Sentencia arbitral de Guadalupe

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La Sentencia arbitral de Guadalupe fue una resolución dictada por Fernando II de Aragón el 21 de abril de 1486 mediante la cual ponía fin al conflicto secular entre los señores feudales y los payeses, agricultores y ganaderos del reino de Aragón, presionado por la reciente Guerra Civil del Principado de Cataluña (1462-1472).

Aunque la historiografía tradicional habla del fin de la remensa y de otros malos usos, no es así, y basta con leer el documento para darse cuenta. Lo que sí prevé la sentencia real, es que los payeses pudieran redimir los mals usos, y otros derechos señoriales que se podrían incluir dentro de las consuetuds iniqües (o costumbres inicuas, tal como llamaba la gente a estos abusos) cuyo número varía según los autores y el lugar. Con la sentencia arbitral, se confirmaron las jurisdicciones señoriales, es decir, el derecho a juzgar a sus vasallos en los términos, con la posibilidad de imponer multas y sanciones en tribunales civiles, con letrados más bien próximos a los señores, y también el dominio directo de la tierra de los señores (trabajada y pagando unos censos los payeses). Con la sentencia, también se obligaba a devolver a los señores, los castillos y plazas que se habían ganado durante el conflicto previo, además de imponer una multa de 6.000 libras en concepto de indemnización a los nobles (a pagar lógicamente por los payeses).

Fernando II redimió a algunos payeses, pero a otros tantos los castigó severamente, si no con la muerte, con la expropiación de sus tierras o con su esterilización, que al fin y al cabo, vendría a ser lo mismo.

Teniendo en cuenta que los remençes luchaban por abolir el sistema feudal, esta voluntad real no puede considerarse como una victoria de la clase agrícola, sino más bien una confirmación del poder establecido a favor de las clases ya dominantes.