Propiedad privada en Venezuela durante la Revolución Bolivariana

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La propiedad privada en Venezuela ha sido objeto de polémica durante la Revolución bolivariana (1999—actualidad) impulsada por Hugo Chávez y ahora liderizada por Nicolás Maduro tanto por personas afectas al gobierno como de la oposición.

Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la ley y los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro hayan afirmado que aceptan la propiedad privada, las medidas tomadas por ellos en materia de expropiación y/o regularización de la propiedad privada han sido criticadas por la oposición venezolana en distintas ocasiones.

Para ciertos sectores de la oposición venezolana las recientes actuaciones en materia de expropiaciones así como la creación de un nuevo esquema de propiedad, la propiedad social, entran en contradicción con el régimen de propiedad que establece la Constitución de la República vigente desde el año 1999 y por ello la Asamblea Nacional, y el propio Presidente Chávez han intentado darle sustento formal a las estas actuaciones. Sin embargo, para Francisco Sierra Corrales, articulista en Aporrea, la Constitución venezolana no es ni anticapitalista ni anticomunista, y protege tanto el modo de producción capitalista y como el modo de producción socialista en los artículos 308, 70, 118 y 184.[1]

Puntos de vista sobre la propiedad privada[editar]

Puntos de vista dentro del oficialismo[editar]

Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013.

Aceptación de la propiedad privada[editar]

En 1998 Hugo Chávez es electo para la presidencia de su país e impulsó lo que llamaría «Revolución bolivariana», la cual inicialmente tomaría la tercera vía[2] y declararía no estar en contra de la propiedad privada.[3]

Luego, el proyecto político de Chávez tornaría hacia el socialismo del siglo XXI, y afirmaría que no comparte «la idea marxista-leninista de que no debe haber propiedad privada» en su programa Aló Presidente del 26 de agosto de 2007,[4] cercano al referéndum constitucional de ese año promovido por él mismo el cual fue rechazado democráticamente. Esta propuesta afectaría al artículo 115 de la Constitución venezolana, asegurando diferentes formas de propiedad —entre ellas la privada— y manteniendo la «justa indemnización» si se expropia. La propuesta para la modificación en este artículo añadiría la propiedad pública, la propiedad social (directa e indirecta), la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, propiedad colectiva y la propiedad mixta.[5]

El 6 de octubre de 2012, Chávez garantizó que no se tiene previsto eliminar la propiedad privada y manifestó estar en contra de empresarios que «abandonaron las fábricas, no cumplieron con las leyes, especulan, no pagan impuestos o mantienen tierras improductivas», y tendrá el apoyo la «empresa que esté produciendo».[6] En el programa de Gobierno de Hugo Chávez para el período 2013-2019 denominado «Plan de la Patria» se plantea «desarrollar un sistema de estímulos para el fomento de las pequeñas y medianas empresas privadas, empresas conjuntas en un marco de máxima corresponsabilidad social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de los hombres y mujeres emprendedores», sin embargo, el programa busca «fortalecer la planificación centralizada», contraria a los principios de libre mercado.[7]

Jorge Arreaza, yerno de Chávez y actual vicepresidente de Venezuela, aseveró en julio de 2010 que «el hecho de que el PSUV se enuncie como marxista no es meramente enunciativo» y que la militancia debe estudiar el marxismo y que permite conocer «el tema de la propiedad de los medios de producción estratégicos, la necesidad de la propiedad social indirecta y directa». Y acerca del sector privado Arreaza manifestó que «en nuestro socialismo tiene un espacio la propiedad privada, si no es monopólica y si tiene función social, es decir, sí cumple con las constitución y las leyes».[8] En septiembre de 2013, Arreaza manifestó que «creemos en la coexistencia de los distintos tipos de propiedad pero para nosotros la propiedad social, directa e indirecta, es lo más sagrado que existe porque es la base de la construcción de la nueva sociedad» y también que la propiedad privada es bienvenida si está «dispuesta a producir y a ser sometidos al Gobierno económico».[9] [10] En febrero de 2014, Jorge Arreaza en medio de reuniones con empresarios venezolanos afirmó que «nuestro socialismo reconoce al sector privado, estatal y socio-comunal, a diferencia de proyectos anteriores. Estamos seguros que podemos convivir y coexistir para generar producción y trabajo liberador en nuestro país».[11]

Visión sobre expropiación, estatización y socialización[editar]

En el Aló Presidente número 360 de junio de 2010, Chávez estuvo de acuerdo con la propuesta de un trabajador de Lácteos Los Andes sobre expropiaciones «sin indemnización para los que conspiran contra el proceso revolucionario», pero volvió a negar querer una estatización total de la economía.[12] En octubre de 2010, Chávez afirmó que «el socialismo no niega la propiedad privada» y puntualizó que «no toda propiedad privada es condenable; la propiedad privada es perversa cuando degenera en la acumulación egoísta».[13]

Aún cuando en 1998 el Presidente Hugo Chávez declaraba no estar en contra de la propiedad privada, ha sido su Gobierno criticado por sectores opositores por ser el que menos ha fortalecido la propiedad privada de los venezolanos en la historia reciente. En palabra de sus propios ministros y de algunos diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, la propiedad privada es punta de lanza en el llamado socialismo del siglo XXI y por lo tanto la misma debe ser eventualmente modificada para fortalecer la llamada propiedad social.[cita requerida] A través de la nacionalización de sectores que el Estado considera estratégicos, expropiación de empresas que por lo general violan las leyes o atropeyan a sus trabajadores, confiscación de tierras agrícolas, creación de empresas del Estado y el fortalecimiento progresivo del sector privado a través de las nuevas regulaciones, el Gobierno ha logrado un importante control de la economía.

Algunos políticos del chavismo como el exdiputado Ulises Daal, quien fue coordinador del grupo de parlamentarios que redactó el anteproyecto de Ley de Propiedad Social y quien opina que «la idea es que todos los medios de producción sean socializados», pero que «la propiedad privada seguirá estando en la realidad por un largo trecho en la etapa de transición».[14] Por su parte, el también político oficialista Aristóbulo Isturiz, 15 diciembre de 2009 afirmó que ”se debe eliminar la propiedad privada en esta nueva etapa de la Revolución”.[cita requerida]

El Partido Comunista de Venezuela, aliado del partido de Gobierno PSUV, sugirió a través de su secretario general Óscar Figuera en octubre de 2013 la «centralización del comercio exterior».[15]

Para el economista oficialista Víctor Álvarez en su artículo Estatizar no siempre significa socializar critica al socialismo del siglo XX por estatizar prácticamente todos los medios de producción, lo cual, según Álvarez, trajo como consecuencia: «implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor, (...) generando una permanente escasez, racionamiento y especulación»; «entronización de poderosas élites de la burocracia (...) que derivaron en una burguesía funcional» e «ineficaz burocratismo». Igualmente criticó un «doble discurso» del sector privado venezolano, donde consideró que la indemnización favoreció a empresarios cuyas plantas obsoletas tenían varios años cerradas como Invepal, Inveval, Invetex y Cerámicas Maracay. Álvarez también dijo que el socialismo del siglo XXI no se trata de «destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado», sino generar una economía en la cual «los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo». Álvarez también opinó que en vez de gastar millones para transformar la propiedad privada en estatal, se podría invertir en la «creación de nuevas y mejores empresas de la economía social» ya que «nos quedamos con el mismo número de establecimientos» y «eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo».[16]

Puntos de vista dentro de la oposición[editar]

Para Trino Márquez, sociólogo y director académico de CEDICEthink tank venezolano pro-libre mercado capitalista—, en su artículo de opinión Venezuela: ¿existe la propiedad privada?, en Venezuela ocurre algo muy distinto con respecto a lo que dice la Constitución en lo referente a la propiedad privada. Márquez asegura que la propiedad privada tiene un «acoso permanente» por parte del Gobierno que ha «reducido gravemente su eficiencia y su importancia» a través de «numerosas y graves restricciones», lo que ha impedido, según él, la disposición de los bienes, como indica el artículo 115 de la Constitución venezolana. Márquez también manifiesta que el control de cambio establecido a través de CADIVI obliga a las empresas a «una relación de sometimiento y dependencia absoluta del Ejecutivo».[17]

Para el excandidato presidencial de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, «la propiedad privada no es un capricho, es ley»,[18] por otra parte, su programa de gobierno para la presidencia incluiría «un Estado promotor y respetuoso de la propiedad privada».[19]

En la obra del abogado venezolano Luis Alfonso Herrera Orellana Legislación Venezolana y Propiedad Privada Análisis Costo-Beneficio, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal propone «instaurar una economía de planificación centralizada», la Ley de Costos y Precios Justos «liquidó el sistema de precios y, con éste, la libertad económica, los derechos de propiedad, los derechos laborales y la libertad de los consumidores y usuarios a elegir bienes y servicios según sus preferencias», la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda «permite la expoliación e invasión consentida por el Gobierno Nacional de inmuebles de propiedad privada con la excusa de refugiar y ejecutar soluciones habitacionales a favor de quienes han sido afectados por las lluvias en los últimos años en Venezuela».[20]

En las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad de 2012 la precandidata a la presidencia María Corina Machado propuso un capitalismo popular y afirmó que cuando se le quita la propiedad a una persona esa acción es robar.[21]

Para la historiadora Margarita López Maya la reforma constitucional pretendía debilitar la propiedad privada porque se «había propuesto cambiar el verbo “garantizar” por “reconocer”».[22]

Gremios industriales, ONG, académicos y representantes de los sectores afectados han denunciado que las medidas regulatorias tomadas por el Gobierno venezolano durante la Revolución bolivariana no sólo atentan contra la propiedad privada sino que además no han generado los resultados ofrecidos. Estos afirman que el desabastecimiento nacional de materia prima y productos terminados – y el derrumbe de la economía venezolana en un 4,5% en el tercer trimestre del 2009 – [cita requerida] se deben en parte a las nacionalizaciones del Gobierno, que han debilitado la economía al alejar la inversión privada y restringir aún más la oferta de bienes y servicios.

En junio del 2009 dos organizaciones civiles, CEDICE y Asoesfuerzo, iniciaron una campaña en medios en defensa de la propiedad privada, denunciando que las nuevas leyes y las expropiaciones recientes constituían una prueba clara de que la propiedad en Venezuela estaba en riesgo. [cita requerida] La campaña en medios fue prohibida días después porque las autoridades consideraron que la misma causaba zozobra en la población. Representantes de ambas organizaciones tienen actualmente un procedimiento abierto en fiscalía por este motivo.

Instrumentos legislativos[editar]

Constitución venezolana[editar]

La Constitución venezolana protege el derecho de propiedad.

Venezuela es un país donde la propiedad privada está protegida constitucionalmente en diversos artículos al igual que otras formas de propiedad, esta carta magna fue impulsada por Hugo Chávez en 1999. Uno de los artículos de la Constitución de ese país que asegura el derecho de propiedad es el artículo 115, sin embargo, bajo el mismo artículo, también se establece que «estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general» y sólo podrá ser expropiada bajo «justa indemnización» y «por causa de interés social».[23] Igualmente, el artículo 112 de la Constitución venezolana establece que «todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes» y que el «Estado promoverá la iniciativa privada».[24] Por su parte, el artículo 309 establece que un deber del Estado es proteger y promover la pequeña y mediana industria y microempresas como también a las empresas de trabajo asociado o comunitario bajo régimen de propiedad colectiva como las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, entre otras.[25] Estas empresas de trabajo asociado también están protegidas por los artículos 70, 118 y 184 de la Constitución.[26] [27] [28] Además, la Constitución venezolana prohíbe privatizar los bienes y servicios públicos de salud[29] y a Petróleos de Venezuela.[30]

Nuevos instrumentos[editar]

En el año 2007[editar]

Hugo Chávez ejerciendo su derecho al voto en el referéndum constitucional de 2007.
La propuesta de reforma constitucional fue rechazada democráticamente.

Reforma constitucional: se propone mantener la propiedad privada y crear nuevos conceptos de propiedad como propiedad pública, la propiedad social (directa e indirecta), la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, propiedad colectiva y la propiedad mixta, y no se eliminan ningún atributos que pueda afectar la ley de la propiedad privada. Dicha reforma fue rechazada democráticamente.

En el año 2008[editar]

Por la vía habilitante el Ejecutivo aprueba 26 decretos ley, entre los cuales se encuentran la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. Ambas declaran de utilidad pública toda la actividad de producción y comercialización de alimentos. La declaratoria de utilidad pública a todo el sector es el primer paso requerido por Ley para poder expropiar posteriormente activos utilizados en la producción de alimentos.

Anteproyecto de Ley de Propiedad Social: con esta nueva regulación se pretende establecer este nuevo concepto de propiedad donde explícitamente se deja por escrito que la propiedad, en sus diversas formas, es administrada y controlada por el Estado. El Proyecto no ha sido discutido aún a pesar de que se ha anunciado su aprobación en diversas oportunidades.[cita requerida]

Publicación de La Ley de Tierras Urbanas: Ley que facilita el proceso de expropiación y simplifica el proceso. Se declaran de utilidad pública los terrenos sin uso en zonas urbanas, lo cual justifica cualquier acción del Estado para adquirirlos en nombre de la función social de la tierra.

Anteproyecto de Ley para Asentamientos Urbanos: Ley que ofrece la titularización de las viviendas en zona populares, en este caso dicha titularización se refiere al goce y disfrute más no a la disposición del bien. Esto quiere decir que aquellos que reciban títulos de las tierras en zonas populares sólo tienen permiso para usarlas más no para venderlas ni para que sus hijos puedan heredarlas.

En el año 2010[editar]

Ley Orgánica de Participación y Poder Popular: dentro del cuerpo de esta Ley, se encuentra como un artículo más, la propiedad social definida como el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción.

Justificaciones de expropiación por parte del Gobierno[editar]

Logotipo de Abasto Bicentenario, antigua cadena de supermercados Éxito, expropiada en 2010 por el Gobierno venezolano.

En el año 2005, el Gobierno de Venezuela, comienza una serie de expropiaciones de empresas en quiebra ya que se trata de activos esenciales para el desarrollo endógeno de las regiones. Las empresas expropiadas en estos primeros años eran empresas medianas con actividades que no necesariamente eran estratégicas para el Estado. Años más tarde se inicia una nueva etapa de expropiaciones, a través de la nacionalización de sectores de la economía que el Estado declara como estratégicos, concretamente los sectores de telecomunicaciones, electricidad, cemento, acero, energía y servicios asociados a la industria petrolera. Paralelamente a esta nueva política de nacionalizaciones continúan las expropiaciones aisladas a empresas y por diversos motivos. Ejemplo de esto es la expropiación de empresas de válvulas, papel, arroz, carne, jugo de frutas, hoteles, café, telas, sardinas, centrales azucareros, areneras, centros comerciales, y cadenas de comercialización de alimentos, entre otras. En estos casos de expropiaciones aisladas se utilizan diversas justificaciones legales. Entre ellas que las empresas no están subordinadas al Estado socialista (Hotel Hilton), que se trata de productos tradicionales (Caso Café), que no producen los productos que quiere el Estado (Caso Cargill) que se necesitan las instalaciones (Caso Centro Comercial Sambil), especulan (Cadena Éxito) o simplemente son necesarias para llevar a cabo la revolución.

Las expropiaciones han afectado no sólo al sector manufacturero sino además a la producción agrícola. Durante estos años el Gobierno ha expropiado miles de fundos o haciendas a lo largo del país bajo una figura denominada rescate, ya que muchos de esos propietarios se apropiaron ilícitamente de centenares de hectáreas sin darles ningún uso. Según una ONG local (Información poco confiable), Provea, sólo en el año 2008 se confiscaron más de 700.000 hectáreas.

Durante la presidencia de Nicolás Maduro, este ha ocupado temporalmente distintos locales como Daka, cadena de electrodomésticos, para vender sus productos a «precio justo»,[31] igualmente Maduro en febrero de 2014 advirtió que las empresas que no se ajusten a la Ley de Precios podrían ser expropiadas.[32]

Ejemplos específicos de expropiaciones[editar]

Logo de CANTV, empresa de telecomunicaciones renacionalizada en 2007 por el Gobierno de Hugo Chávez.

En enero del 2007, el presidente Hugo Chávez anunció la intención de su gobierno de nacionalizar compañías de electricidad y telefonía, y tomar el control de varios proyectos petroleros que tenían inversiones extranjeras importantes. Entre los ejemplos notorios están los de CANTV, la compañía de telecomunicaciones más grande de Venezuela, y Electricidad de Caracas, la compañía de electricidad más grande que cotizaba en bolsa. En ese momento la compañía Verizon Communications era parte dueña de CANTV y AES Corporation controlaba Electricidad de Caracas. Ambas vendieron sus acciones de las compañías a Venezuela poco tiempo después del anuncio de Chávez, en desventaja.[33] Ambas empresas salieron beneficiadas con dicha expropiación ya que el avaluo por la empresa estuvo muy por encima de su precio real, la actitud beneplacita en la que sus dueños vendieron dichas empresas muestra claramente estar complacidos por la venta realizada.

Otro sector en el que el Gobierno ha alcanzado una importante participación es el del procesamiento y comercialización de azúcar. Sin embargo, el resultado inmediato de estas expropiaciones en el sector no ha sido el incremento de la producción como se anunció inicialmente, sino por el contrario el aumento de las importaciones. Según Fedeagro la producción nacional de azúcar ha disminuido 30 % respecto a la producción en el 2006.[cita requerida]

Otro caso emblemático es el de la expropiación de la planta de arroz propiedad de Cargill. Entre los considerandos del decreto de expropiación se encuentra: “Que en la ciudad de Acarigua, Municipio Esteller del estado Portuguesa, se encuentra una planta procesadora de arroz, destinada exclusivamente a la producción de arroz precocido por evaporación (parbolizado), modalidad que no se encuentra dentro de los rubros alimenticios cuyos precios han sido regulados por el Ejecutivo Nacional, por lo cual importantes cantidades de arroz se destinan a la producción de la mencionada modalidad, en detrimento del mantenimiento de los inventarios de abastecimiento de arroz blanco de mesa.” Esta medida es aplicada inmediatamente y la fábrica pasa a estar ocupada por el Estado desde el 31 de marzo de 2009. Un año después de la medida la planta continúa su producción de arroz parbolizado.

En 2008, Industrias Diana fue expropiada por el Gobierno. Diana ha logrado desde entonces producir no sólo aceite, sino también margarina, manteca, jabón, suavizantes y mayonesa a través del control obrero.[34] En junio del 2013, la empresa había logrado abastecer al mercado nacional en un 30 %, según representantes del consejo de trabajadores de esta empresa.[35] Sin embargo, según informes del ministerio de Alimentación la empresa tuvo presuntas «irregularidades administrativas», por lo cual el ministro de Alimentación Félix Osorio designó a David Mendoza como gerente de la empresa, el cual fue rechazado por los trabajadores por considerarlo una imposición e ir contra el control obrero. Igualmente los trabajadores negaron estas irregularidades.[36] Félix Osorio manifestaría que «el patrimonio del Estado no puede ser manejado por trabajadores».[37] Esta medida fue criticada por el economista Víctor Álvarez como un «burocratismo» que «secuestra la propiedad estatal»[38] y también fue criticada por el diputado suplente del Partido Comunista de Venezuela, Pedro Eusse, quien dijo que «en Venezuela no hay socialismo todavía» y afirmó que hay factores dentro del oficialismo que están en contra del poder popular y el socialismo y que la «Asamblea Nacional está en mora con la clase obrera venezolana» por no aprobar todavía la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras desde 2007.[39] Posteriormente el ministro para el Despacho de la Presidencia, Wilmer Barrientos, informó que Dester Bryan Rodríguez es designado por el presidente Nicolás Maduro para la gerencia de empresa.[40] Este gerente fue aceptado por los trabajadores de la empresa.[41] Dester Rodríguez fue denunciado por la diputada de Primero Justicia Dinorah Figuera por presunta corrupción durante su gestión en Palmaven, filial de Petróleos de Venezuela.[42]

Empresas Públicas[editar]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Sierra, Francisco (25 de febrero de 2005). «Cogestión-Autogestión». Consultado el 27 de diciembre de 2013.
  2. Bonino Pérez, Cecilia (7 de diciembre de 1998). «Amplio triunfo de Chávez en Venezuela». El Observador. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  3. Entrevista Hugo Chavez en Univisión
  4. «Chavez defiende propiedad privada frente a marxistas leninistas». El Universal. 26 de agosto de 2007. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  5. «Artículo 115: Del derecho de propiedad». Consultado el 19 de diciembre de 2013.
  6. Davies, Vanessa (6 octubre 2012). «Chávez propone constituir un ministerio para el seguimiento de obras y políticas». Correo del Orinoco. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
  7. «Plan de la Patria 2013-2019». Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  8. «Arreaza: “Documentos del PSUV establecen plan de acción en lo económico”». Prensa PSUV. 4 de julio de 2010. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  9. «Vicepresidente: “Tenemos un Estado mucho más fuerte para defender a su pueblo”». Correo del Orinoco. 20 de septiembre de 2013. Consultado el 26 de diciembre de 2013. 
  10. «“El enemigo de la revolución permanece en el país y está apropiado de los medios de producción”». Noticias24. 20 de septiembre de 2013. Consultado el 26 de diciembre de 2013. 
  11. «Gobierno y empresas abordarán temas económicos: “Podemos convivir para generar producción”». 28 de febrero de 2014. Consultado el 28 de febrero de 2014. 
  12. «Sólo propiedad privada con fines sociales recibirá apoyo». El Universal. 8 de junio de 2010. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  13. «Chávez: Socialismo no atenta contra la propiedad privada». Correo del Orinoco. 10 de octubre de 2010. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
  14. AGUZZI V., MARÍA GABRIELA (28 de junio de 2009). «"La idea es que todos los medios de producción sean socializados"». El Universal. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
  15. «PCV exige al gobierno participación de las fuerzas revolucionarias en la dirección del proceso». Tribuna Popular. 1 de octubre de 2013. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  16. Álvarez, Víctor (1 de marzo de 2011). «Estatizar no siempre significa socializar». Aporrea. Consultado el 19 de diciembre de 2013.
  17. Márquez, Trino (15 de octubre de 2013). «Venezuela: ¿existe la propiedad privada?». PanAmerican Post. Consultado el 20 de diciembre de 2013.
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  19. «PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA MUD». Consultado el 20 de diciembre de 2013.
  20. Herrera Orellana, Luis Alfonso. «Legislación Venezolana y Propiedad Privada Análisis Costo-Beneficio». Consultado el 22 de diciembre de 2013. 
  21. «Presentó su programa de Gobierno: “Es indignante ver al bravo pueblo de Venezuela bajar la cabeza”». Noticias24. 15 de enero de 2012. Consultado el 26 de diciembre de 2013. 
  22. López Maya, Margarita (2 de octubre de 2012). «Chavismo y propiedad». Panorama. Consultado el 27 de diciembre de 2013. 
  23. Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
  24. Artículo 112 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
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  33. Crook., John R. “U.S. Response to Venezuelan Nationalizations”, State Responsibility and Liability- The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 3 (Jul., 2007) pp. 645-647
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  41. «Trabajadores de Diana celebran victoria, tras semanas de lucha: Dan la bienvenida al nuevo gerente». Aporrea.org. 15 de agosto de 2013. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 
  42. «Figuera aseguró que nuevo Presidente de Industrias Diana está vinculado a una mala gestión en Palmaven». Notihoy. 8 de octubre de 2013. Consultado el 20 de diciembre de 2013. 

Enlaces externos[editar]