Presunción de veracidad

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La presunción de veracidad es un derecho o principio legal y jurídico del que disfrutan las personas dotadas de autoridad pública en la realización de sus funciones en los países democráticos así reconocidos como España. El poder que da éste principio es que la palabra (declaración o testimonio) de quien lo disfruta, se presume como veraz y por tanto prevalece sobre la persona que no lo disfruta si no aporta pruebas que tiendan a contradecir los hechos declarados por la autoridad. Es parte de la seguridad jurídica desde el punto de vista público para agilizar denuncias (por ej., de tráfico), en las que no hay pruebas fehacientes del hecho denunciado más que la declaración de la autoridad.

La presunción de veracidad supone una declaración iuris tantum ya que admite prueba en contra.

En este sentido se topa contra la presunción de inocencia que está en favor de creer al denunciado inocente hasta que se demuestre lo contrario, tras siglos de abusos en sentido contrario (artículo 24.2 de la constitución española de 1978). La presunción de inocencia es jerárquicamente superior, por lo que, según la jerarquía normativa o legislativa, prevalece sobre la presunción de veracidad.

Es un derecho imparcial o asimétrico, pues además de lo anterior, la presunción de veracidad se contrapone al derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución) ya que implica discriminación por cuestión de cargo al no ofrecer el sistema el mismo crédito al testimonio de dos ciudadanos iguales. No obstante, la presunción de veracidad resulta ajustada a la constitución española de 1978 en base a la seguridad jurídica (art. 9.3 de la constitución española de 1978) y limitado por la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (en el mismo artículo y apartado) y el sometimiento pleno a la Ley y el Derecho de la Administración Pública (art. 103.1 de la constitución española de 1978).

La figura jurídica de la presunción de veracidad la encontramos regulada en el artículo 137.3 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del ordenamiento jurídico español: Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.. Curiosamente el artículo 137 es titulado presunción de inocencia.