Sentencia arbitral de Guadalupe

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La Sentencia Arbitral de Guadalupe fue una resolución jurídica dictada en el Monasterio de Santa María de Guadalupe, Extremadura, el 21 de mayo de 1486[1] por Fernando el Católico para liberar a los campesinos catalanes que estaban sujetos a la tierra de un señor (payeses de remensa) de sus obligaciones a cambio de un pago y para abolir los "malos usos" de los señores.

Contexto[editar]

Para resolver el conflicto entre payeses y señores de remensa Alfonso V el Magnánimo autorizó a los payeses para que, por grupos inferiores a 50, eligieran síndicos. Más de 25.000 payeses se comprometieron a eso en 1449 que presentaron un proyecto de compromiso o concordia. En 1455 el monarca abolió los "malos usos" a cambio de una compensación económica. Esta medida chocó contra los intereses de los señores y provocó una guerra en la que los señores lucharon contra los campesinos, que estaban encabezados por Francesc Verntallat.[2]

La guerra civil de 1462-1472 había hecho mella en dicha sociedad y las causas que la motivaron no habían desaparecido. Aparte los catalanes tenían aún ciertas dificultades: piratería en las costas, competencia extranjera contra los productos de su economía, paro, emigración...[1]

En las Cortes de Barcelona de 1480-1481, presididas por el rey Fernando II de Aragón, se tomaron las primeras medidas para lo que se había calificado como recuperación (redreç) de la economía catalana y, en particular, para dar solución a las cosas como las confiscaciones realizadas por ambos bandos durante la guerra.[1]

La Consitución de la Observancia promulgada en aquellas cortes señala la reconciliación del monarca con las instituciones catalanas pero la situación vuelve a empeorar a partir de 1484. Es probable que el establecimiento de la Inquisición ayudara pero lo cierto es que Cataluña no había superado la crisis.[1]

Sobre el tema de los payeses de remensa (llamados también simplemente remensas), para satisfacer a los señores Fernando restableció los derechos que existían antes de 1455. Esto no gustó a los remensas. En 1483 estos reciben autorización para volver a reunirse con el monarca y plantearle sus reivindicaciones, lo que no gusta a los señores y provoca agitación en Cataluña, temiéndose una nueva guerra.[1]

En 1484 los payeses de remensa más radicales, dirigidos por Pere Joan Sala, se levantaron en armas y pidieron que se reconociera a los campesinos el pleno derecho a la propiedad de la tierra.[2]

Sin embargo, una vía más moderada se impuso. Señores y remensas aceptarán el arbitraje de la Corona, por considerarla imparcial. En la sentencia arbitral quedarán abolidos los "malos usos", como el "derecho de maltratar" que tenían los señores sobre los campesinos. Los campesinos pueden obtener la libertad personal mediante el pago de una suma de sesenta sueldos, a pagar en un año o en varios. Además se establece el derecho a que el campesino pueda permanecer en la parcela de tierra pagando un alquiler de larga duración al señor y que dicho arrendamiento se pueda transmitir a los herederos.[1]

Referencias[editar]

  1. a b c d e f Pérez, Joseph (Primera edición. 1988. Consultada la tercera edición, de 2001). Isabel y Fernando: Los Reyes Católicos. Nerea. pp. 104–105. 
  2. a b Domínguez Nafría, Juan Carlos (Septiembre-agosto 2007). «La lucha por la justicia. Tres disposiciones legales de los Reyes Católicos». Reina Católica (11). http://www.reinacatolica.org/publicaciones/RCA11.pdf. Consultado el 19 de octubre de 2014.