Reforma política española de 1977

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El proceso de reforma política española de 1977 es un conjunto de modificaciones de la legislación vigente en España hasta este momento, las Leyes Fundamentales del Reino, promulgadas por Francisco Franco, que concluyen con la entrada en vigor de una Constitución, que convirtieron al país en un "Estado social y democrático de Derecho".

La reforma tenía como objetivo reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (fuertemente restringidos con la legislación vigente a la sazón), legalizar todos los partidos políticos (el único partido legal era la FET y de las JONS) y permitir a los trabajadores su sindicación y sus derechos laborales (existía un único sindicato vertical, la Organización Sindical, y el derecho a huelga no estaba reconocido). Esta reforma implicaba la aprobación de una Ley Electoral para regular los comicios y la modificación del Código Penal para eliminar los delitos considerados políticos, además de conceder una amnistía a los presos por estos delitos.

La piedra angular del proceso fue una ley con carácter de Ley Fundamental: la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977 de 4 de enero), aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes Generales y sometida al Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976, con una participación del 77 por ciento del censo y un 80 por ciento de votos a favor. La nueva norma determinaba lo siguiente:

  1. Establecía el concepto de soberanía popular como derecho político igual para todos los mayores de 21 años (que era en ese momento la mayoría de edad legal).
  2. Procedía a crear un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado, con un mandato de cuatro años. Sus miembros serían elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto, a excepción de una quinta parte de los senadores que eran designados directamente por el Rey.
  3. Autorizaba expresamente al Gobierno o al Congreso de los Diputados así elegido a iniciar una reforma constitucional, si bien no indicaba textualmente que las Cortes Generales resultantes fueran a derogar el conjunto de Leyes Fundamentales que, como bloque constitucional, mantenían la estructura del régimen político proveniente de la dictadura. Esto era así con el fin de no provocar la oposición de los partidarios a ultranza del régimen franquista, el llamado búnker.

Sin embargo, entre enero y abril de 1977, se suceden los expedientes de legalización de los distintos partidos políticos, entre los que se destaca la creación de la Unión de Centro Democrático como fuerza de centro-derecha liderada por el entonces Presidente del gobierno, Adolfo Suárez, la legalización del Partido Socialista Obrero Español en febrero y del Partido Comunista de España en abril, y la creación de Alianza Popular. A pesar de todo ello, y de lo que suponía la reforma, la oposición propugnó la abstención al considerar que la reforma era insuficiente y que la ruptura democrática era la única forma de superar el régimen.

El ex diputado socialista Pablo Castellano recuerda en su libro Por Dios, por la Patria y el Rey (2001; pp. 71–72): «Llegado el día de tomar la verdadera medida a aquella decisión, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, cuando se olfatea que el modelo de monarquía que se perfila es realmente distinto al que en su día se proponía, es cuando trece procuradores en Cortes, siete de ellos tenientes generales y otro un general votan en contra. A su lado otros catorce votan a favor. Como Franco ya había muerto se podían permitir hacer lo que en toda su vida jamás habían hecho: votar en contra de un proyecto del Gobierno».

En mayo se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales bajo el sistema de la nueva legislación para el 15 de junio de 1977 que ganó la UCD con un 34,72% de votos, seguida del PSOE con un 29,25%, PCE con un 9,4%, AP con un 8%. Tras el proceso electoral, una vez constituido el Congreso y el Senado, se procedió a crear la Ponencia Constitucional a la que se le encargó la redacción de una nueva Constitución de corte democrático occidental.

En octubre de 1977 se aprobó la última amnistía general que liberaba a los últimos presos políticos. Este periodo coincide parcialmente con el denominado de transición democrática.

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