Colombia durante la Guerra Fría

Soldado colombiano durante la Guerra de Corea.

Colombia durante la Guerra Fría (entre 1947 y 1991) vivió un proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas influido por el contexto global de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político y militar de alcance mundial, cuyo impacto trascendió las fronteras de las superpotencias, manifestadas en distintas regiones a través de conflictos internos, alianzas estratégicas, movimientos insurgentes y políticas de seguridad. En el caso colombiano, su posición geográfica, su sistema político bipartidista y su cercanía con Estados Unidos hicieron que el país se alineara con el bloque occidental, integrando las dinámicas globales de anticomunismo y cooperación militar.

Desde comienzos de la década de 1950, Colombia fortaleció sus vínculos con Washington mediante tratados de cooperación, asistencia técnica y acuerdos de defensa, en el marco de la estrategia hemisférica de contención del comunismo. Este alineamiento no solo consolidó su papel como aliado regional, sino que también influyó en el fortalecimiento del aparato militar, en la orientación de la política exterior y en la adopción de medidas internas de seguridad. En paralelo, el país atravesaba una profunda crisis social y política derivada de La Violencia, un conflicto bipartidista que había fragmentado el tejido social y debilitado la institucionalidad estatal.

La participación de Colombia en la Guerra de Corea (1951-1954) —con el envío del Batallón Colombia, el único contingente latinoamericano que combatió bajo mandato de Naciones Unidas— simbolizó su compromiso con el bloque occidental y consolidó la cooperación militar con Estados Unidos. Esta experiencia dejó efectos duraderos en el Ejército Nacional, tanto en su doctrina como en su estructura operativa.

Durante las décadas siguientes, el país buscó estabilizarse mediante acuerdos políticos como el Frente Nacional (1958-1974), que institucionalizó la alternancia entre liberales y conservadores. Este pacto permitió reducir la violencia partidista, pero también limitó la participación de movimientos de izquierda, lo que a su vez incentivó la formación de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), entre otros. En el contexto de la Guerra Fría, estas insurgencias fueron interpretadas desde el prisma del comunismo internacional, y la respuesta estatal se enmarcó en las doctrinas de seguridad nacional impulsadas por Estados Unidos.

La influencia de la Guerra Fría en Colombia se manifestó tanto en la política exterior como en la estructura interna del poder, en el papel de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en la vida intelectual y en la política social. El país combinó estabilidad institucional con violencia persistente, un equilibrio precario moldeado por factores locales y presiones internacionales. Las huellas de este periodo continúan presentes en los debates contemporáneos sobre seguridad, democracia, desarrollo y memoria histórica.

Contexto histórico previo

El final de la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en Colombia

Véase también: Colombia en la Segunda Guerra Mundial

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo entró en una nueva etapa de reorganización internacional, con Estados Unidos y la Unión Soviética emergiendo como superpotencias. En América Latina, y también en el marco de las políticas de posguerra de EE. UU., se observaron una mayor atención hacia la seguridad hemisférica,​ la ideología anticomunista, y la reconstrucción económica a través de asistencia y cooperación. Colombia, aunque no fue directamente teatro bélico del conflicto mundial, se vio influida por estos cambios diplomáticos, económicos y estratégicos.​​

Desde el punto de vista económico, la postguerra trajo una demanda creciente de productos agrícolas y materias primas, lo que favoreció a Colombia en algunos sectores (como el del café), pero la expuso a fluctuaciones de precios internacionales, dependencia de exportaciones y limitaciones estructurales en la industrialización.​​

En lo político, la coalición conservadora recobró fuerza tras el dominio liberal durante la década de 1930 y el inicio de los 40. El Partido Conservador ganó las elecciones presidenciales de 1946, siendo electo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, marcando un retorno al poder de sectores más tradicionales. Este desplazamiento intensificó las tensiones con el Partido Liberal, en especial sobre contextos regionales donde las desigualdades sociales y el acceso a la tierra mantenían una fuerte carga de conflicto.​

En el ámbito ideológico, el fin de la Segunda Guerra Mundial coincidió con la difusión de nuevas corrientes políticas: por un lado, el comunismo internacional gozaba de prestigio entre ciertos intelectuales y movimientos obreros; por el otro, el anticomunismo se fortalecía, tanto en elites estatales como en sectores conservadores, como respuesta al temor de que movimientos de izquierda radical pudieran desestabilizar el orden político vigente.​​

La Violencia (1946-1958)

Tranvía en llamas durante el Bogotazo.

La Violencia es el nombre con el que se conoce al sangriento periodo de enfrentamiento bipartidista en Colombia entre liberales y conservadores, que se recrudece con fuerza tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Eso desencadenó el episodio del Bogotazo, que, además de destrucción física, simbolizó la ruptura del orden político moderado y el inicio de una fase de confrontaciones generalizadas en zonas rurales.​​

La polarización interna durante estos años se vio alimentada también por la Guerra Fría, a través del anticomunismo, la influencia de los discursos sobre seguridad nacional y la preocupación internacional por posibles contagios ideológicos. Sectores conservadores veían en los liberales, y en movimientos progresistas, la posibilidad de una apertura hacia el comunismo, lo que justificaba políticas represivas, militarización local y cooperación con actores externos interesados en frenar la expansión comunista en el continente.​​

En 1948, Colombia participó en la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuando se firmó la Carta de Bogotá. Esto consolidó su compromiso con los mecanismos multilaterales del hemisferio occidental, que actuaban como espacios para coordinar políticas de defensa del «orden democrático» frente a amenazas ideológicas percibidas.​

Estados Unidos intervino en la política interna de Colombia de diversas maneras: mediante asistencia técnica, envío de represores ideológicos, apoyos económicos, y presiones diplomáticas para que las autoridades colombianas adoptaran políticas anticomunistas. Las Fuerzas Militares, los cuerpos policiales, y las estructuras estatales en general comenzaron a incorporar medidas de seguridad interna como parte de los esfuerzos por contener lo que se consideraba subversivo.​​​

Colombia en el contexto internacional de la Guerra Fría

Alineamiento con Estados Unidos

Mapa del mundo, donde los países del bloque occidental se muestran en azul y los del bloque oriental en rojo.

Colombia, desde mediados de la década de 1940 y de modo más intenso en los años 50 durante el gobierno de Laureano Gómez (1950-1951), el gobierno de Roberto Urdaneta (1951-1953), el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y el gobierno de la Junta Militar (1957-1958) se alineó en lo diplomático, militar y económico con los Estados Unidos y con los organismos multilaterales occidentales. Este alineamiento se expresó en el apoyo de Colombia a políticas de contención del comunismo en la región, tanto por convicción política del gobierno como por incentivos de cooperación económica y militar.​

El país participó de modo activo en organismos hemisféricos que reflejaban la agenda de seguridad de Washington, como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Recibió ayuda económica, técnica y militar de los Estados Unidos para reforzar sus instituciones de seguridad, inteligencia y contrainsurgencia.​ Esta relación implicó la instalación de bases diplomáticas y de inteligencia estadounidenses en territorio colombiano, como intervención indirecta en la política interna mediante el apoyo a elites anticomunistas.​

En la Guerra de Corea (1950-1953)

Dos soldados colombianos en la Guerra de Corea.

Uno de los ejemplos más claros del papel internacional de Colombia durante la Guerra Fría fue su participación en la Guerra de Corea. Entre 1951 y 1954, envió el Batallón Colombia, del Ejército Nacional, por orden del gobierno de Laureano Gómez, al lado de las fuerzas de las Naciones Unidas para apoyar a Corea del Sur tras la invasión de Corea del Norte.​

Algunos datos relevantes:

• Fueron movilizados unos 5100 combatientes de infantería, además de tripulantes de la Armada Nacional que sirvieron en tres fragatas.​

• El Batallón llegó a Corea del Sur a través del puerto de Busán después de zarpar de Buenaventura.​

• Participó en acciones de combate como la Batalla del Monte Calvo («Old Baldy») y otras operaciones importantes.​

• Las Fuerzas Militares colombianas conmemoraron esa participación, resaltaron los aprendizajes en logística, entrenamiento y organización militar que trajo la experiencia.​

Esta participación tuvo consecuencias simbólicas fuertes para Colombia: fortaleció su prestigio militar internacional, consolidó relaciones diplomáticas con Corea del Sur y con los países aliados, y reforzó la percepción nacional de que Colombia formaba parte activa del bloque occidental.​

Relaciones con el bloque socialista

Aunque Colombia se alineó con Estados Unidos, sus relaciones con el bloque socialista fueron limitadas y cargadas de tensión ideológica. Tras la Revolución Cubana (1959), el gobierno colombiano, al igual que otros en América Latina, reaccionó con desconfianza y hostilidad, considerando que Cuba representaba una amenaza de contagio comunista, lo que llevó a la intensificación de políticas anticomunistas internas.​ En este contexto, el Partido Comunista Colombiano fue objeto de persecución y restricciones legales y políticas, reflejando cómo la Guerra Fría se manifestaba también en el terreno de la represión ideológica.​

Si bien existieron contactos diplomáticos y culturales mínimos con el bloque socialista, nunca se estableció un vínculo fuerte ni oficial. Las relaciones informales con Cuba fueron el punto más cercano a algún contacto sustancial con el bloque socialista, pero siempre bajo estricta supervisión del Estado colombiano y con implicaciones prácticas limitadas.​

Política interna y el Frente Nacional (1958-1974)

Retrato de Gustavo Rojas Pinilla, presidente que gobernó antes de la creación del Frente Nacional.

Origen y características del Frente Nacional

Véase también: Frente Nacional

El Frente Nacional fue un pacto político formalizado en 1958 entre los dos partidos tradicionales de Colombia —el Partido Liberal y el Partido Conservador— con el objetivo de superar la violencia bipartidista conocida como La Violencia.​

Sus principales características incluyeron:

• Alternancia en la presidencia entre Liberales y Conservadores.​

• Distribución equitativa del poder en otros estamentos del Estado (Ministerios, Congreso, etc.), para asegurar representación de ambos partidos.​

• Exclusión de partidos de izquierda y de otros actores políticos que no pertenecían al bipartidismo, lo que generó espacios de protesta y oposición por fuera del sistema formal.​

• Enfoque en la recuperación del orden político, la gobernabilidad, la pacificación y la estabilización institucional, más que en transformaciones sociales profundas.​
• Los gobiernos durante el Frente Nacional fueron: el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966), el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974).

El auge de la insurgencia

Durante el Frente Nacional se profundizaron condiciones que favorecieron el surgimiento o el fortalecimiento de movimientos armados:

• Orígenes de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) de 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 1965, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) de 1967, entre otros, que emergieron en muchas zonas rurales marginales con demandas de tierra, mejores condiciones de vida y representación política.​

• Influencia ideológica externa, en particular de la Revolución Cubana, las ideas marxistas y las corrientes de izquierda latinoamericana, que inspiraron tanto discursos como tácticas de estos grupos insurgentes.​

• Respuesta estatal marcada por la militarización y la represión en las zonas periféricas; bombardeos a campamentos insurgentes, operaciones militares, y conflictos con los campesinos organizados.​

Políticas de estabilización y reformas agrarias

Entre las estrategias que el Estado empleó para intentar contener tensiones sociales y agrarias dentro del marco del Frente Nacional:

• La creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), establecido para promover la reforma de la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de los campesinos.​

• Leyes de reforma agraria importantes: la Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de 1968, que buscaron distribuir tierras, regular la tenencia y fomentar la participación campesina mediante asociaciones y organizaciones agrarias reconocidas por el Estado.​​

• Organización campesina: reconocimiento de asociaciones campesinas, participación en la toma de decisiones agrícolas, asesoría técnica, aunque con limitaciones institucionales, opacidad y resistencia de sectores terratenientes.​

Límites y críticas del Frente Nacional

A pesar de ciertos logros, el Frente Nacional enfrentó críticas importantes de diferentes políticos y analistas por lo que no pudo lograr:

• La desigualdad territorial persistente: las reformas agrarias tuvieron un alcance limitado y la concentración de la tierra siguió siendo un problema profundo.​

• Exclusión política: los actores fuera del bipartidismo fueron marginados, lo que fomentó sentimientos de frustración que contribuyeron a la formación de guerrillas.​

• Reformismo con cautela: muchas reformas quedaron a medias por la resistencia de élites, por la complejidad institucional y por la necesidad de mantener estabilidad política.​

La década de 1970: crisis, reformas y radicalización

La década de 1970 en Colombia estuvo marcada por una combinación de agitación social, reorganización del movimiento insurgente y cambios en la política exterior que reflejaron tanto dinámicas internas como la influencia del contexto internacional de la Guerra Fría. En ese periodo emergieron nuevos actores políticos y armados, crecieron las movilizaciones sindicales y estudiantiles, e intensificaron las tensiones que llevarían a una mayor radicalización de algunos sectores.​​​

Movimientos sociales y sindicales

Durante los años setenta en el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) se observó un crecimiento de la movilización social en varios frentes: obreros, campesinos y estudiantes. La expansión sindical fue de notable particularidad en regiones como el Valle del Cauca, donde la organización laboral en las industrias agrícolas y azucareras alcanzó niveles relevantes para la dinámica regional. Estudios regionales y análisis históricos muestran procesos de sindicalización, conflicto laboral y negociación colectiva que alimentaron una mayor visibilidad del movimiento obrero en la agenda política local.​

En las universidades y colegios hubo episodios significativos de protesta y demanda de cambios institucionales (autonomía, cogobierno, ampliación de la cobertura educativa) que se inscribieron en un clima continental de activismo estudiantil. La influencia de corrientes teológicas y pastorales que enfatizaban la justicia social —conocida como teología de la liberación— aportó marcos interpretativos y redes de interlocución entre el clero crítico y las comunidades populares. Estos desarrollos culturales y religiosos contribuyeron a articular reclamos por derechos sociales y reformas estructurales.​

Surgimiento de nuevos actores armados

Se consolidó la presencia de organizaciones insurgentes, tanto preexistentes como de nueva formación. Entre las causas estructurales señaladas por investigadores figuran: concentración de la tierra, exclusión política, clientelismo, debilidad institucional en zonas rurales y la percepción de canales institucionales cerrados para cambios profundos. La respuesta a estas condiciones tomó formas armadas diversas, con distribución territorial y agendas políticas distintas en cada caso.​

El Movimiento 19 de abril (M-19) surgió como actor urbano con fuerte presencia en campañas de visibilidad política, los llamados «golpes de opinión» y acciones armadas puntuales desde su aparición en la primera mitad de los años setenta; su génesis se vincula a la crisis de representación generada por las controversias electorales de 1970 y a la confluencia de exmilitantes, activistas urbanos y sectores disidentes del sistema bipartidista. El M-19 combinó estrategias políticas, actos simbólicos, por ejemplo, el robo de la espada de Bolívar en 1974 y acciones militares que pretendían cuestionar la legitimidad del orden establecido. Los estudios históricos y documentos de la Comisión de la Verdad ofrecen reconstrucciones sobre su matriz política y sus operaciones durante décadas.​

En paralelo, las guerrillas de origen rural como las FARC-EP, el ELN, y el EPL continuaron su consolidación en distintas regiones del país, articulando reclamos agrarios y adaptando prácticas de guerra de guerrillas que fueron profesionalizadas de modo gradual y ampliadas en las décadas siguientes. Investigaciones de historia del conflicto muestran cómo la coexistencia de actores rurales y urbanos complicó la respuesta estatal y elevó la intensidad del conflicto.​

Política exterior en los años '70

En el plano internacional, la política exterior colombiana mantuvo en gran medida su alineamiento con Estados Unidos, pero también mostró intervalos de pragmatismo y cambios puntuales. Un ejemplo relevante fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en la década de 1970 —un paso de carácter pragmático que no implicó un alineamiento ideológico con el bloque socialista, pero que sí abrió canales de interlocución y evidenció la autonomía relativa en la política exterior frente a presiones externas. Investigaciones sobre diplomacia y política exterior señalan que estos movimientos respondieron a la combinación de intereses comerciales, regionales y de estabilidad interna.​​

La agenda internacional del decenio incluyó además la atención a temas como la migración, la integración regional y, cada vez con mayor intensidad hacia finales de los setenta, los primeros indicios de lo que luego sería una preocupación global sobre la producción y el tráfico de estupefacientes, que empezaría a modificar las prioridades de cooperación con Estados Unidos en los años siguientes. Las relaciones con organismos multilaterales y los cambios de contexto regional (por ejemplo, las nuevas dinámicas en Centroamérica y la influencia de la Revolución Cubana) condicionaron decisiones de política exterior y de seguridad.​​

Los años ochenta: narcotráfico, violencia y transición

Foto policial de Pablo Escobar, uno de los fundadores del Cartel de Medellín.

Durante los años ochenta con el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), Colombia atravesó uno de los periodos más críticos de su historia contemporánea. La expansión del narcotráfico, el recrudecimiento del conflicto armado interno y los intentos de apertura política marcaron una década en la que el Estado buscó preservar su legitimidad frente a desafíos simultáneos: la violencia política, el crimen organizado y la presión internacional derivada del contexto global de la Guerra Fría.​

El narcotráfico se consolidó como un fenómeno estructural que transformó la economía, la política y la sociedad colombiana. Organizaciones criminales como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali articularon redes transnacionales de producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, alcanzando una capacidad económica sin precedentes. Según el informe Narcotráfico y conflicto armado en Colombia de 1973 a 1991 del Centro Nacional de Memoria Histórica, este negocio ilegal no solo financió estructuras criminales, sino que permeó instituciones estatales y contribuyó a prolongar la violencia armada en las zonas rurales.​ Uno de los episodios más representativos del auge del narcotráfico fue la destrucción del laboratorio de Tranquilandia en 1984, considerado uno de los complejos de procesamiento de cocaína más grandes del mundo en ese momento.​

El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) intentó enfrentar esta situación con una estrategia dual: por un lado, promovió el diálogo con grupos insurgentes como las FARC-EP (con los Acuerdos de La Uribe), el M-19 y el EPL (con los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín), buscando la desmovilización y la reintegración a la vida civil; por otro, adoptó medidas represivas frente al narcotráfico, incluyendo el restablecimiento de la extradición hacia Estados Unidos y el fortalecimiento de la justicia penal. Sin embargo, la violencia aumentó. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, tras denunciar los vínculos entre políticos y narcotraficantes, marcó un punto de quiebre en la relación del Estado con el crimen organizado.​​

Simultáneamente, el conflicto armado interno se complejizó. Las guerrillas rurales comenzaron a obtener financiamiento del narcotráfico y del secuestro, mientras resurgían las estructuras paramilitares, apoyadas por sectores de la élite regional y por narcotraficantes que buscaban combatir a las insurgencias como la Mano Negra, la Alianza Americana Anticomunista, el Muerte a Secuestradores (MAS) entre otros grupos regionales. Esta convergencia de actores armados elevó los niveles de violencia y desplazamiento forzado en el país.​En esta década se incremento la denominada Guerra Sucia contra la izquierda con el genocidio de la Unión Patriótica, los ataques a diversos movimientos sociales y partidos políticos, y el recrudecimiento del accionar de los grupos paramilitares regionales.​

Uno de los episodios más dramáticos del periodo fue la Toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, perpetrada por la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19), que derivó en un asalto militar de retoma del palacio y la muerte de más de un centenar de personas. Este hecho simbolizó el deterioro del diálogo político, el autoritarismo institucional y la profunda desconfianza entre el Estado y los movimientos sociales.​​

A nivel cultural y social, la década estuvo marcada por la expansión de los medios de comunicación y por un discurso público centrado en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia frente a los «enemigos internos». Este relato fue reforzado por la presión internacional, especialmente de los Estados Unidos, que vinculaba la cooperación económica y militar con los resultados en la lucha antidrogas.​ En paralelo, los intentos de paz promovidos por el gobierno evidenciaron la búsqueda de salidas negociadas, aunque los acuerdos resultaron frágiles ante la persistencia de las causas estructurales del conflicto: desigualdad, concentración de la tierra y exclusión política.​

En conjunto, los años ochenta consolidaron el vínculo entre economía ilegal, violencia armada y crisis institucional, en un contexto donde las dinámicas globales de la Guerra Fría condicionaron la política interna colombiana.​​

Final de la Guerra Fría (1989-1991)

Véase también: Conflicto armado interno de Colombia entre 1990-2002

Tumba de Luis Carlos Galán, en Bogotá.

Hacia finales de la década de 1980 en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y comienzos de los noventa en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), Colombia vivió un momento de reconfiguración política en medio del colapso del bloque soviético. Este periodo combinó intentos de paz, reformas institucionales profundas y el cierre simbólico de una etapa marcada por el enfrentamiento ideológico global.​

En 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, un suceso que conmocionó al país y reactivó el clamor por reformas políticas profundas. En respuesta, emergió el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que impulsó un voto adicional en las elecciones de 1990 para apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Ese referendo fue aprobado por amplia mayoría el 27 de mayo de 1990, allanando el camino para cambios constitucionales.​​

En 1990 también fueros asesinados los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa​ y Carlos Pizarro Leóngomez.​

La Asamblea Nacional Constituyente se eligió en diciembre de 1990 y sesionó entre febrero y julio de 1991. Participaron delegados de los partidos tradicionales, así como representantes de grupos exguerrilleros legalizados, comunidades indígenas, movimientos sociales y nuevas fuerzas políticas emergentes.​

Uno de los logros simbólicos y estructurales de la constituyente fue la incorporación de antiguos grupos insurgentes al escenario político formal. En ese contexto, se desmovilizaron Movimiento 19 de abril (M-19), la mayoría del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores(PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), quienes obtuvieron escaños especiales en la nueva Asamblea como parte de los acuerdos de paz.​

La nueva Constitución Política de 1991, promulgada el 4 de julio de ese año, introdujo transformaciones importantes en la arquitectura del Estado colombiano: fortalecimiento de los derechos humanos, mecanismos de participación ciudadana (consultas populares, acción de tutela), reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, control más estricto del uso de estados de excepción y límite al Estado autoritario del pasado.​​

El colapso del bloque soviético también indujo una reorientación en la política exterior colombiana. Sin la presión ideológica de la Guerra Fría, el Estado empezó a enfatizar la integración regional, el comercio, la cooperación contra el narcotráfico y la búsqueda de legitimidad democrática. La ideología comunista perdió centralidad en el discurso político, y las insurgencias ya no podían reclamar explícitamente respaldo internacional como en décadas anteriores.​

No obstante, el final formal de la Guerra Fría en Colombia no significó la pacificación total. La violencia persistió, las desavenencias con grupos que no se desmovilizaron (como las FARC-EP, el ELN y las disidencias del EPL) continuaron, y el conflicto se transformó en una mezcla más compleja de narcotráfico, paramilitarismo y disputas territoriales internas. Algunas estructuras insurgentes optaron por seguir operando bajo lógicas más locales que internacionales.​​​

Referencias

• Datos: Q136510725