Conflicto armado interno de Colombia en el siglo XXI

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Etapa actual del Conflicto armado interno de Colombia durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022), que tiene como actores a las

Conflicto armado interno de Colombia en el siglo XXI

Parte de Conflicto armado interno de Colombia

Guerra contra las drogas
Fecha 2002-actualidad
Lugar ColombiaFlag of Colombia.svg Colombia
Áreas fronterizas de:
BrasilFlag of Brazil.svg Brasil
EcuadorFlag of Ecuador.svg Ecuador
PanamáFlag of Panama.svg Panamá
PerúFlag of Peru.svg Perú
VenezuelaFlag of Venezuela.svg Venezuela
Conflicto Conflicto militar en Colombia, cuyas partes son el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de la droga y las bandas criminales emergentes.
Resultado En desarrollo
Beligerantes
Grupos paramilitares
Grupos paramilitares y de contraguerrillas
Bandera de Colombia
Gobierno de Colombia
Grupos guerrilleros
  • Flag of ELN.svg ELN(1964)
  • Flag of the FARC-EP.svg FARC-EP (1966)
  • EPLflag.png EPL (1967)
  • Flag of M-19.svg M-19 (1974)
  • Comandantes
    Flag of AUC.svg Fidel Castaño Gil 
    Flag of AUC.svg Carlos Castaño Gil
    Flag of AUC.svg Vicente Castaño (Desaparecido)
    Flag of AUC.svg Ernesto Báez (C)
    Flag of AUC.svg Salvatore Mancuso (C)
    Flag of AUC.svg Ramón Isaza (C)
    Flag of AUC.svg Diego Murillo Bejarano (C)
    Flag of AUC.svg Carlos Mario Jiménez (C)

    Don Mario (C)
    Cuchillo 
    Diego Rastrojo (C)
    Dairo Antonio Úsuga "Otoniel"



    Diego Montoya (C)
    Wilber Varela
    Javier y Luis Calle Serna (C)
    Daniel Barrera (C)
    Bandera de Colombia Álvaro Uribe Vélez
    Bandera de Colombia Juan Manuel Santos
    Bandera de Colombia Iván Duque Márquez
    Flag of ELN.svg Gabino


    Disidencia EPL EPLflag.png Francisco Caraballo (C)
    EPLflag.png El Nene 
    EPLflag.png Megateo


    Disidencias de las FARC-EP Flag of the FARC-EP.svg Iván Márquez
    Flag of the FARC-EP.svg Gentil Duarte


    Manuel Marulanda
    Flag of the FARC-EP.svg Alfonso Cano 
    Flag of the FARC-EP.svg Mono Jojoy 
    Flag of the FARC-EP.svg Raúl Reyes 
    Flag of the FARC-EP.svg Timoleón Jiménez (D)
    Fuerzas en combate
    23 Grupos Armados Organizados:
    10000(2019)
    3000[1]
    Ejército Nacional de Colombia:

    Policía Nacional de Colombia (incluyendo DIJIN):

    Armada Nacional de Colombia (incluyendo Infantería de Marina):

    Fuerza Aérea Colombiana:
    444.520 soldados, y otros 62.000 en reserva

    [2]


    DAS (Actual DNI):
    3000[3]
    ELN:
    3000 (en 2002 5.000)
    Disidencias EPL:
    150 (2.300 en 1990)
    Disidencias FARC EP:
    1.400 aprox.

    FARC EP:
    15 700, 6.000 en la zona rural (2016)[4]
    M-19:
    1.000 (1986)
    (D): Desmovilizado
    (De): Desmantelado
    ): Fallecido
    (C): Capturado
    (EPDD): En proceso de desmovilización

    FARC-EP (desmovilizadas en 2016), las AUC (Desmovilizadas en 2006), el ELN y las disidencias de las FARC-EP, la disidencia del EPL (se le considera una Bacrim o GAO por dedicarse exclusivamente al negocio del narcotráfico) y las Bacrim y Grupos Armados Organizados, GAO. En el caso de las antiguas estructuras de las FARC-EP, se les agrega el término Residuales GAOR.

    Se establecen los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) como los años con mayor cantidad de víctimas: 3.633.840 de víctimas según el Registro Único de víctimas.[5]​ Para 2017 según el Registro Único de víctimas se cuentan: 8.074.272 víctimas, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos.[6]​ En 2018 la cifra sube, el conflicto armado colombiano ha dejado 8'708.664 víctimas, según el registro Único de Víctimas (RUV),[7]​ de los cuales 2.365.997 son niños.[8]

    Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)[editar]

    Álvaro Uribe Vélez fue elegido en primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 (primero desde la implementación de la Constitución del 91). El 7 de agosto se posesionó y las FARC-EP atacaron con morteros la Casa de Nariño.[9]​ El 11 de agosto,fue declarado el estado de conmoción interior o de excepción por un período de 90 días prorrogable[10]​. Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias por decreto y asumir funciones legislativas, la excepcionalidad constitucional reforzó los temores en sectores de la oposición de un debilitamiento del equilibrio institucional y del menoscabo de los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, el grueso de la opinión pública acogió favorablemente estas medidas, como también la aplicación del nuevo impuesto sobre el Patrimonio para financiar el esfuerzo de guerra y la puesta en marcha, con la creación de las primeras redes de cooperantes e informantes civiles, del programa de seguridad nacional llamado Política de Seguridad Democrática (PSD), fue presentado por el presidente y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en 2003, siendo uno de los pilares del programa de gobierno de Uribe. Optimista el gobierno se concedió a sí mismo un plazo máximo de un año y medio para debilitar a los ilegales, antes de abordar eventuales procesos de paz individuales con cada organización. El estímulo a la deserción iba a ser la táctica más empleada por las autoridades. El marco asimétrico de la PSD, que otorgaba en todo momento la primacía al Estado y negaba a los irregulares la posibilidad de negociar en pie de igualdad, permitió la desmovilización de las AUC sumidas en una crisis de identidad por las divisiones internas y la participación de sus dirigentes en actividades no contra guerrilleras como el narcotráfico y la extorsión. La desmovilización de los paramilitares fue el primer proceso gestionado por el Ejecutivo en el marco de la Seguridad Democrática.[11]

    Proceso de paz con las AUC y surgimiento de las Bacrim[editar]

    El gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares. El cual debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. El gobierno de Álvaro Uribe concede estatus político al grupo armado, con la prórroga y reforma a la Ley 418 de 1997, a través de la cual se determinaba el estatus político del grupo armado, como uno de los prerrequisitos para poder negociar y emite el decreto 128 de 2003, mediante el cual se extienden los beneficios jurídicos para la reincorporación socioeconómica de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que decidan desmovilizarse.[12]​ Las AUC abordaban el Proceso de paz en un momento crítico. Carlos Castaño inquieto por la inclusión de las Autodefensas en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y la Unión Europea, trato de darle a estas un giro radical en su estrategia política y sobre todo en su organización interna, consciente del peso que iba ganando el narcotráfico en las filas del paramilitarismo. Por eso mismo se interesó en buscar caminos que le permitieran el regreso a la legalidad, aunque implicarán la negociación con las autoridades estadounidenses. Esos bandazos sin embargo van conduciendo a Castaño al aislamiento y a su posterior defenestración de la jefatura máxima de las AUC.[13]​ Si bien el terreno se venía abonando en materia jurídica, el proceso de acercamiento con los paramilitares en términos prácticos avanzaba a pasos agigantados: el 29 de noviembre de 2002, como culminación de la “fase de acercamiento” transcurrida en las últimas semanas, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, jefes máximos de las AUC, notificaron el comienzo de una tregua unilateral indefinida el 1 de diciembre. El Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, siguientes organizaciones paramilitares en importancia, adoptaron igual medida días después. Satisfecho el principal e innegociable prerrequisito, Uribe creó el 23 de diciembre una Comisión Exploratoria de Paz para canalizar los contactos con los irregulares de derecha, a cuyo frente puso al Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo.[11]

    Las conversaciones formales con las AUC arrancaron el 22 de enero de 2003 y el 15 de julio siguiente alumbraron en Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta (base de operaciones de Mancuso en Córdoba), un Acuerdo para contribuir a la paz en Colombia que daba por finiquitada la “fase exploratoria” y abría camino a una etapa de negociación oficial. Los signatarios asumen una serie de compromisos: los paramilitares, la desmovilización gradual de sus aproximadamente 15 000 hombres desde finales del año en curso hasta el 31 de diciembre de 2005 a más tardar; el Estado, la facilitación de dicho proceso estableciendo “zonas de concentración” con garantías jurídicas temporales y adelantando los mecanismos de reinserción de los excombatientes en la sociedad civil. La verificación del proceso correría a cargo de la OEA.[11]​ Estos avances en la negociación no solo iban dejando a su paso la desmovilización y el desarme de grupos paramilitares en Antioquia y Cauca, sino que reclamaba un marco jurídico más sólido, que garantizara por un lado herramientas necesarias para avanzar en el proceso (beneficios para los paramilitares), y por el otro reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos irregulares de extrema derecha. En consecuencia en agosto de 2003 inicia su trámite en el Congreso un controvertido proyecto de Ley llamado, en su primera versión, de Alternatividad penal; este contemplaba beneficios Jurídicos a los paramilitares que iban desde una sustantiva rebaja de penas hasta la posibilidad de no cumplir ninguna condena. De ahí que esta primera versión pronto recibió una lluvia de críticas provenientes de diferentes sectores de oposición e incluso de la bancada Uribista, que obligaron al Alto Comisionado para la paz a retirar el proyecto.[14]​ Procurando corregir los vacíos jurídicos del primer intento frustrado, el Gobierno presenta en el 2004 al Congreso un nuevo proyecto de Ley denominado “Justicia y Paz”, a través del cual se contemplaba el cumplimiento de unas penas mínimas de cárcel por parte de los miembros de las autodefensas y la creación de un Tribunal de verdad y justicia para que juzgará los delitos cometidos por los paramilitares.[15]

    En tanto el marco jurídico se abre camino, las denuncias frente al incumplimiento por parte de los paramilitares al cese de hostilidades acordado en Santa Fe de Ralito (al menos 2400 civiles fueron ejecutados por esta organización entre 2003 y 2005, 1000 de ellos en masacres colectivas) y la puja al interior de las AUC, que culmina con la desaparición y asesinato de Carlos Castaño, jefe supremo y principal vocero de esta organización en el proceso de negociación, pone de presente la crisis del proceso de paz, y con esta, el endurecimiento de la administración Uribe frente a las violaciones denunciadas y el llamado vehemente a los grupos de Autodefensa para que demostraran una genuina voluntad de paz. Como lo advirtieron muchos periodistas en Colombia y las autoridades estadounidenses, varios capos del narcotráfico estaban comprando Bloques enteros de la organización o montando franquicias falsas, para hacerse pasar como jefes paramilitares, y de ese modo recibir estatus de delincuentes políticos, legalizando su situación en la reinserción; de paso así también esquivaban la temida extradición. En efecto Carlos Castaño luego de haberle retirado a los demás comandantes el rol interlocutor en las negociaciones con el Gobierno (puesto que se disponía a denunciar la progresiva infiltración del narco en su organización), fue mandado a asesinar por su propio hermano, Vicente Castaño en abril de 2004.[16][17][18]

    Al mismo tiempo en los Llanos Orientales, las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare al mando de los hermanos Buitrago) se vieron involucradas en una violenta guerra contra el Bloque Centauros de las AUC (desde 2003). La contienda que se prolongó por 15 meses y dejó 1000 muertos, sólo concluyó con la ejecución de Miguel Arroyave; ‘Arcángel’, el 19 de septiembre de 2004, a manos de sus propios hombres (entre ellos Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, que luego sería jefe del ERPAC); y con la intervención del Ejército, sobre las estructuras ilegales que combatían en el sur de Casanare. La primera intervención contra las ACC de “Martín Llanos”, la Operación Astuto se lanzó el 29 de agosto de 2004 y dejó 16 paramilitares muertos. En septiembre, 2500 tropas de las brigadas móviles 1 y 16 avanzaron sobre Tauramena y Monterrey, en los límites de Casanare y Boyacá. La Operación Santuario, que buscaba pacificar la zona, culminó con el desmantelamiento total de la estructura de los hermanos Buitrago, que contó en sus filas 27 muertos, 95 capturados y 87 desertores. Otros 15 miembros del Bloque Centauros también resultaron abatidos en la arremetida que culminó en los primeros días de octubre.[19]​Con la muerte de Carlos Castaño el proceso de negociación fue asumido por Salvatore Mancuso, lo que le permitió tomar la vocería de las AUC y firmar el 13 de mayo de 2004 un segundo pacto en Santa Fe de Ralito, el Acuerdo de Fátima. Este acuerdo desempantanar las negociaciones y le devolvió la legitimidad a partir del establecimiento de una “zona de ubicación”; permitió también la consecución de cuatro objetivos: 1. Facilitar la consolidación del proceso de paz que se adelanta con las AUC. 2. Alcanzar el cese de hostilidades. 3. Avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los integrantes de las AUC. 4. Permitir la interlocución de la mesa de diálogo con todos los sectores Nacionales e Internacionales.[20]​ Con el terreno más despejado, el gobierno emprendió nuevamente la tarea de viabilizar ante el congreso el marco jurídico que fijaría las condiciones para una efectiva desmovilización de los grupos paramilitares, a través de un proyecto de Ley presentado por un grupo de Congresistas Uribistas. No obstante, este primer proyecto duramente criticado por la oposición náufrago, y el que le siguió, presentado por el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, se asemejaba en su articulado un 95 % al anterior. Además se debió sortear con los condicionamientos impuestos por los norteamericanos, reticentes a que capos del narcotráfico se colaran en las filas de las AUC, y por esa vía evitaran su extradición. Este desencuentro entre proyectos que emanaba de la fuente oficial y que intentaban legislar sobre el mismo tema, dejó en claro las contradicciones del Gobierno Uribe y de su bancada entorno al elemento que debería privilegiarse. Mientras para unos era claro que la justicia primaba sobre la paz y por ende debería castigarse los abusos cometidos por los paramilitares, como es el caso del proyecto Pardo-Parody, para otros debería primar la búsqueda de la paz, como lo dejó ver el proyecto de Ley presentado por el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y un grupo de congresistas entre los que se encontraba Armando Benedetti, Sandra Ceballos, Adriana Gutiérrez, Zulema Jattin y William Vélez.[cita requerida]

    Una vez presentado el proyecto del alto Comisionado al congreso, el Gobierno tuvo que acondicionarlo a los intereses enfrentados de las distintas partes. Así es como en poco tiempo se genera una serie de fuertes críticas y temores entre los parlamentarios, entorno al fantasma del Narcotráfico, evidenciado en la nueva definición de “delito político” consignada en el Artículo 64. Estos temores no eran infundados, puesto que empezaron a surgir rumores (ciertos en todo caso) respecto al hecho de que importantes capos (Gordo Lindo, El Tuso Sierra, los Mellizos Mejía Múnera y un largo etcétera) estaban comprando bloques de Autodefensas próximos a desmovilizarse para adquirir los beneficios que otorgaba la Ley y de paso librarse de la extradición. Estas inconsistencias en el proyecto del Comisionado Restrepo y el peligro que representaba la ambigüedad de algunos artículos, fueron objetos de preocupación de ONG, de organismos Internacionales como la OEA y del gobierno norteamericano, quien condicionar su ayuda económica al Estado colombiano justamente al hecho de que este “extradite a los miembros de las organizaciones que tengan cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos”.[cita requerida] El 1 de julio de 2004, arriesgado a última hora por el breve secuestro del exsenador José Eduardo Gnecco Cerchar, principiaron en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito el proceso de concentración de las autodefensas y el diálogo oficial sobre el desarme, la reinserción subsidiada, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos judiciales. El 25 de noviembre, con casi un año de retraso sobre el calendario esbozado en el Acuerdo de 2003, depusieron las armas 452 integrantes del Bloque Bananero de las AUC. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, el comandante Camilo del Bloque Catatumbo y los 1585 hombres a sus órdenes.[11]​ En los meses siguientes, nuevos contingentes de paramilitares renunciaron a la violencia, pero en sectores de la opinión pública cundió la sensación de que quienes eran responsables de terribles violaciones de los Derechos Humanos podrían no responder de sus crímenes ante la justicia, recibiendo impunidad a cambio de la paz. Como si fuera poco el hecho de que al final se terminarán entregando más de 30 000 hombres, y no los 15 000 que se suponía conformaban las AUC, terminó por confirmar el hecho de que la infiltración del narco en las filas de la organización ultraderechista era una realidad.[cita requerida] Los múltiples proyectos de ley, la confusión y el trasiego de versiones y enmiendas precedieron la aprobación por el Congreso el 22 de junio de 2005 del marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas máximas de cinco a ocho años de privación de libertad para los acusados de delitos graves, confesados en “versión libre” por los propios desmovilizados como requisito para recibir los beneficios legales o que el Estado pudiera probar a posteriori, y que protegía contra la apertura de procesos de extradición a Estados Unidos, excluidos aquellos que ya estuvieran en curso. Los múltiples vacíos a que daba lugar no demoraron en levantar una aguda polémica.[11]​Los primeros en manifestarse en contra fueron los editorialistas del New York Times, quienes calificaron a la ley de justicia y paz “como una ley de impunidad para asesinos, terroristas y traficantes de cocaína”. Pronto les siguieron la ONU, políticos de distintas tendencias y con más énfasis las ONG defensoras de los Derechos Humanos y las propias víctimas: les parecía un pacto demasiado indulgente con los paras, que recibían un estatus de delincuentes políticos y que además se hacían acreedores de retribuciones económicas, hasta el punto de recordarles una “amnistía encubierta”. Los miembros del oficialismo, por el contrario, destacaron la salvaguardia de los principios de justicia y reparación, y de manera más o menos explícita indicaron que si el rigor penal hubiese sido mayor, las autodefensas no habrían aceptado reinsertarse.

    Pese a las garantías brindadas por el Ejecutivo, muchos de los paramilitares no se entregaron, bajo el amparo y la ventaja económica y militar que ofrece el lucrativo negocio del narcotráfico y todas las actividades ilícitas conexas (extorsión, minería ilegal, contrabando, juegos de azar, etc.), en el marco de una narcotización y criminalización casi total, conformando lo que posteriormente serían conocidas como las Bandas Criminales o BACRIM. A pesar de haberse consolidado como la mayor organización narcotraficante del país, después de 2002 los conflictos internos del Cartel del Norte del Valle, provocan su ruptura y fraccionalización. En primer término, en febrero de 2002, Iván Urdinola Grajales fue envenenado en prisión, lo que eliminó una de las cabezas históricas de la organización. Segundo y más importante aún, varios de los capos que habían sido acusados en las cortes estadounidenses por la exportación de narcóticos, habían empezado a sondear la posibilidad de llegar a acuerdos con la justicia norteamericana buscando delatar a sus socios. Ambos factores abonaron el terreno para que surgieran disputas entre los capos sobrevivientes y sus clanes: Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’ y Wilber Varela, alias ‘Jabón’, que dirigían las facciones más beligerantes; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’; Víctor Patiño Fómeque, alias ‘El Químico’ y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’; estos dos últimos en libertad tras cumplir una pena irrisoria de 4 años.[21]​ Las tensiones llegaron a su punto de quiebre cuando uno de estos capos; Víctor Patiño Fómeque, fue detenido el 9 de abril de 2002. Su extradición en octubre del mismo año y posterior proceso de colaboración con la DEA, confirmó muchos de los temores existentes. Como represalia, Chupeta emprendió una cruenta campaña de exterminio contra los familiares y allegados de Patiño. Poco después, en diciembre de 2002, uno de los aliados de Don Diego; Miguel Solano, a quien Jabón también acusaba de entregar información, fue asesinado por orden suya en Cartagena. Fue el principio de la guerra total y de la fractura del cartel.[22][23]​ Ambas facciones armaron rápidamente sus ejércitos privados que movilizaron más de 1200 pistoleros: Los Rastrojos de Jabón, al comando de los hermanos Comba (Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna), y Los Machos de ‘Don Diego’, dirigidos por alias ‘Capachivo’. Los ataques de sicarios se centraron inicialmente en las poblaciones del Norte del Valle y Cali, pero se multiplicaron después del 13 de octubre de 2003, cuando los hombres de Varela mataron a 7 miembros del clan de ‘Don Diego’ en la discoteca Grill Cañandonga.[24]​ A partir de entonces, la guerra se recrudeció y se extendió hasta el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá con matanzas, desmembramientos y enfrentamientos por el dominio de las zonas rurales. Solamente entre 2003 y 2004, el conflicto cobró un estimado de 1.000 vidas entre miembros de los grupos, personas cercanas a los capos y civiles inocentes. El 25 de marzo de 2004, pistoleros mataron al coronel retirado Danilo González.[25]​ El 3 de octubre de 2004, un comando armado llegó a la Finca La Cascada, en Candelaria (Valle del Cauca) y masacró a 10 personas.[26]​ Al mismo tiempo, los grupos de gatilleros pasaron a operar como verdaderos ejércitos, sobre todo por el control del Cañón de las Garrapatas en límites con el Chocó y que era uno de los corredores de narcotráfico más importantes de la Región Pacífica; allí, un violento combate enfrentó a más de 200 pistoleros de Los Machos y Los Rastrojos el 26 de diciembre de 2004, con un saldo de una decena de muertos.[27]​ Los Rastrojos de alias ‘Jabón’, formaron una alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); inclusive, intentaron participar en su proceso de desmovilización, cambiando su nombre por el de Rondas Campesinas Populares (RCP), para investirse con ropajes políticos y tomar ventaja de los beneficios estatales ofrecidos.[21]​ Por su lado alias ‘Don Diego’, quien fuera el patrocinador de los grupos paramilitares que cometieron la Masacre de Trujillo en los noventas, optó por infiltrar y sobornar a ciertos mandos del Ejército para permanecer seguro en su territorio. En mayo de 2006, por órdenes del Coronel Byron Carvajal, tropas de la Tercera Brigada masacraron a un comando de 10 policías que realizaba una operación contra uno de sus lugartenientes.[28]​ La escalada de violencia obligó que las autoridades incrementaran la persecución contra los dos capos a partir de 2004. Varela se refugió en Venezuela hasta su muerte a manos de los hermanos Comba y Diego Rastrojo en 2008, mientras Montoya prefirió quedarse en el Norte del Valle hasta su captura en 2007 a manos del Ejército y el CTI en Zarzal.[21]​ Estas dos acciones, sumado a las capturas de alias ‘Chupeta’ y ‘Rasguño’ en 2007, contribuyó al desmantelamiento de uno de los cárteles más poderosos en la historia del país.En agosto de 2006, una vez entregaron sus armas los últimos frentes paramilitares, el gobierno Uribe ordenó que los jefes de las AUC fueran concentrados en el centro de reclusión de La Ceja (Antioquia). Vicente Castaño, alias ‘El Profe’, uno de los jefes más radicales de la organización, abandonó el proceso de paz, pues sostenía que las Autodefensas se desmovilizaron en medio de una negociación política; por consiguiente, no debían terminar en un simple proceso de sometimiento a la justicia. En consecuencia, decidió volver a la clandestinidad y ordenó a todos los mandos medios que aún estaban libres, regresar a las armas. Nació lo que se denominó inicialmente como “Águilas Negras”, una federación de organizaciones neoparamilitares con poder regional. Ello provocó de inmediato el choque con los jefes desmovilizados pues, desconociendo el control que dichos cabecillas ejercían por medio de terceros en sus antiguos territorios, Castaño “entregó” estas plazas a los nuevos mandos: los Llanos Orientales a Ever Veloza, alias ‘HH’; el Urabá a Don Mario y Los Hermanos Úsuga David (Juan de Dios y Dairo Antonio); la Sierra Nevada a los Mellizos Mejía Múnera (Miguel Ángel y Víctor Manuel), entre otros.[29]

    Las disputas armadas empezaron en la Orinoquia, donde Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, organizó por cuenta propia, y en alianza con miembros del antiguo Bloque Centauros de las AUC, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). ‘HH’ fue expulsado de esa zona a finales de 2006. Sin embargo, la mayor conflagración llegó cuando ‘Don Berna’ y Carlos Mario Echeverry, alias ‘Rogelio’, quienes dirigían la Oficina de Envigado, se sintieron amenazados por Vicente Castaño. La pugna se resolvió de manera rápida, cuando en marzo de 2007, Castaño fue asesinado en el Bajo Cauca antioqueño (según versiones de exparamilitares, ya que su cuerpo nunca fue encontrado). Su proyecto de reconstruir un ejército paramilitar a nivel nacional se truncó y las bandas que le obedecían se dividieron.[30]​ El 3 de abril de 2007, Ever Veloza, alias ‘HH’, uno de sus principales lugartenientes -que lo había traicionado- fue capturado en Bolombolo, Antioquia. De otro lado, los indicios de que algunos jefes paras como ‘Macaco’, ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’ seguían delinquiendo desde La Ceja, forzó su traslado intempestivo a la cárcel de Itagüí en diciembre de 2006. Estos dos factores aumentaron la proliferación anárquica de bandas.[31]​Ya para mediados de 2007, el gobierno reconocía la existencia de 33 bandas criminales: (Los Urabeños también llamados Bloque Héroes de Castaño, Nueva Generación, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, las Águilas Negras, la Oficina de Envigado, Renacer, Los Traquetos, Los Macacos, etc.). Estas agrupaciones operaban a lo largo de todo el territorio colombiano, alcanzando 28 departamentos y 179 municipios.[32]​ A ellas se sumaban los grupos narcotraficantes que, colados en el proceso de paz o como restos del atomizado Cartel del Norte del Valle, ocuparon los espacios de las AUC en el Pacífico o se aliaron con nuevos capos. Era el caso de Diego León Montoya ‘Don Diego’, Juan Carlos Ramírez Abadía ‘Chupeta’ o Wílber Varela ‘Jabón’, quienes a través de sus estructuras armadas, conocidas como “Los Machos” o “Los Rastrojos”, dominaban el Valle del Cauca y la Costa Pacífica. En vista del confuso panorama, el gobierno dio la orden de combatir a las Bandas Emergentes, que amenazaban los resultados del proceso de paz con las AUC. Bajo el comando del General de la Policía, Óscar Naranjo, se reunió a un grupo de 100 oficiales de inteligencia y uniformados especializados en lucha contra el narcotráfico, para enfrentarlos.[33]​ Los primeros neutralizados fueron los jefes desmovilizados. Por orden presidencial, el 25 de agosto de 2007 ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron remitidos a la cárcel de Cómbita (Boyacá); la banda que dirigía el primero fue desarticulada por la policía con la detención de Mario Garzón, alias ‘Mario Bross’, quien coordinaba las acciones desde fuera de la cárcel. También fue golpeada la organización Nueva Generación que operaba en Nariño y la región del Patía, con la detención simultánea en octubre de 2007 de Hugo González ‘El Nomo’, José Yela ‘el Político’ y John Roima García, alias ‘El Niño’. Paralelamente, el Ejército logró la captura de Diego León Montoya en Zarzal (Valle) el 10 de septiembre de 2007, mientras Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, era detenido en Brasil; esto significó la desarticulación de Los Machos, cediendo sus espacios a los Rastrojos.[33]​ La ofensiva se centró luego sobre la Bacrim de Los Nevados que, al mando de los mellizos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, trataba de monopolizar La Sierra Nevada y el Bajo Cauca antioqueño con hombres del Bloque Vencedores de Arauca y antiguos combatientes de Jorge 40 y Hernán Giraldo. El 29 de abril de 2008, Víctor Mejía Múnera es dado de baja por un comando de la Policía Nacional en Tarazá y el 2 de mayo su hermano Miguel fue detenido en Honda (Tolima).[34]

    Por último, y con el argumento de que los “jefes paras” seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la Ley de Justicia y Paz, se ordenó su extradición a Estados Unidos. La extradición de paramilitares, comenzó el 7 de mayo de 2008 con la entrega a las autoridades norteamericanas de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco, quien fuera comandante del Bloque Central Bolívar. Fue cuestión de días para que los otros sufrieran la misma suerte. El 13 de mayo, fueron puestos en manos de la DEA Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Salvatore Mancuso; Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’; Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’; Manuel Enrique Torregrosa; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Martín Peñaranda, alias ‘El Burro’; Edwin Mauricio Gómez Lara; Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.[35] Así fue como por acción de las autoridades, producto de las luchas intestinas o absorbidas por grupos más grandes, 18 bandas emergentes desaparecieron entre 2006 y 2008. Pero contrario a lo esperado, se produjo la consolidación de los grupos más organizados: Los Urabeños, Los Rastrojos, el ERPAC, y la Oficina de Envigado.Los Rastrojos, brazo armado de Wilber Varela, capo del Cartel del Norte del Valle, se consolidaron en el control de la Costa Pacífica con la desarticulación de sus competidores cercanos: Los Machos y la banda Nueva Generación. Sin embargo, Varela fue asesinado por sus propios lugartenientes en enero de 2008 y el mando de la organización seria asumido por los Hermanos Comba (Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna) y Diego Rastrojo, quienes siguieron empleando a los países vecinos como retaguardia para sus actividades delictivas.[36]​ A su vez, por medio de alianzas tácitas con el ELN o de la confrontación abierta con las FARC, quisieron extender su dominio territorial sobre todo el litoral caucano y nariñense; no más la guerra por Timbiquí, Guapi y Bocas de Satinga dejó casi 400 muertos y más de 15.000 desplazados entre 2010 y 2011.[37]​ También trataron de avanzar hacia otras zonas lejos del Pacífico, pero chocaron con los Gaitanistas o Urabeños.Precisamente en el norte una vez muerto Vicente Castaño, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y los hermanos Úsuga David, reunieron a los comandantes que estaban bajo su mando y los que entonces lideraban a las Águilas Negras (‘Gavilán’ y el ‘Negro Sarley’), conformando un nuevo grupo armado llamado en principio Bloque Héroes de Castaño, pero que en enero de 2008 paso a ser parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG), absorbidas posteriormente por Los Urabeños. Los jefes paramilitares habrían llegado al acuerdo de mantener el control de Urabá e iniciar una confrontación armada contra la Oficina de Envigado y Los Paisas, que amenazaban su predominio.[29]​ La guerra de 3 años se saldó con la muerte de más de 3000 personas, pero a largo plazo los Urabeños se consolidaron como el grupo más poderoso, por su posición estratégica en el Golfo de Urabá y su pie de fuerza. Pronto implementaron una especie de servicio militar en la zona y ejecutaron un primer paro armado el 15 de octubre de 2008, durante el cual se presentaron “en sociedad” como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. A finales de 2008 incursionaron en el Urabá Chocoano, alcanzando la frontera con Panamá.[38]

    El 15 de abril de 2009 Don Mario fue capturado por la Policía. No obstante, el mando de la organización casi intacta pasó a Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanny’, y su hermano Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quienes consolidaron el dominio sobre Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño entre 2010 y 2011, eliminando todas las bandas enemigas, esencialmente a Los Paisas y Los Rastrojos. Estos últimos trataron de absorber a Los Paisas tras su separación de la Oficina de Envigado, para así extender sus dominios desde el Pacífico hasta el Caribe, pero fueron incapaces de obtener un resultado decisivo y fueron expulsados de la zona, con saldo de más de 600 muertos en esa pugna.[39][40][41]​Este avance de Los Urabeños se debió en buena medida a la debacle de la poderosa ‘Oficina de Envigado’, que comenzó con la extradición hacia Estados Unidos de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en mayo de 2008. Aunque sus lugartenientes comenzaron a ascender en la estructura de mando, pronto aparecieron las divisiones en el interior de la organización a raíz del sometimiento a la justicia norteamericana de Carlos Mario Rogelio Aguilar, alias ‘Rogelio’, y de Mauricio Cardona López, alias ‘Yiyo’. Los Paisas, separados de la organización, fueron absorbidos en parte por Los Rastrojos y Los Urabeños, pero a la larga sus territorios en Córdoba y el Bajo Cauca pasaron a la última organización, aunque manteniendo dominio en algunos de esos territorios. En Medellín, plaza principal de la Oficina de Envigado, la guerra se desató entre dos combos rivales: uno dirigido por Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’ y otro por Erick Vargas, alias ‘Sebastián’, un conflicto que provocó la muerte de alrededor de 6000 personas entre 2008 y 2012.[42]​Mientras tanto, en la Orinoquia se consolidó el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) al mando de alias ‘Cuchillo’ quien, aliado con Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, copó numerosas zonas controladas por el antiguo Bloque Centauros en Meta y Vichada, agrupando a alrededor de 800 hombres hacia 2010. Eliminando primero a la banda de Hever Veloza, alias ‘HH’, y luego a Los Macacos, dirigidos desde la prisión por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La guerra con este grupo se decidió en la batalla de Puerto Gaitán (Meta), entre el 10 y el 14 de agosto de 2007, un combate que dejó 250 muertos en ambos bandos. Los sobrevivientes, cerca de 200, se rindieron a mediados de septiembre al Ejército Nacional.[43]

    Recrudecimiento del conflicto armado y Política de seguridad democrática[editar]

    La guerra con las FARC-EP y los grupos de narcotraficantes se recrudece. La apuesta del gobierno era por la firmeza: si la guerrilla, que seguía considerándose a sí misma una insurgencia sustentada en un ideario marxista y auto legitimada como parte beligerante de un conflicto interno, no quería acogerse al marco de paz condicionado que le ofrecía el gobierno, este se encargaría de desnivelar la relación de fuerzas hasta obligarla a claudicar. La exigencia de entregar a los guerrilleros una zona desmilitarizada en los departamentos de Caquetá y Putumayo, fue rechazada por el primer mandatario que llegó a calificar a las FARC-EP de “caterva de bandidos”. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, esta no admitía ningún tipo de diálogo o negociación.[11]​ El fortalecimiento de las Fuerzas militares se da con la parte del presupuesto que le es destinada a la Defensa no deja de aumentar: en 2007 equivale al 6.3 % del PIB, uno de los más altos del mundo; y con el impuesto al Patrimonio se recaudan 8,25 billones de pesos extras destinados a ella. El pie de fuerza también se incrementa: en 2002 asciende a 295 000; en 2007 llega a ser de 397 000, con aproximadamente 73 000 soldados profesionales.[44]​ La coordinación de las operaciones y la inteligencia mejoran sustancialmente. Las FF.AA. adquieren nuevo equipo y repotencian el ya existente: se compran 25 aviones de bombardeo ligero Súper Tucano, blindados, lanchas, patrulleras fluviales, bombas inteligentes, decenas de Black Hawks llegando a 83, 12 Huey II de ataque, 4 cazas C-295, 4 Beechcraft 350 Súper King, 5 Cessna 208 Caravan, 25 aeronaves de entrenamiento y 13 K-fir; logrando a su vez la extensión de la Industria Militar (INDUMIL y COTECMAR) . Es así como la aviación del Ejército puede contar ahora con una planilla de 114 helicópteros: 50 Black Hawks, 23 M-17, 30 Huey y 11 UH-1N, que le permiten cubrir gran parte del territorio nacional y socorrer rápidamente a las tropas en tierra. Además la administración Uribe, consciente del peso que representaba el narcotráfico en las finanzas de la guerrilla(de los 500 a 800 millones de dólares que recauda anualmente, alrededor del 50 % provenía de la coca, el 40 % de la extorsión y un 10 % del secuestro más otras actividades), atacó su principal fuente de financiación. A la par que el secuestro y la extorsión disminuían dramáticamente, aumentando de rebote la dependencia de la organización respecto a la coca, se multiplicaba la erradicación de cultivos ilícitos a base de fumigaciones y más tarde de cuadrillas de trabajadores que destruyen las plantaciones manualmente. En la población de Miraflores (Guaviare), escenario en 1998 de un auténtico desastre militar, fue reconstruida la guarnición de esa localidad, atacando de este modo uno de los principales emporios cocaleros de la subversión. En lo que será el primer paso importante de la PSD, las FF.MM. retomaron las entradas a Medellín y la Comuna 13 con la Operación Orión, desarrollada por tropas del Ejército con el apoyo de helicópteros artillados a partir del 16 de octubre de 2002. La recuperación de los 4 barrios bajo control de los milicianos: Belencito, El Corazón, 20 de Julio y Las Independencias II, arrancó en medio de feroces combates que dejaron 10 muertos y 27 heridos el primer día. Luego de varias jornadas de enfrentamientos en los que también intervinieron los paramilitares, la zona fue asegurada.[45][46][47]​ La política de seguridad proseguirá sistemáticamente con la instalación de estaciones de policía o puestos militares en las cabeceras de los 172 municipios donde no se tenía presencia del Estado, la recuperación de los principales ejes viales y la creación de una amplia red de informantes. La guerrilla de las FARC que vio en esto la culminación de la “agresión fascista e imperialista que sufría el pueblo colombiano”, respondió el 25 de noviembre de 2002 sus hombres emboscaron a tropas del Grupo Mecanizado Guías del Casanare cerca de Paz de Ariporo (Casanare), dando de baja a 14 soldados;[48]​ y empezando el 2003, en un gesto de desafío a Uribe, atacan el centro del país. El 7 de febrero detonan un potente carro bomba en el Club El Nogal, sede social de la alta clase bogotana, matando a 36 civiles.[49]​ Poco después el 14 de febrero es Neiva la víctima. En vísperas de una visita presidencial, una casa cargada de explosivos ubicada cerca al aeropuerto de la ciudad, vuela por los aires cuando la policía realizaba un allanamiento. Dieciocho personas fallecen, contándose entre las víctimas 8 agentes, la fiscal especializada Cecilia Giraldo Saavedra y el mayor de la SIJIN, Henry Angarita Calderón.[50][51]​Los ataques en los que perecieron 52 personas, indicaron la intención del secretariado de extender la violencia a las ciudades y fueron el prólogo de un semestre luctuoso. El 16 de enero, guerrilleros del IX frente de las FARC incursionaron en las veredas Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca de San Carlos (Antioquia), y asesinaron a 17 labriegos, a quienes señalaron como colaboradores de paramilitares.[52]​ El 13 de febrero, una avioneta, que trabajaba para la empresa Californiana Microwave Systems, fue derribada en el Caquetá por el Bloque Oriental. Tres contratistas estadounidenses que realizaban labores de inteligencia, Marc Gonsalves, Keith Stannsel y Thomas Howe, fueron secuestrados, mientras que otro norteamericano Jennis Thomas y el sargento colombiano Luis Alcides Cruz, murieron al intentar evitar su captura.[53]​ En marzo, la Operación Fénix, lanzada en los Montes de María obtiene pocos resultados en una zona bajo el dominio total de la subversión (500 hombres de los Frentes 35 y 37, más varias decenas de miembros del ELN y una disidencia suya, el ERP). Y el 5 de mayo de 2003 cuando 75 comandos trataban de liberarlos, subversivos del Frente 34 de las FARC al mando de Aicardo de Jesús Agudelo “El Paisa”, ejecutaron a sangre fría en Urrao, Antioquia, a Guillermo Gaviria Correa, gobernador de ese departamento, a Gilberto Echeverri, su asesor y exministro de Defensa, y a ocho oficiales y suboficiales de las FF.MM. que permanecían secuestrados.[54]​Además, las FARC-EP tendieron letales emboscadas a columnas de soldados y policías, matando a muchas decenas de uniformados. El 27 de marzo de 2003, un convoy integrado por 25 efectivos del Ejército, que intentaba evitar un secuestro masivo en Aracataca (Magdalena), cayó en una trampa de la guerrilla pereciendo 11 de sus integrantes.[55]​ El 24 de junio siguiente, 13 militares fueron asesinados durante el ataque a una patrulla de la Infantería de Marina, en la vía que del Carmen de Bolívar conduce a Zambrano (Bolívar).[56]​ El 17 de agosto de 2003 subversivos intentaron derribar el helicóptero que transportaba al presidente Uribe en dirección a la localidad antioqueña de Granada mediante ráfagas de ametralladora disparadas desde las montañas aledañas.

    Tras varios meses de preparativos el gobierno emprendería su ofensiva total contra la subversión con la primera fase del Plan Patriota, destinada a expulsar del centro del país a las FARC. En Cundinamarca, la arremetida contra las estructuras que rodean la capital, empezó el 1 de junio de 2003 con el lanzamiento de la Operación Libertad Uno, en las provincias de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz. Al menos 10 000 hombres del Ejército dirigidos por el General Reynaldo Castellanos, Comandante de la V División, participan en la ofensiva. Hasta el 7 de noviembre en medio de una vasta operación rastrillo por tierra y aire, se dieron de baja a 5 cabecillas de frente, a 174 subversivos de base y se capturaron a 212 insurrectos (se desbandaron otros 80). Entre los abatidos estaba Marco Aurelio Buendía, hombre de confianza de Jojoy y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO) el 31 de octubre. Varios de los civiles que permanecían secuestrados, como los esposos Bickenbach Gil y el empresario japonés Chikao Muramatsu, fueran ultimados a tiros antes de ser rescatados.[57][58]​ La intensa ofensiva se extendió por 2 meses más: el 27 de noviembre, Adán Rodríguez “El cura” murió, junto a su radioperador, en la Quebrada Capira de Topaipí (Cundinamarca); y a mediados de diciembre fue capturado en Soacha Wilmer Antonio Marín Cano, alias ‘Hugo’, Comandante del Frente 22. Su caída cerró el operativo en Cundinamarca: los grupos sobrevivientes, al mando de ‘El Zarco’ y ‘Byron’, se replegaron hacia el Meta por órdenes del EMBO, mientras algunas células que aguantaron la embestida en la provincia de Rionegro, fueron posteriormente desmanteladas en la Operación Libertad II. El cerco sobre Bogotá se rompió y al menos 600 insurgentes quedaron fuera de combate, dando al traste con uno de los principales objetivos estratégicos marcado en las Séptima y Octava Conferencias del Secretariado, que era amenazar el centro del país.[58]

    A principios de 2004 fueron detenidos Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad”,negociador durante el proceso del Caguán y dirigente de mayor rango capturado hasta entonces en Quito, Ecuador,[59]​ y Nayibe Rojas Valderrama, alias ‘Sonia’,responsable ante Fabián Ramírez de las finanzas del Caquetá. Estos dos guerrilleros son extraditados a Estados Unidos a finales del mismo año por narcotráfico.[11]​ De los desertores y rendidos a las autoridades el más destacado fue el Comandante Rafael Rojas Zúñiga, entregado en abril de 2003. El 25 de febrero de 2004, fue alcanzada con cilindros bomba, la base militar que protegía la población de Santa María (Huila), pereciendo 12 uniformados en el ataque.[60]​ Los continuos golpes de las FARC-EP obligaron al presidente y sus colaboradores a moderar el optimismo de sus declaraciones y arrojaron serias dudas sobre la efectividad del Plan Patriota, la más ambiciosa de las ofensivas montadas contra la guerrilla, cuya segunda y principal fase arrancó en abril de 2004.[61]

    Inicialmente, 14 000 soldados contraguerrilla, luego 20 000, asistidos por unos 800 “asesores” militares estadounidenses (y por un número indeterminado de mercenarios y contratistas de seguridad), se agrupan bajo la figura de un mando conjunto unificado, la Fuerza de Tarea Omega en diciembre de 2003, acuartelada en 3 grandes bases del sur oriente: Apiay, Tres Esquinas y Larandia. Las tropas que han sido entrenadas para sobrevivir en la selva por periodos largos de tiempo, tendrán el objetivo declarado de cazar a los altos mandos de las FARC-EP en un área de 82 000 km² puesta bajo su jurisdicción en el Meta y Caquetá, pero con la capacidad de extender los operativos hasta el Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.[62]​ En abril la Operación JM, nombrada en honor del Comandante de las FF.MM., Jorge Mora Rangel, abriría la campaña en el sur. Cientos de hombres y varias decenas de helicópteros atacaron las principales áreas de influencia de Víctor Julio Suárez,alias“Mono Jojoy” en los llanos del Yarí, pero este logró escapar en una inmensa caravana de vehículos.[61]​ El principal objetivo estratégico del gobierno que era decapitar al Estado Mayor de las FARC-EP, no se alcanzó. La guerra sería más larga de lo pensado. Una vez más vendrá otra sangrienta arremetida bélica de la organización guerrillera que quiere mostrar su invulnerabilidad a la PSD,[11]​ golpeando a las tropas del gobierno: el 16 de junio en La Gabarra (Norte de Santander), el frente 33 asesina a 34 raspachines de coca que trabajan para las AUC;[63]​ el 7 de julio, son atacados simultáneamente 4 municipios nariñenses; el 10 de julio, el Frente 9 masacra a siete hombres en el Corregimiento Samaná Norte, en San Carlos (Antioquia) , y expulsa a 506 personas de la vecina Cocorná; el 21 de julio, 13 soldados mueren en una emboscada en la vía que comunica a Huila y Putumayo; el 2 de agosto 9 policías mueren en Trujillo (Valle);[64]​ y finalmente el 11 de agosto otros 10 campesinos son ejecutados por las FARC-EP en el Catatumbo. El gobierno pese a estos reveses y a las críticas de quienes sostienen que “enterró” las mejores tropas del Ejército con el Plan Patriota, no ceja en su esfuerzo de doblegar la guerrilla comunista. El 24 de diciembre de 2004, siguiendo el ejemplo de la Omega, fue creado en la costa norte del país el Comando Conjunto del Caribe, con jurisdicción sobre 10 departamentos y encargado de combatir la subversión en esta zona, agrupando para ello unos 60.000 hombres de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.[65]

    El gobierno también trató de convencer al ELN de entablar negociaciones con el Estado. Los primeros contactos de junio de 2004, cuando el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se reunió con el portavoz del grupo, Francisco Galán, encarcelado desde 1994, para sondear la disposición del ELN a cesar las hostilidades, liberar a los rehenes y renunciar a la violencia a cambio de un reconocimiento político por el gobierno. En septiembre de 2005 Galán fue puesto en libertad con carácter temporal para que pudiese ejercer la interlocución con el Gobierno y el 16 de diciembre del mismo año arrancó en La Habana la fase exploratoria de las conversaciones de paz; el comisionado Restrepo y el jefe militar de la guerrilla, Antonio García, encabezaron las respectivas delegaciones. Durante 2006 prosiguen en la capital cubana las rondas de negociación, que no llegaron a buen término, debido a las vacilaciones y divisiones internas de la organización irregular.[11]​En los primeros tres años de gobierno Uribe la notoria disminución en la tasa de homicidios, la seguridad en los principales ejes viales, el fuerte descenso del secuestro y la extorsión, más la ruptura del cerco sobre el triángulo Bogotá-Medellín-Cali, convence a la opinión pública del éxito de la política de seguridad democrática. No obstante si bien la guerrilla de las FARC-EP, se había replegado sobre sus bastiones más alejados, hasta 2004-2005 los resultados fueron bastante limitados.[11]​ La recuperación del territorio se debe en buena medida a los paramilitares. El repliegue de las FARC-EP puede parecer provisional mientras las operaciones militares pierden fuerza y el prestigio de Uribe se desmorona. Muchos de sus dominios siguen estando fuera del alcance de las FF.AA. y aunque no están en capacidad de realizar asaltos masivos sobre instalaciones militares sin exponerse a sufrir un fuerte descalabro a manos de la aviación, multiplican los sabotajes, emboscadas y hostigamientos. Además consolidan su presencia en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, que toman como retaguardia estratégica. Entre 2003 y 2005, 5792 guerrilleros fueron dados de baja (por lo menos ahí se incluyen 250 falsos positivos),[66]​ 18.794 fueron capturados y 6074 más se desmovilizaron, mientras las tropas del gobierno perdían 7341 hombres (1904 muertos y 5437 heridos) en el mismo periodo.[44]

    Sin embargo, a la par que se incrementa el esfuerzo bélico contra la subversión, también lo hicieron los desmanes del Ejército. El 10 de abril de 2004, en Cajamarca (Tolima) un aparente error militar terminó con 5 campesinos muertos.[67]​ Ocho meses después, el 21 de febrero de 2005 una patrulla conjunta de tropas gubernamentales y paramilitares (en represalia por la emboscada de la Vereda El Porroso), asesinó brutalmente a machete a 8 labriegos en una vereda de San José de Apartadó.[68]​ Por añadidura, estimulados por los beneficios asignados a aquellos que reportan bajas, muchas decenas de jóvenes salidos de las zonas más deprimidas del campo y de las barriadas de las ciudades fueron asesinados y luego presentados como subversivos muertos en combate. Los llamados falsos positivos, que venían sucediendo desde 1978 tuvieron un desmedido crecimiento contando desde 2004. De 52 ejecuciones en 2003 se pasó a cerca de 120 en ese año y a 244 en 2006.[66]​Además los contactos con narcotraficantes, que mantenían en sus nóminas a muchos oficiales y suboficiales (como fuentes de información y delatores de operativos militares) y las redes de corrupción dentro de las FF.AA. también quedaron en evidencia en dos luctuosos hechos: el primero ocurrido el 19 de marzo de 2004 en Guaitarilla (Nariño) concluye con 7 agentes y 4 civiles acribillados por una patrulla de soldados, presumiblemente a causa de un cargamento de droga;[69]​ y el segundo el 22 de mayo de 2006, en Jamundí (Valle) donde 10 policías y 1 informante, fueron masacrados por un pelotón del Ejército en el momento que se disponían a realizar una operación antinarcóticos.[70]

    Con el objetivo de demostrar la impotencia del gobierno para someterlas por la vía militar y también para aflojar la presión sobre el Bloque oriental (y sus finanzas estranguladas progresivamente), el Secretariado ordenó pasar de la defensiva y el repliegue, a la ofensiva. A partir de ese momento los golpes de envergadura se sucederían escalonadamente en Tolima, Arauca, Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Cauca y Chocó, precisamente en unas zonas que estaban tomando importancia estratégica para las FARC-EP, que obligada a recular en amplias áreas del sur-oriente del país necesitaba mantener el control de los corredores hacia el Pacífico, Venezuela y Ecuador. La masacre de 17 campesinos en el Corregimiento de Puerto San Salvador en Tame (Arauca), el 31 de diciembre de 2004 fue el prólogo de la última gran embestida bélica de la subversión, que tomó como objetivo principal al Ejército y las Brigadas Móviles, puntas de lanza del Ejecutivo en la guerra contra las guerrillas.A partir de 2005 el presidente y su principal consejero, José Obdulio Gaviria, se esforzaron por convencer a los medios de comunicación de no hablar más de “Conflicto armado”, y de tratar a las FARC de simple expresión delincuencial, narcotraficante y terrorista.[11]​ El 18 de enero de 2005, murieron 7 militares al activarse un campo minado en Ortega (Tolima). El 1 de febrero, el frente 29 arrasó una base de la Armada Nacional en Iscuandé (Nariño) matando a 16 infantes de marina.[71]​ El 2 de febrero, un convoy que se desplazaba por la vía Puerto Asís-Santa Ana (Putumayo), fue atacado con explosivos, pereciendo en el acto 8 soldados y un civil; a la vez que en Vistahermosa (Meta), combates terminaban con otras 4 víctimas en las filas de las FF.MM. El 9 de febrero menos de una semana después, una patrulla de 30 uniformados adscrita al batallón de Infantería No 46 Voltígeros, que se movía por la región del Urabá, fue emboscada por el V frente de las FARC a la altura de la Vereda El Porroso (cerca al Cañón de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá), con un saldo de 19 bajas.[60]​ Culminando el mes de marzo, el 23, nuevamente en Putumayo una partida de 8 infantes de marina y 2 efectivos del Ejército que escoltaba a una juez militar fue sorprendida por irregulares en Puerto Leguízamo (10 murieron).[72]

    La ofensiva guerrillera llega a la frontera con Venezuela, cuando el Frente 10 de las FARC-EP emboscó en la noche del 6 de abril a un convoy del Batallón de Contraguerrilla N 47 que se desplazaba entre Tame y Fortul (Arauca), matando 17 militares[71][73]​ El Sexto Frente atacó las guarniciones del Norte del Cauca, donde cercaron Toribio por una semana (desde el 14 de abril). El 19 de mayo el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista), disidencia del ELN en el Chocó, mató en la vía Quibdó-Pueblo Rico a 10 policías; mientras la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC-EP ejecutaba a 4 concejales y al secretario del cabildo municipal de Puerto Rico, Caquetá (el 24 de mayo). Empero el golpe de mayor de mayor calado, fue lanzado contra la base de Teteyé en Putumayo, donde estaban destacadas tropas del Plan Energético y Vial Número 11. Al menos 500 subversivos de los Bloques Oriental y Sur de las FARC-EP, concentrados en Ecuador arremetieron con todo sobre las instalaciones militares en la madrugada del sábado 25 de junio, aniquilando un pelotón de 19 hombres que se hallaba apostado a 800 metros de la posición central. Solo la intervención de la aviación y la pronta llegada de refuerzos pertenecientes a la Brigada Móvil No 13 evitó que la guarnición fuera copada totalmente. El saldo fue de 21 muertos y 1 secuestrado liberado poco después.[74][75]

    La arremetida guerrillera de las FARC-EP y la sorprendente resistencia de la organización al Plan Patriota no erosionó el apoyo popular a Uribe, quien se vio fortalecido ante la opinión pública al asumir personalmente el reto de la guerra total contra la subversión. Lo que se vino fue un endurecimiento en la política del Ejecutivo, que profundizará su esfuerzo bélico. En la última semana de enero de 2005, se dio inicio a la Operación Emperador, contra lo que los militares denominaban la “zona de retaguardia táctica de las FARC-EP”, una especie de triángulo entre Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe (Meta), donde se encuentra la Serranía de La Macarena y la antigua zona de distensión. Los 5000 soldados desplegados en la zona, enfrentaron a cerca de 1500 guerrilleros bien pertrechados, que recurriendo a la clásica guerra de guerrillas hostigaron a las tropas durante dos meses, antes de intentar un contraataque en toda regla lanzado la noche del 29 de abril de 2005. El Ejército golpeó fuertemente las estructuras rurales y urbanas de las FARC-EP y logró apuntalar sus posiciones en la Serranía de La Macarena.[76]​ Las FARC-EP amenazadas en lo más profundo de su dispositivo, redoblan sus ataques.[77]​ El 17 de diciembre de 2005, al menos 300 irregulares de las FARC-EP y el ERG, comandados por Karina, se tomaron el Corregimiento de San Marino, en Bagadó (Chocó), sometiendo al escuadrón de 57 policías que lo protegía: 8 muertos y 29 prisioneros en el asalto, que concluyó con la liberación 72 horas después de todos los secuestrados.[78]​ Sin embargo, el peor revés para la administración Uribe, llegaría el 27 de diciembre. Ese día una compañía de 90 soldados profesionales adscritos a la Brigada Móvil 12, cayó en un campo minado y en medio de la confusión que siguió fueron acribillados con fuego pesado de ametralladoras por 300 guerrilleros del Bloque Oriental. Un tercio del grupo, 29 militares fueron asesinados por solo 5 bajas en las filas del enemigo.[79][80]​ El año terminaría como el tercer más sangriento para la fuerza pública en toda su historia, con 717 efectivos dados de baja.[44]​ Además saldría bastante afectada la infraestructura nacional, al ser derribadas 227 torres de energía y dinamitados muchos oleoductos en el sur del país. Sin embargo la capacidad militar de la insurgencia terminaría por empezar a resquebrajarse en 2006-2007, luego de la reelección de Uribe y la continuación de la Política de Seguridad Democrática. La sorprendente resistencia de las FARC, pese a la sensible disminución de sus efectivos y a los embates de las Fuerzas Militares, perjudicó menos al gobierno que el Acuerdo Humanitario. La opinión pública debatía dividida el asunto, ya que el dilema enfrentaba la posibilidad de salvar la vida de los secuestrados y el pactar con los “terroristas”. Durante la mayor parte de su primer mandato, Uribe se mantuvo aferrado a las condiciones de partida: las guerrillas debían poner en libertad a todos sus cautivos (“no puede haber secuestrados de primera y de segunda”), y de ninguna manera obtendrían la desmilitarización de zona alguna.

    Sin embargo, en septiembre de 2005, con su proyecto reeleccionista a punto de recibir la luz verde, el mandatario, a través del comisionado Restrepo, presentó a la guerrilla una propuesta de diálogo para hablar de la liberación de los 56 políticos, soldados y policías, así como los tres estadounidenses que mantenía secuestrados. El encuentro podría tener lugar en Pradera, Valle del Cauca, con las debidas garantías de seguridad. En diciembre siguiente, Uribe confirmó la revisión a sus exigencias notificando su aceptación de una propuesta conjunta de España, Francia y Suiza para retirar al Ejército de El Retiro, poblado del municipio de Florida (Valle). Ningún guerrillero armado podría permanecer allí tampoco. La concesión de Uribe a las FARC-EP era notable, ya que ofrecía la desmilitarización de hecho y bajo supervisión internacional de dos áreas que eran precisamente las reclamadas por la guerrilla para negociar el canje de los rehenes por unos cuantos cientos de sus combatientes presos. El intercambio humanitario parecía cercano, pero a principios de enero de 2006 el secretariado informó que rechazaba dialogar con el Estado porque Uribe solo pretendía “explotar electoralmente” la iniciativa. El primer mandatario reiteró su disposición a alcanzar el Acuerdo Humanitario durante la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de mayo, pero tras su arrolladora victoria en las urnas la frialdad y el escepticismo se apoderaron de sus pronunciamientos. Las FARC-EP no presentaron los “hechos irreversibles de paz” que el presidente les exigía como preámbulo de cualquier negociación. El tono posibilista terminó el 19 de octubre de 2006 con motivo del atentado con coche bomba contra un complejo militar de Bogotá, que, aunque no causó víctimas mortales, sí una veintena de heridos, airó al presidente. La reacción de Uribe fue fulminante: revocó la autorización que había dado a los mediadores para buscar el Acuerdo Humanitario y al día siguiente acudió al lugar del siniestro, las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, para pronunciar un áspero discurso en el que afirmó con rotundidad: “Hoy, el único camino que queda es del rescate militar y policivo de los secuestrados”.[11]

    La perspectiva del segundo mandato de Uribe se hizo más patente en marzo de 2004, cuando la Comisión Primera del Senado dio luz verde a la ardua serie de debates parlamentarios que la enmienda constitucional precisaba. El 19 de octubre de 2005, la Corte Constitucional, zanjando una prolongada incertidumbre, avaló la exequibilidad de la norma; y el 11 de noviembre siguiente, se pronunció a favor de la Ley Estatutaria de Garantías Electorales, instrumento legal complementario al Acto Legislativo 02 de 2004 que autorizaba la reelección presidencial. La sentencia del 11 de noviembre fue la señal que Uribe estaba aguardando para lanzar oficialmente su candidatura en los comicios de 2006. El 28 del mismo mes el mandatario se dirigió a la nación para anunciar su voluntad de postularse de nuevo y posibilitar así que “nuestra patria consolide la seguridad democrática, cumpla las metas sociales de erradicación de pobreza y destierre definitivamente la corrupción”.[11]​Mientras, en el primer semestre de 2006, la situación de orden público se mantendría estacionaria con constantes ataques y hostigamientos por parte de una guerrilla interesada en ensangrentar el periodo pre-electoral, para desprestigiar a Uribe y su principal bandera política, la seguridad democrática. El 27 de febrero, la columna móvil Teófilo Forero ejecutó a 9 concejales en Rivera (Huila). El 4 de abril, 12 soldados profesionales de una escuadra de 13, fueron asesinados en la vereda Monserrate de Puerto Rico (Meta) por 70 miembros del frente 44 de las FARC-EP.[81]​ El 20 del mismo mes una caravana de agentes del DAS y militares fue atacada con explosivos en Hacarí (Norte de Santander) por insurgentes del frente Libardo Mora Toro del EPL, al mando de Víctor Navarro “Megateo”:17 muertos. Una semana después la hermana del expresidente César Gaviria, Liliana Gaviria fue ultimada luego de un aparente intento de secuestro en Risaralda.[82]​Las finanzas de las FARC-EP venían debilitándose desde 2004 y el peso que el narcotráfico iba ganando en ellas, lo mostraba claramente: frente a un 50 % en 2003, ahora llegaba quizá a un 70 %. Por eso mismo los corredores de movilidad tomaron importancia capital: el que iba hacia Venezuela por Norte de Santander (un área plagada de cultivos ilícitos) sería escenario de una violenta puja tras la desmovilización de las AUC. A pesar de que el escándalo de la parapolítica asomaba en el horizonte, el uribismo obtuvo una contundente victoria en las urnas y fue reelegido a finales de mayo de 2006. Tras prometer no interferir con las presidenciales de mayo, el 31 de julio en vísperas de la segunda posesión del mandatario reelegido, las FARC-EP lanzaron otra embestida contra objetivos militares en todo el país. En Bogotá un carro bomba estalló al paso de un camión de Ejército, matando a un civil; en Tibú (Norte de Santander), 15 efectivos del gobierno perdieron la vida al caer en una emboscada; y en la vía Tumaco- Pasto (Nariño) hubo otra acción terrorista que se saldó con 2 muertos.[83]​ Mientras se ajustaba la estrategia general de la Política de Seguridad Democrática en previsión de la fase bélica por venir, Juan Manuel Santos fue designado como nuevo ministro de defensa nacional en julio de 2006.[84]​Las FARC-EP intentaron tomarse el corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano (Córdoba) el 1 de noviembre de 2006, matando en el asalto a 17 policías y 3 civiles.[85]​ El 30 de noviembre miembros del frente 33 atacaron una patrulla de 80 hombres del Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander, en el sitio Alto del Pozo, entre Villacaro y Ábrego (Norte de Santander), dando de baja a 17 militares. Y el 23 de diciembre en la inspección La Julia (Meta), violentos combates enfrentaron a 250 guerrilleros de las FARC-EP con un nutrido grupo de soldados de la Brigada Móvil No 2. 14 uniformados y 40 irregulares perdieron la vida.[86]​ Pero en 2006 a la vez que descendió el número de bajas entre las FF.AA. (594 muertos), las guerrillas en su conjunto sufrieron 2165 abatidos, 4927 capturados y 2460 desmovilizados. La creciente importancia de las acciones de hostigamiento y sabotaje reveló a su manera, la disminución del potencial ofensivo de las FARC-EP, al igual que lo hace, la creciente desbandada entre sus filas, desmoralizadas por la continua presión militar y sobre todo por la precariedad económica que comienza a desmoronar los frentes de las regiones más expuestas. Sin embargo hasta finales de ese año la subversión puede pensar que ha logrado mantener un ritmo de actividad considerable, y sobre todo poner en riesgo la ambición central del Plan Patriota: cazar a los cabecillas del secretariado y sus lugartenientes más importantes. A mediados de 2006 se crea el Comando Operativo No 3 en el Eje cafetero. Encargado de combatir a los frentes 9 y 47 de las FARC-EP, además de perseguir al miembro del Secretariado Iván Ríos. Los operativos se multiplican en todo el país. El último día de 2006 el campamento madre de Martín Caballero, emplazado en el sitio Aromeras Norte en los Montes de María, fue asaltado por fuerzas especiales del Ejército en curso de la Operación Linaje, que movilizó a 1800 tropas de las FF.MM. Seis subversivos fueron abatidos en el operativo, que también le permitió a Fernando Araujo fugarse del cambuche donde permanecía secuestrado. A los cinco días de permanecer en la selva fue rescatado por las autoridades.[87]

    Conforme aumentaba la presión militar sobre las FARC-EP la necesidad de controlar los principales corredores de movilidad en el Pacífico, Arauca y el Catatumbo, forzó la ruptura entre esta guerrilla y el ELN. Si bien en el año 2000, una serie de choques habían tenido lugar en el oriente antioqueño, el Perijá y Valle del Cauca, el conflicto que permaneció desactivado algunos años se vio exacerbado a partir de 2005, por las negociaciones que esta última organización adelantaba con el gobierno de Álvaro Uribe. La guerra entre las FARC-EP y el ELN empezó en Arauca. Las capturas masivas, la presencia de las AUC y la ofensiva permanente de la Fuerza Pública habían debilitado a las guerrillas en ese departamento. Las consecuentes disputas por el territorio y por captar los recursos de esa zona, llevaron a una serie de choques que culminaron a finales de 2005 en una guerra total. Fue entonces cuando alias ‘Grannobles’ y ‘Jurga Jurga’, cabecillas del Frente 10, recibieron órdenes de eliminar al ELN de la región y monopolizar toda la frontera con Venezuela. Lo que vino después fue una pugna violenta donde hubo emboscadas, incendios de casas, amenazas a líderes de organizaciones sociales aliadas de un bando o de otro, y una oleada de asesinatos selectivos. Si por el momento la confrontación se limitó a esa región, en diciembre de 2006 el conflicto se generalizó, cuando alias ‘Ramírez’, cabecilla del frente 8 en el Cauca, fue asesinado por miembros del ELN en el Patía. Se desató una batalla campal entre los dos grupos guerrilleros en Cauca y Nariño, donde los combates dejaron cerca de 200 muertos en 4 meses.[88]​A finales del 2006, y como una muestra de lo lejos que había escalado el conflicto, Tirofijo le escribió a sus unidades: “el ELN mantiene la misma concepción política de los partidos tradicionales, con el agravante de que mantiene diálogos con el gobierno en medio de semejante crisis de gobernabilidad y guerra contra el pueblo, lo que no permite acuerdos de unidad de acción, mucho menos como aliados estratégicos en la lucha contra el sistema”.[89]​ A partir de ese episodio la guerra fue a muerte en todas las regiones. Las FARC-EP desviaron importantes recursos para enfrentarse al ELN, que no dudo por otro lado en aliarse con oficiales del Ejército en Arauca[90]​ (más de 300 personas murieron en ese departamento hasta 2008), y con Los Rastrojos y otras bandas criminales de la costa Pacífica, para liquidar al enemigo común. Contra todo pronóstico, el ELN logró imponerse sobre las FARC-EP y conservar sus bastiones en el triángulo del Sarare, y aunque retrocedió en otros sectores, conservó intacto el núcleo de su fuerza.

    La situación cambió a partir de 2008. Mientras las negociaciones entraban en un periodo de estancamiento, las FARC-EP se enfrentaron a una serie de serias derrotas, que llevaron a replantear su conflicto con el ELN; confrontación que estaba resultando demasiado onerosa y que no había arrojado resultados positivos. En este contexto, el 7 de enero de 2008, Carlos Marín Guarín, alias ‘Pablito’ miembro de la dirección nacional del ELN, jefe militar de la organización y uno de los cabecillas que más se oponía al proceso de paz con Uribe, fue detenido por el Ejército en Bogotá. Este hecho fue indicador del mal momento que vivían las conversaciones de paz, que se habían ido resquebrajando progresivamente. Tras algunos meses de estancamiento, la ruptura del proceso con el ELN se formalizó el 5 de diciembre de 2008, cuando guerrilleros del frente Domingo Laín emboscaron una patrulla de la Policía en el casco urbano de Fortul (Arauca), y mataron a 9 uniformados.Mientras, se llevaban a cabo una serie de reuniones entre las cúpulas de ambas organizaciones guerrilleras en la frontera con Venezuela. En octubre de 2009 ‘Pablito’ se fugó de la cárcel en Arauca, y en diciembre las FARC-EP y el ELN formalizaron el cese hostilidades entre ambas organizaciones, que pese a algunos incidentes se consolidó en septiembre de 2010.[91]​ Después de haber afrontado el Plan Patriota, las FARC-EP ahora encaran el Plan Consolidación, que busca llegar a sus bastiones más recónditos.[92]​ A la par que la extorsión y el secuestro con fines económicos van disminuyendo su participación en las finanzas de la guerrilla, su principal fuente de ingresos que son los cultivos ilícitos, es duramente atacada por el gobierno y también disputada por las Bacrim. Las nuevas erradicaciones manuales que afectan sobre todo a la Sierra de La Macarena, y la profusa destrucción con glifosato de las grandes plantaciones, reduce el área sembrada a 69.000 hectáreas en 2007 (ahora más diseminadas y algunas veces más productivas). Pese a que invierten crecientemente en la economía de la droga, disputando palmo a palmo los corredores que permiten su exportación, eliminando a muchos de los intermediarios y negociando directamente los cargamentos, sus ingresos caen al menos un 30 % respecto a 2003. El impacto es fortísimo sobre todo para los frentes más expuestos a la arremetida del gobierno.La nueva dirección en el Ministerio de defensa, encabezada por Juan Manuel Santos y los generales Freddy Padilla (comandante de las FF.MM.), Mario Montoya (Ejército), Jorge Ballesteros (Fuerza Aérea), Guillermo Barrera (Armada) y Oscar Naranjo (Policía), obtiene en 2007 algunos de los mayores éxitos en la cruenta y larga guerra contra la organización comunista. En efecto, las pruebas de su debilitamiento se comenzaron a dejar ver claramente: La decisión de reorientar su acción en la línea política a través del intercambio humanitario y el Movimiento Bolivariano son una muestra fehaciente de ello. La reducción de su dominio territorial es evidente: Pierden Cundinamarca, Boyacá, Santander, la casi totalidad de la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, el Oriente de Antioquia, Casanare y ven amenazados sus emporios del sur-oriente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo; las zonas en donde verdaderamente están a salvo son escasas (Catatumbo, sur de Bolívar, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, norte del Cauca, Nariño y los rincones más apartados de las selvas del sur). Las deserciones se multiplican a una tasa exponencial y superan la cuenta de muertos en combate: en 2007 alcanzan las 3192 y en 2008 llegan a 3461, mientras el número de abatidos es de 2067 y 1184 respectivamente. Y si bien las bajas se ceban sobre todo en los nuevos reclutas, cada vez más son los miembros con cierta antigüedad y liderazgo en la organización, los afectados. Esto se traduce en una fuerte caída en el número de militantes de las FARC-EP, que se lleva la peor parte de la ofensiva gubernamental: de cerca de 20 000 miembros en 2002 pasa a la mitad 5 años después, perdiendo a la vez no menos de 4000 milicianos.La actividad bélica presenta también una fuerte desaceleración: de 700 acciones en 2002 se pasa a menos de 200 en 2007. El 21 de enero de 2007, una bomba estalla al paso de una patrulla en Buenaventura (Valle) dejando un saldo de 4 civiles y 2 uniformados muertos; y el 9 de abril atacan con explosivos el Comando de la Policía Metropolitana de Cali, acabando con la vida de un taxista. Solo lograran golpear contundentemente al Ejército en la Cuchilla de las Camelias, cresta ubicada entre Tolima y Quindío, en septiembre de 2007 matando allí a 11 soldados del Batallón de Alta Montaña No 5.[93]​ Los golpes contra las estructuras subversivas se suceden rápidamente: En los primeros días de febrero 130 miembros de las FARC-EP desertan en el Valle del Cauca; en marzo de 2007, se conforma la FUCAD (Fuerza de Acción Decisiva) en la Costa Caribe y se lanza la campaña militar Alcatraz, que tendrá por objetivo liquidar con esas nuevas tropas a la subversión en los Montes de María. En efecto el ERP, disidencia del ELN en esa región, se desbanda en el primer semestre del año, rindiendo medio centenar de hombres a las FF.MM. Con asesoría de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), se crea en mayo de 2007 la Jefatura de Operaciones Especiales (JOEC), un centro coordinador de inteligencia conjunta con capacidad de acción inmediata, encargado de recibir y procesar la información recabada por las distintas fuerzas sobre los blancos estratégicos de alto valor (los jefes del secretariado y principales lugartenientes en los frentes guerrilleros). La nueva estrategia (las denominadas Burbujas) que pasa por la asignación de cada objetivo a una rama de las FF.MM. en particular (la que más datos tenga al respecto), a la que las otras deben reportar (la información por ellas captada), permite golpear contundentemente a la subversión, puesto que la JOEC centraliza todos los esfuerzos y tiene la capacidad de pasar a la acción inmediatamente, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del operativo militar.[94]

    El 6 de junio en el río Cajambre (zona rural de Buenaventura) muere a manos de francotiradores de la Armada Milton Sierra Gómez, alias ‘JJ’, comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, secuestrador de los diputados y responsable de innumerables acciones que dejaron un centenar de muertos en el Valle del Cauca.[95]​ Al día siguiente, el 7 de junio es abatido en Buga (Valle) Luis Fernando Vanegas, alias ‘Cristian Pérez’, segundo al mando del Movimiento Bolivariano y cabeza del PC3 (Partido Comunista Clandestino). A mediados de julio, tropas de la FUDRA y la Fuerza de Tarea Omega, asaltan por sorpresa el campamento de Carlos Antonio Lozada, comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, y el autor de innumerables atentados en Bogotá. Si bien este logra huir, cuantiosa información queda en manos del gobierno, que además da de baja a ‘Diego Cristóbal’, jefe del PC3 en la capital. El 2 de septiembre, Tomás Medina Caracas, el famoso ‘Negro Acacio’, cae en un bombardeo de la Fuerza Aérea junto a 14 guerrilleros (Operación Sol Naciente).[96]​ Y el 24 de octubre es dado de baja, en la Operación Aromo, Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, asesino de 500 civiles y militares en la Costa Caribe. Con el son muertos 19 insurgentes.[97]​ La presión militar no cede y se incrementa, a la par de los mensajes triunfalistas del gobierno Uribe y los falsos positivos. Acallado por el unanimismo imperante, el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, se multiplicó entre 2007 y 2008: el primer año se reportaron 365 víctimas y al año siguiente 219. Además pese a que el dilema de los secuestrados se presenta con toda su crudeza y crece la presión internacional para que se llegue a un acuerdo, el presidente y tampoco las FARC-EP están dispuestos a ceder en sus condiciones.

    En 2008 las Fuerzas Armadas de Colombia pueden disponer de 428.000 hombres en armas (282 000 de ellos en las FF.MM.)[98]​, frente a unos 20 000 irregulares de izquierda (incluyendo los milicianos). Pero a la vez que aumenta la nómina de hombres, cae el número de uniformados muertos en acción: por primera vez en 12 años baja a menos de 500 en 2007 (con 457) y en 2008 alcanza la cifra de 373, la más reducida desde 1990. Detrás de la aparente falta de respuesta de la subversión (que es casi total en el primer semestre del año) y de su falta de coordinación, que sale a flote con el episodio de los diputados y la liberación de Clara Rojas, algunos adivinan el “fin del fin” del conflicto, anunciado imprudentemente por algunos militares; sin contar que mucho de la situación se debía a la avanzada edad de Manuel Marulanda, incapaz de coordinar o replantear en sus circunstancias una nueva estrategia. A fines de 2007, se pone en movimiento el Plan para la consolidación integral de La Macarena destinado a arrebatar el control de la estratégica región a la rebelión. El 7 de noviembre, el jefe de seguridad de la temible ‘Karina’, alias ‘Limón’, muere en un bombardeo en Sonsón (Antioquia): las fuerzas guerrilleras que en esa zona agrupaban a unos 300 militantes en 2006, se reducen a medio centenar en 2008. El 8 de febrero se desencadena una cuarta ofensiva contra Iván Ríos en el Río Arma, entre Caldas y Antioquia (Operación Fortín). Paralelamente, los frentes guerrilleros antes comandados por Martín Caballero empiezan a resquebrajarse rápidamente.[99]​ El 4 de febrero millones de personas salen a marchar contra las FARC-EP y sus prácticas en todo el país: la insurgencia se justifica diciendo simplemente que la sociedad está manipulada.[100]​ El 6 de marzo, más de 300.000 personas se movilizaron en una manifestación contra la violencia de Estado. Las Águilas Negras (grupos paramilitares), profieren amenazas de muerte contra los organizadores y los participantes. Una semana después, seis organizadores de esa marcha fueron asesinados.[101]

    En la madrugada del 1 de marzo aviones Súper Tucano de la Fuerza Aérea atacan con bombas inteligentes el campamento de Luis Edgar Devia Silva “Raúl Reyes”, ubicado en la Provincia ecuatoriana de Sucumbios, a 1800 metros de la frontera común. El bombardeo es seguido por el desembarco de tropas helitransportadas, que hallan el cuerpo sin vida del jefe subversivo.[102]​ Al menos 23 personas mueren (17 guerrilleros, 4 estudiantes mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 soldado colombiano) en el ataque sin precedentes (Operación Fénix), que acaba con el primer miembro del secretariado, pero genera a la vez una agria polémica con Ecuador, al violar el territorio de la nación vecina. La disputa internacional a la que suma Venezuela, sospechosa a los ojos del estado colombiano de colaborar con la guerrilla, genera un fuerte unanimismo en torno a la figura de Álvaro Uribe, cuya popularidad llega hasta el 80 %.[103]​ El 3 de marzo acosado por las tropas del gobierno y también para ganar la recompensa ofrecida, Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, jefe de seguridad de Manuel de Jesús Muñoz, alias ‘Iván Ríos’; ejecuta de un tiro en la cabeza a su jefe y le corta una mano para presentarla como prueba ante las autoridades. La noticia hecha pública el 7, la guerrilla que ha perdido 2 miembros del secretariado en una semana.[104]​ Asimismo el Ejército despliega una formidable ofensiva en la Serranía de la Macarena,(Meta), movilizando para ello 4 brigadas móviles entre el 16 de febrero y el 10 de abril de 2008 (Operación Filipo). La zona, en donde se hallaba el legendario Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’ y el jefe militar de las FARC-EP, Víctor Julio Suárez ‘Mono Jojoy’, fue machacada por decenas de aviones Súper Tucano y A-37 que lanzaron 114 bombas de todo tipo, a los que se sumaría la artillería del Ejército que emplazada en las agudas crestas rocosas de la región, consumió 352 granadas de obús y mortero. La persecución que alcanzó su punto cumbre entre el 10 y el 20 de marzo, fue esquivada sin embargo una vez más por el veterano jefe de la subversión.[105]​ El 26 de marzo moriría de causas naturales el escurridizo guerrillero que fundó las FARC-EP, que sobrevivió a quince presidentes y burló hasta el final la autoridad del Estado (sus enemigos, las tropas del gobierno, lo bautizaron con el mote de “Tirofijo” en la primera Violencia), cerrando así un capítulo entero del conflicto armado colombiano. La jefatura de la organización recayó en Guillermo León Sáenz ‘Alfonso Cano’. Un mes atrás, había fallecido en Roma (Italia) producto de un cáncer el excomandante del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL), Bernardo Gutiérrez, quien tuvo que exiliarse fuera del país por amenazas de las FARC-EP en su contra, debido a su deserción de este movimiento insurgente en los años 70´s para enrolarse al EPL y a las negociaciones de esta guerrilla con el gobierno de César Gaviria; aun así, alcanzó a fungir como Senador de la República antes de su forzado exilio.[106]​ La arremetida encabezada por el general Mario Montoya prosigue. La Fucad puede dar por terminada su actuación en Los Montes de María en mayo del mismo año, cuando la zona queda libre casi íntegramente de presencia irregular. El 8 de mayo cae en La Bocana (Valle) Gustavo Cardona Arbeláez “Santiago”, sucesor de JJ en la jefatura del Manuel Cepeda Vargas. El 18 de mayo se entrega la sanguinaria Elda Neyis Mosquera “Karina”, y el Frente 47 descabezado, queda prácticamente desmantelado con la Operación Sonar (acrónimo de las poblaciones de Sonsón, Nariño y Argelia) por el Teniente Coronel Wilson Díaz. Doce rebeldes mueren y dieciocho se entregan.[107]​ El 2 de julio de 2008 militares que se hacían pasar como miembros de una misión humanitaria, liberaron sin un solo tiro a 15 secuestrados, Ingrid Betancourt entre ellos (11 uniformados y 3 estadounidenses). El golpe de mano no solo le arrebató a la guerrilla su botín político más preciado, sino que se constituyó en una victoria para la administración Uribe.[108]​ A fines de mes, otras dos operativos lanzados contra los frentes 6 y 10 en Cauca y Arauca respectivamente, terminaron con medio centenar de irregulares muertos, 2 cabecillas incluidos (alias ‘Dago’ y ‘Jurga Jurga’).[109]

    De 28 837 homicidios en 2002 se pasó a 16 140 en 2008, los secuestros cayeron de 1708 el primer año a 197 en el segundo, a lo que se sumaba más de 45 000 irregulares desmovilizados. Pero a partir de ese momento los avances comenzaron a ser más lentos y menos elocuentes, a la par que las FARC-EP, ahora bajo la dirección de Alfonso Cano, se rehacen y pasan al contraataque. Desmovilizadas las AUC, las lucrativas rentas ilegales que manejaba dicha organización (narcotráfico, extorsión, contrabando, juegos de azar, entre otras), fueron asumidas en parte por las denominadas Bandas Emergentes o BACRIM, conformadas por los paramilitares que se negaron a la desmovilización. A esta ecuación se sumaría el auge de la minería ilegal, que se transformó en una fuente de considerables recursos para los diversos actores armados ilegales.



    Gobierno Juan Manuel Santos (2010-2018)[editar]

    Antes de llegar a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos nunca había ocupado cargos de elección popular en su carrera política.Su importancia radicaba en sus raíces familiares (descendiente directo de Antonia Santos, prócer de la Independencia de Colombia, y de Eduardo Santos, expresidente de Colombia), además que su familia fue propietaria y accionista durante muchos años del periódico El Tiempo. Debido a los éxitos militares alcanzados como Ministro de Defensa, en el marco de la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, este lo nominó como su candidato a las elecciones presidenciales de 2010 a nombre del Partido Social de Unidad Nacional (conocido simplemente como Partido de la U), partido que Santos fundó inicialmente para apoyar la reelección de Álvaro Uribe en 2006, obtenida mediante una cuestionada reforma constitucional aprobada en el Congreso que permitía por una sola vez la reelección presidencial, la cual consiguió de manera contundente en primera vuelta. Aprovechando el caudal electoral que aún conservaba el presidente Uribe luego de 8 años en el poder, Santos se proclamó como continuador de su política de gobierno inscribiendo su candidatura a nombre del Partido de la U; con estas banderas, consiguió una victoria en segunda vuelta contra el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus.

    Santos empezó una política de acercamiento con gobiernos latinoamericanos de izquierda, con los cuales Álvaro Uribe se había distanciado y hasta enfrentado de manera verbal acusándolos de apoyar económica y logísticamente a las FARC-EP (Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Fidel Y Raúl Castro en Cuba, entre otros), con el objetivo de conseguir apoyo y facilidad para iniciar un proceso de paz con esta guerrilla diezmada en el plano militar, pero aún activa y muy peligrosa por sus vínculos con el narcotráfico, provocando la molestia de quienes lo habían apoyado en su candidatura presidencial empezando por Álvaro Uribe, convirtiéndose este desde el congreso en detractor y opositor de su gobierno. El éxito parcial de los diálogos de paz con las FARC-EP le permitió aspirar a una reelección en 2014 (la cual será la última para un presidente debido a que en 2015 se eliminó esta reforma a la Constitución aprobada en el periodo de Uribe), ganando en segunda vuelta frente al candidato del partido uribista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Tras conseguir exitosamente la firma de la paz con las FARC-EP, pese a la negativa de los acuerdos por parte de los colombianos en el plebiscito de 2016, inicia conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, buscando terminar de manera definitiva el conflicto armado con las guerrillas de izquierda. Al mismo tiempo que negociaba la paz con los grupos insurgentes, con las Bandas Criminales o BACRIM empezó una política de mano dura, ayudando a diezmar y desarticular muchos de estos grupos delincuenciales mediante operaciones militares y policíacas, buscando que estos entren a un sometimiento a la justicia con la Fiscalía y, así, intentar erradicar definitivamente el problema del narcotráfico en el país e intentar acabar de manera definitiva con el conflicto armado en Colombia. Al tiempo que se firma la paz con las FARC-EP surgen, en el interior de la organización insurgente, miembros que no están de acuerdo con los acuerdos pactados entre el secretariado y el gobierno colombiano conformando estructuras disidentes, cuyo fin es controlar los negocios ilegales que la desmovilizada guerrilla venía manejando en algunas de sus zonas de influencia incluyendo el narcotráfico, Santos, a través de la Fuerza Pública, inicia el combate contra estas estructuras para someterlas a la justicia o ser desmanteladas por completo.

    Proceso de paz con las FARC-EP, plebiscito, renegociación y desmovilización[editar]

    Ceremonia de firma del acuerdo final de paz con las FARC-EP el 26 de septiembre de 2016

    En septiembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos empezó formalmente los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP que se desarrollaron en La Habana, Cuba; pero para llegar a este punto se tuvo que llegar a dos momentos decisivos. Primero, la muerte en septiembre de 2010 (un mes después de asumir la presidencia) del jefe militar de este grupo subversivo; Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, en el marco de la Operación Sodoma, en zona rural del municipio de La Macarena (Meta), así como también de numerosos guerrilleros que eran parte de su esquema de seguridad;[110]​ en ese momento ya se habían iniciado contactos entre las partes para una fase exploratoria. La otra acción importante contra este grupo subversivo es la caída en combate de Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, entonces comandante en jefe de las FARC-EP, quien asumió tras la muerte en 2008 por causas naturales de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’; operativo realizado en el año 2011 bajo el nombre de Operación Odiseo en el departamento del Cauca.[111]​ En respuesta a estos ataques, las FARC-EP realizaron una serie de ataques contra soldados y policías, en varios casos en forma de emboscadas, como el ocurrido en zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca):10 muertos, en abril de 2015, poniendo en riesgo los diálogos en La Habana; y el atentado terrorista en 2012 contra el Ex-ministro del Interior y Justicia; Fernando Londoño Hoyos, en la ciudad de Bogotá:2 muertos y varios civiles heridos.[112]​ Otras emboscadas de parte de las FARC-EP en Caranal (Arauca):15 muertos en julio de 2013; La Montañita (Caquetá) en abril de 2012, y Tierradentro (Córdoba):7 muertos en septiembre de 2014. El 10 de agosto de 2010 las FARC-EP hacen un atentado terrorista a Caracol Radio en la ciudad de Bogotá. Este atentado fue realizado por medio de un carro bomba activado por control remoto, el cual no deja víctimas fatales pero si muchos heridos, todos civiles.[113]​ Además de Sodoma y Odiseo, el gobierno lanzó otros operativos contra este grupo insurgente como la Operación Némesis, cuyo objetivo era el jefe del Bloque Sur; alias ‘Fabián Ramírez’,[114]​ esta vez sin éxito, causando bajas de guerrilleros rasos. Después de casi cuatro (4) años de negociaciones con altas y bajas, el 23 de junio de 2016 se firmó el último de los seis (6) puntos de la agenda de negociación prevista entre el gobierno y las FARC-EP, declarando el cese bilateral de hostilidades, el desarme, desmovilización y reintegro a la vida civil de los miembros del grupo insurgente, según declaraciones del Jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de La Calle. Todo se efectuará de manera gradual en un lapso de seis (6) meses después de la firma oficial. Pese a que en junio de 2016 se pactó el último punto de la agenda, las conversaciones se extendieron por dos (2) meses más hasta el 28 de agosto del mismo año, cuando quedó totalmente discutido y aprobado por ambas partes los Acuerdos de La Habana[115]​ que se firmaron de manera oficial en Cartagena el 26 de septiembre para terminar la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, sometiéndose a votación del pueblo colombiano por medio de un plebiscito que se desarrolló el 2 de octubre de 2016, siendo finalmente rechazados por estrecho margen.[116]​ Por parte de las FARC-EP, en su Décima Conferencia, efectuada en zona rural de La Macarena (Meta), casi todos sus integrantes aceptaron acatar los acuerdos firmados con el gobierno con excepción de varios integrantes del Frente 1, quienes manifestaron en un comunicado por escrito que seguirán en armas contra el estado.[117]​ Por su parte, el gobierno respondió que atacará con todos los recursos disponibles a esta disidencia y las que se presenten en el transcurso del desarme de las FARC-EP, ya que su único objetivo es el control del narcotráfico y demás actividades ilícitas en su zona de influencia (departamento del Guaviare, en el caso de los disidentes del Frente 1).[118]​ Aunque han hecho hostigamientos y han debido repeler ataques de la Fuerza Pública que les han provocado bajas y capturas significativas, la primera acción importante de esta disidencia fue contra un funcionario de la ONU al secuestrar el 4 de mayo de 2017, mientras realizaba acompañamiento en la zona al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del estado colombiano,[119]​ liberado de manera voluntaria dos meses después.[120]​ El gobierno creó espacios de diálogos con los promotores del NO a los acuerdos, específicamente con el partido opositor Centro Democrático, para renegociar o modificar los acuerdos ya firmados en consenso con los negociadores de las FARC-EP en el menor tiempo posible para el pronto desarme de la guerrilla.[121]​ El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC-EP tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del NO,[122]​ firmado el acuerdo con estas modificaciones el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá (por lo que algunos llaman a este acuerdo de manera informal como los Acuerdos del Teatro Colón) y radicado inmediatamente en el Congreso de la República para su estudio, ratificación e implementación aprobando el texto, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pese a las críticas y amenazas de demandar este nuevo acuerdo por parte del Centro Democrático, debido a la negativa del gobierno a convocar un nuevo plebiscito para que fuesen los colombianos quienes lo aprobaran. Con esta ratificación e implementación en el Congreso, inició el proceso de desmovilización de insurgentes y de entrega de las armas a la ONU en un lapso de 180 días desde el 1 de diciembre de 2016,[123]​ desarme que terminó el 14 de agosto de 2017, mes y medio después del plazo pactado, entregando un total de 8.112 armas al organismo internacional, además de la destrucción de municiones, caletas, minas antipersona, granadas y explosivos.[124]​ El gobierno, por su parte, realizó la promulgación de leyes ante el Congreso que aseguró el proceso de paz en la constitución mediante la Vía Rápida o Fast Track (discusión y aprobación inmediata de leyes en el legislativo que implican reformas constitucionales, las cuales legalmente requerirían de varios debates que tomarían meses o años realizar), mecanismo aprobado por la Corte Constitucional del país.[125]​ Por su contribución a la búsqueda de la culminación del conflicto armado en Colombia (tanto con las FARC-EP como con el ELN), el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado en Oslo (Noruega) con el Premio Nobel de la Paz en 2016.

    Diálogos con el ELN y Guerra contra los Grupos Armados Organizados[editar]

    El 30 de marzo de 2016, después de más de 24 meses de fase exploratoria y ofensivas y contraofensivas militares entre uno y otro, provocando bajas en ambos bandos (entre las más recordadas, dos emboscadas del ELN en mayo de 2013 con saldo de 10 militares muertos y uno secuestrado en Chitagá, (Norte de Santander),[126]​ y en octubre de 2015 a una misión electoral en Güicán, (Boyacá): 12 muertos[127]​), el gobierno colombiano y el ELN anunciaron en Caracas (Venezuela) el inicio formal del proceso de paz para acabar el conflicto armado entre las partes, siendo Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Noruega y Cuba, los países garantes del proceso.[128]​La primera ronda de los diálogos estaba programada para iniciar en mayo de 2016 en Ecuador,[129]​ pero con los secuestros y acciones terroristas realizadas en ese mismo mes por el ELN, el gobierno se niega a iniciar la negociación hasta que liberen a todos los secuestrados; los cuales, son liberados, faltando el excongresista Odín Sánchez. El gobierno, a través del facilitador del proceso exploratorio con este grupo armado; Frank Pearl, deja en claro que, a diferencia del proceso de paz con las FARC-EP, este proceso se efectuará en medio del conflicto con este grupo armado sin cese al fuego, argumentando que se “está ganando”.[130]​ A los pocos días de este anuncio, el ELN incinera ocho (8) vehículos en la vía entre Pereira y Quibdó, además de secuestrar a dos (2) conductores de estos vehículos,[131]​ liberados 10 días después.[132]​ Luego de varios meses de incertidumbre esperando el rescate y/o liberación voluntaria de los secuestrados, y pese al rechazo de los colombianos a los Acuerdos de La Habana con la guerrilla de las FARC-EP en el plebiscito del 2 de octubre; el 10 de octubre de 2016, el gobierno de Colombia y los negociadores del ELN anunciaron en conjunto el inicio formal de la mesa de diálogos en Caracas, Venezuela; programada para iniciar él 27 de ese mismo mes en Quito, Ecuador;[133]​ pero como a esa fecha el ELN no había liberado a Odín Sánchez, el gobierno ordenó la suspensión del inicio de los diálogos hasta que lo liberen. Por su parte, el ELN manifestó que no liberará al excongresista hasta que sean indultados dos guerrilleros presos en cárceles colombianas, que desempeñarán el papel de “gestores de paz” en el proceso; los cuales, según el grupo guerrillero, el gobierno se había comprometido liberar antes de iniciar la primera ronda de negociaciones.[134]​ El 7 de febrero de 2017, luego del cumplimiento de condiciones de ambas partes, se instaló en Quito, oficialmente, la fase pública de negociación para la culminación del conflicto armado en medio de la guerra (con secuestrados por días, ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca y asesinatos de soldados por francotiradores del ELN, además de bajas insurgentes en combates con el Ejército).[135]​ El 5 de septiembre de 2017 se logra el primer gran acuerdo con un cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN, aprovechando la visita oficial del Papa Francisco a Colombia en esa misma semana. El cese al fuego irá de manera provisional hasta el 9 de enero de 2018, el cual se prorrogará a medida que se logren avances en la mesa de negociación sobre los puntos acordados en la agenda de paz.[136]​ El 15 de marzo de 2018, luego de la suspensión de parte del gobierno de los diálogos de paz, debido a la arremetida guerrillera tras la culminación del cese al fuego bilateral el 10 de enero, provocando daños a la infraestructura petrolera y vial del país, además de la muerte de varios soldados y policías en ataques del ELN y el secuestro de un civil provocando la reacción de la Fuerza Pública, que dejó como saldo la neutralización de más de 200 guerrilleros entre capturados y dados de baja en más de dos meses de suspensión de los diálogos,[137]​ el gobierno y el ELN reanudan conversaciones de paz en Quito para decretar un nuevo cese al fuego bilateral y la evacuación de los puntos de la agenda de paz.[138]​ Cinco días después, el Frente de Guerra Nororiental del ELN, en la región del Catatumbo de Norte de Santander, es atacado por el grupo disidente del EPL (no considerado como grupo insurgente por el gobierno), donde este último les declara en un comunicado escrito, dos días después, la guerra en esta zona del país, originando zozobra y desplazamientos de la zona en conflicto por parte de los habitantes de la región, además de una docena de bajas entre los combatientes de los grupos ilegales y un miembro del Ejército, quienes buscan restablecer el orden en la zona.[139][140]​ Debido al secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos y de una pareja de esa misma nación, por parte de un grupo disidente de las FARC-EP que no se acogió a los acuerdos de paz firmados en 2016, el gobierno de ese país anunció el 18 de abril de 2018 que no continuarán los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN en Quito, retirándose también como país garante de este proceso; Ecuador exige como condición para continuar el proceso de paz en esta nación que el ELN abandone sus prácticas terroristas.[141]​ Luego de varios días de incertidumbre, el gobierno y el ELN acuerdan continuar, el 10 de mayo, las negociaciones de paz en otro país garante del proceso: Cuba, instalando la mesa de negociaciones en su capital La Habana.[142]​ A pesar de los ingentes esfuerzos entre las partes para conseguir el cese al fuego bilateral y un acuerdo macro para lograr firmar la paz entre el gobierno y el ELN antes de la culminación del periodo de Juan Manuel Santos, no fue posible concluir de manera exitosa los diálogos de paz.[143]

    Hasta diciembre de 2016, se han producido más de 22.800 capturas a miembros de Bandas Criminales, surgidas por la negativa de un grupo numeroso de paramilitares a la desmovilización en el gobierno de Uribe; además se han incautado 10.300 armas y un millón y medio de municiones (cifras de un ejército).[144]​ Se ha obtenido también la incautación de más de 1.000 toneladas de cocaína a estos grupos criminales y el decomiso y destrucción de docenas de máquinas utilizadas para la minería ilegal y la intervención de más de 1.000 puntos de explotación de esta actividad, además del desmantelamiento de las bandas criminales Los Paisas y Los Rastrojos,[145]​ así como el debilitamiento de la Oficina de Envigado y los Bloques Meta y Libertadores del Vichada (los dos últimos creados por disidentes del ERPAC, quienes no se sometieron a la justicia en 2011).En diciembre de 2010, al caer en combate con la Policía el jefe del ERPAC; Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’,[146]​ lo que provocó la posterior desmovilización y sometimiento a la justicia de 500 miembros de esta agrupación criminal.[147]​ Entre las detenciones más importantes se encuentra la de Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, considerado el último gran capo de la droga que existía en Colombia, quien fuera capturado en San Cristóbal (Venezuela) en 2012, con ayuda de las autoridades venezolanas y la inteligencia estadounidense y británica.[148]​ No es la primera vez que un delincuente colombiano cae con ayuda de las autoridades venezolanas; también cayeron en ese país Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’, líder de la banda criminal Los Rastrojos en 2012[149]​ y Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, líder de la Oficina de Envigado, capturado en 2011,[150]​ el cual sostenía una guerra en Medellín por el control de esta agrupación criminal con Erick Vargas, alias ‘Sebastián’, capturado en Girardota en el año 2012.[151]​ Entre las ofensivas más importantes y aún en curso se encuentra la Operación Agamenón (la cual entró en su segunda fase en mayo de 2017 al reforzarse con tropas del ejército colombiano[152]​), iniciada por la policía en marzo de 2015 y cuyo objetivo principal es la captura o muerte del cabecilla del Clan Úsuga o Clan del Golfo como se le conoce ahora en el gobierno (anteriormente conocidos como Los Urabeños), Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, así como los miembros de su Estado Mayor,[153]​ lo que provocó una dura reacción de esta BACRIM que ordenó en marzo de 2016 un paro armado por 24 horas y un Plan Pistola contra uniformados de la Policía (reiniciado este último en mayo de 2017) dejando como resultado, hasta 2018, más de 30 policías y militares asesinados en el país. Debido a los buenos resultados presentados por la Operación Agamenón (entre los que se incluyen 3 miembros del Estado Mayor de la organización abatidos y 2 capturados), el gobierno dio a conocer el 5 de septiembre de 2017 una misiva del máximo cabecilla del Clan del Golfo, donde manifiesta la voluntad de la organización para someterse a la justicia, abriendo la puerta a la desmovilización de la banda criminal o Grupo Armado Organizado (GAO) más grande de Colombia; versión confirmada por el mismo Otoniel a través de un vídeo que circuló en las redes sociales, donde afirma que busca negociar el sometimiento a la justicia de él y de sus hombres con las debidas garantías por parte del estado.[154]​ El hermano de Otoniel; Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovany’, el otro cabecilla de esta organización criminal, fue abatido por la Policía en enero de 2012 mientras celebraba el año nuevo en zona rural de Acandí (Chocó), en el marco de la Operación Colombia 25,[155]​ originando otro Plan Pistola contra la Policía y un paro armado por varios días. Abatido en Norte de Santander por parte del Ejército del llamado capo del Catatumbo, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, comandante del grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), que es visto como una banda criminal por su casi exclusiva financiación del narcotráfico; hecho ocurrido en octubre de 2015. El operativo, bautizado como Operación Solemne, hizo debilitar a esta agrupación, ya que ‘Megateo’ era el principal financiador de esta organización con los cultivos de hoja de coca y laboratorios para el procesamiento de cocaína que tenía en esta área geográfica de Colombia.[156]

    La fuerte presión ejercida por el gobierno colombiano a través de las Fuerzas Armadas ha obligado a la entrega, en este caso a las autoridades estadounidenses en Panamá, de importantes capos de la droga como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Hermanos Comba’, en 2012.[157]​ Otros jefes de bandas criminales que han caído por acción de las autoridades son: Darío Andrés León Humane, alias ‘Jhonatan’, jefe del Bloque Meta, capturado en noviembre de 2015;[158]​ Martín Farfán Díaz, alias ‘Pijarvey’, jefe del Bloque Libertadores del Vichada, abatido en octubre de 2015[159]​ y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, último gran jefe de la Oficina de Envigado, capturado en diciembre de 2017.[160]​Desde mayo de 2016 las bandas criminales, a través de la Directiva 015 del Ministerio de Defensa, son atacadas por las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) combatiendo a estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo bombardeos a sus campamentos.[161]​ De esta manera, la Policía Nacional dejó de ser la única entidad armada que combate a estos grupos por parte del estado. Esta nueva visión de las bandas criminales, incluyendo la de bombardear campamentos de estos grupos, se emplea siempre y cuando la Fiscalía o la Policía así lo requieran.[162]​ Esta directiva también entrega una nueva clasificación de estos grupos criminales:Grupo Armado Organizado (GAO): Correspondiente a grupos delincuenciales con actividad a nivel regional y nacional (Antiguas Estructuras Tipo A y B).Grupo Delincuencial Organizado (GDO): Correspondiente a grupos delincuenciales con actividad a nivel local (Antiguas Estructuras Tipo C).[163]​Grupos como el Clan del Golfo (autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la Oficina de Envigado quieren ser incluidos en un eventual proceso de paz con el gobierno colombiano;[164][165]​ sin embargo el gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, dejó en claro que estos grupos no tienen estatus político. En consecuencia, el único proceso aceptado por el gobierno con estos grupos es el de Sometimiento a la Justicia.[166]​ A septiembre de 2017 se han capturado o dado de baja, por parte del Ejército, a 58 miembros de grupos disidentes; entre ellos, 13 cabecillas[167]​, también la Fuerza Pública ha cometido excesos como el ocurrido el 5 de octubre de 2017, al asesinar en zona rural de Tumaco (Nariño) a 7 campesinos[168]​. Inicialmente se responsabilizó a disidentes de las FARC que operan en el departamento, pero las posteriores investigaciones, además de las declaraciones de los manifestantes, responsabilizan a miembros de la Policía Nacional de esta masacre, que terminó con la suspensión y traslado a otras seccionales de más de 100 policías que operaban en Nariño, además de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.[169]

    Las disidencias del Nariño, ahora conocidas con nombres como Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Resistencia Campesina, han tenido enfrentamientos también con guerrilleros del Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial y del narcotráfico en la zona dejada por las FARC-EP tras su desmovilización, como el ocurrido el 27 de noviembre de 2017, donde resultan 13 muertos en un presunto enfrentamiento entre estos dos grupos en zona rural del municipio de Magüí Payán. Según la información dada a conocer por el ELN en un comunicado, 10 de los muertos en el enfrentamiento (según el ELN, originado por abusos reiterados de los disidentes a la población civil) eran integrantes de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico incluidos sus jefes, además de 6 miembros tomados como prisioneros que fueron liberados después de ser desarmados. Por su parte las autoridades departamentales, según informaciones recopiladas entre los habitantes del sector, manifestaron que fue una masacre ejecutada por el ELN donde, además de miembros de la llamada Resistencia Campesina, fueron asesinados un líder comunitario y una mujer de 22 años con 3 meses de embarazo y madre de un niño de 3 años.[170][171]​ Otros combates en el transcurso del año entre disidentes de las FARC y el ELN en Nariño han provocado el desplazamiento forzado de más de 200 personas y varios muertos.[172]​ Las disidencias también combaten entre sí por los territorios y los negocios ilícitos como el enfrentamiento ocurrido el 9 de diciembre de 2017 en zona rural de Suárez (Cauca) dejando como saldo 7 muertos y 3 heridos,[173]​ provocando además el desplazamiento forzado de más de 470 personas de las zonas veredales donde se llevaron a cabo los enfrentamientos.[174]​ Se presume que otro grupo residual de las FARC, llamado La Gente del Orden, se habría apropiado de las actividades ilegales en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), luego del desmantelamiento del GDO La Empresa.[175]​ Para combatir a los grupos armados ilegales existentes en el suroccidente del país, que han provocado un clima de inseguridad en la región y cientos de desplazados, se desplegó a comienzos de 2018 un total de 9.000 hombres de la Fuerza Pública, entre miembros del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con el fin de recuperar el control para el estado de esta zona, plan conocido por el gobierno como Operación Hércules, contra las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN.[176]​ A finales de mayo de 2018 se confirmó, por parte de la Policía Nacional, el desmantelamiento de los grupos GUP y Resistencia Campesina con la captura de 10 de sus cabecillas, en medio de una guerra que libran con otro grupo disidente, el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias ‘Guacho’.[177]​ Desde noviembre de 2017, los grupos disidentes son considerados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) por parte del estado; en consecuencia, las Fuerzas Militares están autorizadas para atacar y bombardear a estos remanentes.[178]​ Según una investigación hecha por la ONG Fundación Paz y Reconciliación, a octubre de 2017 existen aproximadamente 400 combatientes en las disidencias distribuidos en 8 departamentos del territorio nacional, y entre los líderes principales están antiguos mandos medios de las FARC como los alias ‘Cabuyo’ (responsable en septiembre de 2018 del asesinato de 4 geólogos en el Norte de Antioquia[179]​), ‘Calarcá’, ‘Rodrigo Cadete’ y ‘Gentil Duarte’, refugiados en zonas selváticas de los departamentos del Guaviare, Guainía, Vichada, Caquetá, Vaupés y Meta. Otros como alias ‘Iván Mordisco’, ‘John 40’, ‘Giovanny Chuspas’ y ‘Julián Chollo’ están fuera del país, (Venezuela y Brasil), realizando negocios con grupos criminales. Estos no actúan bajo un mando unificado, cada uno es independiente en sus acciones y, en el caso de los grupos presentes en los departamentos de Nariño y Cauca, se enfrentan entre sí por el control territorial y el negocio del narcotráfico. De esos 400 integrantes, 310 son exintegrantes de las FARC que desertaron de las Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización (lugares constituidos en el marco de los diálogos de paz para concentrar a los guerrilleros que realizaron su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil) debido a las dificultades atravesadas en la implementación de los acuerdos de paz en la parte técnica, jurídica y legal, además del asesinato de exguerrilleros y atentados contra familiares de los mismos, obligándolos a tomar acciones similares al respecto.[180]​ Si bien el centro de acción de estas disidencias está en Colombia, de manera ocasional ingresan por la frontera hacia Ecuador para hostigar y asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas de ese país. Inclusive, civiles ecuatorianos han sido víctimas de estos GAO´s como lo ocurrido el 26 de marzo de 2018, donde tres miembros de equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados por una disidencia presente en Nariño que está dirigida por alias ‘Guacho’, quien tampoco se acogió a los Acuerdos de La Habana.[181][182]​ Esto, sumado al secuestro de una pareja de ecuatorianos por parte de la misma disidencia de las FARC, cuyos cadáveres fueron localizados en julio de 2018 en zona rural de Tumaco,[183]​ provocó el 18 de mayo de 2018 la suspensión, de parte del gobierno ecuatoriano, de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN que se desarrollaban en Quito, además del retiro de esta nación como país garante del proceso.[184]​ A pesar de estos inconvenientes, el Ministerio de Defensa reportó, a mayo de 2018, la neutralización, entre capturas y muertes, de más de 300 hombres de disidencias y 80 entregas de manera voluntaria.[185]

    Aunque son estructuras independientes, las disidencias de la Amazonia estarían trabajando en conjunto con el fin de constituir un corredor para el transporte de droga por los Llanos Orientales, donde se procesa la cocaína, para que esta llegue a Brasil y Venezuela y, de estos países, sea finalmente exportada hacia Europa o Estados Unidos, según información obtenida por la fiscalía e inteligencia militar colombiana. Como una forma de mantener el temor ante sus víctimas y el prestigio ante los narcotraficantes con quienes hacen negocios, estas disidencias siguen vistiendo y usando los uniformes, fusiles y brazaletes que utilizaban las FARC en su época de insurgentes, pero el partido político de la exguerrilla manifestó no tener relación alguna con ellos y tomaron distancia de los que ellos llaman “desertores”. Por su parte, el gobierno manifestó que los combatirán como delincuentes comunes.[186]​ Según un informe de la revista Semana, los grupos disidentes de las FARC buscan reorganizarse para refundar la antigua guerrilla pero, a través de la Operación Zeus, plan de ataque implementado por las Fuerzas Militares desde 2017 contra los grupos disidentes en el sur del país, esta idea se ha ido quebrando gracias a los resultados de esta operación que ha dejado, hasta julio de 2018, más de 500 bajas a los grupos disidentes, entre capturas y muertes, además de la incautación de gran cantidad de armamento y cocaína.[187]

    Gobierno de Iván Duque (2018-2022)[editar]

    El presidente Iván Duque con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre de 2018.

    Iván Duque Márquez llega a la presidencia de la república gracias al respaldo dado por el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, obteniendo mayorías en el Senado en las elecciones legislativas de 2018.[188]​ Iván Duque gana en segunda vuelta presidencial las elecciones de 2018 ante Gustavo Petro, siendo la primera vez en la historia política de Colombia que un candidato de izquierda llega a esta instancia electoral.[189]​ Duque,propuso modificar los acuerdos de paz firmados por su antecesor Juan Manuel Santos, con las FARC-EP, poniendo en riesgo lo conseguido en La Habana, objetivo que no consigue al ser rechazadas por el Congreso las objeciones de la presidencia a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal especial creado para juzgar y castigar a los partícipes del conflicto armado.Propuso una guerra sin tregua contra la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia común, los Grupos Armados Organizados (GAO), residuales y no residuales, y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). A nivel internacional, propuso ratificar y mejorar las buenas relaciones y acuerdos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados, varios de ellos apoyados extraoficialmente por el gobierno bolivariano de Venezuela.[190][191][192][193]​ Duque dejó de reconocer a este país como uno de los países garantes en el proceso de paz que el gobierno mantenía con el ELN y reclama a Maduro por la crisis en Venezuela y de la cual Colombia (según datos de Migración Colombia, un millón y medio de venezolanos han llegado al país desde 2013 hasta octubre de 2019, sin contar los que están de paso para llegar a países como Ecuador, Perú y Chile).[194][195]​ La presencia del ELN en Venezuela quedó confirmada con la muerte en noviembre de 2018 de 3 miembros de la Guardia Nacional en el Estado Amazonas, en retaliación por la captura de un cabecilla guerrillero en el vecino país (el Ministerio de Defensa venezolano afirmó que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares colombianos”[196]​). Además, diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora al gobierno, han denunciado la presencia del ELN en las zonas mineras del país apoyados por el gobierno central, donde han realizado masacres contra grupos de mineros como parte de una guerra que la guerrilla colombiana ha declarado contra las mafias locales de la minería venezolana, con el objetivo de controlar estas minas y explotar sus recursos naturales para el gobierno venezolano a cambio de protección y financiación al ELN.[197]​ Según Insight Crime, el ELN opera en al menos 12 de 23 estados de Venezuela.[198][199]​ Se ha acusado al gobierno de Venezuela de apoyar las disidencias de las FARC-EP, acusación de Duque hecha luego de un operativo militar el 2 de febrero de 2019 que terminará con la muerte de alias Rodrigo Cadete, disidente de las FARC que venía creando estructuras en Venezuela, con el apoyo de algunos sectores cercanos a Nicolás Maduro, a quien Duque no reconoce como presidente, actuando como un vocero internacional contra el gobierno bolivariano.[200][201]​ El 21 de diciembre de 2018 con la muerte de alias Guacho, jefe del GAOR Frente Oliver Sinisterra, en zona rural de Tumaco (Nariño), en un operativo de la Fiscalía y la Fuerza Pública denominado Operación David, parte de la Operación Hércules contra los grupos ilegales de esta zona del país.[202]Guacho era el enlace con el Cártel de Sinaloa de México y su grupo era el brazo armado de este cartel en Colombia. Agregado a esto, los arrestos de ciudadanos mexicanos en el país confirman la sospecha de las autoridades colombianas que los dos poderosos cárteles de la droga de México (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) están haciendo presencia, desde 2017, en Colombia para intentar apoderarse ellos mismos del negocio ilícito del narcotráfico en toda su cadena de producción.[203][204]

    El 17 de enero de 2019, tras un atentado con carro bomba perpetrado por el ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, provocando 23 muertos y 100 heridos, el presidente Duque ordenó reactivar las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de paz de ese grupo en Cuba, revocando la resolución que creaba las condiciones que permitían su permanencia en ese país; en consecuencia, el mandatario puso fin al proceso de paz que se venía realizando con esa guerrilla.[205]​ Iván Duque exigió al gobierno cubano capturar a los miembros de la mesa negociadora del ELN que se encuentran en su país al reactivarse las circulares rojas de Interpol para que respondan ante la justicia, buscando obligar a este país a cumplir los compromisos adquiridos como miembro de esta organización internacional[206]​; por su parte, Cuba y Noruega, dos de los países garantes del proceso, manifestaron que respetarán los protocolos pactados entre el gobierno y el ELN en caso de rompimiento de los diálogos y que no implican entregar a las autoridades colombianas a los negociadores de paz del ELN.[207][208]​ En respuesta, Duque manifestó que denunciará ante la ONU a Cuba por alojar y proteger a estos líderes guerrilleros, incluyendo a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, máximo comandante del ELN, quien se encuentra recibiendo tratamiento médico por parte de especialistas cubanos al servicio del gobierno de la isla.[209]​ En un vídeo publicado en redes sociales el 29 de agosto de 2019, filmado presuntamente en zona veredal de Inírida, aunque inteligencia nacional afirma que fue hecho presuntamente en Venezuela donde se grabó, los alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, entre otros, manifiestan públicamente su regreso a las armas debido a presuntos incumplimientos del gobierno con los Acuerdos de La Habana, en momentos en que alias Jesús Santrich lo investiga la Corte Suprema de Justicia por supuestamente conspirar para enviar cocaína después del 1 de diciembre de 2016 a Estados Unidos, quien hizo la solicitud formal de extradición del líder guerrillero. La solicitud de extradición se basó en el testimonio de Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, detenido en Estados Unidos en 2018 y testigo clave del proceso contra Jesús Santrich, quien era el enlace entre este y el Cártel de Sinaloa para la compra y venta de droga.[210][211][212]​ Debido a que Márquez y Santrich fueron miembros del equipo negociador de las FARC-EP durante el proceso de paz quedó en el aire la voluntad de paz de los 4 insurgentes cuando no se presentaban a los múltiples llamados de la JEP, pese a que Santrich estuvo detenido más de un año en la cárcel y la JEP le concedió libertad por falta de pruebas de la Fiscalía General de la Nación. Duque también manifestó que alias Iván Márquez escapó con sus compinches Romaña y El Paisa, quienes se refugiaron desde la captura de Marlon Marín en la Zona Veredal de Miravalle (Caquetá) y de ahí desaparecieron sin dejar rastro, debido a que estarían implicados también en narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, y que sería cuestión de tiempo para que sean también solicitados en extradición por Estados Unidos.[213]​ Por los 4 insurgentes, el gobierno colombiano empezó a ofrecer una recompensa de $3 mil millones de pesos por información que conduzca a la captura de cada uno. Igualmente, son expulsados de la JEP y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común[214][215][216]​, así como la reactivación de las órdenes de captura de parte de la Fiscalía y de las circulares rojas de Interpol, ratificando que denunciará ante la comunidad internacional a los países que les otorguen refugio en sus territorios, haciendo clara alusión al dictador venezolano Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.[217][218]

    En la región del Bajo Cauca en Antioquia, donde existe desde comienzos de 2018 una guerra entre el Clan del Golfo y su grupo disidente "Los Caparrapos", sumada a la presencia del ELN y disidencias de las FARC-EP al mando de alias Cabuyo,han provocado la muerte de civiles y el desplazamiento forzado a los cascos urbanos de Caucasia y Tarazá, entre otros municipios del Bajo Cauca. El presidente Iván Duque autorizó constituir a finales de 2018 la Operación Aquiles, en el Bajo Cauca.[219][220]​ Duque también reforzó operaciones militares que, desde el gobierno anterior, combate GAO´s como la Operación Agamenón, que busca desmantelar al Clan del Golfo y capturar o dar de baja a su líder, Dairo Úsuga, alias Otoniel, escondido en el Urabá junto a su debilitado Estado Mayor; también está la Operación Esparta, que busca desmantelar al GAO "Los Pelusos", asentados en el Catatumbo y afectados por la guerra que sostienen con el ELN en la región, a quienes también está dirigido el operativo; guerra que a febrero de 2019 deja más de 100 muertos entre asesinados y desaparecidos. El 28 de enero de 2019, fue capturado en Pueblo Bello (Cesar) Reinaldo Peñaranda, alias Pepe, líder del grupo criminal Los Pelusos, disidencias del EPL, Luis Antonio Quiceno, alias Pacora líder de Los Pelusos abatido por un francotirador del Ejército el 26 de septiembre de 2019 en zona rural de Sardinata, Norte de Santander[221]​En el Cesar, donde fue capturado, alias Pepe estaba planeando enviar droga a Estados Unidos y Centroamérica ya que, presuntamente, tendría nexos con carteles de Honduras y Guatemala.[222]​El 17 de junio de 2019 es abatido en la Sierra Nevada Jesús María Aguirre, alias Chucho Mercancía, líder del GDO Clan Pachencha[223]​ También el GDO La Constru en Putumayo ha sido afectado con las acciones de la Fuerza Pública al ser abatido el 3 de septiembre de 2018 en zona rural de Puerto Caicedo el máximo líder de esta organización criminal Marco Aurelio Neira, alias Gallero.[224]

    Asesinato de líderes sociales, excombatientes de las FARC-EP y genocidio indígena

    Desde el 1 de enero de 2016 ha habido un aumento de la violencia contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las FARC-EP luego de la firma de los Acuerdos de La Habana quienes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han sido asesinados por estructuras criminales organizadas y por personas con conductas que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz, recurriendo a la violencia armada y a la estigmatización de los occisos por simpatizar con una ideología de izquierda, hechos ocurridos en 29 de los 33 departamentos del país. Indepaz ha contabilizado un total de 837 asesinatos, hasta mayo de 2019, (702 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 135 excombatientes de las FARC). De los 702 líderes asesinados, 170 eran líderes campesinos y 146 líderes indígenas. La violencia contra los excombatientes de las FARC se hace extensiva a sus familiares, siendo asesinados 35 de estos desde la firma de los acuerdos de paz. El 2018 ha sido el año más violento contra los líderes sociales y excombatientes con 282 y 75 personas respectivamente. Desde que asumió la presidencia Iván Duque han sido asesinados 193 líderes sociales y 43 excombatientes de las FARC hasta mayo de 2019.[225]​ Una de las principales causales de estos asesinatos está relacionado con la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), aprobada en el gobierno de Juan Manuel Santos para restituir, por medio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las tierras arrebatadas por los actores armados (grupos paramilitares y guerrilleros) a civiles víctimas de la guerra, encontrando una férrea oposición entre los congresistas y simpatizantes del partido Centro Democrático, buscando modificarla para que los segundos ocupantes o tenedores de buena fe (los que adquirieron tierras tiempo después que sus antiguos propietarios fueran despojadas de ellas) no les sean "vulnerados sus derechos".[226]

    El 5 de noviembre de 2019, se presentó una moción de censura en el Congreso contra el Ministro de Defensa, Guillermo Botero por un bombardeo hecho en agosto de ese año, en zona rural de San Vicente del Caguán, por el Ejército contra un presunto grupo de disidentes de las FARC-EP a cargo de alias Gildardo Cucho donde caen, además del presunto cabecilla, ocho menores de edad que son presentados a la opinión pública como miembros del grupo disidente sin informar su condición de menores de edad, además que tres de ellos ya habían sido reportados como reclutados de manera forzosa por parte de la Defensoría del Pueblo ante los mandos militares de la zona.[227]​ El 6 de noviembre, debido a la suma de estos hechos, presentó su renuncia Guillermo Botero como Ministro de Defensa sin haber terminado el trámite de moción de censura en el Congreso. Posteriormente, se denuncia que no serían 8 los menores muertos sino 18, ya que unos sobrevivientes del bombardeo fueron fusilados por el Ejército al incursionar luego del ataque.[228]​ Así mismo, se agudiza la crisis por el genocidio de los grupos criminales de la zona contra las comunidades indígenas del Cauca, siendo asesinados 55 de sus miembros en 2019, y 2 masacres en menos de 3 días a finales de octubre sin que el estado tome acciones para detener estos asesinatos[229][230][231]​, por lo cual se levantaron de la mesa de diálogos que se había instalado previamente con el gobierno las comunidades y organizaciones del Cauca reunidas allí desde la minga indígena de 2019, anunciando su apoyo al Paro Nacional del 21 de noviembre.

    El 1 de enero de 2020 se denuncia una toma paramilitar en Bojayá (Chocó) por parte de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, que se encuentran en enfrentamientos en esta región con el ELN y las Fuerzas Militares. La importancia de esta población es por ser una ruta clave para el narcotráfico y la minería ilegal.[232][233]​ El 10 de enero se realizó un atentado terrorista en Yopal (Casanare) a una base de la Fuerza Aérea Colombiana[234]​. Iván Duque acusa al ELN de esta acción, mostrando así su negativa de continuar el proceso de paz con el grupo insurgente[235]​. El ELN ha anunciado un Paro Armado a nivel nacional del 14 al 17 de febrero de 2020.[236][237][238]

    Paro Nacional de 2019

    El paro nacional fue convocado para el 21 de noviembre de 2019 por sindicales obreras, docentes, estudiantes universitarios, campesinos, comunidades indígenas y diferentes grupos sociales. Apoyado por varias personalidades del país quienes también manifestaron su apoyo y participaron en la jornada de protestas en el país.[239][240]​ El Paro Nacional se ha mantenido desde el 21 de noviembre, haciendo un receso a finales de diciembre por las festividades de fin de año, con marchas y/o protestas en el país y el exterior, rechazando las medidas económicas del presidente Duque, el asesinato de líderes sociales, los incumplimientos a los acuerdos de paz y exigiendo una mesa de concertación directamente con él o su renuncia a la presidencia, con jornadas nacionales de "cacerolazos" y manifestaciones artísticas, presentándose disturbios y saqueos a establecimientos comerciales en varias ciudades del país y enfrentamientos entre manifestantes y policías, dejando muertos y heridos (como la muerte del estudiante Dylan Cruz por parte del ESMAD)[241]​. Por su parte, el gobierno respondió decretando toques de queda en ciudades como Bogotá y Cali e incremento de la presencia del ESMAD y militarizando las ciudades.[242][243][244]

    El 21 de enero de 2020 reinicia el Paro Nacional con una jornada de marchas y "cacerolazos" en todo el país, anunciado el Comité del Paro que el 31 de ese mismo mes dará a conocer el cronograma del Paro Nacional para el 2020 si el gobierno se sigue negando a aceptar las condiciones para comenzar la mesa de negociación,[245][246]​ cronograma que está suspendido desde marzo por la declaratoria de cuarentena de parte del gobierno debido a la pandemia mundial de coronavirus. Pese a ello, los actos de corrupción en el sistema estatal han seguido presentes con irregularidades y sobrecostos en las ayudas y mercados a la población vulnerable en el tiempo de cuarentena, dejando a Colombia con el primer lugar del país más corrupto del mundo en tiempo de cuarentena.

    Conflicto armado interno de Colombia
    Previo Conflicto armado interno de Colombia en el Siglo XXI
    Conflicto armado interno de Colombia entre 1990-2002 2002-actualidad

    Bibliografía[editar]

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    Véase también[editar]

    Referencias[editar]

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