil del cazador que cubre los daños involuntarios que pudiese ocasionarle a otros durante la actividad de la caza.
    • Seguro de buceo: La mayoría incluyen rehabilitación, asistencia quirúrgica, medicación, gastos así como los de prótesis o similares. Algunas pólizas establecen una profundidad máxima a la que puede descender el asegurado.
    • Seguro de bicicleta: seguro deportivo no obligatorio; seguro de responsabilidad civil; para obtenerlo, es necesario afiliarse a la entidad y registrar la bicicleta;
    • Seguro de esquí: seguro deportivo no obligatorio; mínimo seguro de responsabilidad civil;
    • Seguros de quad: un quad necesita contar con un seguro de responsabilidad civil obligatoria para circular;
  • Seguro de daños materiales o de caución: los poderes públicos entienden que la peligrosidad de ciertas actividades es suficiente para obligar a quien las efectúa a contratar un seguro que proteja a terceras personas de los daños que se puedan causar.[13]

Otros contratos pueden venir obligados por un contrato anterior. Es muy habitual en una hipoteca tener que asegurar el bien hipotecado a favor del acreedor.[cita requerida]

Seguros poco comunes[editar]

Algunos ejemplos menos frecuentes son:


LOS CONTRATOS DE SEGURO VINCULADOS A LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS[editar]

1. Que es un contrato de seguro 

En la actualidad es común que se decida asegurar aspectos básicos y diarios de nuestra vida, ya sea por una necesidad derivada de una obligatoriedad que la propia norma establece - como por ejemplo el artículo segundo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor- como por decisión propia -como los seguros médicos-.

El propósito siempre es compartido, cubrirnos de un daño incierto que pueda suceder y podamos padecer -artículo primero de la Ley 50/1980 de 8 de octubre que derogó el Código de Comercio, apoderándose de la regulación en materia de seguros, en adelante LCS-.

Los contratos de seguros, se clasifican en función de los riesgos que pueda sufrir el bien que se pretenda proteger y se dividen de la siguiente forma:

  • Seguro de daños -se asegura el patrimonio, un crédito o una cosa-.
  • Seguro de personas -se asegura la vida de la persona en todo su alcance, pues, en la presente clasificación se engloba la asistencia sanitaria, accidentes, etc-.

1.1. Contrato de seguro, un contrato de adhesión

Debemos mencionar que el contrato de seguro es considerado un contrato de adhesión ya que cumple como los requisitos establecidos la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, en el Artículo 1. Ámbito objetivo. Que señala que: 1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Y 2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.

De acuerdo al autor VÍCTOR RUIZ OLIACH: “El contrato de seguro es, un contrato de adhesión. Por tanto, al ser un contrato realizado en masa se caracteriza por el uso y empleo de las llamadas condiciones generales. Bajo el nombre de condiciones generales se hace referencia a aquellas cláusulas predispuestas e impuestas unilateralmente por una de las partes sin que sea posible la negociación individual de las mismas. El empleo de las condiciones generales tiene como finalidad la incorporación de las mismas a una pluralidad de contratos que se concluirán, o al menos esa es la pretensión del predisponente, con una generalidad de individuos”.

El autor antes mencionado señala que los beneficios de la utilización de las condiciones generales responden a razones de economía y tiempo. Y establece que: “Por un lado, permiten reducir los costes de tramitación y formalización del contrato en cuestión, y de ello resultan beneficiados tanto el predisponente como el adherente. Por otro lado, se produce una mayor agilidad a la hora de concluir el contrato, favoreciendo especialmente al adherente, en nuestro caso el asegurado, quién ve satisfecho su deseo de cubrir su interés asegurable frente aquellos riesgos que lo amenazan”.

2. Tipología de contratos de seguros vinculados los préstamos hipotecarios[editar]

Ciertos riesgos, como el riesgo al impago del crédito o a los daños que puede sufrir el inmueble hipotecado ha provocado a lo largo del tiempo, que las entidades financieras prestamistas recurrieran a ciertas prácticas para paliar esos  potenciales efectos negativos.

Son productos adicionales y complementarios al seguro del crédito hipotecario que conllevan un refuerzo de la posición del acreedor hipotecario y una mayor inversión de cara al deudor que, como veremos, jamás su contratación debería considerarse como un requisito inevitable para poder formalizar el préstamo hipotecario.

Es decir, el banco no podrá imponer al cliente la contratación de estos seguros vinculados a la hipoteca que la misma entidad oferta, de forma obligatoria, al contrario de lo que han querido hacer creer al consumidor a lo largo del tiempo.

A continuación serán desarrollados algunos de estos seguros vinculados al crédito hipotecario más comunes.

2.1. Los contratos de seguro vinculados a la persona

Los contratos de seguro vinculados a la persona, cuando se aborda el tema de contratos de seguro vinculados al crédito hipotecario normalmente se suele hacer referencia al mundialmente conocido seguro de vida. Dicho contrato en un principio tendría la finalidad de compensar económicamente al beneficiario del seguro, en caso de producirse el riesgo asegurado, entendido como la muerte del la persona asegurada por el contrato. En este caso, aunque a efectos prácticos podría considerarse lo mismo, lo que en el fondo aseguraría este contrato de vida vinculado al crédito hipotecario sería el interés del banco y no el del tomador, pues a la entidad financiera lo que le interesa es garantizar que el pago del préstamo se va a efectuar por cuantos medios sea posible.

En esa línea cabe destacar el seguro de amortización del crédito hipotecario, el cual garantiza al acreedor hipotecario el pago del capital pendiente de amortización en caso que padezca de invalidez permanente y absoluta o este fallezca. Dicho seguro presenta una naturaleza compleja pues los riesgos que cubre son de distinta naturaleza, desde una cobertura coincidente con el seguro de vida, cubriendo el fallecimiento; una cobertura similar a los seguros de personas cubriendo accidentes, invalideces y enfermedades, llegando incluso a contemplarse en la póliza una posible situación de desempleo del asegurado.

Anteriormente la entidad financiera si podría obligarte a contratar dicho seguro de vida vinculado a la hipoteca para poder formalizar el contrato de préstamo, pero a raíz de la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. En su artículo 17 “El prestamista no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario. La aceptación por el prestamista de una póliza alternativa, distinta de la propuesta por su parte, no podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo.”.

En definitiva, lo que pretende evitar la anterior normativa es que los bancos puedan vender al usuario otros servicios de seguro que ellos mismos ofrecen, con claros fines lucrativos y en segundo lugar, prevenir que la aceptación por parte del prestatario de otros seguros distintos a los ofrecidos por parte de dicha entidad le comporte cualquier tipo de perjuicio de cara a la contratación del préstamo.

Como conclusión a la contratación del seguro de vida vinculado al crédito hipotecario, podemos añadir que si bien actualmente no nos puede ser impuesto, el tomador lo puede contratar sin ningún problema y podría considerarse una decisión acertada, pero en ningún caso el banco podrá forzar al prestatario a su contratación como condición indispensable para la contratación del préstamo.

2.2. Los contratos de seguro vinculados a la vivienda

Podríamos considerar que se trata de la cobertura más lógica y coherente, pues, en la misma se pretende asegurar los daños que pueda padecer el bien inmueble que ha sido hipotecado.

No debe olvidarse que el propósito de realizar una hipoteca, es la obtención de crédito para adquirir un bien inmueble y que realmente, no se ostenta la propiedad del bien hasta que el crédito está satisfecho, por lo que, es evidente que la entidad bancaria, quiere asegurar su propiedad por lo que pueda suceder -ya sea un proceso judicial, una catástrofe...-.

En definitiva, se pretende proteger una garantía que podría desaparecer por un riesgo futuro e incierto, quedando atrás el mismo al realizarse la cobertura.

Mencionar, que la misma norma hipotecaria en su articulado ciento once prevé el alcance de la hipoteca, dejando fuera de la misma los objetos muebles del bien hipotecado así como sus frutos, por lo que, la entidad bancaria si asegura el bien, ya se vincula directamente con el artículo tres cientos treinta y cuatro apartado tercero del Código Civil Español.

No debe olvidarse, que nos encontramos ante una accesoriedad, pues, cuando el préstamo esté pagado en su totalidad, el seguro desaparece, extinguiéndose la obligación entre ambas partes, pues, la entidad ya no sería beneficiaria del seguro, ni el titular del préstamo asegurado.

Si bien es cierto, que debe ser una posibilidad potestativa añadir estos seguros dentro del contrato de préstamo hipotecario, en la mayoría de los casos, es una situación predispuesta, es decir, nos encontramos ante un contrato de adhesión, pues, es requisito indispensable contratar el seguro para poder efectuar el préstamo con el banco.

Lo anterior, pone de manifiesto las malas prácticas bancarias, ya que, el asegurado, debe tener tanto como consumidor como por persona que contrata un servicio -que en este caso es la cobertura de un riesgo que pueda sufrir el inmueble- la posibilidad de elección y contratación con toda la libertar de contratar la compañía que considere.

No obstante, hay que mencionar que la norma no hay ningún precepto que obligue a asegurar la vivienda o contratar cualquier tipo de seguro con carácter obligatorio, por lo que realmente, el deudor de a hipoteca, no debe considerarlo como un requisito inexcusable.

Si hacemos mención a las sujetos que contratan la hipoteca encontramos a los deudores hipotecantes, deudores no hipotecantes y fiadores y avalistas, por lo que, ¿El seguro debe vincularles y protegerles?

Si analizamos los artículos cuarenta a cuarenta y dos de la LCS, donde en los mismos se hace especial mención a los acreedores hipotecarios, nos da la respuesta, reconociendo solo la indemnización por daños al propietario del bien hipotecado, por lo que, el mismo contrato de seguro únicamente y expresamente vincula a quien consta como titular del préstamo hipotecario, no existiendo cualquier otro beneficiario o asegurado.

En relación con el pago de la prima, al encontrarnos ante un seguro que está vinculado al importe de una hipoteca, en los supuestos donde el asegurado impague alguna de las cuotas, el artículo cuarenta y dos de la LCS nos expone que el acreedor hipotecario, es decir, la entidad bancaria, podrán hacer frente de la cuota impagada inclusive cuando el asegurado se opusiera.

Una vez analizados los rasgos más característicos de este tipo de contratos, se debe hablar de la compañía aseguradora. Al estar frente a contratos impuestos, la misma también lo es.

En algunos casos, la misma ya se contempla en el mismo préstamo hipotecario, mientras que en otras ocasiones se informa a posteriori al cliente. Lo expuesto, hace colisionar directamente con el artículo uno apartado a de la Ley de Defensa de la Competencia, donde en la misma se prohíbe cualquier acuerdo o práctica que tenga como propósito restringir la competencia en el sector del servicio que se pretende dar, vulnerando flagrantemente las exigencias previstas por el artículo cinco de la Ley de Competencia Desleal causando también un perjuicio al consumidor y parte débil de la relación contractual.

2.3. Los contratos de seguro vinculados a la inversión

Con respecto a los contratos de seguro vinculados a la inversión, comprendiendo en esta categoría productos como los planes de pensiones, nos encontramos en la misma tesitura que con respecto a las anteriores categorías de seguros vinculados al préstamo hipotecario. Eso significa que si bien pueden ser contratados simultáneamente con el préstamo hipotecario siendo su contratación incluso aconsejable esta no puede ser obligatoria en base a los anteriores preceptos citados.

Debemos tener en cuenta que contratar como vinculación a un contrato de préstamo hipotecario un plan de pensiones, puede ofrecer al prestatario bonificaciones con respecto a la hipoteca contratada.

La mayor diferencia y característica que muestra el plan de pensiones es que este, se trata de un producto de inversión, lo que en resumidas cuentas significa que en base al pago de una cuota periódica a lo largo de la vida laboral del trabajador supondrá tener acceso a una renta extra durante el periodo de jubilación.

Entonces, la contratación del citado plan de pensiones vinculado a la hipoteca, permitirá que el prestamista se beneficie de un cierto ahorro, en muchas ocasiones irrisorio, en el pago del préstamo, que puede consistir en un pequeño porcentaje del principal objeto de préstamo.

Por último, hay que añadir que aún significar una buena opción contratar un plan de pensiones vinculado a una hipoteca, pues al fin y al cabo se trata de una inversión que en el futuro va a ser beneficiosa para el cliente, debemos hacer mención al tan recurrente precepto como es el siguiente: “La aceptación por el prestamista de una póliza alternativa, distinta de la propuesta por su parte, no podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo.”. Es decir, que la contratación del plan de pensiones vinculado a la hipoteca, aún poder ser beneficiosa para el prestatario, no puede ser de obligada contratación y además, su no contratación, no puede acarrear efectos perjudiciales con respecto a sí efectivamente se contratara dicho plan.

Agente de seguros[editar]

El agente de seguros es el intermediario entre la compañía y el cliente, y para poder intermediar deberá contar con una autorización tanto de la compañía que representa como de un órgano gubernamental que lo vigila. Está autorizado para verificar que el riesgo existe y que está en condiciones de ser asegurado.

- Mediadores de seguro en España

Los mediadores de seguros, tienen la labor de asesorar y/o aconsejar al cliente, a la hora de contratar un seguro, acerca de las especialidades en el contenidas, coberturas, así como todas y cada una de las posibles consecuencias y características en él contenidas, es decir, todos los riesgos así como ventajas y desventajas de dicha contratación, que permitan al tomador, tomar la mejor decisión de cara a sus intereses particulares (así como a los de la figura de asegurado y beneficiario, en casos en los que el tomador y dichas figuras no sean la misma).

Como recogen diferentes autores, dentro de la figura de mediador de seguros (pudiendo ser tanto personas físicas como jurídicas), hemos de diferenciar en función de la relación que desempañen con las compañías de seguros, a varios sujetos distintos, aunque como señala el artículo 135 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales, principalmente son dos, los agentes de seguros y los corredores de seguros, hablaremos de otras figuras.

Los agentes de seguros, los cuáles pueden trabajar para una o más compañías aseguradoras, es decir, exclusivos o vinculados respectivamente, pueden ser personas físicas o jurídicas que mediante la firma de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras, se comprometen frente a estas a realizar la actividad de distribución de seguros en los términos acordados en dicho contrato[1].

Los corredores de seguros, los cuáles a diferenciar de los anteriores no mantienen vínculos con las entidades aseguradoras, si no que asesoran de manera independiente, profesional e imparcial acerca del propio contrato de seguro a suscribir. Para ello, ofrecen a sus clientes recomendaciones basadas en los perfiles de los mismos basados en análisis objetivo y personalizado, pero que en ningún caso vienen las mismas influidas por las compañías aseguradoras, ya que no se establece ningún nexo de relación o contractual con las mismas, pudiendo ser tanto personas físicas como jurídicas[2]. Además, han de cumplir los requisitos del artículo 157 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Pero también otros como, el operador de banca-seguros, el cuál ejerce su labor a través de las redes de distribución que tienen las entidades de crédito, y que pueden constituirse con dichas entidades tanto de manera exclusiva como de manera vinculada.

Y tampoco debemos obviar la figura de los colaboradores externos de los mediadores de seguros (artículo 137 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales), los cuáles ayudan a la distribución y comercialización de dichos productos, por cuenta de los propios mediadores y bajo la responsabilidad y dirección de estos últimos, y dónde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá las líneas generales y principios que han de cumplir respecto a programas para su formación (contenido, organización y ejecución). Realizándose, en definitiva, por estos colaboradores, aquellas funciones acordadas contractualmente con el mediador en cuestión, en el asesoramiento o asistencia, formalización del contrato, así como en caso de siniestro, entendiendo que el mediador no puede ser un simple enlace entre aseguradora y colaborador externo, de tal manera que delegue y permita que este último sea el que realice todo el trabajo[3].

Las propias compañías aseguradoras son conscientes de la importancia creciente de los mediadores y tratan de posicionar favorablemente su imagen para acercarla a los clientes. En este sentido que remos resaltar la función del corredor ya que las obligaciones y exigencias a las que está sometida son mayores que las de los agentes y operadores de seguros, lo que se traduce en una serie de ventajas para el asegurado como la garantía de objetividad y la gestión central de todos los trámites entre otras. Es un asesor imparcial e independiente, de cuyos conocimientos y servicios se beneficia el asegurado. La ley otorga al corredor de seguros la facultad de representación de su cliente ante la compañía, y le impone el no tener ningún vínculo ni signo que suponga apego ninguno con las entidades aseguradoras.

Obligaciones de los mediadores de seguros

1) Generales

Las personas mediadoras o profesionales de la mediación de seguros ofrecerán información veraz y suficiente en la promoción, oferta y suscripción de los contratos de seguro y, en general, en toda su actividad de asesoramiento. En toda publicidad y documentación mercantil de mediación de seguros privados, ya sea en papel, ya sea utilizando cualquier técnica de comunicación a distancia o contrato a distancia, deberán destacar las expresiones y menciones establecidas en la Ley 26/2006, y en todo caso se deberá hacer constar el número de inscripción en el Registro administrativo especial. Antes de iniciar su actividad, deberán figurar inscritos en el Registro administrativo especial. 2) De información

Antes de la celebración de un contrato de seguro, la persona mediadora de seguros deberá, como mínimo, proporcionar a la clientela, entre otros aspectos, la siguiente información: su identidad; su dirección; el Registro en el que esté incluido; los procedimientos previstos que permitan a las personas consumidoras y otras partes interesadas presentar quejas sobre los intermediarios de seguros y de reaseguros y, en su caso, sobre los procedimientos de resolución extrajudiciales; el tratamiento de sus datos de carácter personal. El deber de información previo también será exigible con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro si se han producido alteraciones en la información inicialmente suministrada. No será obligatorio facilitar la información prevista con anterioridad cuando se trate de mediación de un gran riesgo. 3) De atender y resolver quejas y reclamaciones

Las entidades aseguradoras, respecto de la actuación de sus agentes de seguros y operadores de banca-seguros, los corredores de seguros, ya sean personas físicas o jurídicas, las sucursales en España de mediadores de seguros y los mediadores de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España, están obligados a atender y resolver las quejas y reclamaciones que su clientela pueda presentar, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, conforme a esta Ley y la normativa sobre protección de la clientela de servicios financieros (Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, y Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y fondo de Pensiones). Los departamentos y servicios de atención a la clientela de las entidades aseguradoras atenderán y resolverán las quejas y reclamaciones que se presenten en relación con la actuación de sus agentes de seguros y operadores de banca-seguros. Las personas corredoras de seguros, sociedades de correiduría de seguros y las personas mediadoras de seguros residentes o domiciliadas en otros Estados del Espacio Económico Europeo que ejerzan en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios deberán contar con un departamento o servicio de atención al cliente para atender y resolver las quejas y reclamaciones, salvo que encomienden la atención y resolución de la totalidad de las quejas y reclamaciones que reciban a una persona o entidad defensora de la clientela. Persona o entidad defensora de la clientela.Entidad o persona experta independiente de reconocido prestigio, en la que cabe la posibilidad de su designación (bien individual, bien agrupadas por ramos de seguro, proximidad geográfica, volumen de negocio o cualquier otro criterio) por las entidades aseguradoras, en relación con sus agentes de seguros y operadores de banca-seguros, y los corredores de seguros. A esta entidad o persona corresponderá:

La atención y resolución de las quejas y reclamaciones que se sometan a su decisión. Promover el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas y usos financieros. La decisión de esta entidad o persona experta favorable a la reclamación vinculará a la persona mediadora, o a la entidad aseguradora en el caso de actuaciones de agentes de seguros u operadores de banca-seguros (vinculación que no será obstáculo para la vía judicial, otros mecanismos de resolución de conflictos ni a la protección administrativa).

Protección administrativa de la clientela de los servicios financieros. La clientela de servicios financieros podrá presentar quejas y reclamaciones relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, ante el órgano administrativo y conforme al procedimiento establecido en la normativa sobre protección de la clientela de los servicios financieros. Cuando se trate de quejas y reclamaciones relativos a la actuación de mediadores de seguros residentes o domiciliados en España y de sucursales en España de mediadores de seguros en otros países del Espacio Económico Europeo, será imprescindible acreditar haber formulado la queja o reclamación previamente, por escrito, ante el departamento o servicio de atención a la clientela o, en su caso, ante la persona o entidad defensora de la clientela.


- Mediadores de Seguro en Colombia

En Colombia pueden ser intermediarios de seguros los corredores y agentes[4]. De acuerdo con el artículo 1347 y del Código de Comercio colombiano, los corredores de seguros son sociedades cuyo objeto sea exclusivamente ofrecer cualquier tipo de seguros a título de intermediario entre la aseguradora y el asegurado. La regulación de los corredores de seguros se encuentra contenida principalmente en el estatuto orgánico del sistema financiero, en la Ley 510 de 1999.

Según lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, los corredores de seguros, más allá de su labor de ofrecer seguros y promover la celebración de los contratos de seguros, desarrollan actividades adicionales antes, durante y después de la celebración del contrato de seguros, en efecto, la labor del corredor también comprende la asistencia del asegurado para el aviso de los siniestros ocurrido en la vigencia de las pólizas, asesoría integral a fin de modificar o actualizar las condiciones del contrato de seguros, cobro de la prima.[5]

En Colombia, el control y vigilancia de las sociedades corredoras de seguros, según el artículo 1348 del código de comercio, está a cargo de la Superintendencia Financiera; así mismo, únicamente podrán ejercer la función de corredores de seguros las sociedades que hayan realizado la inscripción correspondiente ante el ente de control y vigilancia mencionado.

Por su parte, los agentes de seguros podrán ser personas naturales que promuevan la celebración de contratos se seguros en relación con varias compañías de seguros. Los agentes de seguros podrán ser (i) agentes dependientes, que son aquellas personas que mediante un contrato de trabajo con la compañía de seguros coloca los seguros; y (ii) agentes independientes, que son aquellos que, por sus propios medios, se dedica a la promoción de pólizas, sin depender directamente de la compañía de seguros.

A modo de conclusión, tenemos las siguientes conclusiones: El corredor de seguros tiene las siguientes características:

Solo puede ser una persona jurídica Debe constituirse como sociedad comercial, colectiva o de responsabilidad limitada Debe cumplir con un capital mínimo y un régimen de inversiones e inscripción para poder operar Es vigilado directamente por la Superintendencia Financiera No requiere el respaldo de ninguna aseguradora para inscribirse Es el intermediario a quien se le exigen más requisitos y por lo tanto, su organización administrativa y financiera es sólida y confiable

Por su parte las agencias de seguros tienen las siguientes características: Puede ser una persona natural o jurídica Puede representar a una o a varias aseguradoras No está sujeta a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera El agente de seguros podrá ser independiente o dependiente:

AGENTE INDEPENDIENTE

AGENTE DEPENDIENTE

Es una persona natural

Es una persona natural

Se dedica a ofrecer seguros en representación de una o varias compañías de seguros mediante una vinculación de carácter mercantil

Se dedica a ofrecer seguros en representación de una compañía de seguros mediante un contrato laboral

No está sujeto a tener un patrimonio mínimo para operar

No está sujeto a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera, toda vez que la vigilancia recae sobre la aseguradora que representa

No está sujeto a la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera


[1]Relativo al Artículo 140 de Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

[2]Relativo al Artículo 155 de Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales.

[3]MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, V., “Los colaboradores externos de los mediadores de seguros”, Revista Española de Seguros, núm. 171-172, Julio 2017,p. 348.

[4] Artículo 2.30.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.

[5] Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia del 8 de agosto de 2000, Expediente 5383 – Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez.

Información básica sobre los seguros[editar]

Todas las condiciones del seguro vienen en el contrato y sus cláusulas deben leerse con atención. Todos los años las aseguradoras dejan de pagar importantes cantidades, en concepto de indemnizaciones, por prestaciones cubiertas por los contratos de seguro pero que no son reclamadas por los asegurados o beneficiarios.

El seguro tiene una doble función: la económica y la social.

  • Función económica: elimina la incertidumbre económica sobre el futuro logrando aumentar la eficiencia, estabiliza la riqueza, combate la pobreza y estimula el ahorro.
  • Función social: estimula la previsión, contribuye con el mejoramiento de la salud.

Condiciones esenciales del seguro en España: Se encuentra regulado en la ley 50/80 de Contrato de Seguro.

No pueden asegurarse (art. 19 LCS) los siniestros causados por la mala fe del asegurado. La mala fe penal no se asimila, sin más, a la civil, con importantes consecuencias (sobre todo en materia de automóviles).

Sobreseguro, infraseguro.- El riesgo asegurado no puede ser notablemente superior o inferior al del valor real de la cosa o interés asegurado (suma asegurada), de forma que es esencial una prudente valoración del objeto asegurado. En el primer caso (sobreseguro) producido el siniestro, la aseguradora solo indemnizará el daño hasta el valor real de la cosa, aunque el asegurado fuera mayor. En el caso de infraseguro, la Cía. indemnizará en la misma proporción en la que cubría el interés asegurado: si la cosa valía 1000 € y se aseguró en 500, causándose un daño de 500, indemnizará la mitad del mismo: 250 €. Se aplica en estos casos, la cláusula denominada "Proporción Indemnizable". Esta cláusula se aplica para todo tipo de seguros, a excepción de aquellos denominados como seguros a primer riesgo.

No ocurre así cuando se trata de un seguro de vida, ya que en este tipo de contratos una persona puede ser asegurada con más de un seguro de vida, de una o varias compañías, pero es recomendable cuando se contrata el segundo seguro de vida, informar en la declaración de la solicitud, sobre el cúmulo de los capitales que tiene contratados en la primera póliza y así sucesivamente. Por lo tanto si un asegurado tiene un seguro de vida contratado, compra una vivienda y contrata un nuevo seguro de vida para cubrir el valor de la hipoteca, en caso se fallecimiento, los beneficiarios designados en las pólizas cobrarán de ambos seguros. Únicamente, en el caso de que exista una cláusula de cesión de derechos a favor de la entidad financiera, la compañía solicitará al banco que le informe del capital pendiente de la hipoteca, para pagar primero al banco y una vez cancelada la deuda, si existe un sobrante, se liquidará a los beneficiarios designados en póliza.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. San Antonio, M Carmen. «El sector Asegurador». En Escuela de Hacienda Pública. Ministerio de Economía y Hacienda, ed. Compendio de derecho financiero y sistema fiscal español. ISBN 84-7196-884-3. 
  2. [DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. Sistema de Derecho Civil, vol. II, 6ª edición. Editorial Tecnos, pág. 32, Madrid, 1990.]
  3. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
  4. [ Sentencia del Tribunal Supremo Nº 273/2016, de 22 de abril (Id Cendoj: 28079110012016100257), disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7653902&links=273%2F2016&optimize=20160429&publicinterface=true]
  5. [ Sentencia del Tribunal Supremo Nº 303/2003, de 20 de marzo (Id Cendoj: 28079110012003101680), disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3293434&links=303%2F2003&optimize=20030516&publicinterface=true]
  6. [ Sentencia del Tribunal Supremo Nº 489/2012, de 19 de julio (Id Cendoj: 28079110012012100508) , disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6511013&links=489%2F2012&optimize=20121008&publicinterface=true]
  7. [ Sentencia del Tribunal Supremo Nº 273/2016, de 22 de abril (Id Cendoj: 28079110012016100257), disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7653902&links=273%2F2016&optimize=20160429&publicinterface=true]
  8. Código de Comercio Boliviano
  9. Código de Comercio de Chile
  10. Codificación de la Ley General de Seguros. Ecuador
  11. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
  12. Ley del Contrato de Seguro (Ley nº 29946). Perú
  13. «responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual». 

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

Bibliografía[editar]

  • San Antonio, M Carmen. «El sector Asegurador». En Escuela de Hacienda Pública. Ministerio de Economía y Hacienda. Compendio de derecho financiero y sistema fiscal español.
  • DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. Sistema de Derecho Civil, vol. II, 6ª edición. Editorial Tecnos, pág. 32, Madrid, 1990.
  • Camilo Muriel Bedoya. ( 2015). El interés asegurable: ¿Qué puede asegurarse y qué no?. 23 de enero de 2019, de Pérez Bustamante y Ponce Sitio web: https://www.pbplaw.com/es/interes-asegurable-que-puede-asegurarse/
  • TAPIA SÁNCHEZ, María Rosa, "Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo", VLEX-642272645.
  • VARGAS VASSEROT. C. El seguro de la finca hipotecada 1a ed. Madrid:Editorial Marcial Pons, 2003. cit. p.46. ISBN 84-9768-017-0
  • RUIZ OLIACH, Víctor “La vinculación del contrato de seguro al préstamo hipotecario”. Cuestiones de Interés Jurídico, ISSN 2549-8401, IDIBE, noviembre 2017.

Enlaces externos[editar]