Autores Paraguayos Asociados

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Autores Paraguayos Asociados, abreviado APA o A.P.A., es una entidad de gestión colectiva, sin fines de lucro, radicada en territorio paraguayo, fundada el 1 de julio de 1951, en Asunción. Tras un sumario administrativo, basado en la Ley 1.328/1998 de "Derecho de Autor y Derechos Conexos", el 6 de abril de 2016 la asociación fue sancionada con una suspensión de 180 días por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), al detectarse graves irregularidades por la administración que lleva 21 años. Sin embargo, la Comisión Directiva que preside Alcides Roa, denunciada ante la Fiscalía por malversación, desconoció a la autoridad estatal, y judicializó el proceso, bajo el respaldo del diputado nacional Dany Durand; generando la indignación de la comunidad cultural de Paraguay.


Amparado por el Convenio de Berna de 1886, fue creada como una sociedad autoral privada y sin fines de lucro, adquiriendo legalmente personería jurídica, que tiene como objetivos primarios representar, recaudar, distribuir y administrar colectivamente los derechos de los autores y creadores sobre sus obras, creaciones y composiciones, para proteger sus derechos de estos sobre la explotación comercial no lícita de las obras.


Los objetivos de la entidad eran la protección, dentro o fuera del Paraguay, de los derechos de los autores paraguayos sobre sus creadas y registradas en allí, así como también la protección dentro del Paraguay de obras de los autores extranjeros registrados en sociedades de gestión que tengan relaciones con APA.

El APA se encarga de proteger y administrar, la reproducción, integridad y comercialización de las obras, mediante servicio de tutela jurídica y económica a los autores. Dicha protección se realiza en el extranjero a través de contratos con entidades semejantes de cada país.

Relaciones[editar]

El APA, AIE y SGP forman parte firmante de los convenios con entidades internacionales de propiedad intelectual: OMPI, CISAC, LATINAUTOR, LATINNET, SGAE, MPAA

Canon digital en Paraguay[editar]

Esta entidad en junio de 2011, impulsó la promulgación de una ley que establece un impuesto más a productos que almacenan o transmiten datos, con el presunto de que dicho producto se utilizará para infringir el derecho autoral. Inmediatamente las organizaciones sociales (CCPy, No al Canon Py, MusEkp) alertaron que se trataba de un acto de criminalización y censura a la libertad de los usuarios, basada en la estrategia de las SGAE de España, que después de más de dos años de implementación demostró que se trataba meramente de un método de fraude impulsado por la industría y que no favorecía más que a una cúpula mafiosa, escudada por las leyes, que ellos mismos redactaron.

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]