Tribunal de Orden Público

Tribunal de Orden Público
Información
Acrónimo	TOP
Tipo	Tribunal de Justicia
Fundación	2 de diciembre de 1963
Disolución	4 de enero de 1977
Jurisdicción	España
Ámbito	Nacional
Sede	Palacio de las Salesas, Madrid
Cronología
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo ◄ Actual ► Audiencia Nacional de España

El Tribunal de Orden Público, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial existente en la fase final del franquismo. Su misión fue la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas delitos políticos. Su sede era el Palacio de las Salesas en Madrid.

Historia

Nace con la Ley de 2 de diciembre de 1963, tras el fusilamiento de Julián Grimau, y sus funciones continuaron hasta el año 1977. Como motivo de su creación, se señaló que persiguiría:

aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional.

A esta declaración, concretó su actuación en los siguientes delitos:

Aquellos que van contra el jefe del Estado, las Cortes, el Consejo de Ministros y forma de Gobierno; con ocasión del ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las leyes; la rebelión y la sedición; los desórdenes públicos; la propaganda ilegal; las detenciones ilegales siempre que obedecieran a un móvil político o social; la sustracción de menores; el allanamiento de morada; las amenazas y coacciones; y el descubrimiento y revelación de secretos.

Asumió las funciones de la entidad llamada Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y de la justicia militar. A lo largo de sus casi 14 años de funcionamiento fueron encausados y condenados miles de ciudadanos. Procesos judiciales como el famoso Proceso 1001, contra destacados dirigentes del Sindicato Comisiones Obreras, correspondieron al TOP. Por Decreto Ley del 4 de enero de 1977 se suprimió al mismo tiempo que se creaba en su lugar la Audiencia Nacional. La ley 52/2007 declaró en sus artículos 2 y 3 que este Tribunal era ilegítimo y sus sentencias injustas.