Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito

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Rebelión Quiteña del 10 de Agosto
Flag of Patriotic Army of Ecuador 1809.svg
Bandera de la Junta Revolucionaria de Quito.
Lugar Cuartel Real de Lima
Palacio Real de Quito
Flag of Cross of Burgundy.svg Quito, Real Audiencia de Quito.
Blanco(s) Manuel de Urriés, I Conde Ruiz de Castilla, Presidente de la Real Audiencia de Quito.
Fecha 10 de agosto de 1809.
06:00 (GMT -5)
Tipo de ataque Golpe de estado.
Perpetrador(es) Un grupo de criollos Quiteños.
Motivo Descontento popular con la Presidencia de Quito.


Se conoce como Primera Junta de Gobierno Autónoma, a la junta de gobierno provisional surgida en Quito (hoy capital de Ecuador) el 10 de agosto de 1809. Esta instalación, tuvo lugar después del derrocamiento de Manuel de Uries, primer titular del condado de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, donde un grupo de sublevados formaron una junta de gobierno provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII.

A este evento se le conoce en el Ecuador como el Primer Grito de Independencia Hispanoamericano y fue el inicio del proceso de emancipación de la región. A los gestores de este hecho se les conoce como los patriotas del 10 de agosto de 1809. De los participantes 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla el 2 de agosto de 1810.[1]

Esta revolución fue liderada por una élite criolla, descendientes de españoles nacidos en América y se instaló en el poder bajo la administración de quiteños y no de españoles peninsulares. Los sucesos de Quito se extendieron desde 1809 a 1812 y tuvieron amplia repercusión en toda la América Latina y fueron el germen de la República del Ecuador.

Causas[editar]

La ciudad de Quito, como capital de la Real Audiencia, había sido el escenario durante la colonia de revueltas políticas y levantamientos contra los españoles, a quienes se llamaba popularmente como "chapetones". En 1592 los habitantes se levantaron contra el impuesto de las alcabalas. Otro motín por razones similares fue la Revolución de los Estancos de 1765. La población indígena protagonizó también varios motines contra la Corona durante la colonia. La invasión napoleónica de España y la abdicación del rey Carlos IV, quien cedió su trono a su hijo Fernando VII, quien a su vez abdicó a favor del emperador francés Napoleón I, creó caos y confusión en España y sus colonias a partir de 1808. Mientras los Borbones se entregaron a Napoleón luego de la entrevista de Bayona, el pueblo de Madrid se sublevó, y en toda España se formaron Juntas, gobiernos locales populares que decían defender a su país y su rey. La Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, funcionó a partir de septiembre de 1808 en Aranjuez y Sevilla y declaró en enero de 1809 que las colonias americanas eran parte de la Nación española, dando paso, sin advertirlo, a la posibilidad de que en América se formaran juntas similares. Esta misma Junta, sin embargo, mostraría su preocupación por los nacientes movimientos independentistas y ordenaría su represión con la misma saña que luego lo haría el rey Fernando VII al volver a su país. No obstante, las Juntas de Gobierno de América prenderían la mecha de la independencia en toda la región. Esta coyuntura, el ejemplo de los propios españoles, y la influencia de la Revolución francesa y de la independencia de los Estados Unidos, inspiraron en Quito los planes para formar una Junta Soberana. Las primeras reuniones relacionadas con el Diez de Agosto empezaron en 1808 con la reunión de Navidad efectuada en la Hacienda Chillo Compañía de propiedad de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre. En ella se discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas. Las élites criollas veían afectados sus intereses económicos por el Gobierno colonial, al tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, propalados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, se extendieron entre todas las clases sociales. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, y la presencia de logias masónicas entre los criollos más ricos y cultos fueron un detonante para intentar una sublevación contra el régimen colonial, disfrazada como una supuesta muestra de lealtad al rey español Fernando VII. Estos temas se discutieron en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, que en su mayoría tenían títulos de marqués adquiridos mediante pagos a la Corona, cuanto intelectuales liberales influidos por la Ilustración.

Estas reuniones fueron denunciadas a los españoles, y el Presidente de la Audiencia encarceló a algunos de los asistentes, si bien luego los liberó por falta de pruebas.

Un suceso preliminar ocurrió en la noche y madrugada del 9 al 10 de agosto en casa de Manuela Cañizares, dama noble quiteña comprometida con la causa. Allí se reunió un grupo conformado por nobles criollos, pensadores, militares y grandes terratenientes latifundistas, bajo la égida de Montúfar, Juan de Dios Morales, el capitán Juan de Salinas y Zenitagoya, Juan Larrea, el obispo Cuero y Caicedo y Manuel Rodríguez de Quiroga. Infundidos por sentimientos libertarios inspirados por el precursor Eugenio Espejo, y la fidelidad hacia el rey Fernando VII, quien se encontraba depuesto y prisionero por Napoleón Bonaparte. Éste había colocado en el trono de España a su hermano José Bonaparte, llamado burlescamente Pepe botella, quien técnicamente gobernaba España al momento de la Revolución de Quito pero que en realidad no fue nunca reconocido ni por las Cortes ni por los virreyes coloniales, que más bien acataron las disposiciones de la Junta Suprema Central hasta la restauración borbónica en 1814.

El 10 de agosto de 1809 y los "infraescritos diputados del pueblo"[editar]

Primera Junta Autónoma de Gobierno de Quito
Flag of Patriotic Army of Ecuador 1809.svg
Bandera de la Junta revolucionaria de Quito.
001-Juan Pio Montufar.jpg
Titular
S.A.S. Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre.

Tratamiento Majestad.
Residencia Palacio Real de Quito.
Designado por Pueblo de Quito.
Duración 75 días.
Primer titular Juan Pio Montúfar.
Sucedido por Juan José Guerrero y Matheu, V Conde de Selva Florida.
Reunión de los próceres en la casa de Manuela Cañizares. Óleo sobre lienzo, autor desconocido (inicios del siglo XX).
Doña Manuela Cañizares.

En la madrugada del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, obligando al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, a capitular. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Juan de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.

El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Cevallos, en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio:[2]

"El actual estado de incertidumbre en que está sumida la España, el total anonadamiento de todas las autoridades legalmente constituídas, y los peligros a que están expuestas la persona y posesiones de nuestro muy amado Fernando VII de caer bajo el poder del tirano de Europa, han determinado a nuestros hermanos de la presidencia a formar gobiernos provisionales para su seguridad personal, para librarse de las maquinaciones de algunos de sus pérfidos compatriotas indignos del nombre español, y para defenderse del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, imitando su ejemplo y resueltos a conservar para su Rey legítimo y soberano señor esta parte de su reino, han establecido también una Junta Soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, a cuyo nombre y por orden de S. E. el Presidente, tengo a honra el comunicar a US. que han cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno.- Dios, etc.- Sala de la Junta en Quito, a 10 de agosto de 1809.- Juan de Dios Morales, Secretario de lo Interior"

Se dice que los patriotas escogieron esa fecha por el asalto del 10 de agosto de 1792 al Palacio de Las Tullerías por parte del pueblo de París en el marco de la Revolución francesa, en la que muchos de ellos se inspiraban. Muchos otros aspectos posteriores, como la designación de los diputados y las ideas republicanas que se consolidaron en Quito hasta 1812 muestran claramente el afán de emular a los revolucionarios franceses. El Acta del Diez de Agosto inicia con estas frases: "Nos, los infraescritos, diputados del pueblo...".

El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Cevallos:[2]

"A las seis de la madrugada se vio que en la plaza mayor se formaba una gran reunión de hombres, frente al Palacio de Gobierno, y se oyó muy luego una prolongada descarga de Artillería, repiques de campana y alegre bullicio de los vivas y músicas marciales."

Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.

En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales:[2]

"el Regente de la Real Audiencia, Bustillos; el Asesor general, Mansanos; el Oidor Merchante, el Colector de rentas decimales, Sáenz de Vergara; el Comandante Villaespeso, el Administrador de Correos, Vergara Gabiria y algunos, aunque pocos, militares sospechosos."

La junta de gobierno se titulaba suprema y debía mandar a la Provincia de Quito, y a las de Guayaquil y Panamá si voluntariamente querían unirse. Se atribuyó el tratamiento de majestad, pues pretendía representar al rey, dio a su presidente el de alteza serenísima y a sus miembros el de excelencia.

Sobre por qué los quiteños adoptaron estos tratamientos, explica Pedro Fermín Cevallos:[2]

"A la Junta debía darse el tratamiento de Majestad, como tres años después dieron los españoles a las Cortes de España; al presidente el de Alteza serenísima y a cada uno de los miembros el de Excelencia. En la inocente ignorancia en que habían nacido y vivido nuestros padres no comprendieron que, fuera de la ridiculez con que imitaban los insustanciales títulos del gobierno que acababan de echar por tierra, no eran tampoco los mejores para contentar al pueblo inteligente, sin cuya cooperación no podía afianzarse el nuevo. Verdad es que ellos no fueron los únicos de los colonos que se ocuparon en tales farsas, pues los chilenos incurrieron también en igual flaqueza, y en la misma el Congreso de Santafé, compuesto de los diputados de esta provincia, y de Mariquita, Neiva, Socorro, Pamploma y Nóvita."

A pesar de ello, la Junta trazó los primeros bosquejos de la República ecuatoriana, creando sus primeras instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. El Diez de Agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, y Miraflores y profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de Larrea y Jijón y Manuel Matheu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano.

Los diputados de la ciudad reunidos en este congreso nombraron también los primeros ministros del Poder Ejecutivo del Estado ecuatoriano: Juan de Dios Morales para Negocios extranjeros y de la Guerra; Manuel Quiroga para Gracia y Justicia y Juan de Larrea para Hacienda. Como secretario particular de la Junta se nombró a Vicente Alvarez. En el mismo documento se fijaron los sueldos de los nuevos funcionarios: el Presidente seis mil pesos de sueldo anual, dos mil cada vocal-ministro y mil el secretario particular. Los diputados reorganizaron la guarnición colonial de Quito creando una falange de tres batallones de infantería bajo el mando del coronel Juan de Salinas y del teniente coronel Juan Pablo Arenas, y decretó un alza salarial del 30% para todos los soldados.

Como una de las principales funciones de la Real Audiencia era la administración de justicia, la Junta la reemplazó con una alta corte, a la que llamaron Senado, compuesta por dos salas: una Civil y otra Criminal, integradas por seis senadores-jueces y presidida por un gobernador (la Civil) y por un regente (la Penal). Ambas salas contaban con fiscales. Por primera vez en la justicia ecuatoriana, la junta ordenó nombrar un protector general de indios, con rango de senador-juez, cargo que recayó en Tomas Arrechaga. Se mantuvo en su cargo al Alguacil Mayor de la Real Audiencia.

Los diputados advertían que los encargos eran prácticamente obligatorios, pues quienes se negaren a participar serían tenidos "por mal patriotas y vasallos y excluidos de todo cargo público".[3]

El juramento que hizo la junta y que exigió a cada uno de los empleados y corporaciones del nuevo gobierno fue de obediencia y fidelidad al monarca español Fernando VII.[4]

Para honrar a quienes dieran servicios distinguidos al nuevo Gobierno, se creó la condecoración de la Orden Nacional de San Lorenzo, vigente en Ecuador hasta la actualidad.

Aunque en horas de la mañana el doctor Antonio Ante se había presentado ya en el Palacio de la Audiencia para informar a Ruiz de Castilla de su destitución, se le dirigió nuevamente un oficio, informándole que se había constituido la Junta y que esta debía funcionar en el Palacio, por lo que le pedían les permita el acceso a la Sala Principal, en donde se realizó una ceremonia de saludo de las corporaciones y se firmó al Acta del Diez de Agosto.[5]

Ya desde el 10 de agosto, cuando la Junta publicó un Manifiesto al Pueblo, se dejaba claro que, aunque el levantamiento era en nombre del Rey, no es menos cierto que el pueblo estaba cansado de los abusos de los gobernadores y burócratas españoles:[5]

"Los dulces y pacíficos preceptos de su Religión Santa, el innato amor a sus Reyes y una larga costumbre los ha conservado sumisos y obedientes, en medio del despotismo subalterno más ignominioso, sin atreverse a registrar sino temblando sus profundas heridas y precisados a manifestar en sus semblantes un contento que no podía estar en sus corazones".

En el manifiesto, la Junta denunciaba que antes del Diez de Agosto Ruiz de Castilla ya había detenido "a cinco de sus vecinos más nobles" y que tenía previsto ejecutar a 14 más, solo por el delito de tener "el pensamiento de no sujetarse nunca a Bonaparte y el haber hecho planes para este digno objeto". Al mismo tiempo, los patriotas desconocen la legitimidad del presidente de la Real Audiencia, ya que "la mayor parte de los que le mandan son hechuras del infame Manuel Godoy; la execración del género humano" y le reprochan haber ordenado corridas de toros en honor de los Bonaparte.[5] El manifiesto termina con estas palabras:

"Juramos a la faz de todo el mundo la verdad de lo expuesto. Hombres buenos e imparciales, de cualquier Nación que seáis, juzgadnos. No os tememos ni debemos temeros".

Los patriotas adoptaron como bandera un pendón rojo con un aspa blanca, para indicar su oposición a España, cuya bandera militar era blanca con el aspa roja de San Andrés o aspa de Borgoña; el emblema fue utilizado por los patriotas quiteños que resistieron el contrataque español en 1812 y fue capturada por las tropas realistas de Toribio Montes y Sámano en la Batalla de Ibarra de diciembre de aquel año.[6] [7] Durante buena parte del siglo XX, por un error en la transcripción del parte de la Batalla de Ibarra, se pensó que el pabellón quiteño había sido totalmente rojo, sostenido en un "asta" blanca. Con ocasión de las celebraciones del Bicentenario del Diez de Agosto, se usó la bandera correctamente representada y se aclaró masivamente el error.

Tan pronto se conocieron los sucesos del Diez de Agosto, los gobernadores españoles de Guayaquil y Cuenca respondieron con la brutalidad habitual en la época:[8]

"Particular actuación contrarrevolucionaria tuvieron, en Cuenca, el Gobernador Melchor de Aymerich (quién años después vencería a los quiteños y sería nombrado presidente de la Real Audiencia, para ser finalmente derrotado por Sucre en el Pichincha) y el Obispo Andrés Quintián Ponte, en contraste con el Obispo José Cuero y Caicedo de Quito, y en Guayaquil, el Gobernador Bartolomé Cucalón y Sotomayor, adoptó severas medidas de represalia. Se ordenó a Francisco Baquero, en Bodegas (Babahoyo), que apresara a todos los quiteños que bajaran de la Sierra, como en efecto se hizo, con secuestro y remate de todos sus bienes, que se les condujera a Guayaquil con grilletes y que se les encerrara en mazmorras. Rigor especial se tuvo con los presos enviados por Aymerich desde Cuenca, a los que encerró con cepos y grilletes, al extremo de que uno de ellos, Joaquín Tobar, Interventor de Correos de Cuenca, murió "con los grilletes puestos".

Diputados y electores[editar]

Dr. Manuel Rodríguez de Quiroga, Ministro de Gracia y Justicia de la Junta.
Juan de Salinas y Zenitagoya, Coronel en Jefe de la Falange de la Junta.
Dr. Juan de Dios Morales, Ministro de Negocios Extranjeros y Guerra de la Junta.

La siguiente tabla muestra los nombres de los electores de cada barrio y sus representantes ante la Junta de Gobierno:[9]

BARRIO ELECTORES
(pueblo soberano)
REPRESENTANTES
Del Centro o la Catedral Manuel Angulo
Antonio Pineda
Manuel Cevallos
Joaquín de la Barrera
Vicente Paredes
Juan Ante y Valencia
Juan Pío Montúfar (Marqués de Selva Alegre)
Felipe Carcelén (Marqués de Solanda)
San Sebastián Nicolás Vélez
Francisco Romero
Juan Pino
Lorenzo Romero
Manuel Romero
Miguel Donoso
Manuel Zambrano (Regidor del Ayuntamiento)
San Roque José Rivadeneira
Ramón Puente
Antonio Bustamante
José Álvarez
Diego Mideros
Vicente Melo
Jacinto Sánchez de Orellana (Marqués de Villa Orellana)
San Blas Juan Coello
Gregorio Flor de la Bastida
José Ponce
Mariano Villalobos
José Bosmediano
Juan Inurrigaro y Bonilla
Manuel de Larrea y Jijón (quien luego sería nombrado Marqués de San José)
Santa Bárbara Ramón Maldonado y Ortega
Luis Vargas
Cristóbal Garcés
Toribio de Ortega
Tadeo Antonio Arellano
Antonio de Sierra
Mariano Flores de Vergara (Marqués de Miraflores)
San Marcos Francisco Javier de Ascázubi
José Padilla
Nicolás Vélez
Nicolás Jiménez
Francisco Villalobos
Juan Barreta
Manuel Matheu y Herrera (hijo de los Marqueses de Maenza)

Conformación de la Junta[editar]

La conformación de las autoridades y cargos dentro de la Junta fue la siguiente:[10]

Nombre Título nobiliario Posición en la Junta Trato
Gobierno Ejecutivo
Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre Presidente Su Alteza Serenísima
Felipe Carcelén Marqués de Solanda Vicepresidente Su Excelencia
Vicente Álvarez ninguno Secretario Su Señoria
Juan de Dios Morales ninguno Ministro de Negocios extranjeros y Guerra Su Excelencia
Manuel Quiroga ninguno Ministro de Gracia y Justicia Su Excelencia
Juan de Larrea ninguno Ministro de Hacienda Su Excelencia
Mando del Ejército
Juan de Salinas ninguno Jefe de la Falange armada Su Señoria, el Coronel
Juan Pablo Arenas ninguno Auditor General de Guerra Su Señoria, el Teniente Coronel
Senado (Sala de lo Civil)
Javier de Ascázubi ninguno Gobernador del Senado y la Sala de lo Civil Su Usía Ilustrísima
Pedro Jacinto Escobar ninguno Decano Su Usía Ilustrísima
Mariano Merizalde ninguno Fiscal Su Señoría
José Salvador
Pedro Quiñónez
Marqués de Miraflores
(Quiñónez y Flores de Vergara)
Senadores Su Señoría
Senado (Sala de lo Criminal)
Felipe Fuertes Amar ninguno Regente de la Sala de lo Criminal Su Señoría
Luis Quijano ninguno Decano Su Usía Ilustrísima
Francisco Xavier de Salazar ninguno Fiscal Su Señoría
José del Corral
Antonio Tejada
Salvador Murgueitio
Bernardo de León y Carcelén
ninguno Senadores Su Señoría
Senado (Salas especiales)
Tomás Arechaga ninguno Protector General de Indios Su Señoría
Antonio Solano de la Sala ninguno Alguacil Mayor Su Señoría

Represión española y caída[editar]

Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una sublevación independentista y se apresuraron a reprimirla a sangre y fuego. A ningún funcionario español de la época convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII.

Poco ayudaron circulares como esta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando claramente de conceptos prohibidos por los españoles, como patria, libertad e independencia:[2]

"Quito, Agosto 13 de 1809.- A los Señores Alféreses, Corregidores y Cabildos que existen en los asientos, villas y ciudades.- S. E. El Presidente de Estado, de acuerdo con la Honorable Junta y los Oidores de audiencia en pública convención, me han instruido que dirija a US. una circular en la que acredite y haga saber a todas las autoridades comarcanas que, facultados por un consentimiento general de todos los pueblos, e inspirados; de un sistema patrio, se ha procedido al instalamiento de un Consejo central, en donde con la circunspección que exigen las circunstancias se ha decretado que nuestro Gobierno gire bajo los dos ejes de independencia y libertad; para lo que han convenido la Honorable Junta y la Audiencia nacional en nombrar para Presidente a S. E. el señor marqués de Selva Alegre, caballero condecorado con la cruz del orden de Santiago. Lo comunico a US. para que en su reconocimiento se dirijan por el conducto ordinario letras y oficios satisfactorios de obediencia, después de haber practicado las reuniones y juntas, en las capitales de provincia y pueblos que sean convenientes; y fechas que sean se remitan las actas."

Al mismo tiempo, solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito.

Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana. En Popayán, el alferez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:[2]

"Considerando que arbitrariamente se han sometido los revoltosos quiteños a establecer una Junta sin el previo consentimiento de la de España, y como se nos exige una obediencia independiente de nuestro Rey Don Fernando VII, por tan execrable atentado y en defensa de nuestro monarca decretamos: Art. único. Toda persona de toda clase, edad y condición, inclusos los dos sexos, que se adhiriese o mezclase por hechos, sediciones o comunicaciones en favor del Consejo central, negando la obediencia al Rey, será castigado con la pena del delito de lesa majestad".

En Guayaquil, la opinión también fue contraria a la revolución de Quito. Solo la familia del futuro presidente Vicente Rocafuerte fue invitada por Montúfar y Morales a dar un golpe similar en el puerto, pero el gobernador Cucalón apresó a Rocafuerte y a su cuñado, Jacinto Bejarano, antes de que pudieran actuar.[2] Bejarano era medio hermano de uno de los próceres, Juan Pablo Arenas. Así, poco a poco Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros:[8]

"El envío de tropas desde el Norte (de Panamá, Bogotá, Popayán, Pasto y Barbacoas) y desde el Sur (de Lima, Guayaquil y Cuenca), el bloqueo de la costa por parte del Virrey del Perú, General José Fernando Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, era esta la difícil situación de Quito, asediada por estas fuerzas, sin sal, sin armas suficientes y sin pertrechos, originaron el debilitamiento de la Junta.


Desesperado, Montúfar remitió al puerto de Esmeraldas una carta para que se la entreguen a cualquier buque inglés, pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para la Junta Soberana. La carta, dirigida "al Gabinete de San James y al augusto monarca de los mares", dice:[8]

"pido como Presidente y a nombre de la Junta Suprema Gubernativa, armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables... Apetece íntimamente esta Suprema Junta la más estrecha unión y alianza con su inmortal nación y la tranquilidad de nuestro comercio con ella".

Lamentablemente, el apoyo británico a la independencia hispanoamericana se materializaría muchos años después.

Enterado de los hechos de Quito el virrey de la Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, se reunió con los notables de Bogotá, para auscultar sus criterios. Los monárquicos le advirtieron del peligro que significaba la revolución quiteña, mientras que los criollos le insinuaron que formara una Junta Soberana. La reunión le sirvió para convencerse del peligro de una revuelta similar en la capital del virreinato, por lo que reforzó la seguridad en Bogotá y despachó hacia Quito 300 soldados para aplastar a la Junta Soberana.

Los quiteños no obtuvieron apoyo de los pueblos cercanos. El 6 de octubre, un presionado Montúfar obligó a Ruiz de Castilla a abandonar el Palacio Real, donde vivía, y lo confinó en una quinta en Iñaquito, en las afueras de la capital.

La personalidad débil de Montúfar le hizo flaquear. Así la describió el historiador Pedro Fermín Cevallos:[2]

"Don Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, hijo de otro del mismo nombre y título que gobernó la presidencia desde 1753 hasta 1761, y que se había casado en Quito con doña Teresa Larrea; era un hombre de fina educación, de cortesanía y acaudalado, con cuya riqueza, liberalidades, servicios oficiosos y maneras cultas se había granjeado el respeto y estimación de todas las clases. Si como titulado e hijo de español había sido partidario de Fernando VII y decidido por su causa, como americano lo era más todavía de su patria que no quería verla ni en poder de los Bonapartes ni dependiente de la junta central de España, la oficiosa personera de la Presidencia. Pero asimismo, si como promovedor principal y arrojado partidario de la revolución se mostró muy aficionado a esta, mostrose más aficionado todavía a su propia persona e intereses particulares, pues, nacido y educado como príncipe, no tenía por muy extraño ni difícil seducir a sus compatriotas con el brillo de la púrpura, y encaminarlos, aunque independientes, bajo la misma forma de gobierno con la cual ya estaban acostumbrados. Quería, cierto, una patria libre de todo poder extranjero, a la cual había de consagrar sus afanes y servicios generosos, pero acaudillada por él o bajo su influjo, sin admitir competencias, gobernada en fin por su familia, sean cuales fueren las instituciones que se adoptaran, ni pararse en que habían de ser precisamente las monárquicas. Quería sobre todas las cosas, la independencia, y a fe que había acierto en este principio, puesto que con independencia recuperaba la patria su dignidad. El carácter del marqués, flaco por demás, contrastaba con sus fantásticos deseos, y carácter y deseos juntamente le llevaron dentro de poco a la perdición de sus merecimientos y fama."

Aunque se le considera sincero entusiasta de la independencia, no tuvo el liderazgo suficiente para continuar la lucha. El 12 de octubre de 1809 renunció a la presidencia, que recayó en otro aristócrata, José Guerrero, conde de Selva Florida. Pero la Junta tenía en sí misma el germen de su fracaso:[2]

"Hombres acaudalados y mansos por demás; letrados que pensaban gobernar el pueblo por las reglas del derecho civil, y paisanos que, hechos soldados de la noche a la mañana, habían de sostener la guerra que de seguro iban a levantar los antiguos gobernantes, si no por las mismas reglas, por los principios más humanos y clementes; no debían ni podían durar otro tiempo que el absolutamente necesario para que los enemigos pudieran concertarse, reunirse y asomar por las fronteras de la provincia."

Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con él que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá.

Persecución de los miembro de la Junta[editar]

Ruiz de Castilla se mostró contento de que le devolvieran "el mando que me confió la piedad del rey", pero en el marco de una junta provincial, obediente al virrey de la Nueva Granada y a la Junta Central de España. El viejo Conde retornó a su Palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retonar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y reestableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.

Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de Agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el Ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos lo que no tenían títulos nobiliarios. Al respecto precisa Pedro Fermín Cevallos:[2]

"Los patriotas no habían dado un solo paso por subvertir el orden público: diremos más, no habían respirado ni cabía que respirasen bajo el ojo apasionadamente prevenido de Arredondo; y con todo, el 4 de diciembre, el presidente mandó prender a cuantos estaban comprendidos en ese pasado que ofreció olvidar. Fueron pues, aprehendidos y llevados al cuartel que hoy es el Colegio Nacional, los señores José Ascásubi, Pedro Montúfar, Salinas, Morales, Quiroga, Arenas, Juan Larrea, Vélez, Villalobos, Olea, Cajías, Melo, Vinuesa, Peña, los presbíteros Riofrío y Correa y otros menos notables hasta algo más de sesenta. El ex-presidente Montúfar logró escapar, como escaparon también otros, pero fueron perseguidos con tenacidad, y perseguidos principalmente por los americanos don Pedro y don Nicolás Calisto, don Francisco y don Antonio Aguirre, don Andrés Salvador, don Pedro y don Antonio Cevallos, Núñez, Tordecillas y otros de tan desleales compatriotas (...) El marqués de Selva Alegre, Ante y otros de los principales cabecillas lograron siempre salvarse.

Ruiz de Castilla decretó la pena de muerte para todos los que protegieran a los próceres, con este bando:[2]

«En la ciudad de San Francisco de Quito a 4 de diciembre de 1809. El Excmo. señor conde Ruiz de Castilla, teniente general de estas provincias, etc., dijo: que habiéndose iniciado la circunstanciada y recomendable causa a los reos de Estado que fueron motores, auxiliadores y partidarios de la junta revolucionaria, levantada el día 10 de agosto del presente año, y siendo necesaria se proceda contra ellos con todo el rigor de las leyes que no exceptúan estado, clase ni fuero, mandaba que siempre que sepan de cualquiera de ellos los denuncien prontamente a este gobierno, bajo la pena de muerte a los que tal no lo hiciesen. A cuyo efecto y para que conste en el expediente, así lo proveyó etc. El conde Ruiz de Castilla.- Por S. E. Francisco Matute y Segura, escribano de S. M. y receptor»

Óleo que retrata la matanza del 2 de agosto de 1810. Luis Cadena (siglo XIX)

El obispo de Quito, Cuero y Caicedo, un entusiasta de la independencia, denunció las irregularidades que la Audiencia y sus fiscales cometieron en todos los procesos ante el virrey de Santa Fe, sin éxito. En el proceso se recurrió a la tortura y la falsificación de documentos. El fiscal fue el propio Tomás de Arrechaga, nombrado pocos meses antes Protector de Indios de la Junta. El ex miembro del Senado quiteño pidió la pena de muerte para 46 personas y el destierro para 30 más.

Ruiz de Castilla, como presidente de la Real Audiencia, debía dictar sentencia. Pero tras varias tribulaciones no lo hizo y se limitó a enviar el expediente de dos mil páginas al virrey de Santa Fe de Bogotá. Víctor Félix de San Miguel, un funcionario de la Audiencia, escoltado por soldados, partió la madrugada del 27 de junio de 1810 a Bogotá con el expediente. Según Pedro Fermín Cevallos, el expediente sobrevivió a la revuelta bogotana del 20 de julio de 1810 y se conserva en un archivo público de Colombia.

Para aquel entonces, ya se sabía que estaba viajando hacia Quito Carlos Montúfar, quien había sido nombrado en España comisionado regio de Quito, y que probablemente absolvería a los patriotas enjuiciados. No obstante, la tensión aumentaba entre las tropas coloniales y los quiteños.

Masacre del 2 de agosto de 1810[editar]

El 2 de agosto de 1810, se produjo un motín popular, conocido como Motín del 2 de agosto de 1810 con la intención de liberar a los presos. Historiadores como Pedro Fermín Cevallos creen que tras el motín estuvieron Morales y Salinas, que tramaron su liberación para evitar el protagonismo de la familia Montúfar, puesto que Carlos Montúfar estaba camino de Quito en calidad de comisionado regio. Otros, como Quiroga, desconocieron del intento, por lo que sus hijas que lo visitaban se vieron envueltas en la refriega.

Los quiteños atacaron dos cuarteles: el Real de Lima, en la calle Espejo y el de Santa Fe, en la calle García Moreno, y una casa conocida como el Presidio, donde estaban detenidos los presos del pueblo.

Los soldados respondieron asesinando a los presos en los calabozos del piso alto, y luego salieron a la calle García Moreno a enfrentarse con la turba. Durante la tarde, se produjeron choques en los barrios de San Blas, San Sebastián y San Roque, mientras los soldados saqueaban las casas más ricas del centro. Entre 200 y 300 muertos y por los menos medio millón de pesos en pérdidas dejó la criminal represalia ordenada por Ruiz de Castilla y Arredondo.

La Segunda Junta y el Estado de Quito[editar]

Segunda Junta Autónoma de Gobierno de Quito
Flag of Patriotic Army of Ecuador 1809.svg
Bandera de la Junta revolucionaria de Quito.
José Cuero y Caicedo (Obispo de Quito).jpg
Titular
Obispo José de Cuero y Caicedo.

Tratamiento Majestad.
Residencia Palacio Real de Quito.
Designado por Pueblo de Quito.
como Presidente de Quito
Duración 2 años.
Primer titular Manuel de Urriez, Conde Ruiz de Castilla
Sucedido por Toribio Montes como Presidente de la Real Audiencia de Quito
Crnel. Carlos de Montúfar y Larrea.

Tras una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810 entró en Quito el coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de Comisionado Regio, recibido con honores por el Conde Ruiz de Castilla pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas, que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre, y quien había presidido la Suprema Junta de Gobierno (tachada de independentista) en 1809 con su respectiva persecución por disidencia.[11] Sobre Carlos Montúfar, dice Pedro Fermín Cevallos:[12]

"Don Carlos Montúfar, mancebo de buen sentido y de valor, regularmente disciplinado en la famosa escuela de la guerra contra los franceses, metidos en España, y de los vencedores en Bailén; era, a no dudar, el más a propósito que entonces podía apetecer la patria para defender su causa. Llegó en circunstancias en que gobernantes y gobernados se miraban, más que con desconfianza, con airado encono, y en las de que, aun cuando se habían despedido las tropas de Lima, todavía conservaba el presidente mil hombres de guarnición, y esperaba que le llegarían bien pronto las pedidas a los gobernadores de Cuenca y Guayaquil."

Las tropas peruanas de Arredondo dejaron Quito. Pero fueron reemplazadas por otras enviadas desde Panamá, comandadas por Juan Alderete.

Tan pronto arribó, el joven Montúfar decidió convocar una nueva junta. Se denominaría Junta de Gobierno, y era un triunvirado formado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar. Luego, se eligieron representantes para la Junta, tomando en cuenta a los tres estamentos como en Francia: el clero, la nobleza y el pueblo llano; debiéndose componer entonces de un Diputado por cada cabildo de la Real Audiencia, dos del clero, dos de la nobleza y uno de cada barrio importante de la ciudad de Quito, escogidos estos últimos por el método de electores.[13] Según Pedro Fermín Cevallos:[12]

"Hecho el escrutinio de los votos en favor de los individuos de que había de componerse la junta, resultaron nombrados don Manuel Zambrano por el cabildo secular; el magistral don Francisco Rodríguez Soto por el eclesiástico; los doctores José Manuel Caicedo y Prudencio Báscones por el clero; el marqués de Villa Orellana y don Guillermo Valdivieso por la nobleza; y por los barrios don Manuel de Larrea, don Manuel Matheu y Herrera, don Manuel Merizalde y el alférez real don Juan Donoso. Por unanimidad de votos fue electo vicepresidente el Marqués de Selva Alegre, y de secretarios don Salvador Murgueitio, y don Luis Quijano. Como se ve la junta llegó a formarse casi de todos los comprometidos en la revolución; pero también de esos mismos abanderizados por cuyas discordias había quedado malparada la causa pública.

El 22 de septiembre, los representantes electos designaron como Vicepresidente de la Junta a Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre y padre del Comisionado Regio. Esto no fue bien visto por las autoridades españolas y por algunos nobles, que veían como la familia Montúfar alcanzaba un poder cada vez mayor.[13]

Renuencia de Guayaquil[editar]

Cuando Carlos Montúfar quiso visitar las ciudades de Guayaquil y Cuenca, en su calidad de Comisionado Regio, estas no le quisieron recibir. En efecto, Guayaquil se había declarado separada de la Audiencia de Quito y el Virreinato de Nueva Granada para ligarse al Virreinato del Perú, por lo que el virrey Abascal le escribió una misiva que rezaba: «(...) desconociéndole como Comisionado del Rey, pues no he recibido ninguna comunicación al respecto. Y aún en el supuesto de que fuere tal Comisionado no se puede extender demasiado las facultades que se la ha concedido, hasta el extremo de dictar leyes y organizar Juntas que turban la paz y tranquilidad de estos pueblos».[13]

Para ejercer la misión a él encomendada por España, y conocer con certeza la posición del pueblo guayaquileño, Carlos Montúfar envía una carta dirigida al Ayuntamiento de esa ciudad el 20 de septiembre; en la misma explicaba que en ejercicio de su cargo de Comisionado del Consejo de Regencia para la Real Audiencia de Quito, ha determinado pasar a la ciudad portuaria. Manifiesta también que desconoce la arbitraria y abusiva separación que hizo el Virrey de Perú sin disposición especial del Virreinato de Nueva Granada, a cuya jurisdicción pertenecía Guayaquil. Ocho días después dirige nuevamente una carta a nombre de la Junta de Gobierno firmada por él mismo y el Conde Ruiz de Castilla, solicitando la designación de los representantes de Guayaquil para su conformación, electos mediante convocatoria de los cuerpos y nobleza[13]

El Ayuntamiento de Guayaquil, en sesión celebrada el 28 de septiembre con presencia de Francisco Gil, Vicente Rocafuerte y Francisco Javier Paredes, conoce la carta de Montúfar y sus intenciones de visitar la ciudad; a la que responde: «(...) respecto de esta Provincia, está quieta y tranquila, sin necesidad de otras reformas y disposiciones que las que ha tomado el excelentísimo señor Virrey del Perú (...) y respecto de que este Cabildo no puede hacer nada que no sea conforme a lo que el referido excelentísimo señor tenga bien en disponer en este asunto, detenga su viaje».[13]

Respecto a la carta enviada a nombre de la Junta de Quito, la respuesta del Ayuntamiento fue: «acerca de esta incidencia se ha dado cuenta al Sr. Virrey del Perú, a quien únicamente esta Provincia quiere subordinarse, se acordó contestar al Sr. Presidente de Quito y Comisionado Regio, reproduciéndole la contestación anterior». Esta última parte se refiere a la misiva enviada por el virrey Abascal al Ayuntamiento guayaquileño: «(...) se diga a dichos señores que excusen más solicitudes que traigan el mismo aspecto con referencias a esos propios objetos y que se entiendan directamente conmigo, el Virrey».[13]

Muere así toda esperanza de que Guayaquil se una al plan trazado por el coronel Carlos de Montúfar. De igual manera recibió respuestas negativas del Ayuntamiento de Cuenca; quedando relegada la Junta a los territorios de Quito, Ibarra, Esmeraldas, Riobamba, Latacunga, Otavalo, Ambato y Guaranda.

Independencia del Estado de Quito[editar]

Mapa del Estado de Quito (1811-1812).

Para el 9 de octubre la Junta de Gobierno, originalmente leal a la corona hispana, volvió a declarar que no obedecería al virrey de la Nueva Granada, reivindicando los valores del 10 de agosto de 1809. Apenas dos días después, el 11 de octubre de 1811, Quito proclamó su independencia total de España. Jurídicamente, este es el episodio más importante en el proceso de formación del Estado ecuatoriano actual. La mayoría de sus gestores, casi desconocidos, son los personajes que mejor entendieron, desde la perspectiva quiteña, la significación política de una Constitución y quienes le dieron dimensión histórica a la Nación/Estado de Quito.[14]

Ruiz de Castilla fue obligado a renunciar a la presidencia de la Junta, siendo sustituido por el obispo Cuero y Caicedo, quien firmaba sus decretos de esta manera: «"Joseph, por la gracia de Dios, Obispo y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito"». Nuevamente, las ciudades cercanas le declararon la guerra a Quito y despacharon tropas para someterla. Desde Lima llegó un Ejército al mando de Toribio Montes para someter al nuevo Estado.

El 15 de febrero de 1812 se promulgó la primera Constitución ecuatoriana: la Constitución del Estado de Quito, que establecía una República con división de poderes y terminaba con cualquier sospecha sobre las convicciones republicanas de los quiteños. Este fue el primer Estado independiente y soberano proclamado en el territorio del actual Ecuador y ejerció jurisdicción sobre la Sierra central y norte, así como sobre el litoral de Esmeraldas.[15]

Durante esta etapa, y con un pueblo que guardaba la crueldad del gobierno del anciano Conde Ruiz de Castilla y sus tropas el 2 de agosto de 1810, la ciudadanía enardecida cobró venganza y lo asesinó cruelmente mientras este se había retirado al Convento de La Merced para refugiarse. También fueron ejecutados el oidor Fuertes y Amar, uno de los más crueles perseguidores de los quiteños, y los monárquicos Pedro y Nicolás Calixto.

El Congreso Constituyente[editar]

El acta de instalación del Congreso Constituyente del Estado de Quito fue suscrita el 11 de octubre de 1811 en el Palacio Real, por los siguientes individuos, quienes además repartieron los cargos dentro del nuevo Gobierno que empezaba aquel día:[15]

Nombre Posición en el Gobierno
Poder Ejecutivo
José de Cuero y Caicedo
Obispo de Quito
Presidente
Juan Pío Montúfar
II Marqués de Selva Alegre
Vicepresidente
Dr. Luis Quijano Secretario de Estado y Guerra
Vocal
Dr. Salvador Murgüeitio Secretario de Gracia, Justicia y Hacienda
Vocal
Representantes del Clero
Francisco Rodríguez Soto Representante del Cabildo eclesiástico
Fray Álvaro Guerrero Representante del Clero regular
Prudencio Vásconez Diputado del Clero Secular
Representantes de la Nobleza
Jacinto Sánchez de Orellana
II Marqués de Villa Orellana
Representante de la alta nobleza
Mariano Guillermo Valdivieso y Valdivieso Representante de la baja nobleza
Representantes del Pueblo Llano
Manuel Zambrano Representante del Ayuntamiento
Manuel de Larrea y Jijón,
quien sería nombrado en 1815 como Marqués de San José
Diputado por la parroquia de Santa Bárbara
Manuel Matheu y Herrera
Hijo de los Marqueses de Maenza
Diputado de la parroquia de San Marcos
Mariano Merizalde Diputado de la parroquia de San Roque
Miguel Antonio Rodríguez Diputado de la parroquia de San Blas
Vocal
Calixto Miranda Suárez de Figueroa Diputado por la ciudad de Ibarra
Manuel Guizado y Palazuelos Diputado por la ciudad de Otavalo
Dr. Francisco Aguilar Diputado por la ciudad de Riobamba
Dr. José Manuel Flores Diputado por la ciudad de Latacunga
Dr. Miguel Suárez Diputado por la ciudad de Ambato
José Antonio Pontón Diputado por la ciudad de Alausí
Dr. Antonio Ante Diputado por la ciudad de Guaranda

La Constitución del Estado de Quito[editar]

El Doctor Agustín Salazar y Lozano, en sus libro "Recuerdos de los Sucesos Principales de la Revolución de Quito desde el año 1809 hasta el de 1814" sostiene que:[11]

Al instalarse el Congreso, se presentaron dos ensayos de carta constitucional. En realidad, fueron tres, todos redactados por miembros ilustrados del clero, que participaban como Diputados:

Uno lo preparó el canónigo penitenciario Manuel José Guizado y Palazuelos, diputado por el corregimiento de Otavalo y del cual se desconoce el texto. Otro fue elaborado por el canónigo Calixto Miranda Suárez de Figueroa, Diputado por la ciudad de Ibarra y maestrescuela de su Catedral, proyecto que Alfredo Ponce Ribadeneira publicó en 1960 en su obra "Quito: 1809-1812".

Un tercero fue presentado por el presbítero Miguel Antonio Rodríguez, profesor de filosofía, quien participaba como Vocal y Diputado por la parroquia de San Blas. Fue este documento el que finalmente se adoptó; y sobre ello existen varios testimonios, como el del profesor e historiador alemán, Ekkehart Keeding, quien interesado en la Historia iberoamericana residió 11 años en Quito.

La Constitución quiteña, emitida el 15 de febrero de 1812 en el Palacio Real, no se agota en el hecho histórico de declarar la independencia y la unión de las provincias que formarían el nuevo Estado; sino que es un acto de fundación, la expresa manifestación soberana de la conformación de una entidad política y la culminación del proceso que se inició el 10 de Agosto de 1809 con la Primera Junta de Gobierno. Se trata de la primera carta política de Ecuador, cuya originalidad corre a la par con la dialéctica conceptual de los fundadores: la élite quiteña, que en el preámbulo del documento articuló una visión compleja, inusual e interesante de los fundamentos de la nueva autoridad, es decir, de la legitimidad del mando republicano que iba a sustituir al dominio colonial.[14]

Este estatuto político consagraba una forma de gobierno popular y representativa, cuya autoridad máxima sería un Supremo Congreso de Diputados formado por representantes de las Provincias Libres, en el que debía radicar la Representación Nacional y la autoridad soberana del Estado. Para la administración del país, este Supremo Congreso debía nombrar a la autoridad gubernamental, que estaría dividida en tres poderes diferentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ser ejercidos por cuerpos o personas diferentes. El Poder Ejecutivo estaría integrado por un Presidente del Estado, tres Asistentes y dos Secretarios con voto informativo. El Poder Legislativo, por un Consejo o Senado compuesto de tantos miembros como provincias tuviere el país. Y el Poder Judicial, por cinco jueces que ejercerían una presidencia rotativa, y un fiscal. Al Supremo Congreso, que debía renovarse cada dos años, quedaba asignada la función de ser Tribunal de censura y vigilancia constitucional, proteger y defender los derechos del pueblo, y actuar como Juez en el juicio de residencia que indefectiblemente debía abrirse contra los miembros de los poderes ejecutivo y judicial al término de su mando.[16]

Uno de los principales argumentos para la identificación clara de la declaratoria de independencia puede ser encontrado en el artículo 2 del documento, en donde se especifica que el nuevo Estado es independiente de otros similares y sus gobiernos, llamando a una integración de otros pueblos de la América colonial:[15]

“El Estado de Quito es y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior, reservándola a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo que tiene trascendencia general al interés público de toda la América, o de los Estados de ella que quieran confederarse.”

Según el Congreso Constituyente, si bien las potestades políticas de sus mandatarios y diputados son un encargo del "pueblo soberano", el origen del poder y el correlativo deber de obediencia de los ciudadanos, nace finalmente de Dios. La Providencia Divina es, según ellos plasman claramente en la carta constitucional, la que determina los acontecimientos y coloca a los pueblos en condiciones de elegir su destino. Es entonces que, habiéndose puesto en cuestión la autoridad del rey español y habiendo desaparecido su soberanía real por efecto de la invasión napoleónica a España, el poder y la soberanía que fueron transitorio encargo divino a la realeza, volvieron a radicarse en el pueblo, en quien originariamente reside tal potestad. Y es esa soberanía política reasumida la que legitima la expedición de la nueva Constitución y la fundación del Estado de Quito.[14]

El documento de la Constitución quiteña de 1812 está firmado solo por parte de los miembros del Congreso Constituyente original; a saber:[15]

  • Obispo José de Cuero y Caicedo, Presidente de Quito.
  • Juan Pío Montúfar, Vicepresidente de Quito.
  • Francisco Rodríguez Soto, Representante del Cabildo eclesiástico.
  • Fray Álvaro Guerrero, Representante del Clero regular.
  • Calixto Miranda, Diputado de la provincia de Ibarra.
  • Dr. Francisco Aguilar, Diputado de la provincia de Riobamba.
  • Dr. José Manuel Flores, Diputado de la provincia de Latacunga.
  • Miguel Suárez, Diputado de la provincia de Ambato.
  • Manuel Larrea, Diputado de la parroquia de Santa Bárbara.
  • Dr. Mariano Merizalde, Diputado de la parroquia de San Roque.
  • Manuel José Caicedo.
  • Vicente Lucio Cabal.

Guerra y caída del Estado de Quito[editar]

En ese mismo año, los últimos patriotas quiteños del Diez de Agosto fueron derrotados por los españoles. El 7 de noviembre, las fuerzas de Toribio Montes sitiaron la ciudad y los quiteños resistieron en el cerro El Panecillo, ubicado en el centro mismo de Quito. Sin embargo, el español tomó finalmente Quito el 8 de noviembre. Por temor a la barbarie española, buena parte de la población abandonó la capital hacia el norte, buscando refugio en la ciudad de Ibarra.

Los restos del Ejército patriota fueron finalmente derrotados en la Batalla de Ibarra el 1 de diciembre de 1812. En el mismo lugar ejecutaron al patriota Francisco Calderón, cuyo hijo Abdón Calderón, lucharía por la libertad en la Batalla del Pichincha, en la que tuvo destacada actuación.

Su principal líder fue el joven criollo Carlos de Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, quien fue ejecutado por los españoles en 1816, luego de ser desterrado tras estos acontecimientos, haber logrado huir de la prisión y haberse sumado al Ejército de la Nueva Granada, en donde alcanzó el grado de coronel. Los bienes de su familia, que fue de las más ricas de Quito, fueron confiscados por la Corona y su padre, el marqués de Selva Alegre, enviado preso a Cádiz, España, en donde murió en 1818. Al final el marqués declaró su republicanismo y renunció al título nobiliario que el rey Fernando VI había concedido a su familia el siglo anterior.

Al anciano obispo-presidente Cuero y Caicedo se le quitó su dignidad eclesiástica, se le confiscó su biblioteca y bienes y se le remitió preso a Lima, en donde murió. El resto de dirigentes a quienes no ejecutaron fueron enviados desterrados a remotos rincones del Imperio español, como las Filipinas, Ceuta, La Habana, Puerto Rico y la propia España. El Gobierno colonial se reestableció en la ciudad capital, violentamente pacificada por los españoles, al mando del nuevo presidente de la Real Audiencia, el mariscal Melchor de Aymerich, hasta 1822.

Finalmente, la Presidencia de Quito consiguió escindirse de la metrópoli en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, gracias al triunfo de las fuerzas combinadas de la Gran Colombia, el Perú, las Provincias Unidas del Río de la Plata y elementos locales (como los de la Provincia Libre de Guayaquil), comandadas por el entonces general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar.

Legado de gloria: Quito, Luz de América[editar]

Los sucesos del Diez de Agosto y la posterior matanza ordenada por Ruiz de Castilla al año siguiente tuvieron amplia repercusión en la América Hispana, en donde los movimientos libertarios estaban ya extendidos. Los otros gobernadores españoles de la región tomaron medidas para detener la expansión de la noticia de lo ocurrido en Quito.

El capitán general de Venezuela, Vicente Emparán prohibió con pena de muerte la circulación de impresos procedentes de Quito. Los patriotas caraqueños sin embargo, lo destituyeron y expulsaron del país en 1810.

El Santo Oficio de la Inquisición con sede en Santa Fe de Bogotá, promulgó un decreto el 24 de diciembre de 1809, excomulgando a quienes tuviesen o leyesen proclamas, cartas o papeles de Quito, lo que pone en evidencia el temor que ocasionó en la capital de la Nueva Granada la noticia de la Revolución de Quito. La precaución, en todo caso, fue inútil, pues los bogotanos también se sublevaron contra las autoridades coloniales el 20 de julio de 1810, encabezados por criollos que siguieron con interés los sucesos quiteños.

Algunos de los patriotas que vivieron el Diez de Agosto participaron en la formación de la Junta de Santiago de Chile,como fue el caso de Camilo Henríquez, el 18 de septiembre de 1810. El pueblo chileno reconoció tiempo después el aporte, colocando en el faro de Valparaíso un placa en la que reconoce a Quito como "luz de América".

En Turicato, Michoacán, México, un grupo de vecinos se reunió para “platicar y conocer las cosas de Quito”. Ese pueblo contribuyó luego con la revuelta del cura Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la independencia de México.

No solo la Junta Soberana, sino la posterior matanza del 2 de agosto de 1810, tuvieron repercusión continental. Así,[8]

"El 22 de Octubre de 1810, en Caracas, cuando llegaron las noticias, se produjo un motín, al mando de José Félix Ribas, pidiendo la expulsión de los españoles. Se celebraron solemnes honras fúnebres por los patriotas quiteños fallecidos, y los poetas Sata y Bussy, García de Sena y Vicente Salías les dedicaron sentidos versos; los ritos fúnebres fueron oficiados en la iglesia de Altamira, y se costearon por suscripción popular; en un catafalco se puso esta leyenda: "Para apiadar al Altísimo irritado por los crímenes cometidos en Quito contra la inocencia americana ofrecen este holocausto el gobierno y el pueblo de Caracas"(...)"

En Bogotá, Francisco José de Caldas protestó por los hechos en su periódico “Diario Político”. Caldas conocía bien el Ecuador pues lo había recorrido en varias expediciones científicas.

Para el bogotano Miguel Pombo Quito fue "el pueblo que primero levantó su cabeza para reclamar su libertad":[8]

"Los cuarteles fueron abiertos para recibir voluntarios y pronto se llenaron de jóvenes que querían vengar la matanza de Quito. La Suprema Junta Gubernativa dirigió una exhortación patriótica al pueblo de Bogotá, expresó su solidaridad al Cabildo de Quito y amenazó con represalias al Conde Ruiz de Castilla. Fueron varios los periódicos de la época que se refirieron a esta tragedia."

Una de las justificaciones de la "Guerra a Muerte" declarada por Bolívar contra España en Valencia el 20 de septiembre de 1813, fue la criminal matanza de civiles desarmados en Quito ordenada por Ruiz de Castilla:

"En los muros sangrientos de Quito fue donde España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel momento del año 1810, en que corrió sangre de los Quiroga, Salinas, etc., nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquéllas sobre todos los españoles...".

Para el Libertador, la criminal represión que se dio en Quito, fue el preludio de las atrocidades que en toda la Nueva Granada y Venezuela cometerían los comandantes coloniales españoles, como Toribio Montes y José Tomás Boves, a los que Bolívar respondería con la declaratoria de "guerra a muerte", que implicaba la ejecución de civiles españoles como represalia: "españoles y canarios, contad con la muerte aún si sois indiferentes", declaró Bolívar.

En contraste con otros procesos independentistas en otras ciudades ecuatorianas, en donde prácticamente no hubo derramamiento de sangre y se contó con el respaldo de fuerzas militares de los otros países de la región, ya para entonces fuertemente armadas, disciplinadas y preparadas y con apoyo de la Gran Bretaña, el Diez de Agosto y la guerra del Estado de Quito produjeron enormes pérdidas materiales y humanas para las principales ciudades de la Sierra ecuatoriana que se enfrentaron solas a las tropas de los virreyes de Lima y Bogotá. La política española de exterminar a los patriotas quiteños privó al Ecuador de sus élites más preparadas, por lo que al proclamarse la República en 1830, el país quedó en manos del militar extranjero Juan José Flores y varios de sus compatriotas.

Recién en la siguiente generación, aparecerán figuras nacionales propias como García Moreno y Alfaro, sin olvidar al patricio guayaquileño Vicente Rocafuerte, quien salió por los fueros de la ecuatorianidad frente al militarismo extranjero conocido también como "Dominación Floreana".

Durante el siglo XIX, la República del Ecuador recordó el Diez de Agosto como su fecha fundacional. El presidente Gabriel García Moreno estableció en el Código Militar promulgado en su segunda administración hacia 1870 que cada aniversario "del primer grito de independencia que se dio en la capital de la República" se debía disparar una salva de cañón en honor de los próceres desde la cima del Panecillo.

Al adoptarse el Himno Nacional escrito por Juan León Mera en 1865, se oficializó la estrofa que recuerda el Diez y el Dos de Agosto:

"Los primeros, los hijos del suelo/

Que, soberbio, el Pichincha decora/ Te aclamaron por siempre Señora/ y vertieron su sangre por ti/ Dios miró y aceptó el holocausto/ y esa sangre fue germen fecundo/ de otros héroes que atónito el mundo/

vio en tu torno a millares surgir."

En 1906, en el primer centenario del Diez de Agosto, el presidente Eloy Alfaro inauguró un monumento a los Héroes del Diez de Agosto, en el centro de la Plaza Grande, conocido como Monumento a la Independencia.

La columna conmemorativa está rematada con una estatua de la libertad, a cuyos pies un león derrotado por un cóndor entre cadenas rotas representa a la Patria liberada de la dominación colonial. El monumento destaca también el Acta del Diez de Agosto y los nombres de los próceres en relieves de bronce.

Los presidentes ecuatorianos desde el siglo XIX juraron su cargo el diez de agosto, que es el día nacional que celebran las embajadas ecuatorianas en el exterior, además de la fecha de graduación de los oficiales del Ejército.

Con ocasión del Bicentenario del 10 de agosto, el Gobierno del presidente Rafael Correa organizó varios eventos conmemorativos, como una gran parada militar y un concierto de música popular. Estos eventos, sin embargo, no tuvieron repercusión nacional y fueron totalmente ignorados en Guayaquil.

En 2010 se descubrió también que el original del Acta está en posesión de un coleccionista privado en la ciudad de Bogotá, sin que el Estado ecuatoriano haya hecho ningún esfuerzo por recuperarla.

Biliografía[editar]

  • Chiriboga Murgueitio, Diego. Actas del Cabildo de San Francisco de Quito de 1808 a 1812. Transcrición del Señor Diego Chiriboga Murgueitio (Jefe de Archivo/Paleógrafo). Presentación de Augusto Barrera Guarderas/Alcalde del Distrito Meropolitano de Quito. Introducción de Juan José Paz y Miño Cepeda/Cronista de la Ciudad. Volumen de Edición Especial por el Bicentenario de la Revolución Independensita de Quito. Quito, Enero 2012. Publicaciones del Archivo Metropolitano de Historia de Quito.

Referencias[editar]

  1. Diputados de Quito. «Acta del 10 de agosto de 1809».
  2. a b c d e f g h i j k Fermín Cevallos, Pedro. «Resumen de la Hitoria del Ecuador, tomo III, Cap. I "Primera Idea de Emancipación", páginas 194 - 220» (en español). Biblioteca Virtual Cervantes.
  3. FMMEducación.com.ar. «1809: Declaración de la independencia de Quito (Ecuador)» (en español). Historia - Documentos históricos.
  4. Benedetti, Carlos (2011). Historia de Colombia, Segunda edición. Lima: Biblio Bazaar. pp. 337. ISBN 9781241473402. 
  5. a b c Efemerides.ec. «Grito libertario en Quito» (en español).
  6. Núñez Proaño, Francisco. «Las benderas: imperial de Guayaquil y de Carlos Montúfar. ¿Coincidencia?» (en español). Coterraneus. Consultado el 08/10/2011.
  7. Educar Ecuador. «Historia de la bandera del Quito rebelde de 1809» (en español).
  8. a b c d e Pacheco Manya, Luis. «Bicentenario de la Primera Revolución de Independencia en Hispanoamérica» (en español). Maicao al Día, de Alejandro Rutto M..
  9. Valencia Llano, Alonso; Corporación Editora Nacional (1992). «Élites, burocracia, clero y sectores populares en la Independencia quiteña (1809-1812)». ProcesoS, Revista Ecuatoriana de Historia (N°3):  pp. 68. http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/670/1/RP03-ES-Valencia.pdf. Consultado el 13/02/2013. 
  10. Pérez Ramírez, Gustavo. «El Acta de la Independencia de Quito 1809 (pp. 228-230)» (en español). AFESE - Revista N°52. Consultado el 13/02/2013.
  11. a b Pérez Ramírez, Gustavo (05/02/2012). «La constitución del Estado de Quito - 1812». Diario El Telégrafo. Columnas de Opinión. http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-constitucion-del-estado-de-quito-1812.html. Consultado el 18/02/2013. 
  12. a b Fermín Cevallos, Pedro. «Resumen de la Hitoria del Ecuador, tomo III, Cap. II "Conspiración del 2 de Agosto", páginas 274 - 294» (en español). Biblioteca Virtual Cervantes.
  13. a b c d e f Mena Villamar, Claudio (1997). El Quito rebelde: 1809-1812. Quito: Editorial Abya-Yala. ISBN 9978-04-334-9. 
  14. a b c Corral B., Fabián (09/08/2012). «La Constitución quiteña de 1812». Diario El Comercio (Ecuador). Columnas de Opinión. http://www.elcomercio.com/fabian_corral/Constitucion-quitena_0_751725013.html. Consultado el 18/02/2013. 
  15. a b c d Asmblea Nacional de Ecuador. «Constitución quiteña de 1812» (en español).
  16. Núñez Sánchez, Jorge (15/12/2011). «La constitución quiteña de 1812». Diario El Telégrafo. Columnas de Opinión. http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-constitucion-quitena-de-1812.html. Consultado el 18/02/2013.