Reforma agraria chilena

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La reforma agraria chilena es el proceso de transformación del agro chileno que se desarrolló entre los años 1962 y 1973, y que supuso la redistribución de un porcentaje significativo de las parcelas de tierras nacionales.

Historia[editar]

La reforma agraria se inició bajo el gobierno de Jorge Alessandri, con la promulgación de la ley 15 020 de 1962.[1] Su objetivo fue la mejora de los niveles de producción agrícola a través de la lenta modificación del régimen de tenencia de la tierra. Esta política debía operar mediante el reagrupamiento de los minifundios y la compra de latifundios mal explotados, apoyándose en un paralelo mejoramiento de las condiciones sociales y culturales de los pequeños propietarios y de los trabajadores campesinos. holam xdloool

La iglesia católica chilena, encabezada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, ya había iniciado un proceso de reforma de los predios de su propiedad, antes de la dictación de la ley 15 020.[cita requerida]

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se impulsó una reforma más amplia y operativa, capaz de hacer más expedito el proceso de las expropiaciones. El 26 de abril de 1966 fueron promulgadas dos nueva leyes sobre la materia, cuyos criterios básicos fueron, entre otros, la incorporación de los campesinos a la propiedad de la tierra que trabajan, la promoción de los campesinos y sus familias para lograr su incorporación a la vida social, cultural y política del país, el mejoramiento de la productividad agrícola en todos sus niveles, la reforma del sistema de manejo y aprovechamiento de las aguas, y la reestructuración de los organismos públicos que cumplían funciones relacionadas con la agricultura. Además, se consiguió un tope en las expropiaciones de latifundios, reservándose al propietario una superficie de hasta ochenta hectáreas para riego, las llamadas hectáreas básicas. La segunda, ley 16 625 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que permitió la asociación de los campesinos, también fue conocida como la sindicación campesina.[2]

Entre 1965 y 1970 fueron expropiados en todo el país 1319 predios con un total de 3 408 788,3 hectáreas. En los predios expropiados, se precedió a la organización de los Asentamientos de Reforma Agraria, etapa de preparación de los campesinos para la adquisición de la propiedad, que duraba entre tres y cinco años.

Durante el gobierno de Salvador Allende, el proceso de expropiaciones se aceleró bruscamente, debido a la presión de las organizaciones campesinas. Al producirse el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista, que había prevalecido por más de 400 años, había llegado a su fin.

Sin embargo, en las dos décadas siguientes el modelo neoliberal instaurado en el gobierno militar de Augusto Pinochet, irrumpió en el mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos propietarios, quienes modernizaron la producción agrícola y convirtieron en proletariado a los campesinos.[3] [4]

Características[editar]

Ningún chileno podía ser dueño de una extensión de tierra mayor a 80 hectáreas de riego, denominadas como las 80 hectáreas básicas. Eran expropiables:

  • Toda propiedad agrícola de corporaciones o sociedades.
  • Toda propiedad agrícola cualquiera sea su tamaño que estuviese mal explotada.
  • Toda propiedad agrícola beneficiada por obras de regadío efectuadas por el Estado.

El pago de las propiedades expropiadas se calculaba en base al valor fiscal de la última tasación. Este sistema de avalúo provocó que las propiedades agrícolas fueran avaluadas a un valor mucho menor que el de mercado. Una vez determinado el valor de la propiedad, se procedía a pagar; dependiendo del tamaño de la propiedad se pagaba al contado entre un 1 a 10% del valor, el resto en bonos de la reforma agraria no reajustables a 25 o 30 años.

Referencias[editar]