Sentencia arbitral de Guadalupe

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La crisis de la Baja Edad Media, y muy especialmente la guerra civil en Cataluña, había diezmado la población de la Corona de Aragón y debilitado su economía. El rey Fernando II dictó una serie de medidas, con la intención de solucionar los graves problemas pendientes y revitalizar la economía. En primer lugar la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486) abolió algunos derechos feudales en Cataluña, los llamados malos usos, que obligaban a los remensas a pagar muchos tributos, limitaban su libertad personal y permitían el maltrato a los siervos. La sentencia estableció un nuevo tipo de contrato, que garantizaba a los campesinos su posesión de la tierra durante muchos años y su transmisión en herencia. En Aragón y Valencia, sin embargo, la nobleza mantuvo buena parte de sus privilegios. De esta manera, las condiciones de los campesinos sometidos a servidumbre, muchos de los cuales eran moriscos, continuaron siendo muy duras. Por último, para estimular y proteger el comercio y las manufacturas, se promulgaron nuevas leyes como la imposición de aranceles a la importación de tejidos de lana. Cataluña fue recuperando lentamente su actividad artesanal y Valencia consolidó su actividad comercial gracias a la vitalidad de su puerto.