Resistencia contra la autoridad

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El desacato o resistencia a la autoridad es, en algunos ordenamientos, un delito que se comete al calumniar, injuriar, insultar o amenazar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya de hecho o de palabra, o ya en escrito que se le dirija.[1]

El bien jurídico protegido es la administración pública. Es decir, la sanción del delito tiene como fin garantizar la obediencia de los ciudadanos al poder coactivo del Estado.

Tipo penal[editar]

La acción penalmente sancionada consiste en desobedecer o resistir. En el primer caso, la desobediencia, se trata de una omisión, que se concreta simplemente con la falta de acatamiento a una orden; por lo tanto, es indispensable que exista esa orden. En el segundo caso, la resistencia, requiere una acción, mediante la cual una persona intenta evitar que otra realice determinada acción; en este caso, la acción que ordena un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Además, para que el delito penal se conforme, es necesario que exista una orden (un pedido no es suficiente), que sea un funcionario público el que imparta la orden y que esa orden haya sido impartida en ejercicio de sus funciones.

En algunas legislaciones, cuando existe un delito cometido in fraganti, el derecho penal asimila a un funcionario público a la persona que intenta detener al delincuente. Por lo tanto, la resistencia o desobediencia de este tipifica también el delito de resistencia contra la autoridad.

Se trata de un delito intencional, sin que exista la modalidad culposa o por negligencia del mismo.

Regulación por país[editar]

Argentina[editar]

Se trata de un delito excarcelable pues tiene una pena mínima asignada de 15 días de prisión. Su pena máxima es de un año de prisión.

El delito se distingue y suele ser agrupado en el mismo género del de atentado contra la autoridad, que suele castigarse con una pena levemente más grave, y que se produce cuando una persona utiliza la intimidación o la fuerza contra un funcionario público para obligarlo a realizar un acto propio de sus funciones.[2]

Se consideran formas atenuadas de la resistencia a la autoridad, la perturbación del orden en las sesiones de los cuerpos legislativos y judiciales o en los lugares donde un funcionario público esté ejerciendo sus funciones.[3] También suele ser sancionado, como forma atenuada, la obstrucción de las tareas de un funcionario público, cuando no llegare a encuadrar en un desobediencia abierta.[3] Otra forma atenuada de resistencia a la autoridad es la falta de comparecencia de un testigo o un perito cuando hubieran sido debidamente citados por un juez.[4]

Chile[editar]

En el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil de Chile, si bien el término no está explícitamente indicado, el desacato es punible con presidio menor en grado medio, es decir, 541 días hasta 3 años y un día [5] hasta presidio menor en grado máximo, es decir, 3 años y un día hasta 5 años[6]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Definición de desacato según el Diccionario de la lengua española (RAE). RAE 2011
  2. Código Penal de Argentina, art. 237.
  3. a b Código Penal de Argentina, art. 241.
  4. Código Penal de Argentina, art. 243.
  5. «Definición del Presidio menor en su grado medio, en el Diccionario Jurídico Chileno». Consultado el 11-06-2014.
  6. «Definición del Presidio menor en su grado máximo, en el Diccionario Jurídico Chileno». Consultado el 27-11-2012.

Enlaces externos[editar]