Moratoria nuclear

Se denomina moratoria nuclear a la suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales energéticas de fisión atómica (centrales nucleares).

En la décadas de los 70 y 80 del siglo XX, a raíz de algunos accidentes en diversas centrales de Estados Unidos y otros países, un sector de la comunidad científica y el incipiente movimiento ecologista comenzaron a defender que las actividades que implicaban la fisión atómica suponían un riesgo para la población y el medio ambiente en general, por los riesgos de fugas radioactivas o la compleja gestión de los residuos.

Esto llevó a varios gobiernos a plantearse la detención, y a veces la finalización, de los programas nucleares en curso. A la parada temporal de los programas se le denominó en España moratoria nuclear, ya que no implicaba el cierre de instalaciones activas, sino únicamente la paralización sine die de nuevas construcciones.

Debido a esta moratoria, en España la factura eléctrica incluye un canon o sobrecargo para las grandes compañías eléctricas en compensación por los enormes gastos que realizaron para empezar a construir centrales nucleares que luego no se terminaron de construir al rescindir el Estado los permisos de manera unilateral.

Historia

España

A partir de 1950 se produce en España un gran interés en la energía nuclear con que en la década de 1960 da lugar a la ley de energía nuclear y a la primera central de este tipo en Zorita. A ésta le siguieron Garoña, Vandellós I, Ascó, etc., propiedades todas ellas de las grandes eléctricas del país (Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa).

Tras la llegada en 1982 al poder del PSOE se suspendieron los ambiciosos programas de energía nuclear ya que la presión social había hecho incluir esta suspensión en el programa electoral de ese partido, entre otros. En 1991, se paralizan, siendo posteriormente suspendidas, las obras de 5 centrales nucleares proyectadas (Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II). Las pérdidas alcanzarían los 729.000 millones de pesetas dadas las tremendas inversiones que habían tenido que realizar las eléctricas, y que ahora no podrían obtener beneficios al haberse anulado los permisos.

Para compensarlas, el Estado español aprobó en 1997, una disposición que permite a las compañías eléctricas cobrar un porcentaje para recuperar las inversiones que permitió el gobierno iniciar y posteriormente detuvo (340.054 millones de pesetas para la central nuclear de Valdecaballeros, 378.238 millones de pesetas para la central nuclear de Lemóniz y 11.017 millones de pesetas para la unidad II de la central nuclear de Trillo.). Este porcentaje es de un 0.02% sobre la cantidad total a facturar antes de impuestos.​ El plazo durante el que esa moratoria debe permitir recuperar las inversiones realizadas es de 25 años a partir de 1995 (esto es, hasta el año 2020).​

Debido a la disminución de los tipos de interés y al fuerte aumento de la demanda eléctrica, en 2006 se modifican los criterios de la moratoria, al amortizarse más rápidamente de lo previsto la deuda contraida. Por eso se disminuye el porcentaje pagado en la factura eléctrica, pasando de un 1.72% a un 0.33%, disminuyendo a su vez el plazo de amortización hasta el año 2015.​

Posibles causas

Existen básicamente dos opiniones sobre las causas de la moratoria nuclear.

Una versión es que se debió a los movimientos ecologistas, que poseian una fortaleza creciente, marcadamente antinuclear tras Three Mile Island​ y más aun tras Chernobil (accidente que fue en realidad un año posterior a la moratoria). En España en concreto las presiones alcanzaron niveles terroristas, llegando ETA a justificar el asesinato del ingeniero jefe de la Central nuclear de Lemóniz en mayo de 1982 por cuestiones ecologistas. En octubre de ese mismo año el PSOE gana las elecciones generales, habiendo incluido en su programa la limitación de la energía nuclear. En 1984 revisa el Plan Eléctrico Nacional, limitando la construcción de nuevas centrales a 4 y paralizando otras 5, y en diciembre de 1994 se paraliza definitivamente, dejando en el balance de las empresas una inversión convertida en improductiva por esa decisión política, de 729.000 millones de pesetas. El gobierno decidió devolver esa inversión a las empresas mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la facturación por venta de energía a los usuarios.​

Otra versión defiende que se debió a causas económicas derivadas de la crisis del petróleo de 1973.​

Según David Bodansky, los encargos en EE.UU. pasaron de 129 en el periodo de 1971 a 1974 a 13 en el periodo 1975-1978.​ En Estados Unidos no existió una moratoria nuclear y Three Mile Island sucedió un año después del parón en Estados Unidos.

Los defensores de esta opinión dividen la teoría en dos fases:

• A la crisis del petroleo de 1973, le siguieron fuertes tensiones inflacionarias, que acabaron derivando en fuertes subidas de los tipos de interes. Esto supuso que los costes para la construcción de nuevas centrales fueran inabordables.
• Además el mismo efecto produjo una disminución del consumo eléctrico en Estados Unidos, de un 7% anual en promedio anteriormente a un 0.4% en 1974 y un 2.7% en promedio anual desde entonces hasta el año 2000^{[cita requerida]}.

En palabras del presidente que llevó a cabo la moratoria en España, Felipe González, esta se produjo por "dos razones: la seguridad y el agobio y sobrerresponsabilidad" que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos.​ Circunstancias que, según él mismo, habían cambiado en 2006.

Véase también

• Abandono de la energía nuclear
• Controversia sobre la energía nuclear
• Energía nuclear
• Lista de accidentes nucleares
• Reactor nuclear