Práctica ilícita

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El término prácticas ilícitas (o ilegales) se utiliza para designar aquellas maniobras realizadas, por los empleadores, para eludir las obligaciones que tendrían que llevar a cabo con sus empleadas; como por ejemplo, tener que pagar prestaciones al momento del despido. Específicamente dichas maniobras se utilizan para justificar el despido de mujeres embarazadas, con el motivo de ahorrarse el pago de la licencia de maternidad, y para reducir el pago de la liquidación a estas.

En Colombia, el origen de estas prácticas se puede encontrar en dos motivos principales: la flexibilidad de algunos contratos laborales y la inversión económica que significa para los empleadores la trabajadora embrazada. Respecto al primer motivo, resulta evidente que la flexibilidad de algunos contratos de trabajo, como el contrato a término definido menor a un año y el de trabajadora temporal, permiten que para “el empleador sea más fácil contratar a trabajadores sin que le esté prohibido su despido”, como por ejemplo con los trabajadores “en misión”, a los cuales podrá despedir arguyendo la finalización de su labor o “misión” específica. Ahora el principal motivo que lleva a que los empleadores despidan a las mujeres embarazadas se encuentra en el factor económico, ya que estas representan gastos como Seguro Social y licencia de maternidad.

Ahora, como su nombre lo indica, estas maniobras son ante todo actos ilegales. Como por ejemplo que “en el momento en que se despide al empleado, el empleador llena la fecha, colocando como inicio del contrato sólo dos o tres meses antes del despido” a pesar de que este lleve más tiempo. Esto tiene como resultado que al momento de pagar las prestaciones se calculen “sobre este periodo y no sobre el tiempo real de trabajo”, con lo cual se ahorra el tiempo no considerado. Otro tipo de maniobra que realizan las empresas es no reconocer que sus empleadas están embarazadas, porque de lo contrario, “si reconocen que lo saben, deben pagar la indemnización y, posiblemente, la licencia de maternidad”. Ante todo, vemos en estos dos ejemplos, como el motivo principal que mueve a los empleadores a realizar este tipo de prácticas está basado en el beneficio económico que representan estas, frente a los gastos que significan los procesos legales de indemnización, prestaciones, licencia de maternidad, entre otros.

En conclusión, el mayor problema que representa las prácticas ilegales es que terminan afectando a una población muy vulnerable, como lo son las mujeres embarazadas, quienes se encuentran en una etapa que exige una gran inversión económica y atención en salud. Estas necesidades las pierden este grupo de mujeres debido a su bajo poder adquisitivo, ya que las personas que acuden a este tipo de trabajos “temporales” son principalmente personas de bajos recursos que ven una alternativa laboral en la contratación flexible. Peor aun, es la actitud de los empleadores quienes sobreponen el beneficio económico sobre la necesidad humana. Este tipo de percepción da como resultado la aparición de “prácticas como los despidos por rumores de embarazo” o que sencillamente “los empleadores se abstengan de contratar a las mujeres embarazadas”.