Capitalización individual

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

En seguridad social se denomina capitalización individual a un sistema de ahorro personal para la vejez. Como estrategia para prevenir la incapacidad laboral que produce la vejez, el sistema se distingue del régimen de reparto público en que mientras éste último está organizado a partir de un mecanismo en que los trabajadores activos financian a los pasivos, el sistema de capitalización está apoyado en un mecanismo de ahorro individual en cuentas personales de retiro. En efecto, bajo este sistema los cotizantes traspasan mes a mes un porcentaje de sus ingresos a una cuenta individual que es de su propiedad, administrada por una empresa privada que invierte tales recursos en diversos instrumentos financieros, los cuales están determinados y regulados específicamente por la ley, con el fin de incrementar el monto acumulado por el individuo a través del interés compuesto (es decir, ganar todos los meses, interés por sobre interés), de manera de que éste pueda optar a mejores condiciones de pensión al momento de la jubilación. En varios países el sistema de capitalización individual existe como opción voluntaria, organizado por empresas de seguro privadas, con objeto de complementar el sistema público de reparto.

Historia[editar]

En 1981, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera Echenique, creó en Chile un sistema de pensiones de capitalización individual en que cada trabajador chileno es propietario de una cuenta de ahorro para la vejez, donde mes a mes va depositando parte de su remuneración con el fin de ir ganando intereses producto de la inversiones que se realizan con sus ahorros, que son administrados por empresas privadas.

A partir de la década de 1990, el modelo de capitalización chileno empezó a ser replicado total o parcialmente por varios países del mundo. Entre otros figuran naciones de América Latina como Perú, Colombia y México. En numerosos países latinoamericanos se impusieron las políticas económicas de corte neoliberal del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron la privatización de los fondos de pensiones. Este modelo presentó varios problemas en su desarrollo, entre ellos los inconvenientes de ser vulnerables a la inestabilidad cíclica del capitalismo financiero y las variaciones de los mercados mundiales, en las que pueden obtenerse grandes beneficios o cosechar importantes pérdidas que podrían poner en riesgo los ahorros de jubilados y pensionados que no cuentan con otro ingreso para subsistir. Se ha verificado además, que en los casos de Chile y de Nicaragua, que con la privatización de los fondos no se logró aumentar la cobertura de la seguridad social, premisa fundamental de la defensa de los sistemas privados sobre los estatales.[1] [2] [3] [4] En Bolivia, debido a la descapitalización de los fondos privados y sus múltiples atrasos en el pago de jubilaciones, desde el 10 de diciembre de 2010 se inició el retorno de la administración de los fondos de pensiones al Estado.[5]

Principios y características generales[editar]

En mayor o menor grado, los sistemas de pensiones basados en capitalización individual comparten los siguientes principios y características generales:

Propiedad privada[editar]

Cada trabajador es propietario de una cuenta individual de ahorro para su vejez, la cual está protegida por el derecho de propiedad garantizado en la Constitución y las leyes de los países con este sistema, y en la que se depositan sus cotizaciones. Estos depósitos se capitalizan de acuerdo al rendimiento del Fondo de Pensiones durante su vida de trabajo. Al final de su vida laboral, el monto acumulado en la cuenta sirve para financiar la pensión del jubilado.

Responsabilidad individual[editar]

La característica fundamental de este sistema es que la pensión que a futuro recibirá el trabajador depende de los ahorros acumulados en su cuenta de ahorro para la vejez durante toda su vida de trabajo.

Libertad individual[editar]

En Chile, donde el sistema nació, se le entrego la total libertad a todos los trabajadores de cambiarse al sistema de capitalización o mantenerse en el antiguo sistema público. Además, los trabajadores son libres de elegir la empresa que administrará sus ahorros, de realizar los aportes voluntarios para mejorar su pensión o adelantarla, de escoger la modalidad de pensión entre las opciones que le entrega la ley. Junto con ello, por la características del sistema, la edad de jubilación no es obligatoria.[cita requerida] Cada trabajador es libre de decidir si jubila a la edad legal o si decide postergar o anticipar el momento de su jubilación. En el ámbito de las empresas administradoras de los ahorros previsionales, existe un amplia libertad de entrada al mercado de la administración de fondos de pensiones.

Traspasar poder desde el gobierno de turno a los trabajadores[editar]

Un principio rector del sistema de capitalización es que cada trabajador activo pudiera transformar el impuesto a la seguridad social (que se paga al gobierno de turno para que este lo administrara sin rendir cuenta al cotizante y con el cual paga las pensiones de los jubilados) en[cita requerida] un aporte en una cuenta de ahorro individual de propiedad del trabajador en la cual, cada ahorrante puede ver mes a mes lo que se deposita en dicha cuenta y observar como el monto ahorrado crece con los aportes que se realizan y la rentabilidad ganada durante toda su vida laboral (35, 40, 45 años).

Seguridad[editar]

El sistema de capitalización está estructurado para que los fondos de pensiones tengan la máxima seguridad en su inversión. Por lo anterior, las empresas administradoras tienen un patrimonio y una personalidad jurídica distinta a los fondos que administran. Además, las administradoras solo pueden realizar las inversiones en los instrumentos financieros señalados por la ley y, a la vez, deben mantener estrictas pautas de diversificación en sus inversiones siguiendo el viejo refrán de "mantener los huevos en distintas canastas". .

Seguro de invalidez y sobrevivencia[editar]

El sistema de capitalización contempla la existencia de una Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que financien las pensiones en caso de muerte o invalidez del trabajador y que deben ser contratados por las AFP, para sus afiliados, a una Compañía de Seguros.

Modalidades de pensión[editar]

En general, existen dos modalidades de pensión. Como primera opción, el trabajador puede optar por comprar con sus ahorros, a una compañía de seguros, una renta vitalicia que es una pensión de por vida para él y que en caso de fallecimiento, se continua pagando a su viudo o viuda y/o a sus hijos en conformidad a los señalado en la ley. Como segunda opción, el trabajador puede optar por mantener sus ahorros en la empresa que administra sus ahorros y realizar giros durante toda su vida laboral y los cuales serán su pensión. En caso de fallecimiento, los ahorros restantes que no han sido utilizados en su cuenta, pasan a ser herencia para sus sucesores.

Rol del Estado[editar]

El aparato estatal tiene dos funciones importantes en el sistema de capitalización. La primera es la regulación y supervisión de cumplimiento, por parte de las administradoras, de las normas legales que regulan el sistema, todo esto por medio de un organo estatal independiente que en Chile recibe el nombre de Superintendencia de Pensiones. La segunda es la de garantizar pensiones mínimas para las personas, que por diversos motivos, no hayan podido acumular suficientes ahorros para poder tener una pensión digna.

Efectos[editar]

Las AFP pagan cerca de 1 millón de pensiones. Al mes de abril de 2014, el monto promedio de las pensiones pagadas fue de $192.561. Bajo la modalidad de retiro programado, 9 de cada 10 jubilados/as (el 90%) percibe menos de $142.638.

Críticas[editar]

Algunos críticos del sistema señalan que estatizar los fondos de pensiones, con el fin de retener ese excedente de 4,7 billones de pesos anuales, que equivalen al 3,6% del Producto Interno Bruto de 201, permitiría duplicar todas las pensiones que paga el sistema de AFP, para igualarlas con las que paga el sistema público. El resultado es que el Estado recibiría un 3,6% del PIB, lo que equivale a aumentar en 10% los ingresos fiscales generales. Con esto, el Estado podría duplicar las pensiones, que hoy cobra del millón de personas que hoy reciben pensiones del sistema de AFP. Se prevé que la crisis se agrave en 2016 cuando jubile la primera generación de trabajadores nativa del sistema actual, que no contarán con el bono de reconocimiento de quienes transitaron ambos sistemas de pensión.[6] [7]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. El Correo (25 de octubre del 2004). «Revelador fracaso de la privatización del sistema de pensiones en Chile según informe del Banco Mundial» Consultado el 27 de julio de 2012
  2. InfoComercial (29 de octubre de 2004). «Chile: informe del Banco Mundial dice que el sistema de jubilación privada no está funcionando bien» Consultado el 27 de julio de 2012
  3. El Nortero (29 de octubre de 2008). «Estaticemos las AFP (Primera Parte)» Consultado el 27 de julio de 2012
  4. Centro de Estudios Miguel Enríquez. «El fracaso del modelo de pensiones chileno en Nicaragua» Consultado el 27 de julio de 2012
  5. http://www.infobae.com/2010/12/03/1014944-es-ley-la-estatizacion-del-sistema-previsional-bolivia
  6. http://www.elciudadano.cl/2014/03/07/102785/la-increible-estafa-de-las-afp-explicada-paso-a-paso/
  7. http://web.archive.org/web/http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/temas/reforma-pensiones/actuallidad/resultados-para-sus-afiliados-de-las-afp-y-companias-de-seguros-relacionadas-con-la-prevision-1982-2012/resultados-afp-82-12-presentaciones/resultados-afp-82-12-informe

Bibliografía[editar]