Víctimas de las organizaciones guerrilleras en Argentina en la década de 1970

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Pedro Eugenio Aramburu, secuestrado y ejecutado por Montoneros.

Las Víctimas de las organizaciones guerrilleras en Argentina en la década de 1970 son personas —en su mayoría efectivos militares y policiales—[1] [2] que fueron asesinadas, muertas en enfrentamientos armados y en cautiverio, secuestradas o heridas por las guerrillas, que pretendían tomar el poder,[3] durante su período de mayor actividad[4] desde principios de los años 1970, hasta su práctica disolución a fines de dicha década, a causa de la violenta represión llevada a cabo por el gobierno ilegítimo impuesto por las Fuerzas Armadas.[5] Sus familiares piden penas y compensaciones, pero en repetidas ocasiones la Justicia se ha declarado en contra de la pertinencia legal de dichos reclamos.[6] [7] Algunos sectores minoritarios de la sociedad reivindican a estas víctimas para justificar o atenuar en parte el Terrorismo de Estado[8] o también para reclamar ante lo que creen un trato desigual con respecto a las víctimas de aquel[1] y criticar los juicios por delitos de lesa humanidad y cuestionan la política de derechos humanos del kirchnerismo.,[8] acusándolos de estar haciendo un "negocio político" con ella.[9] [10] [11] Al respecto, tanto los organismos de derechos humanos como la propia justicia argentina rechazan la pretensión de asimilar a las víctimas de la guerrilla con las del Terrorismo de Estado.,[1] [12] [13] [14] [15] aunque ha habido algunas indemnizaciones aisladas a víctimas de Montoneros.[16]

Terminología[editar]

Llamar a estas víctimas «de la subversión» no corresponde ya que como señala el Nunca Más las autoridades de la dictadura usaron dicho término con un alcance imprevisible durante la brutal caza de brujas que desencadenaron durante el terrorismo de Estado.[17]

En una entrevista para la revista española Cambio 16, el exdictador Videla señalaba sobre el concepto: «El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo».[18]

Número y características de las víctimas[editar]

La mayoría de los muertos fueron efectivos militares y policiales,[1] casi todos por acciones del ERP y Montoneros, totalizando estos según las fuentes entre 492 y 547 personas.[2] Hugo Gambini publicó dos listas que, además de los nombres de «547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura», contiene los de 230 civiles, «políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla» víctimas de estas organizaciones.[19]

Entre las víctimas hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri,[20] y Jordán Bruno Genta; políticos en actividad como Roberto Mario Uzal, o ya retirados como Arturo Mor Roig; sindicalistas que actuaban en la CGT como José Rucci y Dirck Kloosterman, o que pertenecían a la CGT de los Argentinos como Atilio Santillán; empresarios como Víctor Samuelson, Héctor Bartolomé Minetti, Antonio Do Santos Larangueira,[21] Francisco Soldati,[22] Manuel Martínez, y Ramón Samaniego; empleados como Alberto Abeigon y Ricardo Durán,[21] [22] delegados gremiales como José Pedro Chirino; diplomáticos extranjeros como los cónsules de Paraguay Joaquín Waldemar Sánchez o del Reino Unido Stanley Silvester;[23] funcionarios de empresas del Estado como Francisco Schwer de YPF;[24] funcionarios civiles como el Secretario de Coordinación y Programación económica Walter Klein y su esposa;[25] y jueces como Jorge V. Quiroga.[26]

En los ataques a veces además del objetivo principal había víctimas que podían o no tener relación con este; así, por ejemplo en el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba tuvieron heridas su esposa e hijas,[27] [28] la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo también con su esposa,[29] en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa,[30] al ser asesinado el capitán Humberto Viola también lo fue su hija María Cristina de 3 años en tanto la otra, María Fernanda de 5 años, resultó gravemente herida,[31] la esposa de Arturo Gay es muerta en el asalto al Regimiento de Azul y Paula, la hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini murió al estallar una bomba en su domicilio, hecho en el cual también murieron dos vecinos,[32] y cuando matan al general Juan Carlos Sánchez asesinaron también a la mujer que atendía un kiosko en el lugar.[28]

Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP.

En algunos casos sus asesinatos se produjeron en cautiverio tiempo después de haber sido secuestrados, como ocurrió con Pedro Eugenio Aramburu, Roberto Moisés Echegoyen,[21] Jorge Roberto Ibarzábal y Oberdan Sallustro[33] y en otros, como el de Argentino del Valle Larrabure, murieron en cautiverio estando discutidas las circunstancias.[34] Un caso especial fue el de Liliana Sofía Novakovsky, una joven de 25 años secuestrada en 1972 por las Fuerzas Argentinas de Liberación con la finalidad de obtener fondos para su actividad.[35] [36]

Otro caso ocurrió el 8 de diciembre de 1975, cuando explota un coche bomba estacionado enfrente de la Universidad de Belgrano, en donde fallece la estudiante de 18 años Laura Ferrari. Esta acción guerrillera no tenía como objetivo el asesinato de una persona específica. Por ello su madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro".[37]

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), afirma tener el nombre de 13.074 víctimas asesinadas entre los años 1969 a 1979.[4]

Agrupaciones de familiares[editar]

Un sector de los familiares de las víctimas se agruparon en la asociación «Familiares de Muertos por la Subversión» (FAMUS) cuya vocera fue por muchos años Eve Solari de Berdina pero fue disuelta en 1991.[38]

En 2006 Victoria Eugenia Villarruel fundó el «CELTYV para agrupar a familiares de las víctimas de las organizaciones armadas».[39] [40] El CELTYV se basa en testimonios directos de los familiares de las propias víctimas de la guerrilla y propone que otros familiares se acerquen a reclamar los derechos que consideran les corresponden: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación.[41]

Cecilia Pando, esposa de un mayor del ejército, fundó la «Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina» (Afyappa).

También se formó la «Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Argentina» (AVTA) y la agrupación «Argentinos por la Memoria Completa».[42]

Estas asociaciones son fuertemente criticadas desde el gobierno kirchnerista y acusadas de justificar los crímenes de la dictadura y de reivindicar el terrorismo de estado.[40] [43] [44] [42]

Comparación con el terrorismo de estado[editar]

La Justicia[14] de ningún modo pone en un pie de igualdad los delitos imprescriptibles de lesa humanidad englobados en el Terrorismo de Estado y los delitos de las organizaciones armadas.[6] [1] [12] [7] [15]

«Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables.»

Nuevo prólogo del Nunca Más, elaborado por la Secretaría de DD. HH. de Argentina, 2006.[45]

Los sectores que reinvindican justicia y/o reparaciones para las víctimas de la guerrilla insisten en este intento de asimilación. En 2008 la diputada centroderechista,[46] [47] o liberal,[48] Nora Ginzburg, presentó un proyecto para otorgar a los asesinatos a manos de la guerrilla estatus de crimen de lesa humanidad,[49] el cual no prosperó.

En relación con el asesinato de Argentino del Valle Larrabure, el juez federal IV de Rosario, aunque ratificó el dictamen del fiscal general que lo consideraba de lesa humanidad[50] desmintió que esto significara haber determinado si es o no un tal tipo de crimen.[13] [6] La Suprema Corte ratificó la resolución de la Procuración General de la Nación que dictaba como instrucción general que «no es posible aplicar al caso la categoría de los crímenes de lesa humanidad ni la de los crímenes de guerra».[51]

Luis Moreno Ocampo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en una entrevista periodística, declaró que de ocurrir estos hechos en el contexto de las leyes internacionales actuales, podrían definirse como crímenes de lesa humanidad, ya que dichas leyes los definen como un ataque masivo y sistemático a la población civil, sin ser necesaria la intervención o aval del Estado.[52] Según Gustavo A. Bossert, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es posible calificar los delitos cometidos por las organizaciones armadas como lesa humanidad porque, a diferencia del ius cogens que da sustento a la calificación para los delitos cometidos por el Estado, en el caso de las organizaciones guerrilleras no puede aplicarse cuando no existe un precedente al efecto. Utilizar el Tratado de Roma resultaría una aplicación retroactiva de la ley penal (ex post facto), lo cual no es posible jurídicamente.[12]

La Cámara Federal Porteña ordenó la reapertura de la causa que investiga el asesinato de José Ignacio Rucci,[53] cometido el 25 de septiembre de 1973. En agosto de 2012, el Juez Federal Ariel Lijo, consideró que el crimen fue cometido por la agrupación guerrillera Montoneros, y por no considerarlo «delito de lesa humanidad» archivó la causa al estar prescripto por el paso del tiempo. La Cámara revirtió ese criterio, calificando la medida del juez como «prematura» indicando que «deviene imprescindible la profundización de la pesquisa»,[54] para saber si la emboscada pudo haber sido financiada o apoyada desde el gobierno del peronista Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires. Quienes llevan adelante la causa consideran clave la declaración de Ernesto Jauretche, secretario bonaerense de Municipios al momento del crimen, ya que algunas versiones afirman que habría alquilado el departamento que sirvió de base del grupo comando y que también habría facilitado vehículos oficiales para transportar las armas y a los hombres que llevaron a cabo el operativo. El 18 de junio de 2013, el ex montonero Carlos Flaskamp,[55] autor del libro «Organizaciones político-militares (Testimonio de la lucha armada en Argentina)»,[56] prestó declaración como testigo ante el Juez Lijo y dirigió la responsabilidad por el asesinato de Rucci hacia la cúpula de la organización. Con respecto a Ernesto Jauretche, confirmó que pertenecía a la organización, pero que desconocía el cargo que ocupaba en la misma.[57] [58] De prosperar la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci y quedar comprobada la participación de funcionarios estatales en su planificación y ejecución, la justicia podría considerarlo delito de lesa humanidad, y por lo tanto juzgar a quienes protagonizaron dicho operativo.[59]

Reparación y recuerdo de las víctimas[editar]

De las citadas diferencias entre crímenes imprescriptibles del Terrorismo de Estado y crímenes de la guerrilla se desprende que las reparaciones y recuerdo de las víctimas de ambos crímenes son también diferenciados. En alusión a esa diferencia de trato, el dirigente peronista Julio Bárbaro cree que estas víctimas deberían estar en los museos de la memoria y que «nuestra sociedad necesita que esos grupos guerrilleros asuman sus responsabilidades de otros tiempos; de lo contrario, este conflicto y sus consecuencias parecen lejos de un posible final».[60]

El periodista Ceferino Reato en una nota publicada en el diario Perfil señaló que los nombres de algunos montoneros que resultaron muertos el 5 de octubre de 1975 en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 se incorporaron al REDEFA, el Registro de Fallecidos de la Ley 24.411, que es la norma que estableció el pago de una indemnización de alrededor de 150.000 dólares para los parientes de los desaparecidos y muertos antes del 10 de diciembre de 1983, como víctima de “ejecución sumaria”, una categoría creada en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que incluye muertos por grupos paramilitares como la Triple A; caídos en ataques a comisarías y cuarteles como el de Formosa, y a fusilados por Montoneros acusados de traidores y delatores. En consecuencia, sus parientes percibieron esa indemnización y sus nombres se incluyeron tanto en la “actualización” de los listados de la Conadep, que fueron presentados en la Feria del Libro de 2006 como en la nómina del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se levanta en la Costanera Norte porteña.[34]

Por otro lado, en su parte de guerra Montoneros afirmó que sus compañeros heridos durante el enfrentamiento fueron "todos finalmente fusilados" por el Ejército.[61]

La Cámara de Diputados aprobó el 29 de noviembre de 2012 un proyecto de ley del diputado radical Ricardo Buryaile y del kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, ambos de Formosa, que estableció que las familias de 16 personas muertas por los integrantes de Montoneros en el ataque al regimiento de infantería Monte 29 de Formosa —diez conscriptos, dos policías provinciales, dos civiles y un subteniente y un sargento pertenecientes al Ejército—, percibirían como indemnización por única vez, un millón de pesos.

La aprobación fue con 135 votos a favor, 18 en contra y 43 abstenciones. Entre los que se opusieron estuvieron Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso y Adela Segarra, miembros del Movimiento Evita, y los dos legisladores sabbatellistas. Por otra parte, apoyaron el proyecto, entre otros, Carlos Kunkel del Frente para la Victoria que, en aquel momento, era el jefe montonero de la región aunque no participó del ataque, y Andrés Larroque y Eduardo de Pedro pertenecientes a La Cámpora. Algunos de quienes se abstuvieron fueron Edgardo Depetri y Agustín Rossi, dirigentes de Unidos y Organizados, y Horacio Pietragalla, de La Cámpora.[16]

Hubo declaraciones de rechazo al otorgamiento de indemnizaciones de la agrupación H.I.J.O.S.[62] y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.[63]

Homenaje en la provincia de Formosa[editar]

En la provincia de Formosa desde el año 2002, a partir de la sanción de la ley provincial Nº 1395, los días 5 de octubre de cada año se conmemora el "Día del Soldado Formoseño".[64] [65] En dicha fecha se realiza un acto homenaje público en la plaza de armas “De la Victoria” del Regimiento de Infantería de Monte 29, encabezado por el gobernador de la provincia y las autoridades de las fuerzas armadas.[66]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

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  9. Marcelo Parrilli, abogado de derechos humanos, ex diputado porteño y presidente del CADHU (16 de enero de 2013). «El kirchnerismo y los DD HH como negocio político». MTS, Movimiento Socialista de los Trabajadores Fiscal. Consultado el 4 de julio de 2013.
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  47. La centroderecha se une en el Congreso para objetar a Kirchner
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